Ir al contenido principal

Ante desobediencia de Minae Sala Constitucional ordena cumplir con la recuperación de zonas protegidas

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso de amparo interpuesto por José Francisco Alfaro Carvajal contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Alfaro acusa al ministerio de desobedecer una orden emitida previamente por la Sala Constitucional, relacionada con la protección de áreas declaradas patrimonio natural.

En una sentencia anterior (N° 2023017109), la Sala Constitucional había ordenado al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, o a quien ocupe su cargo, identificar y recuperar las zonas protegidas en un plazo de seis meses. Además, se le exigió informar cada tres meses sobre el progreso de estas acciones.

La Sala advierte que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones graves, como penas de prisión de tres meses a dos años o multas, según lo establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Frente a la acusación de desobediencia, la Sala ha concedido al ministro una audiencia de tres días para responder a los hechos y omisiones que se le atribuyen. Si se comprueba la desobediencia, se podría iniciar un procedimiento administrativo en su contra y remitir el caso al Ministerio Público por posible delito.

Cabe señalar que algunos magistrados expresaron opiniones divergentes en la resolución. El Magistrado Salazar Alvarado consideró que el caso debería resolverse en la jurisdicción ordinaria, mientras que la Magistrada Garro Vargas sugirió que la ejecución de la sentencia se realice en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Imagen con fines ilustrativos, UCR.

Tierra para trabajar: Finca 2 Ríos en Guácimo

Observatorio de Bienes Comunes

Compartimos estas historias de vida de las personas campesinas que viven y trabajan la tierra de Finca 2 Ríos en Guácimo ante la situación de acoso que están viviendo que amenaza su modo de vida de más de 20 años que han desarrollado en este lugar que ahora llaman su hogar. Reflexionan sobre sus trayectos históricos desde sus experiencias como trabajadores bananeros y su paso a la vida campesina, pero también, interpelan el presente de la persona trabajadora de la tierra sus aspiraciones y desafíos.

La educación, sustento de la democracia

Freddy Pacheco León

La educación superior de 124.000 estudiantes (cerca del 60%, mujeres) demanda calidad, formalidad, responsabilidad, para un mejor aprovechamiento del esfuerzo invertido individualmente por cada educando, por sus familias y por el Estado. Y para ello, un adecuado financiamiento estatal es fundamental.

Recordemos, que la Costa Rica que se ha construido, alrededor del pilar insustituible de la educación, no es obra casual, sino que, más bien, es producto de la visión de gobernantes, que no dudaron en propiciar las condiciones adecuadas, para que, desde la niñez, los costarricenses, de todas las clases sociales, tuvieran la oportunidad de estudiar en escuelas, colegios y universidades estatales. ¡Por ello se plasmó en la Constitución, la garantía de su financiamiento!, y por ello, nuestra Patria, se ha forjado con especialistas en medicina, ingenierías, ciencias agrarias, derecho, ciencias sociales, artes, ciencias económicas, química, biología, física, informática, administración, relaciones internacionales, ciencias ambientales, arquitectura, enseñanza, veterinaria, microbiología, odontología, psicología, enfermería, contabilidad y finanzas, turismo sostenible, urbanismo, geología, arqueología, diseño gráfico, literatura, ciencias del lenguaje, farmacia…, donde la gran mayoría de ellos, orgullosamente egresaron de la Universidad Estatal, y fueron estudiantes becados, provenientes de colegios igualmente públicos.

Precisamente porque el nivel educativo ha de ser el merecido por los esforzados hombres y mujeres, que, con sacrificio familiar, han decidido caminar hacia un mejor mañana, el presupuesto de las universidades, particularmente, ha de ser garantía de que, esos muy respetables 124.000 estudiantes, podrán formarse y concluir sus estudios, como lo merecen, como lo soñaban, como el Estado habría de cumplirles.

