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Etiqueta: autonomía indígena

Cabagra promueve la soberanía alimentaria en su territorio

Por Uriel Rojas

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra de Buenos Aires, en conjunto con el Fondo Pawanka, implementan el subproyecto denominado «Soberanía Alimentaria para el Buen Vivir de Cabagra», el cual pretende potenciar el sistema cultural de producción para contribuir con la soberanía alimentaria, la conservación y la economía familiar en las comunidades de este territorio indígena.

La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos indígenas a definir sus propias políticas agrícolas, de producción y de consumo de alimentos, priorizando la agricultura local, la conservación de sus saberes ancestrales, la agroecología y el bienestar de las comunidades por encima de los intereses del mercado global.

En nuestro país, este concepto se vincula directamente con el Buen Vivir (una vida digna en armonía con la cultura y la naturaleza).

Pawanka Fund es un fondo dirigido y creado por pueblos indígenas que apoya directamente a organizaciones y redes comunitarias en siete regiones socioculturales del mundo.

Este Subproyecto se concretó mediante la articulación y coordinación conjunta con redes regionales de incidencia, tales como la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica y el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA).

ADI Cabagra realiza mejoras en los alcantarillados de su territorio

Por Uriel Rojas

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra, situada en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas, se encuentra desarrollando una serie de intervenciones en los alcantarillados de las rutas que comunican Bajo Brisas-Calderón, San Juan-Las Delicias, San Rafael-Las Palmas, así como la ruta que comunica a la última parada de autobús.

Esta iniciativa, financiada con fondos propios, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este territorio, garantizando el acceso del transporte para el acarreo de materiales para viviendas, productos agrícolas, transporte estudiantil y demás beneficios asociados.

Estas intervenciones forman parte de la estrategia de mejoramiento de caminos vecinales implementada por la ADI Cabagra.

Hasta el momento, el esfuerzo de esta primera etapa se enfoca en la intervención de siete pasos de alcantarilla en caminos vecinales del territorio indígena de Cabagra.

Estos trabajos son fundamentales para evitar la destrucción de los caminos durante la época lluviosa y garantizar la buena conectividad entre las comunidades y los centros urbanos.

La ADI Cabagra ratifica su compromiso con las comunidades de su territorio para continuar trabajando por el bienestar integral de sus habitantes.

Foro en vivo sobre las universidades y los procesos de recuperación y reafirmación de las comunidades indígenas

El jueves 1 de octubre, a las 6:00 p. m., se realizará el foro en vivo «Las universidades y los procesos de recuperación y reafirmación de las comunidades indígenas», que se transmitirá por Facebook Live de SURCOS Digital.

Participarán:

  • José Antonio Mora, docente de la Sede de Occidente, de la Escuela de Geografía y del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR)

  • Kemly Dayana Ulate, licenciada en Trabajo Social

  • Abigail Lacayo, licenciada en Trabajo Social

  • María Fernanda Hernández, licenciada en Trabajo Social

  • César Moya, investigador del CICDE de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)

La actividad es organizada por la Alianza por una Vida Digna, la Escuela de Geografía UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, el Programa Kioscos Socioambientales y SURCOS Digital.

La agria relación entre Pueblos Originarios con el Estado-DINADECO y algunas ADIs

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo

Catedrático jubilado TEC
Ecologista FECON

Imponer las reglas del Estado contra la voluntad de un Pueblo Indígena no es nada nuevo en Costa Rica. Esto es lo que está ocurriendo con las acciones de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) en favor de Hiden Mayorga Escalante de la Asociación de Desarrollo Integral de Talamanca, ADITIBRI. Mayorga Escalante fue destituida e inhabilitada como presidenta en Asamblea de ADITIBRI tras habérsele probado su responsabilidad en la firma de multimillonarios contratos privados sobre “créditos de carbono” para explotar comercialmente los bosques del territorio Bribri de Talamanca, en contra de lo definido en la Asamblea de ADITIBRI. Las normas básicas de autonomía dictan que es la gente indígena la que debe decidir, pero DINADECO alega faltas en el “debido proceso”, con lo cual favorece a la presidenta destituida de ADITIBRI violentando acuerdos de la Asamblea indígena.

