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No habrá réquiem por quienes quieren que olvidemos / Parte 2

Rafael A. Ugalde. Q.*

Fidel en sus cien años sigue fusil al hombro luchando contra el fascismo de ayer y hoy como “brazo armado y expresión más acabada del pensamiento reaccionario burgués e imperialista».

Sí alguna duda hubo en la edición anterior como el imperialismo europeo nos “premió” con quintas columnas para secar los intentos revolucionarios en Hispanoamérica, es cuestión de revisar como la Revolución mexicana de 1910 es reducida a simple “evolución” y “reformas”.

Es hasta que, en 2018, los mexicanos escogen entre el “neocorporativismo “como única opción de desarrollo por quienes se habían enriquecido sirviendo al Partido Revolucionario Institucional (PRI), o elegían con todo y el temor infundado por los medios de desinformación tradicionales, algo distinto que les devolviera patria, pusiera a los viejitos, los jóvenes sin becas y los obreros con salarios congelados, en el centro de todas las decisiones economicistas de sus tecnócratas.

La campaña entonces a favor de la familia, la religión y la democracia desatada por estas elites de la llamada “derecha” neoliberal encontró asidero incluso allende de las fronteras mexicanas con amenazas abiertas como retirar inversiones si el “comunismo” chavista y cubano – haciendo alusión a Venezuela y Cuba – tomaba el control de México.

Nada del desastre pronosticado por los multimillonarios organizados en el “corporativismo” ocurrió. Por el contrario, 13 millones de mexicanos fueron rescatados de la pobreza, empresas españolas que controlaban gran la producción de electricidad se les pagó sus inversiones y les dieron las gracias, las mañas introducidas por grupos de intereses acostumbrados a ordeñar la seguridad social, están bajo control y disminuyen, por ende, con asombro las muertes por falta de atención adecuada etc.

Ciertamente, México está remotamente lejos de derrotar cinco siglos de coloniaje y bandolerismo oficial, pero sin ser declarada nación “comunista” o “socialista” logra, modernizando su poder judicial, la Comisión Nacional Electoral de grosero servilismo pasado etc., devolver un poco de confianza a millones de nacionales bajo el zapato de “la dictadura perfecta” ideada por un achacoso y corrupto PRI.

Los “corporativistas” se identifican en todas partes como grupos poderosos con intereses económicos específicos, que logran aglutinarse alrededor de gobiernos de mano dura encabezados generalmente por un ejecutivo con competencias de “gerente”, mientras la llamada “derecha” Hispanoamericana tiene marcada debilidad por modelos reformistas, defensores de valores tradicionales como la religión, la paz social, la institucionalidad etc.

Ambos protagonistas son populistas por excelencia y se nutren principalmente de amplios sectores de la denominada clase media, por lo que es usual que en determinados momentos históricos juntos cierran filas con el fascismo, como expresión reaccionaria del imperialismo.

Así, por ejemplo, las luchas revolucionarias en República Dominicana, de vieja data desde antes de 1940 (México, Colombia, Venezuela, Argentina, etc., tuvieron sus propios líderes reformistas) fueron frenadas en seco como Joaquín Balaguer Ricardo, quien sirvió a los gringos durante 22 años, en la década de los sesenta como modelo a seguir en la región,

Allá como acá el esfuerzo fue titánico para borrar de nuestro ADN y la memoria colectiva, con leves excepciones, las grandes luchas populares desde principio del siglo XIX hasta mediados del XX.

Sin embargo, esa alma de resistir y luchar está allí, tapadita “es más bonita” para muchos, de vez en cuando se viste de pueblo paraguayo y dice basta ya de corrupción y evasión de impuestos por ustedes ricos malditos.

En Bolivia se trajean de Aymara y mineros para desgañitarse con su ¡yankis ustedes no mandan aquí!, mientras en Honduras los hijos de Lempira, Morazán y la Berta Cáceres advierten a Trump que ¡esta patria no es de tus nos narcos!, etc.

Y nuestro país no ha sido la excepción en Nuestra América, como cuando su pueblo triunfó sobre la “república bananera” de la “Yunai”, Todo un acontecimiento con un antes y un después para miles de trabajadores y trabajadoras, que, hoy, siguen beneficiándose.

En una entrevista para la agencia Prensa Latina en la década de los ochenta con el líder de los comunistas locales, Manuel Mora Valverde éste no titubeó en calificar dicha huelga como “histórica”, porque según enfatizó, “definió de una vez por todas el aguinaldo como un derecho ganado para todos los trabajadores de nuestro pueblo”.

