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Teletica, La Nación y el poder

Por José Luis Amador

José Luis Amador.

Se atribuye a Voltaire la frase “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar tus ideas”. Esta frase resume el principio democrático de respetar el derecho a la expresión y al disenso.

En los últimos años, hemos defendido a la Nación y Teletica por su derecho, (el nuestro y el de todos) a la libre expresión de las ideas. Durante estos años hemos sido testigos de la antidemocrática actitud de Rodrigo Chaves al golpear y constreñir la libre expresión de una serie de periodistas, periódicos, analistas y pensadores que van desde La Nación, y Teletica hasta periodistas de UCR, Vilma Ibarra y tantos otros grandes y pequeños que no fueron del gusto del señor presidente.

Pero la razón por la que hemos opinado en defensa de estos periódicos no es porque pensáramos que estos medios: “la Nación” o “Teletica” fueran adalides de la libertad de prensa, de la expresión de todos o de la defensa de la verdad y la objetividad. Sino porque en este mundo de pesos y contrapesos, la mordaza sobre esos periódicos es una mordaza que pesa para todos los actores de la sociedad, reduciendo el respeto al disenso y la democracia.

Hablo como ciudadano independiente, que se manifiesta libremente en las redes, que no tiene ninguna militancia con ningún partido, ni con ningún medio de comunicación, pero que siente como propia, la vejación y la constricción que se hace a cualquiera que sea reprimido en su libertad de expresión.

Como trabajador del ICE, me tocó muchas veces enfrentar la todopoderosa voz de esas empresas de opinión, La Nación y Teletica. Me tocó salir a defender los intereses institucionales y nacionales, llevando como único escudo mi convicción y los colores amarillos de esa institución.

Fue así como muchas veces nos tocó salir a enfrentar el TLC, afrontar la amenaza del Combo Eléctrico o simplemente salir durante el período 2002 – 2006, a luchar, porque los asesores neoliberales de Abel Pacheco lo convencían de negar la aprobación del presupuesto mínimo, para garantizar los recursos institucionales necesarios para construir obras hidroeléctricas. Ya desde aquellas épocas la intención era ahogar presupuestariamente al ICE, para que no pudiera construir sus obras, y dejar el espacio cómodamente a los cogeneradores privados.

Sin presupuesto, varios proyectos en proceso quedaban paralizados, los trabajadores sin actividad, y si no había una solución, el ICE tendría que despedirlos. Ante esas situaciones acuciantes, hubo un año en que nos lanzamos tres veces a paros y marchas, no por aumento de sueldo, no por beneficios para los trabajadores, sino por presupuesto para no paralizar las obras

El papel de La Nación
Porque cuero sí nos daban

Como trabajador del ICE no fue difícil aprender que cuando los políticos tomaban acciones y propuestas en contra de la institución, ya desde varias semanas antes, los titulares de primera plana de la Nación empezaban a expresar opiniones en contra del ICE, para preparar el terreno, indisponer la opinión pública y predisponerla a favor de los actos, leyes, proyectos, recortes y otras acciones de su interés, en contra del ICE.

Como muchos de ustedes bien saben, el periódico no es un noticiero. El periódico es un formador de opinión y una herramienta al servicio de sectores económicos y políticos. Y como comprenderán, no fue Chaves el que vino a abrirnos los ojos. Ya los teníamos abiertos desde chiquitillos. Estos medios nunca fueron favorables al proyecto nacionalista energético. ni de telecomunicaciones. Ni de la Caja, ni de ningún proyecto de índole social. Siempre estuvieron en contra de las posiciones progresistas de trabajadores y sus sindicatos. Siempre del lado libertario, del lado de los Guevara, del lado de quienes querían privatizar o como dicen ellos “abrir” las instituciones, Siempre favoreciendo a la cogeneración y a la competencia privada. En energía salud educación y en lo que sea.

El argumento es por supuesto, defender al usuario, lo cual no siempre es cierto, pero como propaganda funciona. Aunque la mayor cantidad de veces, la motivación sea más bien beneficiar al empresario privado, aún a costa del usuario final. En los últimos meses me ha llamado la atención ver algunas posiciones más nacionalistas y si se quiere más solidarias de parte de la Nación. Posiblemente por su enfrentamiento con Chaves y el duro revés de perder la visa que experimentaron sus directivos. Pero su posición ha sido siempre la descrita.

Chaves y Teletica

Recientemente Rodrigo Chaves se reunió con René Picado dueño de Canal 7. Esto ocurre luego de un periodo de más de cuatro años de agresión permanente, explícita o velada, de Chaves hacia ese medio televisivo. Conociendo a este personaje, no deja uno de preguntarse ¿Qué cosa estará tramando Chaves?

Lamento decir que no espero nada bueno de este señor. Aunque Chaves nunca ha expresado abiertamente su ideario, para quienes hacemos una lectura de lo que ha venido haciendo, queda claro que ese ideario no está muy lejos del ideario de un Milei. Arrasar con el Estado Social de Derecho, derribar los derechos adquiridos por los costarricenses en el plano social. Reducir aún más los presupuestos en salud, educación, seguridad, todo ello en beneficio de los sectores empresariales y de los números a nivel macroeconómico. Hablo sin ser experto, pero por ahí va la cosa.

El punto es que hemos defendido durante todos estos años a la Nación y a Teletica y hemos querido hacer valer su derecho a la libre expresión. Y había que hacerlo. No es por casualidad que a los directivos de la Nación se les quitaron sus visas a Estados Unidos. Eso, todos lo sabemos, es un guiño de la administración Trump a su colaborador Chaves.

