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Etiqueta: pandemia

Un Monumento a la Dignidad para los Trabajadores de la Educación y la Salud

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Se dice que en Gran Bretaña hay muchos monumentos de la guerra, pero solo uno en homenaje a los doctores y enfermeras que combatieron en el frente luchando contra la “gripe del Juicio Final”, como se le llamó a la “Gripe Española”. Participaron en el frente de guerra 11.000 médicos de los 22.000 que había, 22.000 enfermeras y 120.000 mujeres en alguna función de enfermería.

Cabe traer a colación la obra La guerra no tiene rostro de mujer de la Premio Nobel de Literatura (2015) Svetlana Alexiévich, donde destaca la diferencia sustantiva entre los relatos de los hombres y de las mujeres sobre la guerra: “La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible”.

Es posible que, si hubiese prevalecido la mirada, la vivencia y el sentir femeninos, atendiendo a lo señalado por Svetlana, la labor de los trabajadores de la salud, con rostro de mujer, no hubiese pasado desapercibida; tampoco la de los educadores que le indujeron a leer a Dostoievski, como suele suceder, aún en nuestros tiempos. Efectivamente, si de algo adolecemos es de un justo reconocimiento de estos dos apostolados, el de los trabajadores de la salud y la educación, que salvan vidas. Los primeros, promoviendo, previniendo y curando las muchas enfermedades y dolencias del cuerpo y la mente, y los segundos alimentando el espíritu y el intelecto para abrir nuevos y mejores horizontes para alcanzar el bienestar social y humano a través de la ciencia, el arte y la cultura. Se trata de la abnegada tarea de los educadores para forjar una cultura de seres humanos libres, solidarios, justos y pacíficos, así como de los trabajadores de la salud para forjar una sociedad física y emocionalmente saludable, que merecen el más alto reconocimiento, sin mezquindades. Ambos son los pilares sobre los que se construyen sociedades social y ecológicamente sostenibles.

Si algo nos hizo enfrentar, como país, con dignidad el azote de la pandemia producida por el coronavirus Sars-Cov-2 fue, precisamente, haber contado con casas de estudios superiores que formaron al más alto nivel técnico y humanista a nuestros trabajadores de la salud, y con una institución pública como la Caja del Seguro Social, ejemplo insigne de solidaridad y orgullo de todos los costarricenses. Contamos con personal especializado, que supo responder, con profesionalismo, gran sensibilidad y compromiso, ejemplo de solidaridad humana, en tiempos donde la pandemia se convirtió en sindemia: la trágica combinación de crisis sanitaria y precariedad económica y social.

Sin duda, la apuesta por educación para la salud y salud para la educación ha sido la combinación virtuosa y visionaria, especialmente impulsada por quienes forjaron la Reforma Social y la Segunda República a mediados del siglo pasado, atendiendo y acogiendo las voces que clamaron por más justicia social. Una apuesta que ha venido sufriendo el embate letal por parte de fuerzas políticas que dejaron de pensar y actuar solidariamente.

No somos un país de grandes y ostentosos monumentos, y en buena hora. El diminutivo es nuestro favorito en el lenguaje cotidiano; sin embargo, algunas veces nos excedemos en su uso y tendemos a disminuir nuestros mismos logros, cuya grandeza debería ser motivo para celebrar. Más aún, lo peor es la tendencia que prevalece hasta hoy, a saber, la que promueve desde altas esferas bajar el perfil de nuestra valiosa y ejemplar institucionalidad social, y sus principales agentes: los trabajadores de la educación y la salud.

Efectivamente, ambos se han convertido en víctimas de un discurso populista y politiquero por parte de quienes, en lugar de abrirse horizontes propios con dignidad, inteligencia y valentía, buscan elevarse pisoteando los méritos y la dignidad de los demás. Y no se trata solo del comportamiento de algunos de los que nos gobiernan hoy, sino también de quienes desde hace rato vienen orquestando una campaña persecutoria y de mentiras, para desprestigiarlos. Particularmente, aduciendo que los derechos adquiridos son privilegios, obtenidos, según se dice, por prebendas clientelistas o por concesiones gratuitas. Donde hay desviaciones y errores que corregir, sólo ven desorden e ilegalidades intolerables, para llevar agua a sus molinos, polarizando a la sociedad e induciendo al odio y la violencia, instrumentos predilectos de quienes sí buscan actuar al margen de la ley y la institucionalidad, antidemocráticamente.

