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Etiqueta: autonomía indígena

Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

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11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”. 

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH.

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones. 

Inversión extranjera oxigena al régimen 

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024. 

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López. 

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el «caso de Canadá». Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.   

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulkan, y agregó que es importante «que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”. 

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este.

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal. 

Impunidad persistente 

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL. 

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y  Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero. 

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras. 

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó.

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense: 

  • El cumplimiento íntegro de las medidas de proteccióna favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
  • Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades. 

La audiencia completa se puede revisar en la página web de la CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/default.asp?S=190 

 

Imagen: Imagen: https://www.servindi.org

Comunicado del Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtchö Wakpa

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Se emitió un comunicado de parte de la organización Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtchö Wakpa para abordar que dicha organización es autóctona sustentado en el derecho consuetudinario, en la propia autodeterminación y autonomía que alcanza 11 años de existencia. 

Además del trabajo al interno de dicho territorio en rescate y conservación de la madre tierra, medio ambiente y su naturaleza espiritual, cultural, en educación, y salud aplicado a los espacios de la cosmovisión Bribri en defensa de los derechos indígenas que han sido adquiridos desde la existencia de los mismos. 

Se defienden lo anterior a partir del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. En el artículo 8, apartado 2, se menciona: “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”.

Adicional, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, donde en el artículo 4 se escribe:  “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”, y su artículo 5: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.

Asimismo la Ley Indígena #6172 artículo 4 dice así: “Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por un Consejo directivo representante de toda la población; del consejo principal dependerán comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerita”.

El comunicado aborda que dichos principios tutelan conjuntos legales para los derechos colectivos de la población indígena. Adicionalmente, el Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtchö Wakpa aclara públicamente que no tiene ningún tipo de vínculo de trabajo organizacional ni de representación, dentro ni fuera del territorio, con la señora Thais Vidal Navarro.

Mensaje de Pablo Sibar Sibar al finalizar 2023 e iniciar un nuevo año de lucha

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SURCOS comparte este mensaje enviado por Pablo Sibar Sibar, miembro del Consejo de Mayores del pueblo indígena Brörán y luchador histórico por los derechos de los pueblos originarios.

Amigas y amigos que apoyan nuestras luchas de derechos indígenas, hoy finaliza el 2023 y entramos al 2024 con sufrimientos muy fuertes, como los que padece el pueblo palestino.

Solo escucho cómo los poderosos matan a tanta gente inocente que defiende sus territorios. Qué situación más difícil esa, que no se respete la vida y entonces pienso qué pasará con nuestras tierras si algún día lográramos liberarlas.

Es posible que nunca nos dejen liberarlas; llevo más de 40 años de escuchar mentiras como las que dijo Chaves por primera vez en su gobierno: que compraría tierra a los pueblos indígenas.

Nosotros luchamos por tener nuestra propia Autonomía, pero el Estado nos controla con la Asociación de Desarrollo (ADI). Un indígena no puede valerse o defender sus derechos, nos siguen viendo como el pobrecito indio que no piensa, que tenemos que depender del ADI. Yo digo: no se vale que el Estado nos controle de esa manera porque es una destrucción, no con armas que explotan, pero es una destrucción muy disimulada que ni nosotros nos damos cuenta.

Serán 14 años de la Arrastrada de la Asamblea Legislativa, donde afuera, tirados en la calle decidimos regresar a nuestros territorios a recuperar nuestras tierras, pero ya hace tiempo se encuentran paralizadas. Han sido dos asesinatos que están en la impunidad.

Chaves dijo en Buenos Aires a pocos meses de su gobierno que tiene plata para pagar a los poseedores de buena fe y tierra para reubicar a los que se irán desalojando, pero que si se seguimos con las recuperaciones nos meterá a la cárcel. No ha hecho nada, pero sembró el miedo.

Yo hablo de que las asociaciones de desarrollo en territorios indígenas son como un saco de anzuelos, pero ahí las está fortaleciendo porque desde ahí hacen lo que les da la gana, y muchas ADIs seguirán obedientes a lo que él les diga, porque si se revelan, solo les extiende un cheque de servicios ambientales y boca cerrada.

Así estamos los pueblos indígenas, pero les escribí esto porque ustedes son nuestras amigas y nuestros amigos, donde nos refugiamos, donde nos dan calorcito para seguir adelante y así hacer que nuestra lucha continúe creciendo y mejorando; aprendiendo para que nuestras futuras generaciones puedan vivir en paz.

