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Etiqueta: desigualdad territorial

La Estrategia Económica Territorial 2020-2050: la planificación de largo plazo en tiempos de pandemia

German Masís M.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) empezó a promover en las comunidades la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. El Ministerio comunicó que ya ha realizado más de 70 encuentros en diversas comunidades del país para explicar los contenidos de la estrategia y recibir sugerencias de los dirigentes comunales. Las reuniones para informar acerca de la estrategia finalizarán en julio, después, los actores consultados plantearán metas e indicadores para el cumplimiento de la estrategia.(CRHoy.com,27-7-2021)

La realización de estos encuentros para presentar la estrategia y recibir retroalimentación de las comunidades, evidencia una forma de planificación vertical y consultativa de una estrategia de desarrollo nacional hasta ahora desconocida para las comunidades y en cuya elaboración éstas no participaron.

Lo anterior se confirma, ya que se ha tenido conocimiento que el proceso de elaboración de la estrategia se realizó durante un periodo de 15 meses (que concluyó en marzo de 2021), con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el apoyo de la Agencia para el desarrollo (GIZ de Alemania) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que sus contenidos fueron discutidos y validados en reuniones periódicas con cerca de 11 instituciones costarricenses, tanto en el ámbito público como privado.(MIDEPLAN, comunicado de prensa,10-3-2021)

La Estrategia 2050 es el principal insumo técnico – científico, base para la formulación del Plan Estratégico al 2050 (PEN 2050), el cual es un mandato establecido en el Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN, que lo define como un instrumento de planificación de largo plazo.

Frente a la presentación de la mencionada Estrategia, es posible plantearse algunas interrogantes, acerca de la validez de la formulación de una estrategia de largo plazo en una coyuntura en que la crisis sanitaria, económica, fiscal y social demanda la elaboración de propuestas de reactivación económica de corto plazo e incluso la revisión y formulación de un nuevo Plan de desarrollo 2022-2026.

Así mismo, la formulación de esta estrategia deja la interrogante acerca de su pertinencia respecto a la necesidad de reformar previamente el Sistema Nacional de Planificación nacional que data de la década de los 70, con las consabidas limitaciones de su estructuración en 6 regiones político-administrativas y su escasa correspondencia con una regionalización definida por territorios con características físicas, ecológicas, demográficas, socioeconómicas y culturales similares.

También es inquietante la afirmación de la ministra de Planificación, al mencionar que si la estrategia se llega a materializar, el producto interno bruto (PIB) costarricense crecería alrededor de un 90% y el empleo en un 34% y estaríamos cerrando brechas de naturaleza multidimensional y contribuyendo en gran medida a la descarbonización”. (CRHoy.com, 27-7-2021), que en principio parece un elemento discursivo carente de sustento.

Por su parte, el planteamiento central de la estrategia 2050, señala que esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.(MIDEPLAN, Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada, Resumen Ejecutivo)

Esta argumentación que en principio introduce un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo nacional, no obstante, vincula tres grandes aspectos que es conveniente analizar y ponderar. En primer lugar, está el vínculo de la estrategia con la lógica de un modelo de desarrollo descarbonizado, originado en el Plan Nacional de Descarbonización, que propone que en el año 2050 se logre aumentar el crecimiento verde, a partir de una matriz productiva que disminuya la generación de emisiones de carbono, que ha sido el eje estratégico de la Administración Alvarado, aunque poco discutido y todavía menos asimilado por los actores sociales.

Sin embargo, la descarbonización, puede no ser el elemento central o el único objetivo medioambiental y del desarrollo sostenible del país, ya que existen otros propósitos de captación de CO2, adaptación al cambio climático y ampliación de los servicios ambientales.

En segundo lugar, el elemento de la descentralización de las actividades productivas y del desarrollo económico del país, a partir de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área Metropolitana (GAM), la que influye y profundiza las brechas y el rezago social al limitar la descentralización de beneficios en el territorio, aspecto que hemos analizado y con el que coincidimos plenamente. (Alterdescr, febrero 2021).

Con similar importancia, en tercer lugar se encuentra el elemento del desarrollo económico inclusivo dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo social, avanzar en la disminución de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspecto que también hemos abordado como expresión de las desigualdades regionales (Alterdescr, noviembre 2020).