El cinismo se ha puesto a la orden del día: un diputado o diputada levanta la bandera en contra de los catedráticos “pensionados de lujo”, cuando ese mismo diputado o diputada empieza su labor parlamentaria recibiendo un salario por un monto superior al de un catedrático jubilado con treinta años de servicio, y sin deducciones por contribuciones solidarias. Asimismo, resulta inexplicable la reticencia a reconocer los justos salarios a los trabajadores de la salud, particularmente a los especialistas. Bajo estas condiciones, ¿quiénes van a querer trabajar en educación y salud públicas, exponiéndose además a ser considerados ante la opinión pública como injustamente privilegiados? Sin duda, esta es la fórmula mágica que se viene utilizando para desmantelar el Estado Social de Derecho y privatizar las instituciones más rentables. Parafraseando una pancarta del movimiento social francés: cuando la educación y la salud sean privadas nos privamos de todos sus servicios. El país ha sabido también lograr una combinación virtuosa entre una fuerte institucionalidad de salud pública y una importante institucionalidad privada; ambas de calidad y competitivas, incluso para ofrecer servicios de alcance internacional. Sin embargo, venimos aceleradamente rompiendo este círculo virtuoso al pretender reducir al mínimo el servicio público.

Es tiempo de aprestarnos a corregir errores institucionales sin devaluar y desprestigiar. No tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Asimismo, dejar de levantarse y ganar credibilidad, exaltando los errores de los demás. Sin ser gratuitos, disculpando lo que no debe disculparse, aprendamos a hacer la diferencia con menos aspavientos, sin atizar el fuego del odio, y reconstruyamos la patria sobre los cimientos de la dignificación de todos los trabajadores de este país. Sobre todo, sin mezquindad, reconociendo y valorando el esfuerzo y dedicación de quienes asumen como apostolado su función de servicio público y privado, pensando en el bienestar de todos los costarricenses.

Es tiempo de dignificar la encomiable labor de los trabajadores de la salud y la educación, para garantizar el bienestar en nuestra patria. Hoy más que nunca, hay que renovar el pacto de la educación para la salud y la salud para la educación. Este pacto es la garantía para volver a alcanzar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, y dejar atrás los que hoy nos colocan entre los más desiguales del mundo.

Una meta encomiable que no se podrá lograr si se continúa pisoteando la dignidad de ambos sectores, algo que se ha convertido en consigna de las principales fuerzas políticas hasta nuestros días, secundadas por los grandes medios de comunicación, al servicio de mezquinos intereses electoralistas y de una élite económica insaciable, que se acostumbró a no pagar impuestos. Necesitamos volver a pensar y sentir como ciudadanos y ciudadanas dignos de una patria digna.

Mala gestión de CEN CINAI afecta poblaciones vulnerables

Recientemente, la Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Dirección Nacional del CEN-CINAI, con el objetivo de determinar si su proceso de planificación cumple con los marcos jurídicos y técnicos aplicables, así como la adaptación del modelo de compras institucional de la entidad. Actualmente, el CEN-CINAI, tiene como funciones:

  • Mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil
  • Promover el desarrollo de la niñez en condiciones de riesgo social o pobreza
  • Brindar atención diaria de calidad a la población menor de 13 en estas condiciones
  • Proporcionar servicios de atención a mujeres embarazadas y a sus familias

Además de esto, se busca que se brinde servicio a las familias de estas personas, para facilitar la participación de las personas responsables del cuido, en el sistema educativo y en el mercado laboral.

En esta auditoría se presentaron los siguientes hallazgos:

  • La población atendida en los servicios de atención, protección infantil y nutrición preventiva, mediante comidas servidas en el sitio, disminuyó un 37,3% en el período 2021-2023, lo que representa 19.986 personas menos en 78 cantones del país. 
  • Las estadísticas reflejan que la Dirección atiende a menos población que previo a la pandemia por Covid-19.
  • Pese a un aumento en la capacidad instalada de atención se estima una subutilización del servicio cercana al 26% durante el 2021-2023.
  • No es posible determinar a nivel local, si la cobertura se gestiona de acuerdo con la demanda real del servicio y según tendencias demográficas de cada comunidad.
  • La dirección no cuenta con un instrumento de planificación operativa y tampoco existen criterios para planificar la cobertura de los servicios en el corto y mediano plazo.
  • Se pretende ampliar la vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI) al año 2030 sin análisis técnico, ni evaluación de los resultados al cierre del periodo original, realidad del entorno, ni un detalle de la programación correspondiente a 2024 en adelante.

