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Etiqueta: ingreso mínimo vital

Mujeres en Acción exige cumplir compromisos en Diálogo Multisectorial y atención a sus propuestas

El movimiento social autónomo Mujeres en Acción participó en el Diálogo Multisectorial convocado por el Gobierno y propuso establecer una política nacional de cuidados, un ingreso básico vital y una contribución única solidaria del 1% a los grandes contribuyentes, señaló en un comunicado.

Ante las tres propuestas, Mujeres en Acción exige al señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y al señor Presidente de la Asamblea Legislativa cumplir con los compromisos.

El movimiento propuso establecer una política nacional de cuidados que contemple los cuidados como derecho humano y como inversión productiva para un desarrollo con igualdad y, según señalan, las autoridades de Gobierno presentes en el Diálogo Multisectorial se comprometieron a presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados.

Por otro lado, propusieron un Ingreso Mínimo Vital como camino para la reactivación económica con igualdad social y para orientarse hacia la Renta Básica Universal.

“Este subsidio es para generar capacidad no solo para asumir con dignidad una labor fundamental para la sostenibilidad de la vida sino también para promover mayor inserción de las mujeres en la actividad productiva que genere valor agregado”, indica el material gráfico divulgado por el movimiento.

Mujeres en Acción también propuso adoptar una contribución solidaria obligatoria (por una sola vez) equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales, con el objetivo de fortalecer los programas sociales.

De acuerdo con Mujeres en Acción, dicha propuesta no fue priorizada y ante su reclamo en la plenaria del 19 de noviembre el Gobierno no respondió. “Exhortamos a que esta propuesta sea priorizada y convertida en Proyecto de ley”, señalaron en el comunicado.

Ingreso mínimo vital y distribución de la riqueza

Manuel Hernández

Este 29 de mayo el Consejo de Ministros de España aprobó la renta mínima o ingreso mínimo vital (IMV).

El ingreso mínimo vital es una renta básica, cuyos destinatarios son los hogares en situación de pobreza severa, que corre a cargo de la Seguridad Social.

La aspiración es que esta renta cubra unas 850.000 familias, cuya cuantía oscila entre 462 euros y 1.105 euros, por hogar,  la cual se reconocerá desde el primero de junio de 2020.

Además, se pretende que esta renta no desincentive la inserción laboral.

Esta prestación extraordinaria, si bien es cierto se aprobó en esta coyuntura de  pandemia, tendrá un carácter permanente.

Sin duda, una conquista muy valiosa, un nuevo derecho social, que sobresale entre los tantos retrocesos laborales y  sociales, que en la última década ha  sufrido  la clase trabajadora y el pueblo de ese país del viejo continente.

Por otro lado, por el nuestro, más allá de la limosna pública, que ya huele a clientelismo electoral,  uno se dice, ahora más que nunca, que falta nos hace una renta mínima vital, en un país donde la tasa de desempleo estaba en el orden del 12.4%, la más alta de la última década, que en la crisis de la pandemia el desempleo se habrá disparado hasta el 20%, a consecuencia de las políticas permisivas  que  no  impusieron ningún límite a los despidos individuales y colectivos de las personas trabajadoras.

Uno dice que falta nos hace un ingreso mínimo universal, cuando el Ministerio de Trabajo  no ha hecho más que girar, en automático, la maquinilla para autorizar la suspensión de los contratos de más de 29.000 trabajadores, y  más de  52.000 trabajadores a quienes unilateralmente se les  recortó el salario, abruptamente hasta el 75%, en función de la reducción proporcional de la jornada de trabajo, a merced de una ley espuria de la República, que votaron por igual todos los partidos políticos, sin distingos de color, ideología o religión.

Qué tanta falta nos hace un ingreso mínimo asegurado en una robusta democracia donde la pobreza flagela el 21% de la población, de acuerdo con estudios de OCDE (2019) y la pandemia habrá lanzado a más de la mitad al sector de la economía informal.

En definitiva, qué tanta falta hace que se cumpla con el principio constitucional de redistribución social de la riqueza, que manda el articulo 50 de nuestra Constitución Política, norma que es inherente a un Estado Social y Democrático.

Lamentablemente esta norma se ha convertido en papel mojado, un precepto constitucional fallido de un Estado que, por una parte, cada vez es menos social y a la inversa, cada vez más neoliberal, y por otra parte, menos democrático y proporcionalmente más autoritario.

¿Será que no se les pondrá la cara roja de vergüenza, o no les sudarán los cojones, cuando con tanta efusividad celebran el ingreso de CR a la OCDE, el país que tiene el mayor nivel de pobreza y desigualdad social de este club privilegiado?

29/06/2020

¿Poco de qué asombrarse? ¿Cómo nos repensamos de cara a un bicentenario que nadie imaginó?

