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Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte II: TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado

El modelo CR-IA 2035 y las condiciones del mercado

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

El modelo CR-IA 2035: seis pilares de gestión inteligente

  • Primer pilar: Administrar el mercado, no al cartel
    El mercado ilícito posee una dimensión económica y opera bajo dinámicas de oferta, demanda, precios, rutas, intermediarios, almacenamiento, logística y mecanismos para administrar el riesgo. El Estado debe analizar estas variables: comportamiento de precios, cambios en rutas, tipos de sustancias, patrones territoriales y de distribución, cambios en consumidores, movimientos logísticos, modalidades de distribución y aparición de nuevas sustancias o desplazamiento geográfico. El objetivo no es administrar a las organizaciones criminales, sino administrar la información sobre el mercado para neutralizar e intervenir sobre sus condiciones de funcionamiento.

Aplicación Tecnológica: Creación del Observatorio Nacional Inteligente de Mercados Ilícitos. Este sistema e instrumento interinstitucional integrará información estadística, territorial, financiera, sanitaria y policial proveniente de las instituciones competentes. La IA procesará estos datos para ayudar a identificar de forma automatizada cambios anómalos, mutaciones en el consumo, patrones emergentes y nuevas rutas de tráfico internacional.

  • Segundo pilar: Administrar la violencia

La prioridad fundamental de la política criminal debe ser proteger la vida. La violencia no debería analizarse únicamente después de que ocurre; puede estudiarse como fenómeno espacial y temporal acelerado por variables externas como las capturas de líderes o procesos de extradición. El Estado debe identificar y atacar particularmente las estructuras vinculadas con homicidios, sicariato, lesiones, amenazas, desapariciones, denuncias, extorsión, secuestro, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, reclutamiento de menores y control territorial violento, integrando además variables socioeconómicas.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Geográfica de la Violencia. El sistema integrará toda esta información y permitirá construir mapas dinámicos de riesgo e identificar concentración de eventos y cambios de comportamiento. No se trataría simplemente de colocar más policías en determinados lugares; la información permitiría decidir qué combinación exacta y específica de prevención, policía, investigación, servicios sociales, educación, salud, infraestructura e intervención municipal puede ser necesaria en cada territorio o cuadrante afectado por disputas de poder criminal.

  • Tercer pilar: Administrar el dinero
    El poder criminal depende de su capacidad económica, pues una organización necesita dinero para sobrevivir e introducir sus activos en la economía formal. Por eso, perseguir y seguir el dinero de manera sistemática es tan vital e importante como interceptar los cargamentos de drogas. La pregunta ya no es únicamente cuántas personas se detuvieron, sino cuánto poder económico criminal fue desmantelado. Costa Rica ya dispone de estructuras institucionales de inteligencia financiera y recuperación de activos, contemplando el marco nacional la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la legitimación de capitales. El desafío consiste en aprovechar mejor la integración de la información.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Financiera Integrada. Bajo las competencias y autorizaciones legales correspondientes, conectaría e integraría información financiera, sociedades, propiedades, comercio, aduanas, tributación, movimientos patrimoniales, adquisiciones, operaciones sospechosas e información internacional, rastreando conexiones entre personas y sociedades. La IA se programaría para detectar transacciones atípicas, estructuras patrimoniales incongruentes, redes societarias, relaciones económicas ocultas y patrones de operaciones, priorizando los análisis. La regla estratégica dictamina: no limitarse a decomisar la mercancía ni a extraditar al líder; desmantelar la red financiera que hace posible el negocio y sostiene la estructura.

  • Cuarto pilar: Administrar el territorio


El territorio es una variable fundamental. El crimen organizado requiere de espacios geográficos vulnerables para operar, almacenar, distribuir, reclutar, esconder activos, movilizar mercancías y generar mecanismos informales de control o establecer redes. Cuando el Estado está ausente, otros actores llenan ese vacío; por eso, recuperar el territorio significa aumentar la presencia integral del Estado y no solo la policial.

Aplicación Tecnológica: Mapa Nacional de Vulnerabilidad Territorial. Este instrumento combinará capas de datos e indicadores de pobreza, desempleo, deserción escolar y educativa, violencia, presencia criminal, infraestructura, conectividad, rutas logísticas, actividad económica, acceso a servicios públicos y población juvenil. La IA identificará los territorios de coincidencia multifactorial de riesgo, permitiendo pasar de una lógica de intervención uniforme a una lógica territorial diferenciada y preventiva de alta precisión geográfica, actuando sobre las condiciones antes de que aparezca la violencia.

  • Quinto pilar: Administrar la demanda y el daño social
    Una estrategia nacional inteligente no puede concentrarse exclusivamente en la oferta; también debe estudiar y diferenciar el consumo problemático del crimen organizado, pues confundirlos lleva a políticas ineficientes. Esto implica fortalecer científicamente las áreas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, reinserción, salud mental, programas juveniles y oportunidades económicas para poblaciones en riesgo. La política pública nacional ya contempla estas dimensiones junto con las acciones de seguridad.

Aplicación Tecnológica: Las TIC y la IA contribuirán mediante modelos de identificación temprana de riesgos sociales en jóvenes, orientación de recursos, evaluación de tratamientos y medición de reincidencia, resguardando la privacidad y evitando rigurosamente estigmatizar comunidades o individuos vulnerables. El objetivo es reducir el daño humano e institucional y disminuir los incentivos económicos que sostienen el mercado criminal.

  • Sexto pilar: Administrar los resultados

Una política pública sin evaluación científica constante puede convertirse en una sucesión de acciones aisladas sin aprendizaje institucional. No basta con contabilizar indicadores de actividad u operativos tradicionales (cuántas operaciones se hicieron, cuántos agentes participaron, cuántos decomisos, allanamientos o detenidos ocurrieron). Debe conocerse el impacto real en el poder criminal.

Aplicación tecnológica: Creación del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado. El índice medirá y cruzará periódicamente variables estructuradas en un tablero nacional. El objetivo no es producir un número de carácter político, sino construir una herramienta técnica de mejora continua para saber qué funciona, dónde funciona y bajo qué condiciones.

La inteligencia artificial como componente transversal

Costa Rica ya dispone de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 orientada a promover el uso y desarrollo de IA de manera ética, segura y responsable. La propuesta consiste en conectar las agendas y extender esas capacidades analíticas al campo de la seguridad pública a través de una infraestructura tecnológica común denominada Sistema Nacional de Inteligencia Pública contra el Crimen Organizado.

Este sistema debería integrar, conforme a las competencias legales correspondientes, información de: ICD, OIJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Hacienda, Aduanas, autoridades financieras, Migración, sistema penitenciario, salud, educación y gobiernos locales. Su finalidad es convertir los datos dispersos en información, inteligencia, decisión, evaluación y aprendizaje.

La IA podría utilizarse de manera transversal para:

  • Detección de anomalías: Identificar comportamientos administrativos, logísticos o de seguridad que se aparten significativamente de patrones conocidos.
  • Análisis de redes complejas: Reconstruir vínculos y relaciones ocultas entre personas, empresas, sociedades mercantiles, cuentas bancarias, propiedades y operaciones vinculadas a objetivos con órdenes de extradición o investigación.
  • Inteligencia geográfica: Monitorear, identificar concentraciones territoriales y proyectar el desplazamiento del delito en el mapa nacional.
  • Inteligencia financiera: Detectar relaciones económicas complejas difíciles de observar mediante análisis manual.
  • Análisis documental masivo: Procesar automáticamente grandes volúmenes de expedientes judiciales, aduaneros e información administrativa.
  • Evaluación de intervenciones: Comparar con rigor científico los resultados e indicadores antes y después de determinadas operaciones policiales, programas o extradiciones de alto impacto.

La regla de oro constitucional: Una predicción algorítmica o un patrón de riesgo identificado por IA nunca constituye una acusación ni determina por sí misma la culpabilidad jurídica. La IA genera alertas y señales de priorización, pero la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades policiales, la acusación al Ministerio Público y la decisión judicial a los jueces de la República dentro de sus competencias legales. El Estado de derecho permanece siempre por encima del algoritmo, el cual es una herramienta de apoyo y nunca un sustituto de la responsabilidad humana.

Puertos, fronteras y logística inteligente

Dada la posición geoestratégica y la intensa actividad logística de Costa Rica, resulta fundamental fortalecer las capacidades de análisis de riesgo en puertos, fronteras, aeropuertos y cadenas de comercio internacional.

Pretender revisar físicamente el 100% de la carga comercial es inviable institucional y operativamente. Por ello, se propone utilizar modelos de IA aplicados a la gestión de riesgo logístico para determinar de forma inteligente qué contenedores o embarcaciones ameritan inspección física prioritaria por parte de las autoridades competentes.

Conforme a las competencias legales, el sistema de riesgo considerará variables integradas como:

  • Rutas y desplazamiento geográfico;
  • Historial operativo del transportista o empresa;
  • Inconsistencias documentales;
  • Características específicas de la carga;
  • Relaciones empresariales y flujos financieros corporativos;
  • Patrones logísticos habituales;
  • Comportamiento anómalo en aduanas.

La inspección física continuaría siendo una función estrictamente institucional, pero la inteligencia artificial ayudará a priorizar los recursos para consolidar una frontera más inteligente guiada por mejor información.

La batalla contra la legitimación de capitales

El crimen organizado necesita convertir ingresos ilícitos en recursos utilizables y poder económico aparentemente legítimo dentro de la economía formal. Por ello, combatir el lavado de dinero constituye una intervención directa sobre el corazón económico del fenómeno y debe considerarse una política central de seguridad.

Costa Rica cuenta con mecanismos de inteligencia financiera, recuperación de activos y coordinación institucional, pero el siguiente paso estratégico debe consistir en aumentar la capacidad analítica conectando de forma interactiva: inteligencia financiera + investigación criminal + recuperación de activos + justicia.

La pregunta de investigación ya no debe ser únicamente qué dinero sospechoso encontramos, sino qué red y estructura económica explica ese dinero. Esto cambia el enfoque analítico de una transacción individual hacia el rastreo de una red corporativa compleja, impidiendo que las ganancias criminales se transformen en propiedades, empresas, vehículos, inversiones, negocios o capacidad logística y política. El principio es claro: no basta con quitarle la mercancía al crimen organizado, hay que quitarle la capacidad económica de reproducirse.

Corrupción: el punto de entrada del crimen al Estado

Existe un riesgo aún mayor que la existencia de una organización criminal: su infiltración institucional en las estructuras del Estado. Para penetrar el aparato público, el crimen organizado necesita oportunidades, y la corrupción es el método idóneo para producir información privilegiada, protección, contratación irregular, facilitación logística, acceso a instalaciones, sobornos, tráfico de influencias, empresas fachadas o manipulación administrativa.

Las herramientas de análisis de datos y ciencia de datos actúan como mecanismos de control interno al identificar de forma automatizada anomalías administrativas o financieras complejas. Por ejemplo:

  • Contrataciones públicas repetitivas con los mismos proveedores o empresas relacionadas;
  • Cambios patrimoniales injustificados o inusuales en funcionarios públicos;
  • Concentración inusual o sospechosa de decisiones administrativas;
  • Relaciones empresariales ocultas entre adjudicatarios y tomadores de decisión.

Nuevamente impera el principio garantista: una anomalía detectada tecnológicamente no demuestra corrupción ni culpabilidad. Genera una alerta o señal automatizada que debe ser investigada con controles legales y humanos de acuerdo con el debido proceso establecido por la ley. La tecnología no elimina la corrupción por sí misma, pero hace más difícil esconder sus patrones.

Nueva arquitectura institucional

La propuesta central no requiere necesariamente crear una enorme macro burocracia o una gran cantidad de nuevas instituciones administrativas. Requiere conectar, coordinar y optimizar de mejor manera las capacidades técnicas y bases de datos existentes en el país, respetando las atribuciones legales de cada entidad. Dado que el ICD posee por ley las funciones de coordinación y diseño de políticas nacionales sobre drogas y legitimación de capitales, se propone articular y fortalecer esta estructura mediante la conformación de un:

Centro Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Este núcleo técnico trabajaría de forma coordinada con las instituciones competentes y contaría con cinco áreas especializadas de análisis:

  • Inteligencia criminal: Monitoreo analítico de las redes delictivas.
  • Inteligencia financiera: Seguimiento analítico a flujos de capitales y activos sospechosos.
  • Inteligencia territorial: Análisis de vulnerabilidades y riesgos geográficos.
  • Inteligencia tecnológica: Soporte analítico y administración de modelos de ciencia de datos e IA.
  • Evaluación de políticas públicas: Auditoría y medición científica del impacto de las intervenciones del Estado.

Su función principal y exclusiva sería convertir los datos dispersos de las agencias en conocimiento técnico y útil, produciendo inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones institucionales sin sustituir las competencias de los cuerpos operativos.

Observatorio nacional del crimen organizado

Como componente técnico de apoyo al Centro Nacional, funcionaría un observatorio permanente encargado de recopilar datos agregados y publicar análisis e indicadores periódicos con rigor científico. Sus productos de difusión técnico-institucional incluirían:

  • Informes trimestrales sobre la evolución del fenómeno delictivo;
  • Mapas territoriales dinámicos de criminalidad y vulnerabilidad;
  • Tendencias de mercados ilícitos y escenarios de riesgo;
  • Análisis financieros agregados sobre tipologías de lavado;
  • Indicadores específicos de variaciones de violencia;
  • Evaluación del impacto de programas de prevención y persecución penal.

Esta estructura fortalecería la transparencia pública del Estado y permitiría que las universidades y centros de investigación independientes colaboren activamente con el análisis del fenómeno sistémico.

Universidades y conocimiento

La lucha contra el crimen organizado debe convertirse también en una política pública basada en el conocimiento y capacidades científicas del país. Costa Rica tiene una ventaja institucional de gran valor: su sistema universitario público. Las universidades nacionales pueden aportar capacidades académicas de alto nivel en disciplinas clave como:

  • Ingeniería, informática e inteligencia artificial;
  • Estadística y ciencia de datos;
  • Criminología, derecho, sociología y geografía;
  • Economía y finanzas;
  • Salud pública y ciberseguridad.

