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Etiqueta: Caribe

Día Mundial de los Arrecifes: El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta su mayor crisis coralina mientras el ecocidio avanza sin freno

Comunidades y organizaciones llaman a proteger los arrecifes del Caribe Sur mediante ciencia ciudadana, conservación costera y acciones urgentes del Estado

Día Mundial de los Arrecifes: proteger lo que aún está vivo

Este 1 de junio, Día Mundial de los Arrecifes, Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de Kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado urgente a la protección de uno de los patrimonios naturales más valiosos del país: el arrecife coralino del Caribe Sur de Costa Rica.

Mientras muchas regiones del mundo intentan restaurar arrecifes que ya han desaparecido o han sufrido daños irreversibles, en el Caribe Sur aún persiste un arrecife vivo, diverso y ancestral. No se trata de un ecosistema artificial ni de una colección de fragmentos cultivados; se trata de un arrecife natural que mantiene procesos ecológicos esenciales, alberga una extraordinaria biodiversidad marina y brinda protección costera, alimento y sustento a las comunidades locales.

Sin embargo, su supervivencia enfrenta amenazas cada vez mayores. La contaminación proveniente de las cuencas hidrográficas, la sedimentación causada por la deforestación, la destrucción de humedales y manglares, el desarrollo inmobiliario en zonas costeras sensibles, las obras de infraestructura sin evaluación ni mitigación adecuada de impactos marinos y los efectos del cambio climático están ejerciendo una presión constante sobre este ecosistema.

La ciencia ha demostrado que los arrecifes no pueden entenderse de forma aislada. Su salud depende de la integridad de todo el paisaje costero. Los bosques, manglares, humedales, ríos y playas forman parte de una misma red ecológica. Cuando estos ecosistemas son degradados, los efectos terminan llegando al mar en forma de sedimentos, contaminantes y alteraciones en la dinámica natural de la costa.

Por ello, la situación que enfrenta el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo debe entenderse también como una amenaza directa para los arrecifes del Caribe Sur. La pérdida de cobertura forestal, la afectación de humedales y manglares y la creciente presión urbanística comprometen la capacidad del territorio para proteger los ecosistemas marinos que dependen de él.

La preocupación por el futuro del arrecife del Caribe Sur también quedó en evidencia durante el reciente intento de volver a construir un atracadero en el centro de Puerto Viejo, sobre una zona de arrecife coralino vivo. El proyecto fue acompañado por un estudio de impacto ambiental que contenía graves inconsistencias técnicas, incluyendo referencias a especies marinas propias del Pacífico costarricense y no del Caribe. Este caso evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación ambiental y garantizar que cualquier propuesta de desarrollo costero se sustente en información científica rigurosa y acorde con la realidad ecológica del territorio.

Más allá de un proyecto específico, este episodio refleja una visión de desarrollo que continúa dándole la espalda al mar. El Caribe Sur ha construido su identidad, su economía y su atractivo turístico alrededor de la riqueza de sus ecosistemas costeros y marinos. Sin embargo, muchas de las propuestas impulsadas en los últimos años parecen concebir el territorio como un espacio para la expansión inmobiliaria y la infraestructura, sin reconocer los límites ecológicos que sostienen precisamente aquello que atrae a visitantes de todo el mundo. Un modelo de desarrollo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes termina erosionando la base natural que le da valor al territorio.

Un ejemplo reciente son las obras de los puentes en la entrada de Puerto Viejo, desarrolladas sin una evaluación integral de las dinámicas marino-costeras y sin considerar adecuadamente los procesos de erosión que históricamente afectan esta zona. Durante los últimos frentes fríos, el fuerte oleaje y la socavación provocaron afectaciones en las estructuras, evidenciando la vulnerabilidad de obras que no incorporan plenamente la realidad ambiental del territorio. Como respuesta, se han implementado intervenciones de emergencia que han implicado el movimiento y depósito adicional de materiales, aumentando la sedimentación que llega al mar y generando nuevas presiones sobre los ecosistemas costeros.

Estos hechos ponen en evidencia la necesidad de planificar el desarrollo con una visión ecosistémica y de largo plazo. Un modelo que consume bosques, humedales, manglares y arrecifes, o que ignora los procesos naturales de la costa, termina erosionando la base ambiental que da valor al territorio y sostiene la calidad de vida de las comunidades locales. Proteger estos ecosistemas no es un obstáculo para el desarrollo; es la condición indispensable para que exista un desarrollo verdaderamente sostenible.

