Cada 9 de mayo se conmemora uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX: la victoria sobre la Alemania nazi y el fin de la guerra más devastadora de la historia humana en el continente europeo. Han pasado ya 81 años desde aquel momento en que la bandera soviética fue izada sobre Berlín y el Tercer Reich capituló finalmente ante el avance del Ejército Rojo. Recordar esta fecha no es un simple ejercicio ceremonial; es un acto de memoria histórica indispensable para comprender el mundo contemporáneo y los sacrificios inmensos que hicieron posibles la derrota del fascismo y la supervivencia misma de Europa.
La Unión Soviética, con Rusia como núcleo central de aquel esfuerzo histórico, cargó sobre sus hombros el peso principal de la guerra contra el nazismo. El costo fue brutal: alrededor de 27 millones de soviéticos murieron durante el conflicto, entre soldados y civiles. Ningún otro pueblo pagó un precio tan alto en la lucha contra la maquinaria de exterminio nazi. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros, millones de familias fueron destruidas y generaciones completas quedaron marcadas por el horror de una guerra existencial.
Fue precisamente ese sacrificio colosal el que permitió detener y derrotar una ideología basada en la supremacía racial, el exterminio de pueblos enteros y la destrucción sistemática de toda identidad considerada “inferior” o incompatible con el proyecto totalitario nazi. La victoria soviética en batallas decisivas como Stalingrado o Kursk cambió el curso de la guerra y abrió el camino para la liberación de Europa del fascismo alemán. Sin ese esfuerzo militar, humano y civilizatorio, el destino del continente habría sido radicalmente distinto.
Por eso resulta profundamente peligroso intentar relativizar o minimizar el papel histórico de Rusia y de la Unión Soviética en la derrota del nazismo. La memoria histórica no puede quedar subordinada a disputas políticas coyunturales ni a narrativas ideológicas contemporáneas. Los hechos históricos son claros: fue el Ejército Rojo quien llegó a Berlín, fue el pueblo soviético quien resistió el peso principal de la invasión nazi y fue ese sacrificio el que contribuyó decisivamente al final de uno de los conflictos más sangrientos de la humanidad.
Hoy esta conmemoración adquiere además un significado especial. Vivimos tiempos donde resurgen discursos de odio, donde múltiples actores buscan borrar la memoria histórica de los pueblos, desarraigarlos de sus tradiciones, relativizar sus identidades nacionales y fragmentar toda noción de continuidad cultural. En medio de esas turbulencias, recordar el heroísmo del pueblo ruso y soviético durante la Segunda Guerra Mundial es también recordar que las civilizaciones sobreviven cuando sus pueblos están dispuestos a defender aquello que consideran sagrado: su tierra, su historia, sus símbolos, sus familias y su derecho a existir.
Es importante aclarar además algo fundamental: conmemorar el Día de la Victoria no implica necesariamente hacer una apología ideológica de la Unión Soviética o del comunismo, como algunos intentan caricaturizar para deslegitimar esta fecha histórica. El hecho concreto es que, en aquel momento, fue la URSS, bajo su sistema político y su organización estatal específica, quien encabezó la liberación de Europa del fascismo nazi. Negar eso sería simplemente negar la realidad histórica.
Pero la raíz profunda de aquella resistencia no fue exclusivamente ideológica. La lucha del pueblo ruso contra la invasión nazi trascendió el comunismo como doctrina política. Fue, ante todo, una lucha patriótica, civilizatoria y geopolítica. Del mismo modo que Rusia enfrentó en el pasado la invasión napoleónica, cualquier pueblo con conciencia histórica y sentido de pertenencia habría luchado ferozmente contra un proyecto que buscaba destruirlo física y culturalmente.
Ahí convergen todas las fuerzas que movilizan a las naciones en sus momentos decisivos: el amor por la patria, la defensa de la tradición, la memoria de los antepasados y la voluntad de preservar el futuro de su pueblo. El soldado soviético que defendía Stalingrado no combatía únicamente por una doctrina abstracta; combatía también por su hogar, por su familia, por su cultura y por la supervivencia misma de su nación frente a una amenaza existencial.
A 81 años del Día de la Victoria, la lección continúa vigente. La memoria histórica no debe utilizarse selectivamente ni convertirse en rehén de intereses ideológicos contemporáneos. Recordar el sacrificio del pueblo ruso y soviético es reconocer una verdad histórica fundamental: que hubo generaciones enteras que entregaron su vida para detener una maquinaria de odio y muerte que amenazaba con sumir al mundo en la barbarie absoluta.
Olvidar eso sería perder no solo perspectiva histórica, sino también la capacidad de reconocer los peligros que vuelven a emerger cuando las sociedades abandonan su memoria, sus raíces y su sentido profundo de identidad colectiva.
En tiempos de cansancio institucional, inseguridad ciudadana y frustración democrática, las propuestas de transformación profunda encuentran terreno fértil. Costa Rica no escapa a esa realidad. El deterioro de servicios públicos, la lentitud administrativa, la crisis de confianza en la política y la percepción de agotamiento del aparato estatal han abierto paso a discursos que prometen eficiencia, orden, autoridad y refundación.
En ese contexto comienza a instalarse con fuerza una idea particularmente poderosa: la necesidad de una “Tercera República”.
La expresión posee enorme potencia simbólica. Sugiere ruptura histórica, renovación nacional y superación de un modelo aparentemente agotado. Sin embargo, precisamente por la magnitud de lo que implica, conviene detenerse antes de asumirla como una verdad evidente o un destino inevitable.
Porque una república no es únicamente un aparato administrativo susceptible de rediseñarse según criterios de eficiencia. También es un pacto histórico, social y constitucional construido alrededor de ciertos principios fundamentales.
La Segunda República costarricense no surgió solamente de una reorganización institucional posterior a 1948. Surgió también de una concepción específica de ciudadanía, de Estado y de democracia. De ella nacieron —con todas sus contradicciones y limitaciones— las garantías sociales, la expansión educativa, la consolidación de la seguridad social, el fortalecimiento institucional y una determinada idea de movilidad social y bienestar colectivo.
Eso no significa afirmar que dicho modelo permanezca intacto ni que esté exento de crisis profundas. Sería absurdo negarlo. Costa Rica enfrenta problemas reales de burocratización, desigualdad, mora institucional, inseguridad, deterioro educativo y desconfianza ciudadana. Muchas instituciones requieren revisión, modernización y reforma. La discusión no puede reducirse a una defensa nostálgica del pasado.
Pero justamente por eso resulta necesario formular algunas preguntas incómodas.
¿Existe realmente un consenso nacional sobre la necesidad de inaugurar una “Tercera República”? ¿Conocemos con claridad cuáles serían sus principios fundacionales? ¿Qué elementos del pacto social construido durante décadas se consideran agotados y cuáles deberían preservarse? ¿Qué papel ocuparían los derechos sociales, la seguridad social, la educación pública y los límites al poder dentro de ese nuevo proyecto republicano?