Recuerdo perfectamente la rememoración hecha por él en su amplia biblioteca de su residencia de San Pedro, cuando narró que los jefes del enclave bananero habían ordenados a sus “esbirros” disparar contra los “subversivos” llegados desde San José para alterar “el orden” y la “paz” en aquellos confines.

  • ¿Sí es cómo usted dice, por lo que no me caben dudas, cuál fue entonces el secreto para mantener la cohesión de la huelga y en los trabajadores?

  • Re/. La solidaridad entre los trabajadores y el clarísimo convencimiento de ellos en cuanto a que su lucha no podía perderse. Fíjese que como había ordenes de eliminar a sus dirigentes, visitábamos por la noche a los trabajadores en sus barracones, mientras en el día escondíamos a nuestra gente en la montaña, muchas veces con hambre y bajo fuertes aguaceros”.

Eso es lo que quieren que te oculte. Ni como periodista, vecino de un barrio humille o simplemente como jovenzuelo aún, rehuiré a la trinchera en la que la vida me ponga. No señoritos ni señoritas. No importa si son nuevos “socialdemócratas “, “socialistas democráticos”, del “progresismo” o “corporativistas”. ¡No! ¡No pidan imposibles!

Estos bananeros y bananera, sin no otro título que la conciencia desarrollada por el constante choque con una dura realidad social no escogida por ellos, obtienen así, a fuerza de razón y alma, reajustes en sus salarios, pago de horas extras, vivienda digna para los bananeros y sus familias, así como servicios de electricidad y agua potable, entre otros. ¡Y sin ceder un solo principio!

Pero esta conciencia – tengo aún dudas si ella es posible alcanzarla hoy solo a través de correos electrónicos y WhatsApp – tiene su peligro para quienes no dejan las mañas de culpar al socialismo y el comunismo de todo lo malo que ocurre en el planeta (Ver Laura Fernández, presidenta de la república, conferencia de prensa 27/5/2026).

Sí fuera como afirma la mandataria de esta bendecida nación con más maestros que soldados – repito lo que me enseñaron desde la escuela y me enfatizaron en los Estudios Generales de la benemérita U.C.R – los comunistas de Vietnam tendrían a su pueblo viviendo en la época de las cavernas.

SÍ… Una “Suiza Centroamericana” que según el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe publicado en 2016, muestra gastó seguridad la escandalosa suma de 949.094.945 dólares, superior a la suma de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, con militares de carrera aglutinados alrededor del ejército. (Consúltese: https://actualidad.rt.com/actualidad/244484-pais-latinoamericano-tiene-altos-gastos-seguridad).

En contraste con la paz vivida, los comunistas de Vietnam sufrieron una guerra impuesta durante 20 años, pero se han repuesto y hoy ese país tiene una robusta industria farmacéutica. En su sistema integrado de seguridad social coexisten la medicina moderna, la tradicional con miles de años de curar gente y terapias propias de procedencia china e india.

No se han documentado todavía entre los vietnamitas que alguien haya muerto esperando un cateterismo ni que hayan fallecido personas esperando una cita con el especialista, que siguen vivos en la lista de espera, seis meses después de su entierro.

Otro ejemplo, que a muchos ilustrados y otros del bajo mundo preferirían no saber nada, tiene que ver – para desgracia de ambos sectores – con la siempre solidaria Cuba, bloqueada y asediada inmisericordemente por los verdaderos enemigo de los pueblos.

No está de más recordar que en ocasión de la pandemia del Covid 19 no solo inmunizó a su población con vacunas desarrolladas por su industria farmacológica, sino que cuando los ecuatorianos y bolivianos caían en las aceras, dijo presente.

Se trató de las inyectables Abdala, Soberana 02, Soberana Plus, Mambisa y Soberana 01, con las cuales inmunizaron a más de 11 millones de cubanos bloqueados.

Empaque de dosis inmunológicas contra el cáncer. (Información y foto tomada de https://insurgente.org/cuba-presento-hebersavax-un-producto-de-su-biotecnologia-con-grandes-potencialidades-en-la-lucha-co).

Siete años después de aquella pandemia, la ciencia médica cubana, en peores condiciones materiales que en 2019, pone nuevamente a disposición de los pueblos otra vacuna como terapia contra el cáncer.

Se trata de la CIMAvax- EGF desarrollada integralmente por el ya conocido mundialmente Centro de Inmunología Molecular, inaugurado desde 1994.

Las dosificaciones están orientadas s luchar contra el cáncer avanzado de pulmón. Esta aprobada actualmente en naciones como Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Bosnia y Kazajistán,

De esta manera, Cuba se pone a la cabeza en América Latina para dotar a su seguridad social de una terapia para ese mal in creciendo en el mundo.

