Movimiento de Agricultura Orgánica se opone a reforma.
La nueva normativa golpeará a pueblos indígenas y pequeños productores orgánicos.
Comunicado
El Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa un reglamento cuestionado por el impacto negativo que tendrá en los pequeños y pequeñas agricultoras, pero sobre todo en territorios indígenas.
Con esta propuesta de Reglamento, el cierre del Departamento de Agricultura Orgánica, y el cierre de la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, una vez más el gobierno muestra que su interés en la agricultura orgánica es solo de palabras, no de hechos.
El pasado 10 de octubre, se publicó en la página de Consulta Pública del MAG, el nuevo “Reglamento Técnico” el cual modificaría el decreto ejecutivo n°29782 conocido como “Reglamento de Agricultura Orgánica” y el “Reglamento a la Ley N° 8591 Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica”, decreto N°35242. Ambos documentos regulan actualmente el quehacer de la producción orgánica en el país, definen como se maneja la finca día a día. Pero la actual administración pretende volver más engorroso su cumplimiento, desincentivando así esta importante actividad.
Una preocupación central es la falta de consulta a los pueblos indígenas quienes serán los mayores afectados de este reglamento. El cambio en la normativa podría afectar mucho la producción orgánica en territorios indígenas por solicitar el registro individual de la tierra en el registro Nacional, lo cual es imposible en las zonas indígenas con esquemas de propiedad colectiva resguardada por la Ley Indígena. La certificación orgánica es un requisito para que los productos indígenas puedan ser exportados a Europa y Estados Unidos y para la venta a nivel nacional.
Según la Asociación de Agricultores Orgánicos de Talamanca (UCANEHÜ), “actualmente, en Talamanca existen más de 1500 productores de banano orgánico certificados, quienes nos veríamos afectados por cambios en este reglamento. Las ventas quincenales de banano orgánico son un ingreso importante que sostiene a muchas familias, y que reconoce nuestra forma tradicional de producir alimentos”.
Un cambio fundamental es que, a todos los operadores, se les pide un análisis de residuos ocasionalmente, pero con la reforma los Grupo de Producción Orgánica (GPO) se le estarán exigiendo todos los años a pagar análisis de residuos para un 2% de sus productores. Esto haría que productores orgánico-indígenas tengan que invertir grandes sumas de dinero en análisis que haría inviable la producción orgánica. Para MAOCO, el control no es el problema, el problema es el costo de esos análisis para micro y pequeños productores, especialmente indígenas.
Para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), el control en temas de integridad orgánica es importante, pero el endurecimiento de las normas de producción orgánica en temas que no afectan la integridad o calidad del producto es contraproducente, y provocaría un desincentivo más a la actividad, haciendo que muchas de estas iniciativas desaparezcan, sobre todo la pequeña y mediana escala.
Para la presidenta de Asociación Orgánica Guanacasteca, Irene Burgués la propuesta del gobierno “imposibilita la certificación a la mayoría pequeños productores orgánicos al pedirles nuevos requisitos, que se sabe que no pueden cumplir por la naturaleza del productor. Lo peor de todo, es que estos nuevos requisitos nada tienen que ver con garantizar la naturaleza orgánica del producto, e imposibilitan el crecimiento de la agricultura orgánica, que es parte de la solución a la crisis de contaminación de nuestras aguas.”
Información compartida con SURCOS por Henry Picado.
El pasado 19 de octubre de 2024, la Casa de Mayores Blöràn (Ù Tla’la) en Térraba se convirtió en un espacio de profundo diálogo y reflexión durante el conversatorio centrado en el fallo del caso de Jehry Rivera Rivera, defensor de los derechos indígenas. Este evento fue convocado por la organización Mujeres Mano de Tigre, con el propósito de visibilizar las problemáticas en torno al fallo judicial que absolvió al homicida confeso de Jehry Rivera, un caso que ha causado gran indignación en la comunidad indígena y sus aliados.
Durante el conversatorio, se discutieron tres temas clave:
Contextualización del caso de Jehry Rivera Rivera : Se repasaron las acciones judiciales en curso y la lucha por la justicia en un panorama legal que, según los participantes, parece ser insuficiente para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Jehry fue asesinado el 24 de febrero de 2020 en el marco de la defensa de territorios ancestrales de su comunidad Brörán en Térraba, frente a las pretensiones de personas ajenas de apropiarse de esos territorios.