Así como no se puede estudiar sin contar con plantas físicas y otros recursos técnicos y materiales, suficientes y adecuados, así tampoco se puede pensar siquiera, en una universidad sin suficientes y excelentes proyectos de investigación, de la más alta rigurosidad, y conducidos por académicos de comprobada calidad. Por profesores partícipes de regímenes de incentivos, donde objetivamente, se valoran los logros alcanzados, a través de años, en carreras de grado y posgrado, muchos de ellos en prestigiosos centros de enseñanza extranjeros. Docentes-investigadores-extensionistas, que realizan su práctica académica, al lado de sus estudiantes, y diversas comunidades, mediante proyectos de extensión, que los acerca más al pueblo que valora sus aportes.

Aunque sectores privados, economicistas, prejuiciados contra la institución universitaria estatal, la propiamente dicha, afirman que en sus “universidades” no se investiga, ni se becan profesores para realizar estudios de maestría y doctorado en reconocidos centros de estudio europeos, asiáticos, o americanos, porque “eso” es innecesario, lo ciertos es que, sin proyectos de investigación, que sustenten la docencia, es imposible hablar, seriamente, de «universidades». Al ser así, las autoridades hacendarias han de entender, que, en el sistema universitario estatal de Costa Rica, las labores en el laboratorio, la biblioteca, las redes de información y en el campo, la investigación, aunque costosa financieramente, más bien ha de fortalecerse, tanto en recursos económicos como humanos. Por ello, orgullosamente, las universidades estatales pueden mostrar que realizaron el 78% de la investigación publicada entre el 2000 y el 2021, en las áreas científico-tecnológicas, ciencias exactas y naturales, ciencias de la salud, ciencias agrícolas, e ingenierías y tecnologías, expresado en alrededor de 8.000 publicaciones, producto de ese esfuerzo de producción en conocimiento en ciencia y tecnología.

Asimismo, cuando algunos cuestionan que, “así como ellos pagaron por su educación secundaria en colegios privados, así los estudiantes universitarios deberían pagar, aunque sea una parte, por la educación recibida”, lo hacen porque desconocen que las inversiones del Estado en los centros de Educación Superior, no podrían ser costeadas, ni, aunque todos sus estudiantes, proviniesen del sector privilegiado de nuestra desigual sociedad. Y, menos si se considera que, con respecto al perfil de ingreso de la población estudiantil de las Universidades Públicas, el 96 % de las ubicadas en el grupo más pobre, provienen de colegios públicos. Un día después de que se aprobase un cobro “mínimo”, muchos tendrían que irse a sus casas para, lamentablemente, no volver, privando a sus núcleos familiares y la Patria, de un significativo número de profesionales, necesarios para el desarrollo de Costa Rica. Por eso, más bien, los sistemas de becas y la oferta académica, ofrecen oportunidades a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación social ni económica, tal y como lo pensaron, los costarricenses que ocupan lugares privilegiados en la historia de la educación de la nación.

Finalmente, y no por ello, menos importante, como sabiamente, en pocas palabras, nos decía Carmen Lyra, “Muchos de los importantísimos problemas en el porvenir de la nación deben plantearse en las aulas y es imperativo que presidan en él los mejores expertos que puedan obtenerse.” Y ha de ser así, pues los profesores, en todos los niveles educativos, no han de ser “indiferentes” antes las amenazas que podrían estarse dando sobre el bien valorado sistema democrático que nos rige, y que, nos diferencia, de los sistemas de gobierno de otros países latinoamericanos, que los costarricenses de bien, no deseamos heredar a hijos y nietos. Ante esto, la misma Carmen Lyra, sentenciaba: “El rol de los maestros es hoy decisivo en los destinos de la Patria. Creo que es preciso despertar su mentalidad hasta que lleguen a interesarse en las luchas políticas que hoy se sostienen hasta el extremo de hacerse partícipes de ellas”.

22.8.2024

La fragilidad de una política dura

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense

En las últimas semanas ha sido notable el aumento de la migración en tránsito por la región centroamericana. Particularmente en Costa Rica es notorio que el volumen de personas en contextos de movilidad ha aumentado, particularmente las provenientes de un país como Venezuela, que ha entrado en una crisis sociopolítica aún sin resolverse.

Este proceso ha coincidido con la entrada en vigencia de un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Panamá en el cual básicamente se dota con recursos económicos al gobierno panameño para implementar una política de deportaciones “instantáneas y express” a quienes sean detenidos cruzando el inexpugnable Tapón del Darién.