En general, se encontraron debilidades de planificación que afectan la prestación del servicio, además de que la cobertura de los servicios no se sustenta en una planificación estratégica y operativa que responda a las necesidades de la población, ni se efectúan acciones de mejora continua al servicio basado en seguimiento de cumplimiento de metas. Las estadísticas de los últimos años muestran disminuciones significativas en la población atendida dentro de los establecimientos, y una subutilización del servicio cercana al 26%, mientras que fuera de los establecimientos, la población atendida disminuyó un 34%. Estas cifras alarmantes muestran que la población meta de estas políticas no está siendo atendida de manera apropiada.

Le invitamos a informarse acerca de este tema, crítico para las poblaciones más vulnerables del país, por medio del informe completo en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2024/SIGYD_D/SIGYD_D_2024022768.pdf 

O una versión en video resumida:

Medicamentos esenciales: ¿bienes públicos o mercancías?

Por Germán Velásquez, octubre de 2024

La salud pública ha sido puesta en venta, particularmente tras la pandemia de COVID-19. Actores clave como el G7, Bill Gates y la industria farmacéutica, con la mirada impotente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acapararon vacunas y medicamentos, priorizando el beneficio económico sobre el acceso universal. Al final de 2021, más del 80% de la población de los países industrializados ya estaba vacunada, en contraste con menos del 20% en los países en desarrollo.

La privatización de la salud pública es evidente con el cambio de conceptos fundamentales. La OMS, que en 1977 introdujo el término «medicamentos esenciales», ha sido testigo de cómo se intenta sustituir esta noción por “contramedidas médicas”, un concepto que carece de sustento en salud pública y responde más a intereses comerciales.

A lo largo de los últimos años, el acceso a medicamentos ha empeorado, especialmente en los países en desarrollo, donde los altos costos de los fármacos biológicos, impulsados por las patentes y la falta de salvaguardas en los acuerdos comerciales, han hecho que tratamientos para enfermedades graves sean inalcanzables. Ejemplos como el “Zolgensma” (2.1 millones de dólares) y el “Hemgenix” (3.5 millones de dólares) evidencian esta situación.

La discusión sobre la salud pública sigue, con actores internacionales revisando el Reglamento Sanitario Internacional y negociando un tratado vinculante para la prevención de futuras pandemias. Sin embargo, el futuro parece inclinarse hacia un sistema donde los medicamentos son vistos como mercancías, alejándose de su estatus como bienes públicos esenciales.

Le invitamos a descargar y leer el texto completo en el PDF adjunto.

CITA: G Velásquez.(2024). Consejero especial de Políticas y Salud en el South Center, Ginebra (Suiza). Fuente: Le Monde Diplomatique en español, edición de octubre 2024. https://mondiplo.com/medicamentos-esenciales-bienes-publicos-o 

Compartido con SURCOS por Rodolfo Ulloa Bonilla.

Imagen ilustrativa, UCR.

El otro lado de la situación de Coopeservidores

Fernando Rodríguez Garro
Coordinador Observatorio Económico y Social
Universidad Nacional

Las intervenciones de las autoridades de supervisión del sector financiero siempre generan atención, no solo porque ninguna entidad financiera ha logrado subsistir esos procesos, sino porque la lista de personas afectadas por estas intervenciones nunca es pequeña y en muchos casos reúne a una cantidad significativa de pequeños ahorrantes, que se ven sumidos en la incertidumbre mientras la intervención se lleva adelante. Faltan unos días para saber qué va a pasar con Coopeservidores y si podrá subsistir la intervención, algo que sería inédito, y conocer con detalle las responsabilidades de quienes tomaron decisiones que pudieron afectar el devenir de esta cooperativa financiera.