Retos y desafíos actuales para los derechos de los pueblos indígenas: Diversos líderes y participantes compartieron sus experiencias, fortaleciendo la red de apoyo y solidaridad entre las comunidades indígenas. Estos retos incluyen no sólo la violencia física, sino también las trabas judiciales y la impunidad que, según los asistentes, perpetúan un clima de inseguridad y vulnerabilidad para los defensores de los derechos humanos.
Rechazo a la decisión judicial del Tribunal de Pérez Zeledón : Los participantes coincidieron en rechazar la absolución del responsable del asesinato de Jehry Rivera. Señalaron que esta decisión ignora el contexto de violencia sistemática que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica y sienta un precedente peligroso para la protección de sus derechos. Al final del evento, se emitió un pronunciamiento colectivo, que enfatizó la necesidad de aplicar los estándares internacionales en materia de derechos humanos e indígenas.
La actividad no solo permitió intercambiar ideas y fortalecer la cohesión entre las comunidades participantes, sino que también consolidó el rechazo al fallo judicial y renovó el compromiso de seguir luchando por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas en Costa Rica. En palabras de los organizadores, el conversatorio fue un éxito, tanto por la participación como por el impacto en la comunidad local.
Pronunciamiento del Encuentro por la Vida y Defensa del Pueblo Brörán: Contra la impunidad y el olvido
Ú’tlala, Térraba 19 de octubre de 2024
Considerando:
La conmemoración del asesinato de Jehry Rivera Rivera, líder recuperador de territorios del pueblo Brörán, acontecido el día 24 de febrero de 2020.
El homicidio del líder Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak, acontecido el 18 de marzo de 2019.
Que denunciamos la violencia e impunidad estructural contra defensores de personas de derechos humanos de los pueblos y territorios indígenas, reflejadas en ambos crímenes.
Que se ha cumplido un mes exacto de la absolutoria del homicida confeso de Jehry Rivera Rivera por parte del Juzgado Penal de Pérez Zeledón.
Que la función primordial del Estado es garantizar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas, particularmente de aquellas poblaciones históricamente vulnerabilizadas.
Que se tiene por demostrada la incapacidad y negligencia sistemática del Estado para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a las garantías judiciales de los pueblos indígenas.
Queda evidenciada la incapacidad y negligencia del Estado, reflejada en procesos penales viciados, carentes de investigación y juzgamiento exhaustivo y riguroso de los hechos relacionados.
Nosotros pronunciamos:
PRIMERO: Exigimos justicia para Jehry Rivera Rivera, Sergio Rojas Ortiz, y todas las personas defensoras de derechos humanos. SEGUNDO: Demandamos justicia para Digna Rivera Navas, madre de Jehry, y Lucy Rojas, hija de Sergio, así como las reparaciones correspondientes. TERCERO: Exhortamos a todas las personas juzgadoras para que apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, ya incluidos en el ordenamiento jurídico costarricense en su bloque de constitucionalidad. CUARTO: Reiteramos la obligación del Estado de garantizar vida digna, integridad física y derechos humanos para todos los pueblos indígenas. QUINTO: Hacemos un llamado a los pueblos indígenas y movimientos sociales de Costa Rica para que se sumen a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y contra la impunidad y el olvido de Jehry Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortiz.
María José Cabezas Castro Nathalia Ulloa Castillo Asdrúbal Rivera Villanueva Marilyn Cabrera Delgado Carmen Mena Mat Melanie Quesada Molina Andrea Sequeira Avilés Eunice Hidalgo Gutiérrez Ana Lía Ortiz N
Elizabeth Mayorga Ortiz Patricia Villanueva Isabel Cabrera Bolaños Alexis Quesada Rivera Saory Rivera Navas Kiran Samira Sibaja Rivera Mario Leiva Rojas María Galiana Figueroa Lázaro Andalesio Pereira López Yannett Rivera Navas Carlos Onandy Ramírez R Carlos Cedeño Rivera Fanny Reyes Ortíz Carlos G Moreira Álvarez, Matías Pelz Seyfarth Daniela María Salas Monge Allen Cordero Ulate Cristhian González Gómez Danny Nájera Díaz Osvaldo Durán Castro Amílcar Castañeda Cortéz, docente Universidad Estatal a Distancia. Wilfrido Montezuma Rodríguez, director del Grupo Cultural Kigaribu Ngäbe. Marlon Adrián Webb Castillo, Diwö Ambiental. Francisco Javier Mojica Mendieta, investigador extensionista y docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ruth Salgado Guzmán, ONG: Proyecto Ocho. Lorena Moreira Ramírez, ONG: Proyecto Ocho. Armando Granados Carvajal, ONG: Proyecto Ocho. Vania Solano Laclé, Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR). Olivia Sylvester, Universidad para la Paz.
