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Los tiempos modernos

Escrito en . Publicado en Educación.

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Oscar Ávila

Muchas son las costumbres y valores sociales que, aquellos que vivimos hace algunas décadas atrás, ahora las extrañamos.

Por ejemplo, nosotros de niños teníamos prohibido meternos en las conversaciones de nuestros padres con otros adultos, asimismo, expresarnos con palabras soeces o groseras sobre terceros, sin motivos sólidos, etc. Eso no ocurrió, por lo menos en mi ambiente. Si mi madre me escuchaba, me daba fuertemente en mi rostro y, ¡valla que tenía manos gruesas!

En las escuelas había clases por la mañana y por la tarde. Las tareas se llevaban hechas, con nuestra letra y puño. Los maestros anotaban a quienes llegaban tarde y faltaban con las tareas. Nada raro es que nos enviaran a la dirección, de donde se enviarían una nota a los padres y/o nos suspenderían algunos días.

Algunos maestros y padres de familia decían que «la letra con sangre entra».

Entre la corrección metodológica de la enseñanza/aprendizaje y el desarrollo pedagógica hubo avances significativos, sin embargo, los gremios magisteriales no aprovecharon esas oportunidades para fortalecer el aprendizaje del estudiando, confabulándose entre los colegios, para obtener aumentos salariales sin recompensas educativas.

Es así como ahora tenemos profesionales sin mayor sostén técnico y académico. Su disciplina deja mucho que desear y sus resultados son muy frágiles. Así los mismos secretarios de Educación gubernamentales, muchas veces están desactualizados en los avances pedagógicos internacionales y avances tecnológicos de punta.

Leyenda del indio Venancio llegará al auditorio del Museo Nacional

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por Uriel Rojas

Conferencia será este jueves 21 de mayo

El programa “Reflexiones desde el Bellavista” del Museo Nacional de Costa Rica presentará este jueves 21 de mayo, una Conferencia sobre la Leyenda de Venancio Mora y estará a cargo del antropólogo José Luis Amador, autor del libro.

Esta actividad se llevará a cabo en el Auditorio del Museo Nacional de Costa Rica, ubicado en Cuesta de Moras.

Amador se ha especializado en temas culturales de la Región Sur costarricense y recientemente ha publicado un libro titulado Venancio Mora y el árbol mágico de Palmar Sur.

La leyenda narra una confrontación entre Venancio Mora y la Compañía Bananera que se empeña en cortar el árbol, bajo el pretexto de que sus ramas impiden el adecuado descenso de las aeronaves en el campo de aterrizaje de Palmar Sur, colindante con la finca de Venancio.

La charla está orientada a develar aspectos históricos y simbólicos presentes en la leyenda.

Los interesados en adquirir el libro pueden hacerlo en la librería Bodeguita Cultural en Calle de la Amargura, San Pedro Montes de Oca o bien por correo a precio de costo.

Informes en el Whatsapp 7177 7546.

UNA respalda medida cautelar contra tala de árboles en playa Panamá

Escrito en . Publicado en Madre Tierra, Portada.

En el marco de la medida cautelar relacionada con la corta de más de 700 árboles, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) se pronuncia sobre la gobernanza forestal, ambiente sano y decisiones técnicas.

La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 50, establece que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Partiendo de este mandato constitucional, la Universidad Nacional manifiesta su posición ante la discusión pública generada por la medida cautelar dictada por la Sala Constitucional (Sala IV), en relación con la corta de más de 700 árboles en Playa Panamá, Guanacaste.

El artículo 50 no plantea una contradicción entre ambiente y producción; por el contrario, establece una visión integral del desarrollo nacional, donde el bienestar, la producción, la distribución de la riqueza, el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano deben armonizarse bajo criterios de legalidad, sostenibilidad y responsabilidad pública. El país, reconoce en este artículo la base del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Costa Rica ha construido históricamente una gobernanza forestal basada en reglas, instituciones, conocimiento técnico, participación social y control jurisdiccional. Esa gobernanza permite ordenar el uso, la conservación, el aprovechamiento y la protección de los recursos forestales. Este no es un debate entre ambiente y desarrollo; es un debate sobre la calidad de las decisiones públicas en Costa Rica. Cuando se debilita el criterio técnico especializado, se debilita el Estado de Derecho. Ahora bien, no se trata de impedir todo uso del recurso forestal, sino de asegurar que cualquier intervención se realice conforme a la ley, con fundamento técnico, con transparencia y con plena garantía del interés público ambiental.

La Ley Forestal n.° 7575 establece “como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales, así como por la producción, aprovechamiento, industrialización y fomento de los recursos forestales, bajo el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables”. Este equilibrio es fundamental, pues la sostenibilidad no se alcanza negando la producción, ni debilitando la protección ambiental, sino mediante decisiones técnicas rigurosas, control institucional efectivo y respeto al ordenamiento jurídico.

