El país profundo: cuando la ruralidad se cansa

M.EL Ernesto Herra Castro
Sociólogo

Costa Rica vive hoy una reconfiguración silenciosa pero profunda: el sistema de honor social heredado del orden colonial, que otorgó prestigio, legitimidad y capacidad de decisión a los criollos, ladinos y mestizos claros del Valle Central, está llegando a un punto de quiebre. Ese sistema, que definió durante siglos quién tenía derecho a hablar, a representar y a ser considerado “razón de país”, se sostuvo sobre una arquitectura simbólica que equiparó ciudad con civilización y ruralidad con atraso. Sin embargo, esa jerarquía —tan arraigada en nuestra vida institucional, universitaria y política— está siendo cuestionada desde el único lugar donde siempre fue posible hacerlo: desde el territorio que alimenta al país, desde la ruralidad.

La división entre ciudad y campo en Costa Rica no es geográfica: es ontológica, étnica y de estatus. La ciudad fue erigida como centro del sentido nacional, como el espacio donde reside la racionalidad, la autoridad y la definición de lo legítimo. El campo, en cambio, fue convertido en periferia simbólica, aun cuando es de ahí de donde proviene la energía, la comida, la fuerza laboral y la vida que sostienen al propio centro. El sistema de honor social exige que la ciudad mande y el campo obedezca; que la ciudad valore su propia palabra como política y la del campo como ruido. Pero esa ecuación ya no cierra, porque las mayorías rurales han dejado de aceptar ese pacto colonial de subordinación.

Lo que estamos viendo hoy —y lo que muchos en el Valle Central se niegan a reconocer— es que la ruralidad definirá al próximo presidente de la República. No porque haya surgido un proyecto político rural homogéneo, sino porque el cansancio acumulado ante la arrogancia histórica de las élites urbanas ha madurado en un acto colectivo de dignidad. La incapacidad de los políticos del Valle Central para mirar al campo con respeto, para reconocer su agencia, su aporte y su humanidad, tendrá consecuencias que se expresarán en las urnas. El desprecio colonial —que persiste en discursos, gestos y silencios— vuelve ahora contra ellos.

La actual comisión legislativa que dictaminará sobre levantarle la inmunidad al presidente es un ejemplo claro de esta lógica: más allá de sus contenidos procesales, expresa el viejo sentido de la gestión del poder. Esa comisión —anticipadamente celebrada por quienes creen que representan la moral pública del país— reafirmó el gesto clásico del sistema de honor social: la élite se reserva el derecho de disciplinar a quien no forma parte de su mundo. Ese gesto, sin embargo, ya no produce obediencia social; produce rechazo. Y ese rechazo proviene, sobre todo, de fuera del Valle Central.

En ese tablero, las aristocracias políticas progresistas y la oligarquía liberal han terminado operando como los mejores jefes de campaña de Laura Fernández. No porque coincidan con su visión de país, sino porque defienden la misma matriz colonial de legitimidad: la idea de que la política debe estar en manos de quienes siempre la han administrado. Su defensa de la institucionalidad no es defensa de la democracia: es defensa de un sistema de privilegios que sienten amenazado. Y al actuar así, alimentan justo aquello que dicen combatir: el fortalecimiento de un liderazgo popular que no se reconoce en ellos.