Pero la reunión de Chaves con Picado deja abierta una serie de preguntas. ¿Será que por unos dólares más y pauta publicitaria René Picado cambiará sus posiciones y hará causa común con Rodrigo chaves en lo que atañe al derribo del Estado social de Derecho?

¿Será que ahora Teletica contribuirá, una vez más, a invisibilizar la realidad y a ponerla a tono con el interés del gobierno chavista, en desmedro de la verdad, y del objetivo ejercicio del periodismo, en aras de mayor rentabilidad para su negocio??

Nadie duda de que en nuestras sociedades los medios son un cuarto poder, uno de los más importantes: el periodismo y la comunicación formadora de opinión, pero también es cierto que fácilmente se convierten en un poder donde la verdad, queda al servicio del mejor postor.

¿Nos tendremos que acostumbrar, otra vez, a ver a Teletica, totalmente, al servicio del poder?

¿Pasará lo mismo con la Nación?

A Repretel ya ni le preguntamos.

El marco jurídico de Costa Rica está siendo desmantelado a la vista

Por Bernardo Archer Moore
Presidente ACUDHECA

Cahuita, Talamanca, Costa Rica

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Resulta profundamente preocupante observar cómo el Estado de Derecho parece ceder terreno ante decisiones políticas que ignoran principios jurídicos elementales.

Cuando el Poder Legislativo aprueba proyectos de ley que contradicen normas previamente promulgadas por la propia Asamblea Legislativa, vulneran disposiciones constitucionales y desconocen sentencias firmes de la Sala Constitucional —órgano supremo en materia de interpretación constitucional—, no estamos ante una simple diferencia de criterio político.

Estamos sin lugar a duda, ante una erosión deliberada de la seguridad jurídica que sustenta nuestra democracia.

Aún no se ha secado la tinta de los votos constitucionales N° 2025-029985, N° 2025-035746 y el más reciente N° 2026-010993, mediante los cuales la Sala Constitucional reiteró obligaciones concretas del Estado costarricense.

Sin embargo, a solicitud de quienes precisamente están obligados a cumplir dichas resoluciones, se impulsan iniciativas legislativas que pretenden avanzar sin atender los requisitos expresamente señalados por el Tribunal Constitucional.

Lo más grave es que esta situación se intenta presentar ante la opinión pública mediante narrativas simplificadas y populistas, desplazando del debate el verdadero tema de fondo: El respeto al ordenamiento jurídico nacional.

Resulta difícil comprender cómo esto ocurre a plena vista de una comunidad jurídica que supera las treinta mil personas entre abogados y abogadas, en un país donde generaciones enteras dedicaron sus esfuerzos a construir instituciones sólidas precisamente para evitar que la voluntad política circunstancial prevaleciera sobre la ley.

Para ser aún más precisos sobre el tema de fondo, conviene recordar que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7316, del 21 de noviembre de 1992, publicada en La Gaceta N° 235 del 3 de diciembre de ese mismo año.

Costa Rica depositó el instrumento de ratificación ante la OIT el 2 de abril de 1993, entrando el Convenio en vigor para nuestro país el 2 de abril de 1994.

Y se ganó el aplauso internacional, pero inconsecuente a nivel nacional.

Desde entonces, sus disposiciones forman parte del ordenamiento jurídico costarricense y son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado.

Por ello, la discusión no debería centrarse en determinar si la Marina de Limón, o cualquier otro proyecto contemplado dentro del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe, es bueno o malo, conveniente o inconveniente.

Ese debate corresponde precisamente al proceso de consulta.

La cuestión fundamental es otra: cumplir la ley.

Y la ley exige que los pueblos tribales costeros reconocidos oficialmente por el Estado costarricense mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MJP de 2022 sean consultados de manera previa, libre, informada y de buena fe antes de la adopción de medidas legislativas, administrativas o proyectos de desarrollo que puedan afectarles directamente.

Esta obligación no constituye una concesión política ni una formalidad administrativa: es un mandato jurídico derivado del Convenio 169 de la OIT, de la Constitución Política, de la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por la República.

Solo dentro de ese marco de legalidad podrán las comunidades expresar su criterio respecto de la Marina de Limón y de los demás proyectos contemplados en el Plan Maestro de Desarrollo Turístico Costero del Caribe. Ese derecho ya es caso juzgado y resuelto por la vía jurisprudencial (Voto: 2025-035746 de la Sala IV).

En consecuencia, no se trata de estar a favor o en contra del desarrollo. Tampoco se trata de determinar de antemano si una marina, un muelle, una carretera o cualquier otra inversión pública o privada beneficia o perjudica a la región.

Se trata de algo mucho más elemental: que el Estado costarricense respete sus propias leyes, sus propias sentencias y los derechos que ha reconocido a los pueblos tribales costeros.

Conclusión

Si la Asamblea Legislativa puede ignorar las obligaciones derivadas del Convenio 169 de la OIT y de las sentencias de la Sala Constitucional, ¿con qué autoridad moral o jurídica podrá exigirse mañana al Poder Ejecutivo, a las municipalidades o a los ciudadanos que respeten la ley?

El Estado de Derecho comienza precisamente por el respeto a la ley por parte de quienes tienen la responsabilidad de crearla.

