Un estudio desarrollado en la Maestría en Microbiología Clínica impacta ya la atención oncológica pediátrica del país
Mag Olga Marta Ramírez Hernández Comunicadora Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)
Detectar a tiempo cuáles pacientes pediátricos con leucemia presentan un mayor riesgo de recaída es hoy una posibilidad real en Costa Rica, gracias a una investigación realizada en el marco del posgrado en Microbiología Clínica de la Universidad de Costa Rica (UCR). El trabajo, liderado por la Dra. Melissa Granados Zamora, se convirtió en una herramienta clave para mejorar el abordaje clínico de los casos más complejos de esta enfermedad.
La leucemia linfoblástica aguda tipo B (LLA-B) es el cáncer infantil más frecuente en el país. Cada año, entre cincuenta y sesenta niños son diagnosticados con esta patología. Sin embargo, no todos los casos evolucionan igual: una parte importante de los pacientes enfrenta un mayor riesgo de recaída, con implicaciones serias para su salud y supervivencia.
Fue precisamente esta necesidad clínica la que motivó la tesis de maestría de la Dra. Granados, titulada “Marcadores pronósticos de leucemia linfocítica aguda B en niños de Costa Rica: deleciones en el gen IKZF1 y altos niveles de expresión del gen CRLF2”, bajo la tutoría del Dr. Carlos Santamaría Quesada, jefe del Laboratorio de Diagnóstico Molecular del Hospital Nacional de Niños (HNN).
Durante su investigación, la Dra. Granados identificó la presencia en la población costarricense de alteraciones en el gen IKZF1, asociadas internacionalmente a un pronóstico más desfavorable. Este gen fue originalmente descrito en el año 2009 por el Dr. Charles Mullighan, investigador del St. Jude Children’s Hospital en Memphis, uno de los centros líderes en el estudio de cáncer pediátrico a nivel mundial.
“Nuestro primer objetivo era saber si estas alteraciones genéticas estaban presentes en los pacientes pediátricos con LLA-B en nuestro país. El segundo, comprobar si estaban asociadas con un peor pronóstico, y finalmente de esta forma clasificar mejor a los pacientes para que reciban el esquema de tratamiento adecuado, con el propósito común de contribuir a que la enfermedad no regrese, disminuyendo así recaídas y muertes”, explicó la Dra. Granados en entrevista.
El estudio incluyó a 126 niños con LLA-B tratados en el HNN, cuyos casos fueron seguidos durante al menos cuatro años. Los resultados fueron claros: la alteración en el gen IKZF1 se asoció efectivamente con un mayor riesgo de recaída, y su detección temprana permite a los médicos ajustar el tratamiento y el seguimiento de cada paciente.
Gracias a esta evidencia, desde 2019 la prueba para detectar esta alteración genética forma parte del protocolo rutinario en el Hospital Nacional de Niños. Así, cada niño diagnosticado con LLA-B se somete a este análisis, lo que permite identificar desde el inicio de la enfermedad a quienes requieren un manejo más intensivo y un seguimiento más estrecho.
Desde el punto de vista clínico, este hallazgo permite tomar decisiones más precisas. Los niños con esta alteración reciben un tratamiento más fuerte y un control más frecuente, con el fin de detectar precozmente cualquier signo de recaída y actuar a tiempo.
Para la Dra. Flor Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la UCR, este tipo de logros refleja el aporte que realiza el SEP al país: “Durante estos cincuenta años, el Sistema de Estudios de Posgrado ha sido un espacio donde se genera conocimiento que aporta soluciones reales para la sociedad. Este es un ejemplo claro: gracias a la calidad de nuestros programas y al trabajo articulado con diferentes instituciones, hoy contamos con herramientas que mejoran la atención de los niños con leucemia. Nos enorgullece ver cómo el trabajo de nuestras y nuestros estudiantes se traduce en beneficios concretos para el país”, destacó.
Además de su aporte clínico, el estudio validó el uso de una metodología accesible y adaptable a países en desarrollo, lo que ha permitido su aplicación efectiva en el contexto costarricense.