Porque toda refundación implica siempre una selección política e ideológica. Toda transformación profunda redefine ganadores, perdedores, prioridades y formas de ciudadanía.
Y aquí surge un aspecto particularmente delicado. Buena parte de los discursos contemporáneos de reforma estatal se presentan bajo conceptos aparentemente neutros: eficiencia, modernización, gobernanza, productividad, resultados o competitividad. Sin embargo, detrás de esos términos también pueden esconderse procesos de concentración de poder, debilitamiento de controles institucionales, reducción progresiva de capacidades públicas y sustitución de la ciudadanía social por una lógica puramente administrativa o mercantil.
La pregunta de fondo no es si Costa Rica necesita cambios. Probablemente sí los necesita. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tipo de país se está construyendo a través de esos cambios?
En una época marcada por el avance global de liderazgos fuertes, el desgaste de las democracias liberales, la expansión de discursos anti institucionales y el crecimiento de nuevas derechas políticas y culturales, conviene actuar con cautela histórica. Las repúblicas no solo se deterioran por inmovilismo; también pueden erosionarse cuando la promesa de eficacia convierte los límites democráticos en obstáculos y la complejidad institucional en enemiga de la voluntad popular.
Quizá la discusión nacional no debería centrarse únicamente en si queremos o no una “Tercera República”. Tal vez la verdadera discusión consista en preguntarnos qué entendemos por democracia, qué queremos conservar de nuestra tradición republicana y cuáles principios no estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la eficiencia o la velocidad política.
Porque reformar una república es relativamente sencillo. Lo difícil es evitar perder, en el proceso, aquello que la hacía digna de ser preservada.
Sin embargo, toda transformación republicana también termina expresándose en el terreno educativo. Toda república forma un determinado tipo de ciudadanía. Ningún modelo de Estado puede sostenerse sin una concepción implícita de ser humano, de libertad y de sociedad. Por eso las discusiones educativas nunca son técnicamente neutrales. Detrás de cada reforma curricular existe siempre una pregunta política más profunda: ¿qué tipo de sujeto necesita el país que se intenta construir?
En los últimos años empieza a consolidarse un discurso que concibe la educación principalmente como herramienta de productividad, capacitación tecnológica y adaptación al mercado laboral. El énfasis en habilidades técnicas, innovación y formación para el trabajo responde, sin duda, a desafíos reales de un mundo atravesado por transformaciones tecnológicas aceleradas. Negar esa necesidad sería irresponsable.
El problema aparece cuando esa visión desplaza progresivamente otras dimensiones fundamentales de la educación democrática. Una sociedad no educa solamente para producir. También educa para comprender críticamente el mundo, deliberar públicamente, convivir con la diferencia, interpretar la realidad histórica y ejercer ciudadanía más allá del consumo o la productividad.
Por eso resulta preocupante el creciente desprecio hacia las humanidades, la teoría educativa, la reflexión pedagógica y la formación crítica, frecuentemente caricaturizadas como “mamotretos teóricos” alejados de la realidad. Reducir la educación a entrenamiento técnico implica empobrecer el horizonte mismo de la democracia.
Las democracias constitucionales no sobreviven únicamente con trabajadores eficientes. Necesitan ciudadanos capaces de pensar, cuestionar, interpretar información, reconocer discursos de poder y participar críticamente en la vida pública.
La pregunta entonces vuelve a aparecer con fuerza: ¿la eventual “Tercera República” busca modernizar el país preservando una ciudadanía democrática integral o está impulsando, consciente o inconscientemente, una transición hacia un modelo de sociedad donde la eficiencia productiva termine desplazando progresivamente la formación humanística y el pensamiento crítico?
Porque toda transformación institucional profunda termina reflejándose también en las aulas. Y quizá sea allí —más que en los discursos políticos— donde realmente se define el tipo de país que una generación heredará a la siguiente.
En la música, la pintura y la danza, siempre hay una búsqueda de un nuevo lenguaje, uno que exprese las formas, estilos y tendencias del momento presente mientras insinúa lo que está por venir.
Todos somos comunicadores. Y como los artistas, necesitamos disciplina en la forma en que nos expresamos. Necesitamos buscar un lenguaje nuevo y universal, uno que refleje nuestro tiempo y nuestra visión del futuro.
En su charla de 1993 “Las condiciones del diálogo”, Silo sostiene que el diálogo genuino va mucho más allá del mero intercambio de palabras o argumentos lógicos. Si bien las condiciones formales, como acordar un tema compartido, asignarle una importancia similar y usar definiciones comunes son necesarias, no son suficientes. El verdadero diálogo depende de elementos “pre-dialogales” más profundos, a menudo invisibles: las intenciones, creencias, valores e intereses que cada participante trae antes de que se hablen palabras. Estos marcos subyacentes dan forma no solo a lo que se dice, sino a lo que se escucha, a menudo explicando por qué las personas pueden entender las palabras de los demás, pero aún así no se conectan realmente.
Silo enfatiza que estas condiciones pre-dialogales están enraizadas en contextos históricos y sociales más amplios, lo que dificulta particularmente el diálogo cuando los participantes operan dentro de diferentes visiones o sensibilidades. Señala que muchas ideas, especialmente las que se adelantan a su tiempo, inicialmente se encuentran con la incomprensión o el rechazo porque chocan con las creencias prevalecientes. En la crisis global actual, los enfoques superficiales o fragmentados impiden un diálogo significativo sobre cuestiones fundamentales, ya que los sistemas y supuestos dominantes siguen siendo en gran medida incuestionables. En última instancia, dice Silo, el diálogo auténtico es un proceso vivo y humano basado en la transformación compartida: solo puede profundizarse cuando los individuos y las sociedades comienzan a ir más allá de las ilusiones heredadas y abrirse a nuevas formas de comprensión.
Hoy vivimos en un mundo fragmentado y desestructurado, donde el diálogo genuino lucha por emerger. Podemos ver esto a nivel internacional: en los conflictos que involucran a Ucrania y Rusia, Irán e Israel, Israel y Palestina, China y los Estados Unidos. En muchos casos, como se ha visto en las recientes negociaciones de cesación del fuego que se derrumbaron antes de que se establecieran las condiciones para un diálogo genuino, no podemos buscar resultados sin crear primero esas condiciones. La guerra, el genocidio o las sanciones no pueden generarlas. A veces, ni siquiera está claro si los objetivos de las conversaciones son compartidos o comprendidos.
Pero esta fragmentación no se limita a la geopolítica. También aparece en nuestra vida diaria y en las relaciones interpersonales. La inmediatez de la comunicación ha debilitado, en muchos sentidos, nuestra capacidad de diálogo. Se ha vuelto tan fácil reaccionar, sin tiempo para la reflexión, el estudio o la comprensión. Las video-llamadas, las redes sociales, los correos electrónicos y los mensajes instantáneos han reemplazado las cartas, las reuniones públicas y los informes cuidadosamente construidos.
