La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su «más profunda preocupación» y su «enérgico rechazo» ante lo ocurrido el 29 de setiembre en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando no se realizó la votación acordada para nombrar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. RENASES es un espacio de articulación de organizaciones sindicales, productivas, comunales, territoriales, ecologistas, feministas y de derechos humanos.
En un pronunciamiento fechado el 30 de setiembre, la Red explica que ese día estaba acordada la votación para nombrar a nueve magistradas y magistrados suplentes. Sin embargo, una moción de orden de la fracción oficialista, aprobada solo con sus propios votos, devolvió la nómina a la Comisión de Nombramientos. Según RENASES, esa decisión desconoce una orden directa de la Sala Constitucional, que en su resolución de julio declaró ilegítima la devolución de la nómina y ordenó al plenario conocer y resolver esas designaciones.
«Esto no es un trámite más ni una diferencia de criterio entre diputaciones», afirma la organización. «Cuando un Poder de la República decide no cumplir lo que ordena el tribunal encargado de defender la Constitución, se rompe el equilibrio que sostiene nuestra democracia. Ninguna mayoría, por amplia que sea, está por encima de la Constitución Política».
Un impacto que recae en la ciudadanía
La Red advierte que la falta de suplentes en la Sala Constitucional no afecta a las magistraturas, sino a la ciudadanía. «Detrás de cada expediente detenido hay una persona que espera un medicamento o una cita en la Caja, una comunidad que defiende su agua o su territorio, una trabajadora que reclama sus derechos». Recuerda que el recurso de amparo es la herramienta más cercana que tiene la población para defenderse de los abusos del poder, y que debilitarlo «es dejar a la población sin defensa».
Para RENASES, este hecho no es aislado: se suma a los recortes al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial, y a los ataques públicos contra la independencia judicial. «En conjunto, estos hechos configuran un camino peligroso de concentración de poder que el país no puede normalizar».
Seis acciones
Ante esta situación, RENASES:
Denuncia lo que califica como desacato a la Sala Constitucional, por considerarlo una grave ruptura del orden constitucional, y llama a la ciudadanía a no perder de vista este hecho por encima de cualquier otro tema de la agenda pública.
Exige a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la fracción oficialista cumplir de inmediato lo ordenado por la Sala y someter a votación del plenario los nombramientos pendientes.
Respalda la gestión por desobediencia anunciada por las fracciones del Bloque Democrático, en coherencia con los compromisos del Pacto Patriótico Costarricense, firmado el 29 de junio en defensa de la Constitución, la separación de poderes y la independencia judicial.
Solicita a la Sala Constitucional y al Poder Judicial ejercer todas las potestades que les otorga la Ley de la Jurisdicción Constitucional ante el incumplimiento de sus resoluciones, incluido el traslado al Ministerio Público cuando corresponda.
Llama a la Defensoría de los Habitantes, a los colegios profesionales, a las universidades públicas y a otras organizaciones a pronunciarse en defensa del orden constitucional.
Convoca a sus organizaciones y sectores a mantenerse en alerta, informar en sus comunidades y estar preparados para una movilización pacífica si el incumplimiento persiste.
«Costa Rica se sostiene en sus instituciones, y defenderlas es tarea de todas las personas. La Constitución Política y la democracia no se negocian», concluye el pronunciamiento, firmado por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) presentó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sus observaciones al borrador de la Política Pública de Educación Financiera 2026-2036. En una carta del 28 de setiembre de 2026, dirigida a Cynthia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), y a Kattia Chaves Matarrita, jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, la organización advierte que la política, tal como está planteada, está pensada para enseñar a las personas consumidoras, pero no para cambiar las prácticas del mercado que las llevan al sobreendeudamiento.
RENASES agrupa a 170 organizaciones sindicales, comunales, cooperativas de trabajadoras y trabajadores, organizaciones de mujeres, grupos juveniles y movimientos sociales de base de todo el país. «No somos una entidad financiera ni una academia: somos la voz organizada de las personas trabajadoras y sus familias», señala la carta. La organización explica que atiende el sobreendeudamiento a diario en comunidades, sindicatos y asambleas, que ha promovido una agenda legislativa de protección al consumidor financiero y que sus afiliados han participado en espacios de consulta del MEIC. «No llegamos como invitados de cortesía: llegamos como actores con propuesta».
El diagnóstico: un problema que no se explica por falta de educación
Según la carta, al 30 de abril de 2026 el Poder Judicial registraba 771.279 casos activos de cobro judicial presentados por prestamistas formales. RENASES compara esa cifra con poco más de dos millones de personas trabajadoras, y concluye que casi cuatro de cada diez tienen una deuda que ya llegó a los tribunales. Detrás de cada expediente, afirma, hay una persona trabajadora que no pudo pagar, una familia que recortó su alimentación para abonar una deuda o una mujer que buscó un segundo empleo para cubrir los intereses. Además, esos procesos saturan el sistema judicial y retrasan la justicia pronta y cumplida para toda la población.