En los últimos días los primeros grupos de migrantes detenidos ya fueron puestos en vuelos directos, pagados por este acuerdo migratorio, un “memorándum de entendimiento para el abordaje de la migración ilegal” (SIC) para su deportación hacia países como Colombia y Venezuela.

Una vez más, la circunstancia humanitaria es vista desde un prisma securitario. No debe obviarse el contexto político que circunda Estados Unidos en esta época preelectoral, en la que el tema migratorio funge como una puerta de atracción de votantes desafectos con la llegada de migrantes a aquel país.

La migración no ha sido detenida con este tipo de acuerdos. El endurecimiento de las políticas no ha logrado erradicar las razones estructurales y contingentes de la movilidad humana.

Entonces termina convirtiéndose en una acción fallida y frágil, que lo único que logrará es aumentar los riesgos y las vulnerabilidades para quienes ven en la movilidad, una respuesta a sus necesidades de sobrevivencia.

Consejo Académico de la UNA apoya movilización nacional por la educación pública y la agenda social de Costa Rica

Laura Ortiz Cubero

En un acuerdo tomado este 22 de agosto  el Consejo Académico de la Universidad Nacional (Consaca), hace un llamado urgente a la sociedad costarricense ante la crisis educativa más grave en 40 años. Exige un pacto nacional para garantizar la calidad y gratuidad de la educación pública, y rechaza los recortes que afectan la equidad y el desarrollo del país. Invita a unirse a la Movilización Nacional por la Educación Pública este 28 de agosto bajo el lema: ¡Educación hoy, paz mañana!

El acuerdo establece: 

Costa Rica enfrenta la peor crisis educativa de los últimos 40 años, lo que ha llevado a diversas organizaciones a convocar un pacto nacional para asegurar la calidad, gratuidad y universalidad de la educación pública. 

La crisis no solo afecta a las aulas, también se extiende a todo el sistema de bienestar social y se erosionan las bases de nuestro desarrollo como país. Reconocemos la importancia crucial de este movimiento para defender la educación pública en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, como un bien público esencial para el desarrollo integral de nuestra sociedad.

La educación pública es el derecho fundamental que permite a cada costarricense alcanzar su máximo potencial, sin importar su origen social, condición económica o ubicación geográfica.

 La inversión en educación pública es una inversión en el futuro de nuestro país. Un presupuesto adecuado y equitativo en todos los niveles educativos es fundamental para garantizar la calidad en educación y asegurar la formación de personas competentes que contribuyan al progreso social, económico y cultural del país.

Este contexto de crisis social y económica exige una transformación estructural que garantice la justicia social y la equidad en el acceso a los bienes públicos, incluida la educación. No podemos aceptar recortes presupuestarios conducentes a la desigualdad y empobrecimiento de las comunidades más vulnerables. Es por eso que los miembros del Consejo académico de la Universidad Nacional nos comprometernos a llevar a cabo las siguientes acciones:   

  • Luchar por un presupuesto que asegure la sostenibilidad de la educación pública en todos sus niveles.
  • Luchar por un presupuesto para la educación superior, apegado a la constitucionalidad, que garantice la excelencia educativa, el compromiso social, la investigación y formación de profesionales altamente calificados, con pensamiento crítico y alta responsabilidad social.
  • Impulsar el diálogo y la participación ciudadana en la construcción de un sistema educativo público, inclusivo, democrático y de calidad. 
  • Trabajar por una transformación estructural que asegure la justicia social y la equidad en el acceso a la educación, para construir un país más justo, igualitario y con oportunidades para todos.  
  • Defender la autonomía universitaria, protegiendo a las universidades públicas de cualquier presión política y garantizando así la libertad académica para desarrollar un conocimiento que transforme y mejore nuestra sociedad.

 El gobierno ha incumplido con el mandato constitucional de asignar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la Educación Pública, lo que perjudica a todo el sistema educativo público costarricense, incluidas las universidades públicas y sus metas educativas. Se advierte que, si la situación actual persiste, la exclusión educativa aumentará, y se afectará negativamente la competitividad, la igualdad y la estabilidad social del país.

