En el corazón del Caribe costarricense, un grupo de indígenas del Territorio Kekoldi-Cockles, ubicado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, ha decidido iniciar un proceso de recuperación de tierras prometidas por el Estado. Siguiendo el precedente de las comunidades indígenas del sur —especialmente en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas— estos pueblos optan por la acción directa ante la falta de respuestas concretas.
Pero el escenario aquí es distinto. Las tierras que reclaman no están en manos de personas blancas, como en otros territorios indígenas, sino de afrodescendientes costarricenses. Ambos grupos —indígenas y afrodescendientes— cuentan con el respaldo de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen sus derechos culturales, territoriales y sociales como pueblos históricamente marginados.
Este conflicto expone una tensión profunda y poco discutida: ¿qué ocurre cuando dos poblaciones igualmente protegidas por los mismos instrumentos legales se enfrentan por el mismo territorio? ¿Hasta qué punto puede el principio constitucional de igualdad ante la ley responder a realidades históricas, culturales y sociales que son distintas, pero igualmente legítimas?
Lo que está ocurriendo en Kekoldi-Cockles va más allá de una simple disputa por la tierra. Es un llamado urgente a repensar cómo aplicamos los principios de justicia e igualdad en contextos pluriculturales. No se trata solo de leyes, sino de memorias, identidades y deudas históricas no saldadas. En este cruce de caminos, la igualdad ante la ley se pone a prueba, y con ella, nuestra capacidad como sociedad para construir una justicia verdaderamente intercultural.
Recurso de amparo presentado por Defensoría fue declarado con lugar
Producto de un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes y declarado con lugar, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia presidido por la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) está obligado a que, en un plazo no mayor a 12 meses, lleve a cabo la consulta a niños niñas y adolescentes indígenas en los 24 territorios, para garantizar los derechos de esta población.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, dijo que al excluir las voces de la niñez y la adolescencia indígena de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, representó una violación al interés superior del niño y de la niña, sus derechos a la igualdad y no discriminación, sus derechos a la participación, supervivencia y desarrollo, entre otros.
La semana anterior, la Defensora sostuvo diferentes encuentros con población indígena, en La Casona de Coto Brus, Salitre y Cabagra, y el tema de la consulta a los pueblos indígenas fue resorte de preocupación de las personas participantes en los distintos encuentros.
Esta política, que excluyó a las personas menores de edad indígena, fue publicada en abril del 2024. La decisión del Gobierno fue que, la consulta sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, se hiciera en el marco de la política pública de pueblos indígenas y no en la política nacional de niñez y adolescencia. Esta decisión fue cuestionada por la Defensoría, pues se tomó sin criterios razonables ni objetivos.
Definitivamente la exclusión constituye una discriminación a las personas menores de edad que viven en territorios indígenas, sus inquietudes y sus aspiraciones y, se incumple con la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de derechos humanos sin una debida política pública, pues su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual, el Estado garantiza los derechos, medio que debe tener, además, un contenido presupuestario que torne realista y realizable su ejecución”, sostuvo la Defensora de los Habitantes.
Para la Defensoría es claro que fue producto de la presentación del recurso de amparo -en julio 2024- que las autoridades competentes informaron que, a partir del 25 de octubre de ese año, arrancaría el proceso de consulta en su primera fase y la realización de talleres, sin embargo, la Sala IV indicó que no tiene certeza que se vaya a efectuar debido a que no se aportó un cronograma ni un plan completo el cual se pudiera observar el procedimiento en todos los territorios, tal y como lo establece el artículo 26 del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas.
La Defensoría ha exigido al Estado un compromiso real de protección de los derechos de la niñez, una adecuada prevención y atención de los casos por violencia escolar, la preocupación por la reducción de la inversión en la educación, entre otros. En la gira por territorio indígenas, se le expresó a la Defensoría también la necesidad que el Estado se involucre activamente en otros temas claves como la limitada conexión a internet y la necesidad de educación inclusiva, la recuperación de tierras con mayor compromiso de las entidades competentes, el acceso efectivo a servicios médicos con información en lengua indígena, reglamentos claros para el manejo forestal, problemas en permisos de construcción y mantenimiento de caminos, la urgente mejora en la infraestructura de agua potable y las deficiencias en la recolección de residuos sólidos.
