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Etiqueta: SUGEVAL

Afectados por quiebras financieras alzan la voz ante fallas en la supervisión del sistema financiero costarricense

Un grupo de afectados por las quiebras financieras de Aldesa, la SAFI del Banco de Costa Rica (BCR) y la reciente disolución de Coopeservidores han alzado su voz de protesta en un documento dirigido a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. En el comunicado, denuncian la negligencia y falta de acción de las entidades de supervisión financiera del país, particularmente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Los afectados señalan que, en el caso de Aldesa, las autoridades de supervisión financiera no actuaron a tiempo a pesar de los antecedentes que debieron haber activado alarmas. Además, critican que el presidente de CONASSIF, Luis Carlos Delgado Murillo, se haya abstenido de intervenir en el caso por motivos personales, lo que según ellos, agravó la situación y profundizó las pérdidas de los ahorrantes.

Ante denuncias presentadas contra funcionarios de la SUGEVAL por incumplimiento de deberes, los responsables evitaron consecuencias penales mediante una conciliación que los afectados consideran insuficiente y que deja un mal precedente. Aunque la superintendente de SUGEVAL en ese momento, María Lucía Fernández Garita, finalizó su periodo en 2022, los firmantes critican que otros funcionarios clave continúan en sus cargos sin enfrentar ningún proceso disciplinario, lo que consideran una muestra de la impunidad en el sistema de supervisión.

Los casos de la SAFI del BCR y Coopeservidores son mencionados como ejemplos adicionales de la ineficacia de las entidades de supervisión. En el caso de la SAFI del BCR, los sobreprecios pagados por inmuebles y las malas inversiones provocaron pérdidas significativas para muchos inversionistas, especialmente adultos mayores que dependían de estos fondos como su única fuente de ingresos. Por otro lado, la disolución de Coopeservidores, bajo la supervisión tardía de la SUGEF, expuso fallas similares en la fiscalización, afectando a miles de asociados y dejando a muchos sin empleo ni claridad sobre el estado de sus inversiones.

Los firmantes del documento acusan a las autoridades de haber creado un sistema financiero y de supervisión ineficaz que, lejos de proteger a los ahorrantes, ha generado un falso sentido de confianza. Sostienen que este sistema ha sumado burocracia, altos salarios y una cultura de irresponsabilidad que ha dejado a los inversionistas en un estado de indefensión total. Mencionan una larga lista de quiebras financieras en los últimos 30 años y exigen que se tomen medidas contundentes contra los responsables de la supervisión, advirtiendo que la confianza y estabilidad del sistema financiero están en peligro.

El grupo de afectados, que incluye a decenas de personas y asociaciones, insta a las autoridades a actuar de inmediato y evitar que se repita otro colapso financiero en el futuro.

SURCOS comparte la carta enviada a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.

La sociedad al revés

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Hace pocos días se informó del revuelo que produjo la protesta de los médicos especialistas en la Caja. La prensa monta un escándalo porque les aumentaron un 10,47% de salario.

Antier La Nación dice, citando el estudio actuarial de la Caja, que, con el aumento, un médico especialista con salario global que ganaba ¢1.420.694 pasará a ganar un salario de ¢1.833.006 y un médico general pasará de ¢1.267.887 a ¢1.404.182.

Parece increíble que un médico especialista con 8 años o más de estudios reciba un salario tan bajo. Y nos quejamos de que quieran emigrar a la empresa privada.

Mientras tanto, el gerente general de Coopeservidores ganaba según información de 2017 más de ¢12 millones y la alta gerencia de esa empresa era la más costosa del sistema cooperativo financiero.

Los gerentes de los bancos ganaban hasta hace muy poco tiempo salarios superiores a los ¢10 millones por mes.

Según informaba Delfino, en 2021 el salario promedio de los superintendentes era de ¢9.5 millones.

Vean la diferencia: mientras un médico especialista con salario global recibe ¢1.8 millones, un superintendente gana más de ¢7 millones. Mientras el primero salva vidas, el segundo no sirve para casi nada.

Llama la atención la frivolidad, superficialidad, ligereza y ausencia de solidaridad que ha mostrado la SUGEF en el proceso de intervención de Coopeservidores, sin comprensión alguna acerca de que miles de personas han perdido los ahorros de su vida y serán condenados a vivir con mayores necesidades.

La SUGEF no sirvió para lo que existe, sea para prevenir y salvaguardar los intereses de los ahorrantes e inversionistas, muchos de ellos asociaciones solidaristas cuyos ahorros son las prestaciones de miles de trabajadores y trabajadoras.