Actualmente, la Dra. Granados continúa su trayectoria académica como estudiante del Doctorado en Ciencias de la UCR, con el objetivo de ampliar el perfil genético que ayude a predecir con mayor precisión el comportamiento de la leucemia en cada paciente.
Para el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), este proyecto es un ejemplo tangible del compromiso con la excelencia académica y con la generación de conocimiento al servicio del país.
“Ampliar el conocimiento genético nos permite ofrecer a cada paciente un diagnóstico más completo, y, con ello, contribuir a tratamientos más efectivos para mejorar oportunidades de vida”, concluyó la Dra. Granados.
Esta nota forma parte de una producción audiovisual realizada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en colaboración con comunidades organizadas en los Estados Unidos. El trabajo documenta una experiencia inspiradora de lucha popular por el derecho a la vivienda en una de las ciudades más desiguales del mundo: Los Ángeles, California.
En medio de una profunda crisis habitacional global, donde millones enfrentan desalojos, rentas impagables y condiciones indignas, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles se ha convertido en un referente de resistencia urbana, organización comunitaria y poder popular. Esta producción recoge los testimonios de personas migrantes, trabajadoras e inquilinas que, cansadas de los abusos de propietarios y el abandono de las autoridades, decidieron organizarse para defender sus hogares, sus derechos y sus comunidades.
Desde barrios como Boyle Heights, Koreatown y el Valle de Sacramento, las voces protagonistas relatan cómo la falta de regulación al mercado inmobiliario ha dejado a miles en riesgo constante de desalojo. “Vivimos en una ciudad donde más del 60 % de las personas alquilan, pero las decisiones se toman para beneficiar a los dueños”, denuncia Cristina Sánchez Juárez, cofundadora del sindicato. “Formamos este movimiento porque no había una voz que nos representara. No se trata solo de sobrevivir al desalojo, se trata de construir comunidad”.
El video retrata cómo el sindicalismo inquilino, basado en principios de educación popular, autonomía organizativa y solidaridad barrial, ha permitido a estas comunidades no solo resistir desalojos, sino organizar huelgas de renta, recuperar espacios comunes y transformar el miedo en poder colectivo. “Nos están expulsando de nuestras casas, de nuestras ciudades, de nuestra historia”, expresa Daniela Líez, vecina de Boyle Heights. “Pero al unirnos, aprendimos que no estamos solas. El sindicato no es solo para enfrentar emergencias, es un espacio de formación, de acompañamiento y de transformación social”.
Además de visibilizar los impactos de la crisis inmobiliaria en los sectores populares y migrantes, el documental establece un puente con las experiencias organizativas en Centroamérica, particularmente en Costa Rica. Durante su visita, miembros del sindicato participaron en espacios de intercambio con comunidades locales, reconociendo en la pedagogía popular un pilar fundamental para sostener procesos de largo plazo. “Venimos a aprender de las luchas que se han tejido en este territorio. Necesitamos construir redes que trasciendan fronteras”, comparten.
A diferencia de las ONG tradicionales que operan dentro de marcos institucionales, el sindicato apuesta por una organización independiente y radicalmente democrática, donde las decisiones surgen de las asambleas y donde la participación de las juventudes es clave para proyectar el movimiento hacia el futuro. “Queremos cambiar la mentalidad de ser inquilinos sin derechos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho humano”, afirman. “Y este movimiento está creciendo, porque las personas ya no están dispuestas a aceptar la injusticia como normal”.
Este trabajo forma parte del compromiso del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, un espacio académico y comunitario que busca visibilizar las luchas sociales, territoriales y urbanas por la defensa de los derechos colectivos y la justicia socioambiental.
La Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley (ASOMOBI) invita a toda la población al Festival Comunitario Tierra y Amistad, en conmemoración del Día Nacional del Felino y la Vida Silvestre.