Este 24 de febrero es el quinto aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, activista recuperador y defensor de territorios ancestrales de la zona sur de Costa Rica.
Hace cinco años que un asesino confeso, Juan Eduardo Varela Rojas, encontró refugio en la justicia costarricense para gozar de impunidad, alardear de su crimen, ser aplaudido como si fuera una estrella de rock, acosar y amenazar continuamente a las víctimas de sus acciones: doña digna Rivera Navas, su familia y las personas que han atestiguado en contra suyo. Se tratade un alumno destacado de la escuela del horror: fue capaz de asesinar por la espalda de cinco balazos a quien estaba indefenso y decir que fue en defensa propia.
En la sentencia del 1 de febrero del 2023, hay una descripción detallada de la forma en que una turba de no menos de veinte personas atacó al líder indígena, por lo que un tribunal de Pérez Zeledón sentenció a Juan Eduardo Varela a 22 años de prisión por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2020, cuando disparó y mató a Rivera.
Sin embargo, el 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago mediante el Voto 2023-263 anuló la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Zeledón del 1 de febrero de 2023 y ordenó un nuevo juicio.
El 19 de septiembre de 2024 el Tribunal de Pérez Zeledón absolvió de toda pena y responsabilidad a Juan Eduardo Varela Rojas.
Recientemente, en enero del 2025, se dio a conocer un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones de Cartago en que avala la resolución del 19 de septiembre y rechaza la apelación de la sentencia interpuesta por la parte querellante.
La complicidad de estos Tribunales con el asesino confeso y con los ocupantes ilegales es una manera de protegerlos y envalentonarlos para continuar las agresiones, los incendios, las amenazas y el atropello en los territorios indígenas. Desde marzo del 2019 y febrero del 2020, fechas en que fueron asesinados Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, las mujeres indígenas y la infancia son sus principales víctimas.
El Estado no solo propicia la impunidad, es cómplice indirecto de los asesinatos puesto que no veló por las medidas cautelares que había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, viola constantemente los derechos de las mujeres indígenas al negarles el acceso a la justicia, una vida sin violencia en sus territorios y al propiciar y permitir el racismo en las instituciones que deberían velar por la paz en dichos territorios.
El irrespeto del derecho humano a la verdad marcó la vida de los dos líderes indígenas asesinados y, como si se tratara de una condena para sus madres, esposas, hijas, familias y sus comunidades, se les sigue negando, ya que el sistema judicial costarricense se ha desentendido y atropellado ese derecho al no investigar adecuadamente los delitos y al no condenar como es debido a los asesinos que se pavonean de sus crímenes en los territorios.
¡Justicia para Jerhy Rivera Rivera y para Sergio Rojas Ortiz!
¡No más impunidad!
¡Si los Tribunales no se cansan de proteger asesinos y ocupantes ilegales, no nos cansaremos de denunciarlo a nivel nacional e internacional y exigir que se cumplan las leyes y los Convenios Internacionales!
Firmas responsables: Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos colectivodeapoyodignarivera@gmail.com
Bolivia:
Feminismo Comunitario Antipatriarcal
Costa Rica:
Adela Bermúdez Zúñiga
Adriana Lacle, Médico pensionada
Alejandra Bonilla Leiva, Asociación Tinamaste
Alejandra Martínez Gamboa
Alessandro Rodríguez Chaves, Asistente legal
Alexander Barquero R.
Alicia Eugenia Vargas Porras, jubilada.
Allen Cordero Ulate, docente jubilado
Álvaro Fernández González, docente jubilado
Amílcar Castañeda, Docente Universidad Estatal a Distancia
Ana Carcedo, jubilada.
Ana Chacón Mora, jubilada.
Ana Franzen, Casa del Migrante
Ana Hidalgo, Jubilada
Ana Leonor Ramírez Montes, Psicóloga
Ana Luisa Cerdas, pensionada
Ana María Arenas Romero, enfermera.