¿Qué responsabilidad le cabe a la llamada alta gerencia de SUGEF y el CONASIF? No les pagamos los contribuyentes multimillonarios salarios para que vayan a hacer la autopsia de una institución financiera, sino para salvaguardar los intereses de cada ahorrante del sistema. Evidentemente hay una responsabilidad por faltar a su deber de debida vigilancia e incumplimiento de deberes ya que esa cooperativa, como se ha demostrado, desde hace muchos años venía mostrando índices y conductas irregulares.

Igual ocurrió con Aldesa y la Sugeval.

Mientras el país mantiene una estructura bancaria y supervisora con salarios multimillonarios, los usuarios de la Caja deben sufrir con las largas filas de espera por -entre otras causas- la falta de especialistas.

Una sociedad orientada hacia el bien común reconocería salarialmente principalmente a las profesiones que brindan bienestar a sus habitantes, como los médicos, los maestros y profesores, los recolectores de basura o los agricultores y menos a la casta bancaria nacional, por ejemplo.

Los salarios de estos trabajadores son muy bajos y los de los que no le producen casi nada al país, muy altos. Paradojas de una sociedad capitalista.

“¡Díganme qué pasó con mi denuncia!” Flora Fernández Amón a CONASSIF y SUGEVAL sobre caso ALDESA

Flora Fernández Amón envió una “carta abierta a la opinión pública y ahorrantes en Costa Rica”. La nota está dirigida a los correos electrónicos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).

En su escrito Flora Fernández Amón señala:

“Tras el colapso de Aldesa el 8 de marzo del 2018, corrí a denunciar el 1° de abril (3 semanas después), con documentos en mano, todo lo actuado por Aldesa y el Corredor que ellos nos asignaron. Esos documentos que Aldesa nos hizo firmar, revelaban claramente que lejos de proteger nuestros intereses -que era la obligación que tenían tanto el Puesto de Bolsa regulado como los asesores financieros a cambio de las jugosas ganancias y comisiones que recibían- lo que hicieron fue despojarnos impunemente de los ahorros y los pusieron a responder por inversiones alocadas, sin ton ni son, en inventos carentes de contenido y la seriedad que debía tener un respetable Puesto de Bolsa supuestamente regulado y supervisado por la SUGEVAL.

En ese momento confiábamos en que la SUGEVAL y todo el sistema de supervisión financiera creado con el propósito de proteger al ciudadano, echaría a andar a todos sus recursos y con prontitud iban a atender la denuncia. ¡Nada más alejado de la realidad! Todo el sistema funciona para proteger a las entidades que debe regular y dejar al ciudadano totalmente desamparado, e incluso, cuando se interesa en figurar como parte, le restringen su participación a una coadyuvancia, subordinado a lo que solicite SUGEVAL, impidiéndole el acceso al expediente para que pueda gestionar. Pero eso no es lo más grave. Es que el tiempo pasa y no hacen absolutamente nada. Creíamos que el poder judicial era lento, y pese a lo voluminoso del caso es una liebre a la par de Conassif – Sugeval.

No exagero: el 30 de noviembre del año anterior (3 años y 8 meses después de presentada la denuncia) y hoy hace un año, Sugeval me informa que tienen la resolución para elevarla a Conassif con la apelación que había hecho Aldesa, eso significa que Aldesa conocía la resolución mientras yo no, pero la elevaban a Conassif. Apelé la misma en las estrechas 24 horas que me dieron para hacerlo, convencida en que finalmente las entidades de supervisión habían decidido hacer algo.

Tras varios meses -y como ha sido la costumbre en todo lo que rodea este pernicioso caso- rechazaron mi apelación por ser coadyuvante y no poder disentir de lo que había decidido la SUGEVAL, con argumentos de dudosa seriedad y calidad, convirtiéndome en una invitada de piedra al proceso, no obstante ser mi patrimonio el que se había esfumado, y el paso de tortuga continuó esta vez en Conassif, al extremo que al día de hoy 30 de noviembre, 2023 seguimos sin saber en qué quedó nuestra denuncia, si multaron a los corredores (que por cierto no tienen impedimento de trabajar en otros puestos de bolsa y de hecho sabemos que algunos lo hacen) para seguir dañando a los inversionistas de buena fe.

Con buena razón varias veces hemos solicitado que cierren Conassif, que para efectos prácticos, al igual que SUGEVAL no protege a los inversionistas y encierren a los corruptos.

Hoy exijo: ¡Díganme qué pasó con mi denuncia!