Para la organización, esta situación «no se explica por falta de educación de los consumidores», sino por un mercado que empuja el crédito de manera agresiva, sin evaluar la capacidad real de pago y sin que nadie frene las prácticas más dañinas. «Enseñarle a alguien cómo hacer un presupuesto cuando ya tiene tres deudas que superan su salario es un gesto bienintencionado, pero insuficiente y tardío».
Cinco problemas de fondo
RENASES reconoce el valor del borrador y el trabajo técnico que lo sustenta, pero identifica cinco problemas estructurales:
Se enseña al consumidor, pero no se cambia el mercado. Una educación financiera que solo pide a la ciudadanía comportarse mejor, sin exigir lo mismo a quienes venden el crédito, tiene un sesgo profundo. RENASES propone formación obligatoria para ejecutivos y asesores de crédito sobre colocación responsable, evaluación honesta de la capacidad de pago y conocimiento de los sistemas de avales públicos (FODEMIPYMES, Sistema de Banca para el Desarrollo y FIDEIMAS) y de las garantías mobiliarias.
No se enseñan los derechos que las personas ya tienen. Entre ellos, la prescripción de deudas antiguas, la protección legal contra el acoso de las gestoras de cobro, el derecho a conocer y corregir la información crediticia, y los canales de denuncia ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la DAC. Según la organización, son herramientas que pueden cambiar la situación de una persona hoy, no en diez años, y la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) debe priorizarlas con urgencia.
Quién define qué se enseña. El Comité de Coordinación de Educación Financiera (COCEF) otorga peso mayoritario a quienes ofrecen el crédito y a los entes que los regulan. Las organizaciones de defensa del consumidor tienen un único asiento, sin acceso a las subcomisiones donde se deciden los contenidos. «El conflicto de interés existe, aunque nadie actúe de mala fe: un banco no puede enseñar de manera imparcial cuándo no conviene endeudarse». RENASES pide abrir esas subcomisiones a sindicatos, academia, asociaciones solidaristas e iglesias, entre otras organizaciones.
El Estado invierte en supervisar a los bancos, pero casi nada en proteger a quienes los financian. El sistema financiero se sostiene con el dinero de ahorrantes, cotizantes, familias asalariadas y personas trabajadoras cuyos fondos de pensión alimentan los activos de los intermediarios. Sin embargo, según la carta, son el único actor sin voz ni voto en las decisiones. RENASES sostiene que la rectoría del sistema ha sido «colonizada» de forma progresiva por quienes tienen interés directo en sus resultados, mientras el Estado destina cada año decenas de miles de millones de colones a supervisar la solidez de las entidades. Por eso pide que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) financien una política activa, independiente y robusta de educación y defensa del consumidor financiero, «como obligación del Estado».
Se mide lo fácil de medir, no lo que importa. Contar talleres y asistentes no dice si la situación de las familias mejoró. RENASES propone indicadores de impacto: si bajaron los expedientes de cobro judicial, si mejoró el nivel de endeudamiento de los hogares, si aumentaron las denuncias por prácticas abusivas, cómo evolucionó la morosidad y cómo se comparan las tasas de interés con las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dos ausencias urgentes
La carta señala dos vacíos. El primero es que Costa Rica no tiene una ley que permita a una persona sobreendeudada reestructurar sus deudas de manera ordenada y comenzar de nuevo; hoy, la única salida es el embargo y la exclusión financiera durante años. RENASES propone articular la ENEF con una iniciativa legislativa y con un Plan Nacional de Reestructuración de Deudas Personales y limpieza de récords crediticios. El segundo es la definición misma de inclusión financiera, que según la organización no consiste en tener una tarjeta o una deuda, sino en acceder a servicios financieros formales, seguros y a un costo razonable. «Una persona con tres deudas impagables no está incluida: está atrapada».
Diez solicitudes al MEIC y a la DAC
RENASES solicita:
Abrir un espacio formal de participación de la sociedad civil en las subcomisiones técnicas del COCEF, donde se definen los contenidos y se evalúan los resultados.
Que los programas de educación financiera los ejecuten entidades desvinculadas de quienes colocan deuda, como iglesias de todas las denominaciones, sindicatos, universidades, asociaciones solidaristas y organizaciones gremiales con amplia base territorial.
Concebir la educación financiera como formación para la vida, que enseñe a planificar ingresos, construir ahorro y tomar decisiones con criterio propio, y no como instrucción para administrar cuotas.
Incluir con carácter urgente un capítulo sobre cómo salir de las deudas: negociación con acreedores, prescripción de obligaciones, refinanciamiento con orientación independiente y asesoría legal gratuita.