En ese marco, resulta indispensable diferenciar técnicamente entre bosque, bosque secundario, árboles en terrenos agropecuarios sin bosque, patrimonio natural del Estado, plantaciones forestales u otras coberturas arbóreas. La propia normativa forestal define el bosque a partir de criterios ecológicos y estructurales e incluye superficie mínima, composición, dosel y densidad de árboles. Asimismo, la normativa aplicable reconoce el bosque secundario como vegetación leñosa de carácter sucesional que se desarrolla después de la eliminación de la vegetación original por actividades humanas o fenómenos naturales.

La pregunta central no es política ni emocional: es técnica. Clasificar incorrectamente un ecosistema puede conducir a decisiones irreversibles. Por ello, consideramos que cualquier decisión relacionada con la corta de árboles debe partir de una pregunta técnica y jurídica esencial: ¿Se está ante un bosque primario, un bosque secundario sujeto a manejo, árboles aislados en terreno sin bosque o una condición especial autorizada por el ordenamiento jurídico? La respuesta a esa pregunta no puede ser política ni meramente mediática; debe ser técnica, documentada, verificable y sometida a control público.

En este sentido, respaldamos la medida cautelar como un instrumento legítimo de prudencia institucional cuando existen dudas razonables sobre posibles impactos ambientales irreversibles, suficiencia de estudios técnicos, legalidad de permisos, capacidad de carga ambiental, consulta pública o correcta aplicación de la normativa. Una medida cautelar no detiene el desarrollo; protege al país de errores irreversibles, pues la prudencia institucional no es debilidad: es responsabilidad pública.

Al mismo tiempo, afirmamos que el país debe defender las decisiones técnicas cuando estas han sido elaboradas por profesionales competentes, con información de campo, inventarios forestales, georreferenciación, evaluación de especies, condición fitosanitaria, trazabilidad, regencia forestal y cumplimiento de los requisitos establecidos. Los procedimientos de aprovechamiento maderable, permisos pequeños, inventarios forestales, permisos especiales y corta por seguridad humana forman parte de una arquitectura institucional que exige requisitos técnicos y legales para autorizar intervenciones forestales.

Desde una perspectiva de gobernanza, sería inconveniente reducir este debate a posiciones extremas. Ni toda autorización administrativa es incuestionable, ni toda crítica puede ignorar la evidencia técnica y especializada. El verdadero riesgo no está en decidir, sino en decidir mal. No toda corta autorizada representa por sí misma una agresión ambiental; pero tampoco toda autorización administrativa debe asumirse automáticamente como suficiente cuando existen cuestionamientos jurídicos, ecológicos o sociales relevantes. Una mala decisión pública puede surgir tanto de ignorar los criterios técnicos como de aplicarlos sin una visión integral del territorio, del ambiente, del agua, de la biodiversidad y del interés público.

El Poder Judicial y, particularmente, la jurisdicción constitucional cumple un papel esencial dentro de esta gobernanza. El control constitucional no es un obstáculo, es una garantía democrática y su intervención no debe verse como una ruptura del sistema, sino como parte del sistema democrático de pesos y contrapesos. Cuando existe controversia sobre la aplicación de normas ambientales, permisos, competencias institucionales o posibles daños irreversibles, la revisión judicial contribuye a fortalecer la legitimidad de las decisiones públicas.

Por tanto, la Universidad Nacional manifiesta su absoluto respaldo a:

1. El principio constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como al deber del Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho.

2. La producción sostenible, entendida como aquella que respeta los límites ecológicos, el ordenamiento jurídico, la protección del agua, la biodiversidad y el bienestar social.

3. Las decisiones técnicas debidamente fundamentadas, emitidas por profesionales competentes y por instituciones responsables, siempre que sean transparentes, verificables, trazables y conformes con la normativa vigente.

4. La medida cautelar como una decisión responsable ante la posibilidad de daños irreversibles.

Además, hace un llamado a lo siguiente:

Las autoridades competentes para que revisen integralmente los permisos, inventarios, estudios, criterios de clasificación de la cobertura forestal, eventuales áreas de protección, impactos acumulativos y capacidad de carga del territorio.

Evitar la polarización. La discusión ambiental del país requiere rigor técnico, respeto institucional, participación informada y claridad normativa.

Fortalecer la gobernanza forestal costarricense, de manera que la ciudadanía pueda confiar en que las decisiones sobre los recursos forestales responden al interés público, a la ciencia, a la ley y a una visión de país.