Para comprender la acción de DINADECO debemos partir de que las ADI son una imposición del Estado sobre las estructuras propias de los Pueblos Originarios. Así lo han reconocido Naciones Unidas y sentencias de la Sala Constitucional de Costa Rica. Las ADIs fueron creadas por el Estado y en muchos casos representan los intereses de la institucionalidad que sigue violentando derechos fundamentales de los Pueblos Originarios como el derecho a la Tierra y a organizarse según sus propias estructuras y definiciones culturales. El desconocimiento de esos derechos es parte del racismo en Costa Rica que conduce a la destrucción de la identidad cultural indígena y la desaparición forzada de muchas estructuras propias de organización social en los territorios indígenas.

En muchos casos, la imposición de las ADIs no sólo rompió los sistemas de vida y organización social propios los territorios indígenas, ya de por si debilitados, reducidos y hasta desaparecidos tras siglos de borramiento cultural, sino que vulneró y socavó espacios más pequeños y sensibles de la vida cotidiana dando origen a rupturas entre personas, familias, clanes y a divergencias irresolubles en cuanto a cómo relacionarse con el Estado y el mundo externo. Muchas rivalidades hoy día siguen llegando a tribunales ordinarios del Estado en los cuales los antiguos y nuevos conflictos se juzgan, pero no se resuelven, con las leyes “sikuas”/no indígenas que no coinciden con las normas y el derecho propio o consuetudinario y las culturas de las personas indígenas.

ADIs contra las estructuras culturales de los Pueblos Originarios

En las últimas décadas ha subido el tono sobre las contradicciones jurídicas y culturales entre ADIs y las estructuras propias de los Pueblos Originarios en Costa Rica. La Sala Constitucional mediante la Sentencia 10224-2010 reiteró que la Ley Indígena No. 6172 de 1977 reconoce “que las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase y que no son entidades estatales”. También señala que el artículo 4 de esa ley, “establece que las Reservas Indígenas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales” lo cual legitimaría diversas instancias culturales propias de los Pueblos Originarios, pero agrega “o de las leyes de las República que los rijan”. Esta última frase es letal y clave pues abre todas las posibilidades de sustitución del andamiaje cultural propio y autónomo porque, como indicamos, la colonización llevó al borramiento o desaparición de las estructuras sociales tradicionales.

Esa y otras sentencias generan discrepancias sobre la aplicación de la Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, su Reglamento del 26 de abril de 1978 y todavía más del Decreto Ejecutivo No. 13568-C-G del 30 de abril de 1982: «Representación legal de las Comunidades Indígenas por las Asociaciones Desarrollo y como Gobierno Local», porque delega en las ADIs indígenas, por medio de DINADECO, la gobernación de los territorios indígenas. En su artículo 1 ese Decreto establece que “Las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan como gobierno local de éstas”, con lo cual se les da supremacía sobre las estructuras de organización propias de las personas indígenas. Además, el artículo 3 involucra directamente a DINADECO estableciendo que “las Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley No. 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento». Es a partir de esas definiciones que organizaciones como el Consejo de Derecho Propio de Talamanca Bribri, el Consejo de Mayores y Mayoras Bröran del territorio de Térraba, los Consejos Salitre y Yama bi di Kata/Cabagra, o el Consejo cultural conformado por la gente Ngäbe de Abrojo Montezuma, entre otros, son desconocidos y quedan en total desventaja.

La sentencia del 2010 que mencionamos repetía lo indicado antes en la sentencia #2002-2623 del 13 de marzo del 2002 en la cual la Sala IV había establecido que la ADI no es la única forma de representación indígena, que es una alternativa cuando no hay estructuras propias de organización indígenas y que son la organización “que más se asemeja a la naturaleza comunitaria de la organización tradicional Indígena”. Sin embargo, la misma Sala IV descalifica o al menos resta valor práctico a las estructuras propias indígenas pues agrega que “adicionalmente, este tipo de estructura jurídica (las ADIs) le permite disfrutar a este sector de la población de especiales beneficios de los que no disfrutarían con otro tipo de estructuración jurídica”, y especifica que tales beneficios incluyen “servicios, donaciones, subvenciones, y transferencias anuales de dinero, tanto del Estado como de sus instituciones”. No hace falta conocer los estados de cuenta de algunas ADIs para saber que juegan en un espectro financiero, administrativo y político muy amplio, y que en esas canchas las alianzas adecuadas resultan tan indispensables como gratificantes.