Se propone desarrollar e institucionalizar el Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública. Este programa financiaría investigaciones aplicadas sobre modelos de IA, prevención social y economía criminal, formando profesionales especializados capaces de laborar éticamente en la intersección de la tecnología, la seguridad ciudadana y la política pública, asegurando que Costa Rica desarrolle soluciones propias e independientes.

Gobernanza de datos

No existe inteligencia artificial confiable ni útil sin datos que cuenten con calidad y consistencia. Por ello, resulta indispensable que Costa Rica establezca estándares y lineamientos nacionales estrictos para la gestión institucional de la información. La gobernanza de datos regulará de forma obligatoria los siguientes parámetros interinstitucionales:

  • Calidad y consistencia técnica de los registros;
  • Interoperabilidad fluida entre sistemas públicos;
  • Actualización constante y oportuna de las bases de datos;
  • Trazabilidad completa de las consultas;
  • Seguridad informática en el almacenamiento;
  • Niveles estrictos de acceso según competencias legales;
  • Mecanismos de anonimización de datos personales cuando corresponda;
  • Plazos de conservación y auditorías de sistemas de información.

La gobernanza de datos determinará de forma transparente quién puede acceder a qué información específica, bajo qué justificación y amparo legal, con qué finalidad pública y durante cuánto tiempo.

Protección de datos y derechos fundamentales

La modernización tecnológica y analítica del Estado no puede ser utilizada como justificación para crear un aparato de vigilancia indiscriminada o masiva que amenace las libertades democráticas de su población. Existe una frontera ética, constitucional y convencional infranqueable; por ende, cualquier plataforma informática o modelo analítico implementado deberá cumplir rigurosamente con los principios fundamentales de protección de datos personales:

  • Legalidad: Apego estricto al ordenamiento jurídico nacional.
  • Finalidad y necesidad: Uso limitado a los fines legítimos de seguridad pública autorizados.
  • Proporcionalidad y minimización de datos: Recopilar exclusivamente la información indispensable.
  • Seguridad y confidencialidad: Evitar fugas o accesos ilegales.
  • Supervisión humana y rendición de cuentas: Monitoreo constante de sesgos algorítmicos.
  • Transparencia: Mecanismos claros de reclamación, trazabilidad e impugnación para los ciudadanos.

La inteligencia artificial y las TIC deben utilizarse para robustecer las garantías del Estado de derecho y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, nunca para debilitarlo o generar estigmatizaciones.

Ciberseguridad

Un Estado que concentra e integra información sensible de seguridad nacional también concentra riesgos informáticos críticos de alta intensidad. Por esa razón, el despliegue del modelo CR-IA 2035 debe concebir la seguridad de la información como parte de la seguridad nacional e incorporar desde su diseño inicial arquitecturas robustas de protección digital:

  • Centros de datos de alta seguridad e infraestructura resiliente;
  • Mecanismos de autenticación multifactorial robusta;
  • Segmentación estricta de las redes de inteligencia y bases de datos;
  • Monitoreo continuo y auditorías externas e independientes de los sistemas;
  • Protocolos de respaldo automatizado y planes de recuperación ante incidentes;
  • Pruebas de penetración (pentesting) periódicas sobre la infraestructura pública;
  • Protocolos de respuesta inmediata ante ciberataques o incidentes de denegación de servicio.

Comunidades de Santa Teresa y Malpaís piden frenar proyecto de gasolinera a 150 metros de Playa Carmen y del Área Marina de Manejo Cabo Blanco

La comunidad exige estudios técnicos independientes, garantías de protección ambiental y participación ciudadana antes de que se otorgue cualquier viabilidad ambiental al proyecto.

Organizaciones comunitarias y personas vecinas de Santa Teresa y Malpaís hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a una petición para cuestionar la construcción de una gasolinera a tan solo 150 metros de Playa Carmen y del Área Marina de Manejo Cabo Blanco, en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas. El proyecto, denominado “Servicentro Los Ticos”, se tramita ante SETENA bajo el expediente D1-1205-2025.

La preocupación de la comunidad se relaciona principalmente con los riesgos de contaminación del mar y de los acuíferos. Las características del terreno, con un nivel freático elevado, es decir, con el agua subterránea a nivel superficial y suelos muy permeables, generan especial vulnerabilidad ante posibles fugas o derrames de hidrocarburos. Una contaminación podría tener consecuencias graves para los ecosistemas marinos, las playas, la pesca y el turismo, actividades fundamentales para la vida económica y social de la zona.

También preocupa la afectación de la cobertura arbórea y la biodiversidad. La propiedad se encuentra dentro del Corredor Biológico Peninsular y del Corredor Biológico Costero, y constituye un espacio de tránsito para fauna silvestre como el oso hormiguero, el mono congo y el mono cariblanco. El propio desarrollador reconoce en el expediente de SETENA que será necesario talar árboles. A esto se suma el posible impacto de la iluminación nocturna sobre las tortugas marinas que anidan en la playa y otras especies silvestres.

Las organizaciones también señalan una contradicción con los esfuerzos locales por proteger los ecosistemas de surf. La Moción 02-2026 del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano propone reconocer el surf como actividad de alto interés para el distrito y proteger ecosistemas como los de Santa Teresa, Playa Carmen y Malpaís. La instalación de una gasolinera tan cerca de la costa genera cuestionamientos sobre la coherencia de las decisiones de planificación y protección territorial.

Existen, además, dudas sobre el cumplimiento de la normativa vial y las condiciones de seguridad. Se cuestiona el ancho de la vía de acceso, estimado en 10 metros frente a los 14 metros que podrían ser exigibles, así como el espacio disponible para las maniobras de los camiones cisterna. Esto resulta especialmente preocupante en una comunidad que cuenta con una única vía de acceso y carece de una ruta alternativa de evacuación. También se solicita aclarar la disponibilidad de agua, el manejo de las aguas residuales de la estación de servicio y la evaluación de riesgos de incendios, explosiones, inundaciones, erosión costera y emisiones contaminantes que podrían afectar la salud de las personas vecinas.

Otro cuestionamiento central es la falta de información y participación ciudadana. Organizaciones y personas vecinas indican que no conocieron oportunamente el proyecto y que no existió un proceso suficiente de socialización para discutir sus posibles impactos sobre el territorio y la calidad de vida de la comunidad.

Ante esta situación, la petición exige a las autoridades que soliciten estudios técnicos rigurosos e independientes sobre los riesgos señalados antes de otorgar cualquier viabilidad ambiental; que valoren los impactos directos y acumulativos sobre el Área Marina de Manejo Cabo Blanco, las playas y sus ecosistemas; que verifiquen el cumplimiento de la normativa vial y que garanticen un proceso real de información y participación pública para las comunidades de Santa Teresa y Malpaís.

Amparada en los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, la comunidad recuerda que tiene derecho a participar en las decisiones que afectan su territorio y a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por eso llama a todas las personas a firmar, compartir e informarse para colaborar con esta petición.

Santa Teresa y Malpaís viven de su mar, de su naturaleza y de su gente. Proteger estos bienes comunes significa defender la biodiversidad, la salud, las actividades económicas locales y el futuro de las comunidades.

La India y la China en el negocio del café, ¿una sorpresa?

Rafael A. Díaz Porras, Donald Miranda Montes
Investigadores del CINPE, UNA

1. Crecimiento reciente de Asia en el mundo del café

Al observar el comportamiento más reciente de los participantes en el negocio mundial del café, sean vistos a partir de los países participantes, o a partir de las empresas de mayor beligerancia, llaman la atención, más allá de Vietnam, dos inmensos países asiáticos: la India y la China. Ambos países desde los tiempos de la conquista francesa en el siglo XIX han cultivado el café, lo cual resulta interesante, por lo menos ante los ojos occidentales.

Hoy en día dichos países han aumentado su producción agrícola, pero junto a ello han desarrollado su mercado de consumo interno, con un potencial impacto en el consumo mundial. Además, tienen un desarrollo empresarial y estrategias gubernamentales de soporte que explican dicha notoriedad. Estos países no van en la misma dirección, pero su presencia en la cadena global de valor del café ya no debe causar sorpresa, o si la causa, hay que detenerse a analizarla, y extraer enseñanzas para un país como Costa Rica con participación destacada en el contexto cafetalero.

2. Orientaciones de las políticas

Es interesante dar un vistazo al tipo de políticas que ambos países han desarrollado. Por su parte la India tiene como organismo rector de las políticas principal la Coffee Board of India, adscrita al Ministerio de Comercio e Industria de la India. Mantiene una amplia gama de políticas orientadas al crecimiento de la producción agrícola, entre las que se busca incrementar la productividad, mejorar rendimientos, investigaciones orientadas al desarrollo de nuevas variedades e híbridos resistentes a plagas. Un aspecto importante lo constituye el impulso del cultivo en regiones no tradicionales, con un esfuerzo de inclusión centrado en el fortalecimiento de cadenas productivas locales. La promoción del valor agregado constituye un eje de la política, que en la agricultura se complementa con un programa de producción sostenible, y soporte hacia otras actividades hacia adelante en la cadena de valor, mediante el fomento de café tostado, molido e instantáneo para exportación y mercado interno.

En el caso de la China hay un enfoque de fomento del café en un contexto más amplio que busca escalar en las cadenas globales de valor, que en particular en las cadenas de productos agroalimentarios se pone énfasis en la comercialización internacional y el desarrollo industrial. En este contexto se ubica el café, con un impulso a la producción agrícola, junto a la comercialización internacional, en el desarrollo de empresas líderes, con importaciones de café oro y reexportaciones, así como en la producción industrial con marcas internacionales, incluidas cadenas de cafeterías, y la expansión del consumo local impregnada de un sentimiento nacionalista de consumir lo producido en la China.

3. La China: presencia en la comercialización y en la industrialización del café.

Tal como se observa en el siguiente cuadro, el mercado chino de café se abastece no solo por terceros países sino también por reexportaciones intra-China y Regiones Administrativas Especiales (SAR por sus siglas en inglés), y por flujos directos China-China.

China y Zonas Especiales: Flujo comercial intrarregional de café, 

según flujo de exportación y periodo, US$

    

 

2000-2005

2006-2010

2011-2015

2016-2020

2018-2022

Fase primaria y C. Tostado ND*

3,040,032.0

6,838,165.4

17,567,283.9

181,349,786.7

28,717,517.3

China

1,517,448.1

3,419,343.4

9,021,366.1

91,506,942.6

11,331,846.6

China Hong Kong SAR

1,516,993.7

3,417,757.7

8,354,535.2

89,441,846.4

17,026,403.0

China Macao SAR

5,590.2

1,064.3

191,382.6

400,997.7

359,267.7

      

Flujo Café descafeinados**

95,896.3

250,323.1

112,284.4

207,699.9

339,548.7

China

51,685.5

120,209.5

52,751.6

72,695.1

135,498.8

China Hong Kong SAR

43,749.6

126,142.6

34,599.4

92,074.9

108,227.0

China Macao SAR

461.2

3,971.0

24,933.4

42,929.8

95,822.9

*/Fase primaria y C. Tostado ND incluye Cascarilla de café, Café verde y café tostado no descafeinado

**/ Incluye Café tostado descafeinado y Café no tostado descafeinado

  

Fuente: Chatham House (2024)

     

Si bien es cierto el flujo en dólares es bajo en términos de lo que se comercializa a nivel internacional llama la atención que muestra una tendencia creciente, tanto en las primeras etapas del procesamiento como en la fase industrial. La primera fase creció en promedio entre periodos a una tasa de 76% mientras que la fase industrial lo hizo a una tasa inter periodos del 37% aproximadamente.

De esta manera, el desarrollo de la industria del café de China se realiza no solo por ser productor de café y transformarlo, sino que a través de su participación en el comercio internacional se abastece de las reexportaciones que realiza, en esta línea Hong Kong actúa como un Hub en este proceso de transformación del mercado del café de China.

4. Trayectoria de la India en la producción de café: mayor productor de otros suaves

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la producción de café denominado “otros suaves” y de la participación de India en la producción total de esta variedad para el periodo 1990-2018. Como se aprecia, la India logró casi duplicar su producción de “otros suaves” en los últimos 30 años, pues pasó de producir 2,8 millones de sacos en 1990 a 5. 3 millones de sacos en el 2018. Esto representa una variación del 87%.

En sus flujos comerciales la India muestra una concentración de las exportaciones en la primera fase de la cadena global de café. En promedio el 97% aproximadamente de las exportaciones se concentran en esta fase mientras que en la fase de transformación se encuentra aproximadamente el 3%. Contrario a China, la India presenta una mayor participación en la comercialización de café verde. Al avanzar en la secuencia de la cadena de valor, la India presenta poca presencia en la transformación, pues sus exportaciones de café tostado en los últimos años no han superado el 2.4%

La India: Flujo de las exportaciones según tipo de café y periodo en porcentajes

Tipo de café

2000-2005

2006-2010

2011-2015

2016-2020

2018-2022

Fase primaria 

96.1

97.3

97.9

97.6

97.6

Cascarilla de café

1.8

0.6

0.8

0.5

0.3

Café verde

94.3

96.7

97.1

97.1

97.3

Fase industrial 

3.9

2.7

2.2

2.4

2.4

Café tostado no descafeinado

1.2

1.5

0.9

0.8

0.9

Café descafeinado

2.7

1.2

1.3

1.6

1.5

Café no tostado descafeinado

2.2

0.9

1.1

1.3

1.3

Café tostado descafeinado

0.5

0.3

0.2

0.2

0.2

Fuente: Chatham House (2024)

     

5. Desempeño comparado

La siguiente figura muestra la razón de producción agrícola entre la India y la China durante el periodo 1961-2024. Como se aprecia esta razón permite identificar tres grandes momentos en la expansión de la producción de estos países productores de la región de Asia.