El lenguaje no es neutral. La forma en que hablamos da forma a cómo percibimos a los demás, interpretamos los eventos e imaginamos lo que es posible. En este sentido, el lenguaje es en sí mismo una condición pre-dialogal, una que realmente podemos influir. Una sociedad cuyo lenguaje dominante está saturado de miedo, cinismo y conflicto permanente tenderá a reproducir esas mismas condiciones. Pero cuando la gente comienza a hablar de reconciliación, futuros compartidos y unidad humana, nuevas posibilidades comienzan a ser imaginables. Antes de que una nueva realidad pueda construirse socialmente, primero debe encontrar las palabras.
Es por eso que la coherencia, el alineamiento entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, no solo da forma a lo que somos, sino a cómo se nos escucha. Es lo que le da credibilidad y fuerza al lenguaje. Gran parte de la profunda desconfianza de hoy fluye desde lo contrario: la gente dice una cosa, piensa otra y actúa en una tercera dirección por completo diferente. Hablamos de paz y de violencia. Declaramos valores compartidos y vivimos su contradicción. Cuando esta brecha se vuelve crónica, el lenguaje mismo pierde poder: las palabras dejan de construir nada porque nadie cree que corresponden a la realidad.
La coherencia, entonces, es fundamental para el trabajo pre-dialogal. No puede ser realizado o proclamado. Hay que vivirlo, en cómo hablamos con nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros colegas; en si “no tengo tiempo” significa una restricción genuina o simplemente una falta de interés. Estas pequeñas deshonestidades se acumulan. Son las micro-condiciones que hacen o rompen la posibilidad de un encuentro genuino.
Esto replantea cómo se ve la acción responsable hoy. Muchos de los que se preocupan profundamente por las crisis del mundo, moldeados por marcos más antiguos, todavía nos llaman a tomar partido, para que nos unamos a un bando contra otro. Pero esto es a menudo menos una opción estratégica que un fracaso de la imaginación: cuando la gente no puede imaginar un mundo más allá de las facciones existentes, el refuerzo de esas facciones se siente como el único movimiento disponible. La creencia de que la fragmentación se puede superar, que los puentes se pueden construir realmente, que el diálogo genuino es posible, no es un optimismo ingenuo. Es una condición previa para actuar de manera diferente. Sin ella, incluso las personas más comprometidas se encuentran reproduciendo las mismas divisiones que esperaban disolver. La tarea más urgente, entonces, es recuperar y sostener esa creencia, y desde ese punto, crear las condiciones en las que el diálogo genuino, y en última instancia la reconciliación, se vuelva posible.
El plan es el siguiente: que la gente que comienza a creer que un mundo diferente es posible, comience a examinar, honestamente, las intenciones, suposiciones y visiones del mundo que llevan a cada encuentro. Es un trabajo pre-dialogal. Sin ello, el diálogo no puede echar raíces. Y sin diálogo, no hay camino hacia la reconciliación, ni hacia una civilización que merezca ser llamada humana.
Nuestra responsabilidad, entonces, es participar en esta construcción, no esperar a que aparezcan las condiciones, sino convertirnos en personas que ayudan a hacerlo posibles.
Desde Los Chorros, Grecia, compartimos una entrevista que pone en el centro algo que muchas veces olvidamos: detrás de cada gota hay organización comunitaria, trabajo cotidiano y luchas por defender las nacientes.
El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi se complace en invitarle a la tertulia musical Paisaje sonoro urbano y composición electroacústica con Mauricio Fonseca López.
Esta actividad es parte del ciclo Escuchando nuestra esencia. Tardes de tertulia y audición de música nacional.
La tertulia se realizará el viernes 15 de mayo a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, UCR nboeglin@gmail.com
El pasado 4 de mayo, iniciaron en La Haya, en la majestuosa sala de audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las audiencias orales en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana contra Venezuela.
Cabe recordar que la demanda sobre esta antigua controversia territorial irresuelta heredada del siglo XIX, fue presentada formalmente por Guyana ante la CIJ en el mes de marzo del 2018.
Estas audiencias orales constituyen la última etapa procesal de ambos Estados antes de escuchar la lectura final del fallo sobre el fondo por parte de la CIJ.
El contexto político del 2017-2018 en breve
Esta controversia territorial, como tuvimos la ocasión de señalarlo en el 2018, tiene un fuerte olor a petróleo y es posiblemente la primera vez en toda la historia de la CIJ que una empresa petrolera norteamericana anuncia públicamente asumir los costos de la defensa legal de un Estado en La Haya (Nota 1), estimados en unos 15 millones de US$ para cada uno de los Estados (Nota 2).
Como elemento adicional para entender mejor la fuerte contienda entre el secretario de Estado de Estados Unidos en el 2017 (Rex Tillerson) y las máximas autoridades de Venezuela, hay que añadir el siguiente hecho: Venezuela logró en marzodel 2017 que un tribunal arbitral de apelación anulara parcialmente los términos de una decisión inicial de un tribunal arbitral del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014. Esta última condenaba a Venezuela a pagar más de 14.000 millones de US$ a Exxon Mobil y a sus asociados en Venezuela por las nacionalizaciones ordenadas a partir del 2007 (véase texto del laudo). El texto completo de esta segunda decisión del CIADI, de marzo del 2017, muy pocamente divulgada, está disponible en este enlace. Revisar un monto indemnizatorio por más de 14.000 millones de US$ para ordenar en su lugar el pago de 188 millones merecía, en nuestra opinión, una mayor difusión en medios de prensa y en algunos círculos especializados en materia de arbitraje de inversión; además de un estudio pormenorizado sobre el estado de ánimo de los directivos de Exxon Mobil, cuyo CEO fue designado Secretario de Estado en Estados Unidos en enero del 2017 (y “agradecido” vía un simple tweet presidencial en marzo del 2018: véase nota de la BBC).
Si nuestros estimables lectores ignoraban que un tribunal de apelación del CIADI le había dado razón a Venezuela en marzo del 2017 revisando sustancialmente el monto de 14.000 millones fijados previamente como indemnización a Exxon Mobil, no deben preocuparse: usualmente las decisiones del CIADI desfavorables para el inversionista extranjero pasan casi desapercibidas.
Lo que está en juego para Venezuela y para Guyana
El fuerte olor a petróleo probablemente no logre ingresar del todo en la sala de audiencias de la CIJ en La Haya, debiendo cada una de las partes limitarse a invocar aspectos históricos y jurídicos ante los quince jueces de la CIJ para determinar quién tiene la titularidad sobre una superficie de unos 159.000 kilómetros cuadrados.
