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Etiqueta: presupuesto

Errores administrativos provocados por la jerarquía del SINART agudizan la crisis de la institución

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

Ante el comunicado a la opinión pública emitido por el Presidente Ejecutivo del SINART, Fernando Sandí Chacón, la seccional ANEP-INART, manifiesta lo siguiente:

Con profunda preocupación hemos leído el comunicado en el que el señor Sandí Chacón deja ver que el futuro del SINART será definido en una reunión “crucial” que sostendrán en la Contraloría General de la República (CGR), con la contralora, Marta Acosta, en la que pretenden la resolución de dos temas pendientes ante el ente contralor.

El primero tiene que ver con un pronunciamiento emitido por la CGR, en el que los ingresos que percibía el SINART por concepto del 10% de los presupuestos de publicidad de las entidades estatales, fueron suspendidos en su aplicación.

El segundo tema tiene que ver con la aprobación de los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario de la República, en el que se asignan a la institución, mil millones de colones, con los que la administración del SINART pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración, a nuestro criterio, desde su génesis viciado de nulidad.

Pretende ahora el señor Sandí justificar su mala gestión al frente de la institución, alegando que, de no aprobarse los recursos de dicho presupuesto extraordinario, el SINART está en franco peligro de cierre, ya que se ha vuelto insostenible.

Pero qué fácil resulta ahora venir a decir que la institución es económicamente inviable cuando desde el inicio de su gestión no ha habido un plan claro para hacer del SINART, el grupo de medios de comunicación que establece la ley 8346.

Qué fácil resulta ahora aplicar una despiadada medida que podría dejar sin trabajo a doscientas familias costarricenses.

Qué fácil es ahora pedir recursos para despedir trabajadores, pero nunca hizo lo necesario para poner al Sinart a producir y generar sus propios recursos, con los mecanismos que claramente están establecidos para tal fin en la ley 8346.

Nos preguntamos: ¿por qué en vez de pedir mil millones de colones para aplicar un plan de despidos, no se pidieron esos recursos para poner al Canal 13, la Radio Nacional y los medios digitales con los que cuenta el SINART para renovar la programación y mejorar la cobertura? pues es muy fácil, simplemente porque ha demostrado el señor Sandí que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.

¡No señor Sandí! El SINART no es como crear el mall Oxígeno, logro del que se ha jactado hasta el cansancio. El SINART es muy diferente y obedece a otros intereses que, en definitiva, usted ha demostrado desconocer totalmente.

El SINART, en efecto, está en crisis, pero esa crisis la ha generado el señor Sandí por su demostrada incapacidad para hacer del SINART la institución que debe ser, y todo por su ego que no le permite ver más allá de sus narices, un ego y un orgullo que lejos de construir, ha destruido lo poco que quedaba de esta querida institución después de la catástrofe que le significaron dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Jamás pudo usted señor Sandí, comprender que el SINART es una institución que nació para servir a la educación y la cultura del pueblo costarricense, y la administró, si es que así se puede llamar su desastrosa gestión, de manera tal que la postró en una parálisis que la tiene en coma, y después de tal desplante, ahora solo pretende los recursos para dar el tiro de gracia.

Hoy, por la dignidad y el derecho de las personas trabajadoras del SINART, le pedimos vehementemente, si es que aún le queda un poco de vergüenza, renuncie, y llévese con usted a las personas que, junto a usted, han hecho este desastre.

Documento político del Pacto Nacional por la Educación Pública

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

SURCOS comparte el Documento Político del Pacto Nacional por la Educación Pública entregado el 28 de agosto como parte de la movilización por la educación pública y la agenda social, al presidente Rodrigo Chaves Robles, al presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias Sánchez, a las diputaciones y a la jerarca de la Defensoría de los Habitantes.

28 de agosto de 2024

San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles

Presidente de la República

Sr. Rodrigo Arias Sánchez

Presidente de la Asamblea Legislativa

Señoras diputadas y señores diputados

Asamblea Legislativa

Sra. Angie Cruickshank Lambert

Defensora de los Habitantes de Costa Rica

Reciban un cordial saludo de parte de las más de 70 organizaciones sociales y productivas que suscriben este movimiento nacional en defensa del sistema educativo en todos sus niveles y la agenda social en Costa Rica.

  • ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La población costarricense reconoce las fortalezas del sistema educativo, así como el avance hacia la universalización de la educación preescolar y la calidad de los servicios para la primera infancia; el fortalecimiento y la ampliación de la cobertura de los programas de equidad orientados a garantizar la permanencia en el sistema y la inclusión del estudiantado con mayores necesidades socioeconómicas. La educación, como pilar fundamental del estado de bienestar, ha sido un motor de unidad nacional y un vehículo esencial para la movilidad social.

Desde finales del siglo XIX, en Costa Rica se comprendió que la educación es estratégica y esto permitió sentar las bases de los logros que progresivamente hemos alcanzado como sociedad; sin embargo, hoy atravesamos la peor crisis educativa en los últimos 40 años, como lo han señalado el 9° Informe Estado de la Educación y el informe DFOE-CAP-05- 00001-2024 de la Contraloría General de la República titulado “Los servicios educativos del MEP ante un punto de inflexión: habilitando la transformación de cara al futuro”.