Un primer momento, caracterizado por una razón moderada que se ubica en el periodo 1961-1990. En este periodo la producción de India era en promedio 22 veces más que la producción de China. En un segundo momento de 1991- 2007 la India produjo en promedio 55.4 veces más café que China.

Finalmente, a partir del año 2008 y hasta el último año disponible en las estadísticas de USDA, vemos una convergencia en la producción de ambos países. La razón producción de India y China convergen, explicada por un aumento de la producción de China y una estabilidad en este periodo de India.

En la siguiente figura se muestra la evolución comparativa del indicador proxy de grado de industrialización de la China y la India, definido como la razón entre las exportaciones en dólares de café tostado y las exportaciones de café verde.

Este indicador muestra cuantos dólares genera la exportación de café tostado por cada dólar de café oro que se exporta al mercado internacional, es decir indica la capacidad del país de generar valor agregado industrial en la exportación de café.

En la figura se aprecia que, la China obtiene un índice de industrialización mayor con respecto a la India entre periodos. El periodo 2016-2020, China alcanzó un resultado de 1.3 es decir que este país exportó 1.3 US$ de café tostado por cada dólar de café oro exportado en el mismo periodo. En términos de su cadena global de valor este país mejoró su posicionamiento en la fase industrial de la cadena del café.

La India obtiene una razón que se mantiene a lo largo del tiempo, siendo inferior a los valores mostrados por China. De esta manera, la India muestra una mayor presencia en la fase primaria de exportación, en un modelo clásico de participación en la cadena de valor por un país productor agrícola de café, incursionando mediante mejoras de la calidad del grano.

Con el propósito de aproximar comparativamente, las estrategias de escalamiento avanzando a la fase industrial en la cadena global de valor del café, entre la India y la China, se presenta la razón entre las exportaciones de café tostado de la India y de la China.

Grado de Industrialización de la cadena global de café: Razón Café tostado India – Café tostado China

 

Razón

2000-2005

2006-2010

2011-2015

2016-2020

2018-2022

C. Tostado India/ C. Tostado China

0.57

0.47

0.20

0.03

0.18

 

 

 

 

 

 

Nota: café tostado agrupa el café tostado no descafeinado y café tostado descafeinado

  

Fuente: Chatham House (2024)

     

Se aprecia una tendencia a la disminución sistemática de la razón a lo largo de los periodos. Para el periodo 2000-2005 la razón indicó que, por cada dólar exportado por China de café tostado, India exportó 0.57 dólares. Esto indica la evolución comparada de la China en sus exportaciones de café industrializado.

6. Ubicación en la cadena del café

El tipo de participación que tienen los países en las cadenas de valor tienen que ver con la posición que ocupan en la cadena de valor y el posicionamiento en los mercados. Como hemos visto en ambos casos, históricamente han tenido producción agrícola. Sin embargo, más claramente la China ha buscado cambios importantes en su posición, hacia adelante en la cadena. Esto refiere a estrategia de gran presencia en la comercialización internacional del café en grano, con lo cual se posiciona hacia adelante. Por su parte la posición agrícola de la India ha sido sustentada para participar internacionalmente en la provisión del café, incorporando nuevas áreas de producción y participación de pequeños productores. Su énfasis es lograr un mayor valor agregado con su producción agrícola.

En esta dirección podemos mencionar el posicionamiento de la India, con la conexión a canales de comercialización hacia mercados de consumo de especialidad, y la incorporación de los conceptos de producción sostenibles.

Por su parte la China mantiene su producción agrícola que la trata de expandir, para vincularla con la producción industrial de café. Pero, por otra parte, avanza sustancialmente hacia nuevas posiciones en la cadena por el lado de la comercialización internacional mediante operaciones logísticas de gran calado, y el desarrollo de empresas líderes tanto industriales como en el desarrollo de marcas de tiendas de cafetería, con imagen internacional. Esto significa potencialmente lograr escalar en la gobernanza de la cadena global del café.

En ambos países se presenta una dinámica creciente en el consumo, asociado a cambios en preferencias de los consumidores moviéndose desde el consumo tradicional del té, pero particularmente relacionado con la incorporación de las generaciones jóvenes. El café es apetecido por quienes trabajan en el sector servicios, ubicados en espacios de conveniencia. Pero también el desarrollo del disfrute del café para socializar. En ese sentido la expansión de la India en el consumo es importante, y por parte de la China el desarrollo de sus marcas internacionales en las principales ciudades del mundo, como el caso de Luckin Coffee.

7. Balance

La revisión realizada en este artículo de estos dos países asiáticos muestra una coincidencia en el crecimiento del consumo de café en los últimos 25 años (explosivo en la China y moderado en la India), que por el tamaño de sus economías incide en la demanda mundial de café.

Ligado a lo anterior, se tiene el papel activo de ambos países en el negocio global del café, por medio de estrategias diferentes. Por una parte, la India accionando desde la producción agrícola en el avance en la cadena de valor. En una estrategia propia de país productor de café, pero con poca incidencia en las fases hacia delante de la cadena. Surge la pregunta de si para un país de estas dimensiones, ¿sería posible una estrategia más ambiciosa hacia la industrialización del café?

Por su parte la China, partiendo también de una base agrícola pequeña (en su grandeza geográfica), a partir de una posición política y económica de potencia mundial, ha desarrollado una estrategia envolvente en la cadena de valor del café, dinamizada por la comercialización internacional de café oro y su industrialización, ligada al desarrollo de tiendas de café con visión internacional.

Si nos preguntamos sobre lecciones de estos países asiáticos para un país como Costa Rica, país muy pequeño, y productor de café competitivo internacionalmente en los mercados de especialidad, con disminución de su producción agrícola y posibilidades de avanzar en la industrialización, nos llaman la atención dos aspectos. Desde la India su fortalecimiento de la base productiva agrícola de café, con un impulso en la creación de valor agregado. Y desde la China, su entendimiento de la cadena completa del café que, guardando las distancias, no deberíamos dejar de perseverar en el avance en la cadena de valor, para apropiarse en mayor proporción el valor agregado.

Foto: PJeganathan / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

¿Pudimos ser trinqueteados hace 28 años con la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos?

Francisco Guevara Matarrita

Una interpretación constitucional, una ficción de aprobación legislativa anticipada y veintiocho años de consecuencias para el control democrático de los bienes públicos.

Francisco Guevara Matarrita

Hay decisiones cuyos efectos no se descubren el día en que se adoptan, sino décadas después, cuando la realidad permite comprender qué se decidió, qué se dejó de decidir y cuáles competencias constitucionales pudieron quedar desplazadas.

En 1998, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la Ley N.º 7762, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, promulgada el 14 de abril de aquel año.

La ley estableció un régimen general para la participación privada en el financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de determinadas obras públicas y servicios asociados.

Su aprobación fue presentada dentro de una discusión nacional sobre la modernización de la infraestructura, las limitaciones financieras del Estado y la necesidad de atraer inversiones.

Pero detrás de aquella discusión existía otra cuestión, mucho más profunda, que comprometía directamente la distribución constitucional de las competencias públicas.

¿Podía la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de una ley general, tener por aprobados contratos administrativos que todavía no existían?

¿Podía una autorización normativa sustituir la aprobación parlamentaria de un contrato concreto cuando la Constitución exigiera esa intervención?

¿Y podía una interpretación de la Sala Constitucional convertir el ejercicio de una competencia legislativa en el supuesto ejercicio anticipado de otra competencia constitucional enteramente distinta?

Veintiocho años después, estas preguntas adquieren una trascendencia extraordinaria.

Porque en 2012 se suscribió el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín con APM Terminals, sin que ese contrato fuera sometido a una aprobación legislativa individual.

El contrato existe. Sus obligaciones existen. Sus condiciones de explotación existen. Sus consecuencias sobre la actividad portuaria, JAPDEVA, Limón y la economía nacional también existen.

Lo que no existe es un acto parlamentario mediante el cual la Asamblea Legislativa haya examinado y aprobado individualmente ese contrato.

Y, sin embargo, durante años se ha sostenido que aquella aprobación no era necesaria porque la Ley N.º 7762 ya había proporcionado una autorización legislativa general.

Ahí comienza nuestra controversia.

No estamos afirmando que los magistrados que desarrollaron esa interpretación actuaran deliberadamente para favorecer intereses particulares. Una imputación semejante exigiría pruebas que no pueden sustituirse por sospechas.

Estamos cuestionando algo que puede examinarse mediante documentos, disposiciones constitucionales, antecedentes legislativos y resoluciones judiciales.

¿Cómo pudo tenerse por ejercida una competencia parlamentaria de aprobación contractual mediante la aprobación de una ley general, cuando ambas funciones poseen naturaleza, objeto y finalidad constitucionalmente diferentes?

Y todavía más:

¿Cómo pudo aquella interpretación terminar sirviendo de fundamento para la ejecución de un contrato portuario de extraordinaria trascendencia nacional que nunca fue sometido a aprobación individual de los representantes del pueblo?

Esa es la pregunta que da sentido al título de este texto.

I. La Asamblea Legislativa aprobó una ley. Ese fue el acto que realizó.

Conviene comenzar por lo elemental, porque precisamente en lo elemental puede encontrarse el origen de una confusión de enormes consecuencias.

En 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N.º 7762.

Al hacerlo, ejerció su potestad constitucional de legislar.

Estableció un régimen normativo general destinado a regular determinadas concesiones de obras públicas con servicios públicos.

Ese fue el acto legislativo realizado. Ni más ni menos.

No aprobó mediante aquella votación el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.

No podía haberlo hecho porque ese contrato todavía no existía.

No conoció sus cláusulas, sus condiciones económicas, su distribución de riesgos, sus obligaciones particulares, sus condiciones de exclusividad ni las consecuencias que tendría para JAPDEVA.

Tampoco conoció la identidad de quien años después resultaría adjudicatario de aquella concesión.

La Ley N.º 7762 creó un marco jurídico para actuaciones futuras.

Pero la aprobación de una ley y la aprobación legislativa de determinados contratos administrativos constituyen funciones constitucionalmente distintas.

Cuando la Asamblea Legislativa dicta una ley, ejerce una potestad normativa general.

Cuando aprueba un contrato administrativo sujeto constitucionalmente a su conocimiento, ejerce una función de control sobre un acto jurídico determinado.

En el primer caso, establece normas.

En el segundo, se pronuncia sobre un acto concreto.

La diferencia no desaparece porque ambas competencias correspondan a la Asamblea Legislativa.

La identidad del órgano no produce identidad entre sus actos.

Este principio constituye el punto de partida de nuestro cuestionamiento.

No discutimos que la Asamblea Legislativa tuviera competencia para aprobar la Ley N.º 7762.

La tenía.

Lo que discutimos es que aquel acto legislativo pudiera considerarse, por una interpretación judicial, como el ejercicio anticipado de otra competencia constitucional: la aprobación de contratos administrativos particulares, cuando esta resulta exigible.

Porque una competencia constitucional no se demuestra ejercida simplemente porque el mismo órgano haya ejercido otra competencia diferente.

Y llamar aprobación general a una autorización normativa no demuestra, por sí solo, que haya existido una aprobación contractual.

II. La reforma constitucional de 1975: el antecedente que no puede ignorarse

Para comprender la dimensión del problema debemos regresar a 1975.

Mediante la Ley N.º 5702, del 5 de junio de aquel año, se reformaron los artículos 124 y 140, inciso 19, de la Constitución Política.

La reforma introdujo una distinción expresa entre la aprobación legislativa de contratos administrativos y la naturaleza jurídica de las leyes.

El artículo 124 estableció que la aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos administrativos no les confiere carácter de ley, aunque se tramite siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.

Por su parte, el artículo 140, inciso 19, reafirmó que la aprobación legislativa de determinados contratos no los transforma en leyes ni los exime de su régimen jurídico administrativo.

Pero la reforma hizo algo más.

Eliminó expresamente del artículo 140, inciso 19, la excepción relativa a los contratos regidos por leyes especiales.

Este detalle merece especial atención.

El constituyente derivado no se limitó a realizar una modificación terminológica. Intervino sobre el tratamiento constitucional de los contratos administrativos y su relación con la potestad legislativa.

La aprobación de un contrato no debía confundirse con la promulgación de una ley.

Tampoco debía transformar el contrato en una disposición legislativa ni sustraerlo de su régimen jurídico administrativo.

De aquella reforma surge una consecuencia que consideramos fundamental.

Legislar y aprobar contratos son competencias constitucionalmente diferenciadas, aunque ambas puedan ejercerse mediante procedimientos parlamentarios.

Por supuesto, esta distinción no significa que todos los contratos administrativos deban someterse individualmente a la Asamblea Legislativa.

Pero sí significa que, cuando la Constitución exige esa aprobación, debemos explicar cómo se cumple la competencia y qué acto jurídico constituye su ejercicio.

Y aquí aparece una pregunta que no puede resolverse mediante una simple referencia a la Ley N.º 7762.

Si en 1975 se eliminó la excepción relativa a los contratos regidos por leyes especiales, ¿cómo debe justificarse constitucionalmente que, años después, una ley general pueda considerarse suficiente para prescindir de la aprobación individual de determinadas concesiones?

La pregunta es particularmente relevante cuando se trata de bienes protegidos por el artículo 121, inciso 14, de la Constitución.

Porque el legislador ordinario no puede, por medio de una ley, modificar la distribución de competencias establecida por la Constitución.

Tampoco una interpretación judicial puede prescindir de la finalidad de una reforma constitucional sin ofrecer una justificación rigurosa.

III. El antecedente de los contratos-ley y la verdadera dimensión de la reforma

La reforma de 1975 debe comprenderse dentro de la evolución histórica del derecho público costarricense.

Durante décadas, la aprobación legislativa de determinados contratos generó discusiones sobre su naturaleza jurídica y sus efectos.

El problema de los llamados contratos-ley consistía, entre otros aspectos, en la posibilidad de atribuir a un contrato administrativo una condición normativa que dificultara su control mediante los mecanismos ordinarios del derecho administrativo.