Me queda un sin sabor: si algún día lográramos tener nuestros tierras liberadas, ¿el poder nos respetará teniendo bosques, agua…?

Bueno, mejor les deseo un buen año 2024 y que la lucha siga y siga hasta que muera el sol.

Sala Constitucional ratifica autonomía de organizaciones propias del Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra)

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Comunicado

Miércoles 27 de setiembre de 2023. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución N.º 2023017107 de las nueve horas treinta minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés, declaró IMPROCEDENTE gestión de posterior, interpuesta por JOSE MAXIMILIANO TORRES TORRES, GUMERCINDO TORRES TORRES, ANTONIO FERNÁNDEZ TORRES, AVELINO GRANDA ORTIZ, y EMILIANO DÍAZ DÍAZ, en relación con la sentencia nro. 2023-001768 de las 09:15 horas del 27 de enero de 2023.

Mediante escrito presentado ante la Sala Constitucional, estas personas en representación del Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtechö Wakpa y las Autoridades Tradicionales Étnicas de Mayores solicitaron revisión de la sentencia 2023-001768 de las 09:15 horas del 27 de enero de 2023 y además plantearon solicitud de audiencia a los magistrados y magistradas de esta honorable corte.

La sentencia 2023-001768 del 27 de enero de 2023 reconoció el carácter autónomo y la competencia del Consejo Iriria Sätkök y el Tribunal Indígena de Cabagra, para determinar la identidad indígena de los habitantes del Territorio Indígena de Cabagra.

Las gestionantes en su escrito les plantearon a los magistrados que con la sentencia “han generado un gran daño a la comunidad, que al día de hoy nuestra población sufre la más grave de las consecuencias, se nos ha violentado y desechado nuestro valor cultural y social en nuestro territorio por resoluciones de DINADECO fundamentados en dicho voto”.

Ante esta solicitud la sala constitucional indico que estas personas ”no se encuentran legitimados procesalmente para actuar ante este Tribunal a fin de solicitar lo pretendido. En consecuencia, la gestión planteada resulta improcedente y lo procedente es desestimarla”.

En cuanto a la solicitud de audiencia solicitada, la Sala indicó que el recurso de amparo que origino la resolución objetada, “pudo analizarse, valorarse y resolverse bajo hechos, principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal, por lo que la comparecencia peticionada resulta innecesaria.”

Importante recordar que las organizaciones que solicitaron la revisión del voto constitucional, Consejo de Mayores Iríria Jtechö Wakpa y las Autoridades Tradicionales Étnicas de Mayores, recientemente presentaron como su asesora y representante legal a la abogada Thais Vidal Navarro, quien fue condenada penalmente por usurpación del Territorio de Salitre y representa judicialmente a algunas de las personas que ocupan ilegalmente los Territorios de los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica.

Con este reciente fallo del 14 de julio del 2023, el tribunal constitucional reafirma la autonomía de las organizaciones propias de los Pueblo Originarios.

Consejo Iríria Sätkök

Tribunal Indígena de Cabagra.

CLSS: continúa diálogo por autonomía y derechos de pueblos indígenas

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  • Organizaciones Propias de Pueblos Originarios del sur de Costa Rica se reúnen con Mesa Técnica Interinstitucional y DINADECO.

  • Diálogo continúa abierto en búsqueda de soluciones que respeten la autonomía y los derechos de estos Pueblos.

Jueves 8 de junio de 2023. Delegadas/os de organizaciones propias de los Pueblos Originarios Brörán de Térraba y Bribri de Salitre y Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra) sostuvieron una reunión de trabajo con miembros de la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos indígenas representada por Sergio Sevilla (Viceministro de Justicia y Paz) quien coordina dicho espacio, la Directora Nacional de DINADECO Fabiola Romero Cruz, Donald Picado Director del Departamento Legal, otros funcionarios de DINADECO y representantes del Ministerio de Seguridad Pública; durante la mañana de ayer miércoles 7 de junio en las instalaciones de DINADECO.

La audiencia fue solicitada por las organizaciones propias y la Coordinadora de Lucha Sur Sur para buscar soluciones ante la participación de personas que no pertenecen a estos Pueblos Originarios en los padrones de afiliados de las Asociaciones de Desarrollo Indígenas (ADIS) de los Territorios Brörán de Térraba y Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), así como la intervención de DINADECO en ambos casos.