Nuestra constitución política en Costa Rica, señala que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales. (ART. 50)

Con enorme preocupación hoy observamos que el Poder Ejecutivo demuestra intención de renunciar a esas responsabilidades. Por ello, a manera de ejemplos prioritarios, señalamos distintos ámbitos de incumplimiento y sobre los cuales, la ciudadanía aquí representada, espera soluciones, que son; Seguridad y Soberanía Alimentaria, Salud Pública, Acceso a Vivienda para sectores menos favorecidos, Ambiente y Energía, Arte y Cultura, Sistema Democrático y Autonomías Institucionales, Derechos Humanos, Creación de Oportunidades, Justicia Económica y Justicia tributaria, sobre todo la educación Pública, razón principal que nos convoca esta misiva y movilización ciudadana.

Por tanto, urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la crisis educative pilar fundamental de ese Estado de Bienestar, entre las que destacan: debilitamiento de la formación docente, brechas territoriales, poca promoción de la innovación pedagógica, disminución sostenida de la inversión, brecha tecnológica, deficiencias en la evaluación de los aprendizajes, inadecuada infraestructura educativa, falta de cobertura de los programas de equidad, ausencia de universalización del curricular completo en primaria, necesidad de fortalecimiento de la educación técnica, tímida participación comunitaria, necesidad de mayor articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.

La inacción del gobierno y el Ministerio de Educación Pública (MEP) con su supuesta “Ruta de la Educación”, solo ha profundizado esta crisis. La inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2% del PIB, a pesar del mandato constitucional de destinar un 8% a la educación en todos sus niveles, lo cual significa un retroceso de casi 20 años. Esta norma constitucional vigente y de cumplimiento obligatorio está respaldada por la jurisprudencia de la Sala Constitucional (voto 2016-12803); de lo contrario, las autoridades del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa estarían en riesgo de incurrir en el delito de desobediencia.

Los recortes presupuestarios y el debilitamiento de la inversión social promovidos por el actual gobierno son justificados por la situación fiscal del país para atender el pago del servicio de la deuda. Sin embargo, el orden de asignación estratégica de los recursos públicos debería ser educación e inversión social, y luego la atención de la deuda; no al revés. En paralelo, es necesario avanzar hacia una transformación tributaria estructural que permita una reforma para generar ingresos que financien la inversión social pública y combatir la evasión y elusión fiscal.

Pese a las múltiples demandas desde diferentes sectores sociales y políticos, incluyendo la moción de censura aprobada por la Asamblea Legislativa (segunda en toda la historia nacional), la ministra Anna Katharina Müller y el señor presidente de la República continúan evadiendo su responsabilidad y atizando un conflicto que no existe con las universidades públicas y el estudiantado, en vez de liderar una respuesta proactiva y concertada a la grave crisis educativa.

En este contexto tan complejo, diversos sectores, incluyendo sectores laborales, movimiento estudiantil, universidades públicas y organizaciones sociales y productivas, hemos planteado desde junio de 2023, la necesidad urgente de un cambio de rumbo a través de un Pacto Nacional por la Educación Pública que nos permita evitar la exclusión de miles de personas del sistema educativo, como ya sucedió en la década de 1980.

Es decir, un acuerdo nacional que una al gobierno, sector privado, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para resolver la actual crisis educativa. Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria”, como establece el artículo 77 de la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un futuro mejor.

De lo contrario, se continuará profundizando el deterioro no solo en todos los niveles de nuestro sistema educativo, sino también perderemos productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, acrecentando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo. Es decir, hipotecar el futuro del país y especialmente el de las personas jóvenes y los sectores más vulnerables.

Transformemos esta crisis en una oportunidad para construir una sociedad más justa y equitativa, mediante un Pacto Nacional por la Educación Pública. Educación hoy, paz mañana.

  • PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN Y LA AGENDA SOCIAL

El magisterio nacional, las federaciones estudiantiles, las universidades públicas, las organizaciones agrupadas en la Mesa de Diálogo Social y Productivo y demás entidades que suscriben el presente documento, ante la más grave crisis educativa en los últimos 40 años, llamamos a todas las fuerzas vivas del país a concertar con urgencia un Pacto Nacional por la Educación Pública, que promueva la universalidad, pertinencia, accesibilidad y Calidad de los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia, garantía de la paz social y la libertad política, así como herramienta indispensable para la movilidad social y el desarrollo humano en armonía con el ambiente. Invitamos al país a unir esfuerzos para que todos los sectores sociales y productivos, nos comprometamos con la siguiente agenda de propuestas y demandas por la educación pública y la agenda social de Costa Rica:

– Lograr un Pacto Nacional por la Educación Pública que nos permita salir de la actual crisis y fortalecer nuestro sistema educativo como pilar fundamental de la democracia costarricense.

– Alcanzar progresivamente la inversión para la educación pública establecida en el artículo 78 de la Constitución Política: un 8% del PIB antes de que concluya la década.

– Avanzar hacia una transformación tributaria estructural para fortalecer la inversion social, con el fin de garantizar el financiamiento de los programas sociales, el cumplimiento del mandato constitucional para la educación pública y una major distribución del ingreso y permita al mismo tiempo atender el endeudamiento del gobierno.

– Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.

– Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías nacional e internacionalmente reconocidas.

– Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.

– Reapertura de los más de 1.000 centros educativos cerrados por orden sanitaria o técnica.

– Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.

– Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.

– Crear la red nacional de conectividad educativa.

– Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas, velando por el uso idóneo de sus recursos a fin de mejorar la capacidad de los comedores escolares, los servicios de transporte y las becas estudiantiles.

– Aprovechar las proyecciones demográficas para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.

– Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.

– Alcanzar un descongelamiento salarial del sector público que mejore la calidad y gestión educativa.