Ana Marín, Docente jubilada
Ana Ruth Bonilla Leiva, química
Anacristina Rossi, Escritora y docente en la Universidad de Costa Rica
Aurelia Trejos, Pensionada
Blanca Arce, antropóloga
Cabeto López Herrera
Carmen Brenes, docente jubilada ANDE
Ciska Raventós Vorst, Socióloga
Club del Exocet, biólogo
Dennis Omar Calix, planificador económico social
E. Ramírez Guier, Biólogo
Efraín Retana Fonseca, jubilado
Esteban Boza Obando, Contador
Eyda María Camacho Cantillano, jubilada
F. Mojica, Antropólogo Instituto Tecnológico de Costa Rica
Leila Marcela Sánchez Cortés, promotora política y sindical
Ligia Barrantes Cartín, Agrónoma
Lilliana Zeledón Cambronero, jubilada
Lorena Moreira, jubilada
Lorenzo Ramírez Cardoza, Asesor
Luisa Castillo, bióloga
Luis Mallma Mejorada, docente jubilado ANDE
M. Natalia Chaves Vargas, Estudiante
Macarena Barahona, Investigadora UCR
Manuel Ardón Morera, empresario
Mara. PRT
Marcelo Valverde, Colectivo Iriria Tsóchok
Marco Fournier, Psicólogo
María del Rocío Carro Salas, jubilada
María Elena Guido Chaves, Estudiante
María José Guillén Araya, docente
María Trejos Montero, docente jubilada y DDHH
Marianela Román Solano, psicóloga
Marilyn Morris Zúñiga, MTC
Maritza Salgado Silva, comunicadora
Mechthild Bors de Barquero, pensionada
Metamoforsis, docente
Miguel Barrios Gutiérrez, PRT
Millaray Villalobos Rojas, antropóloga
Minerva Solano Campos
Mirian Chaves Mora
Mirta González Suárez, psicóloga.
Mónica Alemán Araya, Estudiante
Nancy Castro Arce, Hotel Mager
Noah Alejandro Alfaro Arends, Estudiante
Nora Montero Quirós, jubilada
Nubia, docente jubilada
Orlando Barrantes Cartín, MTC
Pamela Reiman, Médico
Rebeca Alvarado Martín, administradora
Rebeca Vaglio Aguilar
Ricardo Arce, diseñador gráfico.
Roberto A Guido Cháves, agricultor
Ronald Solís Alemán
Rosa Corrales, Psicóloga
Seidy Salas, Periodista
Silva Peralta, jubilada
Stella Chinchilla Mora, comunicadora.
Teresa Ramellini, Psicóloga
Valeria Sofía Ramírez Muñoz,estudiante
Verno, Universidad de Costa Rica
Victoria Montero Zeledón
Victoria, Agenda Viva/ANDE
Yamileth Monterrey López, psicóloga
Zulema Jiménez, nutricionista
Organizaciones de Costa Rica:
APRONEP
Asociación Tinamaste
Casa del Migrante
CEFEMINA
Colectiva Coexistir. Igualdad de género y diversidad
Colectivo Iriria Tsóchok
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Red de Mujeres Rurales. Defensa de derechos de mujeres indígenas y campesinas.
Partido Izquierda Costarricense
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores PRT
Internacional Antifascista capítulo Costa Rica, Red de solidaridad con Palestina.
Confederación Unitaria de Trabajadores, Bruno de Jesús Coto Barboza,
Secretario de Prensa y Propaganda
Marta Eugenia Picado Mesén, Jubilada
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana
Organización Regenerativa Matzú Insigne. Ente consultivo Comisión Interinstitucional de DDHH
Codepink CR
Asociación Feminista La Corriente
Mujeres Mano de Tigre
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera
CR Solidaria
Ecuador:
Sisa Pacari Bacacelo
Organización de Ecuador:
Organización del pueblo Saraguro
El Salvador:
Luis Fernando Sandoval Guzmán, docente
España:
Vicent Maurí Genovés, Mestre
Organizaciones de España:
Cat J. Relaciones Internacionales
Enseyants. Solidaris
Estados Unidos
Jaclyn Rolph
Ivonne Garcia Bueso, Asistente Administrativa
HONDURAS
Hedme Castro
Organizaciones Honduras:
ACI PARTICIPA Defensa y protección de personas defensoras de DDHH
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
MEXICO
Cecilia Sánchez Cruz. Oaxaca, Sección 22
Guadalupe Ojeda, Empleada
Daniela González López, Coordinadora Internacional, Observatorio Derechos
Humanos de los Pueblos
Gabriela Ojeda Azamar. Ama de casa
Márgara Millan. Docente
Sara Unda, académica UNAM
Yarixia Fernanda Mil Pucheta, Ama de casa y Emprendedora
Organizaciones México:
Totlahtol Yoltok » Nuestra Palabra Vive»
MLS
Mujeres líderes
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández ÁlvarezCoordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile;México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
Organizaciones integrantes:
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela,Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Comité Impulsor de Sucre – Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Capítulo Bolivia, Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Colectivo por la Paz en Colombia desde México (COLPAZ), Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.
