Ir al contenido principal

Etiqueta: autonomía indígena

IDELA-UNA expresa solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera

Heredia, Costa Rica, 8 junio de 2026. El Consejo Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), en sesión extraordinaria 02-2026 celebrada el 4 de junio de 2026, aprobó un pronunciamiento de solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia de Nicaragua ante la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y la continuidad de la represión contra quienes defienden los derechos colectivos de sus pueblos.

El Instituto manifestó su profunda solidaridad con las comunidades indígenas y afrodescendientes que continúan resistiendo en sus territorios, así como con las personas que han debido exiliarse tras sufrir persecución, encarcelamiento, desapariciones forzadas, despojo territorial y otras formas de violencia ejercidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento destaca la gravedad de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan, reconocido líder miskitu y defensor histórico de los derechos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe nicaragüense, quien falleció bajo custodia estatal luego de permanecer casi tres años en condición de detención arbitraria y desaparición forzada.

Durante décadas, Rivera impulsó la defensa de la autonomía de la Costa Caribe, la protección de los territorios indígenas y la reivindicación de los derechos históricos de los pueblos originarios. Su detención se produjo después de denunciar ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en abril de 2023, la situación de violencia, invasiones territoriales y violaciones de derechos humanos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.

Para el IDELA, la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto de persecución política, criminalización de liderazgos indígenas y afrodescendientes, invasiones territoriales, desplazamientos forzados y exilio. Diversas organizaciones indígenas han advertido que estas acciones amenazan la supervivencia física, cultural y territorial de los pueblos originarios de la Costa Caribe.

El Consejo Académico también manifestó su preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o desaparecidas. En particular, exigió prueba de vida y la liberación inmediata de Steadman Fagot Müller y de los guardabosques mayangnas Celso Lino Argüello, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno, Ever Bruno Palacio, Tony Bruno Smith y Olivier Bruno Palacio.

Acuerdos del pronunciamiento

Ante estos hechos, el Consejo Académico del IDELA acordó:

  • Condenar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución, el encarcelamiento y la muerte de personas que demandan el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

  • Demandar la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas en Nicaragua.

  • Exigir una investigación independiente que esclarezca las circunstancias que rodearon la muerte de Brooklyn Rivera Bryan y establezca las responsabilidades correspondientes.

  • Exigir prueba de vida y la liberación inmediata de las personas indígenas actualmente desaparecidas o detenidas arbitrariamente.

  • Reiterar su solidaridad con los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, especialmente con quienes viven en condición de desplazamiento y exilio forzado en Costa Rica.

El Instituto expresó además un mensaje de acompañamiento a las comunidades indígenas exiliadas en Costa Rica, reconociendo el dolor y la incertidumbre que enfrentan, pero también la larga memoria de resistencia construida frente al racismo, la colonización y el despojo territorial.

Finalmente, el Consejo Académico afirmó que la memoria de Brooklyn Rivera continuará presente en las luchas por la autonomía, la defensa de los territorios, la justicia y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y de toda Abya Yala.

Pronunciamiento completo.

ADI Cabagra y comités de implementación PAFT realizan mejoras a caminos en Alto de Brazo de Oro

Uriel Rojas

Desde el pasado lunes 01 de junio de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra junto a los Comités de Implementación de los Programas de Planes Ambientales, Forestales y Territoriales (PAFT), iniciaron una serie de trabajos en los caminos que comunican a los poblados de “Tubölwak” y Barrio “Los Figueroa” en el Alto de Brazo de Oro de Cabagra.

Estas mejoras comprenden un trayecto de aproximadamente 1659 metros, así como la colocación de material estabilizador en tres cuestas de muy difícil acceso, para facilitar el rodamiento y soporte al peso de los vehículos.

Estos trabajos comunitarios se concretan gracias a los fondos derivados del CREF, lo cual permitirá la ejecución exitosa del proyecto de alumbrado público que lleva a cabo el Instituto Costarricense de Electricidad en Cabagra, pues las pésimas condiciones del camino impedían el acceso de equipo y maquinaria para la instalación de postes y cableado.

Estos proyectos de mejoramiento a la red vial territorial beneficiarán de manera directa a más de 28 familias indígenas de ambos poblados.