No resulta necio reiterar que la imposición de las ADIs a los Pueblos Originarios ha sido expuesta en múltiples informes especiales de Naciones Unidas, como el del 30 de mayo de 2011 en el que el Relator Especial James Anaya explica que “los pueblos indígenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negación de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades”. En otro Informe del 11 de julio de 2011, el mismo relator habla directamente de suplantación cuando señala que “…el Reglamento a la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo 8487 de 1978, efectivamente suplantó el reconocimiento de la autoridad de las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas para representar a las comunidades en cuestiones de desarrollo sostenible, estableciendo en su lugar a las Asociaciones de Desarrollo Integral para tal fin” (subrayado ODC).

Otro Informe del año 2010 del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, titulado “La Situación del Pueblo Indígena Térraba de Costa Rica: Una Solicitud para Consideración bajo el Procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación”, señala que “los pueblos indígenas…han cuestionado la imposición y operación de las ADIs en sus territorios argumentando una negación de su derecho al autogobierno a través de sus propias instituciones y a la gobernanza de sus tierras y comunidades”.

Algunos estudios académicos se han salido del canasto y se han animado a reconocer que las ADIs no son la única y legítima representación indígena. Un buen ejemplo es la tesis de licenciatura en derecho de la Universidad de Costa Rica “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas de Costa Rica: análisis de caso”, de Jazmín Granados Torres, que apunta en la dirección que hemos explicado: “La forma de organización jurídica impuesta por el Estado a los territorios indígenas han sido las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), las cuales tienen la representación jurídica y extrajudicial de las comunidades, pero dicha concepción fue una imposición del Estado que no responde necesariamente la realidad cotidiana de la vida indígena…”.

En conclusión, las ADIs han agudizado las contradicciones entre las personas y dentro las comunidades indígenas pues establecen la contradicción entre aliarse e incluso supeditarse a la institucionalidad oficial o mantener autonomía y determinación.

Las ADIs que ejercen el poder de manera impositiva exacerban la mutilación cultural y asumen prácticas racistas de desmantelamiento, deslegitimación, desconocimiento e irrespeto de las estructuras culturales propias de la gente indígena. Tiene toda la razón Gabriella Habtom, secretaria del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, al señalar que “las ADIs son gobiernos locales que reportan y son parte del Gobierno Central”. Eso explica que la relación entre los Pueblos indígenas y el Estado-DINADECO, genere sospechas sobre desconocer y vilentar derechos culturales, imposición de organizaciones foráneas, control político, manipulación, colusión de intereses, defensa y acuerdos con dirigencias afines, desconocimiento de autonomía, e incluso “premios” y “compra” de voluntades con dinero.

La trama de los “bonos de carbono” pareciera apuntar a un sospechoso favorecimiento que incluye reuniones, abrazos, firma de contratos, diálogos y acuerdos entre Mayorga Escalante, empresarios privados, incluso extranjeros, la dirección de DINADECO y hasta la presidencia de la República.  Algo así como un posible intercambio, muy amistoso, de ayudas políticas, palancas e influencias y mucho dinero.

ADI 1 PLENARIA UTLALA

Personas Bribri de Salitre, China Kichá, Térraba/Brorän, Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), Ngäbe de Abrojo Montezuma, Bajo Los indios, Cabécar de China Kichá y otras comunidades, en diálogo sobre las contradicciones entre ADIs y estructuras propias de los Pueblos Originarios.