Ahora bien, no podemos aislar lo sucedido con Coopeservidores y el contexto económico que hemos estado viviendo. Desde la Universidad Nacional hemos advertido desde hace años que las personas están muy endeudadas y que, particularmente desde el sector público, ese sobreendeudamiento presiona la capacidad de muchas familias de atender sus obligaciones financieras, dejando a muchas personas trabajadoras sin un ingreso líquido suficiente, pues las deducciones por los créditos consumen la mayor parte del salario neto de las personas. Esto sucede así porque la normativa lo permite, que algunas entidades puedan pedir la deducción automática de las cuotas de crédito de los salarios de las personas funcionarias públicas, lo cual podría haber facilitado un mayor endeudamiento de las personas y un manejo más laxo de las garantías de pago.

Para julio de 2022, según información del Ministerio de Trabajo, 19.000 personas registradas en el Sistema Integra, que paga los salarios en el gobierno central, recibían un salario neto por debajo del salario mínimo. En ese momento se tomó la decisión de limitar las deducciones automáticas en aquellos casos en que las personas funcionarias recibieran un ingreso neto por debajo del salario mínimo, lo que eventualmente podría haber creado dificultades en la recuperación de algunas operaciones de crédito.

Coopeservidores nació como una solución financiera dirigida a funcionarios públicos, de hecho, arrancó con el nombre de Cooperativa la Unión R.L., formada por funcionarios de la Dirección de Servicio Civil, en 1957. En 1965 los asociados deciden cambiar el nombre y ampliar el ámbito de trabajo de la cooperativa, que bautizan en ese momento como Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos R.L., con el nombre abreviado de COOPESERVIDORES R.L. En el año 2008 la cooperativa decide abrirse a la incorporación de trabajadores del sector privado, aunque su base ya estaba formada por asociados del sector público. Y esa conformación podría haber sido otra razón de su situación actual.

Desde el año 2020 los funcionarios públicos tienen su salario congelado, primero como una medida relacionada con la pandemia y posteriormente en función de la aplicación de la regla fiscal. Aunque no ha habido vaivenes fuertes de precios en este periodo, salvo lo sucedido con la inflación en el 2022, la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el 2020 y hasta hoy, se suma a la variación en el costo del financiamiento de los créditos de las personas, producto del ajuste de tasas de interés del 2022, tanto para moneda local como para moneda extranjera. Un aspecto que los economistas perdemos de vista en las estimaciones del costo de vida, pero que sin duda impacta en los recursos disponibles de las familias: las variaciones en el costo del financiamiento producto de los movimientos de las tasas de interés.

Entonces sumemos problemas: una limitación en la posibilidad de aplicar deducciones automáticas de las cuotas de crédito, cuyo efecto aún desconocemos; una reducción en el salario real de los asociados que constituyen la base de esa cooperativa y un aumento en el costo de financiamiento desde el 2022, además de los problemas que hubo en la gestión de esa entidad y de la que dará cuenta el informe del interventor una vez se conozca este. ¿Cómo y en qué medida pesaron estas situaciones en el desenlace del problema de Coopeservidores? Es importante saberlo y debe ser parte del análisis que se haga posterior a la intervención de esta cooperativa.

No estamos aquilatando apropiadamente las consecuencias de medidas de ajuste que se han tomado en los últimos años, impulsadas en un entorno económico restrictivo e incluso se podría decir negativo, con las consecuencias de por medio de la pandemia del Covid19 y la política monetaria restrictiva, a consecuencia del pico inflacionario que produjo la invasión rusa a Ucrania. Quizás no estamos viendo las consecuencias de tener a un grupo importante de la población con el salario congelado desde hace más de 4 años, muchos de ellos sobreendeudados y enfrentando costos financieros mayores. ¿Podría repetirse lo de Coopeservidores en otra entidad financiera, particularmente aquellas vinculadas a grupos de funcionarios públicos?

Saber esto es fundamental para poder anticipar problemas adicionales, además de que nos sirva para entender que los procesos de ajuste fiscal tienen consecuencias negativas, incluso para el sector financiero.

La sinrazón de los grupos antivacuna y el acuerdo de la -OMS- para que todos los países cooperen para afrontar colectivamente otra pandemia

Imagen: Ministerio de Cultura y Juventud

Juan Jaramillo Antillón

La Organización Mundial de la Salud (OMS) para afrontar mejor colectivamente a una futura pandemia viral o bacteriana o de otro tipo que ponga en peligro la salud y la vida de las personas en nuestro planeta Tierra, y en nuestro caso Costa Rica, va a solicitar a sus Estados miembros, firmen un acuerdo para tal efecto “TRATADO INTERNACIONAL CONTRA LAS PANDEMIAS”.