ADI Cabagra y comisiones de implementación del PAFT entregan proyectos de vital importancia para las comunidades de Las Delicias y San Juan

Por Uriel Rojas

✅Proyectos son financiados con fondos CREF a través de los PAFT

Este domingo 24 de mayo de 2026, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra (ADICABAGRA), en conjunto con las Comisiones de Implementación del PAFT, realizaron la entrega de dos proyectos de infraestructura que son fundamentales para las comunidades de Las Delicias y San Juan.

Estas obras beneficiarán de manera directa a estudiantes, productores locales y a más de 150 familias del territorio.

Dichos proyectos fueron financiados mediante la distribución de beneficios derivados de los fondos CREF en Costa Rica y forman parte de la ejecución estratégica del Plan de Acción Forestal Territorial (PAFT).

En la comunidad de Las Delicias de Cabagra, se inauguró el puente sobre la quebrada Yö̀lkuö Diköl, ubicado en el acceso principal de la localidad.

Esta estructura viene a solucionar parte de los históricos problemas que se generaban cada vez que se crecía esta quebrada tanto para los estudiantes, agricultores y población en general.

El otro proyecto fue la entrega de un tanque para el almacenamiento de agua potable, al menos para las siguientes cinco décadas.

Esta obra destaca por haber sido construida y dirigida en su totalidad por obreros y mano de obra local, fortaleciendo las capacidades técnicas de la propia comunidad.

Más de 150 familias de la comunidad de San Juan serán beneficiadas con este proyecto de agua, lo que, sin duda, ayudará a mejorar sus condiciones de vida.

«La Arrastrada»: 15 años de un quiebre que transformó la lucha indígena por tierra, autonomía y derechos

De Hablemos DDHH

El 19 de abril de 2010, durante el Día de la Persona Indígena en Costa Rica, liderazgos indígenas realizaron una acción pacífica dentro de la Asamblea Legislativa para exigir la votación del Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas, estancado por más de 17 años. La respuesta estatal fue el desalojo violento: sin diálogo, la Fuerza Pública ingresó de madrugada, cortó servicios y sacó a las personas indígenas arrastrándolas hasta la calle. Este hecho se conoce como “La Arrastrada”.

“La Arrastrada” marcó un antes y un después en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Evidenció racismo estructural, falta de voluntad política y el cierre de las vías institucionales. El proyecto de ley nunca fue aprobado y terminó siendo archivado, pese a haber sido construido con participación indígena.

A partir de ese momento, según el líder brörán Pablo Sibar Sibar, muchas comunidades decidieron no volver a la capital a pedir derechos y optaron por ejercerlos directamente en sus territorios. Así inició una nueva etapa de lucha: las recuperaciones de Tierras Ancestrales desde 2011 en territorios como Salitre, Térraba, Cabagra, Curré y China Kichá, basadas en derechos reconocidos pero enfrentadas con violencia, amenazas y criminalización.

Este proceso ocurre en un contexto de incumplimiento de derechos, como la falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT) y la imposición de estructuras estatales como las ADI, que limitan la autodeterminación. La conflictividad ha sido agravada por la ocupación ilegal de territorios y la inacción estatal.

En este escenario fueron asesinados dos defensores indígenas: Sergio Rojas Ortiz (2019) y Jehry Rivera Rivera (2020), crímenes que permanecen en la impunidad y reflejan la falta de protección efectiva que le corresponde al Estado costarricense.

Por eso, “La Arrastrada” se conmemora no solo como un acto de violencia estatal, sino como el punto de quiebre que impulsó una lucha más directa por la Tierra, autonomía y libertad.

A más de una década, la demanda sigue vigente: respeto a los DDHH, devolución de los Territorios Ancestrales y reconocimiento pleno de la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Ley en papel, derechos negados: la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas

SURCOS. En Costa Rica existe una ley que, en el papel, reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de la Ley Indígena N.° 6172, aprobada en 1977, que establece principios contundentes: la propiedad colectiva de los territorios, la exclusividad de su uso por parte de las comunidades indígenas y la obligación del Estado de garantizar su protección.

Sin embargo, casi medio siglo después, la realidad en los territorios indígenas muestra una profunda contradicción: lo que la ley reconoce, en la práctica se incumple de manera sistemática.