Sin petróleo, su gente movilizada para enfrentar una posible invasión anunciada por Trump y ya sin inversionistas privados, esta isla resiste en dar semejante “mal ejemplo”, en cuanto a lo que son capaces de alcanzar los pueblos cuando son soberanos y verdaderamente independientes.

La hostilidad contra todo logro alcanzado por los pueblos alcanza incluso a la República Popular China, posesionándonos la idea que el Partido Comunista Chino tiene esclavizados de hambre a más de 1.400 millones de personas.

Juegan con tan poca nobleza contra el sentido común de la gente que nos llevan a que creamos que los chinos aún recurren a las señales de humo para que los habitantes de Pekín se comuniquen con los de Shanghái.

¡La mentira, sin duda alguna, tiene patas cortas!

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R, miembro deL Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.

Treinta y dos organizaciones solicitan prórroga para evitar el archivo del proyecto de ley sobre pasos de fauna

Un total de 32 organizaciones ambientales, comunitarias y de la sociedad civil solicitaron a la Asamblea Legislativa la ampliación del plazo cuatrienal del expediente legislativo 23.166, “Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructura”, con el fin de evitar su archivo y permitir que sea sometido a segundo debate.

La petición fue presentada el 1 de junio de 2026 por la Coalición por los Pasos de Fauna y dirigida a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, así como a las jefaturas de fracción legislativa. El documento también fue remitido con copia al despacho de la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro del Valle.

Las organizaciones recuerdan que el proyecto fue aprobado en primer debate de forma unánime el pasado 21 de abril de 2026 con 47 votos a favor, reflejando un amplio consenso político sobre la necesidad de atender una problemática que durante años ha afectado a la fauna silvestre del país. Sin embargo, advierten que la iniciativa podría quedar archivada al vencer su plazo cuatrienal el próximo 9 de junio.

Según la exposición presentada ante el Congreso, el atropello y la electrocución constituyen dos de las principales causas de muerte de animales silvestres en Costa Rica. La situación ha sido documentada durante décadas por organizaciones especializadas, instituciones públicas, personas investigadoras y organizaciones de la sociedad civil.

Las agrupaciones sostienen que el problema tiene efectos directos sobre las poblaciones de fauna silvestre y genera impactos acumulativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Señalan que diversas investigaciones han registrado afectaciones a aproximadamente 140 especies, entre ellas felinos, primates, reptiles, anfibios, perezosos, armadillos, venados, pizotes, mapaches, dantas e iguanas.

La solicitud destaca además que la conservación de la biodiversidad tiene implicaciones económicas para el país, particularmente por la estrecha relación entre la salud de los ecosistemas y la actividad turística. Las organizaciones argumentan que la pérdida de fauna silvestre afecta la imagen internacional de Costa Rica como destino de turismo sostenible y repercute en empleos vinculados al turismo y a las áreas silvestres protegidas.

Asimismo, consideran que permitir el archivo de una iniciativa que ya superó casi cuatro años de trámite legislativo y que fue aprobada en primer debate representaría un desperdicio de recursos públicos y del trabajo realizado durante el proceso legislativo. Por ello, hacen un llamado a la responsabilidad ecológica y financiera de las diputadas y diputados para que aprueben la ampliación del plazo y permitan la votación definitiva del proyecto.

Las organizaciones indican que su solicitud se fundamenta en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 de la Constitución Política y el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que regula las ampliaciones del plazo cuatrienal de los proyectos de ley.

El documento señala además que la petición cuenta con el respaldo de más de 17.000 firmas ciudadanas recolectadas mediante una campaña electrónica en apoyo a la aprobación de la ley.

Las organizaciones firmantes son:

APREFLOFAS

Bloque Verde

SalveMonos

Savage Lands

Verde Mar

Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta

Alturas Wildlife Rescue Costa Rica

Alianza Escazú

Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

GuanaDefensoras

The Leatherback Trust

Asociación Civil Pro Natura

Asociación de Desarrollo Específico para la Conservación del Medio Ambiente Playa Grande

Comité Punta Pelencho

Fundación Fogaus

Un Puerto Limpio

Sol Sanctuary

Antigentrificación

Asociación de Desarrollo de Playa Brasilito

Asociación de Desarrollo de Playa Potrero

Fundación Halfway Home Tamarindo

Coalición Floresta

Fundación Orgánica

Colectivo Ecologista Liberiano

Asociación Sostenibilidad en Grande

Defensores de la Casa Común

Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral

Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

Mercado Bahía Ballena

Asociación Regenerativa Matzú Insigne

Capítulo Nacional Costa Rica del Foro Mundial de la Alimentación

Mar & Comercio

SURCOS pone a disposición de sus lectoras y lectores el documento completo:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/SOLICITUD-DE-PRORROGA-23166-TEXTO-SUSTITUTIVO.pdf