Organizaciones : Organización de Mujeres Mano de Tigre. Consejo de Mayores Brörán. Red de Mujeres Brörán. Dbön Orcüo. Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera. Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR). Frente Ecologista Universitario, UCR. Kioscos Socioambientales, UCR. Teribe Cultural. DITSÖ. Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida. Red Comunitaria de Gestión de Riesgos, Costa Rica. Representaciones de programas, proyectos, profesores, extensionistas y estudiantes de CONARE. Profesor y estudiantes del curso Práctica de investigación en Antropología Social, grupo Escuela de Antropología, UCR. Movimiento Estudiantil Indígena (MEI) de la Universidad Nacional. Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Red Centroamericana de Resistencia. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional. ONG: Proyecto Ocho.
Territorios Indígenas presentes : Yimba Cájc. Talamanca Bribrí. Bijagual. Térraba.
Este viernes 18 de octubre del 2024, se llevó a cabo una conferencia de prensa para divulgar un comunicado de un voto de censura que realizaron más de 900 personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, para denunciar la absolución del asesino confeso Juan Eduardo Varela, por el Tribunal de Pérez Zeledón.
En la lectura de este comunicado, se contó con la participación de la diputada Rocío Alfaro Molina, al igual que Fanny Reyes Ortíz, indígena Terraba; Zeidy Brugal Rodríguez, indígena Ngobe; y María Trejos Montero, del colectivo de apoyo a doña Digna Rivera, madre de Jerhy Rivera.
Rocío Alfaro recalcó la preocupación de la fracción Frente Amplio, por un asunto que trasciende a solo un trámite judicial, y expresó su apoyo al movimiento, para que se pueda difundir, y salga a la luz.
María Trejos Montero, leyó el comunicado, en el cual se resalta la intención de los jueces de enmarcar la situación como una lucha interna entre etnias indígenas que no se ponen de acuerdo, y la inacción de estos a mantener derechos constitucionales de tierra, al mismo tiempo que mantienen la impunidad del confeso asesino.
Fanny Reyes Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Rurales, comenta la importancia de recordar el poder hegemónico del Estado, cuya historia colonial y racista se ve plasmada en esta absolución. También, resalta el ambiente de violencia, y la complicidad entre la Fuerza Pública, y los finqueros alrededor de los territorios indígenas. Incendios provocados, amenazas sexuales a mujeres recuperadoras, disparos al aire; nada de esto ha sido castigado, en una escalada de violencia real y visible para un Estado que no hace efectiva la protección que promete a los pueblos originarios. El peligroso precedente que impone la absolución de Juan Eduardo Varela, es que se puede asesinar a un indígena de manera libre de consecuencias.
Es sumamente preocupante que los jueces no entiendan el contexto de la reivindicación de los indígenas y su derecho a la tierra, en Terraba hay una ocupación del más del 80%, si no se defienden, se perdería su cultura.
Zeidy Brugal Rodríguez resalta la lucha de la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, en donde sacaron arrastrados de las salas de la Asamblea Legislativa a sus compañeros indígenas, haciendo que llevaran esta lucha a lo interno, en los territorios indígenas, aplicando la autonomía y defendiendo su tierra, educación, salud, sus derechos. Al defender su buen vivir, se les trata como criminales, al protegerse ante talas ilegales, al defenderse en contra de la contaminación, el acoso a las compañeras indígenas, se les enmarca como violentos. Pero realmente, dice Zeidy, ¿quiénes son los violentos? ¿quienes se quieren lavar las manos? ¿Cómo es posible, que Costa Rica, un modelo de democracia a nivel internacional, permita que su sistema judicial deje impune estas situaciones?