– Generar un acuerdo de negociación quinquenal que fije metas para progresivamente cumplir con el 1,5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior.

– Liberar la inversión en educación pública de la regla fiscal.

– La formación inicial y continua que reciben las personas docentes es deficiente, ya que no se corresponde con las políticas educativas y los procesos pedagógicos vigentes a nivel del Sistema Público Educativo y la realidad presente. Por lo tanto, es fundamental, que se brinde al personal docente una formación inicial y continua que responda a las políticas educativas y los procesos pedagógicos vigentes a nivel del Sistema Público Educativo y la realidad presente, así como la implementación del enfoque de derechos humanos en el proceso educativo y su entorno.

– Comprender que invertir en educación es también invertir en democracia, trabajo digno, inclusión social, derechos humanos, salud integral, equilibrio con la naturaleza, fortalecimiento de la institucionalidad pública, seguridad alimentaria, servicios públicos de calidad y todos los demás componentes de nuestra agenda social.

En cuanto a La Agenda Social, esta es un reflejo de las disconformidades locales, ciudadanas, gremiales, sectoriales, generacionales, de género y etnia, a propósito de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las cuales se han venido acrecentando en el tiempo e impactando claramente en el debilitamiento del Estado y sus normas.

Manifestándose de forma directa sobre las instituciones públicas y autónomas, sobre este punto queremos manifestar nuestra preocupación por el incumplimiento sobre los Derechos Humanos o bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se hace necesaria y urgente, la defensa de la institucionalidad pública, la autonomía y la construcción de alianzas sociales para procurar el bien común sobre las necesidades sectoriales y locales como: la defensa del agua y el saneamiento, la lucha por la Seguridad y Soberanía alimentaria, el resguardo del modelo nacional energético sostenible, la defensa de la Naturaleza y sus defensores ambientales; la seguridad y estabilidad de nuestros servicios públicos para la población y el desarrollo nacional.

Además de atender responsablemente la salud, seguridad y previsión social; sin dejar de lado una de la crisis más importante actualmente como es la Seguridad Ciudadana en todo nuestro territorio.

Como anexo al presente documento, se incluye el conjunto de propuestas y demandas sectoriales complementarias por parte de las múltiples organizaciones impulsoras de este proceso, así como resultados de lo acumulado a nivel de participación ciudadana y diálogo en el marco del Pacto por la Educación, desde el 2023.

  • HACIA EL PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN

Para lograr consensos mínimos en torno a cómo resolver la actual crisis educativa es necesario contar con voluntad política al más alto nivel; es decir, en el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, solicitamos la presentación de una moción de respaldo del plenario de la Asamblea Legislativa al Pacto Nacional por la Educación Pública.

Proponemos crear un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión y aprobación del presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, con la intención de aportar los insumos necesarios para velar por adecuado el cumplimiento de la normativa y jurisprudencia constitucional que rige la inversión en educación.

Además, lanzaremos una consulta ciudadana mediante un formulario en línea, abierto a las personas y organizaciones de todo el país, para enviar ideas y propuestas dirigidas a atender diferentes manifestaciones de la crisis educativa. Pueden ser propuestas de alcance comunitario, local, regional o nacional; así como propuestas concretas o de carácter más estructural. Estas propuestas, así como otras elaboradas previamente por sectores sociales y productivos, se analizarán y sistematizarán para ser la base de discusión durante un congreso, a realizarse en noviembre del presente año, que culminará con la redacción y aprobación del

Pacto Nacional por la Educación Pública.

Este pacto tendrá como base un documento detallado que incluirá un inventario de estrategias, herramientas, acciones y buenas prácticas para enfrentar la crisis educativa. Cada acción estará claramente definida, con responsables asignados, plazos específicos y los recursos necesarios para su implementación. El pacto servirá como hoja de ruta para guiar los esfuerzos conjuntos en la mejora del sistema educativo en su conjunto.

En síntesis, como organizaciones y liderazgos firmantes, buscamos convertir la actual crisis en una oportunidad para catalizar un cambio profundo para mejorar el sistema educativo en todos sus niveles, reducir las desigualdades y una transformación tributaria justa que fortalezca el sistema de bienestar en Costa Rica. Educación hoy, paz mañana.

Para los efectos que correspondan, por favor contactar al correo electrónico mesa.nacionaldedialogo@gmail.com /rectoria@itcr.ac.cr o al teléfono 8400-3435.

Atentamente,

Liderazgos y organizaciones firmantes adjuntas a este documento.

Cc.

Sra. Anna Katharina Müller Castro, Ministra de Educación Pública.

Sr. Nogui Acosta Jaén, Ministro de Hacienda.

Sra. Marta Zúñiga Acosta, Contralora General de la República.

Sra. Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.

Departamento Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.

Al respecto del FESS: Además del presupuesto…¿Para quién la universidad?

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Aprovechamos las negociaciones del FEES, dónde los ánimos se crispan, para recordarles a las distintas instancias que «disputan» los porcentajes, qué la Universidad debe ser disputada también en las lógicas que la constituyen, por esta razón, con motivo de la publicación del CLACSO del libro titulado «Derecho a la universidad Pospandemia y trabajo docente de Héctor Cancela Bosi, Agustín Cano Menoni y Anabella Lucardi«. Les invitamos a reflexionar sobre el lugar de la universidad en nuestras sociedades, pero también, ¿A quiénes debe responder?