Impulsan Pacto Patriótico Costarricense entre sectores sociales y diputaciones de oposición

Diversas organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) promueven la firma de un Pacto Patriótico Costarricense con diputadas y diputados de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el propósito de establecer una agenda común de defensa institucional, fortalecimiento democrático y promoción de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La propuesta plantea una articulación entre sectores sindicales, agroalimentarios, ganaderos, indígenas, arroceros, ambientales, empresariales, estudiantiles, movimientos populares, organizaciones artísticas, religiosas, territoriales, académicas, colegios profesionales, cámaras de radio y televisión, pescadores y otros sectores sociales, representados por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES).

El documento señala que el objetivo principal es promover valores considerados fundamentales para el país, entre ellos la democracia, la paz social, el diálogo, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, la atención de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, así como la defensa de instituciones públicas estratégicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Banco de Costa Rica (BCR).

Como marco de referencia, la propuesta adopta los principios contenidos en el documento denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, impulsado por el denominado Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa.

Entre los ejes planteados figura la defensa del Estado Social de Derecho, la institucionalidad democrática, la separación e independencia de poderes, el respeto a la Constitución Política y la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, se propone fortalecer los mecanismos de diálogo entre sectores sociales y representantes legislativos, de manera que las organizaciones puedan presentar iniciativas de ley y planteamientos para el ejercicio del control político desde la Asamblea Legislativa.

La propuesta incorpora además la defensa de la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de reunión, la manifestación pacífica y la participación ciudadana como pilares esenciales de la democracia. También plantea el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

En materia de seguridad ciudadana, el documento promueve un combate frontal contra el crimen organizado, el fortalecimiento presupuestario del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y Seguridad Pública. Además, propone transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil sometida a controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas.

La iniciativa también plantea una visión preventiva de la seguridad basada en la promoción de la cultura de paz, el deporte, la educación, las expresiones artísticas y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Uno de los apartados más extensos se refiere a la educación pública. El pacto propone avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, establecer una negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y revisar los modelos de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.

En relación con la seguridad social, el documento plantea la defensa y fortalecimiento de la CCSS, la sostenibilidad de los regímenes de salud y pensiones, la definición del monto real de la deuda estatal con la institución y el establecimiento de mecanismos para su pago. Asimismo, propone medidas para reducir las listas de espera, enfrentar la escasez de especialistas y promover reformas que permitan un acceso más justo a los medicamentos.

La propuesta también incluye la revisión de la regla fiscal para identificar mejoras que permitan proteger la inversión social, así como el fortalecimiento gradual del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En materia ambiental, el pacto plantea fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), otorgar mayores competencias a los guardaparques, mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, proteger a personas defensoras de derechos humanos y ambientales, garantizar el acceso al agua potable mediante el fortalecimiento de las ASADAS y promover soluciones integrales para la gestión de residuos con enfoque de economía circular.

El documento incorpora además compromisos relacionados con los derechos de las mujeres, las personas cuidadoras, la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas migrantes y solicitantes de refugio.

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la producción nacional y de la seguridad alimentaria. Entre las propuestas destacan el apoyo a la actividad agropecuaria, la mejora del acceso al financiamiento para productores, la creación de seguros agropecuarios accesibles, el fortalecimiento de los controles fitosanitarios y la búsqueda de alternativas al actual sistema de areteo del ganado.

La agenda también contempla reformas orientadas al combate contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, promueve políticas de transparencia, acceso a la información pública, apertura de datos, interoperabilidad digital y transparencia algorítmica dentro de la institucionalidad pública.

Como parte de los acuerdos operativos, la propuesta establece mecanismos para que RENASES presente iniciativas legislativas y planteamientos de control político, así como la conformación de equipos técnicos y políticos integrados por representantes de las fracciones legislativas y de los sectores sociales.

El documento reconoce además al denominado Equipo Timón como instancia coordinadora de RENASES e interlocutora con las fracciones legislativas que decidan adherirse al pacto. Dicho equipo está integrado por representantes de ANDE, ANEP, APSE, SEC, SINAE, UNAG y UNDECA,

La propuesta contempla que la firma del Pacto Patriótico Costarricense se realice en la Asamblea Legislativa durante el presente mes de junio, mediante la adhesión de diputadas y diputados de oposición y representantes de las organizaciones sociales participantes.

Las máscaras engañosas de un país verde

Frank Ulloa Royo

Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.

Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.

Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.

Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.

La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.

La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.

Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.

Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita información financiera a la CCSS

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la CCSS información sobre los estados financieros auditados del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Seguro de Salud (SEM). La CCSS atendió la solicitud con los oficios GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026.

Consta en dicha información que la empresa auditora de los estados financieros de los seguros que administra la Caja es Deloitte & Touche S.A. a la cual la Caja le paga por período $127,872.00 por los servicios de auditoría del SEM; $101,525.00 por período auditado del IVM y $11,479.00 por período auditado del RNC. Sumando los cuatro períodos 2021-2024 se obtiene que la CCSS ha pagado $963,504.00 por estos servicios.

Debido a que presuntamente no fue entregada toda la información solicitada, la ACSS está gestionando ante la CCSS la entrega de la información pendiente y solicita otra información. A continuación, se transcribe el oficio ACSS-006-2026:

Señora Mónica Taylor Hernández

Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 y la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, en relación con el oficio GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026, solicitamos la siguiente información de interés público:

Primero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Cabe señalar que la información relativa a los estados financieros auditados se encuentra debidamente divulgada y disponible para consulta pública a través de la página web institucional de la CCSS, en el apartado CCSS | Financiero.”

No obstante, consultada la página indicada, observamos que no se encuentran disponibles los estados financieros auditados del 31 de diciembre de 2024, por lo cual solicitamos su entrega.

Segundo. En el oficio SJD-0727-2026 se indica “De la revisión integral de las actas de Junta Directiva correspondientes al año 2023, no se registra el conocimiento de Estados Financieros Auditados.”.

Al respecto, se procedió a revisar la información suministrada y se determinó que en la sesión Nº 9510 celebrada el 08 de abril de 2025, la Junta Directiva de la CCSS sí conoció los estados financieros auditados del SEM con corte al 31 de diciembre de 2023. Además, notamos que en la información suministrada no constan las actas de la sesión de Junta Directiva en la que conoció los estados financieros de cada uno de los tres seguros o programas con corte al 31 de diciembre de 2024, motivo por el cual solicitamos su entrega. En el caso de que no hayan sido conocidos por la Junta Directiva, solicitamos que nos informen los motivos y que nos indiquen la fecha en la que los conocerán.

Tercero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Adicionalmente, respecto del período 2025, como es de conocimiento de esa estimable Presidencia, a la fecha no se dispone de una fiscalización externa concluida, por cuanto la emisión y disponibilidad de los Estados Financieros están en proceso de elaboración de junio a diciembre 2025, lo cual constituye un insumo esencial para el inicio y adecuado desarrollo del proceso de fiscalización correspondiente”. (Destacados se suplen).

Dado lo anterior, solicitamos que nos informen los motivos por los cuales a esta fecha aún no están disponibles los estados financieros no auditados de junio a diciembre de 2025 del RNC, IVM y SEM. Así mismo, que nos informen una fecha tentativa en la que estarán disponibles.

Cuarto. Solicitamos el nombre completo, el número de cédula jurídica de la empresa auditora que auditará los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 del IVM, SEM y RNC, el monto que se le pagará en cada seguro o régimen según el contrato, el nombre completo de su representante legal en Costa Rica y su número de cédula.

Atentamente,

Dr. Alfredo Ramírez Montero
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
Lic. Jorge García Araya
M.Sc. Rodrigo Arias López

Para la ACSS esta información es muy importante en momentos que la CCSS anuncia otra reforma al seguro IVM para reducir beneficios y poner a cotizar a los pensionados, sin siquiera haber entrado en plena vigencia la reforma aprobada para el año 2024, ya que es hasta el año 2027 que se pensionarán todos los varones de 65 años de edad que no pudieron hacerlo antes y las mujeres de 63 años que tampoco pudieron retirarse antes debido a esa reciente reforma.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Poder Judicial reafirma su compromiso con la transparencia al aprobar alianza con el Estado de la Justicia

• Corte Plena acuerda trabajar de forma conjunta con el CONARE para la elaboración de un diagnóstico sobre la administración de justicia

La Corte Plena, integrada por las 22 magistraturas del Poder Judicial, acordó fortalecer los procesos de evaluación de la administración de justicia mediante su participación en el estudio que desarrolla el Informe Estado de la Justicia. Para ello, facilitará información, datos y colaboración técnica para la investigación académica.

Este lunes 1.º de junio de 2026, durante sesión ordinaria, el máximo órgano judicial aprobó la “Alianza Estratégica para la colaboración y participación entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Programa Estado de la Nación”.

Como objetivo general, la iniciativa busca identificar aspectos relacionados con la eficacia, eficiencia, fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y retos que enfrenta la institución, así como las acciones necesarias para fortalecer el desempeño judicial, a partir de información real, técnica y objetiva. Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas permitirá ofrecer al país una valoración integral del sistema de justicia.