Al parecer eso se debe como lo manifesté en una publicación mía, ya desde octubre del 2021, a que, la pandemia viral que afectó al mundo desde el inicio del 2020 y, aún persiste atenuada y provocada por un diminuto virus llamado SARS-CoV-2, abundante en la naturaleza, huésped de los murciélagos sin enfermarlos así como a otros animales silvestres, virus que no se ve, no hace ruido y no huele y puso a los sistemas sanitarios, sociales y económicos del mundo “patas para arriba”durante los años 2020 a 2022 incluso, aunque aún nos afecta.

Esa pandemia además, probó que el mundo, incluso los países desarrollados y ricos, no estaban preparados ni sanitariamente, ni social o económicamente para atender problemas de esa magnitud, amén de que se comprobó que la OMS no tenía la autoridad para investigar adecuadamente los problemas sanitarios de los países miembros, como sucedió con la aparición de esta pandemia en China, dónde, ya desde noviembre del año 2019 existía una severa epidemia de neumonías entre la población de la ciudad de Wuhan cuyo origen era desconocido pero se propagaba rápidamente. Algo que lamentablemente China negó, y la OMS no pudo investigar. Esa falta de autoridad para poder investigar lo que estaba sucediendo sanitariamente permitió que esa epidemia China se convirtiera en pandemia al difundirse a los países vecinos sobre todo por la vía aérea, e impidió que la OMS diera un aviso mundial oportuno del problema. Y, no fue sino hasta marzo del 2020 cuando lo hizo, perdiéndose así meses preciosos de preparación para enfrentarla mundialmente y de prohibir viajes por avión a China y naciones aledañas ya afectadas ya que la propagación se hacía vía aérea por aerosoles.

Al parecer, un diputado, el señor Fabricio Alvarado se opone a que el país firme dicho acuerdo, y el sindicato del Poder Judicial de Costa Rica, desea que la Sala Constitucional dicte una ley o normativa que impida que, en caso de una epidemia o pandemia viral o bacteriana que afecte la salud y la vida de la población, las autoridades de salud puedan pedirle a TODA la población se vacune, como una prioridad necesaria, para evitar difundir la enfermedad y evitar así no solo la pérdida de la salud y la vida entre nuestro pueblo.

A fin de cuentas, este es un problema ocasionado por los grupos antivacunas, que no solo no desean vacunarse, sino que lo haga el resto de la población. Esto está sucediendo ya pues, muchas personas al ver o escuchar la tremenda desinformación que estos grupos difunden sobre las vacunas, hace que estas sean temerosas de ponérselas y no acudan a los centros de vacunación. Los argumentos principales de los antivacunas, es señalar que “obligarlos a vacunarse constituye una violación de la libertad individual y su derecho a rechazarla y que la vacuna es peligrosa.

Sin embargo, la sociedad como un todo desde hace años sabe que, la libertad para pensar y sobre todo de expresarse y actuar ante un problema en diferentes formas, tiene limitaciones, ya que es sabido que “la libertad de uno termina donde empieza la de los demás”. Si una persona no se vacuna se constituye así en una posible fuente de contagio para otras personas, pudiendo con eso poner en peligro la salud o la vida de ellas.

Cuando se estableció el uso de los cinturones de seguridad para los asientos de los automóviles, so pena de una multa. Pese a que es una medida violación de la libertad individual, se llegó a aceptar, pues se probó que salva millones de vidas en los accidentes. Con la vacuna es igual está probado que han salvado millones de vidas a través de los años e incluso ha ayudado a eliminar mundialmente enfermedades como la viruela, la poliomielitis, la difteria, y a disminuir otras como el sarampión, el tétanos, la tos ferina, etc., etc.

Toda sociedad bien organizada implica la existencia de diferentes prohibiciones de la libertad individual para funcionar. En ellas “El bien común está por encima de la libertad individual” en algunos casos cuando eso signifique evitar la enfermedad y la muerte. Los médicos sabemos y señalamos al público que, no hay medicamento o vacuna completamente inocua, en una pequeña cantidad de casos puede haber efectos secundarios, pero los beneficios están tremendamente por encima de lo anterior, por eso las recomendamos.

