Durante la primera mitad del siglo pasado (1900 – 1950), sin ningún apoyo gubernamental, los habitantes del Caribe, principalmente de ascendencia africana, lograron ascender de la pobreza extrema a la riqueza; esto como resultado del trabajo duro, la disciplina, la unidad y una firme determinación de triunfar siendo autosuficientes en todo el sentido de la palabra.
Alcanzar tales niveles de éxito en un país extranjero no fue una tarea fácil, que podría describirse como pasar literalmente de harapos a la riqueza u solvencia financiera.
Es de resaltar, que durante un período político tumultuoso (1916 – 1924) que abarcó desde la dictadura de Tinoco hasta la transición al mandato del presidente Acosta García (1920 – 1924) se logró llevar a cabo la reubicación forzada del pueblo de Cahuita Point a Cahuita Bluff y la implementación de la Ley 35 de 1915.
Por cierto, las familias León, Harriet, Maduro Lindo, Tabash, Palmer, Plummer, Escocia, Castillo, De la Peña y Berrocal fueron algunas de las primeras diez familias en formalizar sus escrituras en el nuevo poblado de Cahuita Bluff.
Esto último, por sí solo, puso esas tierras fuera del alcance del patrimonio del Estado (ZMT), hoy día bajo administración municipal – indistintamente de quiénes sean sus actuales ocupantes. (Artículos 6 y 8 de la Ley 6043 de 1977). Cualquier discrepancia que existiera entre el dueño registral y poseedor actual, es arena de otro costal.
Aunado a lo anterior, es importante tener presente que la participación de los obreros afrodescendientes en huelgas bananeras de la década de 1920 marcó un hito en la historia de la República, al lograr reducir la jornada laboral a 8 horas. Igualmente fue fundamental para el éxito de la gran huelga bananera de 1934, liderada por «Calufa Fallas» con respaldo del Partido Comunista, lo cual marcó un punto de inflexión.
Por su parte, La United Fruit Company no demoró en mostrar su enfado, al obtener un contrato con el Estado para establecer nuevas plantaciones en el litoral Pacífico, cerrando las del Caribe y con acuerdo entre partes de “no emplear negros del atlantico en las nuevas fincas del pacifico, lo que generó una emigración masiva de la población afrodescendiente a Panamá en busca de trabajo.
Esa draconiana legislación contractual se dio lugar bajo la Tercera Administración Presidencial del Abogado Ricardo Jiménez Oreamuno (1910 – 1914; 1924 – 1928; 1932 – 1936).
La misma familia Jiménez que formó parte del Consorcio Empresarial que había solicitado la frustrada concesión de toda la Franja Costera del Caribe Sur en 1908 (3,000 ha. desde la desembocadura del río Estrella hasta la desembocadura del río Sixaola).
Paralelo a estos acontecimientos, el gobierno de la República aprobó la Ley número 166 de 1935 para establecer un poblado (ciudad) en la playa de Old Harbour, supuestamente, para la población negra desempleada en razón de la prohibición de trabajar en las nuevas plantaciones de banano en el Pacífico; lo cual perturbó la economía de las comunidades negras, provocando la susodicha migración masiva.
A lo largo de las cuatro décadas comprendidas entre 1974 y 2014, enfrentamos una serie de adversidades significativas, entre las cuales destacan las siguientes:
En la década de 1970, la llegada del hongo monilia devastó las plantaciones de cacao.
Además, se llevó a cabo la reubicación de las Aduanas Centrales de Limón a San José, lo que se consideró como una «reubicación de funciones» que perjudicó tanto a esta dependencia como a la fuente de empleo local.
Posteriormente, se procedió con la reestructuración y traslado de las oficinas principales de RECOPE de Limón a San José. También se cerró por completo la administración y operación ferroviaria.
Para empeorar las cosas, en 2012 se firmó el Contrato de Concesión de APM, lo que resultó en el cierre parcial de Japdeva, afectando aún más la economía de la región.
Además, se implementaron leyes que favorecen la actividad precaria y la apropiación gubernamental de tierras (ITCO/IDA/INDER), así como la Ley sobre Zona Marítima Terrestre 6043 de 1977. Más recientemente, se publicó el Manual del ICT para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros de 2013, en complemento a la Ley número 9242 de 2014 que obliga a las municipalidades a elaborar y poner en vigencia un Plan Regulador Costero.
Estas acciones han dejado a nuestras comunidades costeras en una situación precaria una vez más, sin tierras agrícolas y costeras, completamente devastadas.
Ignorar estas sombrías realidades históricas al formular políticas de desarrollo para las comunidades tribales de la región del Caribe sería exponer a las generaciones futuras a sufrir injusticias similares a las de sus antepasados.
Con la nomenclatura oficial de Ruta 32, corre la principal vía que conecta San José con Puerto Limón, en el Caribe, en una extensión de algo más de 127 kilómetros. En realidad, pocas personas saben que tiene tres nombres durante su trayectoria. El primer tramo, de apenas tres kilómetros —con dos carriles por sentido—, se denomina autopista Braulio Carrillo, y comprende desde el barrio Tournón, en las afueras del casco capitalino, hasta el puente sobre el río Virilla —cerca del estadio Ricardo Saprissa—, para después, por 61 kilómetros y hasta el poblado de Guápiles, llamarse carretera Braulio Carrillo, de apenas dos carriles; de ahí en adelante, por 63 kilómetros, se le denomina carretera José Joaquín Trejos Fernández. Acerca de este último segmento, es oportuno hacer algunas aclaraciones.
En primer lugar, cabe destacar que, por decenios, era imposible llegar por tierra a Puerto Limón, ya que, después de atravesar Turrialba, la carretera se interrumpía en la ciudad de Siquirres. Fue en 1969, durante la administración Trejos (1966-1970) que se abrió una vía de ahí hasta Puerto Limón.
Por cierto, recuerdo que conocí este puerto en 1973, en una gira a Cahuita, del curso de Biología Marina, en la Universidad de Costa Rica, con el profesor Carlos Villalobos Solé. Para hacer esa travesía debimos tomar un avión de LACSA en el aeropuerto Juan Santamaría, así como un taxi del aeropuerto de Puerto Limón al centro de la ciudad, para abordar ahí el tren de la Northern Railway Company; y, ya en la algo lejana estación ferroviaria de Bonifacio, debimos cruzar el río Estrella en una panga, para desde el cercano villorrio de Penshurt viajar al litoral en una destartalada “cazadora” —como se llamaba entonces a algunos autobuses—, hasta el caserío de Cahuita. Es decir…, ¡cinco medios de locomoción en un solo día!