La situación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Viejo evidencia una de las principales deudas ambientales de la región. A pesar de la creciente presión turística y urbana sobre el territorio, la infraestructura continúa sin cumplir plenamente el objetivo para el que fue concebida, limitando la capacidad de gestionar adecuadamente las aguas residuales y reduciendo los beneficios esperados para la salud pública y los ecosistemas marinos. Su puesta en funcionamiento efectiva y completa es una necesidad urgente para disminuir la contaminación que llega a ríos, playas y arrecifes de coral, y para garantizar un desarrollo turístico compatible con la conservación de los recursos naturales que sostienen la economía local.

La llegada de nuevos eventos de calentamiento oceánico asociados al fenómeno de El Niño aumenta la urgencia de actuar. Los episodios recientes de blanqueamiento han demostrado que los arrecifes necesitan llegar a estos eventos climáticos en las mejores condiciones posibles. Cada fuente de contaminación eliminada, cada bosque protegido y cada humedal conservado aumenta sus posibilidades de resistir y recuperarse.

Frente a este panorama, las comunidades han asumido un papel fundamental. A través de procesos de ciencia ciudadana impulsados por organizaciones locales y en colaboración con la Universidad de Costa Rica, más de un centenar de personas han participado en talleres de monitoreo comunitario de arrecifes. Estos esfuerzos permiten generar información local, fortalecer la vigilancia ambiental y promover una ciudadanía activa en la defensa del patrimonio marino.

La ciencia ciudadana no reemplaza las responsabilidades institucionales, pero sí fortalece la capacidad de las comunidades para observar, documentar y comprender los cambios que ocurren en sus ecosistemas. Es una herramienta para democratizar el conocimiento y construir una gestión ambiental basada en evidencia y participación social.

Finalmente, no podemos olvidar la deuda ecológica histórica que pesa sobre el Caribe costarricense debido a más de un siglo de contaminación asociada al modelo bananero. Durante décadas, el uso intensivo de pesticidas y otros agroquímicos ha impactado ríos, humedales, zonas costeras y ecosistemas marinos, dejando consecuencias ambientales y sociales que aún persisten. Esta contaminación no solo ha afectado la salud de los ecosistemas, sino también la calidad de vida de las comunidades que han convivido con sus efectos generación tras generación. Hablar de la protección de los arrecifes y del mar implica también reconocer esta historia, asumir responsabilidades y avanzar hacia modelos de desarrollo que reparen los daños acumulados y garanticen un futuro más justo para las personas y la naturaleza.

En este Día Mundial de los Arrecifes: Costa Rica por el Océano, El Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de kioscos Socioambientales UCR y Bloque Verde hacen un llamado a las instituciones públicas para fortalecer la protección efectiva de los ecosistemas costeros y marinos del Caribe Sur; garantizar investigaciones rigurosas sobre posibles fuentes de contaminación; asegurar que toda infraestructura costera cuente con estudios de impacto ambiental integrales hacia el mar y actualizados; fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental y promover la conservación de los ecosistemas que sostienen la salud de los arrecifes.

El Caribe Sur aún conserva un arrecife vivo. Su valor no radica únicamente en su belleza, sino en los servicios ecológicos que brinda, en la biodiversidad que alberga y en el vínculo histórico que mantiene con las comunidades costeras.

La prioridad no es reemplazar lo que existe. La prioridad es protegerlo.

Porque conservar un arrecife vivo siempre será más valioso que intentar reconstruir uno perdido.

Fotografías: Diego Miranda y Marco Salazar.

FONAMAFROCR pide nueva conducción en Japdeva basada en diálogo, respeto y desarrollo para Limón

El Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFRO-CR) emitió un pronunciamiento público sobre la situación que enfrenta la provincia de Limón y la gestión de Japdeva. La organización señala que la región necesita una nueva etapa de liderazgo institucional centrada en el respeto, la escucha activa, el diálogo social y resultados concretos para las comunidades. Además, afirma que no respalda la continuidad de la actual jerarquía institucional y solicita que futuras decisiones prioricen perfiles con capacidad técnica, sensibilidad social y compromiso real con el desarrollo inclusivo de Limón.

SURCOS comparte el pronunciamiento:

Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFRO-CR)
Puerto Limón, Caribe Costa Rica
15 de abril de 2026

Pronunciamiento público de FONAMAFROCR

Por una conducción institucional con enfoque de desarrollo, respeto y diálogo para Limón

El Foro Nacional de las Mujeres Afrodescendientes de Costa Rica (FONAMAFROCR), en el marco de su compromiso con la equidad, la justicia social y el fortalecimiento de liderazgos inclusivos, se pronuncia ante la situación actual que enfrenta la provincia de Limón y la institución Japdeva vinculada a su desarrollo.