Mauricio Castro Méndez

Las que eran certezas y una ruta de desarrollo económico relativamente exitoso para algunos, se han hecho pedazos. En muchos países se han retomado discusiones sobre el rol del estado y la centralidad de la función pública, el rol del gasto público y las limitaciones de la teoría económicamente dominante respecto de elementos como el gasto público y las reglas fiscales, aunque sectores políticos y económicamente dominantes en Costa Rica no se dan por enterados. En la cabeza de algunos esto pasará como quien supera un “hipo” que fue muy molesto por un tiempo, pero pasado el cual nos permitirá retomar donde dejamos, aunque con algunas consecuencias graves desde el punto de vista económico.

Esa es una forma de verlo, o mejor dicho, de no ver lo que es evidente. El modelo construido a partir de una globalización económica por especialización por país de sus ventajas comparativas, y todos basados en una carrera hacia el fondo en términos sociales, laborales y ambientales es totalmente vulnerable y frágil. Esta crisis por coronavirus, la crisis económica que le sobrevivirá y la violencia e inmediatez del cambio climático, dejan en evidencia esa fragilidad.

Ante esto, debemos pensar el corto, el mediano y el largo plazo. Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado. Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor. Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020.

Por ello debemos pensar esto a partir de las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad. Lo que parecía olvidado ahora se hace necesario: debemos cuidar a los que nos cuidan: servicios y empleo público y sector agropecuario y pesquero para el consumo local. Esto que hubiera sonado anticuado para esos sectores neoliberales dominantes, se vuelve una verdad clarísima para todos los que pasaron a ver la necesidad y dependencia que tenemos como sociedad de políticas y entidades públicas fuertes y con capacidad de adaptarse a realidades inciertas y cambiantes. Una seguridad social potente y universal, la Fábrica Nacional de Licores garantizando la producción de alcohol de calidad y con seguridad, el Instituto Nacional de Seguros garantizando la atención y cobertura frente a riesgos nuevos y masivos, Correos de Costa Rica distribuyendo y llevando a todo el país lo que la gente necesita, el ICE garantizando la producción y el suministro eléctrico, así como  el acceso a tecnologías de la información que garanticen la comunicación y el trabajo a distancia, el AyA garantizando agua potable aún en tiempos de escasez, o los servicios de policía, emergencias, bomberos, tránsito, son todos ejemplos de esto. Esto hace evidente que el ímpetu privatizador, de ataque constante al servicio y el empleo público, y la fantasía de un sector privado que puede reemplazar al sector público pierdan su fundamento.

De nuevo se hace central la discusión sobre soberanía alimentaria que nos asegure que ante el colapso de las cadenas mundiales de producción y suministro, los agricultores nos garantizan las cadenas cortas de producción y suministro de las que dependemos para vivir. Esto hace evidente que los agricultores no puedan seguir siendo los sacrificados de las políticas comerciales, tanto internacionales como a lo interno del país.

Y, finalmente, es evidente que debemos garantizar un ingreso mínimo vital a todas las personas que habitan este país. Esto hace evidente que el hecho de que Costa Rica sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica sea absolutamente inaceptable, de manera que las grandes riquezas y grandes capitales deben ayudar a garantizar esa renta mínima vital para todas las personas.

Es decir, el bicentenario sería una excelente oportunidad para repensar el país, pero no a partir de modelos frágiles y excluyentes, sino a partir de las necesidades más básicas: servicios públicos fuertes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital. Esa sería una Costa Rica capaz de enfrentar de mejor manera crisis similares a la actual, como las que nos traerá la crisis económica y el cambio climático.

¿Cómo encarar esos desafíos, incluyendo la necesaria modificación de nuestra matriz energética hacia un modelo que además de no depender de los hidrocarburos en materia de transporte, no ignore la gravedad de la situación climática mundial?

Pero todo esto debe plantearse a partir de las enormes oportunidades y las enormes debilidades que tenemos como país. Dentro de las enormes oportunidades está la destrucción de esas certezas construidas sobre una globalización económica inevitable. Me atrevería a decir que de esta vamos a salir habiendo resignificado la importancia de esos tres elementos: servicios públicos potentes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.

Pero dentro de las enormes debilidades tenemos una élite política y económica que no “acusó recibo” y piensa esta situación como un hipo del que nos curaremos y seguiremos haciendo lo mismo, pero mejor. Son desesperanzadoras las manifestaciones de las cúpulas empresariales del país, zafándole el lomo a las necesidades que tenemos como sociedad.