El proyecto EC 518 ha sido testigo de las contradicciones de la Universidad Pública, ha escuchado y vivido los argumentos que buscan justificar los recortes como condiciones necesarias, además, de la supuesta realidad de  «reducir», ya que cuestionan la idoneidad presupuestaria de las labores de la Universidad por extender su accionar. Por esta razón, no nos parece muy convincente las aparentes contradicciones, en el fondo, en su práctica cotidiana, estos actores que negocian, tienen concepciones similares en torno a la mercantilización de la universidad.

¿Por qué decimos esto? Simplemente por lo estamos viviendo día a día, la erosión de las condiciones dignas de nuestro trabajo.

¿Qué proponemos? Estas autoridades universitarias y de gobierno deben recordar, que la Universidad Púbica Latinoamericana y Caribeña, tiene sentido en el tanto se reconozca como parte de esas sociedades que son atravesadas por las injusticias sociales y coloquen como principios de su accionar a los sectores populares, en su atención, en la reivindicación de sus derechos  y su inclusión en todas las instancias que la conforman.

Por esta razón, hablar de Universidad Pública en nuestros territorios, no es algo accesorio, es un compromiso en la práctica política, ética y pedagógica.

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SEC: Nuestra educación no es negociable, defendamos su presupuesto

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

El martes 28 de mayo el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) informa al Magisterio Nacional, como también a las madre y padres de familia que poseen estudiantes en el programa educativo, que han hecho llegar una carta a la señora Ministra de Educación en donde realizan una protesta y manifestación por el motivo de preocupación debido a que ya se ha iniciado a elaborar el presupuesto de la Educación Pública del 2025.

Mismo que se está viendo afectado debido a una solicitud del Ministro de hacienda se debe hacer un recorte en 65,000 millones de colones, lo que dejaría el presupuesto de la Educación Pública en 4.7%, esta acción violenta nuevamente los establecimientos de la constitución política, en el respectivo artículo 78, en el que se establece que el presupuesto para la Educación Pública debe ser el total a un 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Estas acciones estarían violentando pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Procuraduría y de la Contraloría, donde se especifica y señala que se debe cumplir con el 8% del Producto Interno Bruto, es por esto que se hace un llamado a la sociedad costarricense, a las madres y padres de familia, estudiantes, a las organizaciones magisteriales, se ensamble una organización para luchar y defender el presupuesto de la educación pública.

Le invitamos a escuchar el video con la declaración del presidente del SEC, Gilberth Díaz.

El Bloque de Vivienda se fortalece para enfrentar los desafíos del 2024

Escrito el . Publicado en Derechos, Vivienda.

Por Ihann Paniagua

El Coordinador Nacional del Bloque de Vivienda, Orlando Barrantes, anunció el compromiso renovado de la organización para el año entrante. En un mensaje esperanzador, Barrantes destacó los esfuerzos realizados en el 2023 para recuperar el presupuesto del BANHVI, expresando confianza en los avances logrados hasta ahora.

«Este 2023 fue muy duro tratando de recuperar presupuesto para el BANHVI. Creo que lo logramos, por lo menos en parte», compartió el coordinador, subrayando la importancia de esta conquista como punto de partida para el próximo año.

El enfoque principal del Bloque de Vivienda para el 2024 será la preparación de proyectos destinados a las familias que necesitan vivienda. Barrantes reconoció la complejidad de esta tarea, pero enfatizó la determinación de la organización para superar los desafíos.

«Estoy seguro de que lo vamos a lograr», afirmó con convicción, resaltando la importancia de unir esfuerzos y voluntades para alcanzar este objetivo común.

El Coordinador Nacional anunció el inicio inmediato de acciones concretas a partir del 2 de enero, marcando el comienzo de una nueva fase en la labor del Bloque de Vivienda. Destacó la fortaleza y experiencia acumulada, instando a hacer de la lealtad una herramienta fundamental en la construcción de hogares.

«Cada paso que demos será firme. Estamos fuertes, tenemos más experiencia, hagamos de la lealtad nuestra férrea herramienta para construir muchas casas», expresó Barrantes, alentando a mantener viva la lucha por la vivienda.

El Bloque de Vivienda se posiciona así con renovada energía y determinación para enfrentar los retos venideros, demostrando su compromiso con las familias que anhelan un hogar propio.

Hoy debemos ser más prudentes que nunca

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marco Vinicio Fournier

Tal y como lo habíamos anunciado, los niveles de violencia tienden a aumentar conforme disminuye el apoyo al presidente, ya que la población sufre una decepción más y una evidencia más del poco compromiso de la clase política con las miserias de la mayoría de la población.

Definitivamente la mayoría de los homicidios están asociados al crecimiento del narcotráfico. Pero también existe un problema creciente de violencia cultural que genera manifestaciones más allá del crimen organizado. Piénsese, por ejemplo, en los suicidios y en las muertes en accidentes de tránsito, que juntos superan la tasa de homicidios. O en los hechos de violencia en centros educativos que también la superan con creces como tasa poblacional.

Por otra parte, recuérdese que la relación entre la tasa de homicidios y el coeficiente Gini es de 0,70.

Entonces, es innegable que urgen mejores estrategias de seguridad; pero, por encima de esto, urge un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y mejores estrategias de socialización para una cultura de paz y convivencia. Cuando un pueblo se empobrece y pierde respeto al ordenamiento jurídico, necesariamente se hará más violento, pero también se sentirá más atraído hacia el crimen, incluyendo el narcotráfico.

Por eso, es un absoluto sinsentido el quitarle recursos a la educación para reforzar la seguridad. Pero también resulta irracional el generar más violencia con la excusa de controlarla.