FESITRAES invita a conversatorio sobre la CCSS, las pensiones y la defensa de la seguridad social

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) realizará el conversatorio “La CCSS en disputa: derechos, pensiones y defensa del sistema de seguridad social”, un espacio de análisis y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la seguridad social costarricense y las propuestas para fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La actividad se llevará a cabo el 10 de junio de 2026 a las 2:00 p.m., con transmisión a través del canal de YouTube de SIUNED, y reunirá a especialistas y personas activistas vinculadas a la defensa de la salud pública y la seguridad social.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Leiner Vargas, economista y catedrático del Centro Internacional en Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), quien aportará elementos de análisis sobre la situación económica y financiera de la seguridad social costarricense.

También participará la Dra. Natalia Solís Rojas, especialista en medicina interna e infectología de la CCSS, activista social e integrante de las coordinaciones de Unidos por la CCSS y del Frente Nacional de Lucha (FNL).

El panel se complementa con la participación de Deivis Ovares Morales, auxiliar de enfermería de la CCSS, activista social y sindical, quien forma parte de las coordinaciones del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) y del Frente Nacional de Lucha.

Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca generar una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de la seguridad social en Costa Rica, abordando temas relacionados con el derecho a la salud, el régimen de pensiones, el financiamiento de la CCSS y los desafíos que enfrenta una de las instituciones más emblemáticas del Estado Social de Derecho costarricense.

La actividad se realiza en articulación con diversas organizaciones sindicales comprometidas con la defensa de la CCSS, entre ellas SINDEU, SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED.

Las personas organizadoras destacan que el conversatorio forma parte de los esfuerzos para promover el debate público y la participación ciudadana en torno a la protección de la seguridad social, en un contexto de discusión nacional sobre el financiamiento, la gestión y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Fecha: 10 de junio de 2026
Hora: 2:00 p.m. (hora de Costa Rica)
Transmisión: YouTube SIUNED
Enlace: https://youtu.be/KlJY_5mwUfk

La convocatoria se realiza bajo la consigna:
“En defensa de la CCSS, por el derecho a la salud y la seguridad social”.

Panoramas SURCOS | 6 de junio de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

El Atlas de Desarrollo Humano 2025: el bajo desarrollo humano, la desigualdad y la inseguridad se conjugan en los cantones de las regiones periféricas.
German Masís.
https://wp.me/p6rfbZ-zbl

¿Quién dirige a las policías nacionales?
Oscar Madrigal.
https://wp.me/p6rfbZ-zbG

Las máscaras engañosas de un país verde.
Frank Ulloa Royo.
https://wp.me/p6rfbZ-zba

Hasta 1114 personas al año estarían en riesgo de muerte súbita por falta de diagnóstico, señala estudio de la UCR.
Olga Martha Ramírez Hernández.
https://wp.me/p6rfbZ-zaz

El trago amargo del FMI, la canasta básica y el pulso fiscal de 2026.
Por: JoseSo (José Solano-Saborío).
https://wp.me/p6rfbZ-zbI

¿Es Laura Fernández la presidenta N.º 50?
Vladimir de la Cruz.
https://wp.me/p6rfbZ-zaJ

Parlamentos cívicos exigen diálogo nacional sobre los retos y políticas ambientales y respeto a su denominación.
https://wp.me/p6rfbZ-zbB

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El trago amargo del FMI, la canasta básica y el pulso fiscal de 2026

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente alerta emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las finanzas públicas de Costa Rica nos coloca, una vez más, frente al espejo de nuestras contradicciones estructurales. A pesar de exhibir un crecimiento impulsado por las zonas francas y una inflación controlada, el país enfrenta una erosión silenciosa pero agresiva en su recaudación fiscal. El Ministerio de Hacienda estima una brecha para este 2026 cercana a los 300.000 millones de colones.

Desde el punto de vista macroeconómico, este hueco no es producto del azar. Es, en buena medida, el efecto secundario de la apreciación sostenida del colón frente al dólar, lo cual ha comprimido las utilidades del sector exportador, turístico y financiero que transa en moneda extranjera, reduciendo drásticamente su aporte en el impuesto sobre la renta. A esto se suma una deuda pública que coquetea nuevamente con superar el 62% del PIB, un umbral crítico que restringe aún más el margen de maniobra bajo las normativas de la regla fiscal.

La receta que el FMI propone para sanear este faltante es conocida y profundamente ortodoxa: aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual a la tarifa general del 13%, gravar el salario escolar y eliminar exenciones históricas. Desde la teoría, ampliar la base impositiva aumenta el flujo de caja estatal; pero desde la economía política y social, gravar bienes de demanda inelástica como la alimentación básica es la medida más regresiva posible, pues castiga desproporcionadamente a los deciles de menores ingresos.

La contradicción en Zapote

La reacción del Poder Ejecutivo ante este escenario fue un ejercicio de equilibrismo político. En la reciente conferencia de prensa en Casa Presidencial, vimos a Rodrigo Chaves —ahora operando desde el Ministerio de Hacienda bajo la administración de Laura Fernández— enfrentarse al choque entre la realidad contable y la promesa electoral. El Ejecutivo debe presentar un «plan fiscal», pero intenta desligarse del costo político que implica acatar al FMI.

Decir, como sugirió el viceministerio, que la brecha se cubrirá a corto plazo mediante sistemas tecnológicos para combatir la evasión es, en el mejor de los casos, un optimismo desmedido y, en el peor, una cortina de humo. La tecnología aduanera y tributaria tiene rezagos de implementación y sus rendimientos no son inmediatos; mientras tanto, el déficit estructural exige liquidez hoy.

