¡JUSTICIA YA! ¡NO MÁS IMPUNIDAD!
Según legislación nacional e internacional, los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles, imprescriptibles e inembargables, de uso exclusivo de los Pueblos Indígenas que las habitan. Características y derechos que se derivan de instrumentos como la Ley Indígena N°6172, el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la misma Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
La Tierra/Territorio es trascendental para los Pueblos Indígenas. Según nuestra cosmovisión, el agua, la tierra, el aire, los ríos, bosques y recursos naturales representan claves para nuestro Buen Vivir. Estos elementos, se encuentran entrelazados espiritualmente y son sagrados, para el uso sano y convivencia armoniosa con las personas; por lo tanto, no son objeto de comercio.
Hay intereses, desde varios sectores, en nuestra Tierra/Territorio. Donde están ubicadas/os, en su mayoría, tienen una gran riqueza natural. Son áreas de interés, principalmente, para sectores finqueros/terratenientes que han hecho caso omiso de la Ley y avanzan apoderándose violentamente de los Territorios, con engaño y con otras formas de violencia.
Nuestros Territorios, también son codiciados por transnacionales agroindustriales, proyectos hidroeléctricos, megaproyectos turísticos, ganaderos, madereros y otros. El poder económico y político de la zona se asienta en una fuerte construcción racista, discriminatoria y opresora de las poblaciones indígenas y nuestros derechos, lo que refuerza la violencia sistemática contra todos los Pueblos Indígenas en Costa Rica.
La situación histórica y permanente de vulneración de los derechos de los Pueblos Originarios, NO ha traído beneficios a nuestro proyecto de vida y autonómico. De manera incansable, hemos luchado (y lo seguiremos haciendo) para que la población No Indígena respete que este proceso debe ser construido desde los Pueblos Indígenas, NO desde afuera.
La complicidad constante del Estado/Gobierno costarricense, bloquea el cumplimiento de nuestros derechos indígenas, entre los que destacamos el NO reconocimiento efectivo de nuestra Tierra/Territorio. La inacción del Estado, y sucesos violentos como el desalojo de las instalaciones de la Asamblea Legislativa el 10 de agosto del 2010, orilló a que este FRENTE dejara de desplazarse a la Capital a “mendigar” espacios de escucha con el Gobierno/Estado. En su lugar, se acordó mantener la lucha por la causa indígena construida desde nuestra autonomía y ejecutada desde nuestros Territorios/Comunidades.
Desde entonces, nuestra lucha se ha concentrado en el PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA (PATA); capacitaciones a nuestras comunidades en Derechos Humanos, leyes e instrumentos internacionales; y la construcción, establecimiento y formalización de autoridades y organizaciones propias autónomas frente a las impuestas por el Estado (como por ejemplo el Concejo de Mayores/as, y el reciente Congreso Indígena Nacional –COIN-).
Reclamar nuestra Tierra/Territorio y el respeto por nuestra autonomía, ha generado que los Pueblos Indígenas en Costa Rica seamos perseguidos, criminalizados, agredidos y asesinados. Siempre bajo una violencia que no es incidental, sino sistemática. Estas acciones criminales, han quedado en la total impunidad a pesar de las denuncias a las autoridades respectivas. NO ha existido justicia pronta ni cumplida a nuestro favor.
Desde el 18 de marzo del 2019 este FRENTE denuncia uno de los hechos más lamentables para nuestra lucha. Hace un año, este FRENTE y todos los Movimientos solidarios con nuestra causa, fuimos golpeadas/os e invadidas/os por un profundo sentimiento de tristeza e indignación frente al cobarde ASESINATO de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, Bribri Uniwak de Salitre, miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). A un año de este hecho, seguimos denunciando su impunidad. Al momento, se desconoce algún avance judicial.
Nuestro compañero Sergio se encontraba bajo protección de Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. La falta de aplicación efectiva de estas Medidas por parte del Estado/Gobierno costarricense, se manifestó en la incapacidad de salvaguardar la vida de Sergio. Situación que lamentablemente se repite con el reciente ASESINATO del compañero Jehry (Yeri) Rivera Rivera el 24 de febrero del 2020, compañero indígena Brörán, recuperante y Defensor de Derechos Indígenas.