Los médicos, enfermeras y el personal de apoyo de las Unidades de Terapia Intensiva UCI de los hospitales que expusieron su salud y su vida, y la de sus familias, para atender a este tipo de enfermos tan contagiosos, saben muy bien que, una cantidad de enfermos de los que llagan ahí no ha sido vacunados y muchos de los que mueren también tienen esta distinción. Son ese personal el que escucha el arrepentimiento por no haberse vacunado. Es paradójico que ese personal pone su vida en peligro para salvar la de otros y, sin embargo, grupos de personas se niegan a recibir la vacuna y cuando enferman recargan sus servicios y en muchos casos retardan la atención de otros.

Así pues, todos como miembros responsables de una sociedad debemos vacunarnos en caso de enfermedades contagiosas; al no aceptar esto, nos convertimos en un peligro para los demás. Y, por cierto, contagiarse y enfermar tiene el problema de que, la mitad de los que se recuperan tienen molestias incapacitantes, en especial respiratorias, fatigas, insomnio, pérdidas de memoria, cefaleas y problemas renales o cardíacos por muchos meses, que requieren apoyo médico y hasta hospitalario un buen grupo de estos lo proporcionan los no vacunados, luego de infectados.

Esta pandemia nos mostró que en la Tierra no hay personas, pueblos o países “islas”, todos estamos interrelacionados y en menor o mayor grado nos necesitamos, sobre todo cuando vimos que el contagio no solo afecta a todos los países, sino que afecta, además, a ricos y pobres, mujeres y hombres, niños y ancianos, sanos y enfermos.

Además, mostró cómo los países que tenían sistemas nacionales de salud se enfrentaron mejor que los desarrollados o pobres que no lo poseían. La razón de lo anterior es que en los que tenían sistema de salud, este le hizo frente a la pandemia vacunando a su población y sus hospitales acogieron a todos. O sea, el Estado asumió con toda la responsabilidad y gastos, la empresa privada con ninguno, con la excepción de ganar miles de millones los fabricantes de las vacunas, pagadas por los gobiernos de los países, que se la proporcionaron a su población gratuitamente. Estas exageradamente absurdas ganancias persistieron aún a la fecha, debido a los famosos derechos de “Patentes”, que no deberían existir en este tipo de medicamento como las vacunas.

En Costa Rica nos jactábamos, que, siendo un país en desarrollo, teníamos un sistema nacional de salud basado en un seguro social universalizado, que asumió la responsabilidad de atender a la población, no solamente vacunando a todo el mundo, sino recibiendo en los hospitales a todos los enfermos si distinción alguna; sin embargo, por muchos meses el sistema estuvo colapsado debido a la enorme cantidad de enfermos que afectaban las Unidades de Terapia Intensiva incluyendo los grupos de enfermos NO VACUNADOS.

Los grupos antivacunas omiten hablar de las situaciones que causan los no vacunados y que se probó con la Covid- 19. Estas personas constituyen un riesgo a corto, mediano o largo plazo para todos. ya que, si no logramos en el país una vacunación lo más completa posible, estos serán focos residuales de contaminación y si enferman, ocuparán camas necesarias para otros pacientes graves con otras patologías, por lo que, se constituyen en otro problema más.

Además, la pandemia probó que, en los inicios, la OMS lamentablemente, tampoco tenía la experiencia para aconsejar medidas tan simples como la importancia del uso de mascarillas en todo lado para evitar la propagación del virus que causaba la enfermedad debido a la tos y su contagio aéreo por aerosol. Tampoco existían recursos suficientes para proporcionar mascarillas y vacunas a la población de ciertas áreas o de países pobres, que podrían convertirse en fuentes de contagio por esa razón vacunas que la OMS consiguió a precio más razonable de lo que costaba en los países ricos.

Fue así como durante muchos meses, este virus tuvo al mundo: sanitaria, económicamente, y socialmente, patas para arriba. Y aparte de que no existía en ese momento una vacuna contra el mismo. Esto no debe repetirse de ninguna manera. Lamentablemente la pandemia agravó las desigualdades sociales y económicas, ya que como se comprobó, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres y la clase media se redujo importantemente, desequilibrio que resiente nuestra sociedad.