Por eso, alzamos nuestra voz y nos unimos el próximo miércoles 28 de agosto de 2024, a la Movilización nacional por la educación pública y la agenda social de Costa Rica ¡Educación hoy, paz mañana! 

¡Unámonos por una educación pública de calidad para todos!

Para pensar en un nuevo sistema tributario

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

En los últimos días se han escuchado voces pidiendo una revisión profunda de nuestro sistema tributario. Totalmente de acuerdo con eso, no solo porque arrastramos una agenda pendiente en la definición de nuestra estructura tributaria, sino porque enfrentamos retos futuros que debemos abordarlos desde ya en nuestra política fiscal, para evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal más adelante como un mero parche para alcanzar la estabilidad macroeconómica, sin ver la contribución de la política tributaria a la equidad y al crecimiento.

A fin de contribuir a esa discusión quisiera aportar un elemento fundamental, que rara vez se discute en una reforma de estas: el para qué. ¿Qué papel queremos que juegue el sistema tributario, qué tipo de sistema tributario necesitamos en función de las responsabilidades que creemos debe asumir el Estado?

He insistido, desde hace tiempo, que la definición de la política fiscal pasa primeramente por tener claro el papel que vamos a otorgarle al Estado en una sociedad moderna. Ese papel incluye algunas funciones elementales:

  1. La provisión de bienes públicos, según lo entendemos los economistas. Aquellos bienes y servicios que no tienen mercado y que, por lo tanto, deben ser prestados por un Estado que garantice su disponibilidad. La seguridad pública, por ejemplo.
  2. Servicios estratégicos, cuya provisión nos permite garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una sociedad más equitativa. La educación y la salud pública, por ejemplo.
  3. El otorgamiento de ayudas a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de darles la oportunidad de tener una vida digna y mejorar su condición económica futura.
  4. La protección de los recursos comunes, a fin de garantizar su existencia en el tiempo y un uso adecuado por las distintas generaciones.
  5. La protección de otros derechos fundamentales.
  6. La intervención en actividades económicas, a fin de impulsar transformaciones en el modo de producción, sobre todo en épocas de transición tecnológica o de crisis económica.
  7. Otras funciones que quieran otorgarle al Estado.

Una vez definido lo anterior, sabremos con certeza el tamaño de la tarea. El tamaño del sistema tributario, entonces, corresponderá a las funciones que queremos desempeñe el Estado. Luego de definir esto, tocará definir qué instrumentos usaremos para financiarnos, o sea, cuáles impuestos escogeremos, sobre quiénes los aplicaremos y qué tasas estableceremos. Entrar a hacer una reforma tributaria sin tener eso claro, nos puede llevar a seguir arrastrando agendas pendientes en próximos años, por insuficiencia del sistema impositivo frente a la tarea definida. Además, sería reiterar un error muy común, de poner el sistema tributario como fin último y no como un medio, lo que tiende a provocar que la tendencia en la aplicación de la política fiscal, sea a ajustar el gasto a los recursos financieros disponibles y no al contrario, lo que implicaría garantizar los ingresos tributarios necesarios para alcanzar nuestras aspiraciones como sociedad.

En el caso costarricense se vislumbran algunas tareas importantes, pensando en la corrección de reformas anteriores que no se han hecho completas, pero en retos futuros de la política fiscal. Por ejemplo, y solo para citar unos:

