El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi se complace en invitarle a la tertulia musical El rock en sus diferentes facetas con Freddy Mora.
Esta actividad es parte del ciclo Escuchando nuestra esencia. Tardes de tertulia y audición de música nacional
La tertulia se realizará el viernes 17 de abril a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.
HC Editores y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi se complace en invitarle a la presentación del libro SS San Pablo: el barco que los nazis hundieron en Limón de Axel Alvarado Luna. Participan Lic. Hámer Salazar, Lic. Gilberth Díaz Vásquez, Licda Katherine Moreira Brown, PhD. Bernd Niehaus, M. Hist Axel Alvarado Luna.
La actividad será presencial el jueves 18 de abril a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y también transmitida por el Facebook https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
El debate sobre el financiamiento universitario en Costa Rica no puede reducirse a la discusión coyuntural de un posible 0% de aumento al FEES, sino que debe entenderse como parte de una tendencia sostenida de deterioro relativo. Aunque en términos nominales el presupuesto ha seguido creciendo —por ejemplo, un 2% en 2025 y un 1% en 2026—, distintos análisis muestran que estos incrementos han sido insuficientes para compensar la inflación, lo que implica una pérdida progresiva del poder adquisitivo del sistema universitario.
Este punto es central: el problema no es únicamente si el aumento es 0%, 1% o 2%, sino que el financiamiento real de las universidades públicas se ha venido erosionando. Bajo esta lógica, aceptar incrementos marginales o nulos refuerza una narrativa peligrosa: que las universidades pueden sostener su funcionamiento con recursos cada vez más limitados.
Sin embargo, la evidencia institucional indica lo contrario. El FEES financia un sistema que en 2026 supera los ₡593 mil millones, destinado a sostener funciones sustantivas como docencia, investigación y acción social en cinco universidades públicas.  Reducir su crecimiento real implica tensionar directamente estas funciones, afectando la formación de profesionales, la generación de conocimiento y los servicios que el sistema universitario presta al país.
En el plano político, la coyuntura es particularmente compleja. La negociación del FEES ha mostrado un aumento en la conflictividad —como ocurrió en 2025, cuando la Asamblea Legislativa tuvo que intervenir ante la falta de acuerdo— y en 2026 parte de escenarios fiscales restrictivos, incluso con referencias a inflación cercana a cero.  Esto reduce significativamente el margen de maniobra de las universidades en la negociación.
No obstante, cualquier estrategia de defensa del FEES enfrenta un límite estructural: la legitimidad social. Las tensiones internas, cuestionamientos públicos y percepciones de ineficiencia debilitan la capacidad de las universidades para posicionar su demanda como un interés país. En ese sentido, sostener una defensa puramente institucional del presupuesto resulta insuficiente.
Por ello, el desafío no es solo financiero, sino político: reconstruir legitimidad para sostener la demanda presupuestaria. Esto implica abrir un diálogo más directo con la sociedad, transparentar debilidades y explicar con claridad qué está en juego cuando se reduce el financiamiento universitario.
El escenario actual combina tres elementos:
1. Deterioro real del financiamiento, pese a aumentos nominales.
2. Condiciones políticas más restrictivas para la negociación.
3. Déficit de legitimidad que limita la capacidad de presión.
Sin abordar estos tres niveles de forma simultánea, la discusión sobre el FEES —sea 0% o cualquier otra cifra— seguirá resolviéndose en desventaja para el sistema universitario público.
Cápsula #3
Isaura Umaña Ramos es graduada del Técnico en Gestión Local, versión Pacífico Central, del Programa de Gestión Local de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Vecina de Coyolar de Orotina, Isaura representa un claro ejemplo de cómo la formación universitaria puede traducirse en liderazgo comunitario y acciones concretas de transformación social.
Además de ser ama de casa, Isaura desarrolla un emprendimiento de artesanías en madera y continúa su vínculo con la UNED como estudiante de cursos libres. Su compromiso social se manifiesta especialmente en su rol como presidenta y fundadora de la Agrupación de Familias de Personas con el Espectro del Autismo Ágape, una organización sin fines de lucro que nació a partir de una necesidad sentida en su comunidad.
Agrupación Ágape
La Agrupación Ágape está orientada a brindar apoyo integral a familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el cantón de Orotina. En este espacio, las familias encuentran acompañamiento emocional, asesoría legal y oportunidades para compartir experiencias, estrategias prácticas y herramientas para el manejo del estrés, la ansiedad y el proceso de duelo que muchas veces acompaña el diagnóstico.
Ágape se concibe como un espacio seguro, donde las personas pueden expresar sus sentimientos con confianza y construir redes de apoyo mutuo, contribuyendo a disminuir el aislamiento social que enfrentan muchas familias. Según su fundadora, este tipo de agrupación es pionera en el cantón de Orotina.