La actual administración Chávez Robles por medio del “Plan de Acción Territorios Indígenas Buenos Aires” del 24 de febrero de 2023 impulsado por la Mesa Técnica Interinstitucional para los Pueblos Indígenas, ha promovido la afiliación masiva a las ADIS de la zona sur del país por medio de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) para promover la participación de la población indígena en las respectivas ADIS, lo que significa una intromisión y la violación a la autonomía de estos Pueblos en sus formas de organización y gobernanza propias.

En el caso del Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), DINADECO emitió el Oficio DINADECO-DDN-OF-095-23 del 1 de febrero de 2023 por medio del cual se creó una Comisión para la revisión y conformación del padrón de afiliados de la ADI de Cabagra, quienes posteriormente nombraron un grupo de Mayores para validar la condición de indígena de las personas afiliadas o solicitantes.

El jueves 23 de marzo de 2023, 14 miembros del grupo de Mayores que trabajaba en la depuración del padrón, tomó la decisión de anular el requisito de tener clan para ser considerado como miembro del Pueblo Bribri y estar en el padrón de la ADI. Textualmente establece el parámetro 2 para determinar quién es indígena acordado por este grupo: “La descendencia indígena de padre o madre independientemente de su etnia será suficiente y se considera indígena y puede estar incluido en el padrón para que pueda desarrollarse dentro del territorio”.

El 27 de marzo de 2023, Naciones Unidas Costa Rica, expresa su preocupación por lo acontecido en el Territorio Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra) con la depuración del padrón de personas afiliadas a la ADI en relación a la identidad indígena y reiteró la importancia de aplicar las recomendaciones del Relator Especial de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas dirigidas al Estado de Costa Rica en setiembre del 2022.

Mediante resolución DINADECO-DDN-RE-035-2023 del 28 de marzo de 2023, DINADECO decidió “anular el nombramiento de la Comisión de revisión y conformación del Padrón de afiliados de la ADI de Cabagra y el Grupo de Mayores, así como sus actuaciones”.

Esta misma resolución indicaba que “con miras al objetivo de depurar el padrón de afiliados de la ADII, que permita la celebración de un nueva asamblea que elija su junta directiva, la institución consultará a distintas instancias territoriales e instituciones con la finalidad de que el proceso a seguir sea respetuoso de la autonomía, costumbres y tradiciones intrínsecas del Territorio Indígena de Cabagra”.

DINADECO mediante resolución DRB-099-2023 del 23 de mayo, autorizó la realización de una próxima Asamblea General de afiliadas y afiliados a la ADI para el 10 de junio de 2023, sin haberse realizado una depuración del padrón de personas afiliadas a esta organización, de acuerdo a las normas culturales de este Pueblo Bribri y sin cumplir lo indicado en la resolución DINADECO-DDN-RE-035-2023 del 28 de marzo de 2023 en cuanto a la consulta a organizaciones propias y otras instituciones; lo cual deviene en una evidente contradicción por parte de esta institución, la cual inició todo este proceso bajo el argumento de la necesidad de depurar dicho padrón, depuración que no se ha realizado.

En este momento existe una gran presión por parte de ocupantes ilegales de este Territorio Bribri para que se realice la asamblea programada para el próximo sábado 10 de junio sin la depuración debida del padrón y con la intención de incorporar a personas NO indígenas en dicho padrón.

Se debe tener presente que los Pueblos Bribri y Cabécar se organizan de acuerdo a clanes establecidos por Sibö, para ser Bribri o Cabécar hay que tener clan, el cual solamente lo hereda la madre, son culturas matrilineales y esto no lo puede modificar nadie. Es una norma cultural ancestral que da sentido a la organización social de estos Pueblos.

En relación al Territorio Brörán de Térraba se exhortó a DINADECO a cumplir con su obligación de aplicar la Resolución DND-121-2020 de esta institución en el sentido de ordenar la depuración del padrón de afiliados de la ADII de Térraba conforme a la Base de Datos oficializada en el Decreto Ejecutivo N.41903-MP del 8 de agosto de 2019 y se entregó el Oficio 01-06-2023-C-D-T-I-T-B.01 de la Comisión de Defensa de los Derechos del pueblo Indígena Térraba Brörán, con una serie de demandas en relación a la necesaria depuración del padrón.