  1. Seguimos con una ley de impuesto sobre la renta de 1988, mientras el planeta ha profundizado su integración global y la capacidad, cada vez mayor, de movilización de capitales por el planeta. Una modificación profunda de esta legislación, que además incorpore lo último en herramientas legales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, sigue siendo un imperativo.
  2. Las nuevas herramientas de pago en sustitución del uso de efectivo y que compiten con las tarjetas de crédito y débito, están erosionando la recaudación del IVA, obligando a que eventualmente se incorporen nuevas formas de control para evitar la evasión por esta vía.
  3. Nuestra carga tributaria es baja, lo que ha dejado una brecha importante en el financiamiento de las actividades que históricamente hemos pretendido que asuma el Estado. Eso dio pie a centrar el ajuste en el lado del gasto, lo que está generando una reducción significativa en la capacidad de atender las demandas de la población. Revertir eso tendrá un costo importante, eso sí, pues en la actualidad la política fiscal sigue siendo deficitaria. Pasar del nivel actual de gasto en educación, por ejemplo, a lo indicado por la Constitución Política, nos obligará a un esfuerzo fiscal de casi 3% del PIB, que hoy no tiene una fuente de financiamiento definida.
  4. La descarbonización de la economía, una aspiración del país de cara al año 2050, reducirá el consumo de combustibles y con ello erosionará la tercera fuente de ingresos tributarios del país, la que deberá ser sustituida por otra fuente de ingresos.
  5. La transición tecnológica y energética, que el cambio climático y la descarbonización traen aparejados, hacen necesario pensar en el uso de mecanismos de incentivo para impulsar una nueva economía y nuevas formas de movilidad, por ejemplo. Pero el país ha abusado de la exoneración como forma de incentivo, lo que tiene consecuencias fiscales indeseadas y tiende a ser una figura regresiva. Debemos plantearnos el uso de subsidios dirigidos y que estos sean valorados periódicamente, lo cual también nos debería obligar a pensar en una fuente de recursos con ese fin.
  6. Costa Rica adolece de una enorme dispersión en las tareas de cobrar impuestos, delegadas en varias instituciones que hacen funciones de administración tributaria, sin que esa sea su actividad principal. Un ejemplo de esto: el Teatro Nacional, al que la ley le delegó la responsabilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos públicos. Esto reduce la efectividad de las medidas de cobro, distrae recursos que debería dedicarse al “core business” de las instituciones públicas y facilita la evasión. Concentrar las funciones de cobro en la Dirección General de Tributación debería ser una decisión en próximos años, a fin de corregir esto.

Esta lista no agota los temas a valorar, pero es una muestra de lo complejo de la tarea, a la que, sin embargo, debemos entrarle pronto y empezar a señalarle a la clase política los múltiples riesgos que corremos a futuro, si no nos abocamos en esta discusión lo antes posible.

El jaguar intoxicado y embriagado de poder

Vladimir de la Cruz

El animal de Zapote, el Jaguar, está intoxicado de la ingesta de poder que está disfrutando. Literalmente está ebrio de poder, lo que le altera sus facultades mentales y posiblemente físicas, como las de la conciencia, la urbanidad, las buenas costumbres, las de elemental buen trato, las de educación básicas, las de respeto hacia sus semejantes.

Comportándose como un animal alfa se impone. Hace sentir su poder, su gruñido, su mala educación también.

El pasado viernes invitaron a los Rectores de las Universidades públicas, universidades estatales, a continuar la discusión que se tenía el gobierno con las autoridades universitarias sobre el cumplimiento financiero del Estado, de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política. La discusión respondía a unas sesiones que se venían dando. Atendiendo la solicitud por la queja de la ministra de Educación, por las protestas estudiantiles de la sesión anterior a ésta, se resolvió reunirse en Zapote.

En Zapote todo estaba montado. Era un show bien montado lo que esperaba a las autoridades universitarias. Los ministros de Educación y de Hacienda, con el Jaguar al frente, ya todo lo tenían decidido, sin posibilidad de discusión. Sí o sí; de lo contrario nada.

A Zapote llegaron las autoridades universitarias a discutir el 1% del PIB y no el 8 % que le corresponde por disposición constitucional a las universidades. El 1% era la propuesta del gobierno que se venía discutiendo contra un 4.5% de aumento que pedían las autoridades universitarias.

En la jaula del jaguar, balanceándose de un lado para otro, gruñendo, instruyó a sus felinos ministros, de que si los rectores no aceptaban el 1 %, entonces no se le daría nada a las universidades. Quedaba en 0% de incremento del PIB, ni el 1 % que habían propuesto, para presupuesto de las universidades.

Se supone, como corresponde en visitas oficiales a la casa del Jaguar, que se informa a la puerta de entrada quiénes van a llegar, para que los hagan pasar, de inmediato, en atención a la calidad de los invitados en llegar y a la hora exacta de la cita.

A los rectores, máximas autoridades académicas de Costa Rica, los citaron a determinada hora a la Casa Presidencial, que el ocupante de Zapote la llama Casa del Pueblo, no guarida del Jaguar.

