Agricultores locales enfrentan dificultades por la distancia a mercados principales y falta de aprovechamiento de infraestructura pública
La cooperativa AGRICOP alzó su voz para denunciar el abandono de instalaciones pertenecientes al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en la Región Brunca, a pesar de las necesidades de infraestructura que tienen los agricultores y organizaciones productivas de la zona.
Peter Espinal, agrónomo y miembro de AGRICOP, explicó que los productores de la Zona Sur enfrentan desventajas competitivas significativas debido a su ubicación geográfica. «Estamos muy alejados de los mercados grandes como CENADA. Nosotros estamos a seis horas, mientras otras partes del país están a dos horas. Esto nos pone en gran desventaja para competir con hortalizas y otros cultivos», señaló Espinal.
El agrónomo destacó que la clave para el desarrollo agrícola en la región está en dar valor agregado a productos que crecen naturalmente en estos suelos, como la yuca y el plátano. «Muchas veces vienen a introducir otros tipos de cultivos y lo que hacen es que hay que agregarles mucho abono y muchos aditivos. Uno tiene que trabajar con lo que la gente sabe cultivar», explicó.
Oportunidades en cacao y abacá
Espinal destacó el potencial del cacao, que actualmente experimenta alzas importantes en su precio debido a la disminución de la producción mundial en Ecuador y África por cambios climáticos. «Darle valor agregado al cacao es una de las razones por las que me sumé a esta cooperativa, para impulsar el desarrollo y hacer otros productos que podamos vender a un mercado nacional o incluso al turístico», afirmó.
También mencionó el abacá, una planta similar al banano que produce una fibra de alta calidad, como un cultivo prometedor para la zona. «Una gran ventaja del abacá es que, al estar en un área de conservación con mucha vida silvestre, los animales no lo consumen, a diferencia del maíz o la yuca, que son atacados por periquitos y saínos», explicó. Además, destacó su potencial como sustituto sostenible del plástico en la industria.
Instalaciones subutilizadas
Por su parte, Tatiana Chaverri denunció la existencia de un edificio en abandono perteneciente al INDER que no se quiere ceder a AGRICOP. «Acá pueden observar este edificio que es un monumento a la mala administración pública. La Región Brunca tiene grandes necesidades y oportunidades, y existen infraestructuras que el gobierno, en lugar de instaurar nuevas instalaciones, debería poner a disposición de AGRICOP», manifestó.
Chaverri enfatizó que la cooperativa propone iniciativas para el desarrollo de la juventud, para reducir la brecha tecnológica y para generar empleo. «Es una barbaridad que esta región cuente con infraestructuras y estén subutilizadas. Ahí está la mala administración en el Instituto de Desarrollo Rural», concluyó.
Los representantes de AGRICOP consideran que el acceso a esta infraestructura permitiría impulsar el procesamiento y valor agregado de los productos locales, mejorando la competitividad de los agricultores de la zona sur y generando nuevas oportunidades de empleo para la región.
Esta es información generada en la zona por la Comisión Sureña y el Frente Nacional de Lucha.
El calentamiento global intensifica los riesgos laborales en el sector agrícola, con efectos particularmente severos para las mujeres trabajadoras
El estrés térmico se ha convertido en un «asesino invisible» que afecta a 2.410 millones de personas trabajadoras en todo el mundo, lo que representa el 71% de la población activa global. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este fenómeno provoca anualmente 18.970 muertes y 22,85 millones de lesiones.
En el sector agrícola, el impacto es aún más preocupante: se proyecta una reducción aproximada del 60% en las horas de trabajo para 2030 debido al calor extremo, según información compartida por Maikol Hernández Arias, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh) de Costa Rica.
Temperaturas récord y sus efectos
El documento presentado en la reunión del Comité del Grupo de Trabajadores/as de la Agricultura (GPTA) en Bogotá, Colombia, el pasado septiembre, advierte que junio de 2024 fue el mes más cálido registrado y el duodécimo mes consecutivo en alcanzar el umbral de 1,5 °C.
«El estrés térmico se asocia con insolación, agotamiento por calor, lipotimia térmica (síncope o desmayo), calambres por calor y sarpullido por calor», indica el informe, que también destaca cómo la temperatura corporal humana debe mantenerse por debajo de 38°C para evitar la hipertermia. Temperaturas corporales superiores a 40,6°C implican riesgo de pérdida de conciencia, daños orgánicos y muerte.
Mayor vulnerabilidad de las mujeres
Un dato relevante del informe es que, durante el trabajo físico, las mujeres tienen 3,7 veces más probabilidades de ser intolerantes al calor que los hombres. «Las mujeres tienden a sudar menos que los hombres y, por tanto, tienen menor capacidad para liberar calor del cuerpo», señala el documento.
El trabajo agrícola es particularmente vulnerable, ya que se considera de intensidad alta (360-465 de intensidad laboral) y muy alta (> 465), en comparación con el trabajo de oficina. Esto implica que las temperaturas máximas para trabajar en agricultura deberían ser de 29-30°C para labores de alta intensidad.
Respuestas sindicales y normativas internacionales
Ante esta situación, diversos sindicatos han desarrollado iniciativas para proteger a las personas trabajadoras:
En Estados Unidos, la Asociación de Trabajadores Agrícolas (FLOC) estableció pautas sobre el calor que recomiendan abandonar el campo y buscar sombra y agua cuando la temperatura alcanza los 30°C/85°F y se presentan síntomas de estrés térmico.
En Australia, el sindicato UWU elaboró un modelo de cláusula sobre calor extremo que estipula que cuando la temperatura supere los 29,5°C, la parte empleadora debe proporcionar una pausa de 15 minutos con goce de sueldo cada hora de trabajo.
Varios países ya han implementado normativas al respecto:
En Sudáfrica, las empresas empleadoras están obligadas a mitigar el estrés térmico cuando el índice WBGT (temperatura globo y bulbo húmedo) medio por hora supera los 30°C.
En España, una ley de 2023 obliga a evitar determinadas tareas cuando hace calor y garantiza que no se reduzcan los salarios si se interrumpe el trabajo debido al calor.
En Grecia, la normativa exige una interrupción total del trabajo cuando el índice WBGT supera ciertos umbrales según la intensidad de la labor.
Instrumentos internacionales disponibles
La OIT cuenta con instrumentos específicos para proteger a las personas trabajadoras del estrés térmico, como:
Convenio 155 sobre salud y seguridad en el trabajo
Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo
Convenio 184 sobre salud y seguridad en la agricultura
Recomendación 194 sobre la lista de enfermedades profesionales
El informe subraya que según los convenios 155 y 184 de la OIT, las personas trabajadoras tienen derecho a retirarse de situaciones peligrosas cuando exista riesgo inminente y grave para su salud y seguridad.
Reunida la Coordinación del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, FRENAPI, los días 14 y 15 de marzo, para evaluar y generar Planes de Trabajo 2025, comunicamos a la comunidad nacional e internacional:
Este 18 de marzo, se cumplen ya 6 años, del cobarde asesinato del compañero Sergio Rojas, Bribri del clan Uniwak y miembro coordinador de FRENAPI.
Desde la legislación de 1977, ley 6172, el Estado debió asumir su responsabilidad de garantizar nuestro derecho a la Tierra/Territorio, ya sea indemnizando o desalojando los usurpadores – poseedores de mala fe. El Estado incluye la Comisión Nacional de Asuntos Indígena CONAI, ITCO actualmente INDER por su competencia en materia agrario, las asociaciones presentes en los territorios indígenas ADIs (dependientes de DINADECO), que son estructuras impuestas a los pueblos indígenas, por su negligencia y omisión en el saneamiento territorial, los hace cómplices del asesinato de nuestro hermano.
Después de más de 40 años de espera, (de Ley Indígena) y del desalojo violento en la Asamblea Legislativa, 9 agosto 2010, los Pueblos Indígenas, hemos decidido REAFIRMAR nuestro derecho a la Tierra/Territorio y nuestros Derechos a la espiritualidad, ambiente, educación, salud, y reivindicar de las estructuras propias.
Responsabilizamos al Estado de las agresiones, violaciones, a las personas indígenas y nuestros bienes, pues no ha garantizado ni materializado los derechos consagrados en la Constitución y el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. De modo que nuestras vidas y subsistencia, se ven en riesgo, vulnerabilidad y enajenado por las complicidades y omisiones del Estado.
En la administración Chaves Robles, igual que las otras administraciones, la represión, las agresiones, impunidad y la discriminación, han ido en forma escalonada, contra los Bienes Comunes, los Derechos Constitucionales y la integridad de los Pueblos Indígenas.
La impunidad desde los Poderes del Estado, promueve y consolida más agresiones, discriminación, racismo y la imposición de las nuevas formas de colonizar nuestras mentes, espiritualidades, estructuras propias y la diversidad cultural.