Reconocemos las legítimas preocupaciones expresadas por diversos sectores sociales, laborales y comunitarios de la provincia, en relación con el clima institucional, la gestión y las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo integral de Limón.

Desde FONAMAFROCR, manifestamos con claridad que la provincia requiere una nueva etapa en la conducción institucional, en Japdeva, basada en el respeto, la escucha activa, el diálogo social y la capacidad efectiva de generar resultados en beneficio de las comunidades de la región Huetar Caribe.

En ese sentido, no respaldamos la continuidad de la actual jerarquía institucional, considerando que el contexto actual demanda un liderazgo distinto: con visión de desarrollo territorial, sensibilidad social, capacidad de articulación y un trato digno hacia las personas trabajadoras y las comunidades.

Este posicionamiento no responde a intereses personales, sino a la necesidad de garantizar condiciones institucionales que favorezcan la confianza, la paz laboral y el avance de procesos de desarrollo inclusivo y sostenible.

Asimismo, recordamos que Costa Rica ha asumido compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, cuyos principios —particularmente en materia de participación, consulta y respeto a las comunidades— deben orientar toda acción pública en territorios con alta diversidad cultural y social como Limón.

Desde esta perspectiva, reiteramos que el desarrollo no puede construirse sin:

❖ Participación efectiva de las comunidades.
❖ Liderazgos empáticos y respetuosos.
❖ Ambientes laborales libres de violencia, hostigamiento o prácticas que deterioran la dignidad humana.
❖ Procesos transparentes y orientados a resultados concretos para la población.

Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales para que, en la toma de decisiones sobre la conducción institucional, se prioricen perfiles con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica y compromiso real con el desarrollo de la provincia de Limón.

FONAMAFROCR reafirma su disposición de contribuir a los procesos de diálogo y construcción de propuestas que permitan avanzar hacia una institucionalidad más cercana, inclusiva y efectiva.

Limón merece un liderazgo que una, escuche y construya.

Atentamente,

Hellen Simmons Wilson
Coordinadora General
FONAMAFROCR

Asociación Americana de Juristas realizará webinar internacional sobre justicia feminista en el marco de la CSW70 de la ONU

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) anunció la realización del webinar “Justicia feminista: avances y retrocesos en el acceso a la justicia en Latinoamérica y el Caribe”, que se desarrollará como evento paralelo del foro #NGOCSW70, en el contexto del 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York en marzo de 2026.

La actividad se realizará el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 10:30 a.m. (hora de Nueva York), lo que corresponde a 11:30 a.m. en Buenos Aires, y se llevará a cabo en modalidad de webinar con inscripción previa.

La CSW70 reúne a gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil para debatir políticas y estrategias orientadas a fortalecer la igualdad de género y el acceso a la justicia para mujeres y niñas en el mundo.


Participación de juristas y especialistas de la región

El seminario contará con la introducción de la Dra. Nelly Minyersky (Argentina).

El panel estará integrado por:

  • Dra. Gisela Jiménez Aranguren (Venezuela)

  • Dra. Mirna Perla (El Salvador)

  • Dra. Yamila González Ferrer (Cuba)

  • Dra. Marisa Graham (Argentina)

  • Dra. Alessia Pamela Bertuleza Santos Tuxá (Brasil)

  • Diputada Nora Delgado (Venezuela)

La moderación estará a cargo de:

  • Dra. Elena Mendoza (Argentina)

  • Dra. Vanessa Ramos (Puerto Rico)

El encuentro abordará los avances y retrocesos en el acceso a la justicia para las mujeres en América Latina y el Caribe, en el marco de los debates internacionales sobre justicia de género.


Inscripción al webinar

La participación requiere registro previo mediante el siguiente enlace:

Inscripción al webinar de justicia feminista (#CSW70)

Tras completar la inscripción, las personas participantes recibirán un correo electrónico de confirmación con el enlace para conectarse al seminario web.

También se puede acceder al registro mediante el código QR que aparece en la imagen de convocatoria.

Además, la información completa del evento se encuentra disponible en el sitio de la Asociación Americana de Juristas:


Evento en el marco del foro global de organizaciones sociales

El webinar se realizará como evento paralelo del foro #NGOCSW70, espacio que reúne a organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que participan en las actividades vinculadas a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU.

Estos espacios permiten que organizaciones, académicas y especialistas presenten análisis y propuestas sobre los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a sistemas de justicia efectivos y con perspectiva de género.

