Fernando Bermúdez Kuminev
Organización Política Carmen Lyra
Democracias
“Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados”.
En la actual situación de masiva desinformación cualquier persona podría pensar que el párrafo anterior se refiere al proceso electoral venezolano del 20 de mayo de 2018, sin embargo es parte del informe preliminar de las elecciones del 20 de noviembre de 2018 en Honduras, un país hermano de la región que pertenece al Triángulo Norte, donde el índice de desnutrición es 17% de la población del país, 3% más que en Venezuela: Honduras de donde anualmente junto a más de cientos de miles de personas de Guatemala, El Salvador y México migran hacia Estados Unidos por la crisis ambiental, social y económica que viven en su país desde hace más de 3 décadas, ¿no hay ahí una crisis humanitaria y presidentes ilegítimos?
En Costa Rica los consorcios mediáticos de datos, mal llamados “medios de comunicación” utilizan estrategias de comunicación asertivas para favorecer sus intereses corporativos, logrando una impronta sobre un país que, pese a ser uno de lo que más procesos electorales ha vivido en el continente, insisten en considerarlo hoy como una “dictadura”. Venezuela en 20 años ha vivido más de 20 procesos electorales -incluyendo consultas populares como el referéndum constitucional de 2007 y el referéndum revocatorio de 2004-, y mientras en democracias como la costarricense, aun cuando han pasado más de 70 años desde la guerra civil, apenas se anotan 18 elecciones -incluyendo un referéndum para la aprobación del TLC-.
Pero pasemos de lo cuantitativo a lo cualitativo ¿qué hace que las votaciones parlamentarias de diciembre de 2016 sean reconocidas, “legítimas” y las de 2018 no? En 2016 ganó mayoría la oposición y naturalmente aceptaron el resultado, cosa que también hizo el oficialismo el cual reconoció su derrota; sin embargo, en 2018 la oposición perdió las elecciones presidenciales y desconoció el resultado, al igual que lo había hecho con anterioridad en todos los procesos electorales cuando perdió. De este comportamiento descaradamente oportunista, podemos señalar que de los más de 20 procesos electorales que se han vivido en Venezuela en estos 20 años la oposición reconoce únicamente aquellos donde gana.
Entonces es urgente poder definir con claridad que en estos momentos no compete -como lo señalan las cartas fundacionales de los organismos internacionales- a otras naciones aceptar o desconocer las instituciones y gobiernos de los países de la comunidad internacional; dicha acción corresponde a la determinación de sus pueblos ¿o acaso nos enteramos que en Honduras recientemente hubo elecciones presidenciales profundamente cuestionadas y las desconocimos como con Venezuela? o ¿que en Arabia Saudita no hay elecciones porque el poder se concentra por una cuestión familiar? ¿O hemos estado muy pendientes de los procesos electorales del este europeo?
El buró prófugo
Octubre, noviembre y diciembre fueron meses en los cuales apenas se mencionó, dentro de la matriz desinformativa, la situación que se vivía en Venezuela. Como un ejercicio reiterado y programático vuelve a ocupar la atención de los medios internacionales cuando hay ejercicios de desestabilización social y política. Ante este esquema no era de extrañar que lo que planeaban los grupos opositores -nacionales e internacionales- para enero 2019 sería un posible golpe fuerte.
La noticia llegó el 5 de enero cuando en su discurso inaugural de la Asamblea Nacional, un hasta entonces ignoto político, pero con características empáticas (joven, sin corbata, rasgos trigueños) llegó a la presidencia del parlamento. El súbito y sonriente Juan Gerardo Guaidó Márquez se autoproclamaría estratégicamente el presidente de Venezuela, para ser la punta de lanza del gobierno paralelo que comenzó a fraguarse con la conformación de un tribunal supremo de justicia en el exilio desde 2017, creado y auspiciado desde Washington con el apoyo de senadores republicanos como Marco Rubio y el vicepresidente Mike Pence; mismos personajes que madrugaron para reconocer y apadrinar en primera fila el título de Guaidó Márquez como “presidente encargado” de Venezuela.
Guaidó Márquez ofreció como una de sus primeras resoluciones tras su auto-proclamación, la ley de “amnistía” para las fuerzas armadas, en un fallido intento por agenciarse el respaldo militar. Esta ocurrencia no puede pasar desapercibida en una sociedad que posee antecedentes de terrorismo tan graves como el de Óscar Pérez, un ex-policía entrenado, que secuestró un helicóptero y se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia para dispararle y posteriormente enrumbarse al Poder Judicial y lanzar granadas -de origen colombiano y fabricación israelí- contra la edificación. O los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018 donde se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro Moro y al alto mando militar venezolano –al cual hoy se le pide se suma a sus filas “paralelas”- mediante la utilización de dispositivos de agresión no tripulados.
Como parte de este entramado de conspiraciones y acciones terroristas contra la institucionalidad venezolana y sus representantes, están los hechos desenmascarados por parte de los cuerpos de seguridad y corroborados en las acciones cobardes de los prófugos de la justicia Venezolana, entre los que se encuentra una amplia gama de políticos de oposición como Julio Andrés Borges Junyet, el cual una vez descubierto su involucramiento en el atentado terrorista de agosto y levantada su inmunidad parlamentaria, decidió refugiarse en Washington. Desde el 29 de enero funge ya no como diputado, sino como representante de negocios del autoproclamado “presidente” en la capital estadounidense.