Costa Rica no puede permitirse decisiones ambientales basadas en presión mediática ni en simplificaciones del debate público. No debe escoger entre ambiente y desarrollo. Debe escoger siempre la sostenibilidad, que exige producir mejor, conservar con mayor responsabilidad, aplicar la ley con firmeza y tomar decisiones públicas con base en evidencia técnica, transparencia y respeto al Estado de Derecho. El país necesita más ciencia en la toma de decisiones y menos polarización en la discusión.

En consecuencia, nos pronunciamos en favor de una salida institucional, técnica y ambientalmente responsable mediante la cual se mantengan las garantías necesarias para prevenir daños irreversibles, de revisar a profundidad la legalidad y el sustento técnico de las autorizaciones, y que toda decisión final responda al mandato constitucional de bienestar, producción sostenible, ambiente sano y protección del patrimonio natural del país.

Por tanto, defender el ambiente no significa negar la producción, y defender la técnica no significa renunciar al control constitucional. La verdadera gobernanza forestal consiste en garantizar que cada decisión pública sea legal, técnica, transparente y ambientalmente responsable.

Cordialmente,
Braulio Sánchez
Presidente

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Unión Europea emite informe final sobre elecciones en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

  • Destaca la transparencia y eficiencia del TSE.

  • Misión hace diez recomendaciones

  • Señala la desinformación y los contenidos despectivos y hostiles dirigidos a socavar la confianza en las autoridades electorales.

TSE. El pasado miércoles 29 de abril la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea (UE) presentó su informe final sobre las elecciones generales del 2026 en Costa Rica. El acto se llevó a cabo en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en presencia de las Magistradas y Magistrados electorales, del señor Pierre-Louis Lempereu, Embajador de la UE en Costa Rica y de autoridades de la Cancillería General de la República.

El Informe reconoce el buen hacer del TSE en la dirección del proceso electoral, destacando que este fue organizado “de manera transparente, eficiente”, con un padrón electoral “altamente inclusivo”, un procedimiento de inscripción de candidaturas “inclusivo y procedimentalmente claro, sin restricciones irrazonables”, “materiales de calidad para los integrantes de las JRV”, papeletas “claras”, y “procedimientos flexibles y razonables para la acreditación de los fiscales de los partidos políticos”, así como que “la transmisión de los resultados preliminares fue eficiente y transparente”, y que, durante el escrutinio, el TSE “ofreció sólidas garantías de transparencia” y “altos niveles de seguridad”.

La Misión de Expertos Electorales (MEE) resalta, también, la elección de la segunda mujer presidenta de la República en la historia del país, y que el órgano legislativo quedara integrado, por primera vez, por una mayoría de mujeres. Lo interpretan como “el efecto acumulativo de un marco jurídico e institucional sólido que promueve y garantiza la paridad de género”, “uno de los marcos más avanzados” en la materia y que “sitúa a Costa Rica entre las pocas jurisdicciones del mundo que cuentan con requisitos estrictos y exigibles de paridad de género”. En punto a la igualdad de derechos, el Informe añade las medidas adoptadas por el TSE para facilitar la participación de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad.

Neutralidad del Estado y la beligerancia política

Otro elemento del proceso electoral recogido por el Informe es el relativo a las reglas sobre la neutralidad del Estado y la beligerancia política. Lo reconocen como “un principio constitucional fundamental en Costa Rica”, que se “ha considerado históricamente una garantía esencial de la integridad y equidad del proceso electoral”. Afirman que la actualización del alcance de las prohibiciones existentes sobre el uso de recursos públicos para que se extendiera, también, a las plataformas digitales bajo administración del Poder Ejecutivo, fue hecha por el TSE “en ejercicio de su competencia exclusiva y obligatoria para interpretar el derecho electoral”, y que la solicitud del levantamiento de la inmunidad presidencial, frente a las denuncias de beligerancia contra el entonces Presidente Chaves, fue “de conformidad con los requisitos constitucionales”. Su valoración respecto de la justicia electoral costarricense es que, en general, está “en consonancia con los estándares internacionales y las buenas prácticas”, y que “el sistema prevé garantías del debido proceso”.

Desinformación contra las autoridades electorales

Una parte sustantiva del Informe se dedica al tema de la desinformación y los contenidos despectivos y hostiles dirigidos a socavar la confianza en las autoridades electorales. Para los expertos de la Unión Europea, si bien la autoridad electoral costarricense “tradicionalmente ha sido vista como un modelo en la región y gozado de gran prestigio dentro del país”, “se sembraron dudas sin precedentes sobre la institución. Aunque al inicio de su mandato el presidente Chaves había elogiado al TSE, posteriormente lo criticó (…) cuestionó la imparcialidad del TSE y afirmó que la institución intentaba censurarlo”. Así, “dirigió críticas (…) de forma significativa, a la administración electoral, concretamente al TSE. Este discurso acentuó la pérdida de confianza en las instituciones, principalmente entre los simpatizantes del PPSO”.