Le invitamos a ver la conferencia de prensa con estas mujeres luchadoras y mantenerse al día, no dejar que esta situación se mantenga solamente en círculos de derechos humanos.
¡No más impunidad a los asesinatos! ¡Repudio al racismo!
Más de 900 personas y organizaciones, a nivel nacional e internacional, se unen al voto de censura pública al Tribunal de Pérez Zeledón por absolutoria a asesino confeso de Jerhy Rivera, líder indígena Bröran, Térraba, Costa Rica
18 de octubre, 2024
Comunicado
Este 18 de octubre el Colectivo de Apoyo Doña Digna Rivera entregó a Sala I de la Corte de Suprema de Justicia, el Voto de Censura al Tribunal Pérez Zeledón, en espera de confirmación de reunión por parte de la magistrada Damaris María Vargas.
Seguidamente nos trasladamos a la conferencia de prensa en la Sala de conferencias, piso N° 3 de la Asamblea Legislativa, donde se contó con la participación de Fanny Reyes Ortiz, indígena bröran de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica; Zeidy Brukwä Rodríguez Guerra, indígena ngöbe del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y María Trejos Montero, del Colectivo de Apoyo a Doña Digna, con la moderación de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina. En tanto, la licda. Nathalia Ulloa Castillo, abogada, feminista y activista de derechos humanos, por motivos de fuerza mayor no pudo hacerse presente.
El día jueves 19 de septiembre de 2024, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón declaró absuelto al asesino confeso de Jerhy Rivera Rivera. Ante esta decisión más de 900 personas y organizaciones, a nivel nacional e internacional, se adhieren al presente voto de censura, siendo medular el siguiente cuestionamiento:
¿Qué entienden por justicia los jueces José Pablo Matarrita, Richard Mena y Alexander Chavarría al declarar al asesino confeso de Jerhy Rivera absuelto del homicidio?. Quienes niegan las pruebas que un tribunal anterior había descrito así:
“…el encartado Juan Eduardo Varela Rojas, aprovechando esa circunstancia, actuando sobre seguro y sin ningún riesgo para sí, con evidente intención homicida y en represalia porque el ofendido anteriormente había herido a su hermano Juan Luis, se colocó detrás del ofendido Yehry y accionó en tres ocasiones contra este, el arma de fuego que portaba, tipo pistola, marca Daewoo, modelo DP51, calibre 9 mm, serie 07895, esto mientras exclamaba “hasta aquí llegó este indio hijuetal, sosténgamelo”, impactando dos de los disparos en el cuerpo del ofendido… 3- Acto seguido, el imputado Juan Eduardo Varela Rojas aun portando en sus manos el arma de fuego, y apuntando la misma hacia la ofendida Melisa Gutiérrez Garbanzo, amenazó injusta y gravemente a esta, a quien le dijo “usted es la que sigue, india hijuetal y su familia».
(Expediente: 20-000108-0990-PE contra: Juan Eduardo Varela – Sentencia No. 033-2023).
Denunciamos que dichos jueces desconocen y desestiman con total impunidad la Ley Indígena (N.° 6172). Artículo 3 y Artículo 5; la ratificación de la Sala IV de las sentencias sobre la ilegalidad de los propietarios no indígenas en los territorios; y el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Asamblea Legislativa en 1993 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Costa Rica desde el 2007. A su vez, esta sentencia complace, legitima clara y directamente a los ocupantes ilegales, llamados finqueros, para que continúen violentando los Derechos Humanos de los pueblos indígenas que defienden su derecho al territorio, a su cultura y a su espiritualidad. Víctimas de esta violencia han sido Sergio Rojas y Jerhy Rivera, vilmente asesinados por defender sus legítimos derechos.
Agradecemos a cada organización y persona, comprometidas con los Derechos Humanos de los pueblos originarios en Costa Rica y el mundo, el haberse sumado al presente voto de censura. De igual manera, agradecemos la anuencia y solidaridad de la Fracción del Frente Amplio, en la persona de la diputada Rocío Alfaro Molina, quienes hicieron posible este evento.