Piratería en el siglo XXI: Estados Unidos asalta Venezuela

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Conocí las historias de piratas en los dibujos animados y en los cómics de los años setenta, cuando era un niño. Eran aventuras de otros tiempos, antiguas casi míticas, basadas —decíamos— en hechos reales, pero completamente ajenas a la realidad que vivíamos entonces, marcada por la cruel dictadura militar de Pinochet. A diferencia de los militares, los piratas de barbas largas, cicatrices en el rostro, un ojo perdido, piernas de madera; hombres de mar armados con espadas y pistolas de una sola bala, bebedores de ron, eran asaltantes de barcos mercantes y de turistas, no de sus pueblos. Todo eso pertenecía al imaginario del pasado, a la fantasía infantil, a las películas y a los cómics. Jamás pensamos que esa historia volvería a escribirse en el presente.

La piratería del siglo XXI: de interceptar barcos a bombardear capitales

Sin embargo, comenzando el año 2026, Estados Unidos ya se ha encargado de demostrar lo contrario. Aquella práctica que creíamos sepultada en los libros de historia ha sido reactivada en pleno siglo XXI, esta vez en el Caribe y en territorio continental, con una intervención militar directa contra Venezuela que marca una escalada sin precedentes en las relaciones hemisféricas.

Lo que empezó como un creciente despliegue naval en la región y operaciones destinadas a interceptar embarcaciones vinculadas al comercio petrolero venezolano —a las que Washington calificó de combate al “narcotráfico”— culminó, la madrugada del 3 de enero de 2026, con ataques aéreos y terrestres sobre múltiples localidades venezolanas, incluidas la capital Caracas, Fuerte Tiuna y otras instalaciones estratégicas.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses realizaron un “ataque de gran escala”, tras el cual capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron fuera del país para ser enjuiciados por cargos como narcoterrorismo y conspiración criminal según autoridades de Washington.

¿Piratería o intervención “legítima”? El relato de Washington

Desde la narrativa oficial estadounidense, la operación tiene dos justificaciones principales:

  1. La lucha contra el “narco-Estado” venezolano, que según Washington está profundamente implicado en el tráfico de drogas y actividades criminales transnacionales.
  2. La detención y enjuiciamiento de Maduro, presentándolo como un líder criminal cuya captura y traslado a juicio sería una victoria de la justicia internacional.

Trump y altos funcionarios de su gobierno han defendido que la operación fue cuidadosamente planificada y ejecutada con precisión, incluyendo la participación de unidades especiales, y que Maduro y su esposa enfrentarán procesos legales en Estados Unidos.

La otra cara: soberanía, violación del derecho internacional y rechazo global

El propio gobierno venezolano ha catalogado la operación como una “agresión militar” y una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional, señalando que no existe mandato internacional, resolución de la ONU ni declaración de guerra que legitime la acción estadounidense.

La respuesta diplomática y política internacional ha sido inmediata y polarizada:

  • México, entre otros países latinoamericanos, ha condenado enérgicamente la intervención, calificándola de violación del principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.
  • Colombia ha movilizado fuerzas en su frontera por temor a una crisis humanitaria, y su presidente ha demandado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Estados europeos como España han llamado a la desescalada, mientras que Rusia, Cuba e Irán han denunciado la acción como una violación del derecho internacional y un acto de “estado terrorista”.

De la “piratería marítima” a la intervención continental.

Lo que comenzó como una escalada de presión en el mar —con interceptaciones de embarcaciones petroleras y sanciones económicas— ha desembocado en una intervención militar sobre un Estado soberano con la captura de su jefe de Estado. Este salto cualitativo no se limita a un episodio más de coerción económica; representa una redefinición del ejercicio del poder estadounidense en la región, donde la fuerza se usa no sólo para bloquear y saquear recursos, sino para sustituir gobiernos.

Si en el pasado las acusaciones de “narco-Estado” y los bloqueos económicos eran las coartadas para presionar a Caracas, hoy esa narrativa se usa para justificar bombardeos y operaciones especiales que culminan en lo que muchos analistas describen como un secuestro de facto de un jefe de Estado extranjero.

Piratería moderna: qué significa realmente

La historia que creímos enterrada no solo ha regresado: ha vuelto con bombarderos, fuerzas especiales y discursos moralizantes, pero con un objetivo que no difiere en esencia del de los viejos piratas: la apropiación de riqueza ajena bajo la máscara de una misión noble.

Cuando la potencia más poderosa del mundo decide quién es criminal, quién debe ser capturado, y cuánto vale su libertad, fuera de cualquier mecanismo multilateral, el derecho internacional deja de ser una norma común y se transforma en una herramienta al servicio del más fuerte.

Esa es, hoy, la piratería moderna: no espadas ni garfios, sino bombas, drones y portaaviones, con jurisdicciones salteadas y soberanías pisoteadas, en pleno corazón del Caribe. Y atención, conocemos bien esta historia, sabemos cómo actúa Estados Unidos cuando decide que sus intereses están por sobre los demás. No sólo Venezuela está en peligro, hoy toda la región se puede convertir en objetivo del saqueo de estos piratas neoliberales y globalizados.