Mientras que Guyana ha solicitado en su demanda a la CIJ confirmar la plena validez de un laudo arbitral que data de 1899 (véase texto de dicho laudo), muy favorable a Inglaterra, Venezuela cuestiona la validez de esta decisión arbitral, luego de descubrirse en 1949 un documento confirmando el contubernio existente entre el presidente de aquel tribunal arbitral (un ruso) con los integrantes ingleses y norteamericanos del mismo (Nota 3), y luego de suscribir Guyana y Venezuela en 1966 un acuerdo en Ginebra (véase texto) para buscar una solución acordada entre ambos Estados a esta controversia territorial, heredada de la época colonial.
Darle plena validez (o no) a un despojo territorial a Venezuela revestido de laudo arbitral, negociado entre Estados Unidos e Inglaterra al final del siglo XIX, es lo que se discute desde el 4 de mayo del 2026 en La Haya.
Desde el punto de vista territorial, esta controversia constituye un caso atípico: a diferencia de las numerosas controversias territoriales que han sido llevadas al conocimiento de la CIJ desde su creación en 1945, en juego está una extensión de territorio que multiplicaría por más de dos la actual extensión territorial de Guyana.
Mapa de la denominada «Guayana Esequiba», tal y como se designa en Venezuela, extraído de esta nota de prensa titulada «Venezuela acusa a Guyana de depredar territorio en disputa y robar petróleo, gas y oro», El Carabobeño, en su edición del 15 de enero del 2025
No está de más indicar el carácter bastante insólito en cuanto a la composición del tribunal que dictaminó el laudo en 1899 entre Inglaterra y Venezuela en la historia del arbitraje inter-estatal: un ruso (presidente), dos ingleses y dos norteamericanos. Usualmente, en materia arbitral, si el árbitro es un órgano colegial, los dos Estados designan cada uno a juristas de su nacionalidad para integrarlo.
Mientras que Guyana intentará hacer ver algunas contradicciones dentro del aparato diplomático de Venezuela a lo largo de la historia, así como algunas inconsistencias más recientes observadas en la misma defensa de Venezuela desde el 2019 ante la CIJ, varios documentos adicionales de archivos históricos aportados por Venezuela buscarán posiblemente demonstrar el sesgo del procedimiento arbitral «negociado» entre Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX. Es muy probable que Venezuela haga también ver en estas audiencias del 2026 que documentos en posesión de Estados Unidos y del Reino Unido que datan de finales del siglo XIX persisten en la actualidad en no ser desclasificados.
Las audiencias orales en breve
La larga lista de asesores internacionales contratados para la ocasión por Guyana así como por Venezuela aparece en las primeras páginas de los verbatim de este 4 de mayo (véase verbatim correspondiente a la sesión de la mañana y verbatim correspondiente a la sesión de la tarde, correspondientes ambas a la exposición hecha por Guyana).
En el segundo día de audiencias fue Venezuela la llamada a comparecer (véase verbatim de la sesión de la mañana y verbatim de la tarde).
Durante las audiencias orales, el Estado demandante (Guyana en este caso) es el que presentó inicialmente sus argumentos, seguido luego de la exposición oral de los contra argumentos presentados por el Estado demandado (Venezuela); para concluir con una segunda ronda de alegatos de cada una de las dos partes.
Como lo indica la práctica del litigio internacional ante la CIJ, las audiencias orales, que son públicas, permiten conocer los mejores argumentos de cada una de las partes, usualmente invocados tan solamente en este momento procesal y no antes, al constituir las audiencias orales la última recta de un procedimiento contencioso: en efecto, al cabo de estas audiencias, la CIJ entrará a deliberar y a elaborar su fallo final sobre el fondo.
Para esta contienda, cada una de las partes designó a un juez ad hoc, Guyana optando por un jurista alemán, y Venezuela por un jurista belga, quien fungió durante muchos años (2000-2019) como secretario de la misma CIJ.
Este 8 de mayo, Guyana presentó sus alegatos finales y sus conclusiones y petitoria final (estas últimas disponibles en las páginas 66-67 del verbatim). Se prevé que Venezuela hará lo mismo el 11 de mayo cerrando de esta manera estas audiencias e iniciando la CIJ el «délibéré«.
El historial de decisiones de la CIJ entre Guyana y Venezuela (en muy breve)
Cabe recordar que Guyana presentó su demanda inicial el 29 de marzo del 2018 (véase texto), optando en aquel momento Venezuela por no comparecer ante la CIJ, en señal de rechazo a esta acción unilateral de Guyana, desafiando a su manera la autoridad de la CIJ.
En las audiencias orales realizadas en junio del 2020, únicamente participó la delegación de Guyana (véase verbatim) en presencia del juez ad hoc de Guyana, Venezuela optando por no hacerse presente ni designar a un juez ad hoc. ¿Qué ganó Venezuela? No mucho: tuvimos la ocasión de advertir en su momento de lo improductivo que resulta el optar por la no comparecencia en La Haya, al privarse el mismo Estado de presentar sus contra argumentos a los jueces de la CIJ desde un inicio (Nota 4). En julio del 2020, Venezuela remitió una carta a la CIJ (véase texto) con argumentos que debió presentar en las audiencias a las que optó por no participar.
Como previsible, el 18 de diciembre del 2020, la CIJ se declaró competente para conocer la demanda de Guyana (véase sentencia, en particular el párrafo final operativo 138), completada por una decisión adicional en el 2023 al haber Venezuela presentado de manera tardía una excepción preliminar (véase sentencia del 6 de abril del 2023, en particular el párrafo final operativo 108). Habíamos tenido la oportunidad de analizar el verdadero giro en la estrategia legal de Venezuela, observado en el 2022: véase al respecto la sub-sección “La estrategia escogida por Venezuela y el giro operado en junio del 2022” de una nota nuestra (Nota 5).
Es de notar, con relación a la decisión del 18 diciembre del 2020, que fueron cuatro los integrantes de la CIJ en sostener que la CIJ no debía declararse competente: al respecto sus declaraciones y sus opiniones individuales merecen lectura. Tal y como tuvimos la ocasión de indicarlo al analizar esta decisión y revisar la advertencia lanzada por estos cuatro jueces,
«Siendo el principio del consentimiento previo de los Estados la piedra angular sobre la que ha reposado desde siempre la justicia internacional, estos cuatro jueces advierten, cada uno a su manera, del riesgo que conlleva para la credibilidad de la CIJ el razonamiento seguido por la mayoría de sus colegas en este fallo» (Nota 6).
En una decisión posterior preliminar (ordenanza), la CIJ respondió afirmativamente a una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, interpuesta por Guyana contra Venezuela, al anunciar Venezuela proceder a una consulta popular dentro del territorio en disputa (véase ordenanza del 1ero de diciembre del 2023, en particular el párrafo operativo final 45).
El plazo que separa una demanda de la lectura de una sentencia de la CIJ sobre el fondo
La indecisión inicial de Venezuela, aunada a la presentación tardía de excepciones preliminares de su parte, explica el extenso tiempo que separa estas audiencias orales sobre el fondo (mayo del 2026) de la demanda inicial interpuesta por Guyana (marzo del 2018).