¡No más impunidad a los asesinatos y otras agresiones a los pueblos y territorios indígenas! ¡Repudio al racismo! ¡Nuestra lucha sigue y sigue!
¡Justicia para Jerhy Rivera R.! ¡Justicia para Sergio!
Síntesis de adhesiones:
Total: 902
Costa Rica: 730
A nivel internacional: 72
Alemania 13. Argentina 2. Australia 1. Bolivia 1. Canadá 3. Colombia 5. Ecuador 2. El Salvador 2. España 8. País Vasco 2. Estados Unidos 4. Francia 1. Guatemala 3. Honduras 8. Inglaterra 1. México 11. Nicaragua 2. Panamá 2. República Dominicana 1. Venezuela 1.
Este 12 de octubre, muchas personas hacen memoria de lo que fue el «mal llamado descubrimiento». Una fecha que se convirtió en tragedia para los Pueblos Indígenas de América y para los Pueblos Africanos, para nuestra población ancestral, contra quiénes se cometieron atroces atropellos, abusos, arrebato de sus Tierras/Territorios, pueblos que fueron abusados, esclavizados, vendidos, «usados como bestias de carga», mucho de eso se hizo en nombre de Dios y de las coronas europeas; que entonces, lo «justificaron diciendo que eran incivilizados y paganos».
Con la errónea idea de «descubrirlos», estos pueblos, pasaron a ser propiedad de dichos reinos europeos. Hoy se reconoce que hubo genocidio y que ningún Dios puede ser parte de eso, menos aún seguir hablando de esos hechos como «gloriosos» y de «importancia» para la humanidad; hasta los Papas católicos han pedido perdón de esa barbarie etnocida.
Después de 534 años, se continúa el arrebato, el abuso contra los Pueblos Indígenas y afrodescendientes y sus culturas, son como objetos de comercio etno-turístico y mano de obra barata y /o esclava: discriminación, racismo, maltrato, cárcel y persecución hasta el asesinato, cuando protestamos o nos revelamos. Esto ocurre en todos los países – Estados – que se crearon después de la «Conquista y la Colonia», con fronteras que borraron la organización y Gobernanza propias de estos Pueblos.
El mejor ejemplo lo tenemos en nuestra Costa Rica, donde los Pueblos Indígenas son violentados por defender y recuperar sus Tierras/Territorios, no se les reconoce sus Autoridades ni Culturas Propias, encarcelando y persiguiendo a quiénes luchan por sus derechos, ejemplo: en el 2019, asesinaron a Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI; y, en el 2020 asesinaron a Jehry Rivera Rivera, Brörán de Térraba, activista y luchador por los Derechos Indígenas; ambos crímenes quedan en la Impunidad; más aún con la Sentencia reciente del Tribunal de Pérez Zeledón que absolvió (dejó libre) al asesino confeso de Jehry, un terrateniente usurpador de tierras Indígenas, que había amenazado con matar Indígenas que «siguieran» luchando por recuperar sus tierras.
El 12 de Octubre es un día de duelo y silencio por todas las personas quienes fueron víctimas asesinadas, desaparecidas, abusadas y agredidas… no sólo con el genocidio de la Conquista y la Colonia, sino por todas las víctimas de las nuevas formas neocoloniales, del mismo sistema de muerte actual, vertical, machista, impositivo, patriarcal, voraz y violento, con sus gobernantes, jueces y empresarios y algunas cúpulas religiosas, quiénes, por «buenos negocios y ganancias» continúan conquistando, arrebatando, asesinando destruyendo y depredando la Madre Naturaleza, en todo el planeta, contra los Pueblos y personas que lo habitamos; las culturas y espiritualidades propias, como lo vemos aquí en Costa Rica y en el actual genocidio en Palestina.
12 de octubre: Nada que celebrar, una memoria triste, macabra, violatoria de todos los Derechos Humanos de todos los tiempos; sin justificación ni excusa.
Sólo la valentía y la resistencia de los pueblos que luchan, su fuerza y perseverancia, mantienen la esperanza de que un otro mundo es posible aquí y ahora. ¡¡Por eso seguimos!!
Ancestras y ancestros nos acompañan.