Solo durante esta semana, he leído dos artículos que insisten en que Costa Rica no puede enfrentar al narcotráfico porque no tiene ejército y se compara a nuestro país con México y Colombia, como si esos países hubiesen logrado algún tipo de avance en el control de la violencia asociada al narcotráfico a través de la acción de sus ejércitos. Ni qué decir de los Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo y con el mayor consumo de drogas por parte de su población.

Del mismo modo, en uno de los artículos que circularon esta semana se menciona también que nuestros parques nacionales son un obstáculo para la lucha contra el narcotráfico, mientras se promueve un nuevo megaproyecto turístico frente al Parque Nacional Santa Rosa.

Dentro de esta misma línea, la ANEP apoyó públicamente el abuso policial de hace dos semanas, en donde fueron brutalmente agredidas muchas personas frente a la Asamblea Legislativa, incluyendo profesores y estudiantes universitarios, una diputada, periodistas y varias activistas feministas. Según la ANEP, la censurable actuación de la policía se basaba, precisamente, en la necesidad de combatir el consumo de marihuana, aunque no se hubiese encontrado esta droga en ninguna de las personas detenidas y aunque el motivo de la manifestación fuera el rechazo a la violencia policial.

Ante la ola creciente de violencia, es entendible que surjan con mucha fuerza sentimientos asociados al miedo, al tiempo que también se genere mucho enojo ante la incapacidad del gobierno para enfrentar el problema.

Sin embargo, debemos ser muy prudentes al escoger las estrategias a seguir o a apoyar. El miedo puede llevarnos a aceptar políticas que a la postre generan más violencia, como el apoyo a un ejército o a la brutalidad policial. Del mismo modo, el enojo puede llevarnos a aprobar medidas autoritarias y agresivas, como las que sistemáticamente ha favorecido el gobierno actual, o a permitir en nosotros mismos actitudes y conductas violentas hacia nuestros familiares o vecinos o hacia sectores de población más vulnerables.

Pero tampoco es solución la paralización, la sumisión o la resignación. Debemos insistir en que la mejor estrategia para combatir la ola de violencia es el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población y el apoyo a los esfuerzos para una educación integral, de calidad y de amplia cobertura. Pero ese mejoramiento no vendrá jamás como iniciativa del gobierno, por lo que la mejor solución pasa por el trabajo organizado y activo de la población exigiendo y promoviendo estrategias de enfrentamiento de la violencia a través de la promoción de una cultura de paz y respeto y exigiendo mejores políticas de redistribución de la riqueza y mejores estrategias de prevención y combate a la corrupción y a la violencia en todas sus manifestaciones. El miedo y el enojo deben canalizarse hacia la participación política activa y propositiva y dirigida al beneficio de la gran mayoría de la población, con énfasis en los sectores más vulnerables.

 

 

 

Observaciones al documento DFOE-BIS-MTR-00003-2023 de la Contraloría General “Evolución presupuestaria de la Caja Costarricense de Seguro Social, 2016-2023”

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Sobre los aportes y sacrificios de la familia laboral de la Caja para su sostenibilidad financiera (Los efectos e impactos de la ley de “fortalecimiento de las finanzas públicas” (ley 9635); y las perspectivas de la aplicación en desarrollo de Ley Marco de Empleo Público (ley 10.159).

Antes de entrar a exponer puntualmente sobre lo expuesto recientemente por la Contraloría General de la República (CGR); sobre la situación financiera de la CCSS y que constituye un nuevo y contundente golpe a la narrativa oficial de corte fascis-mediática del presidente Chaves Robles y su advenediza Presidenta Ejecutiva contra la Caja.

Resulta oportuno, dejar por asentado que el trillado slogan de que “la Caja esta quebrada”, está en cuidados intensivos y con respirador artificial, hasta podríamos pensar que ese discurso ha sido derrotado, lo cual no significa bajar la guardia, pues las necesidades de dialogar sobre mejoramiento, humanización, calidad y mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de la Caja para atender las listas de espera se torna en una tarea patriótica que debe partir del respeto a los principios de la seguridad social y los derechos humanos.

Dicho lo anterior, es sano indicar que la aplicación de las dos leyes indicadas en el primer subtitulo pareciera no son abordadas por el ente contralor por razones que desconocemos, pero resulta altamente cierto, que los efectos e impactos de esos dos cuerpos normativos regresivos sobre los salarios de la familia laboral de la Caja, conforman seguramente una parte importante de esa salud financiera de la Caja y que posiblemente se invisibilice, lo cual ratifica que la evolución y sostenimiento de la Caja, esta desde hace varios años sobre las espaldas de la masa trabajadora pública y privada y que el deudor estrella son los Gobiernos bipartidistas y hoy día el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), de Don Rodrigo Chaves Robles.

¿Como se refleja en las finanzas del seguro de salud de la Caja, el congelamiento salarial del 2018 a la fecha y la precarización de los salarios compuestos en términos de los pluses salariales reducidos o eliminados con la aplicación de ley 9635?

(Ver gráfico 1 y 2, para visibilizar (el sacrificio u aporte de la familia laboral de la Caja); la pérdida real de los salarios en la CCSS).

¿Y cuál podría ser la prospección de efectos e impactos de » ahorro» para el seguro de salud, la aplicación del salario global transitorio y luego permanente, en las finanzas de la CCSS, con la aplicación de la ley 10.159, Ley Marco de Empleo Público (LMEP)?