Incorporar como contenido obligatorio los derechos del consumidor financiero: prescripción de deudas, protección contra el acoso financiero, acceso a los registros crediticios y canales de denuncia ante la SUGEF y la DAC.
Incluir a ejecutivos y asesores de crédito como destinatarios de programas formativos de la ENEF, con énfasis en colocación responsable, evaluación real de la capacidad de pago e instrumentos públicos de aval y garantía.
Financiar la educación y defensa del consumidor financiero con cargo al BCCR y al CONASSIF, con independencia real de quienes ofrecen el crédito.
Establecer un sistema de evaluación con indicadores de impacto sobre el sobreendeudamiento de los hogares y los expedientes de cobro judicial activos.
Articular la ENEF con una iniciativa legislativa que cree un mecanismo de reestructuración de deudas para la persona sobreendeudada.
Conceder una audiencia para ampliar lo planteado y explorar mecanismos de implementación conjunta.
La carta, firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, cierra con una advertencia: «Una política de educación financiera que no escucha a quienes trabajan con las familias endeudadas, que no incorpora sus derechos como contenido central y que se financia con los recursos de quienes les prestan el dinero, no es una política pública: es una hoja de publicidad con sello de Estado. RENASES cree que Costa Rica merece algo mejor, y está dispuesta a construirlo».
El Colectivo Reflexión-Acción invita a una nueva emisión del programa «Alternativas», bajo el título «¿Es la hora de la integración social para frenar el autoritarismo? ¿RENASES es la opción, qué propone?», a transmitirse el 28 de agosto de 2026, a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en vivo por Facebook Live, YouTube y Spotify.
RENASES es la Red Nacional de Sectores Sociales.
El panel invitado está integrado por:
Juvenal Cascante Araya, agricultor, maestro pensionado, expresidente del SEC (Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense), abogado y profesor de Derecho en la Universidad de San José.
Laura Rivera Alfaro, máster en Trabajo Social y licenciada en Derecho.
Guido Sibaja Fonseca, productor agroalimentario.
Cecilia Jiménez Arce, MSc en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la UCR, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y quien formó parte de la inscripción del Frente Popular.
El programa se transmite en alianza con emisoras amigas: Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas de Alajuelita y Radio Voces Libertarias 97.3 FM.
Alternativas se define como un espacio para «pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores», activo desde el 12 de enero de 2020.
RENASES: II Asamblea Nacional, Diálogo Social, Plantón, refrendo de Sectores al Pacto Patriótico Costarricense y movilización.
La Red Nacional de Sectores Sociales convocó a más de 200 activistas de diversos sectores sociales, para celebrar la II Asamblea Nacional de RENASES, con la participación de fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa, representantes de Partidos Políticos y líderes de organizaciones sociales.
José María Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.
El pasado 29 de junio se estableció un Pacto Patriótico Costarricense entre las fracciones del PLN, FA y CAC y RENASES. Hoy refrendaron dicho pacto 25 nuevas organizaciones con el compromiso de construir una agenda nacional, que permitirá evidenciar los graves problemas que afrontan y buscar vías de solución. Así, la consigna fue optar por el diálogo social y la movilización, con miras a provocar el contrapeso necesario para fortalecer el régimen democrático, la defensa de la institucionalidad, la libertad de expresión, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, la paz social fruto de la justicia y las urgentes respuestas que requiere el momento político del país.
La participación de organizaciones sindicales, agroalimentarias, ganaderas, ambientales, estudiantiles, comunales, territoriales, feministas, académicas, religiosas y otros movimientos sociales permitió la formulación de estrategias e incidencia política.
La II Asamblea toma acuerdos en medio de la tensión institucional
La Asamblea de RENASES se realizó en un contexto de creciente tensión entre poderes de la República, tras el señalamiento de la Presidencia sobre una resolución de la Sala Constitucional y los posteriores rechazos de fracciones de oposición y del Poder Judicial.
En ese escenario, RENASES reivindicó el papel de la sociedad civil organizada como contrapeso y expresión de una democracia participativa. Así, instó a defender la Constitución, la separación de poderes, la democracia, y la institucionalidad pública. En consecuencia, la II Asamblea acordó apoyar la convocatoria al “Plantón por la democracia” a realizarse el jueves 6 del presente mes.
También, enviar una misiva a la presidenta de la República, Laura Fernández; solicitando audiencia donde RENASES instará a un proceso de diálogo social, con miras a la solución conjunta de los principales temas-problemas expuestos en la II Asamblea.
Acerca de RENASES
La Red Nacional de Sectores Sociales es un espacio de articulación de organizaciones sociales y una plataforma de diálogo social, bajo la coordinación y representación a cargo del Equipo Timón, integrado por representantes de ANDE, ANEP, SEC, UNAG y UNDECA, que fomenta una agenda nacional que vincula a las diversas organizaciones y la problemática que cada una afronta y un Pacto Patriótico Costarricense con fracciones de oposición.