¡Berta, Sergio y Jehry Viven! junto a otras personas asesinadas por defender Derechos Humanos.
¡La Lucha Sigue y sigue!
Costa Rica, 12 de octubre 2024.
* Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI – Costa Rica.
* Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.
* Servicio Paz y Justicia Costa Rica – SERPAJ CR.
* Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia.- Red Ecuménica.
Causa indignación y disconformidad la absolutoria otorgada al asesino confeso Juan Eduardo Varela, quien, con dos disparos por la espalda, acabó con la vida de Jehry Rivera la noche del 24 de febrero de 2020 en el territorio Bröran de Térraba. Los jueces Richard Mena Vargas, Alexander Chavarría Segura y José Pablo Matarrita Carrillo absolvieron de la pena de homicidio calificado a Varela, quien el 17 de agosto de 2022 en una actividad pública, exclamó orgulloso haber matado a Jehry.
El Semanario Universidad reportó que el juez de apellido Mena enfatizó “el tribunal no comparte el tema de las recuperaciones y que debe haber un respeto al ordenamiento jurídico”. De esta manera, la sentencia de este tribunal local no esconde el apoyo a los ocupantes ilegales blancos que han invadido los territorios indígenas, por lo tanto, ejercen su trabajo como jueces bajo esquemas racistas y con prejuicios a los pueblos indígenas de Costa Rica, faltando a la justicia. Porque hay que recordar que las comunidades indígenas sólo han defendido su derecho a lo que les pertenece, pues es ante las invasiones de “finqueros” blancos, que los indígenas han tenido que recuperar sus propias tierras, acciones que han sido respaldadas incluso por la Sala Constitucional.
Recordemos que la Sala Constitucional, en octubre de 2022, ratificó la nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo después de la ley de 1977. Tal y como indica la resolución del expediente 21-017138-0007-CO “todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación la citada ley, se considera que no han actuado de buena fe”.
Así también, es importante recordar que el asesinato de Jerhy Rivera Rivera se enmarca en un contexto de violencia e impunidad de muchos años, en contra de las personas recuperadoras de sus tierras, según lo indica el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica, de la Coordinadora de Lucha Sur Sur. Además, remarcar que este homicidio se dio puntualmente, durante la llegada de una turba de más de cien personas al territorio de Térraba, que llegaron con la intención de intimidar y violentar a quienes se mantenían en ese momento sosteniendo recuperaciones de sus tierras ancestrales. Esto tal y como lo narró en su declaración el testigo del abogado defensor, Orlando Enrique Mata Jiménez, “ya estábamos armados con garrotes, piedras, cuchillos, los defensores de la propiedades”, dijo al referirse a la turba que llegó el día del homicidio a atacar a quienes se mantenían sosteniendo la recuperación Cancha Rayada y que fueron expulsados violentamente por ese grupo de finqueros.
Además, según Maleza Barrantes, quién asistió a varias de las audiencias como parte del Movimiento Ríos Vivos, indicó que durante el juicio vio con preocupación varias actitudes del tribunal “por ejemplo, solicitaron al abogado querellante acortar sus conclusiones, quien las finalizó en aprox. dos horas, mientras a los abogados del asesino les permitieron extenderse por aprox. 9 horas para desarrollar sus conclusiones, lo cual nos pareció una medida totalmente parcializada”. Así también indicó que “es cuestionable el hecho de que aceptaron como prueba, una captación de una llamada telefónica que la misma fiscalía tacho de ilegal que aportó el abogado del asesino, por la cual de hecho la fiscalía había solicitado días atrás, que se abriera un proceso legal contra la persona que la grabó.”
Pablo Sibar, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y quién además también sufrió agresiones por parte de los finqueros el día del asesinato de Jehry, señaló: “Jueves 19 de septiembre, un día en el que el territorio Bröran recordará que aunque llevamos más 534 años de lo que llamaron un ¨descubrimiento¨ y donde masacraron territorios enteros, seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siendo exactamente igual de racistas al dejar un asesino confeso libre, al no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras. Ya está totalmente claro que los territorios nos pertenecen. Yo le pregunto a estos jueces ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza?”