Lo mismo podemos mencionar para el “embajador” ante Estados Unidos Carlos Andres Vecchio DeMarie, el cual se encuentra prófugo de la Justicia Venezolana desde 2014 después de que se emitió su orden de captura por los delitos de “incendio intencional, instigación pública, daño a propiedades y asociación para delinquir” junto a Leopoldo López Gil, por los hechos ocurridos contra la sede de la Fiscalía en Caracas. López hoy reside preso en su vivienda.
El presidente 2.0
En definitiva no podemos obviar y mucho menos ser ingenuos al no considerar las redes sociales como un campo nuevo dentro de la contienda política, y Venezuela es un caso paradigmático en este ámbito.
Poco o nada se ha mencionado en Costa Rica sobre las nuevas estrategias de guerra utilizadas en América Latina. Un ejemplo claro han sido los golpes de estado “blandos” dirigidos y ejecutados por los parlamentos latinoamericanos, para destituir estratégicamente gobernantes distantes de Washington, los casos más notorios, pero prácticamente silenciados en nuestro país son los Fernando Armindo Lugo Méndez, destituido por el Parlamento Paraguayo después de un juicio político en 2012; y el caso de Dilma Vana Roussef, destituida por la cámara de diputados de Brasil en 2016.
Y es en el marco de estos procesos de destitución y colocación de agentes aliados, donde se muestran los principales elementos tácticos empleado en las redes mediáticas: la des-información y la construcción de realidades paralelas, virtuales, las cuales terminan gestando hechos concretos.
En Venezuela antes del 5 de enero de 2019 nadie sabía a ciencia cierta quién era Guaidó Márquez, más allá de ser miembro de uno de los partidos minoritarios del parlamento venezolano. Pero esta situación tuvo un giro descomunal en el momento en que, a través de redes sociales y medios informativos internacionales, ha intentado construir un poder paralelo en su propio país, donde aún en los días en que se escriben estas líneas la institucionalidad completa no le reconoce más allá de para lo que fue electo, ser diputado.
Desmontemos un poco mejor esta situación, Guaidó Márquez el día que se le ocurrió autoproclamarse recibió un apoyo inmediato a través de las redes sociales -en este caso twitter- de quienes lo habían predestinado meses atrás, así como de otras naciones latinoamericanas y europeas que se han opuesto tradicionalmente al proceso bolivariano.
Todos y cada uno de estos apoyos, al igual que su accionar han sido desarrollados y ejecutados en las redes sociales, comunicados de prensa, estrategias para la continuidad, plan a seguir, todo ha sido posteado y re-twiteado miles de veces a nivel internacional. Sin embargo, la realidad concreta ha sido que ni la Organización de Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos lo han reconocido a él ni a ninguno de sus supuestos diplomáticos en las instancias correspondientes, demostrando que su accionar violentaría los protocolos internacionales y que actúa de forma ilegítima. Mientras exista el estado de derecho, tener más visualizaciones en twitter que Nicolás Maduro no hace a Guaidó Márquez presidente, aunque así lo quieran hacer parecer en las realidades virtuales.
Lo que es más preocupante y precipita cada vez más hacia la carta desesperada de una posible intervención militar extranjera a Venezuela, es que, contrario a lo que persisten en figurarse sus aliados más allá de las fronteras, en el territorio nacional Guaidó no cuenta con el apoyo deseado, no posee bases, no posee instituciones y no posee credibilidad.
La toma fallida
Estar alejado mediáticamente de la realidad concreta que se vive adquiere resonancias estremecedoras y consecuencias, cuando menos, inquietantes.
Errores que pueden proceder de la ingenuidad y la torpeza, cuando no de la mala fe.
Costa Rica, en este seguimiento ciego y torpe del discurso mediático y de la realidad virtual, contraviene su tradición diplomática de neutralidad y respeto al derecho internacional y decide reconocer a un gobierno autoerigido y aceptar credenciales de una embajadora espuria otorgándole derechos precipitadamente, lo cual desemboca en la toma de la sede diplomática por un grupo de civiles armados y con recursos parapoliciales, quienes violentan el derecho internacional, desalojan a una embajadora oficial, e irrespetan los “acuerdos” tomados recientemente. Ante tal desaguisado el gobierno costarricense responde: “les dimos la mano y nos tomaron el codo”. En esta sarta de desaciertos inducidos ¿sabrán el presidente Alvarado Quesada y su canciller Ventura Robles quienes son realmente sus compañeros del Club de Lima?
La torpe y traicionera acción del “gobierno” paralelo venezolano por imponerse, el juego mediático de silencios, omisiones y tergiversaciones sobre lo sucedido en la frontera colombo-venezolana este 23 de febrero, las acciones diplomáticas de algunos países ajenas al derecho internacional e irrespetuosas de acuerdos, los sonados discursos amenazantes con la invasión armada son la forma en que toma cuerpo las realidades virtuales que consumimos diariamente.
Mientras tanto generan en el diario vivir una anulación de lo que está sucediendo en nuestro país ¿quién está tomando las decisiones? ¿Existirá justicia contra estos delitos contra el derecho internacional? ¿Hasta dónde está dispuesto a perdonar el presidente Alvarado Quesada?
En medio de este sainete de presidentes, embajadoras parece no haber seguridad jurídica para ninguna persona o país en Costa Rica, el presidente es incapaz de respetar la soberanía de otros países, ni como la suya propia.
Enviado por el autor.
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