La intervención de DINADECO se da en un contexto de ocupación ilegal de los Territorios Indígenas, discursos e intereses discriminatorios y racistas donde grupos de interés quieren “ser indígenas», aunque en la práctica estos grupos provocan una violencia material y simbólica sistemática contra los Pueblos Originarios y lo que persiguen es perpetuar la ocupación ilegal de los Territorios.

Como resultado de la reunión de trabajo, las personas representantes gubernamentales se comprometieron a que en la fecha en la que se realice la Asamblea General en Cabagra solo se permitirá la participación de personas indígenas y a continuar con el diálogo para garantizar el respeto a los derechos de este Pueblo Bribri; además, DINADECO deberá resolver el día de mañana viernes 9 de junio un recurso de apelación en subsidio presentado por un miembro de esto Pueblo contra la resolución DRB-099-2023 del 23 de mayo de este ente, que autorizó la realización de la Asamblea General para el 10 de junio.

En el caso del Territorio Brörán de Térraba la comitiva institucional se comprometió a cumplir con la resolución DND-121-2020 y acelerar las comunicaciones y el trabajo conjunto que deben realizar con el Tribunal Supremo de Elecciones para la depuración del padrón de afiliados de acuerdo a la Base de Datos.

Las organizaciones que suscriben este comunicado le recordamos al Estado de Costa Rica y especialmente a DINADECO acatar las recomendaciones emitidas en el Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU A/HRC/51/28/Add.1, de las cuales destacamos: “respetar los criterios de pertenencia a cada pueblo basados en sus procesos de autoidentificación y garantizar el reconocimiento explícito y formal de los pueblos indígenas en el derecho interno a través de medidas constitucionales, estatutarias o judiciales, conforme al principio de autoidentificación y la libre determinación” y exigimos el respeto a los derechos humanos, el derecho indígena, la identidad, la autonomía y las normas culturales de los Pueblos Originarios.

Durante la reunión un grupo de personas y representantes de organizaciones sociales manifestaron su apoyo a las luchas y demandas de los Pueblos Originarios y exigieron el respeto a sus derechos y culturas por parte del Estado de Costa Rica, en medio de un excesivo e innecesario despliegue policial, sobre lo cual prontamente se estará emitiendo un comunicado.

Para cualquier comunicación;

coordinadoraluchass@gmail.com

consejoiririasatkok@gmail.com

codiawdayedi@gmail.com

anselmoflores012@gmail.com

roberthmv1974@gmail.com

 

– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra).

– Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú, China Kichá.

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglö. China Kichá.

– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä, China Kichá.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego; China Kichá.

– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.

– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.

– Comité de apoyo a los Pueblos indígenas Iríria Tsöchok.

https://www.facebook.com/100068456688706/posts/pfbid0cAfTwspRkF65gJmJd2eb9r8FadFpP1mM5DFakTRLkrHBd5eYfoBr3PXFNpq8A5mWl/?mibextid=Nif5oz

Mensaje de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

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Comunicado oficial

El proceso llevado a cabo por DINADECO en Cabagra no es culturalmente apropiado y no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos que protegen a los pueblos indígenas, preocupa los temas de seguridad, paz y convivencia pacífica en este contexto.

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con fundamento en su Ley de creación N°5251, le compete pronunciarse en protección del pueblo indígena Bribrí de Cabagra. Manifiesta, que el procedimiento seguido por DINADECO violenta los derechos culturales de los pueblos indígenas reconocidos nacional como artículo 1 de la Constitución Política y la Ley Indígena e internacionalmente como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT (supraconstitucional para Costa Rica). Se denota desconocimiento, de carácter riesgoso en derechos, ante las medidas tomadas para apresurar la asamblea de este territorio del 10 de junio 2023, poniendo en peligro sistemas propios culturales del pueblo Bribrí.

La institución considera de gran importancia empoderar al territorio de Cabagra a realizar procesos en mira de la transparencia y anticorrupción. Sin embargo, se debe cumplir con los estándares internacionales donde se procure respetar los principios de autodeterminación y autonomía, procurando con ello que no se ponga en riesgo la participación legítima de las personas indígenas, así como la protección contra personas no indígenas con intereses particulares que puedan amedrentar los espacios propios de las personas indígenas, tal como lo indica las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en su apartado de Libre determinación, autogobierno y participación política (A/HRC/51/28/Add. 1) y el dictamen de la procuraduría «… por ello es inconcebible que personas no indígenas puedan participar de ellas por ejemplo, en la asambleas generales, en mucho menos, que se les permita acceder a puestos de decisión como la Junta Directiva, o aún representantes por las asociaciones ante otras entidades…» (C-045-2000 del 9 de marzo del 2000)