La reforma constitucional procuró separar esos planos.

Un contrato administrativo no se convierte en ley porque la Asamblea Legislativa lo apruebe.

Y la aprobación legislativa no elimina su naturaleza contractual.

Esta distinción resulta particularmente importante para nuestra investigación.

Porque si la Constitución separó expresamente la aprobación de contratos de la promulgación de leyes, no podemos aceptar sin examen que, mediante una interpretación posterior, la aprobación de una ley general termine produciendo los efectos de una aprobación contractual.

No son operaciones jurídicas equivalentes.

Una ley general regula una pluralidad de situaciones futuras.

Un contrato administrativo establece obligaciones y derechos entre sujetos determinados.

Y su aprobación legislativa, cuando resulta constitucionalmente exigible, constituye una decisión de control sobre ese acto particular.

Por eso, la discusión sobre la Ley N.º 7762 no puede reducirse a determinar si el Parlamento tenía facultades para aprobar un régimen general de concesiones.

Por supuesto que las tenía.

La cuestión es quién convirtió esa potestad de legislar en el supuesto ejercicio anticipado de una competencia diferente.

IV. De 1992 a 1993: el cambio jurisprudencial que abrió el camino

La interpretación que cuestionamos no nació exclusivamente en 1998.

Sus antecedentes se encuentran en la jurisprudencia constitucional de los años anteriores.

En la sentencia N.º 3789-92, del 27 de noviembre de 1992, la Sala Constitucional examinó un proyecto legislativo relacionado con las concesiones de obra pública.

En aquella oportunidad, consideró constitucional un procedimiento que contemplaba la aprobación parlamentaria de concesiones para construir y explotar nuevas instalaciones de ferrocarriles, muelles y aeropuertos.

La Sala reconoció entonces la existencia de un procedimiento calificado que suponía finalmente la aprobación de la Asamblea Legislativa.

La importancia de aquel razonamiento radicaba en la especial protección constitucional de los bienes involucrados.

No se trataba de bienes públicos ordinarios.

Se trataba de instalaciones y actividades sometidas a un régimen particular de protección constitucional.

Sin embargo, en la sentencia N.º 6240-93, del 26 de noviembre de 1993, la Sala Constitucional desarrolló una interpretación diferente.

Reconoció dos vías para determinadas concesiones: una mediante intervención directa de la Asamblea Legislativa y otra mediante concesiones otorgadas por la Administración Pública bajo condiciones establecidas en una ley general.

Esta segunda interpretación permitió sostener que la Asamblea Legislativa podía establecer anticipadamente las condiciones imperativas de determinadas concesiones, sin intervenir necesariamente en cada contrato individual.

Aquí encontramos un cambio de extraordinaria importancia.

La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la aprobación parlamentaria de un contrato concreto y comenzó a admitir la posibilidad de una autorización normativa general como forma suficiente de intervención legislativa.

La cuestión que debemos examinar es si ese cambio interpretativo respetó plenamente la distribución constitucional de competencias.

Porque una cosa es reconocer que la Asamblea Legislativa puede establecer condiciones generales para concesionar determinados bienes.

Y otra, muy distinta, es sostener que mediante esa regulación se cumple automáticamente la aprobación particular de un contrato cuando la Constitución la exige.

La diferencia no es semántica.

Es constitucional.

V. Marzo de 1998: las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98

El 31 de marzo de 1998, la Sala Constitucional dictó las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98, en el contexto de consultas legislativas relacionadas con el proyecto que desembocaría en la Ley N.º 7762.

La resolución N.º 2319-98 reviste particular importancia porque retomó la doctrina de la autorización legislativa general.

La Sala consideró constitucionalmente admisible que una ley marco facultara al Poder Ejecutivo para otorgar determinadas concesiones sin requerir una aprobación legislativa individual.

La interpretación descansaba en que la Asamblea Legislativa habría conferido una aprobación general mediante la propia legislación.

Aquí se consolidó la construcción jurídica que constituye el centro de nuestro cuestionamiento.

La aprobación de una ley general fue considerada suficiente para satisfacer la intervención parlamentaria constitucionalmente exigible en determinados supuestos.

Pero hay un problema que no podemos ignorar.

Ni las resoluciones constitucionales ni la Ley N.º 7762 pueden mostrar un acto parlamentario individual de aprobación de los contratos que posteriormente se celebrarían.

Lo que pueden mostrar es una ley aprobada.

Lo que pueden mostrar es una interpretación judicial que atribuyó a esa ley efectos de autorización general.

Lo que no pueden mostrar es que la Asamblea Legislativa hubiera conocido y aprobado las condiciones particulares de contratos todavía inexistentes.

Y no pueden mostrarlo porque aquel examen contractual no ocurrió.

La cuestión no consiste en negar que la Sala haya reconocido jurídicamente la autorización general.

La reconoció.

El problema consiste en determinar si ese reconocimiento podía convertir el ejercicio de la potestad legislativa en el cumplimiento de una competencia constitucional distinta.

Porque llamar aprobación general a una ley no demuestra, por sí mismo, que se haya producido una aprobación contractual.

Puede constituir la conclusión de una interpretación jurisprudencial.

Pero no demuestra la existencia histórica de un segundo acto parlamentario.

Y, cuando se trata de una competencia constitucional, la diferencia entre interpretar que un acto es suficiente y demostrar que otro acto se realizó resulta fundamental.

VI. El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: la limitación que no puede desaparecer

Hay un aspecto particularmente importante que debe incorporarse al análisis.

Las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98 fueron dictadas en el contexto de consultas legislativas de constitucionalidad.

No constituyeron sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad contra el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.

Ese contrato ni siquiera existía.

El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece una regla expresa sobre los efectos de los dictámenes emitidos durante las consultas legislativas.

Dispone que solamente son vinculantes cuando determinan la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.

También establece que esos dictámenes no impiden la impugnación posterior de las normas mediante los mecanismos de control de constitucionalidad.

Esta disposición obliga a distinguir entre el valor interpretativo de una opinión consultiva y sus efectos jurídicos vinculantes dentro del procedimiento legislativo.

Las opiniones consultivas pueden contener razonamientos relevantes.

Pueden orientar interpretaciones posteriores.

Incluso pueden convertirse en antecedentes de una línea jurisprudencial consolidada.

Pero no deben confundirse sus efectos originarios con los de una decisión jurisdiccional que examine un contrato concreto ya celebrado.

Las resoluciones de 1998 examinaron un proyecto legislativo.

No examinaron el contrato TCM–APM Terminals.

No examinaron sus adendas.

No examinaron las condiciones específicas de exclusividad operativa.

No examinaron las consecuencias que su ejecución produciría sobre JAPDEVA.

Por consiguiente, no pudieron efectuar un control constitucional concreto de esos actos futuros.

Una opinión consultiva puede interpretar un proyecto de ley. No puede crear un acto parlamentario de aprobación contractual que nunca ocurrió.

Y aquí surge otra interrogante esencial.

Si el artículo 101 no atribuyó efectos vinculantes generales sobre el fondo a aquellas opiniones consultivas, ¿cómo debe justificarse el uso posterior de sus razonamientos para sostener que una aprobación legislativa particular resultaba innecesaria?

Es necesario reconocer que la Sala Constitucional reiteró posteriormente la doctrina de la autorización general en decisiones dictadas fuera del procedimiento consultivo.

Por tanto, el problema actual no se agota en los efectos originarios de las resoluciones de 1998.

También debemos examinar críticamente esa jurisprudencia posterior.

Pero una cosa permanece inalterable.

Ni la reiteración de una doctrina ni la autoridad de quienes la formularon pueden convertir en acontecimiento histórico una aprobación parlamentaria individual que nunca se produjo.

Los artículos 13 y 87: la fuerza de los precedentes no equivale a cosa juzgada constitucional

La discusión no termina con reconocer que la Sala Constitucional reiteró posteriormente la doctrina de la aprobación legislativa general.

Precisamente porque esa reiteración existió, corresponde distinguir dos instituciones jurídicas que no deben confundirse: la fuerza vinculante de los precedentes y los efectos de las sentencias que desestiman acciones de inconstitucionalidad.

El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece expresamente:

«La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma».

La disposición reconoce la fuerza obligatoria de los criterios constitucionales frente a los demás órganos y sujetos del ordenamiento jurídico.

Pero contiene una excepción igualmente importante: la propia Sala Constitucional no queda vinculada de manera inmutable por sus precedentes.

Puede distinguirlos, precisarlos, reconsiderarlos y variar su interpretación cuando existan fundamentos jurídicos suficientes.

La autoridad de una interpretación constitucional, por consiguiente, no significa que esa interpretación haya quedado sustraída para siempre del examen de la propia jurisdicción constitucional.

El artículo 87 introduce una segunda distinción, todavía más relevante para nuestra controversia.

Dispone que las resoluciones que denieguen una acción de inconstitucionalidad deben examinar todos los motivos alegados para fundamentarla.

También establece que esas resoluciones solamente surten efectos entre las partes en el caso concreto y no producen cosa juzgada, permitiendo ejercer nuevamente la acción contra normas o actos previamente declarados constitucionales en casos o procesos distintos.

La ley distingue así entre una sentencia desestimatoria y una sentencia estimatoria que declara la inconstitucionalidad y anula la norma o el acto impugnado.

Esta última produce los efectos de cosa juzgada previstos en el artículo 88.

La diferencia es decisiva.

Una sentencia que desestima una acción no convierte automáticamente en definitivamente resueltas todas las controversias constitucionales que puedan surgir posteriormente alrededor de los mismos instrumentos jurídicos.

Tampoco la mención de un contrato, una ley, una cláusula o un decreto en una resolución anterior demuestra que todos sus posibles vicios constitucionales hayan sido examinados.

Para determinar qué fue realmente resuelto, debemos identificar el objeto impugnado, la causa jurídica, el parámetro constitucional utilizado, los argumentos sometidos al Tribunal y la razón decisoria del pronunciamiento.

Por eso, la expresión «estése a lo resuelto» no puede atribuir a una sentencia anterior un contenido que esta nunca tuvo.

La remisión a un precedente no puede convertir un rechazo procesal en un examen de fondo inexistente.

Ni puede transformar la coincidencia documental entre dos acciones en identidad de sus respectivas controversias constitucionales.

Reconocer los precedentes no significa atribuirles efectos mayores que los establecidos por la ley.

Y respetar la jurisprudencia constitucional no significa renunciar al derecho de exigir que los nuevos cargos reciban el examen que jurídicamente corresponda.

Esta es una de las cuestiones fundamentales de nuestra acción de inconstitucionalidad del 15 de septiembre de 2026.

No pretendemos que se anulen las sentencias anteriores.

Pretendemos que se examine una controversia constitucional concreta: la interpretación y aplicación de la Ley N.º 7762 como aprobación política anticipada de contratos futuros, los actos públicos que materializaron esa interpretación y la omisión continuada del Poder Ejecutivo de someter el contrato de Moín a aprobación legislativa particular.

Porque la existencia de precedentes sobre la autorización general no demuestra que esos tres objetos, con sus fundamentos y pretensiones propios, hayan recibido anteriormente una respuesta constitucional material.

Y menos aún demuestra que la Asamblea Legislativa haya aprobado individualmente un contrato que nunca le fue sometido.

VII. La aprobación general que nadie puede mostrar como acto contractual

Aquí llegamos al centro de la controversia.

Durante años se ha sostenido que la aprobación de la Ley N.º 7762 produjo una autorización legislativa general suficiente para determinadas concesiones futuras.

Pero debemos separar cuidadosamente dos afirmaciones.

La primera consiste en sostener que la Asamblea Legislativa aprobó un régimen general de concesiones.

Eso es un hecho histórico y jurídico verificable.

La segunda consiste en sostener que esa aprobación legislativa equivalía al ejercicio anticipado de la competencia constitucional de aprobar determinadas concesiones particulares.

Esa es una interpretación jurídica.

No son afirmaciones idénticas.

La primera puede demostrarse mediante el procedimiento legislativo y la promulgación de la ley.

La segunda requiere demostrar que la Constitución permite atribuir a ese acto normativo los efectos de la competencia contractual que se considera satisfecha.

Y precisamente esa demostración es la que cuestionamos.

No basta señalar que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N.º 7762 para demostrar que también aprobó los contratos particulares celebrados posteriormente.

Tampoco basta invocar una sentencia que haya considerado constitucionalmente suficiente la autorización general.

Es necesario explicar cómo esa interpretación se concilia con las competencias diferenciadas de la Asamblea Legislativa, con la reforma constitucional de 1975 y con las exigencias especiales del artículo 121, inciso 14.

La Constitución no puede ser sustituida por una fórmula interpretativa cuya conclusión se utilice como demostración de su propia validez.

Si se sostiene que la aprobación general era suficiente, corresponde demostrar por qué la Constitución permitía prescindir de la aprobación individual.

No podemos invertir la carga del razonamiento y afirmar que la aprobación particular no era necesaria simplemente porque una interpretación previa así lo estableció.

Eso equivaldría a convertir la conclusión discutida en su propia justificación.

La existencia de una doctrina jurisprudencial demuestra que esa doctrina fue adoptada. No demuestra, por sí sola, que su contenido sea la única interpretación constitucionalmente admisible.

VIII. El artículo 121, inciso 14: los bienes públicos no son una mercancía cualquiera

El artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política establece un régimen especial de protección para determinados bienes de la Nación.

Entre ellos se encuentran los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales en servicio.

La disposición contiene restricciones expresas destinadas a impedir que esos bienes salgan del dominio y control del Estado.

También regula las condiciones constitucionales bajo las cuales pueden desarrollarse determinadas formas de explotación.

Por eso no podemos analizar una concesión portuaria como si se tratara de un contrato administrativo ordinario.

La especial protección constitucional de los muelles nacionales exige examinar la naturaleza del bien, las facultades concedidas, las restricciones asumidas por el Estado y las condiciones de explotación.

No basta afirmar que el Estado conserva la titularidad formal de la infraestructura.