(Esta proyección de pérdida de poder adquisitivo sin duda se profundizará y es deber sindical gestionar ante las autoridades el respectivo estudio pues en conjunto con lo ya demostrado de la ley 9635, podríamos ir construyendo prueba para acciones posteriores en distintos escenarios).

……” Sobre este particular, con el fin de ilustrar la situación salarial actual de las personas trabajadoras de la Institución, en el gráfico 1 se detalla el comportamiento real de los salarios de los puestos no profesionales, los cuales dentro del periodo 2017-2022 presentan un decrecimiento real de sus salarios que oscila en el 12%; es decir, su salario no compensa el costo de vida en ese periodo…

Fuente: GG-DAGP- 1151- 2022 10 de agosto de 2022

“…Por otra parte, en el gráfico 2 se detalla el comportamiento real de los salarios de los puestos profesionales, para el mismo periodo cuyo decrecimiento real de sus salarios oscila en el 37%; considerando el impacto que se ha generado a partir de la promulgación de la Ley 9635 así como la política del Gobierno Central en cuanto a la suspensión de aumentos salariales…”

Fuente: GG-DAGP- 1151- 2022 10 de agosto de 2022

Este apartado primero, aspira a que los distintos grupos meta logren visibilizar que la familia laboral de la Caja en particular y en igual sentido toda la planilla estatal en general, han hecho sus aportes a la sostenibilidad y salud financiera de la Caja y que aún en el marco de la atención de la pandemia del Covid-19, arriesgando la vida, a veces con equipos de protección de baja calidad o sin estos , bajo presión psico sociolaboral, deteriorando la vida personal-familiar y con los salarios congelados, se estuvo con humanismo, profesionalismo y solidaridad atendiendo al pueblo de Costa Rica.

Dicho lo anterior, es de rigor apuntar, que lo expuesto por el ente contralor, posiblemente pueda ser calificado de sencillo, ya que no profundiza en los temas que desarrolla, no obstante resulta claro y evidente, que aún ante una posible superficialidad, existe y salta a la vista un eje transversal que radica esencialmente en una tesis que posesiona con robustez la salud financiera de la Caja por un lado y por otro ratifica que las falencias financieras y presupuestarias tienen como actor principal en esta coyuntura al Gobierno y su incumplimiento legal y constitucional.

Sobre los ingresos:

  • Los ingresos corrientes, principal fuente de financiamiento de la Institución, muestran un crecimiento sostenido, alcanzando un 9.3% en junio de 2023, con respecto al mismo período del año anterior.
  • Lo anterior se explica principalmente por el comportamiento de las contribuciones sociales, las cuales aumentan a tasas superiores a lo que crece el índice de precios y el Producto Interno Bruto, alcanzando el 12.8%, que significa el mayor porcentaje de crecimientoen todo el periodo considerado por el Ente Contralor.
  • Lo anterior se ve reflejado en la cantidad de trabajadores reportados a la seguridad social, por ejemplo, en el Seguro de Salud a junio del 2023, se observa un total de 57 mil trabajadores adicionales con respecto a junio del año anterior.
  • Los ingresos corrienteshan sido superiores a los gastos de corrientes durante todo el período, lo que demuestra la salud financiera de la CCSS, al garantizarse los recursos necesarios para la operación normal de los servicios.

Sobre los egresos:

  • Los gastos corrientesrepresentan alrededor del 80% de los egresos totales de la CCSS. En el caso del Seguro de Salud, se explica principalmente por las remuneraciones salariales y la adquisición de bienes y servicios. Ejes que deberíamos segregar y diagnosticar en profundidad, a efecto de cuantificar objetivamente los efectos negativos expuestos de la ley 9635 en los salarios y como se reflejan estos en la sostenibilidad financiera, siendo de rigor, el mismo ejercicio y las proyecciones desde ese mismo enfoque a partir de la aplicación a ultranza de la ley 10.159 en el corto y mediano plazo. En tanto en IVM y el RNC, por el pago de las pensiones a los asegurados de ambos regímenes.
  • El crecimiento del gasto se mantiene dentro de los límites razonables, no se observa un crecimiento significativo de ellos. La Contraloría recomienda mantener el seguimiento oportuno de las finanzas institucionales, a fin de evitar desviaciones que puedan afectar el equilibrio presupuestario y la prestación de los servicios.
  • El Ente Contralor destaca que los ingresos corrientes han sido más que suficientes para cubrir esos gastos de operación.
  • En el caso del Seguro de Salud, esa buena salud financieraha permitido ampliar la reserva de recursos para el desarrollo de los proyectos de inversión en el mediano plazo, lo cual se ve reflejado en el aumento de las inversiones financieras, lo cual procura generar un rendimiento adecuado para capitalizar los fondos.

Sobre la deuda del Estado:

  • La Contraloría resalta como aspecto relevante para las finanzas institucionales, el aumentode la deuda del Estado con la seguridad social, la cual ha crecido constantemente en los últimos años.
  • Esta deuda se genera principalmente por la no transferencia de la totalidad de la cuota del Estado como tal y la contribución complementaria que le corresponde por el aseguramiento de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios. En el caso del Seguro de Salud se adiciona también el financiamiento del programa de asegurados por el Estado y Leyes Especiales, según la normativa vigente.
  • Relacionado con ello, el Ente Contralor menciona en su informe la no transferencia derecursos derivados de varios préstamos externos, cuyas leyes definen un porcentaje del 10% de la totalidad del crédito para la CCSS, como abono a la deuda del Estado con la seguridad social. El documento indica un total de 8 millones de dólares y 15 millones de Euros sin pagar a la CCSS.
  • La Contraloría recomienda a la Institución realizar las acciones que corresponda, dentro del marco jurídico aplicable, para procurar la atención de las cuentas por pagar por parte del Ministerio de Hacienda.

