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Etiqueta: territorios indígenas

Primer Festival Estudiantil del Idioma y la Cultura Bruncájc

Uriel Rojas

Los centros educativos del Circuito 11 de la Dirección Regional Grande del Térraba realizarán el viernes 13 de noviembre de 2026, el I Festival del Idioma y la Cultura Boruca.

El lema de este encuentro estudiantil es: “Tec xít rójc, shá^ crí^ rójc”, que significa “Pequeñas palabras, grandes raíces” y es organizado por la supervisión del Circuito 11 en conjunto con los docentes de Cultura e Idioma Indígena Bruncájc.

Las actividades de este festival se realizarán en el salón comunal de Rey Curré Yímba y reúne a todos los centros educativos de los territorios indígenas de Boruca y Yímba Cájc, los cuales suman 24 escuelas y dos colegios.

Los estudiantes compartirán juegos lingüísticos, arte y prácticas culturales con el fin de fortalecer el idioma bruncájc.

Este festival lleva por nombre Cáxen Xít, que significa «periquitos», en alusión a los estudiantes que aprenden a hablar en su propio idioma.

Este evento reviste vital importancia ya que la conservación del idioma bruncájc no solo es parte fundamental de la identidad colectiva, sino que guarda la historia, las tradiciones, los mitos y la cosmovisión de toda la cultura indígena boruca.

Estas actividades iniciarán a partir de las 8 a.m. y se extenderán por todo el día.

Es una actividad gratuita y abierta al público en general.

Están cordialmente invitados.

Mensaje de agradecimiento de Pablo Sibar Sibar después de la audiencia del 10 de noviembre

Pablo Sibar Sibar, líder indígena brörán de Térraba, comparte un mensaje de agradecimiento por la solidaridad y el acompañamiento recibidos durante el juicio agrario realizado el 10 de noviembre, en el que enfrenta un intento de despojo de una finca que posee desde hace 15 años.

En su mensaje agradece a todas las personas y organizaciones que han estado pendientes de su caso. Sin embargo, recuerda que el juicio todavía no tiene una resolución definitiva y que es importante seguir atentos a su desarrollo.

Este proceso tiene implicaciones que van más allá de la situación personal de Pablo. Su resolución podría sentar un precedente para Térraba y otros territorios indígenas que enfrentan procesos de recuperación territorial y numerosos juicios agrarios pendientes.

Durante el juicio, Pablo presentó documentación y testimonios para demostrar la posesión de la finca y explicó los acuerdos de intercambio de propiedades realizados.

Comunicado compartido por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA.

SURCOS le invita a escuchar el breve mensaje de Pablo Sibar Sibar.

Juicio contra Pablo Sibar en Térraba: lo que está en juego para los derechos territoriales indígenas

El 10 de noviembre se realizó en Térraba la audiencia del juicio agrario que enfrenta el dirigente brörán Pablo Sibar Sibar, defensor de derechos humanos ambientales, por una finca de unas diez hectáreas que posee desde hace más de una década. El juicio fue promovido por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y se desarrolló de forma pública en la misma propiedad, la finca San Andrés.

Al cierre de la jornada no hubo resolución. Según conoce SURCOS se agotó parte del debate y aún no se sabe si el juez ordenará un peritaje cultural o resolverá con los elementos que ya tiene sobre la posesión de la tierra.

Más allá de una finca

Para Sibar, el resultado puede tener repercusiones que van más allá de su caso particular. «Este juicio va a determinar cuál es la potestad de la Asociación de Desarrollo sobre las tierras indígenas que realmente nos pertenecen», afirmó en una entrevista grabada durante la audiencia. «El argumento que nosotros sostenemos […] está estipulado en la Ley Indígena: la tierra es de los indígenas y no de la Asociación de Desarrollo».