Pueblos indígenas celebran que Asamblea Legislativa reabra a consulta el proyecto de acciones afirmativas

Pablo Sibar destaca disposición de la diputada Norjelens María Lobo Vargas y de la comisión legislativa para escuchar a los pueblos indígenas y mejorar el expediente 24.196, aprobado previamente en primer debate (escuchar palabras)

Buenos Aires, Puntarenas. La decisión de devolver a comisión el proyecto de ley N.° 24.196, denominado “Promoción de acciones afirmativas en favor de las personas indígenas”, fue recibida con satisfacción por el dirigente Brörán Pablo Sibar Sibar, quien destacó la disposición de la diputada Norjelens María Lobo Vargas y la comisión legislativa de abrir el proyecto a la participación de los pueblos indígenas y otras instituciones.

La diputada Lobo Vargas informó mediante sus redes sociales que la Asamblea Legislativa decidió que el proyecto fuera consultado también con los pueblos indígenas y otras instituciones, con el objetivo de mejorar su contenido y procurar que el resultado responda a las poblaciones a las que está dirigido.

La decisión ocurre después de que el expediente había sido aprobado en primer debate el pasado 8 de abril y en medio de cuestionamientos de organizaciones indígenas y sectores académicos sobre la ausencia de una consulta sustantiva durante su trámite legislativo.

Para Pablo Sibar, integrante del Consejo Brörán de Térraba, recuperador de Crun Shurín y miembro de la Coordinación Nacional de FRENAPI, la devolución a comisión constituye una oportunidad para corregir esa situación.

“Excelente, me parece muy atinado. Todos los proyectos que tienen que ver con derechos indígenas es importante que los conozcan nuestras comunidades”, afirmó Sibar en reacción al anuncio de la diputada.

El dirigente Brörán valoró especialmente que la Asamblea Legislativa manifieste ahora disposición para escuchar a los territorios y mejorar la iniciativa. “Me siento contento de que esta diputada, o los diputados, como dice ella, estén dispuestos a mejorar este proyecto, estén dispuestos a escucharnos”, señaló.

Más que limitarse a celebrar la decisión, Sibar planteó a la diputada una disposición concreta de los pueblos indígenas para participar en el proceso de revisión del proyecto. “Yo le quiero decir a la diputada que nos ponemos a su disposición”, manifestó.

El dirigente señaló que las comunidades cuentan con propuestas y experiencias acumuladas durante décadas de lucha por sus derechos y que esa participación debe permitir discutir no solamente medidas de inclusión institucional, sino las condiciones necesarias para garantizar la autonomía, la cultura, la espiritualidad y los proyectos de vida de los pueblos indígenas.

“Estamos dispuestos a aportar, a ver cómo hacemos para que cuando la Asamblea apruebe un proyecto, que realmente este proyecto nos beneficie”, afirmó. Para Sibar, la discusión debe ir más allá de la creación de espacios administrativos o de la incorporación de personas indígenas a determinadas instituciones estatales.

“Siempre le hemos pedido al pueblo costarricense que nos escuche y que nos deje equivocarnos, que nos deje pensar y que nos deje realmente una línea de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir”, afirmó.

Sibar recordó las décadas de lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el largo proceso legislativo del proyecto de autonomía indígena, que permaneció durante años sin ser aprobado.

“Queremos que se aplique el Convenio 169 y que somos territorios indígenas y que desde ahí esa Asamblea debe trabajar y debe luchar para que realmente nuestros pueblos tengamos una forma de vida diferente”, sostuvo.

Antecedentes. La satisfacción ante la devolución a comisión contrasta con la forma en que el expediente 24.196 avanzó inicialmente en la Asamblea Legislativa. En un artículo publicado el 14 de mayo, Pablo Sibar cuestionó precisamente esta contradicción: un proyecto que incorpora la consulta a los pueblos indígenas como uno de sus principios había avanzado hasta primer debate sin que, según las organizaciones y comunidades consultadas, existiera un proceso de consulta real en los territorios.

“¿Cómo es posible que un proyecto que habla de consulta a los pueblos indígenas avance sin que nosotros lo conozcamos?”, planteó entonces Sibar. Su cuestionamiento apuntaba a una diferencia fundamental entre informar o remitir un proyecto a una organización y desarrollar un proceso de consulta sustantivo.