Salimos a defender la educación, pero no cualquier tipo…

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Observatorio de Bienes Comunes

Este 20 de junio saldremos a manifestarnos en defensa de la Educación, en el marco de las negociaciones del FESS 2023, sabemos que esta lucha no sólo es en la mesa de negociación presupuestaria, ya que el desfinanciamiento es sólo una estrategia más, de algo mayor, es decir, el cambio de sentido de la educación, de derecho a mercancía.

En las últimas décadas, existe un avance significativo de perspectivas educativas, que consideran las dimensiones económicas y financieras, como ejes centrales en la construcción de la curricula de contenidos, desplazando así, los enfoques humanistas y sociales. Esto conlleva a una cosolidación de una tendencia instrumental del «aprendizaje», desvinculando las dimensiones sociohistóricas, políticas y culturales de esta.

Por esta razón, la negociación del FESS es sólo un momento puntual, de otra lucha más, la construcción de esa otra educación, una que esté comprometida ética, política y pedagógicamente con la transformación de nuestras sociedades desde las necesidades y aspiraciones de las personas. Esta otra educación no es algo por venir, ya está practicándose, desde muchos espacios que a veces los llamamos «formales» e «informales», los podemos conocer a través de esas personas y colectivos comprometidas con concepciones liberadoras, que construyen aprendizajes desde los trayectos de las personas participantes y que sus prácticas acompañan la liberación de las capacidades para la transformación de sus contextos.

Es así, que este 20 de junio, marchamos en contra de esa visión instrumental de la educación, y por la defensa de esa educación comprometida con las realidades que vive, que las problematiza e interpela, pero  también, promueve su transformación desde las propias personas y sus realidades.

Cuando salimos a manifestarnos, no nos manifestamos por «cualquier cosa» o porque nos mandaron, sino porque creemos y prácticamos una educación transformadora.

Es así, que compartimos estos «tips» para profundizar otro tipo de educación.

Gobierno confiscatorio

Escrito el . Publicado en Análisis, Educación.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Aplico el término “confiscatorio” en este caso a la actitud voraz del gobierno de Rodrigo Chaves con relación al manejo de los recursos públicos. Sé bien que el término está referido al abuso con respecto a los tributos, pero lo aplico por asimilación al comportamiento de la administración primero frente al propio Ministerio de Educación Pública, segundo en relación con el Ministerio de Cultura y en tercer lugar con respecto al presupuesto de las universidades públicas.

De hecho, en el Diccionario General de sinónimos y antónimos de la lengua española el término confiscar es sinónimo de embargar, decomisar, incautar, requisar y usurpar. Éste último a su vez es sinónimo de detener, arrebatar, extorsionar, expoliar, apropiarse, incautar y confiscar. Esto es lo que viene haciendo el gobierno con el presupuesto público: primero intentó ser confiscatorio del presupuesto del Ministerio de Educación en una suma muy significativa para trasladar esos recursos al Ministerio de Seguridad Pública, con el pretexto de asignarlos diz que para combatir la delincuencia. Solo debido a que en la Asamblea Legislativa no le aprobaron la modificación presupuestaria, esto no lo pudo concretar. Pero después sí le arrebató también nada menos que 4.000 millones de colones a Cultura, y ahora mediante artilugios se pretende confundir a la opinión pública, para confiscar, incautar, apropiarse o usurpar (es lo mismo), un 1% adicional del FEES (presupuesto de las universidades públicas), que el Poder Ejecutivo se había comprometido a otorgarles.

Lo cierto del caso, es que el principio no confiscatorio [de los tributos] se encuentra regulado en el artículo 167 denominado “Principios generales tributarios” de “La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”; un intento por parte del legislador, nos dice en su tesis de grado Ana María Carrillo Goyenaga, por incorporar los principios constitucionales tributarios al ordenamiento jurídico. (Cfr. Carrillo G. Ana María. “El Principio Constitucional de no Confiscación. Aplicación en el Ordenamiento Jurídico Tributario.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, CR, 2014). Reza el artículo citado de la siguiente manera:

“Artículo 167.- Principios generales tributarios

Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política (…) (Cfr. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 167.)”

Por semejantes razones, tenemos el derecho a considerar el principio no confiscatorio que rige en el derecho tributario, como válido para proteger a las instituciones ministeriales o a las autónomas que, son tuteladas en el ámbito del derecho público ante un Estado que, se viene comportando como un ente hipercentralista, angurriento, avaricioso y codicioso con respecto a la gestión de los recursos públicos. Si es válido tutelar el patrimonio de una empresa privada, ante una eventual voracidad confiscatoria de parte del Estado, es por lo menos igualmente valedero proteger a los entes de derecho público, como en efecto está estipulado en la propia Constitución de la República.