Estos últimos 20 días, las/os finqueras/os permanecen y circulan en los territorios indígenas, con sus vehículos de doble tracción, maquinaria pesada y armas, que utilizan para amedrentarnos, amenazar y agredir a las familias indígenas. Ejemplo de ese “control” territorial, es lo sucedido el 06 de marzo 2020, cuando atravesaron una “vagoneta” y vehículos pesados en la entrada al Territorio Cabécar de China Kichá, impidiendo el paso de la policía, con lo que “cercaron” a las/os compañeras/os de las Fincas Recuperada. Posteriormente, el 13 de marzo del 2020, intentaron asesinar a indígenas en este mismo territorio rociando un fuerte químico en terrenos recuperados.
Ante la situación del planeta afectado por el COVID-19, que requiere de nuestra solidaridad en cuanto a evitar aglomeraciones y contribuir a no expandir el virus en las mismas Comunidades, implicó la decisión de suspender Actividades de Memoria del ASESINATO en San José (Vigilia 17 marzo en Bulevar de la Corte) y la presencia de Movimientos solidarios con nuestra causa en la Ceremonia Bribri, en Yeri de Salitre (casa de Sergio donde fuera ASESINADO).
Alertamos que nos preocupa que las personas No Indígenas agresoras, aprovechen la situación actual generada por el COVID-19, en la que el Estado/Gobierno tiene toda la atención y recursos centralizados en la intención de contención de esta enfermedad; para perpetrar nuevas agresiones (como ha sucedido antes durante fechas festivas, feriados, en general, fechas de distracción nacional). Queremos recalcar que nuestro reclamo y exigencia de Justicia y No Impunidad siguen firmes frente al Estado/Gobierno costarricense, primer responsable del ASESINATO de Sergio hace un año, del ASESINATO de Yeri el pasado 24 de febrero y de TODA la escalada de violencia contra las Comunidades Indígenas.
Los crímenes en nuestra contra, demuestran la incapacidad e ineficiencia del aparato estatal para garantizar la vida y los demás derechos de nuestros Pueblos, lo que se traduce en una omisión grave y conforman responsabilidad directa de esta violencia e impunidad.
Recordamos que existen amenazas directas de asesinato en contra de nuestras/os compañeras/os recuperantes pertenecientes a varios Territorios (especialmente de Térraba, Salitre, Cabagra y China Kichá). Sumado a esto, en ciertos medios de prensa y en Redes Sociales han circulado publicaciones malintencionadas que incitan al odio y a la violencia étnica, así como campañas en contra de activistas defensoras/es de los Derechos Humanos.
Denunciamos una vez más que, la acción gubernamental sigue siendo poco efectiva para garantizar el ejercicio de nuestros derechos indígenas, incluso de nuestros Derechos Humanos más elementales como lo es nuestra vida. En las comunidades indígenas del sur de Costa Rica, se habla de la injerencia de “escuadrones armados”, pudiendo algunos de ellos tener vínculos con el narcotráfico.
Llamamos a la Comunidad Nacional e Internacional, a los Organismos de DDHH de la ONU y del Sistema Interamericano de DDHH, a estar pendientes de esta situación de violencia grave en que se encuentran los Pueblos Indígenas en Costa Rica, y les solicitamos dirigirse a las Embajadas de nuestro país, a los representantes diplomáticos y a los miembros de los Poderes del Estado de Costa Rica a solicitar que se emprendan acciones concretas prontas e integrales, para impedir nuevas agresiones y nuevos asesinatos, y se inste a desmontar los grupos violentos que impiden el ejercicio de Derechos Humanos, sin que queden en la impunidad, como hasta ahora lo están.
Asimismo, exigimos respuestas claras del Estado costarricense sobre la investigación del ASESINATO de Sergio Rojas (a un año de este vil hecho), que se acaten las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH desde el 2015, y que se tomen medidas de protección especial para testigos y defensoras/es Derechos Humanos que se encuentran bajo amenaza.
¡Nuestros Pueblos merecen vivir en Paz!
¡JUSTICIA YA!
¡NO MAS IMPUNIDAD!
SERGIO Y YERI VIVEN
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena
18 DE MARZO, 2020
Enviado por Suyen Vega y Henry Picado.
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