Los cuestionamientos al proyecto no se han limitado a la ausencia de participación indígena. Un análisis publicado por Mauricio Álvarez Mora, docente de las Escuelas de Geografía y Ciencias Políticas, del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR e IDELA-UNA, señaló que la iniciativa presentaba vacíos importantes en su diagnóstico, mecanismos de implementación, financiamiento, seguimiento y evaluación.

El análisis también cuestionó que la propuesta privilegiara medidas como la reserva de plazas en instituciones públicas sin abordar algunas de las condiciones estructurales que afectan a los pueblos indígenas, particularmente el acceso y control del territorio, la autonomía y las posibilidades de desarrollar proyectos de vida propios en las comunidades.

Una de las preocupaciones señaladas fue precisamente la ausencia de instituciones académicas con experiencia en estos temas dentro del proceso de consulta. El análisis llamó la atención sobre el hecho de que no se hubiera consultado a instituciones como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, pese a que ambas cuentan con investigaciones y programas de acompañamiento relacionados con pueblos y territorios indígenas.

La devolución del proyecto a comisión permitiría, por tanto, ampliar la discusión no solo hacia los pueblos indígenas, sino también hacia universidades públicas, organizaciones, especialistas y otras instituciones con experiencia en la materia.

Audio de Pablo Sibar:
https://drive.google.com/file/d/1pesiAx4KYBANj4W8gq1ZygbN5feQl19c/view?usp=sharing 

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Pueblo Bribri de Talamanca advierte que mercados de carbono generan conflicto social y exigen respeto a la autonomía indígena

Representantes del pueblo Bribri de Talamanca alertaron sobre el conflicto que ha generado dentro del territorio la negociación de un convenio relacionado con mercados de carbono y reiteraron que cualquier decisión sobre el uso y manejo de los bienes naturales debe respetar la libre determinación, la consulta y los mecanismos propios de gobierno indígena.

Las declaraciones fueron realizadas durante el programa Voces y Política de Radio Universidad, el pasado miércoles 8 de julio, dedicado a analizar la situación que vive actualmente el territorio indígena Bribri de Talamanca, a partir del debate sobre los mercados de carbono y los desafíos que enfrenta la autonomía indígena frente a nuevas presiones sobre el territorio.

Durante el programa, el educador y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Emanuel Buitrago Páez, señaló que la discusión no gira únicamente alrededor de un conflicto o contrato específico, sino sobre el derecho de las comunidades a decidir el futuro de su territorio.

«Lo que nosotros hemos defendido históricamente es nuestro proyecto de vida. Ese proyecto de vida está constituido por la tierra, los bosques, los ecosistemas, los ríos, nuestras formas de producción, nuestra alimentación y nuestras expresiones culturales.»

Buitrago explicó que, históricamente, Talamanca ha enfrentado distintas presiones vinculadas a intereses petroleros, madereros, hidroeléctricos y, más recientemente, a mecanismos de mercado asociados al carbono. En ese contexto, cuestionó que continúen impulsándose iniciativas sin que exista información suficiente ni procesos adecuados de consulta con las comunidades.

Asimismo, recordó que la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Talamanca (ADITIBRI) había eliminado en 2025 la posibilidad de negociar nuevos contratos relacionados con mercados de carbono y que, tras reabrirse la discusión este año, la Asamblea acordó la destitución de la Presidencia de la Asociación.

«La posición que han sostenido las comunidades ha sido muy clara: cualquier decisión de esta naturaleza debe ser informada, consultada y respetar plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.»

Por su parte, la lideresa indígena Faustina Torres destacó que el pueblo Bribri mantiene estructuras propias de organización y autoridades tradicionales que continúan orientando la vida comunitaria y la defensa del territorio.

«La comunidad es la que decide; la comunidad vela por los principios de la colectividad y por los derechos propios», afirmó, al explicar que la representación jurídica no sustituye las decisiones colectivas que corresponden al pueblo.

Torres también manifestó su preocupación por los efectos que estas disputas generan dentro del territorio y advirtió sobre las consecuencias sociales y culturales de las campañas de desinformación.

«Actualmente es muy triste ver a mi pueblo dividido, defendiendo intereses alejados de la verdad. Como indígenas tenemos que fortalecer nuestra forma de vivir, de pensar y de sentir esta realidad.»