Desde los pueblos hemos vivido el despojo de los bienes comunes, mediante el clientelismo y la imposición de “agendas del estado”, mediante toda su estructura CONAI-ADIs-INDER-FONAFIFO-MINAET-ESTADO, folclorizando nuestras culturas, con acciones aisladas, evidenciando la continuidad del modelo colonial, de conquista, asesino, usurpador extractivista de nuestros bienes y la VIDA.
Condenamos al Estado que con su accionar nos ha arrebatado la vida, que es un derecho fundamental del ser humano, que después de 5 siglos, sigue la masacre, el crimen y genocidio estructurada y sistemática.
Esta impunidad representa mayor violencia que viven los pueblos indígenas, dichas acciones son ejecutadas a mansalva contra los pueblos y sus derechos.
Repudiamos la impunidad por parte de los poderes del Estado, que sólo manifiesta y ratifica la inoperancia e ineficiencia, del sistema, mediante los operadores de la justicia, sean abogados/as, fiscales, jueces, ministros y presidencias.
Exigimos justicia contra los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero Sergio, contra la violencia de usurpadores y agresores; así como exigimos atención de la Agenda Indígena, que respeta nuestros Derechos, estructuras y espiritualidades propias.
La garantía y exigencia del Derecho a la Tierra/Territorio, de los Pueblos Indígenas, que seguiremos recuperando y reafirmando, por el bienestar, la salud, la conservación, la biodiversidad, siguen vigentes en todos nuestros Pueblos
El Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades (CIFHU) de la Universidad de Panamá se complace en presentar el libro “El Canal de Panamá ante las amenazas de Trump”, compilado por los profesores Olmedo Beluche y Abdiel Rodríguez Reyes, y prologado por el Dr. Olmedo García Ch., decano de Humanidades, el cual reúne una serie de ensayos que analizan la situación geopolítica del Canal de Panamá en el contexto de las declaraciones y políticas del presidente estadounidense Donald Trump.
Entre las personalidades panameñas que reflexionan sobre las amenazas y falacias vertidas por el presidente Trump sobre el Canal de Panamá, tenemos a Julio Yao Villalaz, Diógenes Sánchez, Vilma Chiriboga, Juan Jované, Enoch Adames, Anayansi Turner, Ramón H. Benjamín, Jorge González, Félix Villarreal, Mario Enrique De León, Samuel Prado Franco y los compiladores, Abdiel Rodríguez Reyes y Olmedo Beluche.
Presentamos este libro con la urgencia que la coyuntura demanda para que sirva de instrumento en la lucha en defensa de la soberanía nacional frente al renovado monroísmo trumpista, pero también para que sea instrumento en la lucha por un canal al servicio del pueblo panameño, sacándolo de las manos de la oligarquía corrupta que controla la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y se chupa sus recursos.
El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.
En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.
Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún más. Se decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargo. Esta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.
Prácticas conocidas para cometer delitos
Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.
Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.
Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.
Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.
La importancia de denunciar
Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.
Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía Ambiental. La persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.
El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.
Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria
A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.
Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorio. La vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúen. Sin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.
Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papel. La articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgo. La acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.
Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica
Aspecto Clave
Descripción
Definición
La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
Propiedad
La ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesiones
Los 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Prohibiciones
Se prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especial
Si la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
Denuncias
Cualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.
El foro «Iniciativas Políticas para la Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social y la CCSS» se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, organizado por el Frente Nacional por la Seguridad Social. El evento abordó el contexto legislativo de los proyectos en corriente legislativa relacionados con la defensa y fortalecimiento de la seguridad social.
Participaron las diputadas Gloria Navas Montero, Paulina María Ramírez Portuguez y Rocío Alfaro Molina, junto a una importante representación de organizaciones sociales. Durante el foro, se discutieron los desafíos actuales de la CCSS, incluyendo el crecimiento de la deuda estatal, la crisis en la atención médica y la injerencia del Poder Ejecutivo en su administración.
Además, se presentaron iniciativas legislativas para fortalecer la seguridad social y se hizo un llamado a la movilización ciudadana en defensa del sistema público de salud.
La Seguridad Social en Riesgo: Un Llamado a la Acción
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el pilar de nuestro sistema de salud, garante del acceso universal y equitativo a la atención médica. Sin embargo, enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza su sostenibilidad y su papel como institución pública.
En este foro, se identificaron graves riesgos que afectan a la CCSS: una creciente deuda estatal que supera los 4,2 billones de colones, intromisión del Poder Ejecutivo en su administración, fuga de especialistas por condiciones laborales precarias y una falta de planificación que debilita su funcionamiento. Además, la sombra de la privatización se cierne sobre la institución, poniendo en peligro el acceso a la salud para miles de costarricenses.
Ante este panorama, la ciudadanía tiene un papel clave. La defensa de la seguridad social requiere que nos informemos, nos organicemos y alcemos la voz para exigir soluciones reales. La salud es un derecho, no un negocio. Si permitimos el debilitamiento de la CCSS, abrimos la puerta a un modelo excluyente donde solo quienes puedan pagar accederán a servicios médicos de calidad.
¿Qué se entendió por Seguridad Social?
Según la discusión en el foro, la seguridad social se entiende como un derecho fundamental que garantiza el acceso público, universal y equitativo a la salud, la protección laboral y las pensiones. Se enfatiza su papel en la estabilidad y el bienestar de la población, asegurando servicios de salud accesibles para todos, independientemente de su condición económica.
También se destaca que la seguridad social no es solo un sistema de atención médica, sino un pilar del Estado social de derecho, que protege a los ciudadanos frente a riesgos como enfermedades, desempleo y vejez. En este contexto, se subraya la necesidad de defender la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como una institución clave para garantizar este derecho.
¿Qué pasa con la presidencia ejecutiva?
En el foro se abordó el impacto negativo de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en la institución y la necesidad de su eliminación. Se argumentó que:
Eliminación de la Presidencia Ejecutiva: Se propone un proyecto de ley para suprimir esta figura y restablecer el modelo original de gobernanza tripartita, en el que la representación incluía al Estado, los trabajadores y los empleadores.
Consecuencias de la injerencia política: Se señala que la Presidencia Ejecutiva ha facilitado la intervención del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones, priorizando intereses políticos sobre criterios técnicos.
Apoyo legislativo a la eliminación: Se menciona que el proyecto ha sido dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales y ha recibido respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas.
Impacto en la autonomía institucional: Se critica que la existencia de esta figura ha debilitado la autonomía de la CCSS, favoreciendo decisiones que no responden a las necesidades reales de la seguridad social.
En términos generales, la discusión en el foro destacó que la Presidencia Ejecutiva es percibida como un mecanismo de control político que ha afectado la gobernanza de la CCSS, y que su eliminación permitiría recuperar la independencia y estabilidad de la institución
Las amenazas que enfrenta la CCSS
En un foro reciente sobre seguridad social, se identificaron graves riesgos que afectan el futuro de la CCSS:
Crecimiento de la deuda estatal: El Estado debe más de 4,2 billones de colones a la CCSS, comprometiendo su operatividad. Intromisión del Poder Ejecutivo: Se ha denunciado una interferencia política en la Junta Directiva, debilitando la toma de decisiones técnicas. Fuga de especialistas y crisis laboral: Condiciones laborales precarias y sueldos no competitivos están provocando la salida de profesionales de la salud. Privatización encubierta: Se teme que el debilitamiento de la CCSS busque favorecer a la medicina privada, afectando el acceso universal a la salud. Deficiencias en la planificación: Falta una estrategia clara para fortalecer el sistema de salud y garantizar su sostenibilidad. Desinformación y manipulación: Existen campañas mediáticas que buscan desacreditar la CCSS para justificar su debilitamiento
El papel de la ciudadanía en la defensa de la CCSS
Frente a estas amenazas, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la defensa de la seguridad social:
Informarse y generar conciencia sobre la situación de la CCSS. Organizarse y movilizarse en sindicatos, juntas de salud y movimientos sociales. Denunciar intentos de privatización y exigir soluciones reales. Fiscalizar a las autoridades para evitar decisiones que perjudiquen a la CCSS.
Desafíos para una agenda común para abordar la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):
Planificación y fortalecimiento del primer nivel de atención: Se resalta la necesidad de una planificación adecuada para atraer, formar y retener a los mejores profesionales de la salud en todos los niveles de la institución.
Dignificación del trabajo y salarios justos: Se subraya la importancia de garantizar condiciones laborales dignas y salarios adecuados para el personal de salud.
Universalización de las pensiones: Se plantea la necesidad de ampliar las modalidades de aseguramiento para jóvenes sin un empleador formal, dado que el esquema actual para trabajadores independientes resulta inequitativo.