Acerca de la génesis de la muy necesaria carretera entre Siquirres y Puerto Limón, conservo un esclarecedor mensaje electrónico del ingeniero Rodolfo Silva Vargas, recordado amigo de reciente partida, así como ejemplar servidor público. Remitido el 5-XI-2016, en respuesta a una consulta mía, en él aporta este invaluable testimonio:
“Sobre la carretera a Limón, el esfuerzo para insistir en la urgencia de la ruta al Caribe se realizó durante la administración Trejos, con la «carretera rústica», cuando se lanzó toda la maquinaria disponible para abrir «a matacaballo» una trocha donde aún no había paso, y mostrar que había que hacerla a como fuera. Claro, la «rústica» nunca llegó a ser transitable para vehículos; fue como un acto simbólico. Luego, al inicio del gobierno de don Pepe [Figueres], en 1970, el ministro Mario Quirós Sasso, con el apoyo financiero del Banco Mundial, licitó Siquirres-Limón, que se adjudicó a SAOPIM. Cuando Mario falleció, en un accidente de avioneta en San Carlos, me tocó desempeñar el cargo de 1972 al 74, cuando se construyó aproximadamente el 70 por ciento de la obra, supervisada por el MOPT (Ings. Otto Fernández y Napoleón Morúa Carrillo). Incluyó el puente sobre el río Chirripó, de 430 m de longitud, el más largo de Centroamérica. Fue terminada en el gobierno de Daniel Oduber”.
En síntesis, la llamada “carretera rústica a Limón” —que fue concluida en octubre de 1969, en el gobierno de Trejos— quedó en lastre, sin pavimentar, hasta la administración de José Figueres Ferrer (1970-1974), y fue inaugurada en la de Daniel Oduber Quirós (1974-1978).
Eso sí, la citada carretera no se prolongaba hacia Guápiles, como me lo explicó en días pasados el amigo Juan Manuel Alfaro Castro, topógrafo y aficionado a la historia.
Él me relató que, para entonces, no había conexión vial entre Siquirres y Guápiles, con excepción del antiguo ramal de ferrocarril de la Northern que había en las llanuras de Santa Clara, el cual permitía transportar banano hasta Puerto Limón, para su exportación. Fue por eso que, cuando dicha empresa finalizó sus operaciones en el país, se aprovechó el trazado de las líneas férreas abandonadas para construir una calzada firme. Esto se justificaba por la pujanza agropecuaria de la ubérrima zona de Guápiles, que demandaba una vía confiable y sólida para trasladar sus productos hacia el Valle Central. Esta fue la razón para construir la Ruta 32, que en la actualidad permite viajar a la capital en menos de dos horas, mientras que otrora se demoraban más de tres horas de Guápiles a Siquirres, y otras tres horas hasta San José, a través de Turrialba.
En síntesis, el trecho comprendido entre Siquirres y Guápiles no perteneció a la “carretera rústica a Limón”, pero hoy a ambos tramos se les ha unificado bajo el nombre “carretera José Joaquín Trejos Fernández”.
Efectuadas estas aclaraciones, consideramos realmente laudable que los tres segmentos de la Ruta 32 porten los nombres de Carrillo y Trejos, quienes, a más de un siglo de distancia, se empeñaron en construir una buena vía hacia el Caribe de Costa Rica. Sin embargo, como se verá pronto, hubo otros tres gobernantes, todos en el siglo XIX, a quienes no se les ha dado el debido reconocimiento, como lo fueron Manuel Aguilar Chacón, Juan Rafael (Juanito) Mora Porras —yerno de Aguilar— y Jesús Jiménez Zamora.
Un camino urgente
Si bien se atribuye a Carrillo haber sido el primero en interesarse por este proyecto vial, el análisis de las fuentes históricas revela otra cosa.
En efecto, aunque desde la época colonial existía el muy rústico camino a Matina, fue el jefe de Estado Manuel Aguilar quien emprendió acciones al respecto, ya en la época republicana. Actuó de manera tan ejecutiva, que contrató al ingeniero inglés Henry Cooper Johnson —tatarabuelo del expresidente Rodrigo Carazo Odio— para que efectuara una evaluación del camino a Matina y juzgara si se podía adaptar para el tránsito de carretas que transportarían café hasta la costa, o si sería preferible abrir una nueva ruta. Cooper realizó una encomiable labor, que vertió en el muy minucioso Informe sobre el camino a Matina y la costa del norte. Por cierto, gracias a este documento, nos fue posible —con la ayuda del amigo Juan Manuel—, elaborar un grande, bello e ilustrativo plano del antiguo camino a Matina, que aparece en mi libro Turrialba en la mirada de los viajeros.
Lamentablemente, el proyecto que con tanta determinación había iniciado Aguilar se interrumpió, cuando fue depuesto por Carrillo. No obstante, al comprender cuán importante era esa obra vial para el país, Carrillo le dio continuidad, para lo cual le otorgó el contrato a Narciso Esquivel Salazar y después a Joaquín Yglesias Vidamartel, según lo narra la recordada historiadora Clotilde Obregón Quesada en su libro Carrillo: una época y un hombre (1835-1842); por cierto, Yglesias estaba emparentado con Carrillo, y era hijo natural del célebre e irreverente médico italiano al que me referí en el artículo Un escarceo sobre el controversial Esteban Corti (Meer, 13-IX-2023).
Aunque, inicialmente, se pensó en construir una nueva ruta, las complejas condiciones topográficas y climáticas, así como los altos costos económicos, forzaron a mejorar la antigua vereda que, a partir de la ciudad de Cartago, corría no por la ruta de hoy, sino que subía por Cerro Grande, cerca de San Rafael de Oreamuno, y por los actuales caseríos de Blanquillo y Páez. Tomada esta decisión, se trabajó con gran ahínco, y cuando ya se había cubierto un tramo de 63 kilómetros —según narra Obregón—, esta vez fue Carrillo el derrocado, acción debida al general hondureño Francisco Morazán Quesada. Aparte de que pareciera que éste no mostró mayor interés en el proyecto, su mandato duró apenas cinco meses, pues fue fusilado en setiembre de 1842.