Es por esto que la CONAI hace un llamado a las instituciones en este caso DINADECO a respetar su resolución del 29 de marzo del 2023, cumpliendo la consulta según los estándares internacionales antes de convocar a asamblea según la resolución DDN-RE- 035-2023 en donde su parte dispositiva resolvió: La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con fundamento en los hechos expuestos y consciente del perjuicio en la comunidad, estima anular el nombramiento de la Comisión para la Revisión y Conformación del Padrón de Afiliados de la ADII de Cabagra y el Grupo de Mayores citado, así como sus actuaciones, con el fin de replantear el proceso seguido y garantizar que situaciones tan gravosas no se vuelvan a dar. En este cometido, de previo a determinar las acciones a seguir, con miras al objetivo de depurar el padrón de afiliados de la ADII, que permita la celebración de una nueva asamblea que elija su junta directiva, la institución consultará a distintas instancias territoriales e institucionales con la finalidad de que el proceso a seguir sea respetuoso de la autonomía, costumbres y tradiciones intrínsecas del Territorio Indígena de Cabagra. 

Territorio y autonomía para el Pueblo Ngäbe de Sixaola, en Voces y Política

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Este miércoles 19 de abril tendremos el programa: “Territorio y autonomía para el Pueblo Ngäbe de Sixaola” con la participación de Eusebio Julián y Eulalia Tomás representantes del Pueblo Ngäbe de Sixaola.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM y véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica https://www.facebook.com/radiouniversidad

23 años de lucha por los derechos de los pueblos indígenas

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El pasado viernes 17 de febrero de 2023, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) realizó una conferencia de prensa en la que se refirieron a los 23 años de lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Esta conferencia contó con la participación en la mesa principal de representantes de todos los pueblos indígenas: Pablo Sibar Sibar, Zeidi Rodríguez Guerra, Luisa Bejarano Montezuma, Felipe Vargas Morales, Virginia Beita Zúñiga y Jenny Lacayo Elizondo.

El tema principal de la conferencia, luego de explicar el contexto actual de lucha desde los pueblos indígenas, fue la agenda elaborada para el trabajo que los pueblos indígenas se plantean durante este año 2023 y los que vienen, durante la Asamblea Anual de Frente Nacional de Pueblos Indígenas. Dicha agenda es principalmente un llamado a toda la población indígena a defender los derechos a la tierra, a la protección de su idioma, identidad y autonomía, así como el acceso a sus semillas que le garanticen seguridad alimentaria.

Además de esto, otros puntos importantes que fueron abordados fueron: la inoperancia del Estado en los casos de asesinados de Jehry Rivera y de Sergio Rojas, especialmente este último que se mantiene con impunidad; las Asociaciones de Desarrollo Indígena que desde el FRENAPI se caracterizan como una instancia impuesta a los pueblos indígenas por parte de los gobiernos, y como una forma de violencia y control; también la omisión que realiza el Ministerio de Educación Pública (MEP) cuando a la enseñanza de la espiritualidad de los pueblos originarios se refiere.

Para finalizar, la lucha indígena se realiza desde la paz y el llamado a continuar la lucha siempre mantiene el carácter pacífico, sin embargo, las situaciones de discriminación, violencia, racismo, homicidio y usurpación de tierra llevan inevitablemente a la violencia ejercida desde estos terratenientes invasores, en complicidad con el Estado.

¡La lucha sigue!

Puede ver la conferencia de prensa completa en este enlace: Facebook Live | Facebook

Comunicado de la Red de Mujeres Rurales y Tinamaste ante el juicio 23 al 25 de enero 2023

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Del 23 al 25 de enero se realizará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera, indígena bröran, recuperante de tierras y defensor de los derechos ambientales en su territorio. Estos acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre la violencia que se vive en el campo costarricense, nos debe obligar a no ser indiferentes, a tomar posiciones y actuar.

Es necesario empezar diciendo o recordando que este país se ha construido sobre el racismo. El proceso de invasión española marca el origen de las relaciones que hoy se viven y que no se revisan ni se critican a profundidad, por eso Costa Rica es un país tremendamente racista y lo vivimos a diario las comunidades indígenas, además del racismo que viven otros grupos. En este país se desconoce o niega la historia local y nacional y con ello la historia oficial borra la identidad de cada región que ha tenido presencia indígena.