Sobre la reciente Recuperación de Tierras/Territorio en el Territorio Cabécar de Ujarrás, el FRENAPI se dirige a la opinión pública nacional e internacional, DENUNCIA:
El ministro de Seguridad Mario Zamora, en su mensaje falta a la verdad; está mal informado y tuerce la realidad de los hechos, con intereses ocultos: en esa Finca de Ujarrás a la que se refiere, “no hay tal poseedor ‘indígena’ de tercera edad”, con ello miente y encubre a usurpadores no indígenas, antes los Pacheco y ahora Chavarría y sus hijos, matones que han arrebatado nuestras tierras, con la complacencia de la ADI.
Si investiga, se dará cuenta de que tampoco el presidente de la ADI, es una «autoridad» del Territorio de Ujarrás, él está «usurpando» el cargo, ya que NO es Cabécar, no tiene Clan ancestral y “aparentemente” es de Térraba, otra Cultura y otro Territorio. La usurpación de cargo de Nelson Zúñiga en Ujarrás hace sus actos nulos y contra la legislación con la complicidad y respaldo de instituciones del Estado/Gobierno; ejemplo DINADECO.
El incendio de que habla el ministro Zamora, lo provocaron posiblemente entre la policía, “indígenas renegados” y usurpador@s ahí presentes; porque los indígenas no quemamos la piel de la Madre Tierra. Es extraño que los bomberos estuvieran ahí casi de inmediato, cuando nunca acuden a sofocar incendios en Territorios Indígenas.
Las recientes Recuperaciones de Tierras, en tres Territorios Indígenas, son la mejor prueba de que el “conflicto” está latente y que es falsa la propaganda del Estado /Gobierno actual, porque no ha cambiado nada, la usurpación y las agresiones, la injusticia y el abandono están más evidentes que siempre; por más discursos y actos públicos bonitos y folclóricos.
A la Contraloría General de la República y la Defensoría de L@s Habitantes, pedimos investigar los pagos realizados a No indígenas mal llamados “poseedores de Buena fe”, de los que ha informado el Gobierno, ya que en el pasado se hicieron pagos con “estudios sobrevalorados de Fincas, a poseedores que no calificaban” en contubernio con ADIs y CONAI. Son dineros de tod@s l@s costarricenses, que no pueden ser desviados en pagos ilegales.
Al cumplirse 5 años del Asesinato de Jerhy Rivera Rivera (24 febrero 2020), Brörán de Térraba y 6 años del asesinato de Uniwak Sergio Rojas (18 de marzo 2019), Bribri de Salitre; ambos asesinatos impunes, las causas y l@s responsables de esos crímenes siguen vigentes: usurpación de tierras por NO indígenas agresor@s, discriminación, injusticia, violencia y abandono e indiferencia del Estado/Gobierno.
Continúan las campañas de odio y racismo por parte de particulares, funcionari@s, autoridades y medios de comunicación, que promueven más la agresión contra nuestros Pueblos, pacíficos, desarmados y No Violentos.
La impunidad, no sólo de los últimos asesinatos citados, mantiene en libertad a los asesinos, incluido Juan Eduardo Varela, asesino confeso de Jerhy; sino también la impunidad de todas las agresiones, físicas y verbales, la usurpación de nuestras Tierras/ Territorios que se denuncian ante los Tribunales, no se investigan y se archivan los expedientes, ó es tan “retardada” la acción judicial que se prescriben los casos; no así las denuncias de l@s No indígenas, que si se tramitan en el Poder Judicial, la mayoría con sentencias en contra de nuestr@s herman@s.
Lo mismo ocurre con los desalojos administrativos ya aprobados, NO se ejecutan por el Ministerio de Seguridad, amparando a usurpador@s violentos que roban nuestros recursos.
