Rogelio Cedeño Castro*
Rogelio Cedeño
Primera parte
La inocultable intencionalidad del grupo de políticos empresarios o empresarios políticos que han venido tomando por asalto para destruir en pedazos la institucionalidad costarricense, construida con el esfuerzo de varias generaciones, no es otra -ni más ni menos- que la de acabar con los focos de resistencia sindical que, como en el caso del ICE y de JAPDEVA, les han impedido terminar de saquear esas instituciones y entregarlas a intereses como los de Carlos Slim para el caso de las telecomunicaciones o a los de empresas portuarias transnacionales, como sucede ahora con la holandesa APM Terminals, quien pretende para sí misma poder dejarse la parte de león en el negocio del manejo portuario en aguas del Caribe Costarricense: el monopolio en el manejo de los barcos con 750 contenedores que arribarían al nuevo puerto de aguas profundas que se encargarán de construir en el área de Moin, dejándole a JAPDEVA la parte menor y decreciente del negocio portuario, representada por los barcos que traen 250 contenedores a los actuales muelles de Moin y Limón. Para ello necesitan completar la jugada estratégica de acabar con los sindicatos y las convenciones colectivas en el sector público de Costa Rica, una acción consustancial con la ideología totalitaria que profesan los nuevos y entusiastas militantes de la nueva derecha en nuestra área continental, los que no admiten que ningún sector organizado se enfrente a sus designios y pueda desafiar el modelo de sociedad excluyente y concentradora de la riqueza que se proponen instaurar, para ello necesitan pagar salarios decrecientes degradando el costo de la fuerza laboral, una poderosa razón por la que las organizaciones sindicales constituyen uno de los más serios obstáculos para la concreción de sus designios. Con este contingente político de jóvenes yuppies proclives al neofascismo más visceral, los ya mencionados políticos empresarios se preparan además para dar al traste con la institucionalidad democrática del país, siguiendo los lineamientos del régimen de la dictadura en democracia preconizada por Óscar Arias Sánchez y continuada, en un segundo gobierno, por Laura Chinchilla Miranda. De ahí que no dudan en amenazar, por medio de la red, al movimiento popular costarricense y sus dirigentes descalificándolos en los peores términos para, de esta manera, confundir al sector más desinformado y menos reflexivo de la llamada opinión pública, por lo que de sus intenciones aniquiladoras no queda ninguna duda.
Es por todo lo que hemos venido exponiendo, que estos tecnócratas y yuppies de todo pelaje, acuden a afirmaciones audaces y llenas de falsedad, en cuanto a la naturaleza insuficiente e incompleta de que dispone la ciudadanía costarricense sobre el tema de los muelles, con lo que incurren en la falacia de un presunto conocimiento e información universal disponible y accesible para todos los habitantes del país. De esta manera, terminan resultando culpables en este caso, los así llamados”ticos” o ciudadanos de a pie, de no estar debidamente informados, como si todos los actores sociales tuvieran las mismas posibilidades de acceder a la información y la misma capacidad para entenderla, sobre todo si en ella figuran una gran cantidad de tecnicismos, propios de una jerga que acostumbran a manejar las elites del poder. Han sido las acciones de la resistencia sindical y las preocupaciones emergentes de un sector de la ciudadanía las que han hecho, por así decirlo, que la información aflore y se abra paso, aunque de una manera todavía muy precaria, hacia la construcción de un escenario adecuado para un verdadero debate de fondo sobre el negociado portuario, algo que todavía sigue ausente e imposible para la gran mayoría de la población.
Resulta ser algo falso, de toda falsedad, que sean los trabajadores de JAPDEVA quienes tengan en quiebra- en el caso de que verdad lo esté- a esta empresa o entidad nacional, inicialmente concebida para el beneficio de los habitantes del litoral caribe de Costa Rica, pero por desgracia tergiversada por los juegos de poder de los tantas veces mencionados políticos empresarios y sus acólitos de siempre. En este, al igual que en otros casos de lo que se trata es de un problema de hegemonía sociopolítica y de una abierta lucha de clases, donde la clase patronal busca imponerse abaratando en todo momento el costo de la fuerza laboral, privándola para ello de sus derechos sindicales y políticos. De ahí, la naturaleza falaz y tendenciosa de que son los trabajadores portuarios los que tienen en quiebra a la empresa por sus salarios, y al parecer tremendos beneficios laborales, dentro de una forma de razonar con la que no logran ocultar la verdadera intencionalidad de destruir al sindicato y alcanzar el añorado paraíso de tener una fuerza laboral barata, sujeta a sus designios y carente de todo poder de negociación. Además soslayando el hecho de que la masa salarial recibida todos los meses por los actuales trabajadores portuarios de JAPDEVA, dado el hecho de constituir un importante monto, resulta ser una inyección esencial e importante para activar la demanda agregada, dentro de la economía local del principal y casi único puerto del Caribe Costarricense. ¿O será acaso que los detractores de SINTRAJAP piensan que quienes disponen de esos ingresos se van de compras para Miami o les dan un destino, digamos que extraterrestre?
El monopolio en el manejo de los buques con capacidad de 750 contenedores, para la empresa APM Terminals representa, en este negocio, quedarse con la parte más sustanciosa de la actividad portuaria, ya que precisamente ese es el vector que marcará sus tendencias hacia el futuro y en cuanto la expansión del negociado portuario, a partir de la construcción de la nueva terminal de Moin, quedando las migajas para la administración de JAPDEVA, las que con el paso del tiempo se tornarán cada vez más insignificantes. En cambio, una ruptura de este monopolio los obligaría a aceptar la existencia de un grupo mixto de trabajadores, quienes en ejercicio de sus derechos constitucionales tendrían, en su totalidad, el derecho de contar con su sindicato, cosa que vuelve locos a estos neofascistas y energúmenos que nos amenazan todos los días por medio de la red.
En lo referente al tema del pago de la parte impositiva por parte de la empresa (de apenas el 30%) y del 7% de los ingresos de APM Terminals que se destinarían para JAPDEVA, lo que cabe indicar, por ahora, es que son todavía insignificantes en términos de la magnitud e importancia de este negociado, perdiéndose así un oportunidad única para que la actividad portuaria favorezca de verdad a la provincia, a sus habitantes y al país en su conjunto. Resulta de suyo evidente el hecho de que sólo la mentalidad colonizada de quienes negocian supuestamente en representación de los intereses nacionales pueda permitirse semejante desvergüenza y cinismo, a la hora de presentar sus argumentaciones. Sería bueno tener información actualizada sobre lo que está ocurriendo en esta materia en otras latitudes, especialmente en toda la región del Caribe.
En cuanto a que el crecimiento de las exportaciones e importaciones traerán más oportunidades para la población del principal puerto del Caribe, la histórica y bella ciudad de Limón, lo acontecido desde hace más de un siglo de actividad portuaria demuestra, con creces, que ha sido siempre todo lo contrario. Las riquezas pasan por la provincia, eso es cierto, pero no se quedan para invertirlas en su territorio, generando riqueza y trabajo decente para sus habitantes. Lo demás no es otra cosa que una parte de la utopía neoliberal, cuyos líderes e ideólogos sueñan con sus parques industriales y zonas francas donde los trabajadores son siempre ciudadanos de segunda, pues no tienen siquiera el derecho a sindicalización y son, eso sí, el semillero de una mano de obra barata y abundante.
*Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
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