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) convocó a organizaciones, sectores y movimientos sociales a participar en su Segunda Asamblea, que se realizará el próximo 4 de agosto de 2026 en el CIC-ANDE, en San Antonio de Belén.
La jornada iniciará con un desayuno de 8:30 a.m. a 9:30 a.m., mientras que a las 9:30 a.m. dará comienzo el II Encuentro Nacional de la organización.
Según informó José María Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, uno de los principales objetivos de la asamblea será dar seguimiento a los acuerdos contenidos en el Pacto Patriótico Costarricense, suscrito el pasado 29 de junio entre el Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa —integrado por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio y el Partido Agenda Ciudadana (CAC)— y RENASES.
SURCOS ha informado anteriormente sobre este proceso de articulación social y política, incluyendo la firma del Pacto Patriótico Costarricense y las iniciativas impulsadas por RENASES para construir un espacio permanente de diálogo entre organizaciones sociales y sectores políticos comprometidos con la defensa de la institucionalidad democrática y la búsqueda de acuerdos nacionales.
La organización señala que esta segunda asamblea constituye además una oportunidad para incorporar nuevos actores al proceso. En ese sentido, invita a organizaciones, movimientos, sectores y comunidades que compartan los principios del pacto y que aún no formen parte de esta iniciativa a participar en el encuentro.
Durante la actividad, las organizaciones asistentes podrán conocer el contenido del Pacto Patriótico Costarricense y, si así lo deciden, refrendarlo junto con las entidades que ya lo han suscrito.
RENASES solicita confirmar la participación mediante el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace, antes del 28 de julio:
La convocatoria fue difundida por el Equipo Timón de RENASES, que reiteró la invitación a fortalecer el diálogo social y la construcción conjunta de propuestas para el país.
Se establece un pacto patriótico costarricense entre las legisladoras y los diputados del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana del Congreso de la República en la legislatura 2026-2030 y la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), que integra al sindical, agroalimentario, ganadero, indígena, arrocero, ambiental, empresarial, estudiantil, movimientos populares, artístico, religioso, territoriales, académicos, pescadores y otros; representados por el Equipo Timón, en su condición de coordinadores, con la finalidad de establecer los acuerdos entre partes, dar seguimiento y ejecución a los compromisos adquiridos. Además, se desea promover los más altos valores patrios como son el Diálogo, la Democracia, la Paz Social, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, propiciar la movilidad social ascendente, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, y la defensa de instituciones de bien común como la CCSS, el ICE, el INS, el CNP, el BCR, el A y A-Asadas, CEN-CINAI, PANI, Universidades Públicas y otros.
Por lo cual, para este pacto patriótico manifestamos compartir los siguientes valores y principios contenidos en el documento: “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica” del Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa, y los propios de RENASES, que nos permite tener un marco de referencia:
1) Defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática, el bienestar de la ciudadanía costarricense, la garantía de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la vigencia plena de los derechos fundamentales y la atención a los principales desafíos del país;
2) Se prioriza el diálogo social y la capacidad de convergencia para el bien común y el bienestar de los costarricenses; promoviendo, desde la Red Nacional de Sectores Sociales proyectos de ley y solicitando a diputados y legisladoras pactantes y otros, ser voz de los sectores sociales en el control político que ejerzan en el Parlamento;
3) Fomento y fortalecimiento de la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia. Asimismo, suscitar la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.
4) Apoyo al combate frontal contra el crimen organizado, la sanción a las organizaciones criminales y mayor presupuesto al OIJ, Seguridad Pública, Ministerio Público, Policías de Migración, Penitenciaria y Fuerza Pública. También, la reforma y transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil con controles democráticos y rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa; eliminando su carácter político.
5) Apoyo a la prevención del delito en las diferentes formas, mediante la promoción de una cultura de paz, el deporte, la expresión artística, el fortalecimiento del tejido social y comunitario, el mejoramiento y recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la educación, en aras del fomento de una Política Social integral.
6) Establecimiento de un plan de inversión gradual para avanzar hacia el mandato constitucional del 8% del PIB, para la inversión en educación (Primera Infancia, el INA, MEP y FEES). Asimismo, el fortalecimiento de la Política Educativa y Curricular. Finalmente, el aseguramiento de la estabilidad laboral docente, técnico-docente y administrativo.
7) Defensa y fortalecimiento de la CCSS, su sostenibilidad financiera, cobertura y calidad de sus sistemas de salud pública y de pensiones (SEM e IVM): a- Exigir que se cumpla con el pago de la deuda para lo cual deberá establecerse un plan de pago. b- Que se instaure un plan para reducir las listas de espera. c- Contribuir a resolver la emergencia por la escasez de especialistas mediante acciones como reformas graduales para cerrar la brecha entre salario global y salario compuesto, aumentar la oferta de especialistas, mejorar la proyección de demanda, entre otras. d- Abordaje de la salud mental en el sistema de salubridad pública y en el sistema educativo. e- Que se respete la autonomía de la CCSS.