El nombre Ágape proviene del término griego agápē, que hace referencia al amor altruista, incondicional y desinteresado, orientado al bienestar del prójimo. Este principio guía el quehacer de la organización y da sentido a sus acciones colectivas.
Entre las iniciativas impulsadas por la agrupación se encuentran capacitaciones, actividades comunitarias y la organización de marchas con motivo del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2007. Estas acciones buscan sensibilizar a la población, promover la inclusión, el respeto a los derechos y la aceptación de las personas con TEA, contribuyendo así a una mejor calidad de vida.
Desde su creación, Ágape ha generado cambios positivos en la comunidad de Orotina, fortaleciendo la conciencia social sobre el autismo y articulándose con diversas instituciones que han brindado apoyo mediante procesos de formación y acompañamiento. Actualmente, la agrupación cuenta con una página en Facebook bajo el nombre Ágape Autismo Orotina, desde donde comparte información y actividades con la comunidad.
La experiencia de Isaura Umaña Ramos evidencia cómo la formación en Gestión Local de la UNED potencia el liderazgo comunitario y favorece la construcción de respuestas colectivas ante realidades sociales complejas, reafirmando el compromiso de la universidad con la extensión, el desarrollo territorial y la transformación social.
Para poder conectarse con la organización Ágape Autismo Orotina, por medio de la página en Facebook a través del enlace https://www.facebook.com/?ref=homescreenpwa
Elaborada por Michelle P. Castro Marchena
El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, advierte sobre una escalada global de guerras, invasiones y violaciones al derecho internacional, señalando directamente a los gobiernos de Estados Unidos e Israel como responsables de graves crímenes contra la humanidad. En su pronunciamiento, denuncia el impacto de estas acciones sobre los pueblos, cuestiona el silencio de organismos internacionales y hace un llamado urgente a la conciencia global para detener la violencia y defender la paz como fruto de la justicia.
SURCOS transcribe el texto de Adolfo Pérez Esquivel:
Donald Trump y Benjamin Netanyahu son genocidas criminales de lesa humanidad.
El mundo se encuentra sacudido por GUERRAS, INVASIONES, BLOQUEOS, MUERTE, HAMBRE Y DESTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, provocados por gobernantes irresponsables que atentan contra la vida de las personas y de nuestra “Casa Común”. Privilegian el capital financiero y el poder económico de dominación, y se olvidan de Dios, de los valores, la ética y la responsabilidad con la vida de los pueblos.
Desconocen y violan todos los Tratados Internacionales, despreciando lo que tanto costó construir a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial para restablecer el equilibrio y la convivencia entre los países del mundo.
Preocupa ver que los organismos internacionales, bajo presión o complicidad, guarden silencio o no tengan la capacidad de poner límite a la crueldad. Recuerdo a Martin Luther King cuando decía que no le dolía tanto el accionar de los “malos” como el silencio de los “buenos”.
¿Cómo puede ser que durante más de 64 años Estados Unidos mantenga el bloqueo a Cuba y lo refuerce actualmente con la flota naval impidiendo el suministro de petróleo y recursos necesarios para la Isla, provocando graves dificultades energéticas que afectan la salud y la alimentación de la población, y sea una permanente amenaza para su soberanía? Cuba, que no es un peligro —por el contrario, es un país solidario con los que menos tienen— está en riesgo frente a la agresión de Estados Unidos.
Trump y Netanyahu, en su delirio guerrerista, actúan por “suspensión de conciencia”, en el juego de la guerra piensan que es lícito y justo matar, no asumen la responsabilidad de la gravedad de sus acciones. Hannah Arendt llega a la impresionante conclusión sobre Adolf Eichmann en la Segunda Guerra Mundial, cuando señala al jerarca nazi como una nueva especie criminal: HOSTIS GENERIS HUMANI, es decir, el que comete crímenes en circunstancias que le hacen imposible saber que obra mal.
Trump ordena la invasión de Venezuela y secuestra al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Celia Flores; los llevan prisioneros a Estados Unidos para ser juzgados y condenados antes del juicio. Impone el bloqueo a Venezuela y cierran su espacio aéreo, violando todos los Tratados Internacionales, dañando la vida y la soberanía del país.
Es indignante que el presidente de Estados Unidos secuestre a 6200 niños migrantes, separados por la fuerza de sus familias e internados en cárceles, violando los derechos de la infancia. Hago un llamado al Congreso de Estados Unidos para que intervenga y que los niños y niñas vuelvan con sus familias.
Es urgente que el pueblo de Estados Unidos ponga límites a los abusos de poder de Trump. En diversos Estados levantan su voz contra el genocidio en Gaza y la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Se extiende la guerra regional, y es urgente reclamar la suspensión de los ataques contra el Líbano, que desde el conflicto ha provocado más de 3000 muertes y la matanza de más de 100 niñas en un colegio en Minab por los bombardeos.