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En la Red de Mujeres Rurales, en conjunto con Tinamaste, hemos ido analizando que hay muchas formas en las que se muestra el racismo. Este racismo, si bien ha existido desde hace mucho tiempo, con muchas discriminaciones por el color de la piel, por el grupo al que se pertenece, no es un asunto del pasado. Sigue existiendo y es alimentado por muchas políticas que ignoran, olvidan o se dedican a agredir a los pueblos.

Vivimos en una sociedad que quiere ocultar las discriminaciones, para hacernos pensar que son naturales, mientras nos siguen despojando de la tierra y los bienes de los pueblos.

El control que ejercen los gobiernos, representantes de los sectores dominantes, mediante sus instituciones, impone una visión del mundo occidental, neoliberal, extractivista y egoísta hacia nuestros territorios, hacia nuestras formas de vida y los bienes comunes.

Este control institucional, que llaman desarrollo, ha significado para los pueblos la pérdida de autonomía, que repercute en el debilitamiento de las relaciones comunitarias, del tejido social que nuestros ancestros y ancestras tenían como parte de su identidad. Han venido matando nuestras culturas, y por lo tanto matando nuestra identidad.

El juego de los poderosos ha sido dividir para vencer, se han impuesto gobiernos locales por medio de las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIS), en muchos casos con dirigentes que abusan del poder y abusan de los bienes que le pertenecen a las comunidades; hacen lo que el poder les dicta y traicionan a los pueblos. Estas ADIS no representan al territorio, son representantes del gobierno, no de la comunidad. El absurdo es que en la mayoría de los territorios participan invasores no indígenas en la elección de las ADIS. Por eso decimos que los territorios deben ser saneados.

En la Red hemos caminado en reivindicar e indagar para conocer la historia de las mujeres y hombres, de las áreas rurales y las comunidades. Consideramos que es necesario conocer la historia de los procesos de cómo se organiza una comunidad, la forma de vivir de los hombres y mujeres que habitaron los territorios ancestrales, que vivieron en equilibrio con los demás elementos, que se organizaban para realizar tareas comunales desde la autogestión, la solidaridad y para el bienestar de la comunidad.

Las mujeres del campo hemos intercambiado información y conocimiento entre nosotras, indígenas y campesinas, para conocer las distintas formas de despojo, de discriminación y desprecio. Porque vivimos discriminación por el color de la piel, por nuestros rasgos, por nuestra forma de hablar. Y hemos conocido de las compañeras que hemos sido discriminadas en los servicios de salud, en las instituciones que no toman nuestras denuncias por violencia física, sexual o psicológica, y menos tenemos posibilidad de respeto sobre nuestros bienes, sobre los daños al ambiente. Nuestras demandas no son atendidas por ser mujeres del campo, por ser indígenas, afrodescendientes o campesinas y por ser pobres.

Pero el racismo ha llegado a sus formas más brutales contra las mujeres y los pueblos indígenas, con el asesinato. Por eso los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, no son hechos aislados. Y como mujeres organizadas en defensa de nuestros derechos vemos el incremento de la violencia contra las mujeres y contra los pueblos indígenas. Esto no es casualidad, mujeres y pueblos indígenas estamos no solo conociendo nuestros derechos, sino luchando porque sean realidad estos derechos.

Las mujeres rurales, indígenas y campesinas vivimos discriminaciones y racismo desde que nacemos, porque nos establecen y nos agreden cuando nos niegan el derecho a producir nuestros alimentos y nos imponen en el mercado qué debemos comer, cómo vestir, cuando nos imponen qué trabajos realizar, cuando no podemos estudiar e incluso somos excluidas de poder decidir. La política y las instituciones se especializan en no favorecer realmente a las mujeres, porque las mujeres seguimos sin acceso a la tierra, sin acceso a bienes y sin poder decidir en nuestros espacios y territorios.

Las mujeres del campo, igual que los distintos pueblos de este país, hemos venido viviendo una economía que concentra cada vez más la tierra, para que la población rural seamos solo peones y peonas, que no tomemos decisiones sobre la tierra, la forma de producir y la organización de las comunidades. La violencia en nuestros territorios tiene que ver con las características económicas de este país. Por eso se violan leyes y convenios internacionales, o se hacen otras leyes para favorecer a las empresas, mientras se dejan impunes los asesinatos y femicidios.