Salón Comunal de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas Sábado 19 de julio De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Actividad gratuita y para toda la familia
Durante el festival se realizarán actividades culturales, educativas y recreativas para todas las edades: circo, música en vivo, comidas típicas, charlas ambientales y mucho más.
Este espacio nace del compromiso de ASOMOBI por fortalecer la organización comunitaria, promover la educación ambiental y celebrar la biodiversidad local, con el apoyo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED.
Se agradece el respaldo de organizaciones aliadas como RedQuercos, EducaPILA, Ritmos Mulatos, y a Aquelarre de Arte por la creación de los diseños gráficos del evento.
El Festival Tierra y Amistad es una invitación a compartir, aprender y cuidar nuestra riqueza natural y cultural en comunidad.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología se dirige a la directora regional sobre el Área de Conservación La Amistad Caribe el 8 de julio de 2025 para reiterar la gravedad y urgencia de la situación, estipulada en la nota AEL-00276-2025, donde se solicitó la identificación y documentación de ocupantes físicos y jurídicos dentro del Patrimonio Natural del Estado (PNE), según el informe SINAC-ACLAC-PNE-092- 2024.
Se refieren a daños ambientales en ecosistemas frágiles, incluyendo el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, afectado durante años por acciones y omisiones bajo la administración del Área de Conservación La Amistad Caribe.
Se considera que la implementación de acciones durante el segundo semestre del año según disponibilidad de recursos no es adecuada ni suficiente, dado el carácter crítico de los daños al patrimonio natural del Estado. Los problemas heredados de la gestión de don Edwin Cyrus Cyrus, han dejado un estado cuestionable el PNE, y es imperativo que, se tomen medidas inmediatas y diligentes.
En ese sentido, se solicita la elaboración y presentación de un cronograma detallado que especifique las acciones planificadas, los responsables asignados y los plazos de ejecución para atender los puntos solicitados, una acción inmediata y coordinada para corregir los daños ambientales en el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, con énfasis en la protección de sus ecosistemas frágiles y la remisión de un informe preliminar, que detalle los avances concretos en la gestión del PNE.
La Red de Solidaridad con Palestina se presentó ante el edificio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva durante una asamblea de esa organización, para emplazar a esta institución que no ha querido manifestarse sobre el asesinato de los más de 200 periodistas en Gaza y Palestina por el régimen israelí.
El piquete tuvo respuestas de interés de varios asociados al Colegio que dijeron no conocer de la carta que la Red hace aproximadamente un año envío a la directiva sobre este tema.
También manifestaron algunos que intercederán ante la actual directiva pues no es posible que en la fachada del Colegio hay un Monumento por las víctimas del acto terrorista de la Penca en la que estuvo implicada la CIA y que sea indiferente ante el asesinato de periodistas que son actos de terror del ejército de Israel para acallar las voces de los comunicadores.
El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a las Tardes de tertulia y audición de música nacional «Escuchando nuestra esencia». Esta sexta actividad del 2025 titulada Historia de la música moderna en Costa Rica. II parte será moderada por Marco Saavedra.
La tertulia se realizará el viernes 18 de julio a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.
La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional, se complacen en invitarle a la conferencia Las iglesias de Costa Rica y Nicaragua durante la Campaña Nacional 1856-1857 por la Dra. Carmela Velázquez Bonilla.
El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a la presentación del libro Esta es la danza de la serpiente de Maty Crespo y con la participación de Beatriz López Odio y Aurelia Valentina Dobles.
La actividad se realizará el martes 15 de julio a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
Wilson Picado Umaña Rafael Díaz Porras Gerardo Jiménez Porras Antonio Delgado Ballesteros Investigadores del Proyecto “Cambio climático y relocalización del café en Los Santos, Costa Rica”, CINPE, Universidad Nacional, Costa Rica.
Quizás ustedes también han escuchado este refrán: “Las lluvias de febrero se van para el sombrero, las lluvias de marzo se van para el canasto y las lluvias de abril se van para el ferrocarril”. Habla del café, de su cosecha. De la relación entre la cosecha y las lluvias.