El debate en la oposición: Tres visiones, un mismo rechazo

El espectro político y técnico de oposición ha reaccionado con un justificado nivel de alarma, aunque partiendo de diagnósticos muy distintos:

  1. La visión progresista y estructural: Economistas como Leiner Vargas, Luis Paulino Vargas y la diputada Sofía Guillén coinciden en que la propuesta del FMI es un asalto a la equidad. Gravar con un 13% el arroz, los frijoles y el pan pulveriza el poder adquisitivo de hogares que ya destinan la mayor parte de su presupuesto a la subsistencia. Este sector señala que Costa Rica gasta cerca de un 5% de su PIB solo en el pago de intereses de la deuda. La salida, afirman, no está en exprimir a la base trabajadora, sino en una reforma tributaria progresiva (renta global, control de grandes capitales) y una renegociación agresiva de las condiciones de la deuda interna.
  2. El pragmatismo financiero: Analistas como Gerardo Corrales advierten que la caída en la recaudación es un síntoma de un modelo que está ahogando su propio aparato productivo mediante un tipo de cambio artificialmente apreciado. Para esta visión, imponer un 13% de IVA a la canasta básica en un entorno donde el sector productivo local pierde competitividad terminaría por deprimir el consumo interno, generando un efecto bumerán que estancaría la economía y, paradójicamente, reduciría aún más la recaudación a mediano plazo.
  3. La ortodoxia liberal: Figuras como Eliécer Feinzaig y Pedro Muñoz rechazan categóricamente nuevos impuestos, argumentando que el problema central de Costa Rica no es la falta de ingresos, sino la mala calidad y la ineficiencia del gasto público. Su propuesta es condicionar cualquier debate fiscal a una reducción severa del aparato estatal, la eliminación de monopolios y el recorte presupuestario de las instituciones públicas.

El veredicto: Competencia ineludible del Gobierno Central

A la luz de estas posturas, es fundamental trazar una línea de responsabilidad política. Yo, en lo personal, pienso que la oposición tiene razón en una cosa, sin importar si analizamos esto desde el liberalismo económico, el conservadurismo o el progresismo democrático de izquierda: NO SE DEBE CARGAR A LA CLASE MEDIA Y BAJA, como se ha hecho siempre, la ineficiencia del Poder Ejecutivo en este periodo y el anterior.

Porque, aunque tratarán de culpar a los otros poderes de la República —como acostumbran a hacer en sus discursos Rodrigo Chaves y ahora la presidenta Laura Fernández—, la formulación de la política fiscal y el manejo de las finanzas son competencia directa, exclusiva e ineludible del Gobierno Central chavista. Trasladar la factura de la impericia gubernamental al plato de comida de las y los costarricenses no es «responsabilidad fiscal», es una abdicación de la justicia social.

El país requiere soluciones estructurales, sí, pero estas deben surgir de gravar la riqueza y dinamizar la producción, no de encarecer el costo de sobrevivir en uno de los países más caros de la región.

¿Quién dirige a las policías nacionales?

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Hará unos tres días la prensa publicó unas declaraciones dadas por el director del OIJ durante un allanamiento:

“Tenemos mucho tiempo de trabajar con la DEA, compartir información, hacer operaciones en conjunto. En los últimos meses ha sido mucho más estrecha, de tal forma que hay un grupo de oficiales nuestros que trabaja permanentemente con ellos”. (La Nación).

Por otra parte, también se informaba:

“Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) ya se establecen de forma permanente en Costa Rica como parte de un reforzamiento en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos, el personal incluye agentes, técnicos y funcionarios administrativos que trabajarán desde las instalaciones diplomáticas ubicadas en Pavas, San José”. (Gente Opa).

Esta participación supuestamente se enmarca dentro del tratado llamado Escudo de las Américas, firmado por Costa Rica en Miami.

Lo primero que habría que aclarar es que ese llamado Tratado no ha sido aprobado por ninguna autoridad nacional y por ende no puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

En esta condición las actividades de los agentes de la DEA y el FBI están al margen de la Ley, están actuando ilegalmente con la complicidad de las policías del país, en especial de una del Poder Judicial.

Además, habría que discutir si la presencia de esas agencias, supuestamente civiles o policiales, están actuando contra la Constitución y en especial el artículo 12 que se refiere a la abolición del ejército y la existencia de cuerpos policiales nacionales.

Lo dramático del asunto es que la DEA y el FBI y por supuesto la CIA están participando como policías en activo, forman parte en operativos, como lo dice el director del OIJ, y los oficiales del OIJ trabajan permanentemente con ellos, lo cual indica que son los oficiales de la DEA los que dirigen los operativos y participan activamente en ellos.

La otra gran discusión que surge a raíz de esta participación es hasta dónde llega la soberanía nacional, si estamos siendo cómplices de una ocupación pasiva de nuestras policías por parte de una fuerza que es dirigida desde la Embajada de Estados Unidos, tal y como se consigna también por parte de los mismos diplomáticos estadounidenses.

Es evidente que las fuerzas del narcotráfico son enormemente poderosas y son una multinacional que opera desde paraísos como Dubái y centros bancarios ubicados en Estado Unidos y que en consecuencia es necesaria la coordinación entre las fuerzas de varios países para enfrentarlo. La colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico es necesaria y conveniente. El problema es hasta dónde debe llegar esa cooperación; la posibilidad que está en desarrollo en el país es la de entregar las policías preventivas y represivas a las agencias extranjeras, lo cual violenta la soberanía nacional, o realizar una labor de coordinación, cooperación e intercambio de inteligencia, pero sin que esas policías estén subordinadas a la DEA o al FBI.