El dirigente sostuvo que el hecho de que el Estado haya dado a las ADI la función de gobierno local para administrar los territorios «no le da ningún derecho a la Asociación de Desarrollo para tomar determinaciones que afecten nuestra tierra, nuestra forma de vida y nuestra forma de ser». Y agregó: «La Asociación de Desarrollo es una instancia impuesta por el Estado y que no nos representa dentro de nuestro territorio».

El origen de la posesión y el conflicto

Sibar explicó que la tierra proviene de un intercambio entre dos personas indígenas: él cedió a otro integrante de la comunidad una propiedad que tenía en el centro de Térraba a cambio de esta finca. Tras la recuperación de la finca Crün Shürïn, decidió con sus hijos destinar el terreno a la conservación. La propiedad tiene una quebrada de la que se abastece de agua una gran cantidad de personas, y en ella se elimina el pasto para favorecer la regeneración natural. «Yo puedo demostrar, tengo documentos, tengo todo que certifican que esta tierra es mía, pero además toda la población sabe que esta tierra es mía», afirmó.

Según la denuncia de Sibar y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), el conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba, amparadas en una certificación emitida por esa asociación el 7 de agosto. Ese mismo día, Sibar denunció un incendio provocado dentro de la finca.

Contexto de riesgo

Pablo Sibar es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según FRENAPI, ha enfrentado hostigamientos, amenazas de muerte, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios en sus propiedades y campañas de difamación, por lo que se solicitó a la CIDH reforzar las medidas de protección.

En su comunicado, FRENAPI expresó su solidaridad con Sibar y consideró «inaceptable que una estructura que debería representar y defender los intereses de los pueblos indígenas pueda ser utilizada para cuestionar los derechos de una persona indígena que ha dedicado su vida a la defensa territorial y ambiental». La organización exigió al Estado:

  • garantizar la vida, la integridad y la seguridad de Sibar;
  • investigar con perspectiva étnica el ingreso a la propiedad, el presunto uso de la certificación de la ADI y el incendio;
  • respetar el debido proceso y los derechos territoriales de las personas indígenas.

«Lo que está en juego no es solamente una finca: también están en discusión los derechos territoriales de los pueblos indígenas», resumen quienes acompañaron la audiencia.

Entrevista y fotografías: Osvaldo Durán, ecologista y profesor pensionado del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Cabagra promueve la soberanía alimentaria en su territorio

Por Uriel Rojas

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra de Buenos Aires, en conjunto con el Fondo Pawanka, implementan el subproyecto denominado «Soberanía Alimentaria para el Buen Vivir de Cabagra», el cual pretende potenciar el sistema cultural de producción para contribuir con la soberanía alimentaria, la conservación y la economía familiar en las comunidades de este territorio indígena.

La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos indígenas a definir sus propias políticas agrícolas, de producción y de consumo de alimentos, priorizando la agricultura local, la conservación de sus saberes ancestrales, la agroecología y el bienestar de las comunidades por encima de los intereses del mercado global.

En nuestro país, este concepto se vincula directamente con el Buen Vivir (una vida digna en armonía con la cultura y la naturaleza).

Pawanka Fund es un fondo dirigido y creado por pueblos indígenas que apoya directamente a organizaciones y redes comunitarias en siete regiones socioculturales del mundo.

Este Subproyecto se concretó mediante la articulación y coordinación conjunta con redes regionales de incidencia, tales como la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica y el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA).

FRENAPI se solidariza con Pablo Sibar Sibar ante juicio agrario con la ADI de Térraba

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) expresó su solidaridad con su integrante Pablo Sibar Sibar, defensor brörán de derechos humanos y ambientales, que enfrenta un juicio agrario relacionado con una finca de unas diez hectáreas en Térraba. Según el comunicado, el juicio fue promovido por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba. Sibar adquirió el terreno hace más de 13 años.

La audiencia está prevista para el martes 10 de noviembre a las 8:00 a. m., en la misma finca en disputa. FRENAPI recordó que Sibar es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Advirtió también que el proceso se da en un contexto de grave preocupación por su seguridad, su integridad y sus derechos territoriales.