Sumando el irrespeto y desprecio por nuestros sitios Sagrados, nuestras tradiciones culturales, nuestras Espiritualidades y Autoridades propias; por parte de no indígenas, empresas y funcionari@s del Estado. No quieren aplicar la Ley ni hacerla valer.
Es un conjunto de actuaciones y acciones, que poco a poco producen el exterminio de los Pueblos Indígenas, se convierten en una política pública del Estado Costarricense, por Acción u Omisión, y eso es etnocidio, calificado como Delito Internacional contra los Derechos Humanos; son violación a las Leyes Indígenas y a los Convenios Internacionales, en especial el 169 OIT.
FRENAPI continuará la lucha por la Recuperación total de las Tierras/Territorios de todos los Pueblos Indígenas de Costa Rica, así como por el respeto de nuestras Espiritualidades y Culturas Propias, que incluyen Autoridades, sitios Sagrados y Autonomía.
Presidente Chaves, Minitr@s, funcionari@s de ADI, CONAI y DINADECO y demás funcionarios del Estado, la peor forma de «violencia» es la amenaza, NO tenemos miedo, no vamos a retroceder, son más de 530 años de esta lucha, vamos a defender la herencia de nuestr@s ancestros y ancestras, tenemos derechos humanos, vamos a recuperar nuestras Tierras/Territorios; somos descendientes de l@s Habitantes originari@s de Costa Rica, raíz sagrada de este País, merecemos justicia, respeto y sobre todo, vivir en paz.
26 de febrero 2025.
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS de Costa Rica COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA ¡SERGIO Y JEHRY VIVEN – LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!
Este 24 de febrero es el quinto aniversario del asesinato de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, activista recuperador y defensor de territorios ancestrales de la zona sur de Costa Rica.
El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos le invita a sumar su firma para exigir justicia a las organizaciones internacionales en falta de justicia, y ante la impunidad de que gozan los asesinos y terratenientes en complicidad con el Estado costarricense.
Para leer el texto y apoyar con su firma siga este enlace:
Todos los sabores de la cocina tradicional indígena estarán disponibles este domingo 16 de febrero en la comunidad de Térraba, exactamente en el Jardín del Idön, un emprendimiento indígena que promueve la cultura y el sabor de la cuchara local.
Las actividades inician a partir de las 8 am y se extenderán hasta las 4 pm.
Además de disfrutar el rico sabor de la cocina local, podrás participar de otras actividades organizadas en el contexto de esta feria, tales como juegos tradicionales, competencias deportivas, expo venta de artesanías y música indígena en vivo.
En el transcurso de este evento, se aprovechará para promocionar el lanzamiento de la “Ruta de la Gastronomía Indígena” en el cantón de Buenos Aires, una iniciativa que une a tres emprendimientos locales de la comunidad de Boruca y Térraba, quienes juntos ofrecerán sus servicios de atracción turística en la región.
¿Cuáles son estos tres emprendimientos indígenas y qué ofrecen?
Los emprendimientos locales del cantón de Buenos Aires que se han unido para trazar la “Ruta de la Gastronomía Indígena” son los siguientes:
Se trata de Cau^sha^s en Boruca, Krun Soo y Jardín del Idön enTérraba.
Entre los tres proyectos se ofrece una inmersión completa en la cultura y gastronomía ancestral de los territorios indígenas Brunca y Brörán.
A través de tres paradas clave, las personas participantes podrán experimentar una combinación de talleres interactivos, degustaciones de platos tradicionales y visitas a lugares de importancia cultural y natural.
Cada estación de la ruta está diseñada para resaltar la rica herencia culinaria y los conocimientos ancestrales transmitidos a través de generaciones, proporcionando una experiencia auténtica y educativa.
Visite Térraba este domingo 16 de febrero y conozca más detalles sobre esta “Ruta gastronómica indígena” que podrás encontrar en estas dos comunidades de origen ancestral.
La Defensoría de los Habitantes había manifestado en diciembre del 2024 cómo la “Justicia Pronta y Cumplida” continuaba siendo una deuda y un anhelo para los pueblos indígenas. Lo anterior, como parte del seguimiento dado al proceso nacional efectuado ante la muerte del líder indígena Teribe Jerhy Rivera, y considerando que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó la resolución impugnada en todos sus extremos, manteniéndose en firme el sobreseimiento del caso.