La señora Laura Fernández, continua el Informe, “adoptó una postura menos confrontativa; no obstante, tanto en su calidad de candidata presidencial como previamente en su cargo de ministra de Planificación, realizó declaraciones públicas que sugerían que la autoridad electoral mostraba sesgos contra su movimiento político. Todos los demás candidatos presidenciales expresaron su confianza en el TSE y en el sistema electoral”.

Lo anterior le generó al TSE “un contexto de cuestionamientos sin precedentes sobre su credibilidad, derivados de las críticas formuladas por el presidente saliente (…) que generaron percepciones polarizadas sobre la administración electoral”. Un entorno informativo que “se caracterizó por una fuerte polarización y por la presencia frecuente de contenidos despectivos y hostiles (…) Muchas páginas de Facebook que se presentaban como medios informativos, junto con grupos partidistas y cuentas gestionadas por influencers, difundieron narrativas”.

Luego el Informe refiere los hallazgos de análisis como el del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, que identificó “una actividad cada vez más sofisticada de cuentas coordinadas de tipo “troll”, lo que dificultaba su identificación. Estas actividades contribuyeron a amplificar la retórica confrontativa, los ataques personales (…) así como la distorsión del debate político en línea, lo que afectó negativamente a la capacidad de los votantes para formarse opiniones libres de interferencias manipuladoras”.

Por su parte, el monitoreo de medios de la propia Unión Europea “identificó cientos de páginas afines al Gobierno que difundían estas narrativas y socavaban la confianza en el proceso electoral y en las instituciones”. Así, en “los meses previos a las elecciones, el TSE fue objeto de narrativas en línea que cuestionaban su imparcialidad y credibilidad. La MEE observó un flujo constante de mensajes destinados a socavar la confianza en el TSE y la integridad del proceso electoral, principalmente en páginas y grupos afines al Gobierno (…) Hashtags como #NoConfíoEnElTSE, acusaciones de parcialidad en favor del PLN, afirmaciones sobre la existencia de una “ley mordaza”, alegaciones de un supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente Chaves y advertencias de que las elecciones podrían estar “amañadas” circularon por diversas plataformas. El monitoreo realizado por la MEE indicó que la interacción con estas narrativas alcanzó su punto álgido tras las declaraciones públicas del presidente Chaves o de miembros del Gobierno que cuestionaban la credibilidad del TSE”.

El Informe se ocupa, también, de cómo respondió el TSE a esa inédita ofensiva comunicacional: Dice que, si bien “respondió a las acusaciones defendiendo la credibilidad de la institución”, la “respuesta más consistente del TSE ante estas críticas fue priorizar la transparencia. En este sentido, logró organizar un proceso electoral abierto a la observación y explicó al público cada etapa del proceso electoral, desde la preparación y distribución de materiales hasta la votación, el conteo en las juntas receptoras de votos y el proceso oficial de resultados”.

En el mismo afán, a “pesar de haber realizado con éxito un proyecto piloto de voto electrónico, en las elecciones generales de 2026 el TSE decidió mantener el voto exclusivamente manual, una decisión que sirvió para garantizar la trazabilidad y la transparencia, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema costarricense prevé recuentos exhaustivos. Además, el TSE se comunicó eficazmente con la ciudadanía utilizando medios tradicionales y digitales para difundir información sobre la renovación de las cédulas de identidad, los preparativos electorales, los procedimientos de votación y las salvaguardas, como elementos de seguridad en las papeletas, precintos en los paquetes de material electoral y la presencia de observadores y representantes de los partidos políticos. A medida que se acercaban las elecciones, el TSE publicó y difundió segmentos explicativos sobre los procesos de conteo y transmisión de resultados, así como sobre los mecanismos de recuento”.

Específicamente en su sitio web, el TSE “publicó abundante información sobre distintos aspectos del proceso electoral, desde las cifras del padrón electoral hasta las declaraciones de financiamiento de campaña, mostrando un esfuerzo significativo por garantizar la transparencia”. Misma plataforma en la que “ofreció información detallada y variada sobre los resultados preliminares, y también permitió descargar cualquier conjunto de resultados en varios formatos exportables”, incluidas “las actas de resultados de las JRV”, “lo que constituye una buena práctica para facilitar su verificación y análisis”.