El movimiento judío en Israel NO EN NUESTRO NOMBRE reclama y exige terminar la guerra contra Palestina. Hay muchas iniciativas y acciones a escala mundial, como la Flotilla Global Solidaria a Gaza.
La Corte Penal Internacional dio orden de captura internacional para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien acusa de genocida en la Franja de Gaza.
Trump y Netanyahu creen en el poder de las armas, no en el diálogo, el derecho y la razón, quieren imponer al mundo sus intereses geopolíticos y hegemónicos. Estados Unidos utiliza el veto en la ONU para impedir la condena a Israel.
La resistencia de los pueblos aumenta día a día en defensa de la vida, de su soberanía e identidad; buscan construir un nuevo amanecer, SABIENDO QUE LA PAZ SE CONSTRUYE COMO FRUTO DE LA JUSTICIA Y EL DERECHO DE LOS PUEBLOS.
La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel es una ofensa a la humanidad: en el tiempo que lleva la guerra han asesinado a más de 3000 personas en Irán y ponen en peligro la vida planetaria, frente a la amenaza de una posible GUERRA NUCLEAR.
Trump, en su suspensión de conciencia, busca mantener la hegemonía mundial a través de la fuerza, imposiciones económicas y aranceles, frente a otras potencias emergentes que reclaman un nuevo orden mundial. Equivocó el camino; eligió el peor de todos: la guerra, donde todos pierden. Está preocupado por los números, costos y pérdidas económicas en la guerra, y olvida que detrás de los números hay rostros de hombres, mujeres, niños y niñas que reclaman un lugar digno en la vida.
Le pido al presidente Trump que mire su vida espiritual, si la tiene; que no olvide que la violencia y las muertes contra los pueblos ofenden a Dios y a toda la humanidad, y que lo que siembra, recoge.
El Papa Francisco, en su incansable prédica por la paz, sabía de las consecuencias de la escalada bélica y decía que el mundo ya se encuentra en la Tercera Guerra Mundial, que va aumentando a cuentagotas, y que la humanidad está frente a la amenaza de una posible guerra nuclear. Hay que hacer todo lo posible para evitarla y llamar a la conciencia de los responsables; pide orar y actuar, y saber que LA PAZ ES EL CAMINO.
El preámbulo de las Naciones Unidas es muy claro:
“Nosotros, los pueblos del mundo, queremos la paz…”
No olvidarlo y defender el derecho de los pueblos se hace urgente.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz 1980
Presidente Honorario SERPAJ
Observatorio de Bienes Comunes
No es solo un lugar en el mapa. Es historia viva, memoria que se transmite y lucha cotidiana por sostener la vida.
Este testimonio nos invita a mirar más profundo y reconocer lo que muchas veces no se ve.
Ideas clave:
* El territorio se construye desde la experiencia de quienes lo habitan
* La memoria comunitaria fortalece identidad y organización
* El abandono no es casual: tiene historia y responsables
* El vínculo con la tierra se cuida, se defiende y se hereda
* Contar la historia también es una forma de lucha
Hacer memoria es sembrar futuro.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) emitió un comunicado en el que analiza críticamente la propuesta de nuevo Reglamento de Vida Silvestre impulsada por el MINAE. Desde un enfoque técnico, científico y de defensa ambiental, la organización advierte sobre posibles retrocesos en la protección de la biodiversidad, cuestiona la falta de recursos para el SINAC y llama a una revisión profunda, participativa y fundamentada en evidencia científica antes de avanzar con la normativa.
SURCOS le comparte el comunicado de APREFLOFAS:
La propuesta planteada por el MINAE para un nuevo Reglamento de Vida Silvestre busca derogar el actual reglamento, Decreto Ejecutivo 40548-MINAE de 2017.
El manejo de la vida silvestre debe ser planteado desde el conocimiento científico y dirigido hacia la conservación.
La propuesta del MINAE no incluye recursos financieros para el SINAC.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), fundada en 1985, en su condición de promotora y defensora de la protección ambiental ha desarrollado distintas acciones, estrategias y capacidades a lo largo de cuatro décadas, entre estas la educación ambiental, la investigación, el análisis técnico y jurídico de leyes y reglamentos en materia ambiental; y la difusión de conocimiento científico sobre la interacción entre los seres humanos y la vida silvestre.
La normativa relacionada con vida silvestre (flora y fauna) se encuentra contenida principalmente en la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley 7317 y sus reformas) y en el actual Reglamento de Vida Silvestre, establecido en el Decreto 40548-MINAE de 2017.
El actual Reglamento de vida silvestre, Decreto 40548-MINAE de 2017
La elaboración del Reglamento actual (Decreto 40548-MINAE de 2017) fue realizada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) entre los años 2015 y 2017, antes de ser oficializado, el reglamento fue presentado a consulta pública en el año 2017; dicho reglamento se compone de 231 artículos.