Un marco legal preciso… que no se cumple

La Ley Indígena no deja espacio para ambigüedades. Desde su inicio define a los pueblos indígenas como sujetos colectivos con identidad propia y reconoce sus territorios como propiedad exclusiva de las comunidades. Además, establece que estas tierras son inalienables, imprescriptibles y no transferibles, y prohíbe expresamente que personas no indígenas puedan adquirirlas o utilizarlas.

Asimismo, la ley dispone que el Estado debe reubicar o expropiar a las personas no indígenas que ocupen tierras dentro de los territorios, y actuar de inmediato ante nuevas invasiones. También declara el cumplimiento de esta legislación como una prioridad nacional, obligando a todas las instituciones públicas a colaborar en su ejecución.

El reglamento complementa este marco, señalando mecanismos organizativos, representación jurídica y coordinación institucional para hacer efectivos esos derechos.

En otras palabras: la ley existe, es precisa y otorga herramientas suficientes para garantizar los derechos territoriales indígenas.

La realidad: territorios invadidos y derechos vulnerados

Pese a este marco jurídico, múltiples denuncias —como las que hemos venido documentando en SURCOS— evidencian una realidad muy distinta:

  • Territorios indígenas ocupados por personas no indígenas.
  • Procesos de recuperación de tierras enfrentados con violencia.
  • Ausencia de acciones efectivas del Estado para cumplir la ley.
  • Condiciones de vida marcadas por exclusión social, pobreza estructural y falta de acceso a servicios básicos.

Esta brecha entre ley y realidad no es accidental. Responde a una debilidad estructural del Estado para garantizar derechos cuando se trata de poblaciones históricamente marginadas.

Una ley nacida en un contexto limitado

El análisis de la historiadora Alejandra Boza Villarreal aporta claves importantes para entender esta situación. La Ley Indígena surge en un contexto en el que el Estado costarricense buscaba reconocer la existencia de los pueblos indígenas, pero lo hacía desde una visión todavía limitada, marcada por enfoques asistencialistas e integracionistas.

Si bien la ley representó un avance significativo para su época —al reconocer la propiedad colectiva y la autonomía territorial—, no rompió completamente con las estructuras de poder que históricamente han subordinado a los pueblos indígenas.

Esto explica, en parte, por qué la ley ha sido más declarativa que efectiva: reconoce derechos, pero no transforma las condiciones estructurales que impiden su cumplimiento.

El problema de fondo: voluntad política y modelo de desarrollo

El incumplimiento de la Ley Indígena no puede explicarse únicamente como una falla administrativa. Se trata de un problema más profundo:

  • Falta de voluntad política sostenida para ejecutar desalojos y procesos de recuperación territorial.
  • Conflictos con intereses económicos, especialmente en zonas donde hay presión sobre la tierra.
  • Un modelo de desarrollo que no prioriza los derechos de los pueblos indígenas, pese a lo que establece la ley.

Incluso cuando la legislación establece que solo las comunidades indígenas pueden explotar los recursos dentro de sus territorios, en la práctica se han documentado situaciones de uso indebido, extracción de recursos y afectaciones ambientales que contradicen ese mandato.

Organización comunitaria frente a la ausencia estatal

Ante este escenario, muchas comunidades han impulsado procesos de organización y recuperación territorial. La propia ley reconoce la importancia de las estructuras comunitarias y formas organizativas indígenas, así como su derecho a administrar sus territorios.

Sin embargo, estas iniciativas han debido avanzar, en muchos casos, sin el respaldo efectivo del Estado, e incluso enfrentando criminalización o violencia, con asesinatos y amenazas como expresión de ese clima.

Esto plantea una pregunta central: ¿hasta qué punto el Estado está dispuesto a cumplir su propia ley?

Más que una deuda legal, una deuda histórica

El problema no es que falten normas. El problema es que no se cumplen.

La situación de los pueblos indígenas en Costa Rica revela una contradicción profunda entre el discurso de país respetuoso de los derechos humanos y la realidad en los territorios.

Cumplir la Ley Indígena no es solo una obligación jurídica. Es una condición mínima para avanzar hacia una sociedad que respete la diversidad, la dignidad y los derechos colectivos.