La concesión no equivale necesariamente a una enajenación, pero la permanencia de la propiedad pública tampoco resuelve automáticamente todas las cuestiones constitucionales relacionadas con su explotación.

Debe examinarse si el Estado conserva las facultades de dirección, regulación y control exigidas por la Constitución.

Y debe determinarse si las condiciones particulares de la concesión requieren intervención parlamentaria específica.

En nuestra tesis, la aprobación de la Ley N.º 7762 no podía sustituir esa intervención respecto del contrato de la Terminal de Contenedores de Moín.

No porque neguemos la posibilidad constitucional de concesionar determinadas obras públicas.

Sino porque sostenemos que la autorización general no puede confundirse con el ejercicio de una competencia parlamentaria de aprobación contractual cuando esta resulta constitucionalmente exigible.

La cuestión es especialmente relevante frente a contratos que establecen condiciones de explotación exclusivas o restricciones de operación que inciden sobre instituciones públicas preexistentes.

La protección constitucional de los bienes nacionales no se agota en conservar su nombre en un registro de propiedad. Comprende también el régimen jurídico de su utilización y las competencias públicas que deben intervenir en las decisiones que los afectan.

IX. El contrato de Moín: desde 2012 existe una concesión sin aprobación legislativa individual

En 2012 se suscribió el contrato de concesión de obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.

La concesión fue otorgada a APM Terminals dentro del régimen de la Ley N.º 7762.

El contrato obtuvo el refrendo de la Contraloría General de la República mediante el oficio N.º 02739, DCA-0692, del 21 de marzo de 2012.

Este dato es importante.

El contrato no careció de toda intervención institucional.

Existieron actuaciones administrativas, adjudicación y refrendo contralor.

Pero ninguna de esas actuaciones constituye, por sí misma, una aprobación legislativa individual.

La Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa ejercen competencias constitucionales diferentes.

El refrendo contralor no es una votación parlamentaria.

La adjudicación administrativa tampoco lo es.

Y la suscripción del contrato por las autoridades correspondientes no demuestra que haya sido sometido a la Asamblea Legislativa.

Desde 2012 existe, por tanto, un contrato de concesión de extraordinaria trascendencia nacional que no recibió aprobación legislativa individual.

Ese es el hecho que sostenemos.

La controversia constitucional consiste en determinar si aquella aprobación era jurídicamente indispensable.

Nuestra posición es afirmativa.

Y por eso consideramos que la falta de aprobación no constituye una simple particularidad procedimental, sino una omisión constitucional cuyos efectos continúan proyectándose sobre la ejecución del contrato.

No pretendemos desconocer que la jurisprudencia constitucional ha sostenido una interpretación diferente.

Precisamente cuestionamos esa interpretación.

Porque ninguna resolución puede modificar por sí misma la distribución de competencias establecida por la Constitución.

Y ninguna ley ordinaria puede conferir a un órgano potestades que la Constitución haya reservado a otro.

X. La sentencia de 2013: la controversia fue planteada y la Sala mantuvo su doctrina

Sería incorrecto presentar esta discusión como si nunca hubiera sido examinada judicialmente.

En la sentencia N.º 15693-2013, la Sala Constitucional resolvió una acción relacionada con la Ley N.º 7762 y la necesidad de aprobación legislativa de determinadas concesiones, incluyendo el cuestionamiento vinculado con la Terminal de Contenedores de Moín.

La Sala mantuvo la doctrina que reconocía la posibilidad de que una ley general estableciera las condiciones suficientes para que el Poder Ejecutivo otorgara concesiones sin requerir aprobación parlamentaria individual.

La acción fue declarada sin lugar.

Ese pronunciamiento constituye un precedente constitucional que debemos reconocer expresamente. Pero el artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias desestimatorias no producen cosa juzgada en los términos allí previstos, mientras que el artículo 13 reconoce que la propia Sala puede reconsiderar sus precedentes.

Nuestra acción de inconstitucionalidad de 2026 no reproduce simplemente la omisión legislativa examinada en 2013. Identifica una interpretación y aplicación normativa concretas, actos subjetivos de autoridades públicas y una omisión continuada atribuida al Poder Ejecutivo.

Por consiguiente, la existencia de aquella sentencia no elimina la necesidad de determinar si estos cargos autónomos, sus parámetros constitucionales y sus pretensiones específicas fueron efectivamente examinados y resueltos.

Este antecedente debe reconocerse expresamente.

No podemos sostener que la controversia carece de respuesta jurisprudencial.

La tiene.

Pero eso no significa que la respuesta esté exenta de examen crítico.

La Sala consideró constitucionalmente suficiente la autorización general.

Nosotros cuestionamos que esa interpretación preserve adecuadamente la distinción entre la potestad de legislar y la competencia de aprobar determinados contratos.

La diferencia es sustancial.

La existencia de una sentencia que acoge una interpretación no demuestra la existencia histórica de un acto parlamentario individual.

Demuestra que el tribunal consideró innecesario ese acto bajo su interpretación de la Constitución.

Y precisamente allí permanece nuestra objeción.

No afirmamos que la Sala haya inventado materialmente una votación legislativa. Afirmamos que su doctrina atribuyó a una votación legislativa general efectos equivalentes a los de una aprobación contractual particular.

Esa equiparación es el objeto de nuestra crítica.

Y debe ser confrontada con la reforma de 1975, el artículo 121, inciso 14, el artículo 140, inciso 19, y la naturaleza diferenciada de las competencias parlamentarias.

XI. JAPDEVA y Limón: cuando la interpretación constitucional se convierte en consecuencias materiales

La controversia adquiere una dimensión particularmente grave cuando examinamos sus consecuencias sobre JAPDEVA y la provincia de Limón.

JAPDEVA no es una simple empresa portuaria.

Es una institución pública creada dentro de una concepción histórica del desarrollo regional, vinculada con la administración portuaria y con la responsabilidad del Estado de promover el progreso económico y social del Caribe costarricense.

La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín modificó sustancialmente el escenario de la actividad portuaria nacional.

Las condiciones de operación de la nueva terminal, particularmente las relativas al manejo de determinados tipos de carga contenerizada, afectaron el ámbito de actuación de JAPDEVA.

La exclusividad operativa concedida merece un examen específico.

No solamente por sus efectos comerciales.

También por sus consecuencias sobre la capacidad institucional, los ingresos, la utilización de infraestructura y las oportunidades de desarrollo regional.

En nuestra investigación hemos señalado que las condiciones de exclusividad relacionadas con la carga contenerizada y la operación de buques portacontenedores especializados constituyen elementos fundamentales para comprender la transformación de la actividad portuaria.

Estas condiciones no pueden examinarse aisladamente del contrato que las estableció.

Tampoco pueden separarse del régimen constitucional de los bienes públicos ni de las competencias de las instituciones afectadas.

La pregunta no es simplemente si APM Terminals construyó y opera una infraestructura moderna.

La pregunta es si el modelo contractual utilizado, sus condiciones de exclusividad y sus consecuencias institucionales respetaron íntegramente las exigencias constitucionales aplicables.

Porque el desarrollo portuario no debe medirse únicamente por la capacidad de movilizar contenedores.

Debe examinarse también por sus efectos sobre la economía nacional, la sostenibilidad de las instituciones públicas y el bienestar de las comunidades.

Limón no puede reducirse a un punto geográfico por donde entra y sale mercancía.

Es una provincia habitada por personas cuyas oportunidades económicas están profundamente relacionadas con las decisiones adoptadas sobre sus puertos.

Y una interpretación constitucional que contribuyó a definir el régimen jurídico de una concesión de semejante trascendencia no puede quedar fuera del escrutinio democrático.

XII. La protección territorial y ambiental también forma parte del problema

El examen de la Terminal de Contenedores de Moín no debe limitarse al régimen contractual.

La infraestructura portuaria se desarrolló en un espacio sujeto a disposiciones jurídicas de protección territorial y ambiental.

Entre los antecedentes relevantes se encuentra la Ley N.º 2906, relacionada con la zona comprendida entre Portete y Doce Millas, así como las disposiciones aplicables al entorno del río Moín.

También deben examinarse los actos administrativos y reglamentarios mediante los cuales se modificaron o interpretaron condiciones de utilización del territorio.

Entre ellos figuran actuaciones del Instituto Costarricense de Turismo, del Poder Ejecutivo y de las autoridades ambientales.

La relación entre el régimen de protección territorial, la concesión portuaria y las decisiones administrativas posteriores constituye una controversia adicional.

No debemos confundirla con la cuestión específica de la aprobación legislativa contractual.

Pero tampoco debemos separarla artificialmente de la realidad institucional del proyecto.

Porque una concesión de esta magnitud no produce efectos únicamente sobre una relación contractual entre el Estado y una empresa.

También afecta el uso del territorio, la organización de servicios públicos y el ejercicio de competencias administrativas.

Por ello, la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones relacionadas con el proyecto deben examinarse dentro de sus respectivos regímenes jurídicos.

XIII. La omisión constitucional continuada: el problema no terminó en 2012 y sus efectos permanecen

Presentamos ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad por omisión continuada, contra actos subjetivos de autoridades públicas y contra la interpretación y aplicación inconstitucionales de la Ley N.º 7762.

No se trata de una acción dirigida a anular las sentencias de 1998 ni a desconocer la existencia de pronunciamientos constitucionales posteriores.

Su objeto es mucho más preciso y sus consecuencias son considerablemente más profundas.

Cuestionamos que una interpretación atribuida a la Ley N.º 7762 haya permitido sustituir una competencia constitucional de aprobación parlamentaria mediante la ficción de que los contratos futuros quedaron políticamente aprobados desde 1998, cuando todavía no existían.

Y denunciamos que esa interpretación fue posteriormente aplicada al contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, consolidado con sus adendas números 1 y 2 y suscrito el 13 de febrero de 2012.

Nuestra acción identifica tres manifestaciones de una misma infracción constitucional.

La primera es la interpretación y aplicación de los incisos 2) y 3) del artículo 2 y del inciso 4) del artículo 5 de la Ley N.º 7762, mediante las cuales una autorización legislativa general para tramitar y adjudicar concesiones terminó siendo considerada una aprobación política anticipada de contratos particulares.

La segunda comprende los actos subjetivos de las autoridades públicas que tuvieron por plenamente eficaz y ejecutable el contrato de Moín sin someterlo al control parlamentario concreto que estimamos constitucionalmente indispensable.

La tercera, y principal, es la omisión continuada del Poder Ejecutivo de remitir a la Asamblea Legislativa el contrato ya formado para que esta ejerciera la competencia de aprobación que sostenemos reservada por la Constitución.

Esta distinción resulta fundamental.

No estamos acusando a la Asamblea Legislativa de haber incumplido su obligación de pronunciarse sobre un contrato que nunca recibió.

Estamos denunciando que el Poder Ejecutivo omitió someterlo a su conocimiento y permitió que se ejecutara como si la intervención parlamentaria hubiera quedado satisfecha catorce años antes.

La abstención no consistió en una simple demora administrativa.

No se postergó la aprobación. Se actuó como si nunca hubiera sido necesaria.

Y esa decisión produjo consecuencias que no terminaron con la firma del contrato.

Mientras la concesión continúe desplegando efectos jurídicos, operacionales y económicos bajo la misma interpretación, permanece la situación constitucional que cuestionamos.

El tiempo transcurrido no puede convertir una omisión en cumplimiento.

La ejecución material del contrato tampoco puede crear retroactivamente el acto parlamentario que nunca se realizó.

El artículo 101 y los límites de las consultas de 1998

Nuestra acción examina particularmente las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98, dictadas durante el procedimiento legislativo que culminó con la Ley N.º 7762.

El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional limita los efectos vinculantes de las opiniones consultivas legislativas a los supuestos en que se declaran trámites inconstitucionales.

Los pronunciamientos de 1998 no declararon la existencia de esos vicios procedimentales.

Por consiguiente, sostenemos que sus criterios de fondo sobre la aprobación general no adquirieron, por el solo hecho de haber sido emitidos en aquellas consultas, eficacia vinculante capaz de cerrar definitivamente el control constitucional posterior.

Reconocemos que esa interpretación fue retomada en la jurisprudencia posterior.

Pero distinguimos cuidadosamente el valor de los precedentes, los efectos de las opiniones consultivas y la existencia de una decisión material sobre los cargos concretos que ahora planteamos.

La acción tampoco ignora la sentencia Nº 2013-015693, que resolvió por el fondo una controversia relacionada con la aprobación legislativa de concesiones.

La diferencia que exponemos es sustancial: aquella acción cuestionó una omisión normativa atribuida al legislador por no incorporar expresamente un trámite de aprobación parlamentaria dentro de la Ley N.º 7762.

La nuestra denuncia una omisión posterior del Poder Ejecutivo, surgida cuando el contrato quedó formado y mantenida durante su ejecución.

No cuestionamos que la Asamblea Legislativa pudiera establecer un régimen general de concesiones.

Cuestionamos que esa autorización normativa fuera interpretada y aplicada como sustitución anticipada de una competencia parlamentaria distinta.

Por ello, nuestra acción distingue cuidadosamente entre el valor vinculante de los precedentes, la inexistencia de cosa juzgada derivada de las sentencias desestimatorias en los términos del artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y los efectos propios de los rechazos procesales. No pretendemos desconocer lo resuelto. Exigimos que no se atribuya a las resoluciones anteriores un examen de fondo que no realizaron, ni se utilice la reiteración de la doctrina de la aprobación general para impedir el conocimiento de los cargos constitucionales autónomos que ahora formulamos.

Lo que solicitamos a la Sala Constitucional

Nuestra pretensión no se agota en obtener una declaración sobre la inexistencia de aprobación legislativa individual.

Solicitamos que la Sala declare inconstitucional la interpretación que atribuye a la Ley N.º 7762 el efecto de aprobar políticamente contratos futuros todavía inexistentes.