La elaboración del Reglamento actual (Decreto 40548-MINAE de 2017) tuvo además el apoyo técnico y los aportes de centros e institutos de investigación especializados en vida silvestre de la Universidad de Costa Rica (Jardín Lankester) y de la Universidad Nacional (ICOMVIS y Hospital de Especies Menores y Silvestres), colegios profesionales, especialistas en medicina veterinaria y organizaciones no gubernamentales especializadas en vida silvestre.
Desde su entrada en vigencia en el año 2017, el Reglamento actual ha generado disconformidad por parte de quienes prefieren una mayor apertura y uso comercial de la vida silvestre, especialmente de la fauna. En ese sentido, un total de ocho acciones de inconstitucionalidad fueron interpuestas desde 2017 contra el actual reglamento, todas ellas fueron declaradas sin lugar por la Sala Constitucional mediante las sentencias 2018-2844, 2018-4285, 2018-8413, 2018-18563, 2020-11171, 2021- 2185, 2021-3851 y 2024-25584.
Las limitaciones al comercio, la exhibición y la reproducción de especies de fauna bajo las distintas categorías de manejo establecidas en el Reglamento, fueron los principales reclamos resueltos por la Sala Constitucional en las sentencias antes mencionadas.
El proceso de un nuevo Reglamento
El 21 de octubre de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) mediante una convocatoria su sitio web puso a disposición para consulta pública el proyecto para un nuevo Reglamento de Vida Silvestre, esa primera versión contenía 325 artículos y 22 anexos.
La consulta oficial para emitir criterios estuvo disponible hasta el 04 de noviembre de 2025 en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), dado que la propuesta de reforma ha sido planteada desde el mecanismo de mejora regulatoria, el cual es coordinado y supervisado por el MEIC.
Una disconformidad recurrente durante este proceso de consulta, ha sido el plazo disponible de 10 días hábiles para hacer observaciones sobre un instrumento que versa sobre materia sumamente técnica, como lo es la conservación y manejo de vida silvestre. Estas disconformidades sobre el plazo de consulta fueron planteadas por colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales especializadas en vida silvestre, investigadores e investigadoras, centros de investigación e institutos especializados en vida silvestre, entre otros.
En cuanto a las observaciones sobre el contenido de la primera propuesta presentada para consulta pública, distintos grupos de la sociedad civil, colegios profesionales, especialistas y distintas ONG emitieron aproximadamente 800 observaciones para revisión del MINAE.
Una de las observaciones más reiteradas por parte de la ciudadanía, visible en el expediente de consulta implicó cuestionamientos a la excepción a la tenencia cinco especies de aves silvestres de la familia de los psitácidos (Amazona autumnalis, Amazona farinosa, Brotogeris jugularis, Eupsittula canicularis, Psittacara finschi) y a la tenencia de Aras híbridas (lapas híbridas) contenida en el artículo 126.a (página 80) de la versión sometida a consulta pública; pese a los cuestionamientos, el MINAE mantuvo esa disposición intacta en la segunda versión del proyecto del 29 de enero de 2026 (artículo 126.1, página 86) y en la tercera versión del 9 de marzo de 2026 (29 de enero de 2026 (artículo 126.1, página 84), aun cuando en el mismo expediente y en la consulta pública constan distintos cuestionamientos sobre la legalidad de esa medida, la severa regresión ambiental que implica y el cuestionamiento sobre si existen o no criterios técnicos para fundamentarla.
Una vez concluida la consulta pública, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) emitió el informe DMR-DAR-INF-261-2025 del 12 de noviembre de 2025, donde señaló 44 recomendaciones con carácter vinculante que deben ser corregidas, como puede verse en la página 32 de ese informe, donde dicho Ministerio indicó:
“Como resultado de lo expuesto, esta Dirección concluye que la propuesta transgrede los principios de mejora regulatoria de: Cooperación Intra e Interinstitucional, Eficiencia, Legalidad, Publicidad, Reglas Claras y Objetivas, Seguridad Jurídica, Transparencia. Por lo tanto, emite, con carácter vinculante, las siguientes recomendaciones (…)”
En fecha 18 de marzo de 2026 tuvo lugar en la Universidad Nacional un conversatorio sobre el proyecto de nuevo reglamento, este espacio de diálogo y reflexión técnica, científica y jurídica tuvo ponencias por parte de APREFLOFAS, el Instituto Internacional de Conservación de Vida Silvestre (ICOMVIS), el Centro de Rescate Wildlife Rescue Center (antiguamente ZooAve) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en este espacio, uno de los temas de mayor discusión fue el tema de la tenencia de aves silvestres y la posibilidad de mantenerlas en cautiverio, situación que estuvo definida expresamente en las tres versiones del reglamento disponibles hasta ese momento (21 de octubre de 2025, 29 de enero de 2026 y 09 de marzo de 2026). La grabación completa del conversatorio puede verse en este enlace en el canal de Youtube del ICOMVIS.