Llegaron puntuales los rectores. Se hicieron presentes en el portón de entrada, resguardado por autoridades policiales. Se presentaron indicando con buenos modales y respeto que iban a la reunión con del Señor Presidente de la República, que los esperaba con los ministros de Educación y de Hacienda. Allí les pidieron sus credenciales, sus cédulas de identificación, como se hace con todos los visitantes que allí llegan.

En este caso, las máximas autoridades académicas, ya debían estar avisadas con una lista, en la puerta de recepción, que iban a llegar con sus respectivos nombres, para hacerlos pasar rápidamente.

Los oficiales los mantuvieron por 45 minutos en la calle, mejor dicho, en la acera exterior del puesto de entrada, más precisamente, entre el puesto de entrada y la calle, donde no hay donde guarecerse ni del sol ni de la lluvia. Guarecer no es por guaro para invitados del presidente o del propio presidente. Guarecer es para acoger a quien llega, ponerlo a cubierto o preservarlo de algún mal, en este caso de una asoleada, o una mojada por algún aguacero que no sucedió. Sí los asolearon.

Cuando desde adentro se dio la orden de ingreso, a los 45 minutos, de uno en uno los fueron pasando. Al llegar al edificio, después de la asoleada que los habían puesto a recibir a la fuerza, como si se estuviera en tiempo de guerra, por las autoridades militares en traje de civil, los requisaron, de nuevo, uno por uno, registrados como si llevaran armas, casi los trataron como delincuentes sujetos de revisión, les pasaron instrumentos para ver si sonaban alarmas de metales que llevaran o armas ocultas, como un corta uñas que llevaba un rector… Pasados por esos procesos humillantes, los mantuvieron, en el primer piso del edificio presidencial, 35 minutos más sin recibirlos, en el despacho presidencial, para hacerlos subir a la Oficina del Presidente, y decirles, una hora y media después de que habían llegado, en una reunión que duró UN MINUTO, que si no aceptaban el 1% del PIB para las universidades, entonces que fueran a la Asamblea Legislativa a discutir el presupuesto para las universidades. Allí, y así, acabó la reunión. Los rectores se quedaron, como en el libro de Marcel Proust, “En busca del tiempo perdido” analizando el tiempo y sus efectos en la psique de las personas…en hacer un viaje en solitario, pero sin descuidarnos para no perder el tiempo ni las ocasiones. La que sigue es en la Asamblea Legislativa.

Parecía una fiesta taurina lo que hizo el matador de Zapote, el jaguar, tratando de depredar, destrozar, a los rectores. Después de esa hora y media de tenerlos de pie, asoleados, registrados humillantemente, el Jaguar esperaba que bajaran la cabeza para meterles la espada, como toros en el redondel de Zapote.

Cuando el Jaguar depreda lo que hace es cazar a otros animales de distintas especies para su subsistencia. Eso quiso hacer el animal de Zapote con los Rectores, cazarlos por agotados, liquidarlos en su ánimo, su conciencia, someterlos para engullirlos atropelladamente y tragárseles sin mascarlos. Pero, no pudo. Se atragantó el jaguar. Los rectores no fueron las bocas de su embriagado, maloliente y apestoso proceder, irrespetuoso, irresponsable, cobarde.

Educadamente salieron los Rectores. Se retiraron, con orgullo de haber cumplido lo pactado de ir a conversar, a dialogar, a discutir respetuosamente las necesidades de las universidades, a buscar cómo mejorar y garantizar el mejor funcionamiento de las universidades públicas, las del Estado, las que producen más del 80% del empleo nacional de profesionales en todas las ramas del saber y en función de todas las necesidades productivas del país; de las universidades que producen más del 70% de investigación universitaria de Centroamérica.

El jaguar por su parte se quedó con el rabo entre las patas, más embrabuconado, más embriagado de su poder, de creerse el Rey Sol, al que todos los costarricenses le deben la vida, de sentirse, como ya se está autopresentando como el Representante de Dios en este terruño, de sentirse como un ser infalible.