Y es que la arrogancia y prepotencia en el sistema financiero, ha llegado a niveles nunca antes vistos. La Superintendente de SUGEF llega al extremo de negarse a entregar datos vitales que ocupa el BCCR y que tanto el FMI como OCDE estiman necesarios. Ella alega que son “datos sensibles”, pero da la casualidad de que SUGEF no está facultada a manejar información sensible. Entonces se martiriza la señora Aguilar diciendo que “si tiene que ir a la cárcel por no entregar la información, lo hará”. Yo más bien me pregunto ¿A quién está protegiendo ahora? Además, sabiendo lo saturado que está el poder judicial, más aún cuando de tocar élites se trata, no la van a encarcelar -antes se congela el noveno círculo del infierno a que ella vaya a prisión-, pero ¡Vaya lealtad la que muestra ante quienes la respaldan!

Mientras tanto, algo nunca antes visto: BCCR y Conassif se enfrentan… ¿Quién ganará el pulso?

A comprar palomitas para seguir la novela… porque todo lo que hemos visto en esas torres de marfil donde ricos y famosos reciben remuneraciones desproporcionadas que pagamos con impuestos, aunque no cumplan con sus deberes, nos deja una interrogante difícil de contestar y que recuerda la fábula de una tortuga montada en lo más alto de un poste: ¿Cómo llegaron a esas alturas? Más aún ¿Qué les mantiene ahí?

Bueno, la verdad es inexplicable el halo de virtudes y bondades que poseen y claro para mortales como yo, sin amos a quien deba responder, eso es demasiado difícil de comprender.

Nos tienen por esclavos del sistema, ignorando que, de acuerdo con la Constitución, son simples depositarios del poder, no sus dueños y que los integrantes del pueblo, eso que llaman soberano, para ellos no existe.

Nos ven como entes de segunda que solo tenemos obligaciones, las cumplimos y esas no generan derecho alguno, porque el sistema está hecho para que seamos sus rehenes permanentes, ya que ni siquiera nos conceden la condición de parte, ni acceso al expediente en los procedimientos donde presentamos denuncias. Tributamos puntualmente pagamos “el rescate”, pero no hay forma que nos liberen. Se creen tan seguros, que dan por sentado que ni siquiera al berreo tenemos derecho.

Pero como el berreo no me lo quita nadie y la ineficiencia del sistema de supervisión financiera es tan apabullante, excepto para los regulados a quienes favorece, donde el escandaloso caso Aldesa lo comprueba, nuevamente momento esa incesante gota de agua perforará y quebrará la inerte piedra donde se sienten muy firmes.

Tengan claro señorones de Conassif: si algo he aprendido es a no callar, aunque tengo claro que si digo algo, no responden y si callo tampoco. Bonita forma de dar servicio a la ciudadanía ¿o no es así? Olvidaba la imperecedera respuesta de los mediocres para no hacer nada “tomamos nota de su queja” y no hacen nada.

Las voces mansas me dirán: ¡Cuidado! no vaya a decir algo porque la pueden perjudicar ¿Cómo que me pueden perjudicar? ¡Ya lo hicieron! Mamá me diría: “m’hijita; ¡Lo que no ha de ser bien vengado, que sea bien disimulado!” Si ella estuviese viva le respondería: «no es de venganza, sino sed de justicia de lo que tengo» y es tan grande esa sed, que no hay forma posible de saciarla, por esa razón no me puedo quedar quieta.

Es más, ojalá se atrevan «a hacerme algún daño adicional» para mover con más fuerza las frondosas ramas de la élite que ‘supervisa y fiscaliza» a ver si empiezan a caer inútiles perchados con sus garras que solo saben cobrar y no cumplir con sus deberes, pero lo único que han demostrado es ser una pila de ineptos…

Acaso Conassif no se dio cuenta como seis funcionarios que incumplieron con sus deberes de vigilancia de ALDESA fueron denunciados por la fiscalía y lo que hicieron fue correr a la Procuraduría General de la República, donde reconocieron que no habían cumplido pero consiguieron una conciliación pagando sólo ₡2.895.854,88 colones y 200 horas de servicio social (achará esas horas en instituciones de bien como son los bomberos y el Inamu, recibiendo servicio de gente inservible, porque si devengando sueldazos hicieron todo mal, de gratis los daños han de haber sido peores). Pero además, queda claro que el pago que realizaron lo único que demostró es que solamente querían escurrirse de la responsabilidad, porque como dice el refrán: “quien nada debe, nada teme”. Eso sí, cuando vengan los juicios contenciosos que muchos afectados interpusieron, quiero ver a Conassif apurado viendo a ver cómo paga.