Por eso como Red de Mujeres Rurales-Tinamaste seguimos luchando para que esto cambie y nos podamos respetar aunque los colores de nuestras pieles sean distintos y nuestras formas de vida y culturas tengan diferencias.

Llamamos a toda la población a exigir justicia, a exigir no más despojo y violencia contra los pueblos indígenas, no más despojo y violencia contra las mujeres, que son manifestaciones del mismo modelo de sociedad.

¡No más impunidad ante la violencia contra las comunidades indígenas!

¡Repudio a los asesinatos políticos de Sergio Rojas y Jehry Rivera y exigir justicia!

¡No más impunidad ante los femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres!

¡Respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios!

¡Respeto a los derechos de las mujeres indígenas en sus territorios!

 

RED DE MUJERES RURALES-TINAMASTE

18 de enero 2023

Un fallo que honra la vida de Sergio Rojas Ortiz

Escrito el . Publicado en Comunidad, Derechos.

Por Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo ITCR-ecologista FECON

El fallo No. 2022024725 de la Sala Constitucional del 19 de octubre de 2022 reafirma lo que la Sala Primera había reconocido con total claridad en al menos catorce sentencias: que dentro de los territorios indígenas desde la entrada en vigencia de la Ley Indígena N° 6172, publicada en La Gaceta N° 89 del 10 de mayo de 1978, cualquier “venta o compraventa de propiedades es absolutamente nula», como dijo el magistrado Fernando Castillo. La Sala IV reconoce el derecho de los pueblos originarios al rechazar un recurso contra algunas resoluciones de la Sala Primera, mediante las cuales esta Sala había rechazado la pretensión de ocupantes ilegales de consolidar esos negocios de “mala fe”.

La violencia generada por la usurpación de los territorios originarios y el no reconocimiento de la Ley indígena y de otras leyes nacionales, lo mismo que de convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, han impedido poner en práctica lo que con toda claridad señala el artículo 3 de la Ley indígena: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

El fallo de la Sala IV limpia la dignidad de Sergio Rojas Ortiz, pisoteada y vilipendiada en razón de su lucha. Reconfirma que Sergio en esta materia siempre tuvo la razón, que ninguno de sus argumentos estaba errado, que tenía total conocimiento de la legislación nacional e internacional en la que respaldaba cada una de sus acciones, que el derecho consuetudinario y cultural de los pueblos originarios también era y sigue siendo válido, y que su muerte no fue más que una expresión de todas las formas de violencia que han soportado los pueblos originarios.

Este fallo reivindica la lucha que Sergio mantuvo por décadas con cientos de personas indígenas en medio de descalificaciones de los gobiernos y de la institucionalidad. Y tal vez, uno de los aspectos al que más hay que poner atención, es que cuando Sergio fue encarcelado por 7 meses sin que nunca se le hiciera una acusación formal, estaba enfrentando clara y directamente el racismo, el odio y la persecución que alguno.as funcionario.as del Poder Judicial descargaban contra él y contra los pueblos originarios. Es por racismo que se siguen negando los derechos de la gente indígena y se juzgan las usurpaciones como disputas ordinarias de derecho agrario.

La inteligencia de Sergio se fundía con su sabiduría y su paciencia segura y silenciosa ante las agresiones, y esto resultada desconcertante para sus enemigos abogados, jueces, carceleros y terratenientes usurpadores; y hasta para la gente indígena que no compartía su trabajo. Sin embargo, esas fueron las cualidades que le dieron arrojo hasta el último minuto de vida en las montañas de Yeri donde lo acribillaron. De alguna manera el odio con que lo mataron se empequeñece con este fallo de la Sala Constitucional. Sergio y la gente indígena que sigue defendiendo sus derechos siempre han tenido la razón, y su muerte, y la de Jerhy Rivera Rivera, sólo se explican por el racismo que con distintas expresiones persiste en una parte de la sociedad costarricense y, desgraciadamente, en alguna parte de la institucionalidad insensible e deliberadamente negligente.