En su ideológica borrachera se imagina en el Palacio de Zapote, como en el de Versalles, mascullando con dificultad, hablando entre sus saltados dientes, pronunciando malas palabras, fruto de su poca refinada educación, al punto que a veces no se le puedan entender, que él es la suprema representación del Estado, el punto culminante, el cénit del absolutismo, del autoritarismo, del tiranismo, del dictadurismo costarricense, por el más abusivo uso y cruel del poder, que quiere fortalecer acabando con toda la institucionalidad democrática nacional, con la estructura de poderes públicos independientes, con limitaciones a las libertades y derechos, con represión a cualquier oposición, con la eliminación de controles públicos.

Su borrachera política y su endiosamiento lo tienen a punto de proclamarse el Rey Sol de Costa Rica por la Gracia de Dios, de mandar imprimir una moneda con su efigie de un lado, en el envés, y un jaguar del otro, en el revés, con letras en dorado que indique Rodrigo el XVIII, apodado como Luis XIV, Rodrigo el Grande, Rodrigo el Estado, y poder decir como Luis XIV: el Estado soy yo…o a lo tico bukelesco: La República soy yo sin igualar a José Ortega y Gasset.

En el caso de Luis XIV el que naciera con dos dientes no fue un hecho insólito, sino que se consideró en su tiempo un buen augurio, como presagio del poder que tendría…duró más de 60 años gobernando…el sueño de Rodrigo el XVIII de la Segunda República.

El Rey Sol, Luis XIV, se dice que tuvo 20 hijos, con cinco mujeres, el Presidente Rodrigo XVIII lleva dos… Todavía tiene tiempo…para alcanzar a Luis XIV.

El Rey Sol de Costa Rica desea que le digan por lo menos Su Alteza Real de Monte Terán y Zapote, sus dos grandes comarcas, con sus fieles súbditos.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Si al financiamiento y no a la privatización de la educación superior pública de Costa Rica 2024

PhD. Álvaro Martín Parada Gómez

El financiamiento de la educación pública de Costa Rica debe ser garantizado por mandato constitucional según artículo 85 de la Constitución de la República de Costa Rica. Este indica: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones”. Sin duda, el gobierno actual e incluso gobiernos antecesores han aplicado recortes importantes que han reducido la dotación de los recursos financieros, no cumpliendo la asignación del 8% del Producto Interno Bruto como asignación de financiamiento a la educación y favoreciendo la privatización de la educación.

Las universidades públicas de Costa Rica impactan positivamente el desarrollo social del país. Esto se evidencia en la formación de un recurso humano de alta calidad en disciplinas estratégicas como la medicina, la educación, la biología, la economía, la filosofía, la planificación, la administración, la tecnología entre otras más. Las personas profesionales graduadas en las universidades públicas han asumido puestos estratégicos en lo público, tales rangos son desde ministros, diputados, presidentes ejecutivos, alcaldes, así como en lo privado, tales como gerentes de empresas, bancos, grupos corporativos, entre otros.

El desarrollo socio productivo del país se ha nutrido de los proyectos y programas de la extensión, acción social e investigación, en atención a problematizaciones y demandas sociales de índoles distintas. La universidad pública ha demostrado trabajo articulado con la institucionalidad pública y gobiernos locales, asumiendo con seriedad la búsqueda de soluciones concretas a problematizaciones en los sectores sociales y productivos. Por ejemplo, se ha fortalecido la apicultura, la horticultura, la caficultura, la avicultura, el arte y la cultura, entre otros sectores.

El financiamiento de la educación superior pública ha permitido y permite el ascenso social de las clases medias y bajas que no disponen de los recursos financieros para enviar a estudiar a sus hijos, típicamente, son estudiantes de zonas rurales y zonas urbanas marginales quienes hoy por hoy se mantienen estudiando y sin duda lograrán ser profesionales de alta valía para el país, contribuyendo al proceso productivo, a la cultura y el arte, a los derechos humanos, es decir, al bienestar y desarrollo en general.

