Ir al contenido principal

Programa Estado de la Nación analiza las presiones y conflictos socioambientales en la Zona Protectora Cerros de Escazú

Los conflictos socioambientales en Costa Rica no son episodios aislados ni recientes, sino que forman parte de una trayectoria amplia en el desarrollo territorial.

Una de las formas recientes más notorias que toman esos conflictos es el traslape de formas de protección del territorio con propiedades y actividades privadas, que generan presiones y afectación sobre el patrimonio bajo resguardo.

En este tipo de zonas confluyen dimensiones como la protección de ecosistemas estratégicos para la provisión de servicios ambientales, especialmente el agua y el bosque; el ejercicio del derecho de propiedad y las expectativas de uso del suelo en territorios de alto valor económico; y la gestión del riesgo de desastre en zonas ambientalmente frágiles y crecientemente ocupadas.

En 2025, el capítulo Armonía con la Naturaleza del Informe Estado de la Nación analizó un primer caso al observar las tensiones en torno al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo. El estudio concluyó que los conflictos en la zona entre conservación y actividad económica se deben a una interacción compleja entre la historia de ocupación del territorio, la presión inmobiliaria y turística y las debilidades o fallas de aplicación de la normativa y de gestión institucional.

Este año, el Programa Estado de la Nación (PEN) seguirá profundizando en estos vínculos entre propiedad de la tierra y la protección ambiental. Ahora cambiará el contexto: de un territorio rural-costero como Gandoca-Manzanillo, la investigación se trasladará a un área urbana-periurbana de la Gran Área Metropolitana: la Zona Protectora Cerros de Escazú.

Este espacio constituye una categoría de conservación orientada principalmente a la protección de bosques, recurso hídrico y suelos, en zonas que en su mayoría están en propiedad privada, pero con restricciones en materia de uso del suelo, como la protección de bosques y de fuentes de agua.

Es un caso importante para investigar por su ubicación en una zona de gran valor económico y ambiental del suelo, creciente presión inmobiliaria y fuerte expansión de infraestructura.

Se utilizan dos componentes metodológicos. El primero es territorial y cuantitativo, a partir de sistemas de información geográfica, revisión cartográfica y análisis de información espacial para mapear áreas en las cuales se superponen condiciones de protección ambiental, propiedad privada, presión urbana y riesgo.

El segundo es cualitativo y busca analizar las características del marco normativo, institucional y de gobernanza en la zona. Se profundizará en obtener voces de actores locales involucrados en la gestión, uso, defensa, regulación y disputa del territorio por medio de entrevistas semiestructuradas y revisión documental.

La investigación que analiza las presiones y conflictos socioambientales en la Zona Protectora Cerros de Escazú estará disponible este mes de noviembre.

Fuente y autoría: Programa Estado de la Nación

Sin el cargo, Netanyahu perdería su escudo ante la justicia nacional e internacional

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

En Israel, el cargo de primer ministro no otorga inmunidad automática frente a procesos judiciales, como sí sucede con jerarcas de gobierno en Costa Rica. Netanyahu retiró su solicitud de inmunidad parlamentaria en 2020, antes del genocidio en Gaza, por lo que sus juicios por soborno, fraude y abuso de confianza siguen activos aun siendo primer ministro.

La principal diferencia, si deja el puesto, es que perdería la capacidad de influencia y manipulación sobre las instituciones estatales, las reformas legales y la negociación política de la coalición (antes mayoritaria) que protege su posición. Los procesos judiciales en su contra seguirían su curso normal, ya sin ese escudo. Además, la solicitud de indulto que presentó ante el presidente Isaac Herzog en noviembre de 2025 sigue sin resolverse.

Si permanece como diputado opositor en la Knéset, mantendría únicamente la inmunidad básica de las personas legisladoras para actos estrictamente vinculados a su labor parlamentaria, pero esta no frena los juicios penales ya iniciados.

En el ámbito internacional la situación también cambia. Al dejar de ser primer ministro, los países aliados que invocaron su inmunidad de jefe de gobierno para no ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), como lo hizo Francia en 2024, perderían ese argumento legal para no detenerlo si viaja a sus territorios. Algunos fiscales estarían esperando esa oportunidad, como le sucedió en 1998 a Pinochet en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón, por las acusaciones de «delitos de genocidio, terrorismo, torturas y desapariciones».