8) Evaluación de la aplicación de la Regla Fiscal, considerada por algunos sectores como una medida perversa cuya aplicación no permite ni resguardar, ni aumentar la inversión social. Por el contrario, se debe impulsar el aumento gradual del presupuesto de FODESAF. Valga indicar que el problema fiscal costarricense no es exclusivamente de gasto. Es un problema de erosión de la base tributaria, privilegios fiscales concentrados, debilidades administrativas estructurales y un sistema que grava con mayor intensidad a quienes tienen menor capacidad económica. Así las cosas, la política fiscal debe ir orientada hacia la justicia, la progresividad, la equidad, la eficiencia y la sanción penal a la evasión y la elusión tributarias.
9) Fortalecimiento de los guardaparques bajo la rectoría del SINAC dotándoles de competencias de policía ambiental. Defensa de la soberanía nacional en Crucitas con el objetivo de beneficiar a las comunidades locales, de proteger el ambiente y el territorio nacional. Mantener la prohibición a la minería a cielo abierto. Impulsar legislación para la protección de los activistas y defensores de los derechos humanos. Fomento de iniciativas para el bienestar animal. Que se garantice el derecho humano al acceso al agua y el fortalecimiento de las ASADAS.
Promover soluciones de gestión integral, efectiva y sostenibles a la crisis de residuos con un enfoque de economía circular.
10) Compromiso con el Convenio 190 de la OIT, que ratifica el combate contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados y de reconocimiento de la responsabilidad social de los cuidadores. Velar por el pleno disfrute de los derechos y la calidad de vida de la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, la población adulta mayor, personas en condición de calle y otras poblaciones vulnerables. Resguardo de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Protección de los activistas y defensores de los derechos humanos.
Velar por el respeto y el reconocimiento de los Pueblos originarios y sus territorios. Garantizar todos los derechos de las poblaciones migrantes y solicitantes de refugio. Apoyo a las comunidades afrodescendientes.
11) Defensa e impulso a la producción nacional, fomento a la innovación y aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria como garantía de la seguridad alimentaria y nutricional: a- Fortalecer el mercado agropecuario. b- Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria. c- Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y crear una legislación de seguros agropecuarios accesibles. d- Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el ambiente. e- Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas. f- Fortalecer el cumplimiento de los controles fitosanitarios y zoosanitarios; g- Aplicar los mecanismos de defensa comercial establecidos en la legislación nacional y la no aprobación de la adhesión a la Alianza Transpacífico. h- Impulsar con prioridad alternativas para garantizar la trazabilidad del ganado sin las afectaciones provocadas por el decreto de “areteo”.
12) Fortalecimiento y mejora de la legislación contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Impulsar la transparencia proactiva en la institucionalidad, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas bajo los principios de un Estado Abierto incluyendo la apertura de datos públicos, estándares de interoperabilidad digital y transparencia algorítmica.
Así, resolvemos establecer un pacto patriótico entre el Bloque Democrático Legislativo y la Red Nacional de sectores sociales, bajo los siguientes términos:
Defender los valores y principios expuestos en el marco de referencia, compartido por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) con base en algunas “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”.
Apoyar las iniciativas de leyes que construya el proyecto país compartido en el marco de referencia.
Establecer los mecanismos para el aporte de proyectos de leyes de RENASES y solicitudes para el control político, según las diversas fracciones del PLN, FA y CAC. Además, de la coordinación de acciones de la Red Nacional de Sectores Sociales solicitada por los diputados de dichas fraccionesmediante un primer nivel político entre Jefes de fracciones de los Partidos Políticos suscribientes y el Equipo Timón.
Integrar un equipo de asesores técnicos y políticos con personal de las fracciones mencionadas y RENASES.
Legitimar al Equipo Timón como el coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales, e interlocutor con las jefaturas de las fracciones del PLN, FA Y CAC que subscriben el presente pacto patriótico integrado por:
Dado a los 29 días de junio del 2026, en el Salón de Expresidentes en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a las 11:00 horas, y firman este pacto patriótico los siguientes jefes de fracciones:
Diputado Álvaro Ramírez Bogantes, (PLN) Diputado José María Villalta Florez-Estrada, (FA) Diputada Claudia Dobles Camargo, (CAC)
Gilda Montero Sánchez (ANDE) 401450893
Gilberth Díaz Vásquez (SEC) 50195021
Albino Vargas Barrantes (ANEP) 104570390
Martha Rodríguez González (UNDECA) 203430472
Lenín Hernández Navas (SINAE) 109670277
José María Oviedo Chaves
(UNAG) 105060146
Organizaciones, sectores, movimientos y otros que ratifican este Pacto Patriótico Costarricense.