Tanto en el anterior cuatrienio, como en este, se incurrió en el grave error de cercenar a las universidades públicas parte de sus presupuestos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 85 constitucional. Específicamente en la parte que textualmente dice (después de haber dejado clara la existencia del fondo especial para el financiamiento de la “Educación Superior Estatal), que: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Constitución de la República. Artículo 85). Pero como lo he advertido supra, no ha ocurrido así. Por eso mismo, hoy sería menester, ante las violaciones que se han perpetrado contra la Constitución, que tales prescripciones fuesen subrayadas, escritas en mayúscula, o en letras doradas. Al respecto, ya la Sala Constitucional dictó sentencia favorable a las universidades públicas (al menos en un caso), ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellas por haberles rebajado la Asamblea Legislativa, la suma de 10.000 millones de colones. Están pendientes de resolución otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por las universidades públicas hacen más de tres años. (Cfr. Sentencia de Fondo, número 2022017987, del 03/08/2022 a las 12:20:00)

Ahora el punto es otro, como lo aclara un pronunciamiento reciente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La Comisión de Enlace, que integran los rectores y ministros de Estado correspondientes, durante las negociaciones del FEES 2023 señalaron, como se expresa en el comunicado de CONARE aludido lo siguiente: (lo transmito textualmente): “la Comisión de Enlace…se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año [además del 1% otorgado a la base]…en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.” El Poder Ejecutivo, manifestó en varias ocasiones, la mejora en la situación fiscal del país, por lo que no habría razón alguna, para negarle a las universidades públicas ese aumento adicional del 1%, que compensaría, cuando menos en una mínima parte, lo que se les ha arrebatado a las instituciones públicas de educación superior.

Además, con ello se cumpliría con el convenio vigente, es decir el del año en curso del 2023. Se sabe por declaraciones de las autoridades de gobierno, pregonadas hasta por el mismo presidente Chaves, y señaladas por los rectores en su comunicado, que dicha mejora en la situación fiscal y económica del país en este año es debida a que, se produjo una colocación de “eurobonos” por la suma de $1.500 millones de dólares. A la vez, se le ha hecho ver a la opinión pública que, hubo un aumento en la recaudación tributaria del orden de 3,9% del PIB; asimismo se nos ha informado de una reducción del déficit fiscal en menos de 0.5% y finalmente, la reducción de la razón de la deuda con respecto al PIB fue de un 58,4%. Por lo tanto, solamente un claro menosprecio de carácter ideológico de parte del gobierno a las universidades públicas explicaría que no se reconociera el aumento negociado, pues de lo que se trata es de compensar a instituciones que cumplen con tanto fervor su misión civilizadora. Lo anterior lo expreso, aunque haya errores de por medio; ya que no existe una sola institución sin mácula en ninguna parte. Por otro lado, todos los errores son perfectamente subsanables y, es bien reconocido que las bondades a lo largo de una historia de casi 80 años, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica precisamente en la década de los años cuarenta han contribuido de una manera decisiva con el desarrollo económico y social y han ayudado también a forjar la cultura democrática e institucional de la Costa Rica actual.

La realidad es que este gobierno no se ha atrevido a esgrimir como argumento para negar tal aumento, el que las universidades no lo merezcan. Lo que dijo el ministro de Hacienda don Nogui Acosta, es que quien ha complicado el aumento son los diputados, lo que fue claramente desmentido por la mayoría de los líderes de las fracciones parlamentarias, tanto en la comisión de asuntos hacendarios, como en el control político en el plenario legislativo, como consta en las actas respectivas.

Por último, conviene difundir que el comunicado de CONARE, puntualizó con exactitud adónde irían los recursos provenientes de ese 1%, se trata de cubrir necesidades perentorias que Costa Rica siempre ha valorado altamente, como son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para atender la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación y la extensión o acción social en la atención de las necesidades específicas de las comunidades y los grandes problemas nacionales.

Tal es el compromiso de honor de las autoridades universitarias mencionadas. A ver si ante todos estos argumentos cede la voracidad centralista del gobierno y se modifica en algo su actitud confiscatoria y usurpadora del erario que pertenece a los costarricenses.

«La Caja tiene un presupuesto sano y equilibrado», José Luis Loría ante la Comisión Permanente Especial de la Asamblea Legislativa

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

El pasado 12 de marzo del 2023 el señor José Luis Loría quien es representante del Movimiento Cooperativo ante la Junta Directiva de la CCSS estuvo en la comparecencia ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público. 

En este espacio legislativo se discutió el presupuesto, financiamiento y comportamientos como el superávit institucional, además de la construcción de hospitales, áreas de salud y Ebais. 

El señor Loría defendió su posicionamiento en contra de las especulaciones que se han mantenido alrededor de la materia financiera que impulsa el trabajo en la CCSS y que cumple más de setenta años de existencia siendo una institución autónoma y símbolo de la sociedad costarricense. Como bien lo mencionó en su intervención, “Esa manifestación no solamente significa un enorme daño a nivel de riesgo de institución, del riesgo de imagen reputacional, del riesgo operativo, porque los trabajadores se sienten frustrados y, del riesgo a la marca de la Caja Costarricense del Seguro Social”.

Como parte del proceso de respaldo de tales argumentos, Loría compartió estados financieros de la institución (CCSS) 2019-2022 en los que se muestra un superávit del cual la Junta Directiva estaba al tanto y fueron formalmente destinado al portafolio de inversiones, que tiene como objetivo, realizar las respectivas reformas en infraestructura de diferentes centros sanitarios para así dinamizar el servicio de salud. 

Otro aspecto importante discutido por Loría ante la Comisión fue la salud financiera de la misma CCSS, en los datos presentados se evidencia la inexistencia de deudas teniendo un presupuesto “sano y equilibrado” el cual fue aprobado por la Contraloría General de la República. 

Siendo posible posicionarse sobre el argumento central de la discusión “¡La Caja se encuentra lejos de estar en quiebra!”, así lo dijo el señor Loría.

Compartimos la intervención completa de José Luis Loría en la Comisión Legislativa de la CCSS:

 

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