El otro aspecto es el político. Es evidente que el narcotráfico se ha convertido en la perfecta excusa de EEUU para intervenir abierta y directamente en los asuntos internos de los países, incluyendo en sus procesos electorales. Es totalmente paradójico que mientras el gobierno de EEUU no realiza un trabajo eficiente en su propio territorio, desarmando, deteniendo y desmantelando los carteles gringos, no persigue el lavado de dinero y no educa a su población en el no uso de las drogas, obligue y participe directamente en el combate al narco en los países de América Latina. Debería pregonar con el ejemplo; antes de dar consejos a otros, debería aplicarlos en su país.

Estoy seguro de que muchos fanáticos chavistas están felices con que Costa Rica se convierta en una colonia y que ella toda sea una base militar y creer que el problema del narco se combate con más policías y cárcel, más intervención extranjera, aunque por otro lado condenemos a los jóvenes a la deserción escolar, la falta de comida en los comedores y el abandono constante de las necesidades de los jóvenes y madres costarricenses.

Pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que la pérdida de nuestra soberanía, con el pretexto de la lucha contra el narco, solo agregará un problema más en el futuro.

Por el momento tengamos claro que nuestras policías están condicionadas y probablemente hasta dirigidas por la DEA y el FBI desde la Embajada en Pavas.

Parlamentos cívicos exigen diálogo nacional sobre los retos y políticas ambientales y respeto a su denominación

  • “Costa Rica necesita acuerdos ambientales de largo plazo: Parlamentos Cívicos se pronuncian”
  • “Declaración conjunta: justicia climática y defensa de los Parlamentos Cívicos”. Aprueban preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento
  • “Mes del Ambiente: Parlamentos Cívicos llaman a un pacto nacional inclusivo”
  • “Unidos por la justicia ambiental y la participación ciudadana”

San José, Costa Rica. — En el marco del Día Mundial del Ambiente, los Parlamentos Cívicos y Consejos Cívicos Ciudadanos del programa de formación e incidencia ciudadana del Departamento de Participación Ciudadana se reunieron y expresaron en un documento su convicción de que Costa Rica necesita abrir un diálogo nacional amplio, plural e inclusivo sobre los principales retos ambientales que enfrenta el país.

“Reconocemos que la protección del ambiente, la acción climática, la movilidad sostenible, la conservación de la biodiversidad, la gestión adecuada del territorio, la justicia ambiental y la participación ciudadana no pueden abordarse de manera aislada ni coyuntural. Estos desafíos requieren acuerdos de largo plazo, construidos con base en evidencia técnica, participación social efectiva y compromiso institucional”, señala el pronunciamiento.

El Dr. Bernardo Aguilar presidente del Parlamento Cívico Ambiental manifestó que hoy inician un proceso de diálogo ciudadano durante el Mes del Ambiente, orientado a desarrollar una declaración conjunta que priorice las políticas públicas ambientales que Costa Rica debería impulsar en los próximos diez años.

Según lo acordado este proceso recogerá la diversidad de voces, experiencias y preocupaciones de distintos sectores de la sociedad costarricense, incluyendo comunidades locales, juventudes, mujeres, población afrodescendiente, pueblos indígenas, adultos mayores, personas discapacitadas y otras poblaciones vulnerabilizadas, organizaciones ambientales, actores territoriales, sector académico, sector privado, instituciones públicas y ciudadanía organizada.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía en general a sumarse a este esfuerzo de reflexión y construcción colectiva, agregó Aguilar.

Costa Rica cuenta con una importante trayectoria ambiental, pero también enfrenta retos urgentes que exigen visión, responsabilidad y capacidad de diálogo desde estos foros cívicos. Reafirmamos nuestro compromiso con una agenda ambiental inclusiva, democrática y orientada al bienestar de las presentes y futuras generaciones.

El Mes del Ambiente debe ser una oportunidad no solo para conmemorar, sino también para iniciar una conversación nacional seria sobre el país que queremos construir en la próxima década.

En el marco de esta actividad, todas las personas asistentes aprobaron unánimemente la proclama conjunta y acordaron informar a la administración de la Asamblea Legislativa que los espacios de participación mantendrán su denominación como Parlamentos Cívicos —Parlamento Ambiental, Parlamento Afrocostarricense, de Mujeres Jóvenes por el Clima y de Movilidad Sostenible—, en respuesta a la propuesta de las gerencias legislativas de rebautizarlos como Consejos Cívicos. Esta decisión reafirma la identidad y el carácter deliberativo de estos foros ciudadanos, respaldando la importancia de preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento institucional. En el encuentro participaron activamente también las exdiputadas Paola Valladares y Rosalía Brown.