Reforma a la gobernanza de la CCSS: Se propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva y restablecer el modelo tripartito original, asegurando una mayor representatividad de la clase trabajadora.
Blindaje constitucional de la CCSS: Se sugiere elevar los principios rectores de la institución a rango constitucional, con el objetivo de protegerla ante posibles intentos de desmantelamiento o privatización.
Pago de la deuda del Estado con la CCSS: La necesidad de contar con un plan de pago gradual que contemple un porcentaje del PIB anual durante 20 años para saldar la deuda estatal con la institución.
Mayor participación ciudadana y movilización social: Se enfatizó la importancia de que la ciudadanía se organice y ejerza presión para la aprobación de estas reformas y la defensa de la seguridad social.
La salud es un derecho, no un negocio. No podemos permitir que destruyan la CCSS en beneficio de unos pocos. Unámonos para proteger el futuro de la seguridad social en Costa Rica.
Les compartimos el video completo del foro para que puedas profundizar en las discusiones y reflexiones.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) ha presentado un informe detallado sobre el expediente legislativo 24.717, el cual busca modificar el Código de Minería para permitir la explotación minera metálica en el distrito de Cutris, San Carlos. Este documento expone los graves impactos ambientales, sociales y legales que traería la reapertura de la minería a cielo abierto en Costa Rica, especialmente en la zona de Crucitas, donde este debate ha estado activo por más de 25 años.
El informe de APREFLOFAS alerta sobre la destrucción de hábitats naturales, especialmente para especies como la lapa verde (Ara ambiguus), clasificada como en peligro crítico por la UICN. La minería a cielo abierto en Crucitas implica la deforestación masiva, el uso de cianuro y mercurio, y la contaminación de fuentes de agua, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad, sino también la salud de las comunidades locales.
Minería Ilegal y Crimen Organizado
Desde 2017, la zona de Crucitas ha sido invadida por actividades de minería ilegal, una problemática documentada en el informe de APREFLOFAS y respaldada por investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta minería ilegal está vinculada a tráfico de mercurio, explotación laboral, trata de personas y corrupción, lo que demuestra el fracaso del Estado en la protección de esta región. Además, investigaciones periodísticas han revelado que el oro extraído ilegalmente en Crucitas es trasladado y «lavado» en otras zonas del país antes de su exportación.
¿Qué es la minería a cielo abierto?
La minería a cielo abierto es un método extractivo que implica la remoción masiva de suelos y rocas para acceder a depósitos minerales superficiales. Se utiliza principalmente para extraer metales como oro, plata y cobre. Este tipo de minería se caracteriza por el uso de explosivos, maquinaria pesada y productos químicos como el cianuro y el mercurio para separar los minerales de la roca.
Contexto legal e histórico de la minería en Costa Rica
Desde la década de 1990 ha habido debates sobre la minería en Crucitas.
Cronología de leyes y sentencias clave:
2002: Se impone una moratoria a la minería metálica a cielo abierto.
2010: Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe esta actividad en todo el país.
2010-2011: Tribunales nacionales anulan la concesión minera a Industrias Infinito S.A. por ilegalidades.
2021-2023: Fallos de la Sala Constitucional ordenan acciones contra la minería ilegal en Crucitas.
El Arbitraje Internacional y la Regulación Vigente
El informe de APREFLOFAS también aclara el contexto legal de la minería en Costa Rica, recordando que la Ley 8904 de 2010 prohíbe la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Asimismo, desmiente la idea de que el caso de arbitraje internacional contra la empresa Industrias Infinito S.A. haya limitado al Estado en su capacidad de acción, ya que en 2021 el tribunal del CIADI resolvió que Costa Rica no debía pagar indemnización alguna.
Alternativas Sostenibles: Más Allá del Extractivismo
Costa Rica es reconocida mundialmente por su modelo de conservación ambiental y ecoturismo. APREFLOFAS enfatiza en su informe que la minería a cielo abierto es incompatible con los compromisos ambientales del país, incluyendo el Convenio de Minamata sobre el Mercurio. En lugar de insistir en un modelo extractivista, el país debe fortalecer economías sostenibles que protejan los bienes comunes y el bienestar de las comunidades.
¿Qué sigue?
El informe de APREFLOFAS hace un llamado urgente a la ciudadanía y a los legisladores para rechazar cualquier intento de reactivar la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica. La decisión sobre el futuro de Crucitas está en manos del Congreso, pero también en la acción y vigilancia de la sociedad civil.
Minería a cielo abierto: ¿De que hablamos?
mpactos ambientales
Deforestación y pérdida de biodiversidad
La minería a cielo abierto requiere la eliminación de grandes extensiones de bosques y suelos, afectando ecosistemas completos.
En zonas como Crucitas (Costa Rica), la minería amenaza especies en peligro de extinción, como la lapa verde (Ara ambiguus), que depende del almendro amarillo para anidar y alimentarse.
También afecta corredores biológicos y reservas naturales, fragmentando hábitats y alterando los equilibrios ecológicos.
Contaminación del agua
Se generan residuos tóxicos que pueden filtrarse a ríos, acuíferos y lagos, afectando la calidad del agua potable.
En la minería de oro, se usa cianuro para disolver el metal, lo que puede ocasionar envenenamiento de cuerpos de agua si no se maneja correctamente.
La contaminación por mercurio, usado en la minería artesanal, se bioacumula en peces y afecta a las comunidades humanas cercanas.
Suelo y geología
La remoción masiva de tierra provoca erosión, deslizamientos y la pérdida de la capacidad productiva del suelo.
Se generan grandes escombreras y relaves (desechos tóxicos), que pueden filtrar metales pesados y sustancias químicas al ambiente.
Emisiones de gases y contaminación del aire
La voladura de rocas y el uso de maquinaria generan polvo tóxico y emiten gases de efecto invernadero.
Se liberan metales pesados como arsénico y plomo, afectando la salud de las comunidades cercanas.
Impactos sociales y económicos
Conflictos socioambientales
La minería a cielo abierto es un foco de conflictos entre comunidades, empresas y gobiernos debido a los impactos ecológicos y la falta de consulta a poblaciones locales.
En América Latina, se han documentado numerosos conflictos, donde comunidades indígenas y rurales han resistido proyectos mineros que afectan su territorio.
En Costa Rica, el caso de Crucitas ha sido un ejemplo de oposición social sostenida contra la minería a cielo abierto.
Minería ilegal y crimen organizado
Cuando los proyectos mineros son detenidos o prohibidos, muchas veces surge minería ilegal, vinculada al narcotráfico, explotación laboral y trata de personas.
En Crucitas, el OIJ ha identificado redes de minería ilegal desde 2017, asociadas a tráfico de mercurio, armas y corrupción de funcionarios.
Desplazamiento de comunidades
En muchos casos, los proyectos mineros implican desalojos de comunidades que viven en las áreas concesionadas.
Se generan cambios en el uso del suelo, afectando actividades económicas tradicionales como la agricultura y la pesca.
Dependencia económica y poca redistribución de beneficios
La minería a cielo abierto genera grandes ingresos para las empresas, pero pocos beneficios para las comunidades locales.
Muchas veces, los empleos son temporales y desaparecen una vez agotado el recurso.
Los gobiernos suelen depender de los ingresos mineros sin invertir en diversificación económica.
Breve cronología
Década de 1990
1996: Decreto Ejecutivo 25700-MINAE declara la veda total del aprovechamiento de árboles en peligro de extinción.
Años 2000-2010
2001 (17 de diciembre): Resolución R-578-2001-MINAE otorga concesión de explotación minera a Industrias Infinito.
2002 (enero): Se publica en La Gaceta la resolución R-578-2001-MINAE.
2002 (junio): Decreto Ejecutivo 30477-MINAE declara una moratoria nacional indefinida a la minería metálica de oro a cielo abierto.
2002: Sentencia 2002-2486 de la Sala Constitucional reconoce la obligación del Estado de proteger la lapa verde y el almendro amarillo.
2004: Sentencia 2004–13414 de la Sala Constitucional anula la resolución R-578-2001-MINAE por falta de estudio de impacto ambiental.
2005 (enero): Resolución 119-2005-SETENA previene a Industrias Infinito por deficiencias en su Estudio de Impacto Ambiental.
2005 (diciembre): Resolución 3638-2005 de SETENA otorga viabilidad ambiental al proyecto Crucitas.
2007: Presentación de cambio en la viabilidad ambiental del proyecto, posteriormente declarado ilegal.
2008 (febrero): Resolución 170-2008-SETENA modifica la viabilidad ambiental del proyecto.
2008: Decreto Ejecutivo 34801-MINAE declara el proyecto Crucitas de interés público.