Durante el conversatorio, hubo además cuestionamientos sobre los criterios técnicos que fundamentaron esa decisión, sin que a la fecha de este comunicado de prensa conste en el expediente si existen o no esos criterios. Esto es particularmente relevante, dado que las decisiones sobre vida silvestre deben ser definidas con base en la ciencia y la técnica.
Luego del conversatorio del 18 de marzo, en una cuarta versión del proyecto de nuevo Reglamento, el MINAE retiró la posibilidad de cautiverio de cinco de las especies de aves, manteniendo esa posibilidad para las lapas híbridas, lo cual también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la opinión pública durante los últimos días.
De tal manera, según lo que consta en el expediente digital, la rectificación del MINAE sobre la tenencia de varias especies de aves, surge hasta que los cuestionamientos sobre esta medida salieron a la luz pública en distintos espacios.
Otros de los elementos que ha llamado la atención es la aprobación de una nueva categoría de sitio de manejo que combina “centros de rescate” con “zoológicos sin fines comerciales” contenida en el artículo 179.b de todas las cuatro versiones del proyecto de nuevo Reglamento. Al respecto, no consta en el expediente mayor detalle sobre los criterios científicos que avalen estas y otras medidas.
El nuevo reglamento no plantea nuevos recursos para el SINAC
Desde APREFLOFAS consideramos sumamente relevante destacar que la propuesta del nuevo reglamento no viene acompañada de la asignación de recursos técnicos, tecnológicos, financieros, presupuestarios o humanos para el SINAC.
En ese orden de ideas, debe recordarse que el último Informe del Programa Estado de la Nación (2025), ya advertía sobre el recorte de presupuesto que viene siendo aplicado en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, señalándose en el Informe (página 169):
“El presupuesto del Sinac se redujo un 40% en el último lustro. En consecuencia, se realizaron menos actividades de control, monitoreo y fiscalización en las áreas de conservación. Esta situación se agrava por la progresiva transformación de la estructura de gobernanza hacia una mayor concentración de poderes en detrimento de la participación y el criterio técnico”.
Adicionalmente, desde APREFLOFAS estimamos sumamente relevante destacar que un nuevo Reglamento de vida silvestre no debe ser más permisivo que el anterior, especialmente, cuando la situación mundial de la biodiversidad es hoy todavía más delicada que la que tuvimos en el año 2017.
Consideramos oportuno destacar que la permisividad y flexibilidad es todavía más riesgosa cuando no se tienen estudios poblacionales de las especies de fauna silvestre, recordando que el Reglamento tiene efecto en todas las especies de flora y fauna, no solamente en las que hemos mencionado en este comunicado.
Por todo lo anterior, desde APREFLOFAS:
Consideramos que cualquier propuesta de nuevo Reglamento debe buscar fortalecer la protección y conservación de vida silvestre y debe ser fundamentada en criterios técnicos y científicos verificables.
Cualquier propuesta de Reglamento de vida silvestre debe ser objeto de la difusión oficial de información amplia, veraz y transparente para la ciudadanía.
Señalamos que cualquier propuesta de nuevo Reglamento resulta operativamente inviable si el SINAC sigue siendo objeto de recortes en su presupuesto.
Solicitamos al MINAE designar una mayor cantidad de guardaparques, personal, vehículos, recursos técnicos y recursos tecnológicos de vigilancia para la protección de las Áreas Silvestres Protegidas, particularmente en las áreas con alta incidencia de delitos ambientales y en las oficinas regionales.
Las decisiones sobre vida silvestre son de interés público y deben fundamentarse en la ciencia y la técnica.
Solicitamos a las autoridades una minuciosa revisión de la propuesta para cerrar la posible apertura de portillos que permitan delitos ambientales, por lo cual, consideramos que debe darse una pausa en el avance de esta propuesta, permitiendo su revisión detallada y el escrutinio ciudadano.
Invitamos a toda la ciudadanía a informarse sobre este tema y a solicitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
¡Respetemos a la vida silvestre!
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión N.° 6985, acordó acoger un pronunciamiento que rechaza el proyecto de reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.° 22.553), al considerar que podría facilitar procesos de privatización del litoral y debilitar la protección de los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades.
Este pronunciamiento fue gestionado y promovido por el Programa Kioscos Socioambientales, con el respaldo de más de 80 organizaciones y más de 200 personas, en su mayoría vinculadas a territorios costeros.
Según el documento, el proyecto de ley representa “un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades”, y advierte que, aunque la propuesta se presenta bajo el concepto de “ordenamiento”, en la práctica “plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario”.
Asimismo, se señala que la iniciativa abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial. En particular, se cuestiona que la reforma flexibiliza los requisitos para concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso permitiría usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con infraestructura o mobiliario para fines comerciales.
“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.
En la misma línea, se advierte que “esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”.