Fuera del cargo, Netanyahu solo conservaría la inmunidad funcional (ratione materiae) por los actos oficiales realizados durante su mandato. Sin embargo, los expertos legales señalan que el derecho internacional excluye de esa protección los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Razón de más para comprender por qué está ofreciendo hasta lo que no tiene, para evitar el nombramiento del general Eisenkot y lograr el suyo como primer ministro. La situación está complicada para él, y queda en espera de que la oposición no alcance el acuerdo que busca, para ir pensando desde ahora en una nueva elección general.

Pablo Sibar enfrenta en juicio a la ADI de Térraba

El dirigente indígena Brörán denuncia que la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba pretende desconocer sus derechos sobre una finca que adquirió hace más de 13 años. El terreno está destinado a la conservación ambiental.

Clínica de Derechos Humanos Ambientales
IDELA-UNA

El dirigente indígena Brörán y defensor de derechos humanos ambientales, Pablo Sibar Sibar, enfrentará un juicio agrario contra la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba, por un terreno de aproximadamente 10 hectáreas que adquirió hace más de 13 años mediante un acuerdo con otra persona indígena.

Según informó el dirigente a la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica (IDELA-UNA), la audiencia está prevista para el 10 de noviembre de 2026, a las 8:00 a. m., en la misma finca en disputa.

El conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba. Según la denuncia, estas personas se ampararon en una certificación emitida por la asociación el 7 de agosto de ese año, pese a que Sibar había adquirido el terreno muchos años antes.

En la finca se desarrollan actividades de regeneración de la naturaleza, reforestación y conservación de agua.

En sus declaraciones previas al juicio, Pablo Sibar cuestionó que la actual junta directiva de la ADI de Térraba desconozca los derechos de las personas indígenas que defienden y trabajan sus tierras, mientras, según denuncia, mantiene una posición favorable a personas no indígenas.

«No somos, como se dice, peleones, agresivos o violentadores de derechos. Somos personas que defendemos derechos indígenas y que luchamos por una causa que está establecida en leyes, en decretos, en convenios y en un sinnúmero de jurisprudencia donde tenemos todos los derechos», manifestó Sibar.

El dirigente también hizo un llamado a la población costarricense a conocer directamente las condiciones de vida y producción de las comunidades indígenas: «Visítenos, vean cómo vivimos, cómo estamos y cómo producimos dentro de este proceso».

Un conflicto en un contexto de amenazas y agresiones

Este juicio ocurre con múltiples antecedentes de violencia y hostigamiento sostenido contra Pablo Sibar, quien es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante los hechos del 2025, presentó una petición urgente ante este organismo para reforzar su protección.

El 10 de agosto de 2025, Sibar denunció un incendio provocado por sujetos no identificados dentro de esa misma propiedad.

Su trayectoria como defensor indígena ha estado marcada por agresiones físicas, amenazas de muerte, intentos de homicidio, incendios en sus propiedades y campañas de difamación. Entre los hechos más graves se encuentran los ataques sufridos en 2012 y las amenazas recibidas en 2021, año en que también logró escapar de una turba armada con machetes que amenazaba con matarlo, un día antes de que asesinaran al defensor indígena Brörán Jerhy Rivera Rivera.

El juicio representa un nuevo episodio de una lucha que, como él mismo señala, ha tenido que enfrentar durante muchos años. En esta ocasión, el conflicto se desarrolla con una estructura que debería representar y defender los derechos de los pueblos indígenas.

Escuche las declaraciones de Pablo Sibar Sibar en este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1N8VZ7pmNJ7hExU6lYsoAPCB1aWCkhhH2/view?usp=sharing

Más información y antecedentes

Laura se viste con ropas ajenas

José Luis Amador

Muy lindos los discursos de la señora presidenta en Europa. Se ha vestido con las mejores ropas de la historia de Costa Rica, pero no le sienta bien ni le luce, porque son ropas ajenas. Son ropas tomadas de la historia de nuestro país, esa historia que su partido desconoce y contradice.

Habla de las energías limpias a pesar del intento por demoler el Instituto Costarricense de Electricidad que ha recibido el impacto de este y otros gobiernos que ya no creen en el proyecto valiente que lo echó a andar. Habla de una solidaridad social cuando ni los rubros sociales ni la gente han sido prioridad de este gobierno, sino que por el contrario los presupuestos sociales en salud, educación, pensiones y otros han sido asfixiados.