Desde entonces, el proyecto quedó empantanado. En el artículo Un ferrocarril interoceánico para Costa Rica, en la opinión de Alexander von Frantzius (Herencia, 2022, 35), recalcamos que este científico alemán argumenta que la demora obedeció a la competencia de los empresarios de San José, Heredia y Alajuela con los de Cartago, pues les convenía más Puntarenas como puerto para exportar su café, así como para importar las mercaderías europeas que vendían en sus tiendas. Sin embargo, para los intereses nacionales, esto era un sinsentido. Al respecto, según cálculos del ingeniero alemán Francisco Kurtze, la distancia entre Puntarenas y Europa era casi cuatro veces mayor que la que habría entre un puerto del Caribe costarricense y Europa, de tal modo que, por ejemplo, un viaje entre Puntarenas hasta Alemania demoraba unos cinco meses, mientras que desde un puerto caribeño podía durar apenas 40 días. Obviamente, este ahorro en tiempo disminuía los costos de los fletes en ambos sentidos, lo que favorecía en mucho a la economía nacional.
De ser cierto el argumento de von Frantzius —como lo parece—, es de resaltar la patriótica actitud de don Juanito Mora, quien era uno de esos empresarios, pero pensó que los intereses del país debían estar por sobre los de los particulares. Y fue así como, apenas seis meses de llegar al solio presidencial, en junio de 1850 promovió la creación de la Sociedad Itineraria del Norte, un ente privado, pero de interés público, al que se le encomendó construir un camino entre Cartago y la costa, pero por otro sector, que es el que actualmente conduce a Siquirres. En sus intentos porque la obra cristalizara, en mayo de 1852 dicha entidad suscribió un contrato con la Sociedad Berlinesa de Colonización para Centro América, como parte del cual también se establecería una colonia de alemanes en Angostura, Turrialba, en las inmediaciones del río Reventazón.
Una vez más, lamentablemente, este ambicioso proyecto fracasó, debido a la insuficiencia de fondos para tan costosa obra, a lo cual se sumaron la abrupta topografía y las condiciones climáticas de esa región. Para el lector interesado en esta fallida iniciativa, hay abundante información en mi libro La bandera prusiana ondeó en Angostura.
Por tanto, hubo que esperar un decenio más para, con la llegada al poder de Jesús Jiménez, en 1863, se retomara el proyecto del camino a Limón. Gracias a la calidad profesional del ya citado Kurtze, quien había sido funcionario de la Sociedad Berlinesa y que fue director de Obras Públicas, se construyó un sólido puente de madera sobre del río Reventazón, el cual se inauguró el 27 de marzo de 1865. Además, ese mismo día se hizo lo propio con un tramo de 13,5 km del camino hacia Siquirres, el cual se prolongaba hasta el villorrio de Cacao, cerca de donde hoy se localizan los caseríos de La Flor y Pilón de Azúcar. Aunque en años posteriores se hicieron avances hacia la costa, en realidad no se llegó muy lejos, al menos durante el resto del siglo XIX y los primeros decenios del XX.
En síntesis, en cuanto a la construcción de un camino hacia el litoral Caribe, en realidad Carrillo no fue el primero en impulsarlo de manera concreta —lo fue Aguilar, como se indicó—, ni tampoco el que pudo soslayar el principal obstáculo, que era el cauce del río Reventazón, lo cual logró Jiménez, gracias a los empeños concretos previos de don Juanito Mora. Sin embargo, a Carrillo le cabe el mérito de haberla convertido en una calzada empedrada en nada menos que 63 kilómetros del antiguo camino a Matina. Ese fue el célebre camino de Carrillo, es decir, una ruta trunca, que poco a poco dejó de ser transitable.
¿Y el camino a Carrillo?
Este camino difiere por completo del anterior, en términos geográficos, políticos e históricos, y en él no tuvo participación alguna Braulio Carrillo, pues había sido asesinado en 1845, durante su exilio en El Salvador. En realidad, fue construido en la primera administración del general Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1876), aunque de forma algo fortuita, pues fue hijo de una ruta ferroviaria fallida. Me explico.
En efecto, poco después de asumir el poder, en 1871 Guardia firmó un contrato con el empresario estadounidense Henry Meiggs, para la construcción de un ferrocarril hacia Puerto Limón, la cual después asumirían sus sobrinos Henry y Minor Keith. Los detalles de este proyecto aparecen en el libro Keith y Costa Rica, de Watt Stewart, tentativa que está resumida en mi artículo Por el Bajo de La Hondura (Nuestro País, 15-IV-2013).
Fue así como entre octubre y noviembre de 1871 se iniciaron las obras, tanto en Alajuela como en Puerto Limón, simultáneamente, planeando que ambas líneas férreas se toparan en un punto intermedio. En realidad, se avanzó con presteza, y ya en el primer semestre de 1872 sendas locomotoras avanzaban desde cada una de esas ciudades por los tramos tendidos hasta entonces. Sin embargo, aparte de importantes dificultades económicas, surgió una de carácter geológico: las inexpugnables rocas de Fajardo.
Eso ocurrió a fines de 1873, cuando ya se había completado el tramo entre Alajuela y Cartago, y se deseaba continuar hacia el Caribe. Y, después de varios intentos de dinamitar esa masa montañosa, que se extiende por varios kilómetros, los cuales implicaron un costo cercano al millón de dólares —según lo especifica Watt—, se decidió buscar una ruta alterna.
Al final, después de varias consideraciones, se decidió tender la línea ferroviaria por las planicies de Santa Clara, a partir de Siquirres, y que corriera al norte de los volcanes Turrialba e Irazú, para después subir hacia el Paso de La Palma, una garganta natural de la Cordillera Volcánica Central que facilitaba la comunicación con San José.
Guardia y Minor Keith firmaron el respectivo contrato el 8 de setiembre de 1879. De este modo, unos dos años y medio después se pudo alcanzar la margen derecha del río Sucio, sobre el cual se colocó un puente ferroviario para llegar a su ribera izquierda, donde se erigió una estación. A partir de ahí, quienes habían tomado el tren en Puerto Limón podrían continuar hacia San José por otros medios.
Inaugurada esa estación el 7 de mayo de 1882, en un acto apoteósico, del cual se ausentó el presidente Guardia por estar enfermo —moriría dos meses después, el 6 de julio—, se le denominó Carrillo, en honor de aquel jefe de Estado que tanto se empeñara por contar con una ruta entre la capital y el Caribe. Dicha estación sirvió de núcleo para que, con el paulatino surgimiento de servicios como hospital, cárcel, servicio de correos, hoteles, comisariato, etc., Carrillo se convirtiera en un pueblo, con más de 200 habitantes.