Una tarea pendiente

A casi 50 años de su aprobación, la Ley Indígena sigue siendo una promesa incumplida.

Garantizar su aplicación efectiva implica:

  • Recuperar territorios ocupados ilegalmente.
  • Fortalecer la autonomía de las comunidades.
  • Asegurar condiciones de vida dignas.
  • Reconocer plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derechos.

Mientras esto no ocurra, la ley seguirá siendo un texto avanzado… pero insuficiente frente a una realidad que continúa negando derechos fundamentales.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

A 7 años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz organizan plantón por su memoria

Este próximo miércoles 18 de marzo a las 9:00 a.m. en el Pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR) se realizará un “Plantón por la memoria del compañero y hermano Sergio Rojas”, al cumplirse siete años de su asesinato, que continúa en la impunidad. La actividad es convocada por la Coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y Juventudes Indígenas.

Ante la pregunta ¿Quién lo mató?, las personas organizadoras responden con firmeza: “¡El Estado lo mató!”, al tiempo que reiteran que “¡la lucha continúa!”.

¿Quién fue Sergio Rojas Ortiz?

Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak del territorio indígena de Salitre, fue un reconocido líder del movimiento por la autonomía indígena y la recuperación de tierras en la zona sur del país. Dirigente y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI).

 A lo largo de los años fue objeto de agresiones, persecución, criminalización e incluso encarcelamiento por su labor de defensa territorial. En la madrugada del 18 de marzo de 2019 fue asesinado mediante una ejecución al estilo paramilitar, recibiendo 15 disparos en su propia casa, para ese momento tenía 59 años y con tres hijos.

La violencia contra Sergio Rojas no comenzó con su asesinato. Desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado costarricense brindarle medidas de protección debido a las amenazas y agresiones que enfrentaba.

A inicios de 2024, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo a favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio del líder indígena, argumentando que las pruebas recolectadas durante la investigación no alcanzaban el grado de probabilidad necesario para llevar el caso a juicio. Esta decisión respondió a una solicitud del Ministerio Público.

La resolución llega después de un largo y tortuoso proceso judicial. Desde etapas tempranas del caso se intentó cerrar la causa: en 2020 la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada solicitó el sobreseimiento y archivo del expediente, lo que generó el rechazo de familiares, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, así como presión nacional e internacional. Tras una audiencia oral realizada en diciembre de 2020, en febrero de 2021 un juez resolvió que la investigación debía continuar.

Durante el proceso también se conoció la filtración de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que incluía testimonios de testigos e intervenciones de comunicaciones. Según ese informe, los investigadores lograron identificar mensajes de texto vinculados con los presuntos autores intelectuales del crimen, en los que incluso se mencionaba la posibilidad de que el día del asesinato “lo cazaran”.

El asesinato de Sergio Rojas Ortiz constituye un crimen político ocurrido en un contexto de creciente y sistemática violencia física, simbólica e histórica contra los pueblos indígenas. Esta situación está profundamente vinculada tanto al racismo institucional como a la falta de acciones efectivas del Estado costarricense para garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios, en particular aquellos relacionados con la recuperación y protección de sus territorios.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

La institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá – Voces y Política

Este miércoles 18 de febrero tendremos el programa:

Expresiones de la institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá

Con la participación de:

María Fernanda Hernández Valverde, Kembly Dayana Ulate Rojas, Abigail Lacayo Zúñiga y Evelyn Loaiza Romero.

Expresiones de la institucionalidad social en el territorio indígena cabécar de China Kichá es un Trabajo Final de Graduación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, que analiza la presencia y acción de la institucionalidad social en este territorio durante el período 2018–2023.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)

FRENAPI denuncia usurpación y uso electoral de la agenda indígena

San José, 25 de enero de 2026.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) emitió un pronunciamiento público en el que alerta sobre la usurpación de derechos, territorios e identidades indígenas y cuestiona el uso instrumental de la agenda de los pueblos originarios en el contexto del proceso electoral de 2026.