A UCCAEP como organización empresarial (muy distinta a la diversidad de empresarios que existen en el país) la mantiene unida tres ideas: el antisindicalismo, la oposición a impuestos que les implique pagar en función de sus rentas reales o de su riqueza, y la prevalencia de los intereses del sector financiero. Es por ello que no me sorprende en lo más mínimo, que este momento de crisis, UCCAEP recurra a las mismas tres ideas, utilizando estereotipos, y buscando desviar la atención de la extraordinaria labor de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, hacia el lugar donde se sienten más cómodos: los privilegios, sindicatos del sector público, y a la imposibilidad de tocar al sector financiero y al sector empresarial bajo ninguna circunstancia.

UCCAEP sabe que si no logran cargar (toda) la factura al empleo público y a la reducción del gasto público, esto implicará impuestos y contribuciones adicionales para las élites económicas. De manera que reflotan la idea de los privilegios, el empleo público, la eliminación de derechos laborales, etc. como el camino para pagar la factura de ayudas a las personas que claramente lo necesitan. No hablan de gravar todos los ingresos altos (públicos Y PRIVADOS), y de gravar no solo los ingresos salariales sino TAMBIEN LOS INGRESOS NO SALARIALES (rentas, ganancias de capital, etc.).

Por su parte, en lo que a las élites políticas se refiere es necesario recordar que, en Costa Rica se desarrolló una expresión de la socialdemocracia que toda la vida fue antisindical, aunque siempre fue pro- trabajo, es decir, que persiguió de todas las maneras posibles a la organización sindical autónoma, y sólo aceptó la organización sindical que cooptada por el PLN, pero que estaba claramente preocupada por crear empleo y redistribuir la riqueza. Persiguió sindicatos en el sector privado y generó relaciones clientelares y corporativas con algunos sindicatos en el sector público (con quienes fue tremendamente generoso). Sin embargo, cuando el PLN dejó de ser socialdemócrata, entró en contradicción con sus sindicatos, a quienes empezó a llamar privilegiados, y entró en contradicción con la institucionalidad pública y el empleo público. Es decir, dejó de ser una socialdemocracia antisindical pero pro-trabajo, y se convirtió en una partido neoliberal más (así le pasó a partidos como el Partido Colorado en Uruguay, al PSOE en España, o al Partido Laborista Inglés). Esos partidos dejaron de ser pro sindicales y pro trabajo para pasar a ser neoliberales y por lo tanto pro capital privado y antisindical. El PLN ya era antisindical pero pasó a ser pro capital privado y dejó atrás su inclinación pro empleo. Dejó de interesarse en la industria nacional y la clase media, para pasar a preocuparse por la apertura comercial.

Así que la bandera la retomó el PAC, como partido que incluyó en sus filas tanto a conservadores antisindicales provenientes del PLN y de otros partidos, como a sectores que estaban dispuestos a entender que en Costa Rica debía legitimarse también a la organización sindical autónoma, en el sector privado y en el público. Esto permitió que, de manera muy valiente, Luis Guillermo Solís empujara la Reforma Procesal Laboral, a pesar de que la UCCAEP pegaba gritos y amenazaba al PAC. No obstante, esos días quedaron atrás. El PAC pasó a ser un partido pro capital privado, que dejó de ser pro trabajo y en el que prevaleció, finalmente, el antisindicalismo. Es decir, se convirtió en un aprendiz, malo y desdibujado del PLN.

Esta combinación o maridaje entre estos partidos completamente entregados al neoliberalismo y a los capitales privados, y profundamente antisindicales, es la que se junta naturalmente y sin ningún esfuerzo con la UCCAEP antisindical, anti impuestos progresivos y anti sector y empleo público. El resultado es muy sencillo: el Poder Ejecutivo, entregado totalmente a esta visión, ya no tiene que enfrentar a UCCAEP o al PLN, sino que los ve como sus aliados naturales con los que tiene que ponerse de acuerdo, y ve como variables de ajuste, a los sindicatos, al empleo público, a las personas trabajadoras del sector privado y a las instituciones públicas, en función del capital privado y de las tesis neoliberales. Ya no es un gobierno que se siente como un “sándwich” y que debe construir “justos medios”.

Por eso es que el gobierno corrió dramáticamente para que se le rebajaran los salarios (en un 50 o 75% a los trabajadores del sector privado), o bien que, sencillamente los enviaran a la casa sin salario al aceptar un procedimiento “express” para suspender los contratos de trabajo, de manera que los empleadores pudieran dejar de pagar salarios y los trabajadores y sus familias se quedaran a sus casas a desayunar, almorzar y cenar aire. Esto bajo la “promesa” de que algún día, esos trabajadores serán devueltos al 100% de su salario o a recibir algún salario, una vez que pase esta coyuntura.

Ahora se discute, luego de varias semanas de castigo a los trabajadores, un subsidio para una gran masa de personas. Los que han perdido su empleo o a quienes se les haya suspendido su contrato; a los que se les ha disminuido su jornada y sus salarios, o sencillamente a quienes tienen que trabajar las mismas horas pero con una disminución de salarios ilegal o los que han sido sometidos a suspensiones ilegales; o bien aquellos que se ven duramente golpeados por no poder continuar en sus emprendimientos productivos, sus estrategias de autoempleo (trabajadores informales e independientes), o sencillamente ya se encontraban desempleados o en condición de pobreza.