“Hay gente que no es consciente, hay gente que no entiende, hay gente, incluso, que no entenderá jamás. Hay gente que no entiende lo que es la patria ni lo que es la independencia; hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo; hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria; hay gente que no entiende los procesos políticos y cuáles son los problemas objetivos” Fidel siempre vigente más que nunca con sus 100 años a cuesta, a partir de este 13 de agosto.
¡Son tiempos difíciles! El personaje de la comedia de la televisión ya no está con nosotros. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en medio de esta confusión.
Estamos varados hace rato, otra cosa es el rechazo de esta realidad. Nos agobia a muy pocos – hay que decirlo sin rodeos – un “presente” indefinido, largo como sí estuviera dormido, a veces tiene rasgos de pasado y sí a él sirve, se nos viene encima como futuro inmediato.
En contraste a lo dicho anteriormente, encontraremos mayorías importantes viviendo de ese presente y los pies sobre su propio “cielo “levantado a su medida por años de préstamos millonarios, compra de fuerza de trabajo en promoción y repleto de música celestial.
La otra mitad de este importante bloque va con todo por su propio futuro y su “gloria” construida sobre los escombros celestiales dejados por aquel presente que ya es pasado, pero futuro al fin y al cabo lleno de arcángeles y querubines elevados a “gerentes” y Rasputín de la economía y las finanzas.
Así, entre quienes defienden el presente y el futuro podemos vaticinar desde ahora unas movidas elecciones municipales en 2028 y comicios presidenciales para 2030 como nunca vistos en la democracia de unos y otros. ¿Por qué tendría que ser distintas?
En un amplio documento público hecho circular por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) se convoca a cerrar filas alrededor del Pacto Patriótico Costarricense y defender el Estado Social de derecho, así como impulsar políticas sociales en beneficio de la población.
Entre las organizaciones que forman esta instancia figuran asociaciones y sindicatos de maestros, pequeños y medianos productores agropecuarios de Limón, empleados públicos y privados, entre otras. (Consúltese SURCOS Digital).
A estas múltiples organizaciones sociales aglutinados en la RENASES se sumó el Pacto Patriótico Nacional de reciente actividades e integrado por diputados contrarios a la actual administración encabezada por la presidenta Laura Fernández.
De entrada, no más tienen frente sí el proyecto de ley para liberar la generación privada de electricidad y al parecer un paquetazo fiscal por nuestro gobierno en el exterior que ese no perdona: el FMI.
Es de destacar que dentro de la organización indicada figuran importantes grupos movilizados junto a otros actores, en ocasión de la aprobación del TLC en 2007 y la privatización de las telecomunicaciones en 2008, reformas impulsadas por el gobierno del liberacionista Oscar Arias.
No está de más recordar que dicho mandatario seguramente no tuvo el tiempo necesario para dotar del “carro popular” a Reimundo y todo el mundo; tampoco -por cuestiones de tiempo – nos hizo la “primera nación desarrollada” en Latinoamérica, como prometió en una de las gradas de la Catedral Metropolitana.
Contrariamente, dos décadas después de sus afirmaciones, seguimos desarrollando músculos de brazos y espalda como si estuviéramos en clases de Tai Chi, porque seguimos braceando fuerte para no ahogarnos en aguas tempestuosas.
Sí, veinte años no son nada, como decía Gardel. Un proyecto de armonización de la producción privada sin límites de electricidad tiene el mismo actor dos décadas después, solo que ahora no son ya las telecomunicaciones. Este negocio es prueba superada.
Importantes playas ya no son nuestras. Cualquiera pone una aguja y te obliga a pagar por su Resort si quieres arena y olas.
Por su parte, la Confederación Sindical Internacional “descubre” en su edición 13 de su Índice Global de Derechos 2026, como fundar un sindicato en el sector privado no es equivale a degustar jamón o caviar.
Primero combatieron por todos los medios aquellos sindicatos “rojos” que no le aflojaban a los llamados a profundizar la lucha de clases, exigían transformaciones socioeconómicas y sentaban en el banquillo de los acusados al “imperialismo como enemigo de los pueblos”, hasta llevarlos casi a su extinción.
“No hay tal capitalismo bueno ni imperialismo bueno. Son cortados con las mismas tijeras”, explicaba “Serranito” de grata memoria a los trabajadores de una famosa fábrica en Curridabat, antes de que lo pillaran y echaran a la calle junto a los futuros 25 miembros del sindicato.
Luego siguieron con las organizaciones llamadas “sindicatos blancos” -generalmente afines al gobierno de turno – hasta que les pusieron competencia a modo de asociaciones para estimular, con el dinero de sus agremiados, toda clase de consumo. No sigo. No me gusta hacer leña del árbol caído.