Habla de la defensa del ambiente, cuando sabemos que esta defensa se sostiene muy a pesar del ideario chavista. Habla de empleos dignos cuando sabemos lo que pasa con el agricultor, el ganadero y otros.

Esta Costa Rica que Laura Fernández Delgado está exhibiendo en Europa es la misma Costa Rica que han pretendido olvidar y que nos han dicho que no existe. Es la Costa Rica que han pretendido presentar como una fantasía y como una dictadura de 70 años. Claro que había que hacerle ajustes y correcciones urgentes, porque algunos ya la venían destruyendo. Pero no son Rodrigo Chaves ni Laura Fernández quienes están remozando la Costa Rica que nos heredaron los abuelos.

Se han puesto las ropas de nuestra Costa Rica excepcional y no les lucen ni les quedan bien porque son ropas usurpadas a la historia.

Se están vistiendo con ropas robadas a una Costa Rica en la que no creen.

La plaza sin don Pepe

Roger Ríos Duarte

El viernes 6 de noviembre, poco después de las ocho de la mañana, una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sujetó con una grúa la figura de bronce de José Figueres Ferrer, la envolvió en plástico y la bajó de su pedestal en la plaza que desde 2016 se llama, en su rótulo oficial, Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército. Con ella salieron las demás piezas del conjunto «La abolición del Ejército», obra de la escultora Marisel Jiménez, de modo que lo que se retiró ese viernes fue la abolición del ejército de la Plaza de la Abolición del Ejército. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, que fiscalizó personalmente la maniobra, explicó que las esculturas quedarían resguardadas para su restauración y que no volverían a la plaza hasta que se garantizara que no serían objeto de nuevos actos de vandalismo. No dijo cuándo. Así lo informó La Nación y así lo confirmaron, con pocas variantes, AmeliaRueda.com y El Observador.

Los hechos que precedieron el retiro están igualmente documentados. Durante las manifestaciones de las últimas semanas en defensa del presupuesto de la educación pública, el monumento recibió pintura, grafitis y rayones; el Museo Nacional calculó que las pintadas cubrieron el noventa por ciento de la base y alcanzaron tres esferas precolombinas, y presentó una nueva denuncia penal ante el OIJ y la Fiscalía por lo ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre, cuando, según las fotografías que circularon, varias personas encapuchadas rayaron las figuras mientras los estudiantes acampaban en la plaza. Los estudiantes negaron cualquier relación con el hecho: la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED relató a CRHoy que cuatro encapuchados vestidos de negro llegaron hacia la una de la mañana, ajenos al movimiento, y que fueron ellos quienes rayaron el bronce. Quiénes eran lo dirá, si avanza, la investigación judicial; lo que esta columna puede examinar es lo que vino después, porque del grafiti al retiro del monumento mediaron apenas cuatro días, y entre un daño reparable y la desaparición indefinida de un símbolo del espacio público hay muchas decisiones posibles que el Gobierno no tomó.

Al ministro le asiste el argumento de cualquier administración responsable del patrimonio: una obra dañada se protege, se restaura y se devuelve en condiciones. Nadie discute la restauración. Lo que se discute es que la devolución quede sin fecha y condicionada a una garantía que ningún espacio público puede ofrecer, porque toda plaza es, por definición, el lugar donde un país se manifiesta y a veces se desborda. Si el criterio fuera que un monumento regresa solo cuando esté a salvo de la protesta, entonces lo que se está diciendo, sin decirlo, es que la Plaza de la Democracia no es lugar para don Pepe mientras haya democracia en la plaza.