Sin decirlo, habla de la floración del café, de la “florea” del café, mejor dicho. De su ocurrencia en tres de los meses más secos del año en Costa Rica. O los más secos, para ser precisos. De la importancia de la florea en la cosecha de café dependiendo del mes en el que ocurra. Y habla de la figura del ferrocarril, del mercado, del puerto. El dinero y la bonanza que deparaba una gran cosecha.
Es un refrán sabio, como suele pasar con estos. Trata de procesos y datos que hoy desvelan a la ciencia, al gobierno y a la ciudadanía: la relación entre el clima y la producción agrícola. Habla de la oportunidad de las lluvias, de su justa ocurrencia para que la florea de café anticipe una buena cosecha, canastos llenos y ferrocarriles a rebosar.
Pero habla además de la incertidumbre. De lo que puede pasar si llueve antes o después, en mal momento, en el mes y de la forma menos indicada. Que la florea sea buena o mala.
Como otros cultivos, el café es una actividad muy sensible a las variaciones climáticas. Y como otros cultivos, los expertos pintan un futuro complicado debido al impacto del cambio climático. Abundan las proyecciones. Algunas afirman que en 2050 desaparecerá el 50 por ciento de las tierras más aptas para café del mundo. Otras, que será un futuro de pérdidas para algunas regiones y de ganancias para aquellas donde las variaciones climáticas sean menos acentuadas.
Se dice que el café arábica perderá y que el robusta ganará. Sin embargo, otros estudios advierten que la variabilidad climática afectará a los dos.
Los territorios del café se moverán en el futuro, quizás por el clima, quizás por una mezcla de factores climáticos y de mercado. El café siempre ha estado en movimiento a través de su historia. Véase un ejemplo. Hasta 1950 la mayor parte del café cultivado en Costa Rica estaba situado en el Valle Central. Cuatro o cinco décadas después, el paisaje era otro: buena parte del territorio cafetalero estaba distribuido entre Occidente, Los Santos, Pérez Zeledón, Coto Brus, la Península de Nicoya y la zona norte del país.
Presionado por la urbanización y el auge de nuevos sectores en la economía, el café encontró suelos y climas óptimos más allá de la capital. Y creció. Muchísimo.
Sin embargo, incluso en esas tierras de expansión, el área cultivada se ha reducido poco a poco en los últimos años. En 2001, de acuerdo con datos del CATIE y del ICAFÉ, el país contaba con unas 113229 hectáreas de café. Apenas unos años después, el censo cafetalero del ICAFÉ demostró que dicha mancha había disminuido a unas 98 mil hectáreas entre 2003 y 2006.
Y siguió bajando. En 2012, el área era de unas 93774 hectáreas, mientras que en 2017-2018 era de unas 92652 hectáreas. A excepción de Coto Brus, Pérez Zeledón y, sobre todo, Los Santos, en el resto del país la extensión cultivada del grano ha caído en las últimas dos décadas.
Donde todavía crece el área de cultivo, lo hace buscando las montañas y, en menor medida, buscando las tierras bajas y cálidas. Entre 2012 y 2017-2018, según datos del ICAFÉ, más de 2 mil hectáreas de café fueron cultivadas por encima de 1400 metros de altura, especialmente en regiones como Los Santos. Y en esta misma región, y en otras, nuevos cafetales han sido plantados bajo los 1000 metros sobre el nivel del mar.
El café se mueve, como ha pasado desde el siglo XIX y lo seguirá haciendo en el siglo XXI. Lo hará, sin embargo, en distintas circunstancias. Hay nuevas certidumbres en el sector: nuevas variedades, nuevos tipos de café y mercados, una participación mayor de las y los productores en la cadena de valor, múltiples iniciativas empresariales de pequeña y gran escala, y una cultura de la calidad que enorgullece a cada una de las regiones cafetaleras.