Para la Unión Europea, en general, el “TSE mantuvo una estrategia activa de comunicación en línea destinada a informar al electorado y contrarrestar la desinformación, que incluía una página web dedicada titulada “Que no lo engañen», en la que se difundían comunicados y vídeos informativos. También operó una unidad especializada de monitoreo de redes sociales y cooperó con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) mediante la herramienta eMonitor para identificar desinformación y discurso de odio. Estas medidas reflejaron el esfuerzo proactivo de la institución para reforzar la transparencia y proteger la integridad del entorno digital durante la campaña electoral”, así como para “para contrarrestar la desinformación” y “mitigar su propagación”.

Estos esfuerzos institucionales del TSE ante los ataques en su contra fueron respaldados “por diversos actores, en particular por los ocho expresidentes electos entre 1986 y 2018, quienes subrayaron la importancia de las normas que obligan a las autoridades gubernamentales a mantener la imparcialidad durante los procesos electorales”. La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), por su parte, “también emitió un comunicado en defensa de su miembro, al igual que varias asociaciones profesionales”.

El Informe indica que, aunque posteriormente “disminuyó la intensidad de estas narrativas, continuaron presentes en grupos de simpatizantes y secciones de comentarios, con el potencial de erosionar la confianza pública en la autoridad electoral (…) Tras las elecciones, se observaron acusaciones engañosas sobre supuestas irregularidades en las actas de resultados de las juntas receptoras de votos. Un titular engañoso publicado por el medio Trivisión, basado en una interpretación errónea de las conclusiones de la misión de observación electoral de la OEA sobre la transmisión de resultados, provocó una nueva oleada de desinformación y de ataques contra el TSE”.

Subrayan que, incluso durante escrutinio, que “fue metódico, exhaustivo y transparente”, hubo “un flujo constante de acusaciones de fraude contra el TSE, por parte de simpatizantes del PPSO en redes sociales que consideraban que su partido debería haber obtenido más escaños en la Asamblea Legislativa. Aunque el PPSO hizo un llamado a la paciencia y recordó que sus representantes estuvieron presentes durante el escrutinio, algunas figuras del partido alimentaron la expectativa de un cambio en los resultados (…) Pilar Cisneros, una figura destacada del PPSO, comentó que el proceso de escrutinio podría dar lugar a varios escaños adicionales en la Asamblea Legislativa, afirmación para la cual no existía evidencia”.

Recomendaciones de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea

El informe cierra con diez recomendaciones (algunas dirigidas al TSE, otras al Gobierno y a los legisladores, y otras a actores de la sociedad civil) que reproducimos literalmente:

1. Simplificar y ciudadanizar el sistema de selección del personal de las juntas receptoras de votos, garantizando que todos ellos estén bajo la autoridad del TSE y que asistan a cursos de capacitación. Una opción podría ser seleccionar al personal electoral entre los electores inscritos en el padrón electoral.

2. Incrementar la comunicación sobre las protecciones técnicas existentes y las garantías de transparencia en todas las etapas del proceso electoral, en particular en lo relativo al conteo de votos y al proceso de escrutinio. Si bien el TSE debería continuar liderando esta labor, otras organizaciones también podrían reforzar este servicio de información pública, que podría iniciarse con mayor antelación en el proceso electoral para optimizar su alcance.

3. Establecer un marco jurídico claro para la asignación de la publicidad estatal conforme a los estándares internacionales, basado en criterios objetivos y no discriminatorios y gestionado por órganos independientes, con el fin de garantizar la libertad de los medios de comunicación y su independencia editorial durante los procesos electorales.

4. Introducir franjas de propaganda electoral en los medios de comunicación para todos los contendientes, financiadas con cargo al aporte estatal a los partidos políticos y distribuidas de forma equitativa.

5. Establecer un marco jurídico para la asignación de frecuencias de radiodifusión conforme a los estándares interamericanos, basado en criterios objetivos y no discriminatorios y en condiciones económicas y técnicas proporcionadas, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, especialmente durante los procesos electorales.

6. Fortalecer las iniciativas independientes de verificación de datos y los programas de alfabetización mediática y digital para abordar de manera eficaz la manipulación de la información en línea, incluido el contenido generado mediante inteligencia artificial, especialmente durante los procesos electorales.

7. Fortalecer los esfuerzos destinados a acercar las juntas receptoras de votos a las zonas de difícil acceso geográfico, con el fin de reducir las barreras que enfrentan los pueblos indígenas para participar en las elecciones.

8. Fomentar iniciativas de la sociedad civil orientadas a la observación electoral independiente y no partidaria, así como facilitar el desarrollo de capacidades para promover una observación electoral integral y la difusión pública de sus conclusiones.

9. Publicar conjuntamente las actas de resultados y las actas de escrutinio para facilitar la consulta de la información completa de cada junta receptora de votos, particularmente por parte de la ciudadanía. Proporcionar una navegación intuitiva en el sitio web del TSE que facilite el conocimiento y el acceso a la información publicada.