Fuentes

https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/1/3/tras-intervencion-militar-en-venezuela-mexico-condena-rechaza-energicamente-captura-de-maduro-365762.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.cbsnews.com/live-updates/venezuela-us-military-strikes-maduro-trump/?utm_source=chatgpt.com

https://elpais.com/internacional/2026-01-03/ultima-hora-de-las-explosiones-en-venezuela-en-directo.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/1/3/live-loud-noises-heard-in-venezuelas-capital-amid-us-tensions?utm_source=chatgpt.com

https://www.reuters.com/world/americas/loud-noises-heard-venezuela-capital-southern-area-without-electricity-2026-01-03

Llamamiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por la paz, la defensa de los pueblos y su derecho a la autodeterminación

Los y las invitamos a sumar su firma y a difundir este llamado:

En un momento de grave amenaza para la paz y la soberanía de nuestra América, nos hacemos eco del urgente Llamamiento por la Paz y la Unidad impulsado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Frente al despliegue militar por parte del gobierno de Donald Trump en el Caribe, las acciones que violan el derecho internacional y la intención de revivir una lógica colonial en la región, el llamado es claro: defender la autodeterminación de los pueblos, exigir el respeto a la Carta de la ONU y movilizarnos para que nuestra región siga siendo un territorio de paz.

¡Por una América Latina en Paz y soberana!

Puede firmar aquí:

Español: https://forms.gle/JwtWC1UpkLhWo8Cg6

English: https://forms.gle/frqbfJb2eoRQXPvb7

Français: https://forms.gle/kceY61bJypTD52JK6

Italiano: https://forms.gle/qoAHeoQsHL9jrgne8

Portugués: https://forms.gle/mC5WJt3ebf7RMY2SA

Provincia de limón: en el nuevo orden mundial

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, 17/12/2025.

Territorio caribeño, pueblos tribales afrocostarricenses, y la disputa por los recursos naturales

Durante décadas, la provincia de Limón fue tratada como periferia dentro del Estado costarricense. Hoy, paradójicamente, se ha convertido en territorio estratégico dentro del nuevo orden mundial. Limón concentra las únicas costas del país en el Caribe que conectan directamente con el Océano Atlántico, además de puertos, biodiversidad, agua dulce y pueblos tribales afrocostarricenses con continuidad histórica.

En un mundo en disputa por recursos y control territorial, esto ya no es un asunto local: ES GEOPOLÍTICA.

Antes de 1948, Costa Rica vivió una crisis que redefinió el Estado sin Limón.

El Caribe no decidió el rumbo del país, pero pagó sus consecuencias.

Hoy el patrón se repite, aunque con métodos distintos.

Ya no hay fusiles, sino planes reguladores impuestos, decretos técnicos y figuras ambientales aplicadas sin consulta, que siguen tratando a Limón como territorio a administrar, no como sujeto político.

La competencia entre Estados Unidos, China y Rusia ha devuelto a América Latina al centro del tablero global.

En ese escenario, Limón es una pieza clave por su posición geográfica, sus puertos y sus recursos naturales.

Y cuando las potencias compiten, los territorios pequeños pero ricos pagan el precio.

En nombre del “ambientalismo” y del “desarrollo sostenible” se ha consolidado un modelo peligroso: Protección sin pueblo, conservación sin consulta y desarrollo sin justicia histórica.

Parques Nacionales, humedales y figuras de Patrimonio Natural del Estado se usan para congelar territorios y debilitar comunidades ancestrales.

ESTO NO ES CASUALIDAD: Un territorio sin población organizada es más fácil de controlar desde afuera.

Los pueblos tribales afrocostarricenses de Limón no son ocupantes informales. Son pueblos con historia, cultura y derechos colectivos. Negar la Consulta Previa, Libre e Informada no es un error administrativo; es una forma de control territorial.

Por eso resultó tan incómodo el Voto de la Sala Constitucional N° 2025-029985 (19/09/2025), que reafirma la consulta como derecho constitucional y vinculante.

Cuando ya no se puede negar el derecho, se aplica la vieja táctica: dividir comunidades, enfrentar liderazgos y bloquear la organización colectiva.

Sin órganos de consulta operativos, el Estado decide solo y luego culpa a Limón por la falta de interlocución. Es el colonialismo administrativo en versión moderna.

Limón no enfrenta una guerra armada. Enfrenta algo más silencioso y peligroso: La recolonización del territorio mediante normas, discursos ambientales y proyectos impuestos sin consentimiento.