De nuevo, el PAC, el PLN o los otros partidos neoliberales (PUSC, Republicano Nacional y cristianos incluidos), no tienen problema en abordar esta discusión a partir la perspectiva macroeconómica, y haciendo eco de la UCCAEP, por supuesto, a quien le preocupa las ganancias del sector financiero si se pone un límite a las tasas de interés de usura o si se accede a los fondos de pensión complementaria, le preocupa tener que pagar más impuestos, o incluso le preocupa tener que pagar impuestos ya que vienen reportando ganancia cero desde hace mucho tiempo, y quien por el contrario ve esta como una oportunidad para reforzar el antisindicalismo, la disminución del empleo público y la privatización de empresas e instituciones públicas.

No importa que el subsidio ofrecido por el gobierno no cubra a todas esas personas sometidas a la dieta del aire, o que el subsidio propuesto ni siquiera cubra la canasta básica alimentaria. Es claro que, de esta crisis, ningún país de la tierra saldrá bien parado en términos macroeconómicos, pero algunos países habrán arrojado al abismo a buena parte de su población, con consecuencias insospechadas, mientras que otros tendrán que reconstruir sus economías con una población relativamente integrada.

Lo dramático de la situación global ha permitido hablar y hacer cosas que se pensaban prohibidas y olvidadas: Irlanda nacionalizó temporalmente hospitales privados; se exige el incremento del gasto público para no dejar caer a las familias; se habla de moratorias en alquileres y deudas; se rompen reglas fiscales, etc. Esto ha hecho que algunos países, hayan recordado que eran socialdemócratas, como el PSOE en España.

Las voces que desde el PAC quieren una opción alternativa lo hacen en voz muy baja (porque lo principal es la lealtad partidaria…), quedando muy atrás de las pocas voces del PLN que se sienten avergonzadas de lo que ese partido representa actualmente, pero que no temen ser voces disidentes y, aunque muy minoritarias, dispuestas a ser críticos con el PLN neoliberal. En el PUSC ni siquiera hay voces disidentes en voz baja. El PLN es el dominante, pero de una porción cada vez más pequeña de electores. Cada vez más personas ven claro el panorama y entienden que PAC, PUSC, PLN y partidos cristianos nos están llevando al abismo.

La situación es crítica para miles de personas. Pero cada vez más personas entienden que ya no hay prensa seria en Costa Rica, sino empresas de comunicación vinculadas con intereses financieros y capitales privados, y que por lo tanto mienten y manipulan abiertamente.

¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero por el rumbo que transitamos es claro que tendremos una sociedad híper fragmentada, con un segmento enorme arrojado al abismo, y una UCCAEP tranquila porque habrá defendido los grandes capitales al sector financiero, y ojalá, a pesar del enorme sacrificio y mística de la enorme mayoría de empleados públicos, habrá debilitado a las instituciones públicas.

Cada vez más son las personas para las que es evidente que debemos cuidar a quienes nos cuidan: CCSS, FANAL, CNP, INS, RECOPE, JAPDEVA, MEP, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, policías, bomberos, investigadores, etc.; agricultores, pescadores y ganaderos que producen la comida aquí cerca; no las grandes cadenas comerciales sino los comercios pequeños y cercanos y las ferias del agricultor; los servicios de transporte púbico; los artistas de todas las ramas que nos han acompañado, gratuitamente, en esta dura coyuntura.

Estos y otros sectores se han puesto la camiseta, mientras que las grandes riquezas de este país, y los grandes ganadores del modelo económico neoliberal solo saben decir, a mi no me toquen y graven al empleado público. Todo esto bajo el aplauso y acuerdo del PAC, EL PLN, EL PUSC, el Republicano Nacional y los partidos cristianos.

Algunos sabremos recordar y exigiremos una reconstrucción de país, a partir de estas nuevas o renovadas claridades. Pero esto no alcanza. Si algo nos enseñó la lucha contra el TLC o contra el combo del ICE, es que se requiere articular el tejido social a partir de esas claridades y necesidades. Esto no se logra poniendo de acuerdo cúpulas de movimientos sociales (sindicales, feministas, ecologistas, etc.), sino articulando los movimientos sociales desde las necesidades locales, si es necesario frente a sus propias cúpulas dirigentes. La construcción de ese nuevo paradigma no se puede hacer desde Zapote en la Casa Presidencial o desde Cuesta de Moras en el Parlamento. O re articulamos institucionalidad pública y movimientos sociales desde lo local, o seguiremos dependiendo de esas élites políticas y económicas que se sienten cómodas navegando en el Titanic.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.