La organización rechazó «cualquier acción, decisión o procedimiento que pretenda desconocer, debilitar o despojar los derechos de las personas indígenas sobre las tierras que habitan, trabajan, protegen y recuperan». Afirmó que el territorio indígena «no es solamente un espacio de producción: es la base de la vida, la cultura, la memoria, la autonomía y la defensa del agua, los bosques y la biodiversidad».

El contexto del conflicto

Según FRENAPI, el conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba, amparadas en una certificación emitida por esa asociación el 7 de agosto. Ese mismo día, Sibar denunció un incendio provocado dentro de la finca, que se dedica a la regeneración natural, la reforestación y la conservación del agua.

El Frente señaló que estos hechos se suman a una historia de hostigamientos, amenazas de muerte, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios y campañas de difamación contra Sibar. Por ello se solicitó a la CIDH reforzar las medidas de protección. «FRENAPI considera inaceptable que una estructura que debería representar y defender los intereses de los pueblos indígenas pueda ser utilizada para cuestionar los derechos de una persona indígena que ha dedicado su vida a la defensa territorial y ambiental», indica el comunicado.

Exigencias al Estado

FRENAPI exige al Estado costarricense y a las autoridades competentes:

  • garantizar de manera efectiva, inmediata y sostenida la vida, la integridad y la seguridad de Pablo Sibar Sibar, en cumplimiento de la medida cautelar de la CIDH;
  • investigar con diligencia, imparcialidad y perspectiva étnica el ingreso a la propiedad, el presunto uso de la certificación de la ADI y el incendio denunciado;
  • garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos territoriales, de posesión y de permanencia de las personas indígenas;
  • garantizar que ninguna institución pública respalde, tolere o legitime acciones que pongan en riesgo a personas defensoras indígenas o que favorezcan el despojo de tierras.

«La defensa de Pablo Sibar es la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas a vivir, producir, conservar y decidir sobre sus territorios», concluye el comunicado, que cierra con las consignas «¡Pablo Sibar, estás acompañado!», «¡Sergio vive!» y «¡Jerhy vive!», en memoria de los defensores Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera.

Pablo Sibar enfrenta en juicio a la ADI de Térraba

El dirigente indígena Brörán denuncia que la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba pretende desconocer sus derechos sobre una finca que adquirió hace más de 13 años. El terreno está destinado a la conservación ambiental.

Clínica de Derechos Humanos Ambientales
IDELA-UNA

El dirigente indígena Brörán y defensor de derechos humanos ambientales, Pablo Sibar Sibar, enfrentará un juicio agrario contra la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba, por un terreno de aproximadamente 10 hectáreas que adquirió hace más de 13 años mediante un acuerdo con otra persona indígena.

Según informó el dirigente a la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica (IDELA-UNA), la audiencia está prevista para el 10 de noviembre de 2026, a las 8:00 a. m., en la misma finca en disputa.

El conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba. Según la denuncia, estas personas se ampararon en una certificación emitida por la asociación el 7 de agosto de ese año, pese a que Sibar había adquirido el terreno muchos años antes.

En la finca se desarrollan actividades de regeneración de la naturaleza, reforestación y conservación de agua.

En sus declaraciones previas al juicio, Pablo Sibar cuestionó que la actual junta directiva de la ADI de Térraba desconozca los derechos de las personas indígenas que defienden y trabajan sus tierras, mientras, según denuncia, mantiene una posición favorable a personas no indígenas.

«No somos, como se dice, peleones, agresivos o violentadores de derechos. Somos personas que defendemos derechos indígenas y que luchamos por una causa que está establecida en leyes, en decretos, en convenios y en un sinnúmero de jurisprudencia donde tenemos todos los derechos», manifestó Sibar.

El dirigente también hizo un llamado a la población costarricense a conocer directamente las condiciones de vida y producción de las comunidades indígenas: «Visítenos, vean cómo vivimos, cómo estamos y cómo producimos dentro de este proceso».