2009: Sentencia 2009-17155 de la Sala Constitucional no resuelve la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 34801-MINAE.
2010 (diciembre):
Sentencia 2010-4399 del Tribunal Contencioso Administrativo anula la concesión minera de Industrias Infinito.
Se aprueba la Ley 8904, que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica.
Años 2011-2020
2011 (noviembre): Sentencia 1469-F-S1-2011 de la Sala Primera confirma la anulación del proyecto minero.
2014 (marzo): Infinito Gold presenta demanda ante el CIADI contra Costa Rica.
2015 (noviembre): Sentencia 1438-2015 del Tribunal Contencioso Administrativo sobre ejecución de la sentencia del 2010, luego anulada en 2017.
2017:
Inician reportes sobre extracción ilegal de oro en Crucitas.
APREFLOFAS alerta sobre la contaminación por mercurio.
2019:
OIJ inicia investigaciones sobre la minería ilegal en Crucitas.
Operaciones policiales detectan tráfico de oro y mercurio.
2021 (junio):
Laudo del CIADI determina que Costa Rica no debe pagar indemnización a Infinito Gold.
Sentencia 2021-20047 de la Sala Constitucional ordena medidas contra la minería ilegal en Crucitas.
Años 2022-2025
2023 (febrero): Nueva sentencia de la Sala Constitucional reitera la necesidad de acciones contra la minería ilegal.
2024 (julio): Decreto Ejecutivo 44564-MINAE declara moratoria en Crucitas.
2024 (septiembre): Investigación periodística revela que oro ilegal de Crucitas es transportado y lavado en Abangares.
2024 (noviembre): El Poder Ejecutivo presenta el proyecto de ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, y para reformar parcialmente el Código de Minería (Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982).
2025 (marzo): APREFLOFAS presenta su criterio sobre el expediente legislativo 24.717 ante la Asamblea Legislativa.
La minería a cielo abierto es una de las actividades más controversiales en términos socioambientales. Su impacto va más allá del daño ecológico, generando desigualdades económicas, conflictos sociales y problemas de salud pública. En países con alta biodiversidad y modelos de desarrollo basados en el turismo y la conservación, como Costa Rica, su legalización pone en riesgo el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades.
La carta dirigida a la alcaldesa de Limón pide que medie ante el Poder Ejecutivo para revisar la implementación de rotondas en lugar de pasos a desnivel.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), a través de su presidente Marco Levy Virgo, ha dirigido una formal solicitud a la alcaldesa de Limón, Anna Janniel Matarrita McCalla, para que intervenga como mediadora ante el Poder Ejecutivo sobre un tema de creciente preocupación: los riesgos asociados a las rotondas en la Ruta 32.
En el oficio AEL-0087-2025, fechado el 15 de marzo recién pasado, Levy Virgo expresa su inquietud por la decisión de construir rotondas en lugar de los pasos a desnivel originalmente contemplados en el proyecto de ampliación de esta importante vía del Caribe costarricense.
«Si bien entiendo que esta decisión pudo haber sido motivada por razones logísticas o presupuestarias, considero que las rotondas representan riesgos importantes para la seguridad vial, el flujo eficiente del tránsito y, en última instancia, el bienestar de las comunidades limonenses,» señala el documento.
Entre las principales preocupaciones destacadas en la misiva se encuentran el incremento en el riesgo de accidentes, especialmente para vehículos pesados que transitan frecuentemente por esta ruta, así como la generación de congestionamientos que podrían afectar negativamente el comercio y el turismo de la región.
El presidente de la AEL también menciona la falta de pasos peatonales adecuados, lo que pone en riesgo a los habitantes de comunidades aledañas que dependen de esta vía para su movilidad diaria.
La solicitud específica a la alcaldesa es que, como máxima autoridad municipal y representante de los intereses de la provincia, medie ante el Poder Ejecutivo para realizar una «revisión exhaustiva de los riesgos asociados con las rotondas implementadas en la Ruta 32» y abogar por soluciones que prioricen la seguridad y el desarrollo sostenible de la región caribeña.
La Ruta 32, que conecta San José con Limón, es considerada una arteria vital para el desarrollo económico, social y turístico de la provincia, por lo que cualquier problema en su diseño o funcionamiento tiene implicaciones significativas para toda la región.
Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad de Limón no había emitido una respuesta oficial a la solicitud presentada por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología.
Foto del bombardeo en Gaza ocurrido el 13 de noviembre del 2024 en el area de Al-Mawasi: se puede apreciar el impacto causado en el suelo debido al uso de potentes artefactos explosivos que Irael utiliza de manera reiterada al bombardear campamentos de desplazados y refugiados en Gaza. Foto extraída de artículo de prensa titulado » ‘I don´t care who´s president there. I just want may kids to survive in Gaza’ «, Magazine+972 (Israel), edición del 14 de noviembre del 2024
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Este 12 de marzo del 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó del cierre de la fecha de recepción de opiniones jurídicas en el marco del procedimiento consultivo iniciado el 19 de diciembre del 2024 con respecto a las obligaciones de Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado: véase al respecto el comunicado de prensa de la CIJ del 12 de marzo en francés y en inglés.
El comunicado de la CIJ precisa que fueron un total de 45 opiniones jurídicas escritas las que recibió, de las cuales tres fueron enviadas en su momento por organizaciones internacionales (Liga de Estados Árabes, Naciones Unidas y Organización para la Cooperación Islámica) y las 41 restantes por Estados. De manera tardía, la Unión Africana (UA) fue autorizada por la CIJ a remitir su opinión fuera del plazo inicialmente establecido. Con relación a organizaciones internacionales, por tercera vez, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha considerado innecesario hacer ver su criterio a los jueces de la CIJ cuando se trata de Israel y de sus obligaciones internacionales.
Como información adicional que vendrá seguramente a ser usada contra Israel ante diversas instancias jurisdiccionales y otras entidades dentro de Naciones Unidas, el 13 de marzo del 2025, un muy completo informe de una comisión investigadora de Naciones Unidas creada en el 2021 por el Consejo de Derechos Humanos (véase enlace a mandato, tareas y composión y en la pare final de este comunicado votos obtenidos al crearse) vino a confirmar y documentar lo que para muchos expertos se intuía: la estrategia deliberada de Israel contra las mujeres y las niñas en Gaza, con la clara intención de dañar la capacidad reproductiva del pueblo palestino en Gaza. Remitimos a nuestros estimables lectores al comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas, pasado por alto por las principales agencias noticiosas (como suele ocurrir con este tipo de comunicados cuando de Israel se trata. La lectura integral del informe (véase texto) se recomienda, en particular sus contundentes conclusiones, a partir del punto 213. En los párrafos 218-219 se precisa por parte de los integrantes de esta comisión de investigación de Naciones Unidas que:
«The Commission finds that the Israeli authorities have destroyed in part the reproductive capacity of the Palestinians in Gaza as a group, including by imposing measures intended to prevent births, one of the categories of genocidal acts in the Rome Statute and the Genocide Convention. 219. The harm for pregnant, lactating and new mothers is of an unprecedented scale in Gaza. Furthermore, the lack of access to sexual and reproductive health care has caused immediate physical and mental harm and suffering to women and girls that will have irreversible long-term effects on the mental health and the physical reproductive and fertility prospects of the Palestinians in Gaza as a group. The underlying acts amount to crimes against humanity and deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the physical destruction of Palestinians as a group, one of the categories of genocidal acts in the Rome Statute and the Genocide Convention».
Un tercer procedimiento consultivo en trámite sobre lo que ocurre en Gaza
Se trata del tercer procedimiento consultivo de la CIJ sobre Palestina, luego de:
a) la opinión consultiva emitida en el mes de julio del 2004 sobre la construcción de un muro por parte de Israel en territorio palestino (véase texto) y;
b) la opinión consultiva dada a conocer en julio del 2024 sobre el carácter ilegal de la colonización israelí (véase texto en francés y en inglés).
Es de notar que, en el marco de este tercer procedimiento consultivo, la primera opinión remitida al juez de La Haya fue la de Chile. En el caso de América Latina, además de Chile, optaron por remitir sus opiniones jurídicas Bolivia, Brasil, Colombia y México.
En el caso del Consejo de Seguridad, de sus cinco Estados Miembros permanentes, cuatro enviaron sus respectivos escritos, al tiempo que el Reino Unido se mantuvo sin hacerlo, por razones que sería de sumo interés conocer: en particular dado que en las dos ocasiones anteriores sí había externado su criterio al juez internacional de La Haya.