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Sobre la promoción de polos de desarrollo (se identificaron 11 polos de desarrollo y la GAM), habíamos comentado en un artículo anterior, sobre la conveniencia del enfoque de creación de Polos de desarrollo para impulsar el desarrollo territorial.

Algunos autores que han analizado dicho enfoque, han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)

Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, en el que destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto. (Alterdescr, marzo 2021).

Con respecto, a la estructura de la estrategia, constituida por 3 fases, es oportuno plantear si el diagnóstico económico territorial, la identificación de los 6 retos clave y de las 6 orientaciones estratégicas, la definición de los 50 nodos estratégicos, de las 50 macro acciones estratégicas y de los 12 polos de desarrollo, han estado vinculados a los procesos de diálogo regional y a los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones del país.

La Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr. abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

En las presentaciones de los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en las regiones, debieron incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020)

Aunque se desconoce la vinculación real entre los programas y la estrategia, podríamos suponer cierta concordancia entre el objetivo de los programas de corto plazo, “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”.(ElPais.cr 20-3-2019) y la Estrategia Territorial Productiva dirigida a identificar las potencialidades productivas de los diferentes territorios, a descentralizar las actividades económicas y a generar nuevos modelos de organización territorial con miras a lograr un desarrollo económico inclusivo y descarbonizado.

No obstante, la posibilidad de que el país adopte la Estrategia Territorial Productiva y que logre avanzar hacia la formulación del Plan Estratégico al 2050, dependerá del imperativo de abrir una discusión amplia y profunda de dicha estrategia con todos los sectores sociales y de la viabilidad política de implementarla en un futuro gobierno, de lo contrario habrá sido un ejercicio institucional poco útil y costoso.

Imagen: MIDEPLAN

Documento: “Mujeres por Costa Rica ante el COVID-19: medidas para superar la crisis y su impacto en las mujeres”

La Fundación Friedrich Ebert publicó el documento “Mujeres por Costa Rica ante el COVID-19: medidas para superar la crisis y su impacto en las mujeres” de las autoras Ana Leonor Ramírez Montes, psicóloga, docente universitaria e investigadora; Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora y ex diputada de la República; Margarita Bolaños Arquín, antropóloga y productora agrícola orgánica; Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y ex Ministra de Planificación y Política Económica; y Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y consultora adhonoren de grupos de mujeres.

El documento invita a reflexionar acerca de las condiciones que deben cumplirse para la reactivación económica, la generación de empleo decente, el combate a la pobreza y su impacto en las mujeres. Dichas condiciones son:

  1. “Reconocer que los problemas estructurales del actual estilo de desarrollo económico, causante de una creciente desigualdad social y territorial, ya mostraba una clara tendencia a la desaceleración. Además, evidenciaba un incremento del desempleo, en particular en mujeres y jóvenes, una disminución de la inversión privada y pública, un crecimiento de la deuda pública, entre otros indicadores relevantes”
  2. “El actual estilo de desarrollo ya no estimula el crecimiento y profundiza la inequidad. El crecimiento económico es fundamental, pero para que active transformaciones estructurales debe estar orientado a generar las bases materiales de un desarrollo que combata la desigualdad, avance en la igualdad de género e igualdad territorial, y a la vez, que sea compatible con la sostenibilidad ambiental”
  3. “Debe destacar un robusto sistema educativo que permita incidir en la capacidad creadora y productiva de las personas, pero también en la forja de la identidad personal y colectiva, y en el desarrollo de competencias ciudadanas”

SURCOS invita a consultar el documento a continuación:

Desigualdades, agua y pandemia

Autor: José Rodrigo Conejo. Planificador económico y social, Universidad Nacional.

Vivimos en un país agrietado por profundas desigualdades, unas más visibles que otras, pero todas muy normalizadas. Desigualdades múltiples y estructurales que crean amplias brechas en las capacidades y condiciones materiales para enfrentar la actual crisis sanitaria, económica y social, y en general… para vivir.