En 1948 el país se redefinió sin Limón. Hoy se intenta hacer lo mismo otra vez.

La diferencia es clara:

Un territorio sin voz es administrable; un pueblo organizado, con memoria, derechos y Consulta Previa, es soberano.

Manifiesto sobre la crisis ecológica derivada de fumigaciones agrícolas en la región Caribe

Diciembre 2025 – Costa Rica

El Parlamento Cívico Ambiental, en representación de las 39 organizaciones que componemos este foro, nos unimos a las comunidades, científicos, pescadores artesanales, guardianes territoriales y ciudadanos comprometidos con la defensa de los ecosistemas de Costa Rica, en declarar nuestra profunda alarma y condena ante la reciente mortandad masiva de peces, aves y cocodrilos registrada en Barra de Pacuare, Laguna Madre de Dios y zonas aledañas de la costa Caribe.

Este episodio, denunciado públicamente por comunidades locales y registrado en fotografías y testimonios directos, no constituye un hecho aislado, sino la expresión más reciente de un patrón histórico de contaminación asociado al uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y agroquímicos altamente tóxicos provenientes de plantaciones bananeras y piñeras cuyos sistemas de drenaje colapsan o rebalsan con las lluvias.

Denunciamos

  • La existencia de un modelo agrícola industrial en el Caribe costarricense en este caso, pero presente en otros lugares del país también, que, desde hace décadas, envenena ríos, lagunas, humedales y mares, vulnerando derechos humanos, comunitarios y ambientales fundamentales.

  • La falta sistemática de controles efectivos por parte del Estado, permitiendo que corporaciones agrícolas operen bajo esquemas que priorizan su rentabilidad sobre la salud pública y la integridad ecológica.

  • El silencio institucional y la negligencia que, pese a reportes recurrentes, ha normalizado la muerte de fauna silvestre, la afectación a trabajadores y la contaminación de acuíferos y zonas de reproducción de peces.

Esta tragedia ocurre precisamente durante periodos de desove, intensificando el riesgo de colapso pesquero para comunidades que dependen del mar, de los humedales para su sustento y el alto riesgo de envenenamiento de comunidades aledañas y vida silvestre, por el consumo de peces contaminados.

Razón por la que exigimos

  1. Una investigación inmediata, independiente y con participación ciudadana liderada por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que determine las causas exactas, la cadena de responsabilidades y las consecuencias ecológicas y socioeconómicas del evento.

  2. La suspensión temporal de fumigaciones aéreas y terrestres en zonas donde existan riesgos de escorrentía hacia cuerpos de agua, mientras avanza la investigación.

  3. La aplicación estricta del principio precautorio, incorporando monitoreo permanente de calidad de agua en ríos, canales y lagunas.

  4. Sanciones ejemplares a las personas o empresas responsables del vertido o manejo inadecuado de químicos por parte de las instancias gubernamentales y judiciales que deben cumplir con su deber de hacerlo.

  5. La acción y seguimiento urgente por parte de la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley que regulen estas actividades y castiguen con mayor severidad acciones como éstas.

  6. La formulación de un Plan Nacional de Transición Agroecológica que erradique gradualmente los insumos que hoy ponen en riesgo la vida silvestre y humana.

Y reafirmamos

  • Que la salud de los ecosistemas es inseparable de la salud del país.

  • Que Costa Rica no puede seguir sosteniendo una reputación ambientalista mientras tolera prácticas agrícolas que destruyen su biodiversidad y envenenan a su gente.

  • Que la protección de la vida marina, de los humedales y de las especies emblemáticas del Caribe no es opcional: es un deber moral, constitucional (conforme lo establece nuestro Artículo 50 de la Constitución Política) y generacional.

Proclamamos

Este manifiesto se eleva en nombre de la vida silvestre asesinada de las comunidades que han soportado décadas de toxicidad impuesta, de los pescadores que hoy ven morir los ciclos que sostienen su economía y cultura, y de todos los costarricenses que exigen un país coherente, justo y verdaderamente comprometido con la protección ambiental.

El Parlamento Cívico Ambiental pone este documento a disposición de las organizaciones, asociaciones pesqueras y colectivos territoriales para su validación, adhesión y fortalecimiento.

Porque sin agua limpia, no hay vida, porque sin vida silvestre, no hay futuro y
porque sin justicia ambiental, no hay una Costa Rica como la que anhelamos

Acordado el 6 de diciembre de 2025 por votación unánime.

Por el Parlamento Cívico Ambiental:

Bernardo Aguilar González. Presidencia
Victoria Rudín Vega. Vicepresidencia
Oscar Moya Cantero. Primera Secretaría
Patricia Corrales López. Segunda Secretaría a.i.