Que ese retiro sea un episodio político y no administrativo se entiende al mirar la cadena de la que forma parte. En agosto de 2024, durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el entonces presidente Rodrigo Chaves llamó a las universidades públicas «mentirosos, berrinchosos y sin madurez emocional»; el Gobierno se mantuvo en un aumento del uno por ciento que los rectores consideraron inconstitucional y la negociación se rompió. En setiembre de 2025, a propósito de la distribución del FEES 2026, dijo que la UCR «se fue y se puñaleó las reservas de Conare». En marzo de 2026 calificó de «vaca sagrada» al rector de la UCR, sostuvo que con un año de FEES podrían darse 64.000 bonos de vivienda y construirse 1.700 kilómetros de carreteras, afirmó que esa universidad «se lleva la tajada de león» y pidió a los demás rectores «ahombrarse» frente a ella. Y en abril de 2026, ya en la transición, el Ejecutivo se levantó de la mesa del FEES 2027 alegando «demandas irracionales y abusivas», después de condicionar cualquier aumento a recortes de entre un veinte y un treinta por ciento para la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. El campamento estudiantil del 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia es la continuación directa de esa secuencia, y el monumento que salió de la plaza salió en medio de un conflicto que el propio Gobierno llevaba dos años alimentando.

Lo notable de esa retórica, visto desde la sociología, es que no es solo presupuestaria sino de clase. Chaves no ha discutido con las universidades el valor de la investigación ni la cobertura de la educación superior; ha hablado de «la casta alta de la universidad», de los almuerzos del rector y de los docentes interinos a los que, según él, no se les paga ni se les da estabilidad para que los de arriba conserven sus lujos. Es la operación clásica del populismo de derecha: tomar una institución pública y presentarla como el privilegio de una élite, de modo que atacarla parezca un acto de justicia popular y no lo que es, un desmontaje. Y es exactamente la misma operación que se ejecuta cuando un símbolo de la Segunda República sale de la plaza bajo la justificación de protegerlo de la gente.

Las universidades no han sido el único contrapeso tratado así. El 25 de julio de 2026, en el Consejo de Gobierno celebrado en Nicoya por el aniversario de la Anexión, y en medio del debate por el recorte al presupuesto del Poder Judicial, el ministro Chaves preguntó al público: «¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?», parte de los asistentes le contestó que no, y él atribuyó a la oposición y al propio Poder Judicial la intención de «meterle miedo» a los costarricenses. La Nación lo llevó a su editorial y la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento. Puestos en fila, los tres episodios dibujan una figura: las universidades, los tribunales y la plaza son los tres lugares donde la Segunda República guardó su saber, su ley y su memoria, los cuerpos intermedios de los que me ocupé en «Los amortiguadores de la República», y los tres han recibido, en poco más de dos años, el mismo tratamiento: no la abolición, que sería visible, sino el vaciamiento por dentro con formas legales, que es la manera en que las repúblicas pierden sus amortiguadores sin que nadie firme un decreto.

Aquí entra la parte de esta historia que ningún novelista se atrevería a inventar. Rodrigo Chaves, que gobernó entre 2022 y 2026, es hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno de Laura Fernández, con la coordinación del gabinete económico, en un nombramiento que, según recordó el historiador Vladimir de la Cruz, no tiene precedente desde la fundación de la Segunda República. Y ese ministro es, en sus propias palabras, «el hijo del guardaespaldas y chofer de don Pepe». No es una atribución de sus adversarios: así lo consigna la página oficial de la Presidencia, que registra que su padre, Rodrigo Chaves Arguedas, ejerció ambas ocupaciones junto a José Figueres Ferrer en las décadas de 1940 y 1950. En el debate de Repretel del 1 de abril de 2022, a dos días de la segunda ronda, Chaves le reprochó a José María Figueres mentir sobre quién había arriesgado la vida por su padre, nombró a Víctor Protti, al Ñato Ortiz, a Osvaldo D’Ambrosio y a Rodrigo Chaves como los hombres que «jugaron su vida por defender a don Pepe», y remató diciéndole que el apellido Figueres le había quedado grande.

No hace falta especular sobre lo que siente el ministro para registrar lo que hace el gabinete al que pertenece. El hijo del hombre que ponía el pecho por Figueres preside el gabinete que descuelga a Figueres de la plaza, y lo hace mientras ese mismo gabinete disputa a las universidades públicas, que son la otra gran herencia institucional de 1948, su financiamiento y su autonomía. Que el partido fundado por don Pepe fuera durante años el empleador de su padre, y que el hijo haya construido su carrera política contra ese partido, contra los Arias y contra la institucionalidad que su padre custodiaba, no es psicología sino biografía política, y como tal se puede escribir sin adjetivos. La Costa Rica de la abolición del ejército, del ICE y de la Caja fue también la Costa Rica que les dio trabajo a los guardaespaldas y a los choferes; esa es la paradoja que el bronce envuelto en plástico pone en escena.