Es de señalar que en esta ocasión, Israel solamente pudo contar con escritos de Estados Unidos y de Hungría, y que ni Alemania, ni Australia, ni Austria, ni Canadá, como tampoco Camerún, Guatemala, Nauru, Palau, o República Checa, consideraron esta vez oportuno venir a apoyar las tesis jurídicas de Israel. En el caso de los Estados que integran a la Unión Europea (UE), además de Francia remitieron opiniones Bélgica, Eslovenia, España, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos y Polonia.
Noruega, verdadero iniciador de esta acción ante la justicia internacional, tal y como lo detallaremos en las líneas que siguen, de igual manera remitió su escrito, al igual que otro Estado europeo que no es es parte de la UE: Islandia.
En el caso del continente africano, únicamente remitieron escritos África del Sur, Argelia, Egipto, Islas Comoras, Namibia, Senegal y Túnez. En el caso de Asia, además de China, remitieron opiniones legales a la CIJ los siguientes Estados: Catar, Filipinas, Indonesia, Irán, Islas Maldivas, Jordania, Kuwait, Malasia y Pakistán.
Claro está, Israel y Palestina enviaron cada uno sus escritos a los jueces de la CIJ y será de gran interés leer detenidamente ambos documentos. En el caso del procedimiento consultivo finalizado en julio del 2024, Israel optó por remitir a modo de defensa cinco modestas páginas que no convencieron mayormente (véase documento en inglés y en francés). En el caso del carácter ilegal de un muro en Palestina, Israel había enviado un documento mucho más extenso (véase documento), el cual tampoco surtió mayores efectos (salvo en el caso específico – y único – del juez norteamericano de aquel entonces en la CIJ, que consideró oportuno votar en contra de varios puntos de la decisión tomada por sus 14 homólogos).
Las 45 opiniones jurídicas aún no están disponibles en el sitio de la CIJ, lo estando únicamente la numerosa documentación aportada por la Secretaría General de Naciones Unidas así como algunas ordenanzas tomadas por la CIJ en la tramitación de esta opinión consultiva desde diciembre del 2024 (véase enlace oficial de la CIJ).
El nuevo ocupante de la Casa Blanca y sus anuncios
La llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante desde el 20 de enero se ha caracterizado por ocurrentes anuncios sobre el futuro de Gaza, objeto de un repudio generalizado por parte de la comunidad internacional.
Cabe además recordar que el pasado 7 de febrero, otra jurisdicción internacional situada en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó de manera contundente las sanciones en su contra adoptadas por Estados Unidos en la misma fecha por investigar a altas autoridades de Israel y sus acciones militares en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre (véase comunicado oficial y un comunicado extenso de su Presidenta). Se trata de una medida en contra del personal de la CPI que exhibe la total pérdida de credibilidad de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional, tal y como lo denunció Amnistia Internacional en su comunicado, al igual que Human Rights Watch (HRW) en otro comunicado.
En efecto, desde 1945, se ha buscado siempre establecer en el seno de la comunidad internacional mecanismos que permitan que responsables de exacciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario respondan por sus actos desde el punto de vista penal individual: no fue sino en julio de 1998 que fue adoptado el Estatuto de Roma que crea la CPI, luego de experiencias previas de los tribunales de Nuremberg y de Tokio en los 40/50, y de los tribunales establecidos para juzgar a jefes militares y de milicias rebeldes de la Ex Yugoslavia y de Ruanda a mediados de los 90. En este mes de febrero del 2025, Estados Unidos ha considerado que, en el caso de Israel, este postulado fundacional de Naciones Unidas y del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, debe revertirse.
Con relación a las últimas ocurrencias de las actuales autoridades de Estados Unidos, en abierto desafío al resto de la comunidad internacional y a las reglas que la rigen, este 14 de marzo se informó de contactos oficiales de Estados Unidos e Israel con las máximas autoridades de Sudán, Somalia y de Somaliland (una entidad que busca separarse de Somalia desde su autoproclamada independencia en 1991) para negociar la llegada e instalación de familias palestinas oriundas de Gaza (véase nota del JerusalemPost y nota de la agencia AP). En el caso de Sudán sus máximas autoridades informaron haber rechazado tales propuestas (véase nota de The Guardian).
Es de señalar que el ritmo sostenido de anuncios ocurrentes de la Casa Blanca sobre diversos temas de la agenda internacional ha desplazado la presión mediática sobre Israel y lo que ocurre en Gaza, así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Sobre esta última, este reporte publicado en Israel da cuenta del elevado ritmo de demolición de casas palestinas por parte de Israel (véase reportaje de Magazine+972, del 6 de marzo del 2025, cuya lectura completa se recomienda). El ultimo informe de Naciones Unidas sobre Cisjordania (véase informe al 13 de marzo del 2025) detalla el nivel de violencia al que Israel somete a la población palestina. En el último informe sobre Gaza esta vez (véase informe al 11 de marzo), se lee que:
«Between the afternoons of 4 and 11 March, the Ministry of Health (MoH) in Gaza reported the killing of 98 Palestinians and the injury of 92 others; this includes 74 newly retrieved bodies. Since the ceasefire came into effect on 19 January, and as of 11 March, a total of 845 bodies were retrieved from areas that were previously inaccessible, the MoH reported. Since 7 October 2023 and as of 11 March 2025, the MoH in Gaza reported the killing of at least 48,503 Palestinians and the injury of 111,927 others».
El procedimiento consultivo puesto en contexto
Como se recordará, el 19 de diciembre del 2024, con una amplia mayoría de 137 votos a favor (y tan solo 12 en contra), la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicita una opinión consultiva a la CIJ con relación, esta vez, a las obligaciones de Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas y su actuar en el territorio palestino ocupado.
La solicitud fue tramitada por el Secretario General de Naciones Unidas a la CIJ el 20 de diciembre y, en un comunicado oficial con fecha del 23 de diciembre, la CIJ anunció el inicio formal del procedimiento consultivo (véase comunicado de prensa en francés y en inglés).
Un Estado Miembro de Naciones Unidas que desde el 7 de octubre del 2023 ¿bombardea deliberadamente instalaciones y funcionarios de Naciones Unidas y destruye infraestructura cuya construcción se logró gracias a la laboriosa coordinación de varias agencias de Naciones Unidas? Y que además, ¿dificulta significativamente la llegada de víveres urgentes gestionada por parte de Naciones Unidas para asistir a una población asediada desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 y desprovista de agua y alimentos para subsistir y de medicamentos? Y que finalmente ¿adopta una legislación para declarar ilegales todas las operaciones de la única agencia de Naciones Unidas especializada en la atención a los refugiados palestinos (UNRWA) desde 1947, con base en acusaciones sin mayor respaldo probatorio?
El solicitar a la misma justicia internacional de La Haya dar su parecer al respecto fue el objetivo de esta solicitud de opinión consultiva adoptada el 19 de diciembre del 2024 por la Asamblea General de Naciones Unidas: ello a partir de un planteamiento pocamente analizado, salvo un artículo digital encontrado (Nota 1), y dada la incapacidad del Consejo de Seguridad para ordenar las sanciones correspondientes, debido al veto automático del representante de Estados Unidos.
Nótese que menos de un mes antes del 19 de diciembre (el 21 de noviembre), el cerco de la justicia internacional se hizo sentir fuertemente para Israel, proviniendo esta vez de otra jurisdicción también ubicada en La Haya: en efecto, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó en todos sus extremos la solicitud de arresto del actual Primer Ministro de Israel y de su ex Ministro de Defensa, por crímenes de guerra, así como la concerniente a un dirigente del ala militar del Hamás, por crímen contra la humanidad (Nota 2).
Cabe también recalcar que la presiones recibidas por Suiza por parte de Israel y de su incondicional aliado norteamericano fueron tales, que Suiza optó por suspender una conferencia prevista el pasado 7 de marzo para examinar el actuar de Israel en Palestina a la luz de las obligaciones que derivan del derecho internacional humanitario (véase nota de prensa. y comunicado de prensa de Amnistía Internacional). En el 2014, a raiz de la dramática operación militar en Gaza, presiones similares se habían dado sobre Suiza, que tuvimos ocasión de analizar (Nota 3): en aquella ocasión, Suiza no sucumbió a dichas presiones diplomáticas y la conferencia de Estados Partes a los convenios de Ginebra se realizó (véase comunicado oficial de Suiza de diciembre del 2014).
Una iniciativa de Noruega
Resulta de interés observar que, de 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, haya sido Noruega la que ideó esta iniciativa de solicitar una opinión consultiva a la CIJ de manera aislada en un primer momento, gestionándola con un éxito notable por parte de su aparato diplomático.
Cabe precisar que esta gestión fue oficialmente anunciada el 29 de octubre del 2024 en Oslo (véase comunicado oficial), y que su tramitación expédita en Naciones Unidas pareciera evidenciar un gran apoyo a esta acción.