Usualmente, si no hay incidentes procesales de este tipo (presentación de excepciones preliminares, solicitud de medidas provisionales, …), el plazo entre una demanda contenciosa y la lectura de un sentencia sobre el fondo es de unos cuatro años e incluso menos: fue, por ejemplo, el caso de la demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua sobre derechos de navegación en el Río San Juan, interpuesta en noviembre del 2005 y resuelta por la CIJ en el mes de julio del 2009 (véase sentencia), de manera muy desfavorable para Costa Rica (Nota 7). De igual manera, la demanda de Costa Rica contra Nicaragua en materia de delimitación marítima presentada en febrero del 2014 fue resuelta en febrero del 2018 (véase sentencia de la CIJ).
En cambio, cuando el Estado demandado recurre a diversos incidentes procesales y además, solicita la intervención de Estados terceros que acceden a intervenir de manera tardía, el plazo se extiende significativamente: fue el caso de la demanda interpuesta en diciembre del 2001 por Nicaragua contra Colombia con relación al sus derechos en el Mar Caribe, resuelta tan solo en el mes de noviembre del 2012 (véase sentencia). Nótese que a raíz de este fallo, Colombia procedió a hacer algo que nunca ningún Estado había hecho: denunciar un emblemático tratado que lleva el nombre de su capital. Al respecto, tuvimos la ocasión de señalar que:
» Ce retrait de la part de la Colombie du Pacte de Bogota ressemble davantage à un coup de tête et à une manœuvre politique pour répondre à la frustration de l´opinion publique colombienne qu´à un acte juridique raisonné et raisonnable. Il serait d´ailleurs souhaitable de comparer cette attitude à d´autres modalités prises par des Etats « à chaud » suite à une décision de la CIJ considérée comme leur étant défavorable (notamment lorsqu´il s´agit d´un Etat puissant au plan militaire ou économique qui voit ses ambitions limitées para une décision de la CIJ à la demande d´un Etat qui l´est beaucoup moins). Au-delà de cet exercice de politique juridique comparée, il sied de noter qu´avec ce retrait, la Colombie devient probablement le premier Etat au monde à dénoncer un traité international portant le nom de sa capitale » (Nota 8).
A modo de conclusión
Esta recta final de este procedimiento contencioso debería permitir a la CIJ pronunciarse sobre una de las últimas controversias territoriales no resueltas en el continente americano, heredada del siglo XIX entre Venezuela e Inglaterra, con una decisión arbitral bastante cuestionable, dictaminada en 1899 en favor de Inglaterra.
Cabe recordar que es precisamente a raíz de esta mala experiencia vivida en 1899 en materia arbitral, y la sensación de haber sido burlada, que Venezuela históricamente se ha mostrado extremadamente reticente y distante con la justicia internacional de La Haya: esta posición explica que, pese a haber firmado el Pacto de Bogotá en 1948, Venezuela nunca lo haya ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).
Es de notar que la situación de indeterminación entre Guyana y Venezuela sobre la titularidad de esta extensa zona boscosa desde hace tantos años, ha permitido frenar cualquier megaproyecto de inversión y frenar los apetitos de unos y otros por explotar los recursos naturales existentes, resguardando de esta manera la prodigiosa biodiversidad existente y los paisajes naturales de lo que en Venezuela se denomina la “Guayana Esequiba”.
Foto de las cataratas de Kaieteur en el río Potaro, región que en Venezuela se denomina la «Guayana Esequiba». Imagen extraída de esta nota de prensa titulada «El Esequibo, una joya inundada de petróleo que se disputan Venezuela y Guyana», El Clarín, edición del 29/06/2020. Un video sobre estas majestuosas cataratas está también disponible en este enlace.
Es de notar que el 3 de enero del 2026, Venezuela sufrió una agresión militar y el secuestro de su máxima autoridad por parte de Estados Unidos, en abierta violación a las reglas más elementales del ordenamiento jurídico internacional (Nota 9): a la fecha (mayo del 2026), Venezuela no ha considerado oportuno presentar ninguna acción contra Estados Unidos, ni ha propuesto un solo proyecto de resolución en Naciones Unidas a ser votado en la Asamblea General o a discutirse en el Consejo de Seguridad (de manera a exponer a la delegación de Estados Unidos). Una actitud que contrasta singularmente con la de Ucrania, que luego de la agresión militar que inició Rusia en su contra el 24 de febrero del 2022, ha recurrido a los diversos órganos de Naciones Unidas, así como a la CIJ e incluso a la Corte Penal Internacional (CPI); ello sin olvidar de mencionar, más cerca de nosotros, la ejemplar batalla legal que Nicaragua emprendió en La Haya en los años 80 contra Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar militarmente a fuerzas contra insurgentes desde Costa Rica y Honduras, logrando obtener a su favor una histórica decisión de la CIJ condenando a Estados Unidos (véase sentencia de junio de 1986).
En sus alegatos ante los jueces de La Haya, Venezuela invocó los efectos negativos de la doctrina Monroe del siglo XIX, que explican la forma expedita y sumamente sospechosa con la que el tribunal arbitral resolvió la controversia entre Inglaterra y Venezuela en 1899. Al ser la Venezuela del 2026 víctima de la denominada doctrina Donroe, la referencia hecha no deja de ser llamativa.
Cabe también señalar que estas audiencias orales de este mes de mayo del 2026 fueron precedidas de unas pocas semanas por el 80 aniversario de la CIJ, una fecha pasada prácticamente desapercibida en América Latina y en otras latitudes del mundo, tal y como tuvimos la ocasión de señalarlo en una nota al respecto (Nota 10).
No está de más precisar que, en el marco de la contienda de Irán contra Estados iniciada en el 2018 para recuperar los activos iraníes congelados en bancos norteamericanos, en el 2023, la CIJ le dio la razón a Irán, y, el 25 de febrero del 2026, la CIJ inició la fase de compensación mediante una ordenanza (véase texto en francés y en inglés): tres días después, Estados Unidos e Israel iniciaron su improvisada acción militar contra Irán.