Recientemente, el Tribunal de Apelación dictó la absolutoria en dicho caso; por ello la Defensoría de los Habitantes hace eco de lo manifestado por los pueblos indígenas con ocasión del “Foro de Acceso a la Justicia”, al referirse a la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, denunciando la constante exclusión, invisibilización y discriminación, producto de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas.
En dicho espacio de diálogo intercultural con miembros de todos los pueblos indígenas del país personas expertas en derechos de los pueblos originarios y entes claves del sector público, incluyendo al Poder Judicial, concretamente, en materia de acceso de los pueblos indígenas a la justicia puntualizaron: “… como un pendiente, pues del reconocimiento normativo a su ejercicio práctico, hay un largo camino de desconocimiento, omisiones e incumplimientos, siendo que el país debe avanzar con prontitud al reconocimiento pleno e integral de su derecho a la justicia, que pasa por la vigencia de los sistemas propios de regulación de sus asuntos internos, de acuerdo a sus cosmovisiones hasta la posibilidad de acudir a los sistemas nacionales de justicia administrativa y judicial, apropiada y adecuada a sus valores, costumbres y tradiciones”.
Si bien dentro de la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se han emitido lineamientos y definido políticas institucionales para facilitar el “Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas” en el quehacer institucional, los pueblos indígenas continúan sintiéndose defraudados y reiterando su reclamo de años a las autoridades judiciales.
Durante los trece años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido poco efectivos los esfuerzos y gestiones efectuadas por el Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas donde aplica dicha medida cautelar.
Desde la Defensoría de los Habitantes, las voces de los pueblos indígenas continuarán siendo escuchadas y alertando ante las autoridades competentes sobre los retos aún pendientes.
Han pasado ya varios años que no hay recuperación de nuestra madre tierra y que iniciaron el 2011 los dos asesinados por las recuperaciones, asesinatos que han quedado en la impunidad.
También quedan las palabras del presidente Chaves diciendo que si se continúa con las recuperaciones “los meteré a la cárcel”.
Han sembrado el pánico en nuestras familias que no tienen un pedacito de tierra para sembrar sus sagrados alimentos, se llenaron de pánico porque podrían ser asesinados o metidos a la cárcel; eso es lo que nos espera a los territorios indígenas mientras siguen llenos de usurpadores gozando del poder con que cuentan, pues pueden asesinar y los jueces los dejan libres, incluso siendo un asesino confeso. El de Sergio, un juicio archivado.
Se habla de desarrollar políticas públicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que a fin de cuentas solo serán más papeles, porque no hablan de modificar el Código Penal y el Agrario dónde estén nuestros derechos indígenas, para que de una vez se cumpla con los procesos judiciales como lo dicta la jurisprudencia internacional y como lo dice el Convenio 169 de la OIT. Solo así nuestros territorio serán libres, ¿o será que los tres poderes de la República esperan que nos cansemos y continuemos con las recuperaciones para que los usurpadores nos asesinen? O que terminemos en la cárcel.
Ya queremos vivir en paz, donde podamos practicar nuestra propia espiritualidad, donde realmente podamos vivir una Navidad y un año nuevo como debería ser, sin miedos; donde podamos tener una cena tranquila sin las miradas burlonas de esos usurpadores. Una gobernanza propia, no una ADI vendida a lo que digan los ladrones de nuestras tierras.
Urge hacer cambios en la legislación y adaptarla al derecho indígena. Los pagos de servicios ambientales, otro robo que nos hacen, nos siguen engañando como cuando nos cambiaban oro por espejos. Eso no puede seguir así, yo realmente espero que los pueblos indígenas no sigamos agachando la cabeza, que ojalá este 2025 volvamos a despertar y que levantemos la frente para defender lo que no pertenece, y que no le tengamos miedo ni a la muerte ni a la cárcel. Que estas tierras son nuestras y que las seguiremos defendiendo, haciendo honor a los que siguen padeciendo la impunidad.
Yo tengo que decir que soy un indígena privilegiado, le agradezco a Protección a la Víctima el acompañamiento, y a los demás les digo: no tengan miedo, cuando los poderosos les dicen que están parcializados con nosotros, porque lo diferente es que ustedes respetan nuestros derechos y aplican la ley.