. a. La fecha escogida
La fecha del 29 de octubre del 2024 coïncidió con la adopción formal de una ley en Israel para declarar ilegales las actividades de la UNRWA, lo cual desató una ola de repudio. Remitimos a nuestros estimables lectores, entre muchas posiciones oficiales de rechazo a la ley adoptada en Israel,
– al comunicado oficial del mismo Secretario General de Naciones Unidas, así como, entre muchos;
– al de cuatro Estados nórdicos en un comunicado conjunto así como por siete otros Estados entre los cuales Canadá, Francia, Japón y Reino Unido (véase comunicado conjunto).
«Adicionalmente, la legislación aprobada por la Knesset establece un precedente sumamente preocupante para el trabajo de las Naciones Unidas y todas las organizaciones del sistema multilateral y podría implicar un incumplimiento por parte de Israel de al menos una de las medidas provisionales impuestas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)».
. b. Acusar de terrorismo sin aportar puebas
Es de recordar que las reiteradas acusaciones de Israel en contra funcionarios de la UNRWA (y contra la UNRWA en general) por sus presuntos vínculos con el Hamás, han dado lugar a un esfuerzo de la misma UNRWA para demostrar la falta de pruebas verificables que una y otra vez se observa por parte de Israel: este enlace de la UNRWA se titula precisamente «Claims vs. Facts», y su lectura se recomienda, en particular para quienes, en Costa Rica (así como en numerosas otras latitudes), se sienten casi siempre obligados a repetir lo que se lee en los comunicados oficiales de la Embajada de Israel en Costa Rica.
Acusaciones de terrorismo por parte de Israel sin aportar pruebas no debe impresionar mayormente, ya que es una práctica muy generalizada por parte de sus fuerzas de seguridad. En este reciente reportaje en Israel sobre cómo se acusa injustamente a mujeres palestinas de terrorismo por parte de órganos policiales (véase artículo titulado «For Israeli police, humiliating Palestinian woomen is a tool of collective repression», cuya lectura completa se recomienda), se lee que:
«Attorney Ashraf Hejazi, who represents Hijazi, spoke to +972 about the case. “When we arrived at the police station, they were unable to substantiate any terrorism-related charges, instead accusing her of endangering public safety,” he explained. “The court initially granted police a two-day extension to establish evidence for their accusations, but after two days in detention, she was released as police failed to produce any evidence supporting their claims.”
. c. Noruega: un gestor y un líder indiscutible
Las declaraciones dadas por el representante de Noruega en Naciones Unidas luego del voto del 19 de diciembre (véase video disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas) revisten especial interés. Unas horas antes, al presentar la iniciativa para someterla a la votación, el delegado de Noruega externó (véase texto completo de su intervención) que:
«Norway, a founding member of the United Nations, believes that we cannot remain passive witnesses to what may come to be seen as a frontal attack on the Organization of the United Nations and on the multilateral system itself, with immense humanitarian consequences.
Let us act, therefore, with dispatch and determination to uphold the principles of the Charter of the United Nations and to prevent further suffering in the region».
La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ante la situación catastrófica que se vive en Gaza y las imágenes del drama indecible al que Israel ha sometido deliberadamente a la población civil palestina desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 en abierta violación a las obligaciones que se imponen a todo Estado Miembro de Naciones Unidas … ¿dónde es que estaban todos los demás miembros fundadores de Naciones Unidas?
Un ejercicio precedido por otro anterior dado a conocer en julio del 2024 con una Costa Rica bastante sorprendente.
Hay que recordar que el 19 de julio del 2024, la CIJ ya había dictaminado una opinión consultiva sobre la colonización y la ocupación ilegales del territorio palestino por parte de Israel, que tuvimos la ocasión de analizar en cuanto a sus alcances, así como en cuanto a las diversas reacciones oficiales de algunos Estados al conocer su contenido, mutismo de Estados Unidos y de Canadá incluidos (Nota 4).
Para nuestros estimables lectores en Costa Rica, cabe traer a la memoria que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas acogió esta opinión consultiva en la votación de una resolución (véase texto) realizada el 18 de septiembre del 2024 y optó por declarar ilegal dicha colonización (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), Costa Rica optó por abstenerse sin dar explicaciones de su voto a las demás delegaciones presentes en Nueva York (como sí lo hizo por ejemplo Guatemala en Centroamérica o bien Canadá, o en Europa, la delegación de Alemania así como la del Reino Unido y de Países Bajos). Dicho en otras palabras: «¿Usted se abstiene? Explíquese». El voto en contra explicado por el delegado de República Checa evidencia cómo un Estado plantea como suyos argumentos que en realidad reaparecen en las explicaciones de voto de otros Estados, siendo Estados Unidos el primero en usarlos.
La justificación del voto de Costa Rica en cambio apareció posteriormente en un comunicado oficial colgado por el aparato diplomático costarricense, invocando razones de índole … comercial ¿Como … así? Como se lee: véase al respecto una nota nuestra publicada en su acápite «Algunas breves acotaciones con respecto a la ‘justificación’ aportada oficialmente por la diplomacia costarricense» (Nota 5). De manera a no causar mayor sonrojo al ya provocado, evitaremos reproducir estas acotaciones.
Siempre para nuestros lectores costarricenses, debe también recordarse que la opinión consultiva que fue dada a conocer el 19 de julio del 2024 por la CIJ resultó de una votación acaecida en los últimos días del año 2022 en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se registró a Costa Rica votando en contra, conjuntamente con Guatemala en América Latina (Nota 6). En aquella oportunidad, la delegación costarricense tampoco consideró oportuno explicar su voto ante las demás delegaciones presentes en Nueva York. Con lo cual el sonrojo de septiembre del 2024 puede ser relacionado al rubor de diciembre del 2022.
La técnica del mutismo de la delegación costarricense no pareciera ser monopolio de sus diplomáticos en Nueva York: también se observó en abril del 2024 por parte de la delegación de Costa Rica en Ginebra, al abstenerse en una votación del Consejo de Derechos Humanos solicitando urgentemente un embargo sobre las armas a destinación de Israel (véase nota del 5 de abril del 2024 del medio digital Delfino.cr). Sonrojo, rubor, pasando por un profundo malestar entre los dos es lo que deja esta secuencia.
Como bien es sabido, sea en Ginebra o en Nueva York, todo delegado a la hora de votar a favor de un texto, o bien en contra (o bien abstenerse), tiene siempre la posibilidad de explicar a las demás delegaciones lo que motivó la posición del Estado que representa (lo que se denomina en la jerga diplomática «explicación de voto»).
No está de más indicar que al poco tiempo de cumplirse un año desde el 7 de octubre del 2023, Costa Rica anunció la reanudación de sus negociaciones con Israel de cara a la adopción de un tratado de libre comercio (véase nota de Amelia Rueda del 18 de octubre del 2024). Unos meses antes, en marzo del 2024, un reportaje de la televisión costarricense (véase nota) hizo ver que reservistas israelíes pasan de la paradisiaca playa de Santa Teresa en Cóbano a combatir en Gaza en cuestión de pocas horas, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas. Y de paso arrojar algunas pistas sobre lo que pudo motivar la sorprendente mención hecha de Costa Rica y de Irán en una sola frase por parte del Primer Ministro de Israel en uno de sus viajes a Estados Unidos en el 2017 (véase nota de La Nación): «hablamos de Costa Rica o de Irán» (sic.). A la fecha, no se conoce de algún tipo de explicación sobre tan extraña asociación, hecha en la mente del Primer ministro de Israel.
Recientemente, Costa Rica, por alguna razón consideró oportuno negociar un acuerdo bilateral en materia ambiental con las actuales autoridades de Israel y … anunciarlo en plena cumbre mundial: durante la reciente COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán, Costa Rica sorprendió a muchos al anunciar la firma de un Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel). En reacción, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas (véase artículo publicado en el semanario Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar explicaciones).
El voto en breve acaecido el 19 de diciembre del 2024
Más allá de las extrañezas que a veces se descubren leyendo la prensa sin que se sepa muy bien de donde pueden provenir tantas coincidencias, lo cierto es que Israel y su incondicional aliado norteamericano no escatimaron en sus esfuerzos en aras de obtener un número significativo de votos en contra el19 de diciembre del 2024 en Nueva York: sus efectos fueron bastante relativos, y la iniciativa de Noruega prosperó exitosamente, y ello sin mayor dificultad.