Estamos experimentando el debilitamiento de la educación pública como principio y prioridad de la administración Chaves, que nuevamente avanza en una escalada de desfinanciamiento de la inversión social como nunca en la historia del país. En este sentido, consideramos que el gobierno de la república debe rectificar su proceder y proponer una negociación cuyo resultado sea el fortalecimiento de la educación superior pública. No aumentar el financiamiento es condenar a cientos de estudiantes y poblaciones vulnerables a no alcanzar un bienestar social digno e inclusivo. No financiar la educación es abrir las puertas a la privatización de la educación, la cual no todas las familias humildes de este país pueden pagar.

Instamos a la Asamblea Legislativa a garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho, actuar con ética, objetividad, solidaridad, justicia social y hacer valer los Derechos Fundamentales, particularmente los derechos económicos, sociales, educativos, culturales y ambientales, que se consagran en la constitución política de nuestro país.

La educación es un derecho indiscutible e inviolable de cualquier sistema democrático, por ello, dado que no se llegó a ningún acuerdo en la Comisión de Enlace sobre el FEES producto de la negativa del Gobierno y que por consiguiente, le corresponderá a la Asamblea Legislativa, según el artículo 85 de la Constitución Política, tomar la decisión de aprobar el monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, esta es una oportunidad para que la Asamblea Legislativa revierta la ruta del desmantelamiento de toda la educación pública y se proceda con la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal.

Desde la Universidad Nacional, hacemos un llamado respetuoso a las y los señores diputados a garantizar el derecho de acceso a la educación de las actuales y futuras generaciones.

La Comisión Turística Sur Sur inicia acciones

El sábado 17 de agosto 2024 en las instalaciones de la Escuela de la Comunidad de La Guaria, en el distrito Piedras Blancas, cantón de Osa, dio inicio la primera sesión de trabajo de la Comisión Turística Sur Sur.

Con la asistencia de 20 personas se trabajó en organizar y planificar acciones que conduzcan al desarrollo y fortalecimiento de pequeños emprendimientos en ecoturismo rural comunitario, que permitan mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades de la región.

Este inicio estuvo motivado no solo por una buena asistencia, sino además por una gran participación y entusiasmo de todas las personas presentes.

Iniciativa de ley busca reducir brecha indígena en el tema de salud

Fue presentada el pasado 19 de agosto

Por Uriel Rojas

La diputada Sonia Rojas Méndez, presentó el pasado lunes 19 de agosto, una iniciativa de ley que busca reducir las brechas que sufren los pueblos indígenas en el acceso a la salud, garantizando un servicio culturalmente pertinente, como establece el Convenio 169 de la OIT y otras normativas jurídicas internacionales.

Esta iniciativa de ley responde al compromiso adquirido el año pasado en el Foro sobre los desafíos en el acceso a la Salud de los Pueblos Indígenas.

El Convenio 169 de la OIT en su artículo 25 establece que:

“Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar, a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental”.

Este propuesta jurídica se realizó con el apoyo del Sr. Juan Luis Bermúdez, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, los médicos Sr. Neil Rojas y Sr. Efraín Retana, el Colegio de Médicos y Cirujanos, y las Escuelas de Enfermería y de Salud Pública de la UCR.

Los Pueblos Indígenas presentan indicadores de salud que muestran desigualdades en relación con el resto de la población, ya que, en términos geográficos, culturales, legales, funcionales, sociales y económicos, el acceso a los servicios de salud ha sido limitado para esta población.

El derecho a la salud está estrechamente interconectado con otros, tales como el derecho a la vida, a la alimentación, vivienda, trabajo, educación, la no discriminación en ninguna de sus formas, a la privacidad, a la información, por lo que el abordaje ha de ser de carácter integral e intercultural.

Esta iniciativa de Ley propuesta por la diputada Rojas Méndez, demanda una atención urgente de las condiciones de vida de la poblaciones indígenas, traducida en políticas efectivas que contribuyan a mejorar el acceso y la calidad de las acciones de salud pública, con respecto a su identidad y cultura diferenciada.

Dicha propuesta fue presentada bajo el expediente Nº 24506 con el nombre de: Ley para Garantizar la Atención con Pertinencia Cultural a las Personas Indígenas de Costa Rica. Reformas a la Ley General de Salud, Nº 5395, del 30 de octubre de 1973 y sus Reformas.

La diputada bonaerense espera y ejecutará para que se someta pronto a debate en el Plenario Legislativo.