10. Considerar la introducción de plazos procesales abreviados para los casos relacionados con el proceso electoral, con el fin de garantizar que las denuncias se resuelvan dentro del ciclo electoral correspondiente, preservando al mismo tiempo las garantías del debido proceso.

Más de 117 mil denuncias por violación de derechos de la niñez se registraron en 2025

Escrito en . Publicado en Derechos.

Costa Rica registró 117.316 casos de presuntas violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes durante 2025, según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Esta cifra refleja los desafíos que enfrentan miles de familias en el país, pues las denuncias se relacionan principalmente con negligencia, maltrato físico y psicológico, conflictos familiares y violencia sexual.

Los datos se dieron a conocer en el contexto del Día Internacional de las Familias, cuya conmemoración en 2026 se centra en el tema Familias, inequidades y bienestar infantil, que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para visibilizar las condiciones que afectan el desarrollo de la niñez.

De acuerdo con los registros del PANI, la negligencia concentra el 50% de los casos reportados, seguida por maltrato físico y psicológico con un 13%, conflictos familiares con 11%, situaciones vinculadas con consumo problemático de progenitores o conflictos con la ley con 11%, y violencia sexual con un 5%. Las cifras reflejan situaciones que impactan directamente el entorno familiar y el desarrollo de la niñez en el país.

A estas condiciones se suman factores estructurales que afectan a miles de hogares. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que en 2025 existían 186.541 hogares en pobreza multidimensional, lo que representa 674.254 personas que enfrentan carencias simultáneas en educación, vivienda, acceso a internet, salud, empleo y protección social.

La pobreza multidimensional también incluye situaciones como niñas y niños sin acceso a servicios de cuido, personas adultas mayores sin pensión y personas con discapacidad sin transferencias económicas, condiciones que limitan la capacidad de muchas familias para garantizar bienestar y protección a sus integrantes.

Los indicadores de violencia también muestran un impacto directo en los hogares. Entre 2022 y 2025 se registraron 3.311 homicidios en nuestro país, cifra que asciende a 3.559 casos al incluir los reportados en 2026. Cada uno de estos hechos afecta a familias que enfrentan la pérdida violenta de uno de sus miembros.

La salud mental representa otro desafío. Entre 2022 y 2024 se registraron 1.260 suicidios en el país, mientras que hasta agosto de 2025 se contabilizaban 2.493 intentos de suicidio, según registros oficiales.

Para Luis Diego Conejo Bolaños, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA- UNA), estas cifras muestran la necesidad de fortalecer las acciones de apoyo a las familias y la protección de la niñez. “El Día Internacional de las Familias invita a reconocer que muchas personas viven en contextos de pobreza, violencia y vulneración de derechos. Comprender estas realidades resulta fundamental para promover políticas públicas y acciones comunitarias que fortalezcan el bienestar de niñas, niños y adolescentes”, recordó.

El INEINA desarrolla investigaciones sobre las condiciones que afectan a las familias costarricenses y promueve espacios de formación y acompañamiento dirigidos a madres, padres y personas cuidadoras.

Como parte de estas acciones, el 12 de mayo a las 5:30 p.m. se realizará el encuentro Generaciones de cristal, un espacio de reflexión sobre los retos actuales de la crianza. La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo y se organiza en coordinación con la Municipalidad de Heredia.

Otra de las actividades programadas es la de acompañamiento a familias, que incluye siete sesiones semanales en la UNA, orientadas a fortalecer habilidades de crianza y convivencia familiar.

En el ámbito académico, el 21 de mayo a las 10 a.m. se realizará el foro “Las familias en Costa Rica: transformaciones, tensiones y desafíos, en el Auditorio Marco Tulio Salazar del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), Campus Omar Dengo, con la participación de los psicólogos e investigadores Mariano Rosabal Coto y Diego Conejo Bolaños.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Propuestas de reforma al IVM esconden medidas regresivas y no enfrentan el problema central de financiamiento, advierte análisis sindical

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Un documento elaborado por Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de ANEP-CCSS y secretario de Prensa y Propaganda de FECTSALUD, advierte que varias de las propuestas actualmente discutidas para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social contienen elementos regresivos, aumentan la inequidad y no abordan el problema estructural de financiamiento y cobertura del sistema.

El texto analiza las 20 propuestas incluidas en el documento oficial “Informe técnico: alternativas para la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte”, presentado ante la Junta Directiva de la CCSS el 4 de mayo de 2026. Según Durán Castro, aunque algunas iniciativas podrían tener validez para el debate democrático, muchas implican riesgos sociales y políticos relevantes.