Panoramas SURCOS | 5 de junio de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Impulsan Pacto Patriótico Costarricense entre sectores sociales y diputaciones de oposición.
https://wp.me/p6rfbZ-zbd

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita información financiera a la CCSS.
https://wp.me/p6rfbZ-zb8

Foro analizará el impacto institucional del caso denunciado por Marulín Azofeifa.
https://wp.me/p6rfbZ-zaX

Treinta y dos organizaciones solicitan prórroga para evitar el archivo del proyecto de ley sobre pasos de fauna.
https://wp.me/p6rfbZ-zbf

Guía de CEJIL destaca acceso a la información como herramienta clave frente a la crisis climática.
https://wp.me/p6rfbZ-zb0

Poder Judicial reafirma su compromiso con la transparencia al aprobar alianza con el Estado de la Justicia.
https://wp.me/p6rfbZ-zb5

No habrá réquiem por quienes quieren que olvidemos / Parte 2.
Rafael A. Ugalde Q.
https://wp.me/p6rfbZ-zbi

OES-UNA: “Discusión sobre una reforma fiscal es necesaria y urgente”.
https://wp.me/p6rfbZ-zb3

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El Atlas de Desarrollo Humano 2025: el bajo desarrollo humano, la desigualdad y la inseguridad se conjugan en los cantones de las regiones periféricas

German Masís

Se presentó recientemente el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de2025 y entre los índices analizados se encuentran los índices de desarrollo humano, de desarrollo humano ajustado por desigualdad, de desigualdad de género y el de pobreza multidimensional, a los que se suma el índice de seguridad cantonal.

En esta oportunidad, el Atlas incorpora el Índice de Seguridad Ciudadana (ISC), que permite vincular a nivel cantonal el bienestar humano con la incidencia delictiva. Los resultados muestran que entre 2020 y 2023, un 70% de los cantones experimentaron una disminución en el valor del ISC y un aumento de la inseguridad.

La incorporación de esta dimensión dentro de los análisis sobre desarrollo humano responde a la necesidad de comprender cómo la violencia y el delito afectan el bienestar integral y sostenible de las comunidades.

Índice de Desarrollo Humano (IDH, señala al igual que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad IDH-D 2023 que la desigualdad territorial es persistente: los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) siguen rezagados con respecto a los del centro del país.

Según el IDH, los cantones con mayor desarrollo humano son: Escazú, Santa Ana, Belén y Montes de Oca; en contraste, los cantones con menor desarrollo humano son Talamanca, Los Chiles, Matina y Buenos Aires.

Al ser ajustado por desigualdad los cantones con mayor IDH-D son Belén, Montes de Oca, Curridabat, Santa Ana y Santo Domingo, mientras que Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires registran los valores más bajos.

En cuanto al IPM 2024, los mejores resultados (muy bajas privaciones) se ubican Montes de Oca, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Belén. En el extremo opuesto, con mayor pobreza multidimensional, figuran La Cruz, Talamanca, Coto Brus y Los Chiles.

El IPM 2024 evidencia que el 3,8% de la población vive en cantones con alta pobreza multidimensional, concentrada principalmente en zonas fronterizas del norte y sureste del país. En contraste, la Región Central concentra la mayoría de los cantones con IPM bajo o muy bajo, reafirmando la disparidad territorial.

En igualdad de género, los avances son moderados: mejora el desempeño en educación y salud, pero persiste el rezago en la participación laboral femenina, lo que limita la autonomía económica y el rendimiento del desarrollo en varios territorios.

Según el IDH, los diez cantones con menor desarrollo humano son: Buenos Aires (posición 84), Matina, Los Chiles, Talamanca, Corredores, Guácimo, Parrita, Montes de Oro, La Cruz y Coto Brus.

A nivel provincial, se observa que todos los cantones de Limón se ubican por debajo del promedio nacional, situación que prevalece desde el primer lanzamiento del Atlas en el año 2007 . En Puntarenas, únicamente Puerto Jiménez se encuentra por encima de dicho promedio, mientras que en Guanacaste destacan Liberia y Tilarán como los únicos dos cantones que superan el promedio nacional

Si se analiza el IDH por región de planificación se observa una clara distinción entre la región Central y el resto de las regiones. Mientras que en la región Central solo ocho municipalidades (Acosta, Alajuelita, Dota, Jiménez, León Cortés, Puriscal, Sarchí, Tarrazú) se encuentra por debajo del promedio nacional, en el resto de las regiones solo cinco cantones se encuentran por arriba de dicho promedio: Liberia, Tilarán, Puerto Jiménez, San Carlos, San Mateo. Cabe destacar que la región Huetar Caribe no tiene ningún cantón por arriba del promedio nacional. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, Análisis de Resultados p.11)

Al ajustar el IDH por la desigualdad que viven las personas dentro de un mismo cantón en áreas como salud, educación y economía, se obtiene el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los 10 cantones con los menores índices son: Sarchí, Hojancha, Orotina, Golfito, Sarapiquí, Matina, Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires, en último lugar.

Igualmente, al observar geográficamente los cantones clasificados según la igualdad de género, nuevamente se tiene un patrón que deja en desventaja a aquellas personas que están en las zonas alejadas del centro del país, siendo la excepción algunas de la provincia de Guanacaste. Para este último año, se identifican 7 cantones con alta desigualdad, que son: Hojancha, Osa, Río Cuarto, Talamanca, Los Chiles, Turrialba y Coto Brus.

En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 2024, los cinco cantones que presentan un IPM alto (Upala, La Cruz, Talamanca, Coto Brus, Los Chiles, completan los 10 cantones con este nivel Siquirres, Guatuso, Buenos Aires, Sarapiquí, Turrialba y Upala.

El análisis de los cantones según el Índice de Seguridad Cantonal dejó en evidencia que los problemas de seguridad ciudadana se dan tanto dentro como fuera de la GAM, sin embargo, al ver la evolución en el tiempo (2020-2023), son los cantones fuera de la GAM los que están evidenciando un mayor deterioro.

