Dr. José Solano Alpízar

Ciudadano presidente Carlos Alvarado usted está haciéndonos una invitación pública al pueblo de Costa Rica para que nos lancemos a la calle en medio de la pandemia, lo suyo es una invitación a que realicemos una protesta como nunca antes la ha habido desde los tiempos de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), que no era ni tan tratado ni era tan libre. Usted, con su accionar a favor del gran empresariado reunido en la UCCAEP está invitando a la ciudadanía costarricense a la desobediencia civil al contribuir a que los dueños del poder económico sigan lucrando con el dolor de las personas y el hambre de todo un pueblo.

Usted, el rico empresariado y los líderes políticos del PLN, PUSC, PAC y Nueva República le han dicho a la ciudadanía que prefieren gobernar para la agenda económica oculta que dirige la estrategia de mercantilización y privatización total, que buscar alternativas que favorezcan realmente al país y a la sociedad como un todo.

Se equivoca usted señor presidente cuando anunció el 11 de julio en cadena nacional que concertará las medidas económicas de shock con los diputados y los líderes de las fracciones políticas de los partidos. Se le olvidó a usted un pequeño gran detalle, la democracia no está constituida por la Asamblea Legislativa o los desprestigiados partidos políticos corruptos que pululan en ella, la democracia costarricense la conforman cientos de agentes sociales y políticos como los sindicatos, los educadores, los obreros, los campesinos, los partidos políticos no tradicionales, etc. con quienes su gobierno debe dialogar, cuando hablamos de tomar medidas que afectan a las grandes mayorías y al propio corazón de la democracia costarricense.

La ciudadanía tiene claro que pareciera que usted trabaja para la UCCAEP, ya que desde su función como presidente ejecutivo en el IMAS, pareciera haber estado relacionado con André Garnier representante de los más fuertes intereses económicos del gran empresariado, pero ahora le tocará gobernar para el pueblo costarricense, por ello usted debe detener de inmediato las leyes y políticas que atentan contra la estabilidad democrática del país y contra los sectores trabajadores, y comenzar a dialogar de verdad con el gran movimiento social que se está alineando para contener el ataque mercantil neoliberal.

Como pueblo, como ciudadanía y como representantes legítimos en quien reside la soberanía, le exigimos cambiar su agenda con la UCCAEP, por una agenda social y económica inclusiva de todos los sectores sociales y políticos.

Diferentes profesionales le han aconsejado cambiar el rumbo y tomar decisiones oportunas y realistas que no ataquen a los sectores sociales que han venido sosteniendo la economía, aún, con la política salarial regresiva que su gobierno les ha impuesto a golpe y porrazo.

Con claridad meridiana el economista Luis Paulino Vargas le ha planteado que es más pertinente crear un adicional sobre el impuesto a la renta, graduado de forma progresiva, en lugar de un recorte del 15%, que unido al congelamiento de anualidades y aumentos no solo afecta la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sus familias, sino que lesiona el consumo y por ende inhibe la reactivación económica.

El economista William Hayden, exgerente General del Banco Nacional le ha planteado que en lugar de realizar un préstamo por 508 millones de dólares con el FMI tome ese monto de los 8.600 millones de reservas que posee el Banco Central, reserva adquirida en gran parte con la compra de divisas, y los traslade al gobierno comprando un Bono Covid por esa suma.

Evidentemente usted no gobierna para todos los costarricenses, sino para esa élite empresarial que como una jauría hambrienta busca apropiarse de los activos del estado y acabar con las resistencias sociales y políticas de aquellos grupos que ponen en cuestión el modelo de gestión basado en el asalto de la hacienda pública y la expoliación de los sectores menos afortunados de la sociedad.

Al igual que la UCCAEP nosotros, el pueblo costarricense, tenemos una serie de puntos que queremos que cumpla decididamente como gobernante. Le hemos titulado Acuerdo por el Desarrollo Integral de Costa Rica.