El documento también alerta sobre posibles retrocesos en materia ambiental, especialmente en ecosistemas estratégicos como los manglares: “Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”.
Otro de los cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios: “Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.
Posición histórica de la Universidad de Costa Rica
Durante la discusión del acuerdo, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, Ilka Treminio, destacó que para fortalecer el análisis se incorporaron criterios previamente emitidos por el propio Consejo, incluyendo el acuerdo de la sesión n.° 6983, en el cual se respaldó una iniciativa orientada a garantizar el acceso público a las playas (Expediente N.° 24.413).
En ese marco, se recordó que el Consejo Universitario ha sostenido una posición consistente en esta materia. Destaca el acuerdo CE-DIC-16-004 de 2016, en el que se planteó la urgencia de una reforma integral a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, basada en la gestión integrada de la zona costera, la articulación con gobiernos locales, el ordenamiento territorial y el enfoque socioecológico, incorporando además el cambio climático y el fortalecimiento institucional.
Asimismo, en 2025 el Consejo se pronunció sobre el proyecto de ley 23.148, advirtiendo que implicaba riesgos sociales, ecológicos y jurídicos al abrir la posibilidad de actividades comerciales y turísticas en la zona pública sin los debidos resguardos. En ese contexto, reiteró la necesidad de avanzar hacia una legislación moderna, integral y participativa, orientada al desarrollo sostenible y basada en criterios como la gestión del riesgo, la capacidad de carga y una planificación costera fortalecida.
Según Ilka Treminio, a partir del análisis de los acuerdos previos del Consejo Universitario, el pronunciamiento resulta “coherente con la posición que la Universidad ha venido construyendo y sosteniendo en esta materia, así como con los principios que deben orientar una legislación integral, participativa, construida con las comunidades y respetuosa de la protección de los bienes comunes”.
Sin consulta a la UCR
Treminio señaló que la urgencia de esta adhesión radica en que el proyecto no fue consultado formalmente a la Universidad y ha avanzado con una celeridad preocupante. Asimismo, indicó que el Programa Kioscos Socioambientales, junto con diversas organizaciones, ha solicitado audiencias con la Presidencia Legislativa y las jefaturas de fracción para exponer sus argumentos, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Por otro lado, el Ph.D. Sergio Salazar Villanea, representante del Área de Ciencias Agroalimentarias, se sumó al pronunciamiento y recordó que la semana anterior ya habían discutido el tema y fijado una posición en el mismo sentido. Asimismo, hizo un llamado de atención sobre la celeridad con que se tramitan algunos proyectos, advirtiendo que esta dinámica difícilmente cambiará con la conformación de la Asamblea Legislativa en el próximo gobierno.
Por su parte, el Dr. Francisco Guevara Quiel, representante del Área de Artes y Letras, manifestó su respaldo total al pronunciamiento, destacando su solidez técnica y el profundo conocimiento de la problemática. Señaló que, al acercarse a las zonas costeras, es posible constatar directamente la situación: un ecosistema que está siendo saqueado y un evidente deterioro de la naturaleza impulsado por intereses empresariales de gran envergadura.
Finalmente, el director del Consejo, Dr. Keilor Rojas Jiménez, indicó que, según la información recabada, la iniciativa no fue consultada oficialmente a la Universidad de Costa Rica. En ese sentido, advirtió que la ausencia de consulta genera preocupación y planteó la necesidad de reflexionar sobre la frecuencia con que se omiten estos procesos formales de consulta a la institución.
Ver video de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=2-6DFbJWuYg
Ver pronunciamiento completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje sobre la situación de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en el que advierte que la problemática no es únicamente ambiental o social, sino una crisis socioambiental compleja que exige respuestas integrales. Desde la Doctrina Social de la Iglesia, los obispos llaman a no normalizar la minería ilegal ni sus impactos, a fortalecer la presencia del Estado y a promover soluciones basadas en el bien común, el diálogo participativo, la dignidad humana y el cuidado responsable de la creación.
Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre la realidad de Crucitas, Cutris de San Carlos:
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social,
sino una sola y compleja crisis socioambiental.” (Laudato Si´, 139)
Ante la realidad presente en Crucitas, distrito de Cutris de San Carlos, Zona Norte de nuestro país, deseamos ofrecer una palabra de orientación que brota de nuestra misión pastoral y de la Doctrina Social de la Iglesia, mirando al bien integral de la persona humana y de la creación.
Durante más de veinte años, la zona ha sufrido las consecuencias de la minería ilegal: deforestación, contaminación de fuentes de agua, deterioro del tejido social, violencia e inseguridad. Esta realidad no puede normalizarse ni perpetuarse. El abandono del territorio y la ausencia de soluciones eficaces han provocado dolor en muchas familias y han expuesto la riqueza natural a graves daños. La indiferencia no es una opción moralmente válida.