Tampoco cabe la tentación contraria. Las esculturas no fueron destruidas, el Gobierno no ha dicho que no vuelvan y el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, que calificó la decisión de «manual de dictador», tiene tanto interés partidario en el símbolo como el oficialismo en retirarlo. Figueres fue un hombre de luces y de sombras, y la Segunda República no fue el paraíso que la liturgia liberacionista recita cada 8 de mayo; una columna seria no debe convertir una estatua en un santo. Pero hay una diferencia entre discutir el legado de un fundador en el espacio público y sustraer el fundador del espacio público para que no se lo discuta, y los gobiernos que gobiernan por sustracción de símbolos rara vez se detienen en el primero.

Porque eso es lo que está pasando, más allá de una plaza y de un bronce. Un gobierno que se presenta como socialdemócrata y gobierna desde la derecha, que concentra en un solo ministro la Presidencia y la Hacienda, que ha convertido la confrontación con las universidades en política de Estado, que pregunta a una plaza si le teme a la dictadura y que ahora retira sin plazo el monumento al hombre que abolió el ejército, está redefiniendo, pieza por pieza, qué cosas del país de 1948 siguen siendo de todos y cuáles pasan a ser del Gobierno. Del rótulo de la plaza ha salido ya, en bronce, la segunda mitad; queda la primera, la democracia, que es precisamente la palabra por la que el ministro preguntó en Nicoya. No sería extraño, en la lógica de lo que llevamos visto, que el nombre fuera lo siguiente, y la paradoja de un gobierno que llegó al poder por la vía democrática y parece incómodo con la palabra no la resuelve ninguna restauración.

Quienes nacieron en los años treinta, en la San José del tranvía y de las fábricas de barrio, vieron fundarse de muchachos el país que ese monumento conmemora; sus hijos lo heredamos como un dato de la naturaleza, y sus nietos lo están viendo desmontar como si fuera un adorno. La memoria institucional de un país no se protege envolviéndola en plástico, se protege dejándola en la plaza, expuesta a la pintura y a la discusión, que es lo que hace a una república y no a un museo.

Panoramas SURCOS | 6 de noviembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

ACSS denuncia que la CCSS no responde si mantiene el criterio que prohíbe usar fondos del IVM para otros fines (Parte 13).
https://wp.me/p6rfbZ-Axy

¿Qué sería de nuestra vida sin la CCSS?
Edison Valverde Araya.
https://wp.me/p6rfbZ-Axk

RENASES pide archivar el proyecto que modifica la Ley contra la Usura: «la usura no puede volver a gobernar Costa Rica».
https://wp.me/p6rfbZ-Ax5

El terror que (sí) fue.
Memo Acuña.
https://wp.me/p6rfbZ-Ax8

Serbia: universitarios que se negaron a olvidar.
Randall Jiménez Retana.
https://wp.me/p6rfbZ-Axa

Soy zurdo de los de siempre.
Lenin Chacón Vargas.
https://wp.me/p6rfbZ-Axd

Elecciones en EUA: el rostro de la dignidad y la diversidad.
Álvaro Vega Sánchez.
https://wp.me/p6rfbZ-Axu

🔹 Sostenibilidad SURCOS
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Las voces sociales necesitan circular. Publicar no basta.
Le invitamos a compartir esta edición utilizando los vínculos que aparecen al pie de cada publicación en SURCOS: Facebook, WhatsApp, X, Telegram, correo electrónico, Threads y LinkedIn.

Gracias por acompañar y fortalecer este esfuerzo de comunicación social.

ACSS denuncia que la CCSS no responde si mantiene el criterio que prohíbe usar fondos del IVM para otros fines (Parte 13)

SURCOS continúa la serie dedicada a las denuncias y análisis de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) sobre la gestión de los fondos y reservas de los seguros que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En las entregas anteriores, la ACSS ha sostenido que recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se han usado para financiar obligaciones que corresponden al Estado, en contradicción con el artículo 73 de la Constitución Política. En ese marco ha planteado preguntas y solicitudes de información a distintas instancias de la institución.