Otra de las hazañas de Sergio Rojas Ortiz fue trabajar por los derechos legítimos de sus pueblos desde la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. Llegar a presidir esa ADI fue por sí sólo un reto que siempre había sido impensable para la mayoría de la gente indígena, aun cuando querían desprenderse de los controles “sikuas”/no indígenas. Esos eran tiempos en que, sin tapujos, las ADIs de los territorios indígenas eran manipuladas, controladas y dirigidas sin el menor cuidado por entidades como la Comisión nacional de asuntos indígenas (CONAI), DINADECO, ministerios, partidos políticos y hasta terratenientes ocupantes ilegales de tierras indígenas. “Hubo muchos casos en que los mismísimos finqueros eran presidentes de las ADIS dentro de nuestros propios territorios, y nosotros estábamos por debajo de ellos, como aplastados, la mayoría de la nuestra gente estaba con miedo y sin fuerzas para hacer alguna resistencia”; así lo reconocen Pablos Sivas Sivas y otras personas que estuvieron con Sergio por décadas pero mucho más luego del 2010, cuando las recuperaciones se convirtieron en la acción directa de hacer valer derechos jurídicos y culturales en su propia tierra.

Romper con el dominio sikua de las ADIs era romper con un cimiento del colonialismo viejo y moderno. Eso supuso enfrentamientos con todo en “andamiaje” del Estado, y también con mucha gente de los propios pueblos. De hecho, hasta hoy persisten las confrontaciones entre ADIs y Consejos de Mayores que son la forma cultural de organización indígena, sobre si son o no legales las recuperaciones. En esa disputa está quedando claro que los Consejos de mayores que siguen la línea de trabajo de Sergio Rojas tienen la razón.

Cuando Sergio estuvo al frente de la ADI de Salitre se inició una fase histórica para los pueblos originarios. Su presidencia en la ADI le permitió a la gente indígena comprender que a pesar de que esas organizaciones se implantaron para sustituir sus organizaciones culturales, se podían usar para recuperar y defender sus derechos. Eso fue algo que jamás le perdonaron. Efectivamente, Sergio actuó con una determinación descomunal y una inspiración que estimuló a su pueblo. Desde esos años Sergio tuvo la claridad que hoy reafirman las instancias jurídicas de mayor rango en el país. Su ausencia de miedo y su certeza se podrían resumir en la pregunta que él mismo le hacía a la gente que quería sumarse a las recuperaciones: “¿Están dispuestos a morir?”. Esa misma pregunta se la siguen haciendo hombres y mujeres recuperadoras que hoy viven en vilo, “con un ojo cerrado y el otro abierto”, porque las agresiones no han terminado. Pero a pesar de la inseguridad, lo que sí se reconoce en los territorios recuperados es que hay muchas semillas de Sergio germinando.

Sergio no se esperó a resoluciones para ejercer sus derechos y estaría celebrando este fallo sin dejar de afilar las herramientas para recuperar más tierras. Con la sentencia de la Sala IV se reafirma que es correcta la acción de los pueblos que están ejerciendo justicia por su propia mano, recuperando su tierra en Saka Duwë Senaglo, Seglö Kaskä, Kono Jú, San Andrés, Crun Shurin, Yuwi Senaglo y Kelpego. Aunque el fallo no es el fin de este proceso, sí es una señal concreta de que se pueden recuperar la tierra y los derechos de los pueblos originarios que fueron negados por siglos.

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Este fallo contribuye a limpiar la ultrajada vida de Serio Rojas Ortiz y ojalá sea un refuerzo para que la sociedad costarricense supere todas las formas de discriminación y racismos contra los pueblos originarios. Eso implica conocer los derechos de estas personas, como los establecidos en la Ley indígena. Ya no hay pretexto para que todas las tierras usurpadas desde que entró en vigencia la Ley indígena no sean devueltas a los pueblos originarios que son sus legítimos dueños. De nuevo se ponen a prueba la voluntad y la capacidad de la institucionalidad de Costa Rica, y especialmente de quienes deben actuar para hacer valer esos derechos. ¿Con qué fundamento un tribunal de menor rango podría juzgar en sentido contrario de lo sentenciado tantas veces por la Sala Primera y ahora por la Sala IV?

El fallo es un avance muy importante pero no elimina las dificultades, como se comprueba con el rechazo y las controversias que ya se exponen, por ejemplo, en un audio que circula en Buenos Aires de Osa, cuyo emisor desconocemos: “Si ese artículo (el 3) de la ley estuvo malo , la gente no tiene la culpa porque la mayoría de la gente no conoce las leyes y los abogados desconocen un montón de normas que no se deben aplicar…”

“…aquí no existe ningún poseedor de mala fe todos son de buene fe…,…entraron a ejercer derechos…todos comprados…”.

“…ya están llenando las arcas los Arburola y otro grupo ahí para pedirle plata a la gente para hacer otro juicio y perderlo”.