– – Notas – –
Nota 1: Tuvimos la ocasión de señalar en una nota nuestra que: «es de notar que los costos de Guyana en La Haya serán cubiertos por la empresa norteamericana Exxon Mobil (véase nota de prensa del medio guyanés Oilnow). Es probablemente la primera vez en la historia de la CIJ que una empresa privada hace público su intención de sufragar los gastos de defensa en La Haya de un Estado (y que este último consiente a ello). En este caso, las autoridades guyanesas estiman el costo en La Haya en unos 15 millones de US$ (véase nota de prensa y este artículo en el que se hacen interesantes preguntas sobre el monto y los tiempos con los que fue anunciada la contribución de la empresa petrolera). En esta nota oficial del 28 de abril del 2018 de las autoridades de Guyana, se precisa que «Government had announced that some US$15M of the US$18M signing bonus received from ExxonMobil in 2016 will be used as payment for services relative to the ICJ case»«: véase BOEGLIN N., «.La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes», 2 de julio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: En el 2018, en Chile se estimó a 24 millones de US$ lo gastado para enfrentar la demanda interpuesta por Bolivia ante la CIJ (véase nota de prensa y esta otra publicada en Bolivia). Por su parte, Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013)
Nota 3: Ante los jueces de la CIJ, este 6 de mayo, uno de los asesores legales de Venezuela explicó que: «Le fait est que c’est à partir de ce mémorandum que le Venezuela a considéré qu’il disposait d’une première preuve directe de ce qui n’était jusque-là que rumeurs, à savoir que l’arbitrage de 1899 était une sordide farce. La question de la solidité de cette preuve est indifférente à cet égard mais, et j’y reviendrai, le témoignage de Mallet-Prevost est inattaquable quant aux faits qu’il décrit, comme le professeur Tams l’a déjà démontré» (véase verbatim del 6 de mayo, página 62). Indicó además que «81. N’en déplaise au Guyana, le mémorandum Mallet-Prevost a changé le cours des choses en ouvrant la voie vers la mise à jour d’un ensemble de preuves des malversations dont le Venezuela avait été victime. C’est de là qu’apparut au grand jour la monstruosité de ce prétendu arbitrage. La première preuve, largement confirmée par la suite, était apportée, que le défaut de motivation ne cachait pas des motivations non dites, ce à quoi, dans le doute, l’on aurait pu croire ; non, il n’y avait aucune motivation, la sentence était le fruit d’une extorsion pure et simple d’un président de tribunal avide d’une gloire personnelle qu’il plaçait dans l’obtention, à tout prix, et surtout au détriment de tout fondement juridique, d’une décision unanime attribuant les mines d’or aux Anglais» (páginas 69-70).
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace. Tuvimos la oportunidad de analizar la no comparecencia posterior, registrada en La Haya: se trata de la no comparecencia de Rusia ante la demanda interpuesta en su contra por Ucrania en febrero del 2022. Véase al respecto BOEGLIN N., «La fuerza del derecho ante el derecho a la fuerza (el caso de Ucrania y Rusia). A propósito de la no comparecencia de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, Portal de la UCR, 23 de marzo del 2022. Texto disponible aquí. Sobre la no comparecencia de Venezuela en el 2018, véase también WENTKER A., «Venezuela’s Non-Participation Before the ICJ in the Dispute over the Essequibo Region«, EJIL-Talk, 28 de junio del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5:: Véase BOEGLIN N., “La Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza sobre el conflicto territorial entre Guyana y Venezuela”, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, 4 de julio del 2022. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Guyana / Venezuela: a propósito de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que se declara competente«, 18 de diciembre del 2020. Texto integral disponible en este enlace. Las conclusiones de un extenso análisis de esta decisión de la CIJ de diciembre del 2020 publicado en Francia no auguran una resolución definitiva de esta larga controversia territorial entre Guyana y Venezuela: véase GRANDAUBERT V., «L’arrêt sur la compétence de la Cour internationale de Justice du 18 décembre 2020 en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 : vers un règlement définitif du différend territorial entre le Guyana et le Venezuela » ?«, Annuaire Français de Droit International (AFDI), Volumen 66 (2020), pp. 357-373, p. 373.
Nota 7: Si se revisan las atribuciones reconocidas a Costa Rica en materia de vigilancia y «guarda» del Río San Juan en el tratado Cañas Jerez de 1858, si se revisa lo que Nicaragua aceptó durante buena parte del siglo XIX y XX en cuanto a la práctica y las modalidades de estas funciones policiales costarricenses en este río fronterizo, y en particular en la época reciente, en el acuerdo Cuadra-Lizano de 1998 (véase texto), el hecho que Costa Rica presentara una demanda contenciosa contra Nicaragua en noviembre del 2005 para escuchar por parte de la CIJ lo que dice el párrafo 156, inciso 2, punto h) e i) (tomados ambos por unanimidad) de la sentencia de julio del 2009 (véase texto), prohibiéndole a Costa Rica cualquier uso policial del Río San Juan … resulta todo menos un éxito para la diplomacia de Costa Rica. En un artículo publicado en noviembre del 2005 en La Nación, nos permitimos advertir sobre la gran experiencia de los «Concejales de la Corona» de Nicaragua en la CIJ en el arte del litigio internacional, quienes ridiculizaron a Estados Unidos (1986) y se disponían a poner en su lugar a Honduras y a Colombia en el Mar Caribe, tal y como ocurrió (en sentencias del 2007 y del 2012 respectivamente): al parecer esta advertencia bastante tempranera no causó mayor interés dentro del aparato diplomático costarricense y estos mismos «Concejales de la Corona» de Nicaragua hicieron lo suyo con las pretensiones de Costa Rica en materia policial. Acatada esta sentencia de la CIJ del 13 de julio del 2009 bastante desfavorable para los intereses costarricenses, Costa Rica evidenciaría enormes dificultades logísticas pocos meses después, en el 2010, para vigilar correctamente lo que ocurre en su frontera con Nicaragua.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie«, texto publicado por el OPALC (Sciences Po, Paris), diciembre del 2012. Texto integral disponible en este enlace. En el 2013, el presidente de Colombia arremetió nuevamente contra la sentencia de la CIJ, con una verborrea y una gestual corporal evidenciando su profunda exasperación como jefe de Estado. Véase al respecto BOEGLIN N.,»La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions«, SFDI, Bulletin Sentinelle, 2013. Texto disponible en este enlace.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Estados Unidos / Venezuela: las diversas reacciones oficiales registradas en América Latina ante primera la intervención militar norteamericana en América Latina del siglo XXI«, 3 de enero del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Los 80 años de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: algunas reflexiones«, 23 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Iniciativa combinará formación virtual y trabajo práctico en el mar para fortalecer la ciencia ciudadana y la protección del arrecife El Chino y otros ecosistemas coralinos de Talamanca.
El Caribe Sur de Costa Rica será escenario de un nuevo proceso comunitario de formación y sensibilización en la protección de los arrecifes de coral. Se trata de un taller abierto a personas de todo el país que combinará sesiones virtuales con salidas prácticas al mar, priorizando la participación de comunidades locales de Talamanca.
Las actividades virtuales se desarrollarán durante el mes de mayo, mientras que las jornadas prácticas de monitoreo y trabajo en arrecifes se realizarán entre finales de mayo y durante junio en distintos puntos del Caribe Sur. Estas actividades incluirán recorridos y ejercicios de observación en ecosistemas coralinos de la zona.
Arrecife El Chino
Participación. Se han matriculado más de 150 personas de distintas regiones del país, pero en las sesiones prácticas tendrán prioridad las personas del Caribe Sur, buscando fortalecer una red comunitaria de observadores ambientales que pueda dar seguimiento permanente a la situación crítica de los arrecifes de la región.