La magistrada y presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, señaló que la continuidad de este proyecto, desarrollado desde 2015, demuestra el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas, siempre con el propósito de mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

“Existe un compromiso claro con el país de mejorar continuamente el servicio de administración de justicia. Hemos impulsado acciones y estrategias orientadas a ese objetivo, que han generado resultados importantes; sin embargo, aún quedan desafíos por atender. Por ello, es de suma importancia contar con una evaluación externa, técnica e imparcial que nos permita identificar oportunidades de mejora en procura de una mayor eficiencia y eficacia”, indicó.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Nacional (UNA), en representación de CONARE, suscribirán esta alianza estratégica, la cual tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por un período igual.

El acuerdo garantiza una articulación permanente entre ambas instituciones para el desarrollo de las investigaciones y la implementación de mecanismos efectivos de intercambio de información oportuna y completa.

Asimismo, mantiene el modelo de contrapartes técnicas, el establecimiento de mesas de trabajo con participación del Poder Judicial y la incorporación de profesionales especializados según las materias jurisdiccionales objeto de análisis.

OES-UNA: “Discusión sobre una reforma fiscal es necesaria y urgente”

Observatorio Económico y Social llama la atención sobre la necesidad de evitar centrar la discusión en medidas de corto alcance y la urgencia de tomar en cuenta el impacto sobre los sectores más vulnerables

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) ha venido advirtiendo sobre un deterioro en la recaudación tributaria desde el 2023.

En el informe Análisis de la Coyuntura Fiscal 2024 se señalaba una reducción de los ingresos tributarios durante ese año, situación que ya se había presentado en 2023. Esta tendencia continuó en 2025 y se ha intensificado durante los primeros meses de este año, tal como lo había anticipado el propio Ministerio de Hacienda en las proyecciones incorporadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La disminución de los ingresos tributarios se ha observado en diversos rubros y no responde a un único factor. Entre las principales causas destacan el menor dinamismo de las empresas del régimen definitivo, la reducción de los ingresos de algunas empresas que facturan en moneda extranjera, el congelamiento salarial en el sector público, el efecto de la apreciación del colón sobre el valor declarado de los bienes importados, la modificación de los valores declarados en la importación de vehículos y diversas decisiones adoptadas por la anterior Asamblea Legislativa, entre ellas, la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la disminución del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividad lucrativa y la limitación de algunas potestades de control de la Administración Tributaria.

Sobre este punto, en el informe Análisis de Coyuntura Fiscal 2024 se advertía que “el Observatorio reitera el llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con más reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se ha estado haciendo en los últimos dos años con la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en el cobro del impuesto sobre la renta, la reducción del impuesto a personas físicas con actividad lucrativa (personas con actividades propias) o las reformas recientemente anunciadas en el Selectivo de Consumo, pues el deterioro de los ingresos públicos afectará la posición fiscal del país y complicará la asignación de recursos adicionales a las más apremiantes necesidades de la población”.

Hoy, esta advertencia parece estarse confirmando, pues el deterioro de las finanzas públicas se ha vuelto cada vez más evidente.

Por esta razón, el OES-UNA considera positivo que haya una discusión sobre una eventual reforma tributaria, dada la necesidad de corregir problemas que se han venido acumulando en el sistema tributario costarricense durante décadas. La reforma fiscal aprobada en 2018 tuvo un alcance limitado y no fue concebida como una transformación estructural del sistema, sino como una respuesta inmediata a la necesidad de generar recursos adicionales para enfrentar la situación fiscal del momento.

En ese contexto, era necesario mantener abierta la discusión sobre reformas de carácter estructural que permanecieron pendientes, particularmente en materia del impuesto sobre la renta, así como sobre eventuales ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluida la discusión acerca de su tasa impositiva. Sin embargo, la irrupción de la pandemia por Covid-19 desplazó estas prioridades e impidió la continuidad de una agenda de reformas tributarias de mayor alcance.

El país mantiene pendiente una agenda de reformas tributarias de gran relevancia. Entre ellas destacan:

– La revisión integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en esencia continúa siendo la aprobada en 1988 con las modificaciones incorporadas a lo largo del tiempo.

– La reducción de los niveles de incumplimiento tributario por parte de las personas jurídicas.

– El fortalecimiento de la recaudación proveniente de las personas físicas, ámbito en el que Costa Rica se encuentra rezagada respecto al promedio de los países de la OCDE.

– La introducción de mecanismos de control que eviten el uso de Sinpe Móvil como instrumento para la evasión del IVA.

– La racionalización de determinadas exoneraciones.