Pero todavía queda algo que debe hacer Conassif: la sanción administrativa por parte de las entidades de supervisión, ¿Por qué no han despedido a esos inútiles? ¡Cómo es que aun varios de ellos siguen vegetando en SUGEVAL bajo la complaciente y tierna mirada del alcahuete padre protector llamado Conassif! ¡Abran un procedimiento y despídanlos, den al menos una muestra de que hacen algo!

Si todos los aludidos tuviesen una pizca de decencia y dignidad, habrían renunciado, pero si esta queja existe y hoy levanto la voz, es precisamente porque la vergüenza, la dignidad y, la rectitud hace rato se fueron de paseo. Pero el país está vivo, somos las fuerzas vivas del país que no nos resignamos a ver cómo se está desangrando el ahorro nacional y la misma, la superintendente de Pensiones usa el eufemismo de llamarle a las pérdidas millonarias del ROP minusvalías.

Ni qué decir de las atrocidades que suceden con las SAFIs de Fondos Inmobiliarios y de Desarrollo (Renta y Plusvalía), que ofrecen productos mal estructurados, sin mayor viabilidad financiera, y a veces ni operativa. Principalmente sirven para pagar rentas de capital del 12% sobre los alquileres brutos, sin posibilidad de deducir gasto alguno, y otro 15% sobre los rendimientos. En tanto que las SAFIs tienen aseguradas comisiones sobre los avalúos, garantizándose una comisión al menor esfuerzo que pueden variar a su antojo, ya que, para efectos prácticos, los recursos de los inversionistas se encuentran secuestrados, por cuanto las participaciones no tienen liquidez, al no ser competitivos los rendimientos. Por lo anterior, no sería raro que en estos meses se liquide un fondo de inversión por ejercicio del derecho de receso de inversionistas cansados de no recibir rendimientos. Aparte de lo anterior, facilitan graves irregularidades como las sucedidas en la SAFI del BCR con la compra del Parque Empresarial del Pacífico; unas bodegas en la Uruca con sobreprecios obscenos y la también cuestionada venta de lo que se consideraba el mejor activo que tenía. Nada sucedió a los responsables de ese desastre. ¿Y las súper-indecencias? ni cuenta se dieron de lo que acontecía, pues funcionan como un simple archivo redondo.

El Caso de Capital Five ya viene en camino y muchas otras empresas que funcionan al margen de la ley vendrán a demostrar que pese al pretexto que para que no se repitieran las quiebras de las financieras en 1987, crearon el costoso sistema de supervisión financiero, pero hoy vemos que no ponen a nadie en cintura, es inoperante y no hay forma que cumpla con sus deberes. Ni qué decir de la hostil página web…

Un año antes del colapso de Aldesa, en este informe del FMI: https://www.conassif.fi.cr/wp-content/uploads/2019/12/cr1880s-CostaRicaFianciaSectorReview.pdf que está en de la página del Conassif, claramente advirtieron las vulnerabilidades del sistema de supervisión, de la cual tengo copia impresa y digital por aquello que algún pirata cibernético intente borrarla. La pregunta obligada es: ¿Qué han hecho hasta la fecha para atender esas recomendaciones? ¡Díganlo públicamente, no se limiten a “tomar nota” Hagan algo, pónganle el cascabel al gato, que no les de Navidad para actuar, ya la Fiscalía está dando el ejemplo con expedientes mucho más grandes y delicados comparado con las denuncias en Sugeval ¡Cuánto habría apoyado la acusación de la Fiscalía si Conassif hubiese actuado de inmediato señalando los responsables oportunamente y enriquecieran el expediente!

Copia de esta carta abierta estará en redes para el público en general, la van a recibir los más de 600 afectados del caso Aldesa, como las 33 asociaciones solidaristas, que representan a 27,550 trabajadores que no recibieron el mínimo apoyo del Movimiento Solidarista, cuyo silencio fue tan elocuente, que no deja espacio a la duda: hubo complicidad con la Corporación Aldesa. También va con fotografías de todas las personas de entidades de supervisión para que sepan quienes les hicieron el terrible daño que padecen al haberse hecho de la vista gorda y permitieron que fuesen despojados de sus ahorros de una vida. También estará en video en redes, para que la gente que confía, pues confiaban en que el sistema funcionaba, sepan que no hay dinero seguro en Costa Rica y que pero en realidad no les respondió como creyeron lo hacía y por lo visto, todo sigue igual de mal o peor…

Flora Fernández Amón,

Céd. 105230903

Puede descargar de este enlace el documento en formato PDF que está circulando en redes y grupos.