El cupo inicialmente previsto para el taller ya fue ampliamente rebasado debido al alto interés generado desde distintas regiones del país. Sin embargo, la modalidad virtual ha permitido ampliar la participación e incorporar a más personas de las previstas originalmente. Además, las actividades no tienen ningún costo para las personas participantes.
Contenidos. La iniciativa busca fortalecer la ciencia ciudadana y brindar herramientas para que vecinos, organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse activamente en el monitoreo y conservación de ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático, el blanqueamiento coralino y distintos proyectos de infraestructura costera, entre otros factores.
El taller abordará temas como ecología de arrecifes, identificación de especies emblemáticas del Caribe Sur -entre ellas Acropora palmata, Montastraea y Porites spp.-, así como protocolos comunitarios para monitorear la salud coralina, registrar procesos de blanqueamiento y documentar amenazas ambientales.
Las personas participantes también conocerán herramientas prácticas de ciencia ciudadana para generar información útil en procesos locales de conservación y toma de decisiones ambientales.
Además del componente científico, el proceso busca reforzar la relación entre conservación marina, territorio y comunidades locales, reconociendo el enorme valor ecológico, cultural y económico que tienen estos ecosistemas para la región.
“El objetivo es que la protección de los arrecifes no quede solo en manos de especialistas o instituciones, sino que las propias comunidades puedan participar activamente en su monitoreo y defensa”, señalaron las personas organizadoras.
Arrecife Punta Uva
Organización. La actividad está siendo organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Programa Voces y Política de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Las organizaciones impulsoras también están valorando abrir una nueva promoción del proceso formativo, especialmente orientada a facilitar la participación de más personas de Talamanca interesadas en involucrarse en el monitoreo y protección de arrecifes coralinos
Ana María Arenas, instructora de buceo, integrante de Costa Rica por el Océano, cumple su cuarto año impartiendo talleres de monitoreo de corales y gestión comunitaria en ciencia ciudadana. Con experiencia en conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y procesos de formación comunitaria, actualmente trabaja en proyectos como Reflejos del Mar, junto a Diego Miranda y Gloriana Turcios, enfocado en fotografía comunitaria subacuática, y Arrecife Sonoro, junto a Claudia Campos y Anja Ludewig, una iniciativa que explora el sonido de los arrecifes de coral y su importancia para los ecosistemas marinos.
Contexto. La actividad se inserta en una trayectoria más amplia de organización y defensa ambiental impulsada por comunidades y organizaciones del Caribe Sur en torno a la protección de los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.
En años recientes se han desarrollado diagnósticos comunitarios sobre blanqueamiento de corales, campañas de sensibilización y procesos de monitoreo participativo, entre ellos la defensa del arrecife. Uno de los antecedentes más relevantes fue la evaluación comunitaria de salud ambiental realizada junto al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como un pronunciamiento conjunto de organizaciones locales frente al proyecto de atracadero en Puerto Viejo, el cual generó preocupación por posibles impactos sobre el arrecife.
Fotos: Arrecife El Chino -Ana-Arenas Arrecife Punta Uva-Marco-Salazar
La Contraloría General de la República informó sobre el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), trámite que deben realizar alrededor de 25.000 personas este 2026 en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
La institución recordó que el plazo para presentar la declaración vence el próximo 25 de mayo, por lo que hizo un llamado a las personas obligadas a cumplir con este requisito legal dentro del periodo establecido.
La presentación de la DJB puede realizarse de manera totalmente electrónica y está disponible las 24 horas del día.
Según los datos reportados al 11 de mayo de 2026, el avance es el siguiente:
3717 declaraciones presentadas
16,90% del total esperado
La CGR indicó además que mantiene habilitados distintos canales de atención para orientar a las personas usuarias ante consultas relacionadas con el proceso.
Entre los medios disponibles se encuentran el correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr y el centro de llamadas 905 DECLARE (905-3325273) / 2501-8150.
La institución señaló que continuará informando sobre el avance del cumplimiento de este requisito legal durante el periodo de presentación.
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Demolido sistemáticamente lo que quedaba del esfuerzo de construir una sociedad solidaria en Costa Rica, durante más de cuatro décadas la paulatina privatización de los recursos del Estado tuvo dos efectos: por un lado, redujo las opciones para contener el déficit fiscal; por otro, concentró la riqueza, alimentando una creciente polarización social.
¿Qué país se podía construir así? El que tenemos hoy. Una de sus expresiones más dramáticas es que más sectores han quedado marginados. Por un lado, las costas: en el Caribe, en la Pacífico, en Guanacaste. Por otro, la juventud que, sin educación adecuada, sin expectativa de ingresos, sin horizontes, es reclutada por el crimen organizado, que la seduce con la oferta de riqueza rápida y una vida corta.
¿Es ese el país que queremos?
Avanzamos por ese camino hasta terminar –en mi opinión, mediante cinismo político y engaño de la oferta electoral– poniendo un candado a cualquier eventual intento de retomar un camino solidario. Mediante la regla fiscal se precarizó el empleo público y se amarró la mano al Estado, indispensable para atender las demandas públicas y privadas de nuestra sociedad.
No es que no se necesitara enfrentar el crecimiento de la deuda pública. Había que hacerlo. Pero hay varias formas de hacerlo. La más importante es empezar a revertir un proceso de privatizaciones que deja el Estado impotente para hacer frente a las necesidades de la población. Pero no. La decisión fue recortar el gasto público, mientras trataban de convencernos de que esa era la mejor alternativa para enfrentar el problema.
Calculen, por ejemplo, cuantos miles de millones fueron a parar a manos privadas por la privatización del sector bancario, cuya nacionalización fue a base de la Segunda República. O los miles de millones que se transfieren todos los días de los bolsillos de los costarricenses a los concesionarios de una carretera privatizada y cada vez menos eficiente, como la 27, recursos que podrían destinarse al desarrollo de obras públicas en el país, en vez de financiar las vacaciones en el mediterráneo de los beneficiados con una concesión leonina.
¿Qué sentido tienen proyectos como esos? ¿Qué idea de país se puede forjar así? Me parece que ninguna. Además, desprestigiados los políticos que nos llevaron por ese camino, se abrieron las puertas para que cualquier aventurero que los atacara contara con el apoyo entusiasta de la mayoría. Naturalmente, no tardó en aparecer el oportunista capaz de hacerlo y de hacerlo de la manera más soez.
Tampoco fue capaz la oposición de renovar una idea de país. En vez de presentar sus propias propuestas políticas, su agenda se centró en la crítica a las del gobierno existente. A levantar la voz contra los riesgos del “populismo” y del “autoritarismo” con los que cada uno califica, a su modo, el gobierno. Sin que eso ayude a aclarar una alternativa o a debilitar el apoyo de los que simpatizan con el gobierno.