En realidad, la nueva ruta fue híbrida, pues de manera simultánea a la colocación de la vía férrea entre Siquirres y Carrillo, se había construido una calzada empedrada de casi 40 kilómetros de extensión de Carrillo a San José, la cual también fue inaugurada ese día; esta obra estuvo a cargo de la empresa Fernández y Tristán. Gracias a ella, se podían transportar las mercaderías en carretas tiradas por bueyes, mientras que la gente podía trasladarse en elegantes diligencias, algunas con cupo para 20 personas y remolcadas por tres parejas de mulas. Éstas avanzaban por el Paso de La Palma, a través del Bajo de La Hondura, San Jerónimo de Moravia y Paracito —hoy en Santo Domingo de Heredia—, para continuar después por Ipís de Guadalupe y la actual Calle Blancos, en un recorrido de unas seis horas.
En un croquis del San José de 1906, elaborado por Lucas Fernández y Salomón Escalante —disponible en la Biblioteca Nacional—, se nota que el camino llegaba al casco capitalino por el barrio Amón. Pasaba frente al actual edificio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y remataba en un pequeño puente sobre el río Torres, punto muy fácilmente localizable hoy.
La carretera a Carrillo en su aproximación al casco capitalino, en el croquis deFernández y Escalante (1906). Cortesía: Vanessa Brenes Bravo (Biblioteca Nacional)
Asimismo, en dicho croquis se nota que unos 850 metros antes —según el amigo cartógrafo Nelson Arroyo— se intersecaba con la línea férrea que conectaba Alajuela con San José; en ese punto, ubicado en Calle Blancos, en la vía que comunica Guadalupe con San Francisco, hay ahora un puente, para evitar el tren. En realidad, este punto específico tiene gran relevancia histórica —aunque no se le haya conferido eso hasta hoy—, pues en él se entrecruzaban dos magnos proyectos viales, uno carretero y el otro ferroviario, emergidos gracias a los anhelos e intentos por alcanzar la costa del Caribe.
En cuanto al poblado de Carrillo, sumergido por completo entre la densa selva lluviosa, vivió una época de esplendor, pero no duraría más de un decenio, pues varios desastres naturales, y sobre todo los recurrentes desbordamientos del río Sucio, lo hicieron desaparecer. Así lo ha documentado de manera prolija el amigo Sergio Barquero Ramírez, su mayor estudioso, quien desde hace más de 25 años está preparando un libro sobre ese mítico lugar. De hecho, en 2013 e invitado por él, tuve la fortuna de recorrer —a veces con el agua de dicho río hasta la cintura— los vestigios de la antigua calzada, y llegar hasta el punto exacto donde una vez estuvo asentado Carrillo.
La actual carretera Braulio Carrillo
Como se indicó al comienzo de este artículo, en la actual Ruta 32 hay dos segmentos que portan la denominación Braulio Carrillo, el primero como una corta autopista, y el segundo como una carretera de dos vías, al inicio por una zona plana y que después se interna en los prístinos bosques del Paso de La Palma, hasta rematar en Guápiles.
Inaugurada ésta en 1987, y muy importante para la exportación de productos agrícolas e industriales, su mención es casi cotidiana en la radio y la televisión, pues en ella son frecuentes los derrumbes, que obligan a cierres temporales, a veces por varios días. Y no es para menos, pues los terrenos boscosos por los que serpentea esta capa asfáltica son muy abruptos y propensos a deslizamientos, favorecidos por las casi constantes lluvias en esos parajes. Así lo habían pronosticado con toda claridad los célebres ecólogos Leslie Holdridge y Joseph Tosi, del Centro Científico Tropical (CCT), en los estudios de factibilidad para esa obra, y fueron ellos quienes sugirieron al gobierno que se estableciera ahí un área protegida, hoy denominada Parque Nacional Braulio Carrillo, para evitar que la extracción de madera —una vez abierta la ruta— causara serias alteraciones, no solo en los ecosistemas locales, sino que también en el régimen climático del Valle Central.
Nótese, una vez más, el nombre de Carrillo asociado con esta ruta hacia el Caribe. Sin embargo, no hay un solo hecho histórico que vincule su trayecto con la labor del célebre exgobernante, a quien además, y con toda justicia, se le ha dedicado un parque urbano en la capital, frente a la iglesia de La Merced.
Efectivamente, como ya lo indicamos, el inconcluso camino de Carrillo se ubicaba muy lejos de esta zona, mientras que el camino a Carrillo fue construido en la administración del general Guardia.
Palabras finales
Para concluir, y como una curiosidad, existe un solo aspecto en común entre el pueblo y el parque nacional dedicados a Braulio Carrillo.
En efecto, como el río Sucio atraviesa el citado parque, en la Ruta 32 hay un puente para soslayarlo. Y, en ese punto, si uno baja por la ribera izquierda del río y penetra en la montaña, puede observar que aún hay porciones de la calzada empedrada que conducía al poblado de Carrillo. Incluso es posible avanzar por dicha ribera, así como por el cauce del río en ciertos trechos, para llegar hasta el punto geográfico donde otrora se erigió tan memorable lugar, que fue exactamente lo que hice con el amigo Sergio Barquero el día en que anduvimos por ahí. Aún más, desde el puente es posible ver, en lontananza, una loma al pie de la cual estuvo Carrillo.
Así que, la próxima vez que usted cruce ese puente, además de disfrutar de ese esplendoroso entorno silvestre, imagine que, bordeando el río y debajo de él, pasaba una vereda empedrada que, desde y hacia el villorrio de Carrillo —en medio del silencio de la montaña y con tan solo el rumor del río por fondo—, era transitada por recuas de mulas y carretas atestadas de mercaderías, así como por elegantes diligencias repletas de personas.
En realidad, todo ese tropel representaba una vívida, reveladora y elocuente imagen de que el sueño de los mandatarios Manuel Aguilar, Braulio Carrillo, Juan Rafael Mora y Jesús Jiménez por fin había cristalizado, con la incorporación del agreste y evasivo Caribe a la cotidianidad de la patria.
Bosque denso, húmedo y de topografía irregular, típico del Caribe. Foto: Luko HiljeParaje en Cerro Grande, con el volcán Irazú al fondo. Foto: Luko HiljeEl mandatario Braulio Carrillo ColinaVestigios de la antigua calzada del Bajo de La Hondura. Foto: Luko HiljeEl mandatario Manuel Aguilar ChacónCuenca del río Sucio, vista desde la Ruta 32. La flecha indica dónde estuvo el villorrio de Carrillo. Foto: Luko HiljeEl mandatario Tomás Guardia Gutiérrez
Mis opiniones sobre el tema tribal son, sin duda, interpretaciones de las voces de mis ancestros que a menudo susurran en mis oídos.