Uno de los principales cuestionamientos del autor es que las propuestas no atacan el problema de la cobertura contributiva ni priorizan el cobro de la deuda estatal con el IVM, estimada en al menos 800 mil millones de colones. Señala que dicha deuda debería ocupar el primer lugar dentro de cualquier estrategia de sostenibilidad del régimen.

El documento también advierte sobre posibles escenarios políticos que podrían facilitar la aprobación de medidas regresivas, especialmente en un contexto de concentración de poder en la Junta Directiva de la CCSS y de eventuales reformas legislativas impulsadas a partir de 2027.

Entre las preocupaciones centrales expuestas se encuentra la eventual reducción de la tasa de reemplazo del IVM al 40%, complementada con un porcentaje incierto proveniente del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El autor sostiene que esta propuesta afectaría especialmente a personas cercanas a la jubilación y que la información pública sobre una tasa total de reemplazo del 60% no refleja adecuadamente las diferencias reales entre grupos etarios y trayectorias contributivas.

El análisis cuestiona además propuestas como:

  • trasladar parte del financiamiento del Banco Popular al IVM;

  • cobrar a personas pensionadas un 5% para financiar el seguro de salud;

  • aumentar de 300 a 360 las cuotas requeridas para pensionarse;

  • modificar los mecanismos de ajuste automático de las pensiones;

  • y ampliar las potestades de la Junta Directiva de la CCSS para adoptar cambios sin procesos amplios de consulta.

Según el documento, varias de estas medidas podrían aumentar la exclusión previsional, congelar pensiones mínimas o reducir los montos reales de jubilación para amplios sectores de la población trabajadora y pensionada.

Durán Castro organiza su análisis en cuatro grandes ejes: cobertura, suficiencia, sostenibilidad y aspectos administrativos. Además, plantea que cada propuesta debe evaluarse considerando su grado de regresividad social, su viabilidad política, sus efectos actuariales y el contexto nacional e internacional en que se discutirán las reformas.

El autor concluye que el debate sobre el IVM requiere información técnica robusta, escenarios financieros claros y una discusión nacional amplia que priorice los derechos humanos, la progresividad social y el fortalecimiento de la seguridad social pública.

Le invitamos a descargar desde SURCOS y leer el documento completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/APUNTES-ACTUALES-SOBRE-LAS-PROPUESTAS-DE-REFORMA-AL-REGIMEN-DE-INVALIDEZ-12-05-2026-VFR-1.pdf

Conmemoran 78 años de la Nakba con manifestación y actividades de solidaridad con Palestina

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica realizará este viernes 15 de mayo una jornada de conmemoración por los 78 años de la Nakba palestina, bajo el lema “78 años de resistencia, dignidad y retorno”, con una manifestación pacífica y actividades culturales en el centro de San José.

La convocatoria se desarrollará de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en el sector del Reloj de la Plaza de la Cultura, en San José centro. Las personas organizadoras indicaron que la actividad será apta para todo público y llamaron a asistir con banderas palestinas.

La jornada tendrá como eje central la solidaridad con el pueblo palestino y el rechazo al Tratado de Libre Comercio con Israel, mediante la consigna “Costa Rica dice no al TLC con Israel”.

Además de la manifestación, se anunciaron actos culturales y espacios de expresión pública en apoyo a Palestina.

Como parte de la conmemoración, para el jueves 14 de mayo se programó una rueda de prensa en la Asamblea Legislativa.

Esta actividad fue organizada conjuntamente por la Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica y el despacho de la diputada Vianney Mora del Frente Amplio.

En la mesa participaron Eva Carazo Vargas, el historiador Jorge Barrientos Valverde y la cónsul de Palestina Wajiha Sasa.

Las organizaciones convocantes señalaron que la conmemoración busca reafirmar el compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos, así como mantener viva la memoria histórica de la Nakba palestina, considerada por el pueblo palestino como el inicio del desplazamiento masivo y la pérdida de territorios ocurrida en 1948.

Retroceso en la representación de las mujeres en las noticias en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

En los últimos 5 años cae estrepitosamente la representación mediática de las mujeres en las noticias en Costa Rica.

La representación de las mujeres en las noticias en Costa Rica ha sufrido una caída significativa. Tras haber alcanzado un 32% en 2020, la presencia femenina en las noticias descendió a un 23% en 2025, confirmando una tendencia regresiva en su visibilización dentro de los medios de comunicación.

Así lo revela el más reciente informe del Monitoreo Global de Medios (GMMP) 2025, que evidencia además importantes diferencias según el tipo de medio. La brecha es más profunda en la prensa escrita, donde las mujeres representan apenas el 19% de las personas mencionadas o consultadas. En radio alcanzan un 24.5%, en televisión un 31.7% y en plataformas digitales un 38.2%. Aunque internet muestra mayores niveles de inclusión, persisten sesgos en la forma en que se construyen las narrativas.