En esta decimotercera entrega, la ACSS informa sobre la respuesta parcial que recibió de la Dirección Jurídica de la CCSS después de presentar un recurso de amparo. Según la organización, la institución respondió solo dos de los seis puntos consultados y evitó pronunciarse sobre la pregunta central: si mantiene o modificó el criterio jurídico de 2008 que prohíbe destinar los fondos del seguro social a fines distintos de aquellos para los que fueron creados. La consulta ocurre en un momento en que la CCSS analiza reformas al IVM, como reducir beneficios, aumentar las cuotas requeridas para pensionarse y hacer que las personas pensionadas coticen para el seguro de salud.

A continuación, el comunicado de la ACSS.

CCSS se niega a entregar información de interés público solicitada por la ACSS sobre el uso de los fondos y las reservas del seguro social obligatorio

(Parte 13)

La gestión de los recursos de la seguridad social continúa bajo escrutinio ciudadano. Esta publicación constituye la decimotercera entrega de la serie que SURCOS Digital ha dedicado al análisis y seguimiento de las decisiones de la CCSS en materia de gestión de los fondos y reservas de los seguros que administra. En esta ocasión, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) informa sobre la respuesta parcial emitida por la Dirección Jurídica de la institución a su oficio ACSS-016-2026 del 22 de setiembre de 2026.

La respuesta de la CCSS llegó únicamente después de que la ACSS interpusiera un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual aún se encuentra en fase de estudio. Para entonces, ya había transcurrido el plazo legal sin que la organización recibiera contestación. El documento remitido por la institución, suscrito por el Lic. Ricardo E. Luna Cubillo, jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, puede consultarse en el oficio GA-DJ-10146-2026 y refiere que lo envía “con instrucciones del Director Jurídico con rango de Subgerente, y con su autorización”, puesto que desde hace varios años es ocupado por Gilberth Alfaro Morales, quien también ocupó el cargo de gerente administrativo a.i. de la CCSS, según lo reportó CrHoy en el año 2022.

El tema de fondo reviste un evidente interés público en momentos en que la CCSS analiza reducir beneficios del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aumentar las cuotas requeridas para pensionarse y obligar a los pensionados a cotizar para el seguro de salud, entre otras medidas. La ACSS solicitó a la Dirección Jurídica que aclarara si mantiene o modificó el criterio contenido en el oficio DJ-3519-08, del 7 de mayo de 2008. En ese pronunciamiento, la propia asesoría jurídica de la Caja concluyó que el párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política prohíbe utilizar los fondos y reservas del seguro social obligatorio para fines distintos de aquellos para los cuales fueron creados. Esto implicaría que dichos recursos no pueden destinarse al financiamiento de programas de salud establecidos por leyes especiales, como el seguro de salud por cuenta del Estado (Artículos 2 y 7 de la Ley N.° 5349), el seguro de salud de los pensionados (Ley N.° 5905) o el primer nivel de atención de la salud que debe ser financiado por el Estado (Artículos 7 al 9 de la Ley N.° 7374).

Sin embargo, la respuesta remitida por el señor Ricardo E. Luna Cubillo dejó sin atender el núcleo de la petición. De los seis puntos de información solicitados por la ACSS, únicamente se respondieron dos. Más aún, la Dirección Jurídica evitó pronunciarse sobre la pregunta central: si el criterio contenido en el oficio DJ-3519-08 se mantiene vigente o fue modificado.

Para justificar su negativa a responder la consulta de fondo, el funcionario alegó que la Dirección Jurídica únicamente atiende solicitudes formuladas por instancias internas de la CCSS. Sin embargo, la ACSS cuestiona esa posición al considerar que los funcionarios públicos están sujetos al principio de legalidad y, por tanto, no pueden atribuirse facultades ni establecer restricciones que no estén expresamente autorizadas por el ordenamiento jurídico, tal como lo dispone el artículo 11 de la Constitución Política.

La negativa adquiere especial relevancia debido a que la información solicitada se relaciona con el destino de recursos de la seguridad social y con un criterio jurídico que podría tener profundas implicaciones sobre la utilización de más de 1 billón de colones por año pertenecientes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para fines no autorizados por la Constitución Política. Según sostiene la ACSS, estos recursos han sido utilizados por la CCSS para financiar obligaciones y programas que corresponden al Estado, en contradicción con la prohibición establecida en el artículo 73 de la Constitución Política.