Espero que puedan leer mi inquietud sobre los derechos indígenas y si bien es cierto que en Navidad se hacen otras cosas, no puedo entender tanto entusiasmo de las personas con la situación difícil que tenemos como país y ya a mí edad, y los años de lucha por nuestros derechos, no miro frutos, y más bien, tenemos un país muy deteriorado.
Urge que hagamos cambios, ojalá para el 2025.
Saludos y abrazos fuertes de este Bröran que les escribo de Crun Shurín, tierra recuperada.
Cese a la impunidad del asesinato del indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera, del territorio térraba de Costa Rica.
El Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera Navas invita a todas las personas, organizaciones o colectivos que deseen solidarizarse y suscribir esta carta que será entregada el martes 17 de diciembre a dicho tribunal de apelación.
Movimiento de Agricultura Orgánica se opone a reforma.
La nueva normativa golpeará a pueblos indígenas y pequeños productores orgánicos.
Comunicado
El Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa un reglamento cuestionado por el impacto negativo que tendrá en los pequeños y pequeñas agricultoras, pero sobre todo en territorios indígenas.
Con esta propuesta de Reglamento, el cierre del Departamento de Agricultura Orgánica, y el cierre de la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, una vez más el gobierno muestra que su interés en la agricultura orgánica es solo de palabras, no de hechos.
El pasado 10 de octubre, se publicó en la página de Consulta Pública del MAG, el nuevo “Reglamento Técnico” el cual modificaría el decreto ejecutivo n°29782 conocido como “Reglamento de Agricultura Orgánica” y el “Reglamento a la Ley N° 8591 Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica”, decreto N°35242. Ambos documentos regulan actualmente el quehacer de la producción orgánica en el país, definen como se maneja la finca día a día. Pero la actual administración pretende volver más engorroso su cumplimiento, desincentivando así esta importante actividad.
Una preocupación central es la falta de consulta a los pueblos indígenas quienes serán los mayores afectados de este reglamento. El cambio en la normativa podría afectar mucho la producción orgánica en territorios indígenas por solicitar el registro individual de la tierra en el registro Nacional, lo cual es imposible en las zonas indígenas con esquemas de propiedad colectiva resguardada por la Ley Indígena. La certificación orgánica es un requisito para que los productos indígenas puedan ser exportados a Europa y Estados Unidos y para la venta a nivel nacional.
Según la Asociación de Agricultores Orgánicos de Talamanca (UCANEHÜ), “actualmente, en Talamanca existen más de 1500 productores de banano orgánico certificados, quienes nos veríamos afectados por cambios en este reglamento. Las ventas quincenales de banano orgánico son un ingreso importante que sostiene a muchas familias, y que reconoce nuestra forma tradicional de producir alimentos”.
Un cambio fundamental es que, a todos los operadores, se les pide un análisis de residuos ocasionalmente, pero con la reforma los Grupo de Producción Orgánica (GPO) se le estarán exigiendo todos los años a pagar análisis de residuos para un 2% de sus productores. Esto haría que productores orgánico-indígenas tengan que invertir grandes sumas de dinero en análisis que haría inviable la producción orgánica. Para MAOCO, el control no es el problema, el problema es el costo de esos análisis para micro y pequeños productores, especialmente indígenas.
Para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), el control en temas de integridad orgánica es importante, pero el endurecimiento de las normas de producción orgánica en temas que no afectan la integridad o calidad del producto es contraproducente, y provocaría un desincentivo más a la actividad, haciendo que muchas de estas iniciativas desaparezcan, sobre todo la pequeña y mediana escala.
Para la presidenta de Asociación Orgánica Guanacasteca, Irene Burgués la propuesta del gobierno “imposibilita la certificación a la mayoría pequeños productores orgánicos al pedirles nuevos requisitos, que se sabe que no pueden cumplir por la naturaleza del productor. Lo peor de todo, es que estos nuevos requisitos nada tienen que ver con garantizar la naturaleza orgánica del producto, e imposibilitan el crecimiento de la agricultura orgánica, que es parte de la solución a la crisis de contaminación de nuestras aguas.”
Información compartida con SURCOS por Henry Picado.