Entrevistado para esta III y última entrega, el historiador ramonense, dirigente popular e internacionalista, Oscar Barrantes, sobre qué falló en estas luchas post Alcoa, expresó que “el pueblo en el caso del TLC y contra el Combo del ICE respondió con creces, pero “quizá falló la dirigencia”. Explicó que los niveles de conciencia surgen de las condiciones materiales de la vida y las relaciones sociales, nunca viene por generación espontánea, señaló
Requerido, entonces, sobre qué había pasado en la lucha contra ALCOA, precisó que le parecía que en ella hubo claridad y estrategia política.
Después de esta lucha nació Pueblo Unido y hubo conciencia sobrada hasta para que muchos ticos integraran las columnas revolucionarias para luchar en Nicaragua, recordó.
Muchos alcanzaron tal grado de conciencia que mueren luchando en Honduras y El Salvador, rememoró.
Periodista: ¿Siguiendo su línea de pensamiento qué hicimos tan mal para acabar todos en este atolladero, con un presente plantado, estacando; en tanto el futuro ya estamos viviéndolo con 13 regímenes de orientación fascista y bajo tutela política absoluta del “Escudo de las América”?
Movilización sindical contra el llamado Combo del ICE (Semanario Universidad).
R/ “Para hacer una aproximación a la realidad social e histórica, es necesario la visión creadora de acción política, pensamiento y praxis social.
El problema central está en relación con la contradicción determinante en la época. Las contradicciones sociales y la contradicción sistémica fundamental de cada época, porque la hay, es el nudo de coordenadas qué deben orientar el proceder de la lucha social, sindical y política.
Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la necesaria e imprescindible unidad de los movimientos populares, sindicales y fuerzas motrices del cambio político-social en el país. Todo el mundo habla de unidad.
Sin embargo, pareciera que no se encuentra el sendero iluminado que nos lleve a la unidad. Es más, a menudo vemos las ácidas experiencias de movimientos sociales unitarios y a alianzas de pueblo organizado en pelea por reivindicaciones y derechos resquebrajarse y mandar el paquete completo al canasto de la basura.
Después los lloros y las excusas de «yo no fui», «que los principios», «somos unitarios, pero, nos están matando la gente», «la vanidad, el egoísmo y las mezquindades de aquellos» etc. Un lavado de manos general y, «si te vi, no me acuerdo».
Grandes y gigantescas movilizaciones de confrontación social real y emocionantes expectativas se fueron por el caño en Costa Rica en los últimos 26 años, del entrado en décadas, siglo XXI. No las enumeraré, quienes están en el ojo de la política y la lucha social popular las conocen.
Periodista:/ Podría explicar a los trabajadores, a los campesinos sin tierra, a la madre sin casa, a los jóvenes estigmatizados como criminales por no vivir en condominios ubicados en Escalante, Monterán o Dent, ¿dónde queda la política y hasta dónde llega entonces la politiquería?
R./ Ese es el quid del asunto. Es la cuestión de la política. No hablo de politiquería eleccionaria. Me refiero a la política como una categoría científica de lucha por el poder.
Por ende, se comprende que se mueve en los factores internos, contradicciones y entorno de la sociedad, como un complejo de relaciones productivas, sociales y políticas en dinamismo explosivo.
Lucha por derechos universales, inalienables, esenciales en la perspectiva de humanidad. Lucha nacional de los pueblos y lucha de clases.
Lo más concreto nos acerca a un nodo sensible y determinante del diario hacer por el cambio social, del vórtice de la conmoción social, es la acción política.
No podemos separar con un tajo de soberbia del dirigente ególatra y «sábelo todo» – como la cabeza de un cuerpo – la política de la lucha social, sindical, popular.
Descarrilar el justo descontento de las masas – violentados sus derechos – imponiendo falacias como la de que «las movilizaciones sociales y las reivindicaciones populares son ajenas por naturaleza a la esfera política.
Esa tesis revisionista de origen economista en el sindicalismo – como el tradeunionismo inglés y europeo – se extendió a los movimientos sociales y populares en general. No pormenorizaré en este extremo.
Para construir unidad social, popular, juvenil sindical, de combate por la liberación nacional de las cadenas del imperialismo y lucha por la soberanía legítima y originaria, es imprescindible partir de la apreciación correcta de la realidad y las premisas sociales y políticas, tener una doctrina política del movimiento de transformación social, una estrategia y amalgama táctica oportuna y flexible que posibilite las alianzas coyunturales.
De más o menor elongación, según los momentos del curso de la lucha y desenvolvimiento de las contradicciones, fuerzas motrices y correlación de las mismas.
Nos referimos a la dirección o conducción política ineludible de los movimientos sociales y populares. De esa cualidad o capacidad es de lo que ha adolecido el movimiento social, popular y sindical costarricense en las últimas cuatro décadas”, concluyó.
A manera de colofón de este brevísimo recorrido por Nuestra América de tres entregas, los hechos son hechos y aunque a veces creemos no hablan, son como un expediente judicial: nos plática, respiran, sudan y exigen justicia, no importa los años de silencio impuesto.