En el Caribe, la propiedad de la tierra de nuestros antepasados abarca mucho más que los 200 metros de frente al mar. Sus tierras agrícolas, ahora convertidas en parques nacionales registrados como patrimonio del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), distan de la costa.
A pesar de las leyes de propiedad que exigen compensación, el Estado no ha retribuido adecuadamente a nuestros ancestros por las tierras de las que ahora se benefician económicamente en el mercado internacional de bonos de carbono.
Es crucial que nuestra comunidad tome conciencia de esta deuda real y cuantificable, y que se presenten las reclamaciones correspondientes.
Las Lomas de Manzanillo, Punta Uva, Puerto Viejo, Tortuguero y Barra del Colorado son ejemplos claros de cómo el gobierno costarricense ha empobrecido a la generación actual de afrodescendientes en la República.
Es hora de que, como pueblo afrocostarricense, dejemos de conformarnos con migajas y exijamos nuestra justa parte del pastel a quienes ostentan el poder.
Este es mi mensaje para los líderes y lideresas afrocostarricenses, especialmente para los congresistas.
Esa es la primera pregunta que todo afro-costarricense debería hacerse.
Recordemos, que durante el período de la trata transatlántica de esclavos (1517-1857), más de 12 millones de africanos fueron traídos por la fuerza a las Américas y Europa, incluyendo a nuestros propios antepasados, donde los afortunados sobrevivientes lograron su emancipación a través de muchos sacrificios, luchas, la unidad, solidaridad y sobre todo empatía entre ellos.
Tras la emancipación, hubo casi un siglo de servidumbre, que también fue superado mediante esfuerzos colectivos dentro de las comunidades.
Sin duda, esto fue posible dentro de un modelo económico global diferente al actual Nuevo Orden Mundial de economías globalizadas, donde el supra citado desplazamiento histórico representa un obstáculo mucho mayor para el progreso y el desarrollo que nunca antes.
Sin embargo, han surgido durante los últimos años acusaciones de usurpación de la Zona Maritima Terrestre (ZMT) y del Patrimonio Natural del Estado (PNE) contra los afro-descendientes en la costa caribeña, lo que inevitablemente trae a memoria uno de los capítulos más vergonzosos de la historia costarricense: El haber sometido a los «negros» a una vida de esclavitud y servidumbre durante la era de la trata de esclavos.
Es relevante destacar que nuestra presencia en las zonas costeras del Caribe no fue una elección de nuestros antepasados, sino una imposición de las autoridades gobernantes de la época.
Desde esa perspectiva, considero que tales acusaciones son absurdas y carentes de sentido, elaboradas para encubrir la perpetuación del abuso por parte de los líderes gubernamentales. Es evidente que en la actualidad, buscan condenar una vez más a las generaciones presentes y futuras de los descendientes de africanos desplazados de su tierra natal hace más de 400 años, a la pobreza y la ruina, repitiendo así la injusticia cometida con sus antepasados.
Cada 30 de agosto se conmemora el Día para la Celebración de la Lengua Criolla Limonense, así establecido por la Ley #9 619, para reconocer el aporte cultural oral de la comunidad afrodescendiente costarricense.
Día de las Culturas
El inglés criollo limonense es una herencia cultural inmaterial que lucha ante su desplazamiento lingüístico
Desde Guanacaste hasta el Sur, y del Pacífico al Caribe, el sistema educativo sigue sin reconocer la diversidad étnica y lingüística, mientras que la niñez y adolescencia siguen recibiendo una educación hispanohablante. El patrimonio lingüístico de Costa Rica se compone de al menos ocho lenguas, siete de ellas con diversos grados de vitalidad entre los pueblos y territorios indígenas, y el inglés criollo limonense.
Pese a que se carece de estadísticas recientes, algunos estudios han calculado que la comunidad hablante del inglés criollo limonense llega a “unas 65 000 personas, aunque la transmisión intergeneracional es cada vez menor debido a la exigencia social por aprender el inglés estándar para fines laborales; pero ese dato no es exacto”, recalcó la magister Kristel García Robinson, coordinadora del proyecto de Acción Social denominado “Kryol Kaana” (EC-618).
El proyecto “Kryol Kaana”, que en español significa la esquina del criollo, es un proyecto de Acción Social de la Sede del Caribe (SC-UCR) que pretende fortalecer el patrimonio cultural entre la población caribeña más joven.
La magister García comentó que se imparten talleres en centros educativos y otras instituciones de la región, y también fuera de la misma, sobre los orígenes del idioma, la historia afrodescendiente, y los usos de la lengua entre la población. “Nos encontramos que siempre en los grupos hay personas que hablan el inglés criollo, pero hemos detectado que existe vergüenza en admitirlo, pero a medida que se desarrollan las actividades se empoderan para hablarlo”.
“Otro de los aspectos que explicamos es que existen investigaciones en las universidades públicas que están trabajando en la traducción de obras literarias, que se están haciendo esfuerzos por rescatar nuestra lengua y aunque no existe aún una gramática ni una escritura estandarizada, estamos avanzando”, agregó García.
Según la Lic. Luisa Francis Scoth, docente de la Escuela Olimpia Trejos López, uno de los centros educativos participantes, “el inglés estándar y el “kryol” van de la mano, en él usamos frases acortadas para hacerlo más rápido y fluido, y la parte gramatical también cambia. En nuestra comunidad hay niños que lo usan para comunicarse, y los que no saben inglés lo captan rápidamente, yo creo que es muy importante mantenerlo”.
Superando la estigmatización social
“Por su condición de lengua criolla, esta variedad del inglés ha estado fuertemente estigmatizada, lo cual ha propiciado actitudes negativas hacia ella, tanto por parte de la comunidad hispanocostarricense como por sus propios hablantes. Esto mismo ha contribuido a su desplazamiento en su comunidad hablante a expensas tanto del inglés estándar como del español”, aseguró el Dr. Mario Portilla Chávez, ex director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas (Inil-UCR) y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua (ACL).
Aunque en el pasado el “kryol” fue la lengua común en el Caribe costarricense, ésta ha sufrido un desplazamiento ante el español y el inglés estándar, porque existen prejuicios al considerarse una forma inadecuada de hablar la lengua inglesa.