Solicitamos que declare la omisión continuada del Poder Ejecutivo y ordene remitir el contrato consolidado, sus adendas y sus instrumentos integrantes a la Asamblea Legislativa, dentro del plazo que establezca la sentencia.

No pretendemos que la Sala apruebe o impruebe el contrato en lugar de los diputados.

Pretendemos que determine si la Constitución exigía que los representantes populares ejercieran esa competencia.

Pero nuestra acción también reclama el examen de otras infracciones constitucionales autónomas.

Solicitamos que se determine si la Terminal de Contenedores de Moín, como muelle nacional, permanece bajo el dominio y control efectivos del Estado, conforme al artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política.

Cuestionamos la suficiencia de una titularidad estatal puramente nominal cuando el ejercicio material de facultades públicas queda condicionado por estipulaciones contractuales.

Reclamamos el reconocimiento y restablecimiento de las competencias de JAPDEVA como Autoridad Portuaria y actor público en el Caribe costarricense.

Cuestionamos el desplazamiento de las disposiciones protectoras del régimen demanial, particularmente las relacionadas con las Leyes N.º 6043 y N.º 2906.

Y solicitamos el examen constitucional de las condiciones de exclusividad funcional que reservan automáticamente determinados tráficos portuarios a la terminal concesionada y restringen la participación de JAPDEVA.

La exclusividad no debe confundirse con la existencia misma de la infraestructura.

La utilidad de construir y operar una nueva terminal no demuestra, por sí sola, que fuera constitucionalmente indispensable excluir a la institución portuaria pública de determinados segmentos de actividad.

Por eso reclamamos que se examine la razonabilidad y proporcionalidad de ese régimen y su correspondencia efectiva con la finalidad pública invocada.

Restablecer la Constitución no significa paralizar el puerto

Hay un aspecto de nuestra acción que merece especial claridad ante la opinión pública.

No solicitamos que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad provoque automáticamente el cierre, desmantelamiento o paralización de la Terminal de Contenedores de Moín.

La infraestructura portuaria constituye una realidad material que debe continuar sirviendo al país.

Lo que reclamamos es que su funcionamiento se ajuste íntegramente a la Constitución.

Por ello, solicitamos que, si la Sala declara alguna de las infracciones denunciadas, determine sus consecuencias, elimine los efectos jurídicos incompatibles con el orden constitucional y establezca, cuando corresponda, una transición institucionalmente organizada.

Esa transición deberá preservar la continuidad del servicio, la seguridad de las operaciones, los derechos legítimamente consolidados de buena fe y las competencias de las autoridades públicas.

También deberá impedir que la continuidad del servicio se utilice como justificación para perpetuar indefinidamente los efectos de un régimen declarado inconstitucional.

No estamos pidiendo que se sustituya una irregularidad por otra.

Estamos reclamando que se restablezca el orden constitucional sin sacrificar innecesariamente el funcionamiento de una infraestructura estratégica.

Y, sobre todo, que el control público no quede reducido a una declaración formal de propiedad estatal mientras las condiciones materiales de explotación permanecen fuera de las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a las instituciones públicas.

La cuestión que planteamos trasciende la suerte de una empresa concesionaria.

Concierne a la separación de poderes, al patrimonio público, a la organización del servicio portuario y al derecho de la ciudadanía a que las decisiones de extraordinaria trascendencia nacional sean adoptadas mediante los procedimientos constitucionalmente establecidos.

Porque una cosa es que la Sala Constitucional reconozca la validez de una autorización legislativa general.

Y otra es que esa interpretación pueda sustituir, sin justificación constitucional suficiente, una aprobación contractual concreta que sostenemos exigida por la propia Constitución.

La ley de 1998 existió. El contrato de 2012 existe. Lo que no existió fue una aprobación legislativa individual de ese contrato.

Nuestra acción exige que se determine si la Constitución permitía prescindir de ella.

Y, si no lo permitía, que se restablezca la competencia omitida y se corrijan los efectos constitucionalmente incompatibles del régimen que continúa ejecutándose.

Porque la Constitución no debe escoger entre la legalidad y el funcionamiento del puerto.

El puerto debe funcionar dentro de la Constitución.

XV. ¿Pudimos ser trinqueteados?

Volvamos a la pregunta que encabeza este artículo.

La palabra trinqueteados tiene una carga política deliberada.

Sugiere la posibilidad de que una construcción jurídica haya permitido presentar como constitucionalmente cumplida una competencia cuyo ejercicio concreto no ocurrió.

Pero debemos utilizarla con responsabilidad.

No estamos afirmando que exista prueba de una maniobra fraudulenta deliberada.

No estamos atribuyendo conductas dolosas a magistrados, diputados, funcionarios o empresarios.

Estamos señalando una controversia constitucional que puede investigarse a partir de sus fundamentos y consecuencias.

La Ley N.º 7762 fue aprobada como ley.

Las resoluciones constitucionales reconocieron la suficiencia de una autorización general para determinadas concesiones.

El contrato de la Terminal de Contenedores de Moín fue celebrado en 2012.

Y ese contrato no recibió aprobación legislativa individual.

Estos hechos deben distinguirse de la conclusión jurídica que se pretende extraer de ellos.

Nuestra tesis es que la aprobación de la ley general no podía sustituir la aprobación parlamentaria particular exigible para un contrato de esa naturaleza.

La jurisprudencia constitucional ha sostenido una interpretación diferente.

Pero esa discrepancia no elimina nuestra obligación de examinar el problema.

Al contrario.

La convierte en una controversia que merece una explicación pública especialmente rigurosa.

Porque si una interpretación permite considerar cumplida una competencia constitucional sin que se haya producido el acto individual que, según nuestra tesis, debía realizarse, debemos preguntarnos si estamos ante una autorización legítima o ante una ficción de aprobación.

Y una ficción jurídica no se convierte en realidad constitucional por haber sido repetida durante veintiocho años.

XVI. El pueblo costarricense merece una explicación constitucional, no una fórmula

El problema no se resuelve afirmando que la Ley N.º 7762 fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

Eso nadie lo discute.

Tampoco se resuelve recordando que la Sala Constitucional admitió la autorización legislativa general.

Eso también es conocido.

La controversia consiste en determinar si esa autorización podía sustituir válidamente una competencia parlamentaria particular.

Y si podía hacerlo respecto de un contrato de concesión portuaria de la naturaleza y trascendencia del celebrado en Moín.

La respuesta debe construirse desde la Constitución.

Debe explicar la reforma de 1975.

Debe confrontar los artículos 121, 124 y 140.

Debe analizar los efectos de las opiniones consultivas conforme al artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Debe examinar el cambio jurisprudencial entre 1992 y 1993.

Debe explicar la doctrina consolidada en 1998 y su reiteración posterior.

Y debe confrontar todo ello con la realidad contractual iniciada en 2012.

No basta invocar la autoridad de una sentencia.

Es necesario explicar por qué su interpretación preserva las competencias constitucionales que afirma respetar.

Tampoco basta afirmar que una ley general produjo una aprobación general.

Debe demostrarse qué significa jurídicamente esa aprobación y por qué puede considerarse suficiente cuando se cuestiona la falta de aprobación particular.

La aprobación de una ley es un hecho legislativo. La suficiencia de ese hecho para sustituir una aprobación contractual es una conclusión constitucional que exige demostración.

Confundir ambos planos es precisamente lo que denunciamos.

XVII. Veintiocho años después, la pregunta sigue abierta para la democracia

Costa Rica no puede construir su futuro sobre la idea de que las interpretaciones del pasado son incuestionables.

La seguridad jurídica es un valor fundamental.

Pero también lo son la supremacía constitucional, la separación de poderes y el control democrático sobre los bienes públicos.

Ninguno de esos principios debe desaparecer detrás de la conveniencia administrativa.

La modernización de la infraestructura es necesaria.

La inversión puede ser legítima.

La participación privada en determinadas actividades públicas puede encontrarse autorizada por el ordenamiento jurídico.

Pero ninguna de esas circunstancias sustituye la obligación de respetar las competencias constitucionales.

La experiencia de Moín nos obliga a examinar cómo se adoptaron decisiones que transformaron la actividad portuaria nacional y afectaron profundamente el escenario institucional de JAPDEVA.

También nos obliga a preguntarnos si la Asamblea Legislativa ejerció todas las competencias que constitucionalmente le correspondían.

Porque el problema no es únicamente jurídico.

Es democrático.

Y sus consecuencias no se quedaron encerradas en los expedientes judiciales.

Llegaron a los puertos, a las instituciones públicas, a los trabajadores, a las empresas y a la vida económica de Limón.

Por eso, veintiocho años después de la aprobación de la Ley N.º 7762, debemos exigir una explicación que no descanse exclusivamente en la reiteración de una doctrina.

Una explicación que demuestre, desde la Constitución, cómo se justificó considerar suficiente una autorización general para prescindir de la aprobación individual del contrato de la Terminal de Contenedores de Moín.

No estamos preguntando únicamente si en 1998 se interpretó equivocadamente una ley.

Estamos preguntando si aquella interpretación terminó atribuyendo a la Asamblea Legislativa una aprobación contractual que nunca realizó individualmente.

Estamos preguntando si el ejercicio de una potestad normativa general fue considerado equivalente al ejercicio de una competencia constitucional diferente.

Estamos preguntando si esa equiparación permitió que, desde 2012, se ejecutara una concesión portuaria de extraordinaria trascendencia sin aprobación parlamentaria particular.

Y estamos preguntando si las consecuencias de esa interpretación continúan afectando la organización de los servicios públicos, el patrimonio nacional y las posibilidades de desarrollo de Limón.

Tal vez no podamos demostrar que alguien quiso trinquetear al pueblo costarricense.

Pero sí podemos demostrar que la Asamblea Legislativa aprobó una ley en 1998 y que el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, celebrado catorce años después, no fue sometido a su aprobación individual.

Y podemos exigir que se justifique constitucionalmente por qué aquella primera decisión fue considerada suficiente para prescindir de la segunda.

Porque una interpretación judicial puede sostener que una autorización general satisface determinada exigencia constitucional.

Lo que no puede hacer es convertir en un acontecimiento histórico una aprobación parlamentaria individual que nunca ocurrió.

Y si la Constitución exigía esa aprobación particular, ninguna ficción interpretativa podía sustituirla legítimamente.

Esa es la controversia que hemos planteado.

Esa es la responsabilidad institucional que reclamamos esclarecer.

Y esa es la pregunta que, veintiocho años después, sigue esperando una respuesta capaz de convencer no solamente por la autoridad de quienes la pronuncian, sino por la fuerza constitucional de sus fundamentos.

Porque el derecho de la Constitución no puede descansar sobre la ficción de que el pueblo, por medio de sus representantes, aprobó un contrato que jamás tuvo oportunidad de examinar.

Y cuando esa ficción se proyecta durante años sobre bienes públicos estratégicos, instituciones nacionales y el destino económico de una provincia entera, el problema deja de pertenecer exclusivamente a los tribunales.

Se convierte en una cuestión de responsabilidad histórica ante toda Costa Rica.

Las verdades y mentiras en la memoria de 1948: Aclaraciones a la historia oficial, contra la exclusión histórica

Por: Lenin Chacón Vargas

El libro La Junta Fundadora de la Segunda República: Actas 1948-1949, compilado y presentado por mi amigo, el historiador Vladimir de la Cruz de Lemus, no solo reúne las actas del «gobierno de facto que gobernó como dictadura» —en palabras del propio Vladimir—, sino que nos ofrece proclamas, artículos y ensayos de diferentes autores sobre los acontecimientos alrededor de la guerra civil y otros aspectos de la vida y obra de José Figueres Ferrer exaltando la versión de los vencedores. La obra tiene la virtud de inducirnos a investigar aún más ese período tan controvertido; sin embargo, no aporta nada nuevo a la narrativa que ya conocemos: la historia oficial. Con esto, la historia de los vencidos se posterga una vez más y se blinda la historia oficial.

En estas páginas se exacerba y se exalta como una obra revolucionaria de Figueres lo que fue el proyecto de la Segunda República. Obra que debe someterse a estudio crítico. Se olvida que esta surgió, primero, de un fraude electoral perpetrado por la oposición de Figueres y Ulate en las elecciones de febrero de 1948; y segundo, de un levantamiento armado sedicioso, nutrido por militares mercenarios de Centroamérica y el Caribe, con armas modernas traídas desde Guatemala. Fue una guerra que José Figueres preparó minuciosamente desde su exilio en México. Para abonar el terreno, y según sus propias narraciones en el libro “El Espíritu del 48”, Figueres desarrolló campañas de rumores contra el gobierno constitucional de Teodoro Picado para infundir miedo en la población. Además, organizó a sus «muchachos» —como los llama en su libro— para ejecutar actos terroristas, como las bombas en el diario La Tribuna y en el auto de Manuel Mora Valverde; acciones de las que, paradójicamente, se vanagloria la historia oficial.

Una verdadera reconciliación nacional exige la historia completa. Hace falta reivindicar a los muertos de las fosas comunes, a los torturados y a los asesinados, a los desaparecidos, hacer justicia a los mártires del Codo del Diablo, la represión política durante los dieciocho meses del gobierno cívico-militar, y de la represión política de la posguerra de 1948 a 1958. (Notas 1 y 2 al pie de página).

Es imperativo reivindicar a todas y todos los comunistas encarcelados y sometidos a los Tribunales de Probidad; procesos de persecución inmediata que buscaban delitos que jamás encontraron. Su único «delito» fue pertenecer al Partido Vanguardia Popular (comunistas costarricenses). Eso, y acaso las gallinas que Carlos Luis Fallas permitió sacar de un patio ajeno para alimentar a su tropa de tres mil milicianos en los alrededores de Cartago. El mismo «Calufa» que intervino directamente para impedir que unos soldados del gobierno fusilaran a varios combatientes del Ejército de Liberación Nacional, entre los que estaba Ortuño Sobrado, un gesto que este último siempre le agradeció.