Sibar añadió: “los finqueros están claros que solo pueden con la violencia seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales, usurpadores. Pero con estas resoluciones sólo los empoderan, ya que nos pueden matar y nada pasa”. Así también: “Los pueblos indígenas queremos que nos respeten, queremos vivir con tranquilidad, en paz. Pero mientras los finqueros sigan usurpando nuestros territorios, esa paz no llegará (…) mi vida sigue corriendo peligro de ser asesinado, creí que el Poder Judicial podría dar una resolución diferente y así frenar un poco a los finqueros usurpadores de seguir generando tanta violencia en nuestro territorio”, puntualizó finalmente Pablo Sibar referente de FRENAPI.
La absolutoria al asesino confeso de Jehry Rivera es un ataque a los derechos de los pueblos indígenas. Estos jueces, como servidores públicos deberían ser separados de su cargo por aplicar criterios racistas y discriminatorios en su deber de impartir justicia.
Bibliografía:
Pomareda, Fabiola. “Sala IV ratifica nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo despúes de la ley de 1977”. Semanario Universidad, 20 de octubre de 2022. https://semanariouniversidad.com/pais/sala-iv-ratifica-que-compra-de-tierras-indigenas-por-parte-de-no-indigenas-es-nula-si-se-hizo-despues-de-promulgada-la-ley-indigena
Coordinadora de Lucha Sur Sur (Diciembre 2022). III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica” https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/09/CLSS-Informe-ENE_DIC2022-DIGITAL.pdf
Urge su adhesión al voto de censura al Tribunal Penal de Pérez Zeledón por la absolutoria del asesino confeso de Jerhy Rivera, indígena Bröran de Térraba, Costa Rica.
Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera R.
Le invitamos a seguir este enlace, leer el pronunciamiento, firmar si está de acuerdo y compartir.
Jueves 19 de septiembre un día que el territorio Brörán recordará
Aunque llevamos más de 534 años de lo que llamaron un “descubrimiento”, en el cual masacraron territorios enteros, seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siento exactamente racistas al dejar libre a un asesino confeso. A pesar de no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras, ya está totalmente definido que los territorio nos pertenecen.
Yo le pregunto a estos jueces, ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza? Los finqueros saben que sólo con la violencia pueden seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales, usurpadores, pero con estas resoluciones solo los empodera ya que nos pueden matar y nada pasa.
Miro que si un ciudadano mata a un animal puede ser severamente castigado, pienso entonces, que valemos menos que un animal. Lo que quiero decir es que si un animalito tiene derechos, ¿dónde están nuestros derechos? Nosotros también tenemos derecho, pero no logro mirar esos derechos.
Han asesinado a Sergio, caso archivado por no dar con los responsables; el caso de Jerhy: a su asesino confeso los jueces lo dejan libre.
¿Cuál será el destino de nuestros territorios? Siempre he dicho: todas y todos los costarricense son culpables de estas muertes. Los pueblos indígenas queremos que nos respeten, queremos vivir con tranquilidad, en paz, pero mientras los finqueros sigan usurpando nuestros territorios esa paz no llegará. Mientras los gobiernos no reconozcan nuestras organizaciones propias seguiremos en manos del Estado que se ha convertido en un Estado criminal.
Escribo esto desde mi recuperación, que de milagro sigo vivo, y que con este caso mi vida sigue corriendo peligro de ser asesinado. Creí que el Poder Judicial podría dar una resolución diferente y así frenar un poco a los finqueros usurpadores de seguir generando tanta violencia en nuestros territorios.
Como recuperador me siento orgulloso de tener hoy un pedacito de tierra dónde vivir y producir, aunque un abogado diga burlonamente que Pablo habló de un paraíso y me trató de usurpador en mi propia tierra. Le invito a él y a los jueces para que miren los cambios y la alegría que existe en Crun Shurín. Tenemos lo que los indígenas decimos un buen vivir. Para vivir bien seguiremos en nuestras luchas para que se reconozcan nuestros derechos y que, algún día no muy lejano, el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo nos den los derechos que nos pertenecen.
La lucha sigue y sigue el pueblo Brörán vive y vive
En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.
Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.
El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.
Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.
Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.
Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.
Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.
Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá.
En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.
¡Justicia para Jerhy! ¡Justicia para los pueblos!
¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!