– La revisión de los beneficios tributarios otorgados a empresas acogidas a regímenes especiales.

– La definición de estrategias para enfrentar la erosión futura de la recaudación proveniente de los impuestos a los combustibles.

Asimismo, resulta necesario retomar medidas orientadas a fortalecer las capacidades de control y fiscalización de la Administración Tributaria, así como valorar la incorporación de tributos que, además de generar ingresos, contribuyan al cumplimiento de objetivos ambientales.

Por estas razones, el OES-UNA hace un llamado a promover una discusión amplia e integral sobre la reforma tributaria que requiere el país, evitando limitarla a ajustes puntuales destinados únicamente a resolver necesidades de financiamiento de corto plazo. El objetivo debe ser avanzar hacia un sistema tributario más robusto, equitativo y sostenible, capaz de fortalecer las capacidades de la Administración Tributaria y garantizar la disponibilidad de recursos para atender las prioridades nacionales en el largo plazo.

Además, las reformas que eventualmente se adopten deben proporcionar al gobierno central los recursos necesarios para responder a necesidades ineludibles de la población, como por ejemplo: el fortalecimiento del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya sostenibilidad requerirá recursos que exceden los obtenibles mediante una eventual capitalización derivada de la privatización de un banco público, el pago de la deuda del Estado con la CCSS.

Asimismo, debe considerar además el fortalecimiento del financiamiento de la educación pública, el incremento de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, el resarcimiento de los montos no transferidos al Poder Judicial en años anteriores, el fortalecimiento de los programas sociales y la atención de necesidades operativas del gobierno central, incluidas aquellas asociadas a la puesta en funcionamiento del nuevo centro penal actualmente en construcción.

La reforma tributaria que eventualmente se proponga debe considerar de manera explícita sus efectos sobre la población en condición de vulnerabilidad económica, incorporando mecanismos que permitan compensar o minimizar posibles impactos adversos. Hasta el momento, sin embargo, este aspecto no ha sido señalado como una condición fundamental dentro de la discusión pública sobre la reforma.

Por ejemplo, la eventual aplicación de la tarifa general del 13% del IVA a los bienes que actualmente integran la canasta básica tributaria, podría generar un aumento significativo en la recaudación de este impuesto, al ampliar la base gravable y gravar una mayor proporción del consumo realizado por los hogares de mayores ingresos. No obstante, una medida de esta naturaleza incrementaría la carga tributaria sobre los hogares de menores recursos, los cuales destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes esenciales.

Por esta razón, cualquier modificación en esta dirección debería acompañarse de mecanismos de compensación adecuados. A partir de experiencias implementadas en otros países de la región y de propuestas que han sido discutidas con anterioridad en Costa Rica, resulta pertinente valorar la devolución del IVA pagado por los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica. Este mecanismo, conocido en el ámbito internacional como “IVA personalizado”, permitiría mitigar los efectos regresivos del impuesto y fortalecer la progresividad del sistema tributario, al tiempo que se preservan los objetivos de recaudación fiscal.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Guía de CEJIL destaca acceso a la información como herramienta clave frente a la crisis climática

La publicación analiza los alcances de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subraya que la transparencia y el acceso a la información son condiciones indispensables para la justicia climática.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) puso a disposición la guía temática El acceso a la información climática y las obligaciones de derechos humanos, un documento que analiza los principales aportes de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre emergencia climática y derechos humanos.

La publicación forma parte de la serie El derecho internacional frente a la emergencia climática y busca acercar a personas, comunidades y organizaciones los estándares jurídicos desarrollados por la Corte IDH para enfrentar una crisis que ya afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua, la alimentación y la permanencia en los territorios.

CEJIL recuerda que la Opinión Consultiva reconoce que la emergencia climática es también una crisis de derechos humanos y establece obligaciones concretas para los Estados. Entre ellas destaca la necesidad de garantizar el acceso a información pública, clara, veraz y oportuna sobre las causas e impactos del cambio climático y sobre las medidas adoptadas para enfrentarlo.

La organización enfatiza que los incendios, las sequías y los eventos climáticos extremos continúan afectando a millones de personas en América Latina y el Caribe. Frente a estas amenazas, la información pública se convierte en una herramienta indispensable para la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la exigencia de respuestas estatales eficaces.

Según destaca la guía, sin acceso a información adecuada las comunidades carecen de elementos para prepararse ante riesgos climáticos, participar en la toma de decisiones, exigir rendición de cuentas o acceder plenamente a la justicia. La información climática es presentada como una condición necesaria para la existencia de alertas tempranas, mecanismos efectivos de participación y procesos transparentes de formulación de políticas públicas.