Pero también hay nuevas incertidumbres: las lluvias inusuales que causan enormes pérdidas en la cosecha, el impacto de los huracanes y las sequías, la migración del café a las tierras altas y su impacto ambiental, la transición generacional, las condiciones laborales del trabajo inmigrante y la convivencia no siempre pacífica entre el cafetal y el bosque en ciertas regiones del país, entre otras.
Se trata del cambio climático, seguro que sí. Pero, asimismo, se trata de un cambio estructural del sector no solo desde el punto de vista del mercado o de las instituciones, sino también social y ambiental.
A pesar de esto, se sabe mucho para enfrentar aquello sobre lo cual abundan las dudas en el futuro. El país cuenta con un extraordinario conocimiento acumulado sobre el café en las manos de las y los productores, de los micro y grandes beneficios, de las cooperativas y empresas privadas, y de la institucionalidad alrededor del ICAFÉ.
El refrán de las lluvias de abril habla de la incertidumbre. Pero, si lo leemos bien, también habla de la certidumbre, del conocimiento sobre lo que puede pasar ante la variabilidad no esperada. Es una breve reflexión ante lo desconocido y lo imprevisto.
Solo faltó decirnos lo que pasaría con las lluvias de mayo.
Cultivo de café en las tierras bajas de Los Santos, 9 de setiembre de 2022.Expansión del cultivo de café en las tierras altas de Los Santos, 27 de mayo de 2022.Preparación de terrenos para el cultivo de café en las tierras altas de Los Santos, 4 de agosto de 2024.
Rosaura Chinchilla Calderón, docente en la Facultad de Derecho-UCR, jueza en materia penal.
Por. Rosaura Chinchilla-Calderón
In memoriam a Néstor Zeledón Guzmán, profesor emérito de la UCR
Desde hace décadas, tanto el Instituto de Estudios en Población (IDESPO) en la Universidad Nacional (2012) como el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en la Universidad de Costa Rica han medido las manifestaciones crecientes de autoritarismo en la población costarricense. Los acontecimientos-país de los últimos años confirman esa tendencia. El psicólogo social Marco Vinicio Fournier, apoyándose en Adorno, en su artículo El autoritarismo en Costa Rica (2023) destaca que, en condiciones sociopolíticas y culturales deterioradas y marcadas por la incertidumbre, las personas tendemos a refugiarnos en una personalidad autoritaria. Esta, entre otros rasgos, simplifica deliberadamente la realidad, muestra agresividad, rigidez e intolerancia; encuentra satisfacción en la sumisión, adopta normas culturales inflexibles y estereotipadas, desarrolla patrones de interpretación basados en el pensamiento mágico y dirige el enojo hacia grupos minoritarios de la sociedad. Aunque, según esos estudios, a mayor nivel educativo menor autoritarismo, es claro que este rasgo forma parte de un fenómeno cultural que permea a todos los colectivos y, por ello, la comunidad de la UCR no escapa a esa tendencia. Así las cosas, conviene repasar algunos eventos recientes a fin de encender las alarmas y hacer un llamado para que, desde todas las unidades académicas, empecemos a reflexionar sobre este tema.
Los hechos. Diversos eventos acaecidos en nuestra casa de estudios en los últimos días deberían generarnos una profunda reflexión y ser objeto de encendidos análisis institucionales. Pese a ello, salvo escasos pronunciamientos públicos[1] han estado atravesados por un preocupante y generalizado silencio. Veamos:
i.- 30 de mayo: un funcionario administrativo de la Escuela de Estudios Generales de la UCR arranca carteles de protesta pegados por el estudiantado en un edificio universitario. Cuando se le graba e interpela, con respeto según se muestra en los videos públicos, por la razón de su actuación, aduce que “se viola la reglamentación universitaria” y, de inmediato, pide el apoyo de oficiales de la policía universitaria (que ya estaban en el sitio) a fin de exigir la identificación de las personas que lo captan y se verifique “si cuentan con carné universitario”. Los oficiales, sin embargo, valga destacarlo, muestran una actitud respetuosa y aunque no siguen los requerimientos del funcionario sí permanecen cerca. Algunas personas estudiantes denuncian otros actos de violencia presuntamente acaecidos en esa ocasión y refieren haber presentado un recurso de amparo.