Estas son apenas palabras introductorias, porque la historia de la gestación y las consecuencias de la guerra civil es larga y cruel. No podemos continuar exaltando la historia oficial en procura de exonerar de responsabilidades a quienes fueron y siguen siendo los legítimos responsables: el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno cívico-militar presidido por José Figueres, quien «gobernó como dictador». Hace falta la historia completa por la memoria y por la justicia.

Mientras tanto, el debate en torno a los acontecimientos de la guerra civil de 1948 en Costa Rica sigue secuestrado por una narrativa oficial que prefiere la comodidad del mito antes que el rigor de los documentos. Recientemente, mi amigo, el historiador Vladimir de la Cruz, ha sostenido afirmaciones basadas únicamente en lo que el presbítero Benjamín Núñez le relató de palabra: que él, José Figueres y Francisco Orlich supuestamente votaron en contra o no estuvieron de acuerdo con ilegalizar a los comunistas. Interpreto estas tesis como especulaciones carentes de un solo documento que las respalde. Todo lo contrario: el documento que existe como acta, donde se aprueba el Decreto 105 para ilegalizar al Partido Vanguardia Popular y a los sindicatos, y para perseguir a sindicalistas y comunistas, se encuentra en el Archivo Nacional con las firmas de José Figueres y sus ministros. Ahí no se consigna quién votó a favor o en contra; la realidad es que todos aprobaron el decreto.

La realidad histórica demuestra que el padre Núñez incurrió de forma sistemática en contradicciones, diciendo y desdiciéndose sobre los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado. Las pruebas de esta ambigüedad son múltiples. En el libro del historiador Óscar Aguilar Bulgarelli, Núñez declaró abiertamente que sí hubo negociaciones y acuerdos con Manuel Mora Valverde para concertar el Pacto de Ochomogo. Es más, en un conocido documental de 1983, el propio José Figueres Ferrer y Benjamín Núñez recrearon frente a las cámaras los detalles de aquel encuentro, validando la legitimidad y los términos del pacto.

Sin embargo, la memoria oficialista comenzó a cambiar por conveniencia poco después. En 1986, en las páginas del diario Primera Plana, el coautor que auxilió a Núñez en la redacción de El Espíritu del 48 salió en su defensa alegando que la carta de compromiso firmada por el sacerdote —y esgrimida por Manuel Mora— era un documento «apócrifo». La réplica de Manuel no se hizo esperar: mediante una carta pública en el semanario Libertad en diciembre de 1986, detalló con rigor y precisión la verdad histórica del acuerdo de Ochomogo y la autenticidad de la firma que Núñez le entregó en la Embajada de México el 19 de abril de 1948. Cabe destacar que dicha carta original fue recuperada recientemente de los archivos resguardados en la Biblioteca Vicente Lombardo Toledano en México y publicada por el investigador Germán Chacón, sepultando cualquier duda sobre su existencia.

Ante la contundente réplica de Manuel Mora, Núñez y su entorno guardaron un silencio sepulcral durante un mes. Acto seguido, en 1987, publicaron el libro El Espíritu del 48. En dicha obra, Núñez y Figueres ejecutaron un malabarismo histórico inadmisible: afirmaron categóricamente que no existió ningún documento o carta suscrita por el presbítero para detener la guerra, desconociendo deliberadamente el Pacto de Ochomogo. Una flagrante contradicción, puesto que las firmas constan de forma irrefutable en los documentos que detuvieron el avance del conflicto.

No conformes con alterar los hechos, pretendieron manchar la dignidad y la honestidad política de Manuel Mora. Lo tildaron de mentiroso, acusándolo de urdir una «triquiñuela política» para engañar a la dirección de su propio partido. La mala fe de esta operación histórica quedó en evidencia cuando, tras salir de la imprenta, Núñez y su coautor obsequiaron un ejemplar a Arnoldo Ferreto. El objetivo era evidente: sembrar cizaña en un momento en que la izquierda costarricense sufría profundas divisiones internas. Ferreto, quien acababa de terminar su libro Gestación de la guerra civil de 1948 y sus consecuencias, se vio arrastrado por este testimonio falseado y añadió un epílogo cargado de diatribas hacia la figura de Manuel.

Aunque Mora Valverde realizó múltiples denuncias públicas y emplazó directamente a Figueres entre las décadas de 1950 y 1960, el caudillo liberacionista optó siempre por callar. Lo mismo ocurrió en agosto de 1969, cuando se discutía en el Parlamento si permitían o no la legalidad del Partido Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales, y si aplicaban o no el artículo 98 de la Constitución Política. En una carta pública dirigida a José Figueres —entonces candidato presidencial del PLN— para que cumpliera «el pacto de Ochomogo», el líder optó por el silencio. Al Bloque le aplicaron la guillotina política: el artículo 98. Creer ciegamente en la memoria selectiva de Núñez es un favor inmerecido que la documentación histórica desmiente con absoluta rotundidad.

Esta política de exclusión e inmunidad para la versión de los vencedores se extiende hasta nuestras instituciones editoriales estatales. Es imperativo denunciar la mutilación histórica operada por la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED). En las ediciones de los años 2006 y 2011 de la célebre Cartilla Histórica de Ricardo Fernández Guardia, se eliminaron deliberadamente doce páginas del texto original. En esos folios, el insigne historiador detallaba pasajes clave sobre la finalización de la guerra y la instauración de la Junta de Gobierno; verdades incómodas que no resultaban del agrado de Alberto Cañas ni, por supuesto, de Benjamín Núñez.

Resulta una paradoja vergonzosa que, a pesar de las constantes denuncias de este atropello cultural, ningún director ni presidente de la editorial se haya atrevido a hacer justicia a la memoria de don Ricardo Fernández Guardia. El libro se sigue comercializando mutilado con total impunidad. ¿Acaso la censura y la exclusión de la historia real sobre el 48 no importan? Claro que importan, y pesan de forma alarmante cuando estas visiones pretenden ser legitimadas sin que ningún director de la EUNED ni los historiadores contemporáneos muevan un dedo para enmendar semejante distorsión.

El mismo sesgo se evidencia cuando Vladimir afirma —nuevamente sin un soporte documental— que los líderes José Figueres, Francisco Orlich y Benjamín Núñez, no votaron a favor de la ilegalización de los comunistas. Los documentos y la realidad de su actuar como miembros del gobierno cívico militar, dicen otra cosa. La verdad tangible es que durante 27 años se mutilaron las libertades republicanas, se restringió la libertad y el derecho al sufragio, y los comunistas fuimos perseguidos políticamente. Esa dirigencia jamás movió un dedo para impedir que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aplicara el infame artículo 98 constitucional entre 1953 y 1969.

Es más, durante la segunda presidencia de José Figueres Ferrer (1970-1974), la inacción fue total. Lejos de buscar la reconciliación democrática, Figueres procedió a archivar el dictamen de mayoría de diciembre de 1970 que buscaba reformar el artículo 98; un proyecto de ley que había sido propuesto y redactado por Manuel Mora para devolver la legalidad electoral a las fuerzas de izquierda. Estos hechos no pertenecen al terreno de la especulación oral; están completamente respaldados por las actas y documentos del país.

Seguiré escribiendo y rescatando las fuentes primarias y testimonios de los vencidos para hacer estricta justicia histórica a los comunistas costarricenses y a su papel destacado para poner fin a la guerra civil. Debo recordar, sobre todo, el valor y la hidalguía de Manuel Mora Valverde al subir en horas de la noche del 17 de abril de 1948 al Alto de Ochomogo, acompañado con Carlos Luis Fallas a encontrarse con Figueres en busca de un acuerdo para ponerle fin a la conflagración; lográndose así el Pacto de Ochomogo que dio origen a las cartas firmadas por Benjamín Núñez y al pliego de garantías del Ejército de Liberación Nacional al Partido Vanguardia Popular. Esos documentos y firmas pusieron fin a la guerra y evitaron miles de muertos. La historia patria no se puede seguir construyendo sobre señores a los que hoy se les reivindica como si se tratara de un acto para exonerarlos de la responsabilidad por las consecuencias de aquellos actos antidemocráticos ejecutados por decretos.

Una acomodada y excluyente narración de historia influida por el subjetivismo que hace a un lado relatar hechos tal como ocurrieron realmente, da pie para convertir la simple palabra de los vencedores en dogma o sus leyendas escritas en verdad, o la falsificación misma de una verdad creada para justificar una guerra innecesaria, carece enteramente de validez científica y moral. La verdad histórica de Costa Rica, sobre todo las verdades que hirieron profundamente a los costarricenses víctimas y protagonistas de la guerra se defienden con documentos, o acontecimientos debidamente verificados. Exonerar a los responsables de la guerra y de sus consecuencias inhumanas y antidemocráticas debe ser sometido a crítica.

Conclusión:

Existe abundante investigación, libros, tesis de historiadores contemporáneos sobre gestación de la guerra civil de 1948 y sus consecuencias en la vida civil, democrática institucional, las libertades republicanas y la vida política nacional para que se hagan nuevos esfuerzos a fin de que: el fraude electoral de 1948, el levantamiento armado sedicioso, la traída de mercenarios militares extranjeros para ejecutar el golpe de Estado al presidente constitucional don Teodoro Picado y, posteriormente, a don Otilio Ulate, así como la disolución del Congreso, del Poder Judicial y de los consejos municipales, de un Gobierno de facto que gobernó como dictadura son hechos que deben someterse a una revisión crítica impostergable para otorgarles, finalmente, el lugar que verdaderamente les corresponde en la historia nacional.

Lenin Chacón Vargas
Desde Porrosatí, la montaña huetar en Heredia, donde fue maestra Carmen Lyra y le dimos el último adiós a Manuel Mora Valverde.

1 de noviembre de 2026.

Notas:
1. Violencia política contra los Comunistas tras la guerra civil en Costa Rica (1948 – 1949) Silvia Elena Molina Vargas, máster en Historia. 2018.
2. En el fondo el olvido es un gran simulacro: violencia política en la posguerra costarricense (1948 – 1958). Alexia Ugalde Quesada, máster en Historia. 2017.

Investigar no es atropellar

Ana Virginia Calzada M.

La comparecencia de la magistrada Patricia Solano ante la Asamblea Legislativa obliga a reflexionar sobre los límites del poder y la responsabilidad de quienes lo ejercen. No se cuestiona la facultad de investigación parlamentaria, sino la forma en que se ejerce y el respeto que merece toda persona convocada ante una comisión legislativa.

El artículo 121 inciso 23 de la Constitución Política reconoce a la Asamblea Legislativa amplias potestades de investigación. Pero ninguna atribución constitucional constituye una licencia para el abuso. La autoridad debe ejercerse con razonabilidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana.

En el caso de Patricia Solano, se investiga un crédito otorgado por una asociación solidarista. Resulta indispensable distinguir entre las responsabilidades de quien solicita y recibe un préstamo y las de quienes administran la entidad que lo concede. La persona deudora responde por la información que suministra y las obligaciones que contrae. La aprobación del crédito, las políticas financieras, los análisis de riesgo y la aplicación de los reglamentos corresponden, en principio, a los órganos competentes de la entidad.

No resulta razonable exigir a una deudora explicaciones sobre decisiones administrativas en las que no se ha demostrado que haya participado, ni pretender que responda por la interpretación jurídica que los administradores hayan dado a las disposiciones aplicables.

Especial preocupación generan los cuestionamientos relacionados con la edad de la magistrada y la posibilidad de que fallezca antes de cancelar su obligación crediticia.

¿Desde cuándo cumplir años permite presumir que una persona no honrará sus compromisos? ¿Con qué fundamento se cuestiona el cumplimiento de una obligación a partir de un acontecimiento futuro e incierto?

Un crédito pactado a treinta años no significa necesariamente que permanecerá vigente durante todo ese plazo. Puede cancelarse anticipadamente, si las condiciones contractuales lo permiten. Nadie puede afirmar hoy que Patricia Solano no tendrá los recursos para hacerlo.

Más preocupante que especular sobre un incumplimiento hipotético debería ser examinar, con criterios objetivos y libres de sesgos, aquellos casos en que efectivamente se han incumplido obligaciones financieras y, pese a ello, las personas involucradas han sido designadas para ejercer responsabilidades públicas.

La fiscalización debe ser coherente. No puede convertirse en un ejercicio selectivo en el que unas situaciones despiertan un escrutinio extraordinario mientras otras, en circunstancias comparables, reciben un tratamiento diferente sin una justificación objetiva.

También merece aclararse la función de las pólizas de seguro vinculadas con operaciones crediticias. No existen para enriquecer al Estado, sino para cubrir los riesgos previstos en un contrato y proteger los intereses asegurados. Cuando ocurre una contingencia cubierta, la póliza cumple precisamente la finalidad para la cual fue contratada.

Se trata de una operación propia del sistema asegurador. No es correcto afirmar, sin demostrarlo, que la eventual aplicación de una póliza significa que los ciudadanos terminarán pagando la vivienda de la persona asegurada. Una afirmación de esa naturaleza exige explicar quién es el asegurador, quién paga las primas, cuál es la cobertura y quién asume efectivamente el riesgo. No se vale aprovechar el desconocimiento sobre el funcionamiento de los seguros para generar conclusiones alarmantes.

Además, la muerte o cualquier otro acontecimiento asegurado puede presentarse a cualquier edad. Precisamente por eso existen mecanismos técnicos de evaluación del riesgo, entre ellos las tablas actuariales. La protección del crédito debe analizarse con criterios técnicos, no mediante especulaciones sobre cuánto tiempo vivirá una persona.

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor protege la dignidad y la igualdad de oportunidades. La edad no puede utilizarse como instrumento de descrédito personal. Mucho menos cuando se trata de una persona que comparece ante una autoridad pública y merece un trato respetuoso, independientemente de su cargo.

Existe, además, una circunstancia que exige especial prudencia institucional. Esta investigación se desarrolla cuando la Asamblea Legislativa debe decidir sobre la reelección de la magistrada. Esa coincidencia no demuestra por sí sola una finalidad ilegítima, pero obliga a extremar el cuidado para que el control parlamentario no se convierta en un mecanismo de presión sobre la independencia judicial.