1. Detener la iniciativa conducente a la construcción del tren interurbano, pues la urgencia sanitaria y la crisis fiscal evidencian la impostergable urgencia de inyectar recursos a la salud, la educación, la obra pública establecida y sobre todo el apoyo a la producción nacional.
2. Establecer durante un año un impuesto del 10% al gran capital que no se ha mostrado solidario con el pueblo costarricense en el contexto de la crisis fiscal y la pandemia provocada por el Covid 19.
3. Detener cualquier intento de privatización de las instituciones públicas, tales como: ICE, RECOPE, INS, CCSS y FANAL y establecer un plan de reorganización y fortalecimiento de estas instituciones.
4. Eliminar durante dos años la posibilidad de que las empresas que han venido declarando cero ganancias lo sigan haciendo.
5. Establecer medidas inmediatas para reducir al mínimo la evasión fiscal que han realizado las grandes empresas, cuyos montos, de acuerdo con datos ofrecidos por el anterior ministro de Hacienda ronda el 8 % del P.I.B.
6. Iniciar de inmediato el pago, en tractos, de los dineros que el gobierno le ha dejado de pagar a la CCSS.
7. Exigir que las empresas privadas morosas paguen las deudas millonarias que han venido acumulando con la CCSS.
8. Eliminar por un año las exoneraciones a las empresas piñeras que han demostrado su falta de solidaridad y patriotismo con el violentamiento de los derechos laborales de los trabajadores costarricenses y extranjeros.
9. Tomar prestado de las reservas del Banco Central los 508 millones dólares que se requieren y no iniciar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional que lesiona de manera drástica el futuro inmediato de nuestros hijos e hijas.
10. Retrasar el cobro del IVA a los productos de la canasta básica a fin de ayudar a las familias de menores recursos que han visto mermados sus ingresos debido a las medidas fiscales y la crisis sanitaria.
11. Solicitar la renuncia de la Defensora de los Habitantes por acciones que lesionan la ética en la función pública.
12. Mantener la legislación ambiental que impide la contaminación y la destrucción de la naturaleza por parte de las grandes empresas.
13. Mantener la prohibición de la minería a cielo abierto, porque la misma no sólo riñe con la política ambiental de su gobierno, sino también con la estrategia de desarrollo adoptada hace más de tres décadas por el país.
14. Impedir la explotación del gas natural o la explotación petrolera en el país porque contraviene la cultura ambiental del pueblo costarricense y su declaración de paz con la naturaleza.
15. Permitir que el ICE pueda construir obra pública, ya que ha demostrado capacidad y conocimiento, y lo que es mejor, no cobrara sobreprecios como la venido haciendo la empresa privada por décadas.
16. Apoyar la ley de control de precios de medicamentos, garantizando que nuestros ancianos y ancianas, así como las personas de menos recursos puedan adquirir medicamentos con precios justos y razonables.
17. Establecer un impuesto de 5% durante dos años a las empresas del régimen de zonas francas para que solidariamente contribuyan con la situación económica del del país.
18. Readecuar el pago del marchamo 2020, reduciéndolo significativamente, debido al impacto que la pandemia y la crisis fiscal han tenido sobre los ingresos de las familias costarricenses.
19. Mantener la ley de Fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo y más bien redoblar la vigilancia a las evidentes violaciones de los derechos de los trabajadores en las grandes empresas agrícolas.
20. Establecer con claridad las áreas estratégicas para el desarrollo nacional en las que la alianza público-privada puede gestionar la construcción de obra pública.
21. Mantener la Ley de Contratación Administrativa, garantizando que las instituciones estatales puedan realizar compras entre instituciones, para no dejar a los vaivenes del mercado la compra de bienes, muchas veces sobreprecios por las empresas privadas.
22. Desarrollar un acuerdo nacional sobre la ley de actualización de jornadas laborales que no lesionen los derechos de los trabajadores, para ello se debe discutir ampliamente la Ley de Empleo Público.
23. Crear una Comisión de alto nivel que incorpore economistas no tradicionales que puedan buscar una salida heterodoxa a la crisis fiscal y contribuyan con sus propuestas a las necesidades de reactivación económica del país.
24. Revisar de manera integral, seria y rigurosa del CONESUP para que realmente responda a los intereses de desarrollo nacional y no a necesidades comerciales de las empresas educativas existentes en el país.
25. Exigir el mismo marco para la acreditación de carreras en universidades públicas y privadas, a fin de que se responda efectivamente a estándares internacionales consolidados.
26. Fortalecer los recursos del fondo FEES, pues la democracia costarricense se fortalece en la medida en que las universidades públicas contribuyen al desarrollo nacional y la movilidad social.
27. Eliminar la deuda política que se le da a los partidos políticos y revisar el Código Electoral a fin de democratizar los procesos electivos en particular y el proceso electoral en general.
28. Establecer una reducción del 40 % del salario de las y los ministros, presidentes ejecutivos y gerentes de instituciones del estado por un año.
29. Reducir 40 % el salario de las y los diputados por un año y eliminación del presupuesto de la Asamblea los rubros de pagos de servicio celular y gasolina.
30. Que el ejecutivo solicite a la Fiscalía General de la República el estado de las investigaciones sobre el Cementazo, el caso Hidro Tárcoles y el caso Yanber, entre otros.

Como bien puede observar usted señor presidente, no sólo la UCCAEP tiene su hoja de ruta, nosotros, el pueblo de Costa Rica también tenemos una hoja de ruta y la vamos a seguir al pie de la letra.

Con nuestras mejores muestras de aprecio;

Dr. José Solano Alpízar.

Compartido con SURCOS por Guillermo Fernández Arias.

Foto: Semanario Universidad.