El análisis del día de monitoreo refleja que la agenda informativa nacional continúa concentrándose en tres grandes ejes: política y gestión pública, temas sociales y legales con énfasis en seguridad, y deportes. En estos ámbitos, la desigualdad de género está especialmente marcada.

En política, los hombres que figuran en las noticias duplican la presencia de las mujeres (70% frente a 30%). Además, el 50% de las mujeres mencionadas en noticias de gobierno aparecen sin que se consigne su ocupación, en contraste con solo un 9% de los hombres es esta situación. Esta diferencia no es menor: mientras a los hombres se les reconoce con cargos, profesiones o especialidades que legitiman su voz, las mujeres son presentadas sin credenciales, debilitando su autoridad como actoras en la esfera pública.

La brecha se amplía en otros temas. En economía, los hombres triplican la presencia femenina (76% frente a 24%), y en deportes la desigualdad es extrema: los hombres aparecen 32 veces más que las mujeres (97% frente a 3%).

En televisión, los noticieros de horario estelar mantienen un fuerte énfasis en sucesos policiales. En este tipo de coberturas, las mujeres aparecen mayoritariamente como víctimas o en relación con otras personas, rara vez como portavoces o analistas. Por su parte, la prensa escrita continúa mostrando titulares centrados en figuras masculinas, baja presencia de mujeres expertas y una tendencia al sensacionalismo, especialmente en medios populares.

Esta jerarquización temática no es neutral. Al priorizar política, economía y deportes, los medios relegan otros temas clave como cultura, ambiente, gestión del agua, comunidad y violencia de género, posicionándolos como secundarios. Esto limita la pluralidad informativa y deja fuera del debate público a múltiples actores y problemáticas, invisibilizando desigualdades estructurales, particularmente las de género.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la ausencia del enfoque de derechos humanos en la cobertura mediática. Según el informe, este enfoque está ausente en 9 de cada 10 noticias. En el caso de la violencia de género, las coberturas tienden a presentar los hechos de manera aislada, sin conexión entre sí, evitando el análisis estructural y reforzando la imagen de las mujeres como víctimas o personas dependientes.

Esta forma de narrar limita la comprensión del problema y desaprovecha oportunidades clave para informar desde una perspectiva que contribuya a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la transformación social.

Ante este panorama, el informe plantea la urgencia de fortalecer políticas editoriales con enfoque de género, impulsar procesos de alfabetización mediática, promover alianzas interinstitucionales para el seguimiento de estas brechas y garantizar un respaldo estatal que asegure la seguridad, libertad y reconocimiento de las mujeres en el espacio público.

“En tiempos marcados por la violencia, la incertidumbre y el dolor social, ejercer el periodismo con conciencia y compromiso es también un acto de resistencia y de esperanza. Comunicar puede ser una forma de cuidado, de reparación y de transformación colectiva”. Afirmó Sharo Rosales Investigadora del Observatorio de medios de comunicación y género (GEMA)

El informe completo del GMMP Costa Rica 2025 está disponible para consulta pública en:
https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2026/04/GMMP2025-InformeNacional-Costa-Rica.pdf

Nota: El Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación más amplia a nivel mundial sobre género y medios de comunicación, realizada cada cinco años en más de 100 países.

Costa Rica participa desde 2010, dando seguimiento a la evolución (hoy en retroceso) de la representación de las mujeres en las noticias.

Conferencia sobre el rumbo político de Costa Rica bajo la administración Fernández Delgado

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El Programa de Posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica realizó la conferencia “Entre continuidad y ruptura: ¿Hacia dónde se encamina Costa Rica con la administración Fernández Delgado?”, un espacio de análisis de coyuntura nacional.

La actividad se llevó a cabo el jueves 14 de mayo de 2026 a las 5:30 p.m., en modalidad presencial, en la Sala Multimedia, piso 1, Torre C de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Ciudad de la Investigación de la UCR. Puede verla en YouTube (enlace al final de la nota).

La conferencia contó con la participación de:

  • Randall Blanco Lizano, profesor jubilado de la Escuela de Sociología y exdirector del Posgrado Centroamericano en Sociología de la UCR.
  • Viviana Guerrero Chacón, filósofa y politóloga por la UCR, docente de la Escuela de Filosofía e investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR).

La moderación estuvo a cargo de Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado Centroamericano en Sociología y profesora-investigadora de la Escuela de Sociología de la UCR.

La actividad fue organizada por el Sistema de Estudios de Posgrado, el Programa de Posgrado en Sociología y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Panoramas SURCOS | 13 de mayo de 2026

Escrito en . Publicado en Panoramas.

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Territorios locales y algoritmos en la disputa por el poder
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