El registro del voto indica que este 19 de diciembre del 2024, el texto propuesto contó con una amplia mayoría de 137 votos a favor, 12 en contra, y 22 abstenciones. Con lo cual, las diversas presiones ejercidas por Israel y por Estados Unidos se limitaron a recoger 10 votos en contra únicamente, entre los cuales los de Argentina, Hungría, Paraguay, República Checa y algunos integrantes adicionales de la denominada «coalición» con la que siempre puede contar Israel en este tipo de contiendas diplomáticas. El término «coalición» resulta impropio y está deliberadamente colocado entre comillas, dadas las características muy propias de este pequeño grupo de Estados (en su mayoría Estados isleños del Pacífico) al que recurren con frecuencia Israel y Estados Unidos para disimular su aislamiento en Naciones Unidas (Nota 7).
El detalle del voto también puede revisarse en este video de YouTube, en el que se observa un tiempo de dudas en algunas delegaciones antes de decidir su voto en los últimos segundos. Entre los 22 Estados que optaron por la abstención figuran únicamente por América Latina, Panamá y Uruguay, acompañados en el hemisferio americano por Canadá.
Costa Rica votó esta vez a favor, conjuntamente con 136 otros Estados, entre los cuales cabe destacar el voto afirmativo de China, Francia, Reino Unido y Rusia. Alemania votó también a favor (véase la explicación de su voto por parte de su representante en Nueva York). Entre las abstenciones algo sorpresivas observadas en Europa, figura la de Grecia.
La pregunta formulada a la CIJ
En la propuesta de Noruega que circulaba desde varias semanas en Naciones Unidas (véase texto del proyecto A/79/L.28/Rev.1), se lee el punto 10 de la siguiente manera, con una inusitada expresión de «con carácter prioritario y con la máxima urgencia» que esperamos logre inspirar a los jueces de la CIJ en aras de tramitar de manera más expédita esta solicitud urgente:
«10. Decide, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Artículo 65 del Estatuto de la Corte, con carácter prioritario y con la máxima urgencia, que emita una opinión consultiva sobre la cuestión que se indica a continuación, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las prerrogativas e inmunidades aplicables en virtud del derecho internacional a las organizaciones internacionales y a los Estados, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, la opinión consultiva de la Corte de 9 de julio de 2004 y la opinión consultiva de la Corte de 19 de julio de 2024, en que la Corte reafirmó el deber de la Potencia ocupante de administrar el territorio ocupado en beneficio de la población local y afirmó que Israel no tiene derecho a la soberanía sobre ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado ni puede ejercer poderes soberanos en él debido a su ocupación:
¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como Potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas de los suministros que se necesitan con urgencia y son esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de servicios básicos y asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación?»
Tal y como se puede observar, la pregunta ha sido formulada en términos sumamente ámplios de manera que pudiera permitir reunir la mayor cantidad de votos a su favor.
A la vez, esta formulación permitirá sin lugar a dudas a los jueces de la CIJ disponer de una gran libertad a la hora de redactar su respuesta a la Asamblea General.
El aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos se dió en un contexto particularmente desfavorable para la imagen de Israel, para la diplomacia israelí y para los diversos círculos afines que gravitan en defensa de Israel.
Este informe de Human Rights Watch dado a conocer el mismo19 de diciembre del 2024, detalla el uso del faltante de agua como arma de guerra en Gaza por parte de Israel, confirmando para los investigadores de esta reconocida ONG su intención genocida en Gaza.
Al respecto, el pasado 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de otra reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la muy escasa difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Adicionalmente a ello, las diversas acciones militares injustificadas tanto en el Líbano por parte de Israel desde mediados de septiembre, como en Siria desde inicios de diciembre del 2024, parecieran responder a un intento bastante sutil para desviar la atención mediática internacional de lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania. El hecho que el ataque sorpresivo con explosiones de un gran cantidad de beepers en el Líbano fuera perpetrado por Israel el 17 de septiembre, días antes de iniciar el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas (24 de septiembre) es un indicador al respecto.
Con relación a los 188 periodistas que han sido asesinados deliberadamente por Israel desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza (a un ritmo de más de 11 profesionales de la comunicación asesinados por mes), se esperaría que el Colegio de Periodistas de Costa Rica externe algún tipo de expresión de pesar o de condena al actuar de Israel: tuvimos el 8 de diciembre del 2024 la ocasión de externar este pedido públicamente, desde un medio radial costarricense, durante la emisión del Programa Interferencia de Radio UCR titulada «Gaza / Israel y el cerco de la justicia internacional que se cierra» (véase enlace).
En cuanto al cierre solicitado desde Israel contra el medio de prensa más antiguo existente en Israel (Haaretz) a finales del mes de noviembre del 2024, el silencio de muchos (en particular fuera de Israel…) dijo mucho sobre su real compromiso con la defensa de la libertad de prensa (véase nota de CNN del 24 de noviembre). Invitamos nuestros estimables lectores a buscar en la red ya sea condenas ya sean manifestaciones gremiales de repudio al intento de acallar la voz crítica de Haaretz en sus respectivos países.
Los dos nuevos aliados indefectibles de Israel en América Latina
Más allá de la omisión de algunos círculos usualmente muy atentos a las amenazas e intimidaciones veladas o asesinatos que pueden sufrir profesionales de la comunicación en su labor informativa, esta votación acaecida el 19 de diciembre en Nueva York confirmó el pronunciado aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional: en América Latina, dos Estados en este 2024 logran no obstante maquillar levemente esta situación, a saber Argentina y Paraguay.
Con relación a América Latina, Argentina así como Paraguay están en estos meses del 2024 y del 2025 sustituyendo a las pequeñas islas del Pacífico tradicionalmente muy atentas a las solicitudes de Israel (Islas Fidji, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea y Tonga), conformando desde varios años en Naciones Unidas la única «coalición» para acompañar a Israel y a Estados Unidos en este tipo de ejercicios dentro de Naciones Unidas.
Con respecto a Argentina, no está de más recordar un hecho bastante inusual observado en Naciones Unidas, cuando las actuales autoridades argentinas optaron el pasado 30 de octubre por destituir a su máxima autoridad diplomática, luego de que ésta instruyera a su delegación en Naciones Unidas a votar en favor de un proyecto de resolución (véase texto) solicitando levantar el embargo contra Cuba (véase nota de ElPais/España): en esta ocasión, únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, al tiempo que 182 votaron a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). Esta misma soledad extrema de Estados Unidos e Israel se observó en noviembre del 2023, con en aquella oportunidad 187 votos a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Es de notar que en el caso de otro Estado que se mostró sumamente cercano a Israel en años recientes (Brasil), sus servicios de inteligencia descubrieron la existencia de una nube electrónica que está albergada en un servidor en Israel con datos privados de más de 30.000 brasileños (véase esta nota de prensa de ElDiario /Argentina, del mes de enero del 2024): se trata muy probablemente de uno de los efectos de la denominada «asociación estratégica» con Israel anunciada en el 2018 por el entonces mandatario brasileño al iniciar su mandato (véase nota de France24).
Nótese que el 21 de diciembre del 2024, se informó que un juez de California rechazó una apelación, abriendo ahora sí la posibilidad de llevar ante la justicia a la empresa israelí NSO, especializada en la colocación de software espías en aplicaciones de uso general como la muy popular aplicación de WhatsApp (véase nota de la agencia de noticias Reuters del 21 de diciembre del 2024 y nota de The Guardian).
A modo de conclusión
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos en Naciones Unidas del 19 de diciembre vino a confirmar el profundo aislamiento de ambos en el seno de la comunidad internacional, observado 48 horas antes en una votación abrumadora en la que frente a 172 votos a favor, Israel y Estados Unidos solamente lograron reunir a cinco módicos votos, uno de ellos siendo el de Argentina (Nota 8).
Más allá de las decisiones insólitas del nuevo ocupante de la Casa Blanca que se observan de manera reiterada desde el 20 de enero del 2025 con relación a Gaza y a Israel, y que tieneden a aislar un poco más a Estados Unidos e Israel en el seno de la comunidad internacional, esta solicitud de opinión consultiva a la CIJ planteada por Noruega constituye una nueva tentativa en aras de aplicar a Israel las normas que rigen a los Estados en el ordenamiento jurídico internacional, que Israel viola de manera reiterada en el territorio palestino ocupado, manteniendo la calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas.
El sostenido uso del veto por parte de la delegación norteamericana para proteger a Israel en el seno del Consejo de Seguridad desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 ha impedido que este órgano pueda tomar sanciones contra Israel.
Con relación a la justicia internacional y en particular a otra jurisdicción que también tiene su sede en La Haya, es de señalar que el 18 de diciembre del 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI acordó un pequeño plazo para la presentación de escritos por parte del Fiscal de la CPI ante una tardía solicitud hecha por Israel (véase decisión de la CPI). Esta gestión de Israel intentaba, de manera un tanto desesperada, restarle válidez a las órdenes de arresto contra dos de su máximas figuras, confirmadas el 21 de noviembre por la Sala de lo Preliminar de la CPI luego de 6 largos meses de examen cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento (Nota 9).