La organización señala además que la renuencia de la Dirección Jurídica a aclarar si mantiene o modificó el criterio contenido en el oficio DJ-3519-08 alimenta las dudas sobre la existencia de un intento por dotar de apariencia de legalidad a ese desvío de recursos. A juicio de la ACSS, tal pretensión choca no solo con la vigencia del artículo 73 constitucional, sino también con lo resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución N.° 00197-2018 del 8 de marzo de 2018 (expediente 13-006261-1027-CA), mediante la cual se recordó al Estado la prohibición de financiar con fondos del seguro social obligatorio obligaciones ajenas a los fines para los cuales dichos recursos fueron creados.

La ACSS continuará informando sobre las gestiones que realice y respuestas que reciba de la administración de la CCSS.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Lic. Jorge García Araya
M.Sc. Rodrigo Arias López

Elecciones en EUA: el rostro de la dignidad y la diversidad

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Las recientes elecciones en Estados Unidos cobran especial significado por dos razones fundamentales. Son la manifestación de una sociedad que levanta la bandera de la dignidad. Defiende su soberanía como nación al decir no a una guerra inducida por mandato del gobierno genocida de Benjamín Netanyahu. Y también la expresión de una sociedad de rostro diverso: pluricultural, multiétnica y multirreligiosa. Una sociedad que se forjó y configuró con la sobrevivencia de sus pueblos nativos y la afluencia masiva de inmigrantes, que continúan hoy contribuyendo a dibujar ese rostro diverso.

Parafraseando al papa Pablo VI, debemos decir que “el nuevo nombre de la paz y el desarrollo de los pueblos es la dignidad”. Y el pueblo estadounidense ha manifestado con el voto que su soberanía no es negociable, y no está dispuesto a servir a intereses foráneos. La bandera de la dignidad de los pueblos tiene que ondear alto, en estos tiempos donde se han reactivado los aires neocoloniales por parte de quienes se resisten a atender al paradigma irreversible del policentrismo cultural y el multilateralismo geopolítico.

Esperamos que el pueblo de Estados Unidos continúe cerrando filas, y no se deje llevar por los vientos neofascistas que buscan intensificar la violencia y los conflictos bélicos, para continuar sosteniendo privilegios de élites insaciables –la nueva clase política-comerciante guerrerista y tecnológica–, que hoy recorren el mundo saqueando a pueblos y regiones, para apropiarse de sus recursos más valiosos, sin reparar en las consecuencias destructivas de la biodiversidad del planeta.

Los pueblos de América Latina, indoamericanos y caribeños, herederos de una valiente e histórica lucha en la defensa de su independencia y soberanía están siendo convocados, junto con el pueblo estadounidense y todos los pueblos de la tierra, a recuperar y afirmar su dignidad para defender sus legítimos derechos. Ya no hay cabida para quienes pretenden volver atrás, utilizando las armas del miedo, la mentira y el soborno para mantener a los pueblos encadenados y sometidos.

El rostro diverso que aparece en las fotografías de los nuevos senadores y congresistas se celebra con algarabía. Negros, nativos, latinos, palestinos, jóvenes, mujeres, musulmanes están haciendo la diferencia. Es la irrupción de una fuerza cultural y espiritual que recoge la riqueza del encuentro pluricultural, multiétnico y multirreligioso de una nación que goza del privilegio de contar en su seno con tal diversidad.

El nuevo rostro de la política de Estados Unidos ha aflorado con gran vitalidad. Contrasta, por su gesto amable y amigable, con la rigidez de los rostros grotescos y agresivos, que solo alimentan odios, confrontación y violencia. Es la ética-estética neofascista de la arrogancia y de la muerte que está siendo impugnada por una ciudadanía cuya opción es por la vida digna, que se celebra con gestos de amor, paz y justicia.

Sin duda, hay motivos para celebrar estos signos esperanzadores. Sin embargo, las fuerzas neofascistas continuarán ejerciendo poder y resistencia. La nueva generación diversa en el nuevo escenario político puede constituir un contrapeso significativo. Pero, más allá de las diferencias bipartidistas, no hay que olvidar que los intereses de Estados Unidos continuarán gravitando, y todavía dentro de los marcos de fuerzas políticas que apuestan por un poder imperial hegemónico.

El pueblo estadounidense, en estas elecciones, ha dado muestras de sabiduría política. Auguramos que ese despertar pueda generar las condiciones necesarias para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, para beneficio de su ciudadanía diversa y pluricultural. Y también hacia una sociedad más sensata y respetuosa de sus pueblos vecinos, para convivir en paz y con justicia –“La paz y la justicia se besaron” Sal 85:10–.