La lideresa recordó que las amenazas sobre Talamanca no son nuevas y forman parte de una larga historia de defensa territorial frente a intereses externos.

«Así como nuestros mayores y nuestros ancestros lucharon para mantener este territorio y nuestra cultura, también nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo.»

Las personas participantes coincidieron en que el debate actual trasciende el tema de los mercados de carbono y plantea preguntas fundamentales sobre la autonomía indígena, la representación, el derecho a la consulta y la defensa del proyecto de vida del pueblo Bribri.

El Programa Voces y Política es una producción conjunta de la Escuela de Ciencias Políticas, el Observatorio de la Política Internacional, la Escuela de Estudios Generales y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Para conocer las entrevistas completas y el contexto del debate puede consultarse la edición correspondiente del programa Voces y Política: https://www.youtube.com/watch?v=0ROQEsLmXY8

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

IDELA-UNA expresa solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera

Heredia, Costa Rica, 8 junio de 2026. El Consejo Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), en sesión extraordinaria 02-2026 celebrada el 4 de junio de 2026, aprobó un pronunciamiento de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.

El Instituto manifestó su profunda solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes que continúan resistiendo en sus territorios, así como con las personas que han debido exiliarse tras sufrir persecución, encarcelamiento, desapariciones forzadas, despojo territorial y otras formas de violencia ejercidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento destaca la gravedad de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, reconocido líder miskitu y defensor histórico de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, quien falleció bajo custodia estatal luego de permanecer casi tres años en condición de detención arbitraria y desaparición forzada.

Durante décadas, Rivera impulsó la defensa de la autonomía de la Costa Caribe, la protección de los territorios indígenas y la reivindicación de los derechos históricos de los pueblos originarios. Su detención se produjo después de denunciar ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en abril de 2023, la situación de violencia, invasiones territoriales y violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Para el IDELA, la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto de persecución política, criminalización de liderazgos indígenas y afrodescendientes, invasiones territoriales, desplazamientos forzados y exilio. Diversas organizaciones indígenas han advertido que estas acciones amenazan la supervivencia física, cultural y territorial de los pueblos originarios de la Costa Caribe.

El Consejo Académico también manifestó su preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o desaparecidas. En particular, exigió prueba de vida y la liberación inmediata de Steadman Fagot Müller y de los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.

Acuerdos del pronunciamiento

Ante estos hechos, el Consejo Académico del IDELA acordó:

  • Condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución, el encarcelamiento y la muerte de personas que demandan el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

  • Demandar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas en Nicaragua.

  • Exigir una investigación independiente que esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y establezca las responsabilidades correspondientes.

  • Exigir prueba de vida y la liberación inmediata de las personas indígenas actualmente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.

  • Reiterar su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, especialmente con quienes viven en condición de desplazamiento y exilio forzado en Costa Rica.

El Instituto expresó además un mensaje de acompañamiento a las comunidades indígenas exiliadas en Costa Rica, reconociendo el dolor y la incertidumbre que enfrentan, pero también la larga memoria de resistencia construida frente al racismo, la colonización y el despojo territorial.

Finalmente, el Consejo Académico afirmó que la memoria de Brooklyn Rivera continuará presente en las luchas por la autonomía, la defensa de los territorios, la justicia y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y de toda Abya Yala.

Pronunciamiento completo.

ADI Cabagra y comités de implementación PAFT realizan mejoras a caminos en Alto de Brazo de Oro

Uriel Rojas

Desde el pasado lunes 01 de junio de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra junto a los Comités de Implementación de los Programas de Planes Ambientales, Forestales y Territoriales (PAFT), iniciaron una serie de trabajos en los caminos que comunican a los poblados de “Tubölwak” y Barrio “Los Figueroa” en el Alto de Brazo de Oro de Cabagra.

Estas mejoras comprenden un trayecto de aproximadamente 1659 metros, así como la colocación de material estabilizador en tres cuestas de muy difícil acceso, para facilitar el rodamiento y soporte al peso de los vehículos.