Siempre he desconfiado de los conceptos de se pretenden por encima de la política, que reivindican la extraordinaria calidad de poder servir para criticar, por igual, a la derecha y a la izquierda. Nos eximimos así de la obligación de ofrecer una alternativa política a la población, muchas veces aliados a la idea de que derecha e izquierda son conceptos inútiles para enfrentar el escenario político actual.
“Populismo” y “autoritarismo
Naturalmente, no comparto esos puntos de vista. Quiero sugerir algo distinto. Mientras una oposición (cada vez más minoritaria) ponía el grito en el cielo por lo que consideraba amenazas a la democracia, se consolidaba una política conservadora que quedará mejor delineada en este nuevo gobierno, con una cómoda mayoría parlamentaria.
El ministro de la Presidencia, que en el gobierno anterior no tenía ninguna importancia pues la política oficial consistía en descalificar a la oposición (no a negociar con ella), ahora tendrá una tarea distinta: mantener el orden en una fracción mayoritaria y tratar de sumar algunos votos que les permitan conformar una mayoría calificada.
Por otro lado, desde Hacienda, se trata de la aplicación radical de la regla fiscal, consolidando una política conservadora sustentada, además, por la criminalización de la protesta social y la limitación de la inversión pública.
No se trata de “populismo” ni “autoritarismo”, sino de algo más importante: de una política conservadora, surfeando la ola de desprestigio de líderes políticos que se encargaron de ir vaciando toda idea de país que pudiera entusiasmar a la ciudadanía.
La indispensable tarea de hacer saltar la regla fiscal
Aquí es donde se renueva la responsabilidad de quienes no compartimos ese rumbo. Es evidente que hace ya muchos años hemos sido incapaces de reivindicar una indispensable y renovada idea de país.
¿Por qué no denunciar una regla fiscal que, tal como está concebida, no es más que una cadena que inmoviliza todo posibilidad de responder a las demandas, a las necesidades, de nuestra población? Dirán que esa es una pelea imposible. Lo es hoy, porque hemos renunciado a darla. Pero la política, al contrario de lo que se repite con majadería, no es el arte de lo posible. Me parece que es el arte de hacer posible lo que es indispensable para construir un país.
Hacer saltar esa regla es quizás el objetivo más urgente y más fácil de explicar a la ciudadanía, si nos empeñamos en hacerlo. No es complicado. Hay más de un estudio sobre el tema, barridos para debajo de la alfombra por los intereses conservadores empeñados en aplicarla. A nosotros nos corresponde recuperarlos.
Me permito sugerir uno, escrito por el economista español Juan José Torres. En un artículo titulado “Vuelve a demostrarse: las reglas fiscales de la Unión Europea son un engaño” (puede ser visto aquí: https://juantorreslopez.com/vuelve-a-demostrarse-las-reglas-fiscales-de-la-ue-son-un-engano/), Torres se refiere a los resultados de esas reglas fiscales, establecidas en el Tratado de Maastricht en 1992 para la Europa comunitaria. Estipulaban que los déficits públicos no podían superar el 3% del PIB de cada país, ni la deuda pública el 60%, tal como se estableció en la regla fiscal de Costa Rica.
La excusa para eso –dice Torres– “fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits”. Como aquí.
Sin embargo –agrega– las políticas de austeridad que se impusieron con ese propósito no lograron ese objetivo: “la deuda aumentó en lugar de disminuir, en contra de lo que se había asegurado, tras recortar el gasto público”.
Torres insiste en que no hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits inferiores al tres por ciento del PIB o del 60 por ciento de la deuda pública redundará en una reducción de la deuda. Tampoco se puede negar que eso reducirá la actividad económica. Más bien sucede lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada, dice Torres. Lo cierto es que esa regla fiscal, que el nuevo ministro de Hacienda tratará de aplicar a rajatabla, solo nos llevará por el mismo camino.
No dejo de pensar en que enfrentar desde ya ese escenario, cuyas dramáticas consecuencias son evidentes, nos abre un horizonte hacia el que caminar, con el posible apoyo los sectores que han ido quedando en el camino en esas décadas de privatizaciones: trabajadores del sector privado, empresarios de los más diversos sectores, funcionarios públicos, pensionados, jóvenes, la educación, la salud, todos los sectores están siendo afectados por la amarra impuesta al país por esa regla fiscal.
Una alternativa para el país
La lucha nos obligará a ir buscando caminos, a ir ensanchando horizontes, a ir sumando voluntades, a ir sugiriendo una nueva idea de país que durante décadas las privatizaciones han venido demoliendo.
El exdirector del programa Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe, enumeró, en un artículo –“Hablemos del futuro”– publicado el 19 de abril pasado, algunos de los problemas que enfrenta el país.
El éxito no ha sido para todos, afirmó. Entre los rezagos citó la desigualdad territorial (un problema de importantes repercusiones políticas, como quedó en evidencia en las elecciones de hace cuatro años), los mediocres resultados de la educación pública, la falencia de la estructura vial, el deterioro de la seguridad social, el desfinanciamiento de lo público, los efectos de una política monetaria sobre la competitividad de la producción nacional, “la falta de direccionalidad de la política del estado en su conjunto”.
No es poca cosa. Esa falta de direccionalidad de la política del estado resume, de cierta manera, la falta de una propuesta que entusiasme a la ciudadanía y le de sentido a un nuevo proyecto político.
No se puede construir una país con zonas francas, ni con un modelo de turismo como se ha venido desarrollando. Las zonas francas son un modelo de desarrollo para las empresas que se aprovechan de los beneficios que se les otorga (sobre el tema sugiero el artículo de los economistas Luis Carlos Olivares y Daniel Vartanián, “Cuatro mitos sobre las Zonas Francas y una errata política legislativa”, publicado el 8 de junio del 2020). Son ellas las que se desarrollan, mientras que, para el país, representa algunos empleos mejor pagados, siempre muy limitados, mientras los trabajadores nacionales son empujados a la informalidad. Ya en 2020 cifras de Hacienda revelaban que en Costa Rica había 1.040.025 personas en la informalidad, casi 55% del empleo en el sector privado.
Nuestro desarrollo tiene que estar basado en el desarrollo de empresas nacionales, de servicios, agrícolas, industriales. ¡Pero empresas nuestras! Públicas, ¡sí! Pero también privadas. Solo así se puede construir un país.
No se trata de oponerse a las zonas francas. Pero se trata de entender que ese no es un modelo de desarrollo. Se trata de ofrecer nuevas ideas.
Mientras no logremos avanzar en una visión propia seguiremos machacando la agenda del gobierno, discutiendo sobre el tono del discurso de la presidente, criticando la patanería del que se fue, sin ofrecer una alternativa, ni un camino distinto al que hemos venido recorriendo desde fines del siglo pasado, fundamento de la desesperanza que alimenta nuestro escenario político actual.