¿Qué sería de nuestra vida sin la CCSS?

Edison Valverde Araya

Yo no estaría contando esta historia si no fuera por la Caja, que me ayudó a sobrevivir al covid-19 y al cáncer.

Hace una semana, 21 personas de Paso Ancho y San Sebastián nos reunimos en La Arboleda para conversar sobre la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sobre lo que podemos hacer para defenderla.

El conversatorio estuvo a cargo de Adriana Garrido y Mario Céspedes, integrantes del colectivo La Caja es Nuestra. Mario Céspedes es además vecino de Los Geranios. Entre las personas asistentes estuvieron don Luis Navarro, presidente de la Junta de Salud, y Ericka Cascante, también integrante de esa junta, así como don Orlando Navarro, presidente del Hogar de la Esperanza de Paso Ancho.

La conversación fue muy animada y todas las personas presentes participaron activamente. Hay una gran disposición a defender la CCSS y los EBAIS de San Sebastián y Paso Ancho, para que sigan siendo administrados por la Caja.

Se acordó abrir un medio de comunicación, un grupo de WhatsApp que ya funciona con el nombre «PA-SS por la Defensa de la Caja», y participar en la marcha del domingo 8 de noviembre en San José.

La marcha, convocada entre otras organizaciones por Buen Vivir Costa Rica bajo el lema «Marchemos por nuestra salud y bienestar», saldrá a las 9:00 a. m. del parque La Merced y llegará a las oficinas centrales de la CCSS.

En la marcha pediremos:

  • que el gobierno pague a la CCSS lo que le adeuda;
  • que se reduzcan las listas de espera;
  • que se mejoren los equipos y se cuente con más especialistas;
  • que se mejoren los servicios.

Soy zurdo de los de siempre

Lenin Chacón Vargas

A los seguidores del gobierno y a las familias trabajadoras que aún confían en sus promesas:

¿Sabían que las grandes instituciones que sostienen a Costa Rica nacieron gracias a las luchas de la izquierda y los movimientos sociales? Hoy disfrutamos de logros históricos que transformaron nuestra realidad:

  • La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): salud pública para todos.
  • La Universidad de Costa Rica (UCR): financiada por el Estado y accesible.
  • El Código de Trabajo y las Garantías Sociales: Derechos que hoy corren peligro.
  • El Código Electoral de 1947: La base de nuestra democracia.
  • La Ley de Inquilinato y Casas Baratas: Techo digno para los más vulnerables.
  • El impuesto sobre la renta: Para que paguen más quienes más tienen.
  • El Consejo Nacional de Producción (CNP) y el INVU: Apoyo al productor y vivienda popular.
  • La nacionalización bancaria y la abolición del ejército: Paz y desarrollo social.

Todo esto consolidó nuestro Estado Social de Derecho, un escudo histórico para la clase trabajadora.

Sin embargo, el rumbo actual del gobierno de Chaves y Laura Fernández Delgado parece alejarse de este legado. Al adoptar un modelo de capitalismo neoliberal —lo que la doctrina social de la Iglesia Católica llamó «capitalismo salvaje»—, se prioriza el mercado sobre el bienestar humano, provocando graves consecuencias:

  1. Fomento de la desigualdad y la concentración de la riqueza.
  2. Debilitamiento de la educación pública mediante recortes presupuestarios drásticos.
  3. Desfinanciamiento de programas sociales destinados a combatir la pobreza.
  4. Aumento del costo de la vida y congelamiento de los salarios reales.
  5. Asignación de presupuestos desproporcionados para gastos de Casa Presidencial, mientras se limitan los recursos de seguridad.
  6. Falta de apoyo al OIJ y al Poder Judicial, debilitando la eficacia en la lucha contra el narcotráfico.
  7. Precarización laboral, impulsando jornadas que flexibilizan el descanso (como el esquema 4×3) sin el pago justo de horas extra ni garantías para una pensión digna.

Esto genera más desempleo, desprotección de la niñez y exclusión social. Quienes defendemos las ideas de justicia social no buscamos la división; luchamos por el bienestar común, la equidad y la dignidad que hoy se están desmantelando.