FRENAPI, que agrupa a ocho pueblos indígenas y al menos quince territorios de todo el país, recordó que desde hace más de 26 años ha impulsado esfuerzos sostenidos para posicionar las demandas indígenas ante los distintos poderes del Estado, independientemente de los gobiernos y administraciones de turno. En su comunicado, el colectivo reafirmó la vigencia y diversidad de los pueblos indígenas de Costa Rica, así como su compromiso con una agenda integral que abarca la espiritualidad, la tierra y el territorio, las estructuras propias de gobierno, la salud y educación propias, la protección del ambiente y la defensa de los idiomas originarios.

La organización denunció que, pese a la violencia estructural histórica ejercida por el Estado, ha mantenido una posición de respeto frente a las distintas corrientes y figuras políticas que aspiran a cargos de elección popular. Sin embargo, advirtió que los procesos electorales suelen estar estrechamente vinculados a grupos de poder que financian campañas y que, según FRENAPI, han usurpado tierras, conocimientos y espiritualidades indígenas, recurriendo a “discursos vacíos” y prácticas engañosas.

El pronunciamiento señala además que diversas figuras políticas han utilizado de forma incorrecta los idiomas indígenas o han hablado en nombre de los pueblos originarios sin conocimiento real de sus territorios ni de sus prioridades, reproduciendo la ignorancia y el desconocimiento sobre la realidad indígena. En ese sentido, FRENAPI repudió lo que calificó como prácticas reiteradas de “politiquería electoral”, en las que los derechos de los pueblos indígenas —reconocidos en leyes, decretos y convenios internacionales— son invocados de manera coyuntural, pero luego omitidos en los planes de inversión y acción estatal.

De manera explícita, el Frente cuestionó las acciones atribuidas a Laura Fernández y Fernando Zamora, a quienes acusa de utilizar las necesidades y derechos indígenas como parte de su estrategia de campaña, mediante la suplantación y la manipulación de la realidad que enfrentan las comunidades.

FRENAPI también criticó a los partidos políticos por profundizar desigualdades y violencias sistemáticas, usando a sectores históricamente excluidos como “botín electoral” u ornamento discursivo. Asimismo, denunció la imposición de proyectos extractivistas —como marinas, explotación petrolera, minería e hidroeléctricas— sin respetar la autonomía, la libre autodeterminación ni la consulta previa, libre e informada de buena fe.

El colectivo subrayó que los pueblos y naciones indígenas no son homogéneos y defendió la construcción democrática desde las diferencias, de manera pública y propositiva. Afirmó que su “proyecto de Vida” no responde a partidos políticos ni a coyunturas electorales, sino que trasciende el escenario político actual y se fundamenta en la defensa del territorio, la dignidad, el autogobierno y el bien común.

Finalmente, FRENAPI rechazó las narrativas coloniales e integracionistas que invisibilizan la diversidad indígena y llamó al pueblo costarricense a abrir el pensamiento y la acción para construir un país más democrático, inclusivo y respetuoso de su pluralidad. El comunicado concluye con un mensaje de memoria y lucha en honor a Jerhy Rivera y Sergio Rojas, reafirmando la continuidad de la resistencia de los pueblos indígenas en Costa Rica.

Tinku del Maíz – Remix

Do Not, Fabián Pacheco y Marcelo Bergés

Una coproducción de ARBOLCLUB.COM y CANTOS DE BATALLA

  • Este viernes 12 de diciembre (tentativo) se ha publicado la canción y el videoclip del TINKU DEL MAÍZ (remix) en todas las plataformas digitales.

  • Una propuesta audiovisual desde la música electrónica que reivindica la relación de los pueblos originarios con el maíz y sus luchas por la defensa de sus bienes comunes, la tierra y la autonomía. Es una metáfora del poderoso efecto del trabajo en comunidad para crear bienestar e independencia.

El TINKU DEL MAÍZ (remix) nace del trabajo colaborativo de los músicos electrónicos y artistas y audiovisuales Do Not, Marcelo Bergés y Laura Garrigues, basados en la pieza original del ecologista y cantautor Fabián Pacheco (publicada en el disco Cantos de Batalla Vol. 2).

El Tinku del Maíz (remix) es una invitación para quienes quieran unirse en coro, cuerpo y lucha en la defensa de la sagrada ecología y sus pueblos ancestrales.