Al mismo tiempo, la Iglesia recuerda que el desarrollo auténtico no puede construirse sacrificando la casa común ni poniendo en riesgo la vida y la salud de las comunidades. La experiencia histórica y los principios del Magisterio de la Iglesia nos enseñan que el progreso económico debe estar siempre subordinado a la dignidad humana, al destino universal de los bienes y al cuidado responsable de la creación.
En su Encíclica Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI dejaba en claro el equilibrio que debe existir en la relación del hombre con el ambiente natural: “El tema del desarrollo está también muy unido hoy a los deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural. Éste es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. Cuando se considera la naturaleza, y en primer lugar al ser humano, fruto del azar o del determinismo evolutivo, disminuye el sentido de la responsabilidad en las conciencias. El creyente reconoce en la naturaleza el maravilloso resultado de la intervención creadora de Dios, que el hombre puede utilizar responsablemente para satisfacer sus legítimas necesidades -materiales e inmateriales- respetando el equilibrio inherente a la creación misma. Si se desvanece esta visión, se acaba por considerar la naturaleza como un tabú intocable o, al contrario, por abusar de ella. Ambas posturas no son conformes con la visión cristiana de la naturaleza, fruto de la creación de Dios”, n. 48.
Por ello, invitamos a que cualquier decisión que se tome sea fruto de un diálogo amplio, transparente y participativo, donde se escuche a las comunidades locales, a expertos independientes y a todos los sectores involucrados. Se requiere un discernimiento serio que considere no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos ambientales, sociales y culturales a corto, mediano y largo plazo.
La superación de la minería ilegal y de la violencia asociada exige una presencia efectiva del Estado, políticas públicas claras, alternativas laborales sostenibles y un compromiso real con la legalidad. Enfrentar el crimen no puede implicar decisiones que pongan en riesgo irreversible el patrimonio natural que pertenece a todos.
La Iglesia no es instancia técnica ni política, expresa sí la conciencia ética que recuerda que toda decisión debe orientarse al bien común. Animamos a las autoridades y a la sociedad costarricense a buscar soluciones integrales que protejan la vida, restauren el orden, promuevan oportunidades dignas de trabajo y salvaguarden la riqueza natural que hemos recibido como don y responsabilidad.
Que este momento sea ocasión para renovar el compromiso con un desarrollo verdaderamente humano, solidario y sostenible, donde la justicia, la paz social y el cuidado de la creación caminen siempre unidos.
En San José a 14 de abril del 2026.
Javier Román Arias
Obispo de Limón
Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
Bartolomé Buigues Oller
Obispo de Alajuela
Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
Pronunciamiento público
Por la dignidad, la paz laboral, la unidad de Limón y una nueva etapa para el Caribe: No a la continuidad de Susy Wing.
Las organizaciones firmantes —FETRAL, UNIA, Asociación Bloque de Vivienda de Limón, representantes del sector turismo, líderes de barras y diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia— nos dirigimos al país, a las autoridades nacionales y al próximo gobierno de la República para expresar, de manera responsable, unitaria y respetuosa, nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa actualmente JAPDEVA y por las consecuencias que esa realidad está generando en la provincia de Limón.
Este pronunciamiento nace del compromiso con nuestra provincia, con su gente, con sus trabajadores y con la necesidad urgente de abrir caminos de desarrollo, estabilidad y unidad. Lo hacemos porque creemos que Limón merece ser escuchado y porque consideramos que el momento actual exige decisiones sensatas, firmes y coherentes con las necesidades reales de la población limonense.
En ese marco, manifestamos con absoluta claridad que no respaldamos la continuidad de la señora Susy Wing Ching como Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, por considerar que su permanencia en el cargo profundizaría una crisis institucional, laboral y social que hoy afecta a la provincia y que, lejos de contribuir al fortalecimiento de la institución, ha generado un desgaste cada vez más visible en distintos sectores.
Nuestra posición no responde a intereses personales ni a un ánimo de confrontación. Responde a una valoración seria de lo que Limón necesita en este momento. La provincia no requiere más tensiones, más imposiciones ni más divisiones. Limón necesita liderazgo, capacidad de diálogo, visión estratégica, sensibilidad social y una conducción que permita recuperar la confianza en una institución que históricamente ha debido ser motor de desarrollo para la región.
Las preocupaciones que hoy expresamos no son aisladas ni menores. Se relacionan con un conjunto de hechos y situaciones que han deteriorado el ambiente institucional y el vínculo entre JAPDEVA, las comunidades y las personas trabajadoras. Entre ellos, preocupa profundamente el clima de tensión, temor e incertidumbre que se ha instalado dentro de la institución, afectando no solo la paz laboral, sino también la capacidad de construir soluciones desde el respeto y el entendimiento.