Estos trabajos comunitarios se concretan gracias a los fondos derivados del CREF, lo cual permitirá la ejecución exitosa del proyecto de alumbrado público que lleva a cabo el Instituto Costarricense de Electricidad en Cabagra, pues las pésimas condiciones del camino impedían el acceso de equipo y maquinaria para la instalación de postes y cableado.

Estos proyectos de mejoramiento a la red vial territorial beneficiarán de manera directa a más de 28 familias indígenas de ambos poblados.

ADI Cabagra y comisiones de implementación del PAFT entregan proyectos de vital importancia para las comunidades de Las Delicias y San Juan

Por Uriel Rojas

✅Proyectos son financiados con fondos CREF a través de los PAFT

Este domingo 24 de mayo de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra (ADICABAGRA), en conjunto con las Comisiones de Implementación del PAFT, realizaron la entrega de dos proyectos de infraestructura que son fundamentales para las comunidades de Las Delicias y San Juan.

Estas obras beneficiarán de manera directa a estudiantes, productores locales y a más de 150 familias del territorio.

Dichos proyectos fueron financiados mediante la distribución de beneficios derivados de los fondos CREF en Costa Rica y forman parte de la ejecución estratégica del Plan de Acción Forestal Territorial (PAFT).

En la comunidad de Las Delicias de Cabagra, se inauguró el puente sobre la quebrada Yö̀lkuö Diköl, ubicado en el acceso principal de la localidad.

Esta estructura viene a solucionar parte de los históricos problemas que se generaban cada vez que se crecía esta quebrada tanto para los estudiantes, agricultores y población en general.

El otro proyecto fue la entrega de un tanque para el almacenamiento de agua potable, al menos para las siguientes cinco décadas.

Esta obra destaca por haber sido construida y dirigida en su totalidad por obreros y mano de obra local, fortaleciendo las capacidades técnicas de la propia comunidad.

Más de 150 familias de la comunidad de San Juan serán beneficiadas con este proyecto de agua, lo que, sin duda, ayudará a mejorar sus condiciones de vida.

«La Arrastrada»: 15 años de un quiebre que transformó la lucha indígena por tierra, autonomía y derechos

De Hablemos DDHH

El 19 de abril de 2010, durante el Día de la Persona Indígena en Costa Rica, liderazgos indígenas realizaron una acción pacífica dentro de la Asamblea Legislativa para exigir la votación del Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas, estancado por más de 17 años. La respuesta estatal fue el desalojo violento: sin diálogo, la Fuerza Pública ingresó de madrugada, cortó servicios y sacó a las personas indígenas arrastrándolas hasta la calle. Este hecho se conoce como “La Arrastrada”.

“La Arrastrada” marcó un antes y un después en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Evidenció racismo estructural, falta de voluntad política y el cierre de las vías institucionales. El proyecto de ley nunca fue aprobado y terminó siendo archivado, pese a haber sido construido con participación indígena.

A partir de ese momento, según el líder brörán Pablo Sibar Sibar, muchas comunidades decidieron no volver a la capital a pedir derechos y optaron por ejercerlos directamente en sus territorios. Así inició una nueva etapa de lucha: las recuperaciones de Tierras Ancestrales desde 2011 en territorios como Salitre, Térraba, Cabagra, Curré y China Kichá, basadas en derechos reconocidos pero enfrentadas con violencia, amenazas y criminalización.

Este proceso ocurre en un contexto de incumplimiento de derechos, como la falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT) y la imposición de estructuras estatales como las ADI, que limitan la autodeterminación. La conflictividad ha sido agravada por la ocupación ilegal de territorios y la inacción estatal.

En este escenario fueron asesinados dos defensores indígenas: Sergio Rojas Ortiz (2019) y Jehry Rivera Rivera (2020), crímenes que permanecen en la impunidad y reflejan la falta de protección efectiva que le corresponde al Estado costarricense.

Por eso, “La Arrastrada” se conmemora no solo como un acto de violencia estatal, sino como el punto de quiebre que impulsó una lucha más directa por la Tierra, autonomía y libertad.

A más de una década, la demanda sigue vigente: respeto a los DDHH, devolución de los Territorios Ancestrales y reconocimiento pleno de la autodeterminación de los pueblos indígenas.