Desde la reforma educativa de mediados del siglo XX, la enseñanza del inglés criollo y usos sociales decayeron. En las décadas siguientes se describió como un “flat/broken english”, un “patois” o “mekatelyu”; el primero se refiere a un mal inglés, el segundo es erróneo ya que refiere a una variedad del inglés con influencia francesa y el último es un término acuñado a finales de los años setenta por Jack Wilson, investigador de origen estadounidense .
En la actualidad, existe coincidencia entre la comunidad caribeña y lingüistas que el término correcto para referirse a este idioma es inglés criollo limonense, o como sus propios hablantes le llaman, solamente como “kryol”, y debe considerarse una variante más de la lengua inglesa. Pero Portilla es claro que muchas personas prefieren el uso del inglés estándar porque “nadie quiere que le digan que habla un mal inglés”.
Al respecto, la investigadora García Robinson acotó que “perder esta herencia sería un daño irreparable a la cultura de la región, por eso es muy importante esta contribución de la Universidad de Costa Rica (UCR), y la Sede del Caribe cuenta con un equipo que puede aportar un impulso no solamente curricular, sino un abordaje profesional para recuperar el valor patrimonial en enfoques lingüísticos y culturales, en un espacio para que los participantes puedan explorar, valorar y conocer el criollo limonense”.
Asimismo, explicó García, debe superarse la creencia que es un idioma solo de afrodescendientes porque en la actualidad lo hablan y entienden personas de todas las etnias que habitan el Caribe costarricense. “Esta es una lengua que además tiene un factor de aglutinador social es una manera de aceptación, para reconocernos entre iguales sin importar la etnia e incluso se usa para excluir a otros hablantes que no la dominan”.
Retornar a lo esencial
El proyecto “Kryol Kaana” aspira a una población trilingüe, es decir, el dominio del español, del “kryol” y el inglés estándar. “Pero se necesita más apoyo porque en las escuelas limonenses solo se enseña español, y los padres ya no transmiten el “kryol” a sus hijos e hijas olvidando que la lengua transmite nuestra cultura”.
Rosibel Reyes Castro, ejecutiva institucional del Colegio Científico del Atlántico, destacó el aporte de la UCR mediante este proyecto, “lo aplaudo porque es evidente que el idioma se está perdiendo, muchos de los ancestros que lo hablaban han fallecido y aunque se conocen algunas palabras ya no es de uso común, y estos talleres son buenísimos porque la gente vuelve a recordarlo”.
“Considero que hacer esto es rescatar el idioma propio de la provincia y es importante que se hable en los cantones de Limón, pero lamentablemente nos está sucediendo lo mismo con las lenguas indígenas”, prosiguó Reyes.
“El rescate del “kryol” es una lucha por nuestros valores, aunque actualmente los padres jóvenes no quieren practicarlo por vergüenza y no lo enseñan a sus hijos. De ahí es que me sumo al aplauso por este proyecto y deseo que sigan viniendo a nuestra institución, porque están haciendo una excelente labor”, concluyó la Lic. Francis Scotch.
Eduardo Muñoz-Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
Por: Licda. Floribeth Salazar Vargas, coordinadora del Eje de Trabajo Local de Pridena UCR
La Política Nacional de Niñez y Adolescencia venció en el año 2021 y hasta abril del año en curso se publicó una nueva, evidenciando un proceso de construcción lento y que contó con carencias que conllevaron a retroceder para ser atendidas.
En el mes de julio, en el Centro Cívico por la Paz de Pococí, se realizó la presentación regional Huetar Caribe de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036.
Representantes institucionales y jóvenes de los seis cantones de la provincia participaron en este evento, coordinado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, junto con la oficina regional del Patronato Nacional de la Infancia de Limón, y sus respectivas oficinas locales ubicadas en: Talamanca, Limón, Matina, Siquirres, Guácimo y Pococí.
En esta actividad se reflexionó colectivamente en torno a los siete ejes estratégicos de la política para socializar los desafíos que representa el plan de acción propuesto para los próximos cincos años (2024-2029).
Así, se compartieron las principales inquietudes de las mesas de trabajo, expuestas por la voz de las personas jóvenes que forman parte de los Consejos Participativos, vinculados a los respectivos Subsistemas Locales de Protección.
Institucionalidad democrática
El primer señalamiento fue la inclusión de la participación indígena no solo como mención en el documento, sino a través de acciones concretas que sean realmente incluyentes. Al respecto, la representante del cantón de Talamanca señaló que cuentan con necesidades e intereses específicos asociados a su cultura y cosmovisión, así como a la atención particularizada de las manifestaciones de violencia que reciben los pueblos indígenas.
Asimismo, se evidenció la necesidad de crear una oficina local en el cantón Guácimo, ya que, ante su inexistencia, la oficina local de Pococí se encuentra a cargo de atender ambas regiones, lo cual no solo genera una sobresaturación de labores profesionales, sino que, a su vez, compromete los pocos recursos institucionales con los que se cuenta para el desarrollo de actividades de prevención y promoción dirigidos a estas poblaciones.
En esta línea, plantean la urgencia de contar con políticas cantonales y presupuestos regionalizados, así como trabajar en el fortalecimiento de los comités tutelares.
Vida y familia en comunidad
Se considera necesario un mayor involucramiento de instituciones y personas. En este sentido, señalan que la mayoría de las acciones planteadas en el plan de acción recaen en pocas instituciones con acciones aisladas y que siempre se ven a las mismas personas, como representantes de las distintas redes o comisiones existentes para estos fines, por lo que consideran necesario diversificar y ampliar la participación de nuevos actores, señalando que el bienestar de las niñeces y las adolescencias es asunto de responsabilidad de todos y todas.
Aseveran que muchas de las acciones se dirigen a las niñeces y las adolescencias, mas no a sus familias, lo cual es un desafío, ya que muchos de ellos y ellas se desenvuelven en entornos con familias violentas.
Por ello, consideran fundamental el énfasis en la protección especial y subrayan la importancia de fortalecer los métodos de crianza respetuosa, y la reflexión para que las familias sepan la responsabilidad que conlleva criar.
Por otra parte, señalan que no todas las personas jóvenes buscan apoyo profesional, pues temen ser juzgadas, por lo que es necesario el desarrollo de abordajes más horizontales que les hagan sentir seguras y sugieren tomar en consideración una estrategia que permita materializar la política para ellos y ellas. En sus palabras, “que las personas jóvenes sepan para qué sirven”.
El área de salud
Para este eje las principales inquietudes se centraron en el acceso diferenciado para la población. Consideran fundamental contar con mayor acceso a servicios de psicología y de Trabajo Social, así como con horarios diferenciados para las citas médicas, de manera que no interfieran con los horarios laborales o educativos.