Un conflicto en un contexto de amenazas y agresiones

Este juicio ocurre con múltiples antecedentes de violencia y hostigamiento sostenido contra Pablo Sibar, quien es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante los hechos del 2025, presentó una petición urgente ante este organismo para reforzar su protección.

El 10 de agosto de 2025, Sibar denunció un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de esa misma propiedad.

Su trayectoria como defensor indígena ha estado marcada por agresiones físicas, amenazas de muerte, intentos de homicidio, incendios en sus propiedades y campañas de difamación. Entre los hechos más graves se encuentran los ataques sufridos en 2012 y las amenazas recibidas en 2021, año en que también logró escapar de una turba armada con machetes que amenazaba con matarlo, un día antes de que asesinaran al defensor indígena Brörán Jerhy Rivera Rivera.

El juicio representa un nuevo episodio de una lucha que, como él mismo señala, ha tenido que enfrentar durante muchos años. En esta ocasión, el conflicto se desarrolla con una estructura que debería representar y defender los derechos de los pueblos indígenas.

Escuche las declaraciones de Pablo Sibar Sibar en este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1N8VZ7pmNJ7hExU6lYsoAPCB1aWCkhhH2/view?usp=sharing

Más información y antecedentes

Concluyen talleres en Rey Curré para fortalecer capacidades administrativas, institucionales y de gobernanza

Por Uriel Rojas

Veinte representantes de distintas organizaciones del Territorio Indígena de Rey Curré concluyeron los talleres que se realizaron para fortalecer sus capacidades institucionales, administrativas y de gobernanza territorial.

Este proceso formativo inició en agosto y concluyó a finales de octubre, desarrollando los temas de gobernanza y derecho indígena, gestión y administración de organizaciones y gestión de proyectos socioproductivos y culturales.

Estos talleres se realizaron gracias al proyecto “Apoyo al Manejo Forestal Sostenible”, financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo y ejecutado por LuxDev, la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo, que ha estado colaborando con este territorio indígena en diversos ámbitos y en esta ocasión financiando estos espacios de capacitación organizativa.

La Asociación de Desarrollo Indígena de Curré junto a los participantes agradecen al Gran Ducado de Luxemburgo y a LuxDev, por contribuir en el fortalecimiento de sus capacidades en el buen manejo de estas temáticas que, sin duda, serán de buen uso y provecho para todos los habitantes del territorio.

Los participantes recibieron sus certificados el domingo 25 de octubre de 2026 otorgados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede académica en Costa Rica.

A Genaro Gutiérrez se le cae su arrebato contra Pablo Sivas Sivas

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo catedrático TEC, ecologista FECON

“Lo que se da y se quita…se vuelve cuita”. Tal parece que ese viejo dicho se le está cumpliendo a cabalidad a Genaro Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral -ADI- de Térraba, en el caso del despojo que le quiere hacer a Pablo Sivas Sivas de su tierra en San Andrés, Potrero Grande de Buenos Aires. Este abuso de autoridad se le ha convertido en un “cuitero” legal ya que se siguen sumando evidencias que desdicen su rabieta. Y ni qué decir de la pérdida de su condición ética.

La ADI legitimó la propiedad de Pablo Sivas

Como relatamos en agosto del 2025 en “La tierra de Pablo Sivas Sivas y la turbulenta legitimidad de una ADI”, el 7 de agosto 2025 la Junta Directiva de la ADI de Térraba, acordó “Extender CERTIFICADO DE USO DE SUELO en terreno dentro de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires a la señora Arelys Flores Rosales…”, finca que hasta ese día era propiedad incuestionada del indígena Bröran Pablo Sivas Sivas, pues la negoció con el señor Leitano Nájera, otro indígena, lo cual es legal según la Ley Indígena. Ese trato fue reconocido por todas las personas de Térraba y por supuesto por sus colindantes.