Sobre el videoclip de TINKU DEL MAÍZ (remix):

De la mano del reconocido dirigente Brörán Pablo Sibar, que aparece en el video con su familia, presentamos un audiovisual que reivindica la lucha indígena por recuperar sus territorios ancestrales en Costa Rica.

Este video simboliza la combinación de la música electrónica con una dirigencia indígena que sabe defender sus territorios, sus semillas, sus bienes comunes y sus tradiciones culturales.

Es una creación que entregamos para manifestar que las personas indígenas recuperadoras de territorio ancestral no están solas y que desde la música visibilizamos su presencia, lucha y resistencia reivindicando la milpa, las semillas y sobre todo la lucha indigenista y ecologista que históricamente han estado siempre juntas en Costa Rica defendiendo la vida.

El videoclip del Tinku del Maíz (remix) es el producto de coordinación y trabajo de campo para capturar la trascendencia de la cotidianidad de las comunidades indígenas costarricenses de Rey Curré y de la recuperación de tierras en el territorio indígena de Térraba.

Gracias a la cooperación y, sobre todo, complicidad de compañeras y compañeros indígenas de estos territorios se lleva a la pantalla una fotografía en movimiento que permite apreciar los bellos tejidos Brunca del territorio de Rey Curré -así como las máscaras de madera de la comunidad Brörán- entre maizales en crecimiento y la reforestación en la recuperación de tierras en San Andrés territorio indígena de Térraba.

La voz de Fabián Pacheco canta letras que enfatizan el compromiso ambiental, social y político del movimiento ecologista costarricense, en diálogo con las voces y memoria de innumerables líderes y lideresas de distintas comunidades que han estado al frente de importantes luchas en nuestros territorios.

Tinku del Maíz (remix) es una creación colectiva por:

Fabián Pacheco Rodríguez: composición y voz

Ernesto Bolaños y Marcelo Berges: producción musical

Laura Garrigues: Dirección de fotografía y edición del video

Con la participación especial de:

Ramón Vera Herrera, Voz en la introducción, Ramón es editor y narrador que ha sido colaborador de la organización internacional GRAIN y es editor de la Revista Ojarasca del Diario La Jornada desde su fundación. Edita la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas desde hace 18 años y es un destacado integrante de la Red en Defensa del Maíz en México y de la Alianza Biodiversidad.

Y cuenta con elementos de la grabación original de los músicos:

Alexis Boris Vásquez Pasto: ronroco, charango, zampoñas y quena

Javier Alvarado Vargas: bajo eléctrico y coros

Anyul Arévalo Acosta: bombo leguero y semillas

Oscar Jiménez Fernández: charango

Mila Acuña Cartín: coros

Fernando Calvo Flores: coros

Gabs Jiménez: coros

Finalmente, la pieza fue mezclada por Hannes Bieger y masterizada por Brian Sanhaji en Calyx Berlín.

Especial Agradecimiento:

A compañeras y compañeros de comunidades de Térraba y Rey Curré: Pablo Sibar, Bianca Castro Leiva, Cecilia Leiva Rojas, Jorge Sibas, Pablo Sibas, Móhüa, Violeta Nájera Leiva, Pablú Dbondi Nájera Leiva y Paolo Nájera Rivera

Para más información:

cantosdebatalla@gmail.com

info@donot.tv

www.arbolclub.com

DISPONIBLE AQUÍ:

Colectivo Antonio Saldaña alerta sobre normalización de convocatorias ajenas a los pueblos

Observatorio de Bienes Comunes

Les compartimos una nota clave del Colectivo Antonio Saldaña sobre algo que sigue pasando en los territorios: convocatorias y “consultas” que no respetan los tiempos, las prácticas ni las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas.

La reflexión muestra cómo ciertos mecanismos institucionales —y su réplica dentro de algunas organizaciones locales— están vaciando de sentido un derecho que debe ejercerse con autonomía y desde las formas propias del territorio.

Lea la nota aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-la-consulta-se-anuncia-al-aire-alertas-del-colectivo-antonio-saldana-ante-la-normalizacion-de-convocatorias-ajenas-a-los-pueblos/

Gracias por leer, compartir y seguir acompañando estos procesos que defienden la dignidad y la palabra de los pueblos.