Es tal el enseñamiento de Israel en contra de la población civil de Gaza, y es tal la voluntad deliberada de contaminar y destruir los suelos, las fuentes de agua, y las formas diversas de subsistencia como lo son huertas y campos de cultivo, reservorios naturales de agua, cobertura vegetal y demás elementos naturales que sostienen la vida, que desde el 18 de diciembre del 2024, sin que se mencione expresamente lo que ocurre en Gaza, circula un proyecto general de la CPI sobre crímenes ambientales (abierto a la recepción de comentarios y observaciones: véanse documento y comunicado oficial de la CPI).
– – Notas – –
Nota 1: Véase BJORGE E., «The General Assembly Must Protect UNRWA by Requesting a Binding Advisory Opinion», EJIL Talk, edición del 29 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas», 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí. Además de la extrañeza del contenido del comunicado oficial de Costa Rica, Francia externó un comunicado oficial sumamente cuestionable: véase al respecto MAISON R., «France, l´amitié avec Israël comme excuse de la violation du droit international», Oriente XXI, édición del 19 de diciembre del 2024. Texto disponible aquí.
En una nota que editamos a destinación del público de habla francesa sobre las órdenes de arresto confirmadas por la CPI el pasado 21 de noviembre, y titulada «Gaza / Israël : la portée des mandats d’arrêt délivrés récemment par la Cour Pénale Internationale (CPI) et la surprenante réaction officielle de la France» nos permitimos explicar que:
«Cette ligne jurisprudentielle appliquée aux visites de chefs d´Etat étrangers en France mérite une explication un peu moins juridique que nous allons tenter de donner : on peut serrer la main de tout chef d´Etat étranger sur le perron de l’Elysée, y ajouter les accolades de rigueur, sourires affables et poses devant les journalistes, et ce chef d’Etat bénéficie sur le territoire de la France de l’immunité accordée à tout chef d’Etat. Et ce même si il est suspecté de commettre un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou d’autres violations graves des droits de l´homme. A la question que toute personne peut légitimement se faire «Mais,… ils sont nombreux ces chefs d’Etat étrangers?», on peut répondre qu’il y en a effectivement un bon nombre. Par contre, et dans ce cas le nombre est bien moindre, lorsque ces accusations ont été soigneusement examinées et méticuleusement documentées par le Procureur de la CPI, puis revues méthodiquement par trois juges de la CPI, et que ce chef d’Etat étranger fait finalement l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une Chambre préliminaire de la CPI, le droit international s’impose automatiquement aux autorités françaises en vertu du Statut de Rome : on procède alors à la capture de ce même chef d’Etat s’il se trouve en France par les autorités nationales compétentes, et on le remet sans tarder aux juges de la CPI à La Haye. Fini le temps des accolades devant les caméras».
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «La Suisse objet de pression de la part d´Israël: brève mise en perspective», Huffington Post, 21 de diciembre del 2014. Texto disponinle aquí.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Gaza/Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ», edición del 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 6: Cabe recordar que la precitada opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio del 2024 resulta de un proceso iniciado a finales del 2022, durante el cual Costa Rica votó en contra con Guatemala, sin darse mayores explicaciones sobre tan insólita posición de la delegación de Costa Rica en Naciones Unidas: véase al respecto BOEGLIN N., «América Latina ante la solicitud de opinión consultiva a la justicia internacional sobre la situación en Palestina», Portal de la UCR, edición del 13 de febrero del 2023, y en particular el acápite «El voto de los Estados de América Latina en este 2022: Guatemala y Costa Rica únicos en votar en contra». Texto disponible aquí.
Nota 7: Como ya viene siendo costumbre en este tipo de contiendas en Naciones Unidas, un observador reconocerá, entre los votos en contra, el pequeño «núcleo duro» de Estados que se oponen sistemáticamente a cualquier texto a favor de Palestina, y que incluía usualmente antes del 7 de octubre del 2023, a Australia, Canadá, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y claso está, al incondicional aliado Estados Unidos. En general, este pequeño núcleo consigue atraer algunos votos ocasionales y circunstanciales (sea de Europa, de África y de América Central). Como ejemplo, entre otros muchos, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado observador no miembro«, adoptando la resolución A/Res/67/19 (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones), a esta extraña asociación de Estados se unieron Panamá y la República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). De idéntica forma (9 votos en contra), en una votación en el seno de la Asamblea General sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar en diciembre de 2017, reuniendo 128 votos a favor y 35 abstenciones (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas), cabe precisar que se trató de un texto muy similar objeto de una votación previa en el seno del Consejo de Seguridad, en la que Estados Unidos votó en contra de manera solitaria (veto) frente a 14 votos a favor (véase nota nuestra al respecto). Esta curiosa «coalición«, según el término utilizado por el Washington Post en 2012 (véase artículo), también se expresó en el 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos a favor y 15 abstenciones (véase detalle de la votación). Lejos de ser una alianza circunstancial, los lazos que unen a sus miembros parecieran ser los de un frente real, duradero y bastante sólido. En el año 2022, estos vínculos reaparecieron durante la votación de la resolución titulada «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina» A/77/L.26, adoptada el 30 de noviembre de 2022 por 153 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones (véase detalle de la votación durante la cual Hungría y Liberia se unieron a la mencionada «coalición«, habiéndose abstenido finalmente Australia). Este pequeño grupo puede, a veces, verse aún más reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es sin duda esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel en territorio palestino, adoptada con 144 votos a favor y tan solo 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Asamblea General de Naciones Unidas adopta por abrumadora mayoría resolución sobre libre determinación del pueblo palestino», texto disponible aquí.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas», 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí.
En conmemoración del Día Mundial del Agua, el próximo jueves 20 de marzo se realizará el foro «En defensa de los Cuerpos de Agua», un espacio de diálogo que reunirá a importantes representantes de movimientos ambientalistas y académicos de Costa Rica comprometidos con la protección de los recursos hídricos del país.
El evento, que tendrá lugar en el Centro Cultural Español a partir de las 5:30 de la tarde, contará con un panel de especialistas de reconocida trayectoria en la defensa del agua. Estarán Catalina Carrillo Vargas del Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO) y del colectivo Antigentrificación.cr; Silvia Matamoros de Costa Rica por el Océano, Bloque Verde y Apreflofas; y Maleza Alvarado del Movimiento Ríos Vivos.
También participarán Isabel Méndez Garita, representante del Frente Ecocipreses; y Laura Carolina Garrigues en representación de la Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Defensores de la Casa Común, el Comité pro Defensa del Ojo de Agua y el Río la Fuente, y la Fundación Internacional Operation Rich Coast.
Esta iniciativa es respaldada por diversas organizaciones e instituciones, entre ellas la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Geografía, el proyecto Geogradía y Diálogo de Saberes, Kioscos Socioambientales, la Red de Coordinación en Biodiversidad, el Frente Ecocipreses, Ríos Vivos, La Casa Común, Bloque Verde, Bloque Azul, ProBae, entre otros. La actividad cuenta además con el apoyo de la Embajada de España en Costa Rica y la Cooperación Española.
El foro se realiza en un contexto de creciente preocupación por la protección de los recursos hídricos en Costa Rica, donde diversas comunidades y organizaciones han manifestado su alarma ante proyectos de desarrollo que podrían afectar ríos, acuíferos y zonas costeras del país.
La convocatoria, que está abierta al público general, busca generar conciencia sobre la importancia de la defensa colectiva de los cuerpos de agua como elementos fundamentales para la vida y el equilibrio de los ecosistemas.
El agua es vida, y su protección es un compromiso de todas y todos. En el marco del Día Mundial del Agua, la música, el arte y el diálogo socioambiental se unen en esta actividad gratuita para reflexionar sobre la importancia de preservar nuestros ríos, mares y fuentes de agua, esenciales para la biodiversidad y el bienestar de Costa Rica.
La jornada cerrará con un concierto especial que nos invita a conectar con la naturaleza a través de la música.
Apertura musical: Luz María Romero con su más reciente disco, «Entre Selvas y Desiertos».
Cierre musical: Colectivo Cantos de Batalla con Fabián Pacheco. Cantos de Batalla es un proyecto que construye una memoria histórica musical del movimiento ecologista costarricense, a partir de la recopilación de los pregones que caracterizaron distintas campañas en los últimos años. Canciones compuestas por Fabián Pacheco al ritmo de tambores e inspiradas en la defensa de los bienes comunes y los derechos humanos.
Crecimiento de la deuda estatal: El Estado debe más de 4,2 billones de colones a la CCSS, comprometiendo su operatividad.
Informarse y generar conciencia sobre la situación de la CCSS.