Unas personas pueden cumplir las restricciones sanitarias sin comprometer su comida diaria, otras no. A unas personas no les queda más que movilizarse en buses repletos, otras tienen más opciones. Unas personas mantienen sus ingresos intactos, otras son parte del creciente desempleo (24%) o han visto sus jornadas laborales reducidas por tiempo indefinido. Unas personas tienen las condiciones para continuar sus estudios y trabajos desde casa, otras no. La lista de ejemplos es interminable.

Nuestra región es de las más desiguales del mundo y Costa Rica, pese al mito de igualiticos, no es la excepción. Las condiciones de vida cambian drásticamente según la zona del país donde vivamos, aún entre lugares muy cercanos entre sí: no es lo mismo vivir y crecer en Rincón Grande de Pavas, que en Rohrmoser -también- de Pavas. Las desigualdades territoriales son un fenómeno que genera zonas de privilegio, por un lado, y por el otro, zonas de vulnerabilidad y exclusión social.

Las desigualdades territoriales se han visibilizado durante la actual crisis. Hace un mes mucha gente pareció haber descubierto la precariedad y explotación laboral que por años ha existido en algunas piñeras de la zona norte del país, un lugar históricamente relegado. Sin embargo, poco se ha hablado de otra cara de las asimetrías territoriales, una que tiene que ver con un elemento básico para enfrentar la pandemia: el desigual acceso al agua.

Desde hace décadas, Costa Rica destaca por su cobertura casi universal de agua potable en una región con importantes desafíos en la materia. Pero ¿qué se esconde tras ese casi universal?

Los cortes de agua que en marzo sufrieron algunos barrios del sur de San José pusieron, temporalmente, el tema en la agenda mediática. Sin embargo, lo cierto es que en Costa Rica aún hay comunidades enteras que permanentemente no tienen acceso a agua a través de un sistema de acueducto. Según datos del último censo, mientras el 93,1% de las viviendas del país tiene acceso a un acueducto, el resto (83.707 viviendas) no.

Al desmenuzar espacialmente este dato, es posible ver cómo el desigual acceso a agua afecta particularmente a los cantones de las periferias del país. De los 10 cantones con más bajo acceso a agua a nivel nacional, ninguno se encuentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), todos están en las periferias. Ahora bien, como los cantones no son homogéneos en su composición, es deseable una desagregación espacial mayor, al menos distrital.

Ahí encontramos brechas aún más dramáticas. En distritos como Llanuras del Gaspar o Cureña, ambos de Sarapiquí, o Chirripó de Turrialba, son muy pocas las viviendas que sí tienen acceso a agua a través de acueducto. En Llanuras del Gaspar y Cureña, el agua para consumo humano de cada nueve de 10 hogares viene de la lluvia que se pueda recolectar, de un pozo artesanal que puede secarse en “verano” o de un río cercano que puede tener residuos de agroquímicos utilizados para el cultivo de piña, como pasa con los ríos Toro y San Carlos.

Lo anterior no solo supone una afrenta a un derecho humano básico, sino que impide seguir medidas tan básicas para contener la pandemia como el lavado de manos. Este escenario da cuenta de una vergonzosa deuda histórica por parte un Estado costarricense que, desde su fundación, se ha pensado prioritariamente en función del Valle Central y sus necesidades.

La intersección de estos factores -desigualdades, agua y pandemia- supone un coctel letal: literalmente pone en riesgo la vida de las personas vulnerables. Sin acceso a condiciones básicas, como agua en el hogar, es materialmente imposible seguir las recomendaciones sanitarias más elementales para contrarrestar la pandemia.

Al ser un fenómeno estructural, revertir estas desigualdades requiere no solo visión sistémica y voluntad política al más alto nivel, sino también de una participación de las comunidades que permita reconocer las especificidades territoriales y sectoriales en la formulación de política pública y, prioritariamente, enfrentar con éxito la actual crisis sanitaria. Seguir pensando la acción estatal desde escritorios que subestimen el potencial comunitario, poco aportará a disminuir las desigualdades.

¿Cómo salir de la crisis sin ensanchar las ya amplias desigualdades? Recetas no hay, pero solo con solidaridad, empatía y proactividad podremos explorar alternativas efectivas para no dejar a nadie atrás.