A partir de ese certificado que firmó Gutiérrez en favor de la señora Flores, Sivas Sivas, defendió sus derechos violentados. El asunto está en tribunales, pero hasta ahora no se había considerado un elemento fundamental que desdice cualquier duda sobre la legitimidad de la propiedad de Pablo Sivas Sivas de ese terreno. De igual manera, con esa evidencia, se reafirma que la actuación del presidente de la ADI, es contraria a cualquier compromiso con la justicia, la mediación asertiva que debería ejercer entre la gente indígena de acuerdo con su cargo legal, y su resistencia permanente a los procesos de recuperación de la tierra por parte de la población que fue desterrada por “sikuas”/no indígenas, incluso con ayuda de la ADI, como ha sido denunciado repetidamente por personas indígenas de Térraba y otros territorios.

La prueba que se está sumando al proceso es una “CONSTANCIA DE POSESIÓN” de la ADI de Térraba (así está en el original) en la que se dice: “Hace constar: Que el señor (a) Pablo Gerardo Sivas Sivas, cédula de identidad número 6-123-262, es indígena miembro de esta Comunidad. Asimismo, se hace constar, que la persona anteriormente indicada, es poseedor (a) legítimo del terreno que a continuación se describe” , y se indican los linderos de la finca de San Andrés de Sivas Sivas. Además, la ADI certificó que “El terreno mide: 10 hectáreas. Se deja constancia expresa, con vista en la declaración jurada del interesado (a), así como la información comunal existente, que el terreno ha sido poseído en forma pacífica, pública e ininterrumpida, durante 05 años, y que a la fecha no se conocen otros poseedores con igual o mejor derecho sobre el terreno, ni litigios judiciales o administrativos”. Este documento, firmado por la entonces presidenta de la ADI de Térraba, Geini Gutiérrez Navas, está fechado en Térraba el 28 de noviembre del año 2013. En el mismo se incluye una declaración jurada de Pablo Sivas Sivas en la que reconoce los alcances legales de la constancia y acepta lo formalizado por la presidenta de la ADI.

Las ADIs fueron impuestas por el Estado

Dentro de algunos de los territorios indígenas desde hace mucho tiempo se asumió que las ADIs no son representaciones legítimas de las culturas originarias. De acuerdo con Marina Navas Obando, recuperadora Bröran, que por cuatro años ha participado en un proceso de estudio sobre derechos de los Pueblos Originarios, auspiciado por el proyecto “Pueblos Originarios-Universidades Públicas”, “una de las principales razones del malestar en el pueblo indígena es la imposición por parte del Estado de las Asociaciones de Desarrollo Integral en las comunidades indígenas, como si fueran figuras de representación legítimas”. Entre las quejas fundamentales se incluye que las ADI son las propietarias de las tierras indígenas en el Registro Público de la Propiedad y con ese “título” de “propietarios del territorio”, y apoyados por el Estado, las Juntas Directivas de las ADIs son la “parte ejecutora del Estado” por medio de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). Incluso, las ADIs “han abierto portones para que ingresen personas no indígenas al territorio”. De hecho, en el proceso de estudio mencionado, uno de los asuntos de mayor debate y exposición entre indígenas de los pueblos del sur del país como Salitre, Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), China Kichá, Bröran, Térraba y Ngäbe, se anota como particularidad de la ADI de Térraba, que en muchas ocasiones entre sus afiliados ha habido más “sikuas” que indígenas y más personas que viven fuera que dentro del territorio, todo lo cual es conocido pero no corregido por DINADECO, lo que reafirma que hay una clara colusión de fines entre esa ADI y la entidad gubernamental.

Las controversias con y dentro de la ADI de Térraba tienen larguísima historia. El 26 abril de 2022 Cindy Vargas Ortiz y Heylin Figueroa Calderón, indígenas Bröran de Térraba y Bribri de Salitre, en su artículo “ADIs en Térraba y Salitre: figura ilegítima administra tierras indígenas” explicaron que “Térraba, por su lado, ha sido administrado por una ADI que lleva más de 23 años cooptada por una familia (la de Genaro Gutiérrez Reyes) aliada de los terratenientes no indígenas de la zona, familia que ha apoyado proyectos extractivistas en el territorio desde la década de 1980, ha sido cómplice del encarcelamiento de indígenas defensores del ambiente y ha dictado de manera arbitraria quiénes pueden afiliarse a la ADI, excluyendo a las personas indígenas que se oponen a sus intereses”.