Sala Constitucional ordena consulta previa al pueblo tribal afrocostarricense sobre el Plan Maestro Turístico del Caribe

La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado contra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) por no haber realizado una consulta previa, libre e informada al pueblo tribal afrocostarricense durante la formulación del Plan Maestro Turístico del Sector Costero del Caribe de Costa Rica.

El recurrente, Marco Levy Virgo, señaló que este plan, elaborado en octubre de 2024 y actualmente en implementación por MIDEPLAN, abarca los 212 kilómetros de la costa limonense, contempla propuestas de infraestructura turística, intervenciones urbanas y ambientales, así como insumos para cuatro planes reguladores costeros. Según denunció, todo ello afecta directamente territorios ancestrales afrodescendientes en cantones como Pococí, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca.

La Sala confirmó la omisión: no hubo consulta previa

Luego de estudiar el Plan Maestro, los informes institucionales y la normativa aplicable, la Sala concluyó que:

  • El Plan Maestro constituye una medida administrativa de alto impacto territorial y sociocultural, susceptible de afectar directamente a la población afrodescendiente del Caribe.
  • La consulta realizada por el ICT consistió únicamente en sesiones informativas generales, abiertas a la comunidad, sin convocar de manera específica a las instituciones representativas del pueblo tribal afrocostarricense.
  • En particular, no se convocó al Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense, cuya organización está a cargo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, instancia formalmente reconocida por el Decreto Ejecutivo N.° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP.

Para la Sala, estas actividades informativas no constituyen consulta previa en los términos del Convenio 169 de la OIT, que exige un proceso de diálogo intercultural, participación activa y capacidad de incidencia en la toma de decisiones.

El Tribunal recordó que la consulta previa:

  • Debe realizarse de buena fe,
  • De manera apropiada a las circunstancias,
  • Antes de los actos de ejecución,
  • Y a través de las instituciones representativas del pueblo interesado.

La resolución subraya que el Plan Maestro propone obras como ciclovías regionales, aeródromos, atracaderos, nodos intermodales, revitalización urbana y la creación de un parque ferial, iniciativas con fuerte impacto territorial y social. Por ello, la Sala consideró que el ICT tenía la obligación de consultar desde la etapa de formulación, no solo en la fase de implementación.

Orden de la Sala Constitucional

En el POR TANTO, la Sala resolvió:

  • Ordenar al Presidente Ejecutivo del ICT (o a quien ocupe el cargo) que, en un plazo máximo de tres meses, programe una consulta dirigida al pueblo tribal afrocostarricense, representado por la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.
  • La consulta deberá realizarse conforme al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, es decir, previa, libre, informada y con participación efectiva.
  • Se advierte que el incumplimiento puede implicar sanciones penales por desobediencia, según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  • El ICT deberá asumir el pago de costas, daños y perjuicios derivados de la violación constatada.
  • Además, se instruyó notificar la sentencia a MIDEPLAN, institución donde el plan se encuentra actualmente en implementación.

Un precedente en materia de derechos colectivos afrodescendientes

La sentencia reafirma que la población afrocostarricense del Caribe es un pueblo tribal, condición ya reconocida por el Estado costarricense, por lo que posee derechos colectivos equiparables a los de otros pueblos étnicos históricamente excluidos.

La Sala reiteró la obligación del Estado de garantizar su participación activa en cualquier plan, programa o medida administrativa que pueda afectar sus territorios ancestrales, su cultura, sus recursos naturales o su desarrollo económico y social.

Se trata de una resolución que consolida una línea jurisprudencial reciente sobre:

  • Autodeterminación y territorio ancestral,
  • Consulta previa a pueblos afrodescendientes,
  • Participación efectiva en programas de desarrollo,
  • Y el deber de prevenir nuevas formas de exclusión estructural.

Documento de la Sala para descargar.

Organizaciones canadienses llaman al gobierno de Canadá a actuar ante ataques ilegales de EE. UU. en América Latina y el Caribe

Dos importantes redes de la sociedad civil canadiense —el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y la Coalición Common Frontiers— remitieron una carta oficial a tres altas autoridades del Gobierno de Canadá:

  • Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores

  • Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional

  • David J. McGuinty, ministro de Defensa Nacional

La comunicación, fechada 13 de noviembre de 2025, expresa una grave alarma ante lo que describen como una escalada de ataques aéreos ilegales y letales realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México.

Señalan ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional

Las organizaciones destacan que, entre septiembre y principios de noviembre de 2025, se han documentado al menos 19 bombardeos, con decenas de víctimas civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros expertos coinciden en que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales y contravienen normas esenciales del derecho internacional.

