Manuel Hernández
Este 29 de mayo el Consejo de Ministros de España aprobó la renta mínima o ingreso mínimo vital (IMV).
El ingreso mínimo vital es una renta básica, cuyos destinatarios son los hogares en situación de pobreza severa, que corre a cargo de la Seguridad Social.
La aspiración es que esta renta cubra unas 850.000 familias, cuya cuantía oscila entre 462 euros y 1.105 euros, por hogar, la cual se reconocerá desde el primero de junio de 2020.
Además, se pretende que esta renta no desincentive la inserción laboral.
Esta prestación extraordinaria, si bien es cierto se aprobó en esta coyuntura de pandemia, tendrá un carácter permanente.
Sin duda, una conquista muy valiosa, un nuevo derecho social, que sobresale entre los tantos retrocesos laborales y sociales, que en la última década ha sufrido la clase trabajadora y el pueblo de ese país del viejo continente.
Por otro lado, por el nuestro, más allá de la limosna pública, que ya huele a clientelismo electoral, uno se dice, ahora más que nunca, que falta nos hace una renta mínima vital, en un país donde la tasa de desempleo estaba en el orden del 12.4%, la más alta de la última década, que en la crisis de la pandemia el desempleo se habrá disparado hasta el 20%, a consecuencia de las políticas permisivas que no impusieron ningún límite a los despidos individuales y colectivos de las personas trabajadoras.
Uno dice que falta nos hace un ingreso mínimo universal, cuando el Ministerio de Trabajo no ha hecho más que girar, en automático, la maquinilla para autorizar la suspensión de los contratos de más de 29.000 trabajadores, y más de 52.000 trabajadores a quienes unilateralmente se les recortó el salario, abruptamente hasta el 75%, en función de la reducción proporcional de la jornada de trabajo, a merced de una ley espuria de la República, que votaron por igual todos los partidos políticos, sin distingos de color, ideología o religión.
Qué tanta falta nos hace un ingreso mínimo asegurado en una robusta democracia donde la pobreza flagela el 21% de la población, de acuerdo con estudios de OCDE (2019) y la pandemia habrá lanzado a más de la mitad al sector de la economía informal.
En definitiva, qué tanta falta hace que se cumpla con el principio constitucional de redistribución social de la riqueza, que manda el articulo 50 de nuestra Constitución Política, norma que es inherente a un Estado Social y Democrático.
Lamentablemente esta norma se ha convertido en papel mojado, un precepto constitucional fallido de un Estado que, por una parte, cada vez es menos social y a la inversa, cada vez más neoliberal, y por otra parte, menos democrático y proporcionalmente más autoritario.
¿Será que no se les pondrá la cara roja de vergüenza, o no les sudarán los cojones, cuando con tanta efusividad celebran el ingreso de CR a la OCDE, el país que tiene el mayor nivel de pobreza y desigualdad social de este club privilegiado?
29/06/2020