Plantean la necesidad de que los servicios dirigidos a jóvenes tengan mayor divulgación, pero que, además, se haga mediante medios llamativos y atractivos, para que el mensaje sea recibido.
El área de educación
Destacan la carencia de recursos y el papel que están jugando las personas docentes. Se subraya la mala infraestructura de los centros educativos, lo cual, entre otras cosas, desmotiva el deseo de asistir a las lecciones, así como las limitaciones en cuanto a conectividad.
Demandan mayores recursos tecnológicos, materiales y comunitarios. Además, señalan la alta exclusión educativa producto de la negligencia de las personas responsables o por la necesidad de acceder a mayores recursos económicos, lo cual implica el abandono educativo para incorporarse en trabajos, casi siempre de índole agrícola.
También mencionan la venta y el consumo de sustancias psicoactivas dentro de los centros educativos, algunas naturalizadas tras asumir su bajo riesgo, como los vaporizadores y otras ilícitas que incluso están siendo ofrecidas por las mismas personas docentes a lo interno de los colegios.
Las áreas de cultura, juego, deporte, recreación y actividad física
Resalta la falta de infraestructura deportiva adecuada para su desarrollo, así como la carencia de lugares para la recreación que, además, sean seguros para permanecer en ellos, ya que su percepción sobre los espacios públicos de la provincia es que son peligrosos.
Consideran que no se destina el presupuesto necesario para estos temas, por lo que evidencian que no es prioritario.
A su vez, indican la necesidad de una mayor escucha de las personas jóvenes para que no se minimicen sus emociones y condiciones de salud mental. Consideran necesario un mayor acompañamiento que valide sus situaciones de estrés o ansiedad, muchas veces, son provocadas por las demandas en el hogar, que pueden atenderse a través de su participación en espacios de ocio.
El área de medio ambiente
Hay problemas relacionados con la seguridad ambiental y alimentaria. El cambio climático determina el desplazamiento de familias porque las condiciones climáticas no permiten seguir viviendo de manera segura en su hogar, o porque han disminuido las fuentes de empleo, lo que lleva a migraciones internas.
A esto se suma la dificultad de acceder a empleos dignos, que respeten la naturaleza y permitan la solvencia económica.
Por otra parte, señalan actividades que no se desarrollan de manera óptima, como la gestión de residuos sólidos, la tala, los ruidos excesivos por empresas sin regulaciones, el riego de agrotóxicos en zonas escolares y casas de habitación, lo cual genera, entre otras, cosas grandes malestares físicos y psicológicos.
Consideran fundamental que existan más procesos de educación socioambiental y mayor regulación por parte de los Gobiernos locales, tanto a nivel de auditoría como de políticas cantonales que, lejos de perpetuar correcciones internas, pongan fin a situaciones irregulares.
Frente a este panorama, es importante señalar que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia venció en el año 2021 y hasta abril del año en curso se publicó una nueva, evidenciando un proceso de construcción lento y que contó con carencias que conllevaron a retroceder para ser atendidas.
Por lo tanto, actualmente contar con un instrumento jurídico es importante para garantizar y resguardar a las niñeces y personas adolescentes. Pese a ello, la política fue aprobada con una falta grave tras la exclusión de los territorios indígenas en su consulta.
Ante tal omisión, la Defensoría de los Habitante realizó una denuncia e interpuso un recurso de amparo enfatizando la discriminación hacia la población y el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta situación fue señalada en varios momentos de la construcción de la política y previo a su aprobación por parte del equipo de Proyectos Interdisciplinarios en Niñeces y Adolescencias (Pridena UCR).
Por tanto, los múltiples desafíos que mencionan las personas jóvenes del Caribe evidencian que la implementación de la política requiere de una mirada particular, contextual y situada para la atención de las demandas de las poblaciones y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Se requiere la superación de indicadores y un gran trabajo articulado entre la institucionalidad pública y privada, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y las niñeces y las adolescencias.
Resulta imperante que las políticas públicas sean más inclusivas y se dirijan a abordar las desigualdades y deficiencias identificadas mediante planes de trabajo coherentes, realistas y regionalizados.
En este sentido, Pridena UCR, a través de su trabajo en lo local, se ha integrado al Subsistema Local de Protección del cantón de Guácimo, donde, a través de su compromiso por la promoción de los derechos de las niñeces y las adolescencias, se proponen y articulan acciones específicas que abonen a la consecución de los objetivos y metas establecidas.
Reconocemos el panorama desafiante y el largo camino que aún se requiere transitar, no obstante, reafirmamos nuestro compromiso por un trabajo ético, consecuente y sensible con las realidades locales, y con las niñeces y las adolescencias del país.
Licda. Floribeth Salazar Vargas Coordinadora del Eje de Trabajo Local de Pridena UCR
Durante la época colonial, Limón era considerado un lugar inhóspito habitado por indígenas y negros salvajes, una percepción que perduró hasta mediados del siglo XX.
En la Segunda República, el principal desafío para los gobernantes fue controlar la provincia y la ciudad de Limón. Se establecieron divisiones territoriales para los diferentes grupos étnicos: a los indígenas se les asignaron tierras mediante tratados internacionales convertidos en ley, mientras que la población no indígena recibió territorios de acuerdo con el derecho consuetudinario. Esto condujo a la creación de áreas como las «tierras de los negros» desde Barra del Colorado hasta Gandoca y Sixaola, donde vendieron parcelas de sus tierras a amigos inmigrantes para compartir su paraíso y poder subsistir.
Sin embargo, el rápido ascenso de los negros desde la pobreza extrema hasta adquirir propiedades en zonas exclusivas de la capital, como Plaza Víquez y Paso Ancho en la década de 1950, sin ayuda gubernamental, alertó a los gobernantes sobre el fracaso de su estrategia.
En las últimas tres décadas del siglo pasado, se observó una notable inmigración de europeos a Limón, especialmente al Distrito de Cahuita. Estos nuevos residentes se integraron rápidamente a la cultura local en lugar de imponer la suya, lo que desconcertó a los líderes del país.
Desde el cambio de siglo, se ha observado una política gubernamental que intenta revertir las leyes y derechos consuetudinarios que anteriormente llevaron al éxito a los habitantes del Caribe. Además, se ha evidenciado complicidad con bandas organizadas que invaden fincas para luego venderlas a quienes financiaron la invasión, poniendo fin al desarrollo económico autónomo del Caribe Costarricense.