Sin embargo, cuando un pueblo sale de ese armario, de esa carpeta y borra el número que le habían asignado, aprende inmediatamente la lección: no hay amenazas ni represión que los pare, simplemente avanza como actor histórico.
Sin mecenas, sin intermediarios, exactamente como están plantados ahora los pueblos de Cuba, Bolivia, Argentina, Ecuador, Honduras etc., peleando por su dignidad y a la espera de los que vienen de camino. ¡Qué vendrán, vendrán!
*Periodista, abogado y notario por la UCR, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los Pueblos.
Diversas organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) promueven la firma de un Pacto Patriótico Costarricense con diputadas y diputados de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el propósito de establecer una agenda común de defensa institucional, fortalecimiento democrático y promoción de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.
La propuesta plantea una articulación entre sectores sindicales, agroalimentarios, ganaderos, indígenas, arroceros, ambientales, empresariales, estudiantiles, movimientos populares, organizaciones artísticas, religiosas, territoriales, académicas, colegios profesionales, cámaras de radio y televisión, pescadores y otros sectores sociales, representados por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES).
El documento señala que el objetivo principal es promover valores considerados fundamentales para el país, entre ellos la democracia, la paz social, el diálogo, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, la atención de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, así como la defensa de instituciones públicas estratégicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Banco de Costa Rica (BCR).
Como marco de referencia, la propuesta adopta los principios contenidos en el documento denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, impulsado por el denominado Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa.
Entre los ejes planteados figura la defensa del Estado Social de Derecho, la institucionalidad democrática, la separación e independencia de poderes, el respeto a la Constitución Política y la protección de los derechos fundamentales.
Asimismo, se propone fortalecer los mecanismos de diálogo entre sectores sociales y representantes legislativos, de manera que las organizaciones puedan presentar iniciativas de ley y planteamientos para el ejercicio del control político desde la Asamblea Legislativa.
La propuesta incorpora además la defensa de la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de reunión, la manifestación pacífica y la participación ciudadana como pilares esenciales de la democracia. También plantea el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.
En materia de seguridad ciudadana, el documento promueve un combate frontal contra el crimen organizado, el fortalecimiento presupuestario del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y Seguridad Pública. Además, propone transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil sometida a controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas.
La iniciativa también plantea una visión preventiva de la seguridad basada en la promoción de la cultura de paz, el deporte, la educación, las expresiones artísticas y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.
Uno de los apartados más extensos se refiere a la educación pública. El pacto propone avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, establecer una negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y revisar los modelos de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.
En relación con la seguridad social, el documento plantea la defensa y fortalecimiento de la CCSS, la sostenibilidad de los regímenes de salud y pensiones, la definición del monto real de la deuda estatal con la institución y el establecimiento de mecanismos para su pago. Asimismo, propone medidas para reducir las listas de espera, enfrentar la escasez de especialistas y promover reformas que permitan un acceso más justo a los medicamentos.
La propuesta también incluye la revisión de la regla fiscal para identificar mejoras que permitan proteger la inversión social, así como el fortalecimiento gradual del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).
En materia ambiental, el pacto plantea fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), otorgar mayores competencias a los guardaparques, mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, proteger a personas defensoras de derechos humanos y ambientales, garantizar el acceso al agua potable mediante el fortalecimiento de las ASADAS y promover soluciones integrales para la gestión de residuos con enfoque de economía circular.
El documento incorpora además compromisos relacionados con los derechos de las mujeres, las personas cuidadoras, la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas migrantes y solicitantes de refugio.
Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la producción nacional y de la seguridad alimentaria. Entre las propuestas destacan el apoyo a la actividad agropecuaria, la mejora del acceso al financiamiento para productores, la creación de seguros agropecuarios accesibles, el fortalecimiento de los controles fitosanitarios y la búsqueda de alternativas al actual sistema de areteo del ganado.
La agenda también contempla reformas orientadas al combate contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, promueve políticas de transparencia, acceso a la información pública, apertura de datos, interoperabilidad digital y transparencia algorítmica dentro de la institucionalidad pública.
Como parte de los acuerdos operativos, la propuesta establece mecanismos para que RENASES presente iniciativas legislativas y planteamientos de control político, así como la conformación de equipos técnicos y políticos integrados por representantes de las fracciones legislativas y de los sectores sociales.
El documento reconoce además al denominado Equipo Timón como instancia coordinadora de RENASES e interlocutora con las fracciones legislativas que decidan adherirse al pacto. Dicho equipo está integrado por representantes de ANDE, ANEP, APSE, SEC, SINAE, UNAG y UNDECA,
La propuesta contempla que la firma del Pacto Patriótico Costarricense se realice en la Asamblea Legislativa durante el presente mes de junio, mediante la adhesión de diputadas y diputados de oposición y representantes de las organizaciones sociales participantes.
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