ii.- 02 de junio: las máximas autoridades administrativas y docentes de la Escuela de Estudios Generales —es decir, de lo que debería ser la cuna del pensamiento crítico y el humanismo en la UCR, pues así fue concebida en el III Congreso— suscriben un pronunciamiento conjunto en el que apoyan lo actuado por aquel funcionario. Nuevamente se alude a violaciones reglamentarias y que ese hecho “desencadenó una escala de violencia” (sic). Curiosamente, las autoridades que se dicen personalmente afectadas por los actos suscriben el pronunciamiento en solidaridad consigo mismas.
iii.- 03 de junio: un miembro del Consejo Universitario (valga indicar, el máximo órgano deliberante y decisor de las políticas universitarias) y representante del área de Ingenierías, presenta una moción para solicitar la intervención de la Unidad Especial de Intervención, policía adscrita a la Presidencia de la República, a fin de que esta diera el criterio técnico sobre cómo abordar las protestas estudiantiles. Ante intervenciones acertadas del resto del pleno, retira la moción. El órgano institucional, en un escueto comunicado, se limitó a describir lo anterior, sin calificar lo sucedido.
v.- 04 de junio: La Escuela de Estudios Generales efectuó la elección de su Dirección. Las instalaciones donde el acto se iba a desplegar tuvieron, desde primeras horas, una importante y atípica presencia de policías universitarios.
El marco jurídico. La protesta social es un derecho humano, integrante de la libertad de expresión, establecido en normativa nacional (Constitución Política) e internacional (CADH). Por tanto, no puede sancionarse (penal o disciplinariamente) a quien ejerce un derecho. Reglas jurídicas de menor rango, como reglamentos, no pueden dejar sin efecto normas constitucionales o convencionales. Por supuesto que ningún derecho es absoluto, sino que todos tienen límites derivados de otros derechos del mismo rango. Empero, para determinar cuándo ha habido exceso en el ejercicio de uno, debe hacerse un juicio de ponderación que solo pueden efectuarse las autoridades jurisdiccionales nacionales competentes, previo debido proceso iniciado por quien se dice afectado y asumiendo esta persona la responsabilidad por denuncias calumniosas o falsas. Así, si en el ejercicio del derecho de protesta social se cometen delitos (contra la propiedad, contra el honor, entre otros), las personas afectadas (solo ellas en el último caso) pueden plantear procesos para que tal cosa se verifique, pero no actuarse de forma directa o por las vías de hecho.
Por otro lado, ninguna policía nacional, y tampoco la universitaria con un marco jurídico mucho más reducido, puede exigir identificaciones solo porque así se le ocurra a alguien. La obligación de identificarse alude a la cédula de identidad o, en algunos casos, a la licencia de conducir, no a documentos de pertenencia institucional, y solo puede ser exigida por autoridades públicas en ejercicio legítimo de sus cargos, sin que pueda ser invocada abusivamente, como lo ha establecido múltiple jurisprudencia constitucional. Inclusive, la transgresión a ese deber de identificación es una simple contravención y no un delito.
Asimismo, en espacios públicos como es el campus, el derecho a la intimidad no es pleno, por lo que, en principio, cualquier persona puede documentar, inclusive con uso de material audiovisual, lo que suceda. Cualquier exceso en el uso de la imagen debe ser resuelto por los tribunales nacionales civiles o constitucionales.
