San José, 23 de octubre del 2020

Para la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos de Costa Rica, resulta sumamente preocupante que dos de las últimas acciones que diputados de la república han llevado a cabo son un desmedro de la estabilidad social, cultural y medio ambiental de nuestro país. Nos referirnos en primer lugar, a la aprobación del recorte aplicado al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud por alrededor de 4 mil millones de colones que, sin duda alguna, somete a un posible cierre técnico de la mayoría de los catorce órganos desconcentrados del sector cultura, sino de todo, sus planes, programas y proyectos que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años, afectando significativamente la promoción de las artes y la recreación de la niñez, la juventud y las personas artistas artífices de estos programas. En segundo lugar, también resulta profundamente repudiable la aprobación de la ley que promueve, legítima e impulsa la pesca de arrastre en los mares de nuestro país.

Para nuestra Organización, este ataque indiscriminado al sector cultura y al medio ambiente marino, demuestra una vez más que las personas que han tomado esas decisiones antes que pensar en el bienestar de nuestras futuras generaciones; atentan contra el bienestar integral, la paz, la estabilidad y el enriquecimiento intelectual y cultural de nuestra sociedad motivados por la ignorancia, la politiquería y la mezquindad. Nos parece sorprendente que quienes se han pronunciado a favor de la vida en múltiples ocasiones para oponerse al reconocimiento de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género, sean hoy quienes estén dispuestos a sacrificar la vida de cientos de miles de especies marinas que habitan en nuestros mares ¿acaso esas especies no tienen derecho a la vida.

Semejante hipocresía no tiene parangón alguno, lo cual prueba una vez más que los sectores a quienes representan esas personas que hoy gozan de privilegios en la Asamblea Legislativa y que son pagados con los impuestos que con duro sacrificio cancelan las personas habitantes del país, son guiados por profundos intereses oscuros que atentan contra la institucionalidad democrática y el estado de derecho en nuestro país.

La OIDH-CR, condena estas acciones y hace un llamado vehemente a los sectores progresistas y defensores de los derechos de este país para establecer las alianzas necesarias para detener esta oleada de nefastas decisiones que están hipotecando el futuro de nuestra sociedad y poniendo en riesgo nuestro estado social de derecho.

Adelante, siempre adelante.