Este virus que aún nos afecta, Y LOS QUE VENDRÁN EN EL FUTURO, son enemigos muy caprichosos, debido a sus frecuentes cambios llamadas “mutaciones” que sufre para adaptarse a las dificultades que encuentra para sobrevivir en el ambiente. Hay siempre el temor de que un nuevo virus sea más contagioso y letal y pueda evadir a las vacunas o las respuestas inmunológicas defensivas de las personas, ya que hay que hay que acordarse que la vacuna sirve en la medida que haya una respuesta inmunológica de la persona a la vacunación; entre más sana esté ésta mejor el efecto, además, debe tenerse en cuenta que, la respuesta inmune defensiva se debilita con la edad (ancianidad) y si hay enfermedad importante incluyendo la diabetes o se si es desnutrido u obeso.

Además, debido a ese constante mutar, se le dificulta a la ciencia poder predecir su comportamiento, y que acciones tomar para evitar su diseminación masiva. Con el temor, de que, si viene otra pandemia estando éste aún, afectándonos, no sabemos que puede resultar.

Lo anterior es la causa por la que el mundo no ha podido desembarazarse de este virus debido a sus constantes cambios (mutaciones) que hacen que las vacunas pierdan su efecto contra las nuevas cepas del virus, de ahí que haya persistido hasta el presente, pudiendo como se dice, convertirse en estacional, pero atenuado y por esa razón sobre todos los viejos, los enfermos o los niños deben volver a vacunarse.

La vacunación mundial ofrece la mayor esperanza para erradicar esta pandemia cuyo virus permanece infectándonos, aunque insistimos felizmente sus mutaciones no lo han hecho más agresivo. Pero, si continuamos como hasta ahora, destruyendo la naturaleza y dando lugar cambios climáticos, agregados a los problemas de hacinamiento y pobreza, otra pandemia nos espera a la vuelta de la esquina. De ahí porque la OMS desea con sus medidas prepararnos para enfrentarla mejor.

Los sistemas sanitarios del mundo, se entiende cada país, no podrán bajar la guardia nunca más y más bien hay que reforzarlos mundialmente para que puedan así, combatir pandemias virales o bacterianas y sobre todo continuar atendiendo con prontitud y eficacia a los pacientes de otras enfermedades en especial las graves, injusticia que se ha dado en los últimos dos años no sólo en Costa Rica, sino en todo el mundo.

*Ex ministro de Salud de Costa Rica 

*Ex presidente de la Academia Nacional de Medicina

*Catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica

*Profesor Emeritus de la Universidad de Costa Rica

*Ex jefe de Cirugía del hospital Calderón Guardia

*Escritor y comunicador científico social.

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

Precariedad laboral: una marca registrada del mundo Covid

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En el mes de marzo de 2020, cuando el planeta detenía sus pasos ante la llegada de la primera pandemia posmoderna, saltó a la luz una nueva forma de actividad económica caracterizada por su concentración en los servicios, las entregas express y principalmente la precarización en el trabajo.

Pronto el mundo se haría consciente de que al tiempo que una porción de su población privilegiada era enviada a sus casas a guardar cuarentena y, en el mejor de los casos, a hacer teletrabajo, otro grupo de personas trabajadoras menos privilegiado continuaban sus labores cotidianas desde la “uberización”, el “delivery” y la entrega personalizada puerta a puerta, propiciada por una de las formas más despersonalizadas y desubjetivadoras que llegó para quedarse en el marco de la coyuntura: las plataformas de servicios de entrega a domicilio.

Conocer esa modalidad de trabajo y sus alcances socio laborales fue uno de los objetivos perseguidos por un equipo investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Los resultados de su estudio fueron recientemente socializados.

Tres datos llamaron mi atención, dado el carácter profundamente informal que reviste la actividad: la alta proporción de personas trabajadoras de estas plataformas sin ningún tipo de seguro social (un 78%); más de un 65% reconoció la posibilidad de quedar excluido de la plataforma en cualquier momento, revelando una profunda desprotección e inseguridad laboral; un 40% de la población consultada en el marco del estudio percibe menos del salario mínimo de ley.

Es ya lugar común escuchar esa frase contundente de “lo que llegó para quedarse” en el marco de la pandemia: la modalidad de teletrabajo, las medidas de higiene y, yo diría, la precariedad laboral para un conjunto considerable de personas trabajadoras a nivel global.