En total concordancia con lo indicado por las mujeres indígenas citadas, en el año 2010 el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, en un informe titulado “La Situación del Pueblo Indígena Térraba de Costa Rica: Una Solicitud para Consideración bajo el Procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación”, había indicado que “la ADI (de Térraba) tiene el título de su territorio y el grupo que controla la ADI, rutinariamente toma decisiones sin informar al pueblo y en algunos casos el presidente toma decisiones sin siquiera consultar al resto de la junta directiva de la ADI. Las solicitudes de información presentadas por los miembros de la comunidad indígena acerca de las decisiones tomadas por la ADI de Térraba son continuamente ignoradas”.

En ese documento de Naciones Unidas quedó señalado lo que se ha reiterado durante décadas desde los Pueblos Originarios, y que también, permanentemente, ha sido ignorado por las autoridades de gobierno que se relacionan con las poblaciones indígenas, como DINADECO: “los pueblos indígenas, incluyendo el pueblo Térraba, han cuestionado la imposición y operación de las ADIs en sus territorios argumentando una negación de su derecho al autogobierno a través de sus propias instituciones y a la gobernanza de sus tierras y comunidades”

En resumen, Genaro Gutiérrez Reyes, presidente de la ADI de Térraba, escondió, negó, desconoció o simplemente no le importó, que su misma asociación, en aquel momento presidida por su sobrina, hubiera reconocido y validado mediante una “CONSTANCIA DE POSESIÓN” el derecho de Pablo Sivas Sivas a la tierra que ahora está empeñado en arrebatarle. Que un tribunal externo dicte sentencias sobre este asunto mediante un “interdicto agrario” es lo que la normalidad jurídica “sikua” dicta, pero eso no resuelve éste ni ningún otro conflicto. Eso más bien reafirma la no aplicación de la Ley indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de numerosas sentencias judiciales sobre la propiedad y la administración de la tierra dentro de los territorios indígenas. Pero que sea un indígena, que en buena teoría debería defender a su pueblo, el que se ensañe contra las personas indígenas recuperadoras, debe anotarse con todas las letras y nunca ser olvidado.

Está del todo claro que Pablo Sivas Sivas era y es el único y legítimo dueño de la tierra de San Andrés. Eso lo reconoció la ADI y esa constancia sigue vigente. A pesar de eso Genaro Gutiérrez está empecinado en quitarle su derecho no sólo a Sivas Sivas, sino a muchas más personas recuperadoras de otras tierras, por cuya recuperación nunca movió ni una pestaña cuando eran los sikuas/usurpadores quienes las explotaban. Sin embargo, como “lo que se da y se quita…se vuelve cuita”, ahora parece que Genaro deambula descalzo en un suamposo piso de gallinero porque escogió, contra todo principio de protección de su gente, comprometerse con el despojo y el desconocimiento de los derechos de su propio pueblo. Una vez más su condición ética queda del todo cuestionada. Es por eso que, ya sea por sikuas o por gente de esta estirpe, que estas expresiones del racismo siguen marcando la vida de los Pueblos Originarios de Costa Rica.

Desde Territorio Maleku denuncian agresiones contra personas recuperadoras

Personas integrantes del pueblo Maleku denunciaron una serie de agresiones y amenazas ocurridas este 18 de junio de 2026 en el marco de un proceso de recuperación territorial dentro de la reserva indígena Maleku.

Según la información remitida desde el territorio, los hechos se desarrollaron desde tempranas horas de la mañana, cuando personas identificadas por la comunidad como finqueros llegaron a la finca que se encuentra en proceso de recuperación y comenzaron a emitir amenazas contra quienes participaban en la acción de recuperación territorial.