Firman
Organizaciones:
Costa Rica
Alianza Escazú Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica Bloque de Vivienda Casa del Migrante Centro de Amigos para la Paz (CAP) Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811 Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra Coordinadora por la Liberación Animal Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS) Ediciones Libres, Costa Rica Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica Frente de Resistencia Animal y de la Tierra Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica Fundación Nuestramérica Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense Jornadas Solidarias, Costa Rica Micro-santuario el Rinconcito Animal Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope Movimiento yo no voy al zoo Red de Mujeres Rurales Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo) PATRULLAJE, Costa Rica. Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica. Proyecto Jirondai, Costa Rica. Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista Orgullo Disidente, Costa Rica Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG) Unidos por el Agua, Costa Rica.
Argentina
Asociación Cultural América Nativa (ACAN)
Ecuador
SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro Unión Nacional de Educadores-UNE
España
Confederación Intersindical Solidaria, España Ensenyants Solidaris, ONG Ribaborza SOS Ribarboza
Honduras
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-participa) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Garifuna, Honduras.
México
Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Consciencia Crítica(CDPCC),Guanajuato Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca CLETA-UNAM, México. Comité Leonés de Solidaridad con Palestina (COLSOPAL), Guanajuato, México Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, México Museo Comunitario Alfredo Almeida, México Red Académica de Solidaridad con Palestina, México
Internacional
Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, México. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Personas físicas:
Alejandra Davis, Estados Unidos. Alex Ramos, Costa Rica. Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica. Allen Cordero, Costa Rica. Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica Ana Mena Morelli, Costa Rica. Aren Vindas Álvarez, Costa Rica Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica. Ashley Padilla, Costa Rica. Bruno Coto Barboza, Costa Rica. Carol Davis, Estados Unidos. Carolina Rivera, Estados Unidos. Cecilia Castillo Nanjarí, Chile. Celeste Rivera, Estados Unidos. Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica. Daniel Ramírez, Estados Unidos. Daniela María Salas Monge, Costa Rica. Danilo Alizaga, Costa Rica. Denis Cálix, Costa Rica. Edgar Atencio, Costa Rica. Edwin Buezo, Estados Unidos. Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica. Elidies Rivera Navas, Costa Rica. Emily Quirós Víctor, Costa Rica. Estela Ceballos, Argentina. Fátima Gómez Campos, Costa Rica. Felipe Benítez, indígena Lenca, Honduras. Félix López Zambrana, Costa Rica. Héctor Ferlini-Salazar, Costa Rica Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica. Johan Davis, Estados Unidos. José Amesty, Costa Rica. José Luis Reyes, Estados Unidos. Josué Fernández Baldizón, Costa Rica. Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica. Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica. Leslie Andino, Estados Unidos. Luis Fernando González Marín, Costa Rica. Luis Salas Sarkis, Costa Rica. Madeline Kiser, Estados Unidos. Magda Solís Alpízar, Costa Rica. Marbella Martin Fragachan, Costa Rica. Marco Antonio Hernández Moreno, México. María Julia López, Honduras. María Trejos Montero, Costa Rica. Marielos Muñoz, Costa Rica. Marshall Valverde Chacón, Costa Rica. Miguel Barrios Gutiérrez. Miriam Miranda, Honduras. Nidia Fonseca, Costa Rica. Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica. Pilar Bravo Pemjean, Chile. Roberto Gavarrete, Costa Rica. Sara Rodas, Estados Unidos. Sara Unda, UNAM, México. Sisa Pacari, Ecuador. Sofía Becerra, Estados Unidos. Suy Wong, Costa Rica. Tiryth Vindas Campos, Costa Rica. Zaida Docouto, Estados Unidos
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Félix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
Jerhy Rivera Rivera, líder indígena asesinado en 2020, desde mucho antes exigía un cambio en la forma en que las autoridades manejan la justicia para los territorios indígenas. Su mensaje sigue vigente, pidiendo que se respeten las leyes que protegen a su pueblo.
El juicio contra Juan Eduardo Varela, el asesino confeso de Jerhy Rivera, continúa los días 5, 9 y 10 de septiembre en el Tribunal Penal de Pérez Zeledón. El Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera N. hace un llamado a la comunidad para acompañar y solidarizarse en este proceso crucial.