Los cantones con la mayor pérdida de valor del índice son: Nicoya, Parrita, Santa Cruz, Cañas, Garabito, Los Chiles, Puerto Jiménez, Guatuso y Limón y en consecuencia con el mayor deterioro de la seguridad en el período.

En 59 cantones (70,2 %) el valor del índice disminuyó lo que evidencia el aumento de la inseguridad ciudadana en una buena parte de los cantones del país, que se suman a los anteriores que son: Osa, Garabito, Corredores, Talamanca, Matina, Quepos, Puntarenas, Golfito, Siquirres, Carrillo, San José, Abangares, Orotina, Pérez Zeledón, La Cruz, Pococí y Turrialba.

La inseguridad, no solo refleja la ausencia de control del delito, sino también la fragilidad de los vínculos comunitarios, la precariedad de los entornos urbanos y la limitada presencia del Estado. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2025, p.27)

La inseguridad ciudadana representa una barrera significativa para el desarrollo humano, al limitar las oportunidades, libertades y condiciones de vida de las personas en los cantones costeros, fronterizos y rurales.

No habrá réquiem por quienes quieren que olvidemos / Parte 2

Rafael A. Ugalde. Q.*

Fidel en sus cien años sigue fusil al hombro luchando contra el fascismo de ayer y hoy como “brazo armado y expresión más acabada del pensamiento reaccionario burgués e imperialista».

Sí alguna duda hubo en la edición anterior como el imperialismo europeo nos “premió” con quintas columnas para secar los intentos revolucionarios en Hispanoamérica, es cuestión de revisar como la Revolución mexicana de 1910 es reducida a simple “evolución” y “reformas”.

Es hasta que, en 2018, los mexicanos escogen entre el “neocorporativismo “como única opción de desarrollo por quienes se habían enriquecido sirviendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), o elegían con todo y el temor infundado por los medios de desinformación tradicionales, algo distinto que les devolviera patria, pusiera a los viejitos, los jóvenes sin becas y los obreros con salarios congelados, en el centro de todas las decisiones economicistas de sus tecnócratas.

La campaña entonces a favor de la familia, la religión y la democracia desatada por estas elites de la llamada “derecha” neoliberal encontró asidero incluso allende de las fronteras mexicanas con amenazas abiertas como retirar inversiones si el “comunismo” chavista y cubano – haciendo alusión a Venezuela y Cuba – tomaba el control de México.

Nada del desastre pronosticado por los multimillonarios organizados en el “corporativismo” ocurrió. Por el contrario, 13 millones de mexicanos fueron rescatados de la pobreza, empresas españolas que controlaban gran la producción de electricidad se les pagó sus inversiones y les dieron las gracias, las mañas introducidas por grupos de intereses acostumbrados a ordeñar la seguridad social, están bajo control y disminuyen, por ende, con asombro las muertes por falta de atención adecuada etc.

Ciertamente, México está remotamente lejos de derrotar cinco siglos de coloniaje y bandolerismo oficial, pero sin ser declarada nación “comunista” o “socialista” logra, modernizando su poder judicial, la Comisión Nacional Electoral de grosero servilismo pasado etc., devolver un poco de confianza a millones de nacionales bajo el zapato de “la dictadura perfecta” ideada por un achacoso y corrupto PRI.

Los “corporativistas” se identifican en todas partes como grupos poderosos con intereses económicos específicos, que logran aglutinarse alrededor de gobiernos de mano dura encabezados generalmente por un ejecutivo con competencias de “gerente”, mientras la llamada “derecha” Hispanoamericana tiene marcada debilidad por modelos reformistas, defensores de valores tradicionales como la religión, la paz social, la institucionalidad etc.

Ambos protagonistas son populistas por excelencia y se nutren principalmente de amplios sectores de la denominada clase media, por lo que es usual que en determinados momentos históricos juntos cierran filas con el fascismo, como expresión reaccionaria del imperialismo.

Así, por ejemplo, las luchas revolucionarias en República Dominicana, de vieja data desde antes de 1940 (México, Colombia, Venezuela, Argentina, etc., tuvieron sus propios líderes reformistas) fueron frenadas en seco como Joaquín Balaguer Ricardo, quien sirvió a los gringos durante 22 años, en la década de los sesenta como modelo a seguir en la región,

Allá como acá el esfuerzo fue titánico para borrar de nuestro ADN y la memoria colectiva, con leves excepciones, las grandes luchas populares desde principio del siglo XIX hasta mediados del XX.

Sin embargo, esa alma de resistir y luchar está allí, tapadita “es más bonita” para muchos, de vez en cuando se viste de pueblo paraguayo y dice basta ya de corrupción y evasión de impuestos por ustedes ricos malditos.

En Bolivia se trajean de Aymara y mineros para desgañitarse con su ¡yankis ustedes no mandan aquí!, mientras en Honduras los hijos de Lempira, Morazán y la Berta Cáceres advierten a Trump que ¡esta patria no es de tus nos narcos!, etc.

Y nuestro país no ha sido la excepción en Nuestra América, como cuando su pueblo triunfó sobre la “república bananera” de la “Yunai”, Todo un acontecimiento con un antes y un después para miles de trabajadores y trabajadoras, que, hoy, siguen beneficiándose.

En una entrevista para la agencia Prensa Latina en la década de los ochenta con el líder de los comunistas locales, Manuel Mora Valverde éste no titubeó en calificar dicha huelga como “histórica”, porque según enfatizó, “definió de una vez por todas el aguinaldo como un derecho ganado para todos los trabajadores de nuestro pueblo”.