De acuerdo con el relato recibido, la situación se mantuvo tensa durante todo el día. Al caer la tarde, varias personas ingresaron a la finca y se desplazaron por distintos sectores del terreno. La comunidad señala que estas acciones habrían sido coordinadas por una persona identificada como Betty Miranda.

Las personas recuperadoras afirman que posteriormente se produjo una confrontación verbal que derivó en agresiones físicas. Según la denuncia, un menor de edad de apellido Varela habría utilizado un arma blanca contra integrantes del pueblo Maleku, provocando heridas a varias personas. Entre las personas afectadas se encuentra una mujer Maleku que sufrió una herida en la cabeza. Otras personas habrían resultado golpeadas con palos y presentaron cortaduras, mordiscos y diversas lesiones.

La denuncia también indica que entre las afectadas había personas adultas mayores indígenas que debieron resguardarse ante el aumento de la violencia.

De acuerdo con el testimonio recibido, la Fuerza Pública intervino cuando ya se habían producido las agresiones y existían personas heridas. La comunidad cuestiona la actuación policial y sostiene que la respuesta de los oficiales fue tardía. Asimismo, señala que algunas personas valoran presentar denuncias relacionadas con la actuación de la policía durante los hechos.

Posteriormente se presentaron en el lugar funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía, quienes, según la información suministrada, procedieron a recibir las declaraciones de representantes de la Asociación Indígena Maleku. Las personas denunciantes manifestaron que se mantienen a la espera de las acciones que adopten las autoridades competentes.

El relato agrega que, tras los hechos de violencia, algunas de las personas involucradas intentaron abandonar el lugar en vehículos, pero otras personas presentes impidieron su salida al considerar que se encontraban huyendo después de ocurridas las agresiones.

Las organizaciones y comunidades indígenas han denunciado en reiteradas ocasiones situaciones de conflictividad asociadas a procesos de recuperación territorial en distintos territorios indígenas del país. En años recientes, SURCOS ha informado sobre llamados de pueblos indígenas a garantizar el respeto de sus derechos territoriales, así como a prevenir hechos de violencia contra personas recuperadoras y liderazgos comunitarios. Las comunidades han insistido en la necesidad de una actuación oportuna de las autoridades para proteger la integridad física y asegurar el respeto de los derechos reconocidos por la legislación y los convenios internacionales para los pueblos indígenas.

La comunidad Maleku indicó que continuará dando seguimiento a los hechos ocurridos y a las investigaciones que realicen las autoridades judiciales.

Los indígenas son los pueblos originarios de nuestra América

Arturo Fournier

Asombra constatar cuánto han sido marginados y discriminados en muchos países.

Todavía horroriza la terrible afirmación: «a good indian is a dead indian» (atribuida al general Sheridan), que ahora la «continuadora» ha parafraseado hacia una ideología política del siglo XX.

Veamos alguna información:

– Hasta el 2 de junio de 1924 se les concede la ciudadanía en los EEUU, ¡por primera vez!

– Pero el derecho al voto… ¡hasta 1948!, a pesar de que muchos de ellos se destacaron durante la Segunda Guerra Mundial.

Inclusive Ira Hayes, un nativo de la Tribu Pima, participó izando la bandera en la isla de Iwo Jima (23/feb/1945), un icono para los EE.UU.

– La libertad de culto hasta 1993, con el Native American free exercise of Religion act.

En el resto de los países el trato ha sido similar.

Hemos avanzado en derechos (y cuotas igualitarias) para las mujeres, lo que nos hace preguntar: ¿qué hemos hecho para los indígenas, para los nativos?, recordemos que estas tierras americanas fueron de ellos, aunque algunos parecen olvidarlo, deslumbrados con la posibilidad de lucrar con sus territorios protegidos.

“La justicia y la equidad deben ser siempre nuestro norte».