El documento explica que el acceso a la información climática no constituye únicamente un derecho autónomo protegido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también una herramienta esencial para garantizar otros derechos fundamentales. Asimismo, señala que los Estados deben producir, recopilar, actualizar y divulgar información relevante utilizando la mejor evidencia científica disponible e incorporando los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales.

La guía desarrolla de manera detallada los principales estándares establecidos por la Corte IDH en materia de acceso a la información climática. Entre los temas abordados se encuentran las obligaciones estatales de transparencia activa, los mecanismos para responder solicitudes de información, la accesibilidad para distintos sectores de la población, el uso de nuevas tecnologías, los estudios de impacto ambiental y climático, los presupuestos destinados a la acción climática, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia.

También examina la protección de personas defensoras de derechos humanos, las obligaciones de los actores privados respecto a la generación y divulgación de información ambiental, las restricciones legítimas al acceso a la información y las medidas necesarias para enfrentar la desinformación climática.

La publicación sostiene que fortalecer los sistemas de acceso a la información climática es una condición indispensable para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos y para construir procesos democráticos más transparentes, participativos y responsables.

CEJIL señala que la guía busca facilitar la comprensión y aplicación de los estándares contenidos en la Opinión Consultiva OC-32/25, contribuyendo a que personas, comunidades y organizaciones dispongan de mayores herramientas para defender sus derechos y participar activamente en las decisiones relacionadas con la emergencia climática.

Descargue el documento completo desde SURCOS en el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/acceso-a-la-informacion-climatica-CEJIL.pdf

Foro analizará el impacto institucional del caso denunciado por Marulín Azofeifa

El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará el foro “El impacto de la traición institucional: la (in)justicia ante la denuncia de Marulín Azofeifa”, un espacio de reflexión sobre las implicaciones institucionales, sociales y de género derivadas del proceso de denuncia impulsado por la exdiputada Marulín Azofeifa.

La actividad se desarrollará el lunes 8 de junio en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y reunirá a especialistas en estudios de género, psicología, sociología y comunicación para analizar los desafíos que enfrentan las personas denunciantes de violencia de género y el papel de las instituciones en la búsqueda de justicia.

Entre las panelistas se encuentra Marisa Batalla Chacón, comunicadora especializada en violencias de género y asesora del equipo legal de la exdiputada Marulín Azofeifa.

También participará Montserrat Sagot Rodríguez, socióloga y exdirectora del CIEM, reconocida por su trayectoria académica e investigativa en temas de género, violencia contra las mujeres y derechos humanos.

El panel contará además con la intervención de Paola Brenes Hernández, psicóloga e investigadora del CIEM, quien aportará elementos de análisis sobre las dimensiones psicosociales e institucionales vinculadas a este tipo de procesos.

La moderación estará a cargo de Paula Rivera Calderón, estudiante de Psicología y Sociología y asistente del CIEM.

La actividad se inscribe en el contexto del debate público generado por la denuncia presentada por Marulín Azofeifa contra el exdiputado Fabricio Alvarado y las discusiones sobre el tratamiento institucional de las denuncias relacionadas con violencia y hostigamiento de carácter sexual, así como sobre los obstáculos que enfrentan las personas denunciantes para acceder a mecanismos efectivos de justicia y reparación.

El foro busca contribuir a la reflexión crítica sobre las respuestas institucionales ante este tipo de denuncias y sobre las consecuencias que dichas respuestas pueden tener para las personas afectadas y para la confianza ciudadana en los sistemas de protección y justicia.

Fecha: Lunes 8 de junio de 2026
Lugar: Miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales
Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)

Panoramas SURCOS | 4 de junio de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Unidades de la UCR rechazan la estigmatización territorial del Caribe Sur y piden revisar el lenguaje sobre crimen organizado.
https://wp.me/p6rfbZ-zan

Festival del Día del Ambiente en Puerto Potrero.
https://wp.me/p6rfbZ-zaC

FECTSALUD advierte que nuevas medidas fiscales afectarán a personas trabajadoras y pensionadas.
https://wp.me/p6rfbZ-zae

El señor de los anillos quiere ganar la guerra.
Gilberto Lopes.
https://wp.me/p6rfbZ-zac

Convocan a acompañar procesos judiciales vinculados a la defensa de Palestina y al derecho a la protesta.
https://wp.me/p6rfbZ-zap

La Voz de Hind Rajab – en Cine Magaly.
https://wp.me/p6rfbZ-zaG

El decoro constitucional.
Walter Antillón.
https://wp.me/p6rfbZ-zax

Programa Alternativas debatirá el papel de la educación religiosa ante los desafíos del futuro.
https://wp.me/p6rfbZ-zaL

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