A ello se suman denuncias públicas por presunto acoso laboral, maltrato y persecución. Más allá del curso que estas denuncias deban seguir en las instancias correspondientes, lo cierto es que su sola existencia ya refleja un grave deterioro en la convivencia institucional y una seria afectación a la dignidad de las personas trabajadoras. Ninguna institución puede fortalecerse sobre el miedo, el conflicto o la desconfianza.
También existe un creciente malestar en sectores comunitarios y sociales por un estilo de conducción percibido como confrontativo, impositivo y poco abierto al diálogo. Limón no necesita una presidencia ejecutiva que profundice la distancia entre la institucionalidad y la ciudadanía. Lo que la provincia reclama es una figura capaz de escuchar, convocar, negociar y construir puentes. JAPDEVA no puede seguir siendo vista como una institución alejada de las comunidades, cuando precisamente su razón de ser está vinculada al desarrollo y al bienestar de la provincia.
A esto se añade un elemento sumamente grave: la falta de capacidad de ejecución de recursos que son vitales para el desarrollo regional. Resulta alarmante que, de más de 101 millones de dólares disponibles para el desarrollo de la provincia en el 2024, apenas se haya ejecutado un 2,67%, dejando sin materializar oportunidades que pudieron traducirse en inversión, empleo, infraestructura, bienestar comunitario y esperanza para miles de familias limonenses. Esta realidad no puede normalizarse ni minimizarse. Para una provincia con tantas necesidades y desafíos, no ejecutar recursos de esa magnitud representa una falla severa de gestión y una pérdida inaceptable para Limón.
Igualmente preocupan los señalamientos relacionados con irrespeto a resoluciones judiciales y vulneración de derechos laborales, situaciones que debilitan la seguridad jurídica, afectan la confianza en la institucionalidad pública y agravan la conflictividad social. Una conducción institucional sólida debe estar marcada por el respeto al ordenamiento jurídico, a los derechos de las personas trabajadoras y a los principios mínimos de convivencia democrática.
El daño de esta situación no se limita a JAPDEVA como institución. Su impacto se extiende a toda la provincia. Limón enfrenta enormes retos sociales, económicos, laborales y de infraestructura. En ese contexto, JAPDEVA debería ser una herramienta de articulación, una plataforma para el desarrollo y una fuente de esperanza para las comunidades. Sin embargo, hoy la percepción en muchos sectores es la contraria: una institución atrapada en el conflicto, distante de la gente y sin capacidad suficiente para responder a las expectativas de la provincia.
Por eso queremos enfatizar algo fundamental: Limón necesita una nueva etapa. Necesita una conducción que una en lugar de dividir, que escuche en lugar de imponer, que ejecute en lugar de postergar, y que comprenda que el desarrollo de la provincia no puede construirse de espaldas a las comunidades ni en confrontación con los trabajadores.
Las organizaciones que hoy suscribimos este pronunciamiento representamos distintos sectores sociales, comunitarios y laborales, pero coincidimos en una misma convicción: Limón requiere liderazgo positivo, capacidad de articulación y una institucionalidad que vuelva a tener legitimidad ante la ciudadanía. Queremos una JAPDEVA fuerte, cercana, eficiente y comprometida con el desarrollo integral de la provincia. Queremos una institución que convoque a los distintos actores y que ayude a construir consensos para sacar a Limón adelante.
Nuestro llamado al próximo gobierno de la República es firme, pero respetuoso. Consideramos que mantener esta continuidad sería una decisión equivocada para la provincia y para la propia institución. Por ello, solicitamos que no se mantenga a la señora Susy Wing Ching al frente de JAPDEVA y que, en su lugar, se valore una nueva conducción con capacidad técnica, liderazgo humano, visión estratégica, respeto por las comunidades y compromiso real con las personas trabajadoras.
La provincia de Limón necesita señales claras de escucha, de rectificación y de voluntad para construir una nueva relación entre la institucionalidad y el pueblo limonense. No pedimos confrontación. Pedimos sensatez. No pedimos privilegios. Pedimos respeto. No pedimos imposiciones. Pedimos un liderazgo capaz de unir voluntades y de abrir una etapa distinta para JAPDEVA y para la provincia.
Hoy más que nunca, Limón necesita paz laboral, instituciones sólidas, comunidades escuchadas y desarrollo con justicia social. Ese es el sentido de este pronunciamiento. Ese es el llamado que hacemos. Y esa es la responsabilidad histórica que hoy corresponde asumir.
Por Limón, por su dignidad, por sus trabajadores, por sus comunidades y por su futuro, reiteramos que no respaldamos la continuidad de la actual Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA SUSY WING C.
Firman:
Lic. Antonio Wells M.
Coordinador FETRAL
Lic. Winston Norman S.
Presidente UNIA
Lic. Danilo Powell P
Asoc. Bloque Vivienda Limón
Delroy Lewis Jones
Sector Turismo
Yahaira Rojas
Comisión de la Vertiente Atlántica
Diversos sectores sociales y comunitarios de la provincia