El equipo investigador fue concluyente acerca de la necesidad de una respuesta organizativa y colectiva para hacerle frente a estas condiciones de trabajo. Una primera forma de cambiar la comprensión de la precariedad que les aqueja es modificar los designios de poder producidos desde el lenguaje: la “colaborización” como mecanismo de desubjetivación de la identidad laboral de la persona, debe ser erradicada. No son “colaboradores” quienes hoy se enfrentan a estas dinámicas excluyentes. Son personas trabajadoras con derechos, que deben empezar a ser respetados.

Sindicato del Poder Judicial manifiesta preocupación y rechazo a medidas sanitarias y tratados internacionales

Imagen: https://www.sitrajud.com/

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) ha emitido una manifestación, representada por Jorge Eduardo Cartín Elizondo, en la que expresan su profunda preocupación y rechazo a diversas medidas adoptadas en el marco de la pandemia del COVID-19, así como a tratados internacionales y decisiones gubernamentales.

En el comunicado dirigido a la Corte Plena del Consejo Superior del Poder Judicial, Cartín Elizondo, en calidad de representante del SITRAJUD, destaca los siguientes puntos:

  1. Primacía del ser humano sobre el Estado: Se enfatiza que el ser humano antecede al Estado, y el Derecho Natural es superior al Derecho Positivo, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
  2. Derechos humanos inalienables: Se hace hincapié en que los seres humanos tienen derechos inalienables protegidos por tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros.
  3. Rango supraconstitucional de tratados internacionales: Se argumenta que los tratados y acuerdos internacionales tienen rango supraconstitucional, debiendo interpretarse extensivamente en favor de la libertad y restrictivamente en lo que la limite.
  4. Cuestionamientos a las medidas ante la pandemia: Se critica la imposición «ilegal» de medidas durante la pandemia, especialmente las relacionadas con la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. Se señala que estas medidas han infringido diversos artículos de la Constitución Política y tratados internacionales, atentando contra derechos fundamentales como la vida y la salud.
  5. Denuncia de ilegalidades en las decisiones del Gobierno: Se denuncia la emisión de decretos ejecutivos modificando leyes, como el Decreto N° 42889-S y N° 43249-S, que se consideran ilegales al imponer la obligatoriedad de la vacunación sin garantía legal y al vulnerar múltiples normativas y derechos.
  6. Acusación de falta de prudencia en la pandemia: Se acusa al Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, la Comisión Nacional de Emergencias y el Colegio de Médicos de imponer restricciones sin un adecuado debate médico-científico, generando un atropello de derechos humanos y libertades individuales.
  7. Rechazo a organizaciones supranacionales: Se rechaza la influencia de organizaciones como la ONU, OMS y WEF, considerándolas con conflictos de interés y sin representatividad democrática en Costa Rica.
  8. Pedido de debate público y democrático: Solicitan la apertura de un proceso de debate público, libre y democrático sobre las medidas y tratados que afectan a la población costarricense.

El SITRAJUD adjunta pruebas documentales que, según ellos, demuestran el mal manejo de la pandemia y la falta de prudencia de las autoridades. Entre las pruebas se incluyen informes médicos sobre efectos adversos de la vacunación y comunicados sobre la falta de evidencia científica en decisiones clave.

El sindicato manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la soberanía del país, llamando a la reflexión y al debate público en torno a las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia y a tratados internacionales.

La información completa se encuentra en el PDF adjunto.

Una hora crucial

Freddy Vargas Aguilar
Teléfono 8620 0780

  1. La humanidad se halla demasiado cerca de una guerra nuclear con dos guerras en donde uno de los países tiene poder nuclear y que, si la segunda se extiende, puede posibilitar un tercer conflicto, también con otro país con bombas nucleares.
  2. La hora final de un desastre ambiental se va acercando. Los pasos hacia allí no pueden decirse que sean silenciosos. Lo sabemos, así como que una nueva pandemia, más grave que la del COVID 19, es bastante probable.
  3. Paradójicamente, las mismas fuerzas económicas, tecnológicas, científicas, políticas que apuntan hacia un abismo oscuro son, a su vez, las que pueden emplearse para conseguir construir una humanidad solidaria, con justicia, con verdad.
  4. El amor, el deseo y la disposición para procurar lo mejor para sí mismo procurando, al mismo tiempo, lo mejor para el otro, haciendo uso de un universo que se nos ha dado gratuito, es un factor decisivo.

¿Quién está dispuesto?  ¿Quién se atreve?