Recuerdo perfectamente la rememoración hecha por él en su amplia biblioteca de su residencia de San Pedro, cuando narró que los jefes del enclave bananero habían ordenados a sus “esbirros” disparar contra los “subversivos” llegados desde San José para alterar “el orden” y la “paz” en aquellos confines.

  • ¿Sí es cómo usted dice, por lo que no me caben dudas, cuál fue entonces el secreto para mantener la cohesión de la huelga y en los trabajadores?

  • Re/. La solidaridad entre los trabajadores y el clarísimo convencimiento de ellos en cuanto a que su lucha no podía perderse. Fíjese que como había ordenes de eliminar a sus dirigentes, visitábamos por la noche a los trabajadores en sus barracones, mientras en el día escondíamos a nuestra gente en la montaña, muchas veces con hambre y bajo fuertes aguaceros”.

Eso es lo que quieren que te oculte. Ni como periodista, vecino de un barrio humille o simplemente como jovenzuelo aún, rehuiré a la trinchera en la que la vida me ponga. No señoritos ni señoritas. No importa si son nuevos “socialdemócratas “, “socialistas democráticos”, del “progresismo” o “corporativistas”. ¡No! ¡No pidan imposibles!

Estos bananeros y bananera, sin no otro título que la conciencia desarrollada por el constante choque con una dura realidad social no escogida por ellos, obtienen así, a fuerza de razón y alma, reajustes en sus salarios, pago de horas extras, vivienda digna para los bananeros y sus familias, así como servicios de electricidad y agua potable, entre otros. ¡Y sin ceder un solo principio!

Pero esta conciencia – tengo aún dudas si ella es posible alcanzarla hoy solo a través de correos electrónicos y WhatsApp – tiene su peligro para quienes no dejan las mañas de culpar al socialismo y el comunismo de todo lo malo que ocurre en el planeta (Ver Laura Fernández, presidenta de la república, conferencia de prensa 27/5/2026).

Sí fuera como afirma la mandataria de esta bendecida nación con más maestros que soldados – repito lo que me enseñaron desde la escuela y me enfatizaron en los Estudios Generales de la benemérita U.C.R – los comunistas de Vietnam tendrían a su pueblo viviendo en la época de las cavernas.

SÍ… Una “Suiza Centroamericana” que según el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe publicado en 2016, muestra gastó seguridad la escandalosa suma de 949.094.945 dólares, superior a la suma de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, con militares de carrera aglutinados alrededor del ejército. (Consúltese: https://actualidad.rt.com/actualidad/244484-pais-latinoamericano-tiene-altos-gastos-seguridad).

En contraste con la paz vivida, los comunistas de Vietnam sufrieron una guerra impuesta durante 20 años, pero se han repuesto y hoy ese país tiene una robusta industria farmacéutica. En su sistema integrado de seguridad social coexisten la medicina moderna, la tradicional con miles de años de curar gente y terapias propias de procedencia china e india.

No se han documentado todavía entre los vietnamitas que alguien haya muerto esperando un cateterismo ni que hayan fallecido personas esperando una cita con el especialista, que siguen vivos en la lista de espera, seis meses después de su entierro.

Otro ejemplo, que a muchos ilustrados y otros del bajo mundo preferirían no saber nada, tiene que ver – para desgracia de ambos sectores – con la siempre solidaria Cuba, bloqueada y asediada inmisericordemente por los verdaderos enemigo de los pueblos.

No está de más recordar que en ocasión de la pandemia del Covid 19 no solo inmunizó a su población con vacunas desarrolladas por su industria farmacológica, sino que cuando los ecuatorianos y bolivianos caían en las aceras, dijo presente.

Se trató de las inyectables Abdala, Soberana 02, Soberana Plus, Mambisa y Soberana 01, con las cuales inmunizaron a más de 11 millones de cubanos bloqueados.

Empaque de dosis inmunológicas contra el cáncer. (Información y foto tomada de https://insurgente.org/cuba-presento-hebersavax-un-producto-de-su-biotecnologia-con-grandes-potencialidades-en-la-lucha-co).

Siete años después de aquella pandemia, la ciencia médica cubana, en peores condiciones materiales que en 2019, pone nuevamente a disposición de los pueblos otra vacuna como terapia contra el cáncer.

Se trata de la CIMAvax- EGF desarrollada integralmente por el ya conocido mundialmente Centro de Inmunología Molecular, inaugurado desde 1994.

Las dosificaciones están orientadas s luchar contra el cáncer avanzado de pulmón. Esta aprobada actualmente en naciones como Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Bosnia y Kazajistán,

De esta manera, Cuba se pone a la cabeza en América Latina para dotar a su seguridad social de una terapia para ese mal in creciendo en el mundo.

Sin petróleo, su gente movilizada para enfrentar una posible invasión anunciada por Trump y ya sin inversionistas privados, esta isla resiste en dar semejante “mal ejemplo”, en cuanto a lo que son capaces de alcanzar los pueblos cuando son soberanos y verdaderamente independientes.

La hostilidad contra todo logro alcanzado por los pueblos alcanza incluso a la República Popular China, posesionándonos la idea que el Partido Comunista Chino tiene esclavizados de hambre a más de 1.400 millones de personas.

Juegan con tan poca nobleza contra el sentido común de la gente que nos llevan a que creamos que los chinos aún recurren a las señales de humo para que los habitantes de Pekín se comuniquen con los de Shanghái.

¡La mentira, sin duda alguna, tiene patas cortas!

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R, miembro deL Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.