Finalmente, la sola moción para pedir la intervención de la UEI no es un asunto menor. No solo se le está pidiendo a un órgano político (cualquiera que este sea) que asesore en un tema delicado y que toca el núcleo duro de la autonomía universitaria como es la protesta estudiantil, sino que se pretendía que lo hiciera una unidad policial que ha estado en la palestra pública pues, desde noviembre 2024, vía decreto, se le modificaron sus competencias para quedar al mando directo de la Presidencia del Poder Ejecutivo, entidad que ha atacado —verbalmente y mediante el no giro de recursos— a las universidades públicas. Además, se trata de la policía que, desde su origen, ha estado ligada a operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. Es decir, con la referencia se implanta la idea subliminal de que la protesta social y estudiantil en particular tiene un ligamen con actividades delictivas. Esa ha sido, justamente, una de las excusas que han usado gobiernos autoritarios de la región, de derecha e izquierda, de ayer y de hoy, para intervenir universidades, lugares donde se gesta el pensamiento crítico, se articulan movimientos pro derechos y se denuncia y documenta la corrupción y la falsedad.
“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA). El proceso final de la escultura con su autor, en el taller de este. (Foto. Ilka Tremino)
La interpretación. Los elementos referidos son indicios de un ambiente cultural en donde, tal y cual sucede a nivel nacional, se ha dado un importante retroceso en el respeto de derechos humanos y de la autonomía universitaria. Si eso es preocupante en cualquier ámbito, más debería serlo cuando sucede en donde debería primar el pensamiento y la discusión crítica y argumentativa. Nótese que, con actuaciones de autoridades universitarias en ejercicio de sus cargos, se han efectuado tentativas de afectar el núcleo esencial de la autonomía universitaria, tradicionalmente asociado tanto a la imposibilidad de ingreso policial al campus académico como a la actuación del movimiento estudiantil que, con sus reivindicaciones desde la Reforma de Córdoba de 1918, hizo emerger la propia autonomía de las universidades. Es decir, intentonas de disminuir la autonomía provienen de lo interno de la institución.
La criminalización de la protesta estudiantil ha sido una constante en la región en el marco del ataque al pensamiento crítico por regímenes autoritarios y por avances en el desmantelamiento de la educación pública. Así fuertes represiones a la protesta estudiantil, ya a escala nacional, se han registrado en países como Colombia y Argentina en 2024, en Guatemala en 2022-2023, en Nicaragua y en México en 2018-2020, para no mencionar casos más remotos en toda América Latina.
Los eventos reseñados de nuestra Alma Mater deben llevar a cuestionarnos si, inclusive con nuestra pasividad, estamos escribiendo la historia institucional con la “A” de la autonomía constitucional o la del autoritarismo de turno. Aquellos actos deberían generar honda preocupación, así como propiciar planes institucionales de capacitación general del personal docente y administrativo, incluyendo el policial, sobre cómo posicionarse democráticamente ante la protesta social y estudiantil.
El autoritarismo está entre nosotros, en nuestras sociedades, en el inconsciente colectivo y no es un juego. Es imperativo que, en el marco de todos los cursos, de todas las actividades administrativas y de todos los procesos, empecemos a examinar nuestras propias actitudes cotidianas (por ejemplo, aquellas en donde una persona docente no da argumentos para evaluar) que condenan la diferencia, la inflexibilidad y el diálogo. Nuestros tiempos demandan argumentos y razones, no imposiciones.
[1] Cfr. entre otros: Observatorio de Bienes Comunes (Alerta en la UCR: una amenaza contra la protesta y la autonomía universitaria, 3 de junio); Centro de Investigación de Estudios de las Mujeres-CIEM (Sobre el autoritarismo y el derecho a la protesta, 16 de junio), de la Escuela de Ciencias Políticas en sus redes sociales; de parte del Movimiento Estudiantil a través del Consejo Superior Estudiantil (CSE) en su acuerdo CC-CSE-4-2025 del 16 de junio; de la docente PhD. Gabriela Chavarría Alfaro. (Retrato de una elección, 5 de junio) y de la seccional del SINDEU en la Escuela de Psicología (10 de junio).
“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA) Ubicación actual de la escultura en la plazoleta de ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales-UCR ornamentada con elementos naturales en homenaje a su creador recientemente fallecido. (Foto. Facultad de Ciencias Sociales)
Rosaura Chinchilla-Calderón Docente Facultad de Derecho-UCR
