RENASES pide archivar el proyecto que modifica la Ley contra la Usura: «la usura no puede volver a gobernar Costa Rica»

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) emitió un pronunciamiento contra el expediente n.º 25.728, presentado por el Poder Ejecutivo el 19 de agosto de 2026 para modificar la Ley contra la Usura. La organización pide archivarlo o, en su defecto, reformularlo sin debilitar el delito de usura ni los topes a las tasas de interés.

Según RENASES, las familias costarricenses pagan hoy tasas de interés de hasta 36,48 % anual en tarjetas y préstamos, y de hasta 51,51 % en microcréditos, de acuerdo con los topes fijados por el Banco Central para el segundo semestre de 2026. Además, según registros del Poder Judicial, al cierre de 2024 había 715.780 deudas en cobro judicial. «Y, como si eso no bastara, quienes han lucrado de ese sobreendeudamiento quieren ahora más libertad para cobrar», afirma la Red.

El origen del proyecto

El pronunciamiento cita una publicación del Semanario Universidad del 16 de setiembre de 2026. Según esa información, el 28 de agosto de 2025 la Presidencia de la República reunió en Casa Presidencial a representantes de ASOCOMI, que agrupa entre otros intereses de Gollo, Monge e Instacredit, de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y de otros actores, para discutir cómo modificar la ley. Según se informó al CONASSIF, ese grupo prepararía la exposición de motivos, y el sector privado ofreció apoyo de expertos. RENASES subraya que en esa reunión no hubo ninguna organización de consumidores.

«El origen del expediente es, además, inaceptable: se construyó con quienes tienen interés económico en elevar las tasas y se excluyó a quienes representan a las familias que deberán pagarlas», señala la organización. Recuerda también que el entonces presidente del Banco Central, Roger Madrigal, advirtió en el CONASSIF que esa coordinación era problemática y puso en duda que los topes hubieran causado exclusión financiera.

Cuatro perspectivas

RENASES fundamenta su rechazo desde cuatro ángulos:

• Técnico. El proyecto no resuelve los problemas que dice atender, como los avales o la documentación de las personas deudoras, y solo propone subir las tasas. Encarecer el crédito agrava el sobreendeudamiento: cuotas mayores, menor capacidad de pago, más mora y más cobros judiciales. El problema es anterior a la ley, porque ya en 2019 había cerca de 800.000 expedientes de cobro judicial. Además, trasladar la fijación de los topes al criterio del superintendente de turno en la SUGEF concentra en una sola autoridad administrativa una decisión que hoy está fijada por ley con una fórmula conocida.
• Jurídico y penal. Hoy, cobrar por encima de la tasa máxima es delito, y esa norma permite perseguir el «gota a gota». Elevar o diluir el umbral debilita esa barrera y puede dejar legal lo que hoy se castiga. «La usura no se combate autorizando más usura; se combate persiguiendo a quienes amenazan, extorsionan y prestan ilegalmente».
• Ético y moral. La usura ha sido condenada a lo largo de la historia, y también disimulada con nombres como precio del dinero, riesgo, inclusión financiera o libertad de mercado. «Quien pide crédito para comer, curarse o llegar a fin de mes no negocia en igualdad de condiciones. La libertad contractual no puede ser patente para explotar la necesidad ajena».
• Social. Cada punto de interés se paga con alimentación, educación y vivienda. Las familias endeudadas consumen, ahorran y emprenden menos, y el costo lo asume toda la sociedad, incluido un Poder Judicial saturado de cobros.

Para ilustrar el efecto, RENASES calcula lo que se paga solo en intereses por un préstamo de ₡500.000 a un año, con cuota fija mensual. Con una tasa de 36,48 % anual, los intereses suman ₡104.213. Con 51,51 %, suman ₡150.210, es decir, unos ₡46.000 más por la misma deuda. La organización aclara que es un ejemplo ilustrativo, porque el proyecto no fija una tasa nueva.

Lo que exige RENASES

«Inclusión financiera es acceder al crédito sin quedar atrapado en él, no endeudarse a cualquier precio», afirma la Red, que exige:

1. El archivo del expediente n.º 25.728 o, en su defecto, su reformulación sin debilitar el delito de usura ni los topes de tasas.
2. La sanción efectiva del crédito irresponsable y la rebaja de las tasas para que las deudas puedan pagarse.
3. La depuración de los registros de cobro judicial de deudas ya declaradas incobrables.
4. La participación real de las organizaciones de personas consumidoras en toda discusión sobre crédito.
5. La aprobación de la Ley de Protección del Consumidor Financiero, expediente n.º 24.616.

«¡El crédito es un instrumento para el desarrollo, no una licencia para explotar la necesidad humana!», concluye el pronunciamiento.