Como tantas veces hemos señalado, la independencia judicial no es un privilegio de los magistrados. Es una garantía de los ciudadanos frente a cualquier intento de condicionar a quienes administran justicia. Tampoco puede aceptarse que las potestades de investigación se utilicen para intimidar a los funcionarios públicos. La firmeza y el conocimiento jurídico de Patricia Solano no disminuyen la obligación de las autoridades de respetar sus derechos.

Una democracia necesita investigaciones serias, preguntas rigurosas y funcionarios dispuestos a rendir cuentas. Pero también necesita representantes conscientes de que la autoridad no se demuestra mediante insinuaciones, especulaciones o cuestionamientos personales.

La potestad de investigar no coloca a los diputados por encima de la Constitución. Quien exige rendición de cuentas también debe responder por la forma en que ejerce el poder.

Investigar es una potestad constitucional. Atropellar no lo es.

«Que el comercio esté al servicio de la vida de nuestro pueblo»

Conferencia Episcopal de Costa Rica

Ante la decisión del Gobierno de la República de no suscribir la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

San José, 29 de octubre de 2026

  1. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como pastores que acompañamos la vida cotidiana de las personas y de nuestras comunidades, hemos seguido con atención y oración el debate nacional sobre la eventual adhesión del país al Acuerdo Transpacífico. El 28 de octubre, la señora Presidente de la República, Laura Fernández Delgado, anunció la decisión de no firmar el protocolo de adhesión y de archivar el proceso, cuyas negociaciones habían concluido sustancialmente en mayo de este año.

Acogemos la decisión con serenidad.

2. Recibimos con respeto y esperanza esta decisión, porque responde al clamor de miles de familias productoras que, durante meses, pidieron ser escuchadas y conocer con claridad las condiciones de un acuerdo que podía afectar su sustento y poner en riesgo los medios para asegurar la vida. En nuestra Carta Pastoral Colectiva de abril de este año señalamos que el campo es «un sector cada vez más olvidado por el Estado y su institucionalidad» y pedimos fortalecer el diálogo con los agricultores (Conferencia Episcopal de Costa Rica [CECOR], 2026, nn. 45–47). La transparencia y la participación de los sectores afectados no son un trámite: son una exigencia de la dignidad de las personas y del bien común, como principios éticos para vivir en sociedad.

3. Queremos decirlo con claridad: esta palabra no es un rechazo al comercio internacional ni a quienes, con argumentos legítimos, veían en el acuerdo oportunidades para el país. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce al mercado como «instrumento insustituible de regulación dentro del sistema económico», pero recuerda la necesidad de «sujetarlo a finalidades morales» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 349), porque «el libre intercambio sólo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social» (n. 366).

La voz del Magisterio latinoamericano.

4. Los obispos de América Latina y el Caribe advirtieron en Aparecida que los tratados de libre comercio «entre países con economías asimétricas» no siempre benefician a los países más pobres, y que los campesinos deben estar atentos a los males que tales tratados puedan ocasionarles (Consejo Episcopal Latinoamericano [CELAM], 2007, nn. 67, 72). Allí mismo se pidió a la Iglesia de cada país «examinar atentamente» estas negociaciones y alertar a los responsables políticos y a la opinión pública sobre sus consecuencias para «los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población» (n. 406d). En fidelidad a ese mandato pastoral, y no por interés partidario alguno, hoy alzamos nuestra voz.

Cercanía con los sectores afectados.

5. Enviamos un saludo fraterno y solidario a los agricultores, ganaderos, productores de leche, arroceros, caficultores, palmicultores, horticultores y pescadores, y a sus familias. Las organizaciones del agro han expresado su preocupación por miles de fincas y productores expuestos a una competencia desigual. Ustedes son parte viva del cuerpo de la Iglesia (1 Cor 12,12-31) y sostienen, con su trabajo silencioso, la mesa de todos los costarricenses.

Una decisión que debe abrir caminos.

6. Archivar un proceso no resuelve, por sí solo, las dificultades del campo. Por ello, con espíritu de colaboración, respetuosamente pedimos:

  1. Que la agenda de acompañamiento al sector agropecuario anunciada por el Gobierno se concrete con recursos, plazos y metas verificables, y que se construya en mesas de diálogo con las organizaciones de productores, como también lo han solicitado diputaciones de distintas fracciones.
  2. Que estas políticas no se limiten a ayudas pasajeras. El Compendio de Doctrina Social enseña que la intervención del Estado no debe ser «ni ilimitada, ni insuficiente», y que «la solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en asistencialismo» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005, n. 351); y pide políticas agrícolas «capaces de superar una cierta concepción residual y asistencial» (n. 299). Crédito accesible, asistencia técnica, infraestructura rural, combate al contrabando y fortalecimiento de cooperativas y otras formas asociativas son caminos para que el productor compita con dignidad.
  3. Que se proteja la seguridad y la soberanía alimentaria del país, pues la disponibilidad de alimentos «no puede quedar limitada al mercado internacional» (CECOR, 2026, n. 46). Como recordaba el papa Francisco, «las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores» (Francisco, 2015, n. 129).
  4. Que toda futura negociación comercial se realice con información pública oportuna, estudios de impacto y participación real de quienes podrían resultar más afectados, sin descuidar a las personas trabajadoras de los sectores exportadores ni las buenas relaciones con las naciones hermanas del bloque.

Un llamado a la unidad.

7. Invitamos a todos los actores —Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, sector productivo, cámaras empresariales, academia y sociedad civil— a vivir este momento sin polarización ni descalificaciones personales. Costa Rica tiene una larga tradición de diálogo que hoy necesitamos honrar para construir juntos un modelo de desarrollo en el que nadie quede atrás.

8. Encomendamos a las familias del campo a la intercesión de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, y de san Isidro Labrador, para que el Señor bendiga el trabajo de sus manos y nos conceda a todos la sabiduría de buscar siempre el bien común.

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Referencias

Conferencia Episcopal de Costa Rica. (2026). ¡La paz esté con ustedes! (Jn 20,19): Carta pastoral colectiva de los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. https://ecocatolico.org/images/documentos/Libro%20Carta%20Pastoral%20CECOR%202026-%20Digital.pdf

Consejo Episcopal Latinoamericano. (2007). V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe: Documento conclusivo de Aparecida. CELAM. https://es.catholic.net/archivos/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf

EFE. (2026, 28 de octubre). Presidenta de Costa Rica descarta Acuerdo Transpacífico y despide a ministra de Comercio. Swissinfo. https://www.swissinfo.ch/spa/presidenta-de-costa-rica-descarta-acuerdo-transpac%C3%ADfico-y-despide-a-ministra-de-comercio/92291873

Francisco. (2015). Laudato si’: Carta encíclica sobre el cuidado de la casa común. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Infobae. (2026, 28 de octubre). Costa Rica archivó el Tratado Transpacífico y prepara apoyo directo para productores agropecuarios. https://www.infobae.com/costa-rica/2026/10/28/costa-rica-archivo-el-tratado-transpacifico-y-prepara-apoyo-directo-para-productores-agropecuarios/

La República. (2026). «En el Acuerdo Transpacífico no vemos oportunidades para el sector sino amenazas»: Cámara de Agricultura. https://www.larepublica.net/en-el-acuerdo-transpacifico-no-vemos-oportunidades-para-el-sector-sino-amenazas-camara-de-agricultura/

Ministerio de Comercio Exterior. (2026). Acuerdo Transpacífico (CPTPP). https://www.comex.go.cr/tratados/acuerdo-transpac%C3%ADfico/

Pastoral Social Cáritas Costa Rica. (2025). Mensaje de Pastoral Social Cáritas en apoyo a los agricultores. Conferencia Episcopal de Costa Rica. https://www.iglesiacr.org/mensaje-de-pastoral-social-caritas-en-apoyo-a-los-agricultores/

Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2005). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Libreria Editrice Vaticana. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html

Teletica. (2026, 29 de octubre). Diputados piden mesas de trabajo con el agro tras archivo de Acuerdo Transpacífico. https://www.teletica.com/politica/diputados-piden-mesas-de-trabajo-con-el-agro-tras-archivo-de-acuerdo-transpacifico_420164

+Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal

+Daniel Blanco Méndez
Obispo auxiliar de San José
Secretario General de la Conferencia Episcopal

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Panoramas SURCOS | 2 de noviembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Sector agropecuario marcha en defensa de la producción nacional y la soberanía alimentaria.
https://wp.me/p6rfbZ-AuQ

FETRAL convoca a vigilia y marcha en defensa de la educación superior y del TEC en Limón.
https://wp.me/p6rfbZ-AuL

Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica rechaza recortes a la educación y reconoce el liderazgo de las jóvenes universitarias.
https://wp.me/p6rfbZ-AuI

Sala Constitucional ordena al alcalde de San Rafael de Heredia responder a solicitud de información de CONCEVERDE.
https://wp.me/p6rfbZ-AuT

Latinas en Poder se solidariza con MIMPAW y el pueblo miskitu frente a la extracción petrolera.
https://wp.me/p6rfbZ-AuA

«Esa parte no la leí».
Juan Carlos Cruz.
https://wp.me/p6rfbZ-AuO

Semana de los Estudios Sociales en Sede de Occidente UCR combinó reflexión académica, investigación y convivencia universitaria.
Zeanny Morales Bejarano.
https://wp.me/p6rfbZ-AuF

Hace 75 años un tico hizo lo que California apenas intenta hoy.
Welmer Ramos González.
https://wp.me/p6rfbZ-Av6

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Hace 75 años un tico hizo lo que California apenas intenta hoy

Por Welmer Ramos González
Economista

Hay estadistas y hay administradores. Los administradores gestionan lo que existe. Los estadistas transforman lo que es posible. Costa Rica tuvo, en José Figueres Ferrer, el más grande estadista del siglo XX latinoamericano. Y hoy, cuando miramos a nuestros dirigentes con la esperanza de encontrar, aunque sea un destello de esa visión, lo que vemos es, con demasiada frecuencia, el reflejo gris del miedo a pensar distinto.

Don Pepe no era un hombre sin errores. Era, al contrario, profundamente humano. Pero entre sus errores nunca se contaron la avaricia, la codicia ni el egoísmo. Esos espantos, que tanto daño hacen a la política, nunca le afectaron. Tenía un norte fijo, claro y obstinado: el bien común. No el bien de los poderosos, no el bien de los que ya tenían, sino el bienestar de todos los habitantes de este país. Con ese faro encendido, pensaba y repensaba. Dudaba y volvía a pensar. Y cuando actuaba, lo hacía con una valentía que hoy parece de otro mundo.

Democratizó el crédito cuando nadie en América se atrevió. El crédito era caro, clasista y empobrecedor. Los bancos intermediaban con el dinero del pueblo y prestaban barato a los ricos, caro a los pobres. Figueres determinó que eso era inaceptable y nacionalizó la banca. Por cuarenta años, las pequeñas y medianas empresas pagaron tasas similares a las que pagaban los grandes capitales. La gente dejó de trabajar para quien le prestaba y comenzó a trabajar para sí misma. Ni el más ardiente socialista de América Latina se atrevió a tanto, y sin embargo fue una medida que impulsó el desarrollo con crédito barato para producir y construir vivienda, no para el consumo. Cuando en los años ochenta el sistema financiero se abrió al libre mercado, la usura volvió de inmediato: la crisis de las financieras y la ruina de miles fueron el primer fruto amargo de soltar lobos entre las ovejas.

Financió el Estado cuando el Estado lo necesitaba. Tras la guerra civil de 1948, las arcas estaban vacías. Don Pepe impuso un impuesto del diez por ciento sobre los grandes capitales. Hoy, casi ochenta años después, el mundo apenas comienza a discutir algo parecido: California votará mañana para intentar imponer el cinco por ciento a las grandes fortunas. La mitad de lo que don Pepe impuso, con décadas de retraso. Mientras tanto, en Costa Rica vemos crecer el PIB y bajar la recaudación, vemos decenas de empresas que facturan más de cien millones de dólares al año y declaran pérdidas ante el fisco de manera consecutiva, vemos los Panamá Papers repletos de nombres conocidos. ¡Qué falta hace don Alberto Martén en Hacienda y don Pepe de presidente!

Electrificó el país con justicia. El 8 de abril de 1949, el Decreto-Ley N.º 449 le dio vida al ICE. Pero no a un ICE para las ciudades rentables. A un ICE solidario: las ganancias de las zonas urbanas financiarían la electrificación rural donde no había negocio. Para todos, al costo, en todo el país. Hoy ese modelo —que Puerto Rico envidia mientras espera meses a que una empresa privada le restaure la luz tras un huracán— está en la mira de quienes quisieran convertirlo en negocio. Don Pepe ya sabía que hay sectores donde los lobos no pueden entrar.

Abolió el ejército siendo el general victorioso. Ganó la guerra y disolvió su propio ejército. Convirtió los cuarteles en museos y la plata del ejército la destinó a escuelas. Le dio rango de cuarto poder del Estado al Tribunal Supremo de Elecciones para blindar la democracia. Aprobó el voto femenino y la ciudadanía plena para la población afrocostarricense. Hizo de Costa Rica un refugio para los perseguidos políticos de América.

Y lo hizo escuchando. No tenía miedo de rodearse de personas que pensaban diferente. Tomó las reformas buenas de sus propios enemigos y las elevó a rango constitucional, sí, las de Manuel Mora y Rafael Ángel Calderón Guardia. No llegó al poder para instaurar el odio, sino para poner a todos a trabajar juntos.

Eso es liderazgo. No la amalgama ideológica que hoy se disfraza de prudencia. No el silencio calculado frente a las ideas incómodas. No el miedo a parecer diferente, a que le critiquen, a que el debate los incomode.

Don Pepe no conoció ese miedo. Y por eso algunos costarricenses le agradecemos tanto.

Don Pepe no gobernó para la historia. Gobernó para la gente; y esa distinción, hoy casi extinta, es exactamente lo que más nos hace falta.