Ejército de inútiles en la Superintendencia

María Lucia Fernández fue nombrada el primero de diciembre del año 2017 por un plazo de 5 años como superintendente general de valores, con un salario mensual de 9 millones de colones. 

Tras  ser nombrada uno de sus propósitos fue según sus propias palabras modernizar la actual legislación que tiene 20 años de antigüedad e indicó la gran demanda de inversiones que requieren las operadoras de pensiones que son la fuente de ahorro más importante del país, hace que si haya que plantearse algunas reformas de ley confirmó en ese momento la superintendente a la nación.

 Entre otras cosas ella sabía lo que había que hacer pero no hizo nada de eso hasta que aparece el caso Aldesa más de un año después de su nombramiento, respecto el caso indicó que había vacíos en la legislación y que su actuar estuvo apegado a la ley. Pero tampoco en ese momento movió hizo nada para enmendar la situación y han pasado 3 años sin que la SUGEVAL haya corregido sus actuaciones.

Cuando fue acusada por la Fiscalía de incumplimiento de deberes en el caso del ALDESA, dijo: mis actuaciones en el caso del ALDESA han estado en la legalidad. Por lo tanto podemos preguntarnos, si su actuación estuvo apegada a derecho, y cumplió a cabalidad con todas sus obligaciones y conocía los ajustes que debía hacer a la ley, ¿por qué razón María Lucía y sus compañeros accedieron a pagar una multa de 2 millones de colones cada uno?

Este primero de diciembre en teoría van a volver a elegir a María Lucía a pesar de una gestión ineficiente, por lo que tenemos que abolir este ejército de inútiles en las superintendencias en lugar de estar renovando sus nombramientos.

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Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón.

La inacción de la SUGEVAL genera grandes pérdidas al sistema financiero

La SUGEVAL deja de supervisar la corporación Aldesa, dado que esta tiene un Puesto de Bolsa Regulado, donde manejaban “contratos” bajo el mismo nombre, lo que deja un perjuicio económico que asciende a los ¢1.50.000.000.000. Además, deja un afectación a los usuarios de manera importante, entre los cuales 27.550 son trabajadores solidaristas, 33 asociaciones, 351 personas físicas y 177 personas jurídicas, que no se han dado cuenta del hecho, esto según la carta enviada al presidente de Conassif, Alberto Dent Zeledón, departe de Flora Fernández Amón, quien habla por un grupo de los afectados.

La SUGEVAL es la Superintendencia General de Valores que cumple como una entidad estatal desconcentrada del Banco Central de Costa Rica, este ente público es responsable de regular y supervisar el funcionamiento de los mercados de valores y de sus participantes. Según Fernández la SUGEVAL omitió alertar que parte de la corporación se había salido de la regulación, resultando peligroso para todos los ahorrantes, estableciéndose así la irresponsabilidad de los deberes respectivos de la institución pública.

Debido al gran daño generado a los asociados, la SUGEVAL, por su inacción  deberá pagar dos millones de colones, es decir cada uno de los involucrados en esta decisión deberá hacer efectivo dicho monto, como conciliación con la Contraloría General de la República. Con lo anterior Fernández señala lo siguiente: 

¿No les parece al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) que esa conciliación viene a representar una afrenta, una burla y una salida fácil a los funcionarios de Sugeval frente a los afectados, dándonos una nueva bofetada? Tales acciones nos llevan a pensar ¿Qué sentido tiene para el país sostener una frondosa y lujosa burocracia como Sugeval, si no cumple con sus deberes y le resulta muy fácil eludir la responsabilidad tan fácilmente?(Fernández, 12 de octubre 2022)

Por ello, al no establecerse una responsabilidad efectiva en cuanto al desentendimiento de la SUGEVAL, Fernández exige el despido de los administrativos y funcionarios que tuvieron que ver con la inacción y el daño establecido, solicitando la no renovación del cargo a la superintendente María Lucía Fernández Garita, el despido de los funcionarios Luis González Aguilar, Rodrigo Segura Cano, Karla Arias, Patricia Mata Solís, Isaac Castro Esquivel, y Rocío Aguilar Montoya.

En respuesta a esto, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero costarricense (Conassif) aseguró no tener poder jurídico para despedir o llevar a cabo las intenciones establecidas por Fernández, aludiendo que no cuenta con la competencia de dirigir o disciplinar a dichos funcionarios.

 

Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón.

Imagen ilustrativa.