Noé Vargas nos cuenta que Cosmetics Natural Monteverde es una empresa familiar creada en el año 2007 como un proceso de aprendizaje y crecimiento. Menciona que con el pasar del tiempo se iban presentando más necesidades y durante ese proceso encontraron a la Universidad de Costa Rica en el 2013. Nos comenta que esta alianza le ha permitido crecer tanto en la diversidad y calidad del producto como en lo personal también. Le ha permitido llevar sus productos al mercado nacional.
Johan Delgado Medina quien vive en Bajo la Estrella en Limón y pertenece al programa pre universitario de artes musicales en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica, menciona que ha sido un programa muy importante en su vida y sobre todo para la sociedad costarricense del Caribe y es una oportunidad de estudios musicales que todas las personas pueden aprovechar como los niños, jóvenes y adultos. Johan ha podido encontrar buenas opciones laborales gracias a este programa y actualmente es el subdirector de la banda del Colegio Técnico Profesional del Valle de la Estrella y director de la banda escolar Bandera Oeste, todo gracias a este proyecto ubicado en la sede del Caribe
Invitamos a ver el video de Noé y Johan quienes nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y la de sus comunidades.
Este es un comunicado muy importante para todos los habitantes, dueños de negocios, finqueros, beneficiarios de bonos de vivienda en los terrenos ubicados en la finca propiedad de JAPDEVA.
JAPDEVA tiene un nuevo y ya aprobado reglamento para el cobro del arriendo en terrenos de JAPDEVA, publicado en la Gaceta el día 8 de agosto del presente año.
Un reglamento que nos perjudica a todos y todo el esfuerzo de años de trabajo, tiempo, dinero de cada uno de nosotros, con estos nuevos reglamentos JAPDEVA simplemente nos pueden despojar de nuestras casas, negocios, fincas ya que ellos pueden prescindir de los contratos de arrendamiento cuando ellos quieran.
La elaboración de este reglamento fue un acto completamente autoritario y unilateral, ya que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de las personas ciudadanas según los Artículos 9, 11 y 50 y no incluyeron a la ciudadanía en la realización de este donde han violentado los principios dentro del marco constitucional que establecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas dentro de la República Participativa como lo es el gobierno de Costa Rica la cual debe de participar según la constitución y fue sólo una junta directiva la que tomó las decisiones.
Se establece también una tabla de cobros que no es clara y presenta muchas dudas ¿Cuál fue el criterio para establecer esos montos?
Todo esto nos deja a las Personas Ciudadanas de las zonas costeras en bienes administrados por JAPDEVA en extrema vulnerabilidad, desprotección e inseguridad jurídica de techo, trabajo porque ellos pueden venir como arrendadores a sacarnos sin ningún temor ni responsabilidad civil.
Esto no es un tema de marchas ni manifestaciones desgastantes, ni mucho menos un tema que se reduce a bonos de vivienda. Esto es un tema de ejercicio de poder del ciudadano como así lo establece la constitución de nuestro país que esta por encima de todo proceso legal.
Por lo cual la Ciudadanía en el ejercicio constitucional debe convocar una rendición de cuentas de las decisiones tomadas por parte de la Directiva de JAPDEVA.
Por esto queremos invitarlos a todos este próximo sábado 24 a una reunión en el gimnasio del colegio de Barra de Parismina a las 5 de la tarde para poder ampliarles más sobre el tema, ver cuál es la ruta que vamos a seguir y luchar por lo que nos ha costado tanto a todos.
María Fernanda Vargas Cabalceta Presidenta ADI Barra de Parismina
«Los pueblos que no defienden lo suyo, terminan siendo inquilinos en su propio país» – Juan Mora Porras.
Un hecho insólito tiene a los vecinos de las Barras (Pacuare, Colorado, en San Francisco, Tortuguero, la Lucha, Parismina) sin poder dormir de la preocupación, angustia y rabia, por cuanto la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) los quiere sacar de sus casas construidas con el bono de vivienda, y alquilárselas.
Por más ridículo que se lea, así es. Esto es lo que está ocurriendo a decenas de familias de esa región del Caribe para lo cual funcionarios de Japdeva estarán trasladando a los vecinos de todas esas comunidades a una reunión, este miércoles, donde se les darán los detalles.
Así lo explicó en un video de alerta, Orlando Barrantes, Coordinador del Bloque de Vivienda, quien pasó la voz de alarma a los vecinos para que no firmen ningún documento.
“Japdeva está haciendo todo el esfuerzo que ellos puedan hacer para quitarles el bono y lo digo esto con mucha claridad, conversen con los presidentes de las Asociaciones de Desarrollo, y les expliquen por qué Japdeva está convocando para el miércoles 21 próximo a una reunión y pretende llevarlos a todos ustedes donde vivan, ya sea en Pacuare, en Colorado, en San Francisco, en Tortugueros. en La Lucha, en Parismina, pretenden llevarlos, eso es lo que están diciendo, hoy domingo” explicó Barrantes.
“Si tienen que decir algo sobre el bono de vivienda que vayan a las comunidades, como hacíamos nosotros. Este es un mensaje de alerta mucho cuidado con lo que les está diciendo Japdeva. Nosotros como Bloques de Vivienda, vamos a estar presentes en cualquier reunión que haga Japdeva. Nosotros vamos a estar presentes porque lo que pretenden es a los que ya están viviendo desde hace años en las casas se las van a quitar anulando los convenios de uso de suelo por 100 años, y cambiandolos por uno de alquiler o arrendamiento por 15 o 20 años”, dijo el dirigente de la mayoría de los grupos de vivienda todo el país.
Según Barrantes, Japdeva entregò a las familias que han vivido toda su vida en las Barras usos de suelo por 100 años lo que les permitió gestionar con el Banco Hipotecario de la Vivienda su respectivo bono de vivienda, y así cumplieron su sueño de tener casa propia.
Ahora Japdeva quiere anular esos contratos, y que los vecinos acepten un contrato de alquiler pero por 15 a 20 años, sin que haya ningún tipo de seguridad jurídica y no se sepa los alcances del bono de vivienda, ni que pasara cuando se venzan.
“Ni siquiera han dado nada por escrito, llaman a los dirigentes y les dicen lo que hay que hacer. Eso es una irresponsabilidad, las cosas hay que hacerlas de frente. Hacemos este llamado para que estén alertas, que estemos unidos. No vamos a permitir que Japdeva, ni nadie le quite la casa a ninguno de los vecinos de esas hermosas comunidades.