Además, subrayan su preocupación por la ampliación de facultades del Gobierno de EE. UU. para el uso de fuerza letal contra supuestos “narcoterroristas”, sin pruebas ni controles, lo cual incrementa el riesgo de abusos y de un trato militarizado de la región.

¿Puede Canadá estar siendo cómplice?

El comunicado cuestiona el rol canadiense en la Operación CARIBBE, mediante la cual buques y aeronaves de Canadá suministran información de vigilancia a EE. UU. para sus operaciones marítimas. Argumentan que, dada la conducta actual del Gobierno estadounidense, esta colaboración podría implicar complicidad involuntaria en acciones ilegales.

Asimismo, advierten que tecnología militar canadiense pudo haber sido utilizada en al menos dos ataques recientes, según investigaciones de Project Ploughshares. Se señala también una laguna normativa que permite transferir equipo militar a EE. UU. sin los controles de exportación requeridos por el Tratado sobre el Comercio de Armas.

La región se pronuncia: la paz está en riesgo

El documento recoge reacciones de jefas y jefes de Estado de México, Brasil y Colombia, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense directa en la región. También recuerdan la vigencia de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por CELAC en 2014.

Las solicitudes concretas

GOPA y Common Frontiers piden al Gobierno de Canadá:

  1. Condenar públicamente los ataques ilegales de EE. UU. y exigir su cese inmediato.

  2. Promover la paz y la seguridad regional, apoyando esfuerzos internacionales que presionen por respeto a la soberanía y al estado de derecho.

  3. Suspender la participación de Canadá en la Operación CARIBBE, para evitar riesgo de complicidad en ejecuciones extrajudiciales.

  4. Cerrar lagunas regulatorias que permiten exportar armas a EE. UU. sin controles de derechos humanos, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La carta concluye expresando disposición a dialogar directamente con las autoridades canadienses.

Descargue el documento original

El texto íntegro del pronunciamiento, con todas sus fuentes y referencias, puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Organizaciones-canadienses-llamada-a-accion.pdf

Encuentro internacional de juristas concluye con llamado a defender el derecho internacional y la paz en el Caribe

SURCOS – Más de cien juristas provenientes de 35 países se reunieron en Caracas los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en el Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, un espacio convocado para analizar la creciente escalada militar en el Caribe y las amenazas a la soberanía de los pueblos de América Latina.

El programa de trabajo incluyó conferencias magistrales, actos culturales, paneles internacionales y sesiones plenarias, con la participación de figuras del ámbito jurídico, académico y diplomático. La agenda se centró en el estudio de la legalidad internacional, las operaciones militares unilaterales en la región, la defensa de la soberanía y la necesidad del multilateralismo para preservar la paz.

Al cierre de la actividad, las personas participantes aprobaron la siguiente Declaración Internacional, cuyo texto íntegro se presenta a continuación.


Declaración Internacional – Conclusiones del Encuentro

(Transcripción textual del documento oficial)

Las y los más de cien juristas reunidos en Caracas, los días 13 y 14 de noviembre del 2025, pertenecientes a 35 países del mundo, luego de un fructífero debate e intercambio, expresamos la siguientes conclusiones y propuestas:

  1. Condenar de manera categórica toda forma de injerencia, coerción, medidas coercitivas unilaterales o agresión que vulnere la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

  2. Exigir el respeto irrestricto del Derecho Internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, y las Cartas de Naciones Unidas como única vía para la resolución pacífica de las controversias.

  3. Convocar a la comunidad de juristas de nuestros países y de todos los que integran las Naciones Unidas a vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes las violaciones al Derecho Internacional que pongan en peligro la estabilidad del Caribe y del mundo.

  4. Expresar la debida preocupación y rechazo frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derechos que han ocurrido en el mar Caribe por acción unilateral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que resultan, en todo sentido y en todas sus partes, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional.

  5. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a cesar sus operaciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra la región de América Latina.

  6. Conformar una liga amplia de juristas en defensa del Derecho Internacional, con la finalidad de evaluar los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante instancias internacionales competentes por la amenaza de los Estados Unidos de América en el Caribe.

  7. Reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas en el Caribe por parte de los Estados Unidos, así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que cumpla con la proclama de enero de 2014, en la que se declara la región como zona de paz.

  8. Exigir a los gobiernos del mundo asumir una posición clara y de condena ante la violación del Derecho Internacional y la escalada de violencia imperial contra la República Bolivariana de Venezuela y la región.

  9. Organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe.

  10. Ratificar ante el mundo que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.

14 de noviembre de 2025, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.