El Secretario General de la Central General de Trabajadores (CGT) en horas de la tarde fue atendido por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, para abordar el proyecto de ley “Ley de declaratoria de Servicios Públicos Esenciales N°21.097, expuso el rotundo rechazo a esta iniciativa que al igual que del resto de Centrales Sindicales es considerada que lesiona la democracia, pues intenta extender el concepto de servicios esenciales casi como sinónimo de servicios públicos aun cuando en la jurisprudencia de la OIT hay suficiente información para comprender la diferencia.
Le recomendó a los diputados desechar el proyecto y en su lugar recuperar los artículos que no fueron aprobados con la reforma de ley procesal laboral, donde se plantearon que la determinación de los servicios esenciales sea mediante el acuerdo entre empleador y sindicato, obligándose a las partes a dar un servicio mínimo que garantice la prestación.
A pesar de la insistencia de nuestra organización para que se comprenda que cualquier lista que hagan los diputados será superada por la realidad, la percepción que nos dan sus intervenciones es de que tratan de ampliar la prohibición de huelga a todos los servicios posibles, incluso delegando al poder ejecutivo algo que le corresponde a la ley, poniéndose en evidencia la diferencia entre el discurso de no está en discusión el derecho la huelga con la práctica concreta del proyecto de ley. Una pretensión por dejar la huelga como instituto decorativo sin efectos en la vida ciudadana.
Intentaron confrontar los demás derechos contra el derecho de huelga, cuya línea de pensamiento parece apuntar de algunos miembros de la comisión consideran que todos los derechos estarían por encima del derecho a huelga.
Con el “pecado” de que este proyecto está carente de un estudio técnico, la discusión de los diputados girón más sobre opiniones personales que por conceptos del derecho laboral, criterios no muy educados denotándose incluso carencias en lo constitucional. Para la CGT no es un problema que un obrero, campesino o ama de casa pueda llegar a ser diputado, ministro o presidente, pero está en la obligación de construir dentro de su acervo una cultura básica del marco de legalidad que rige en las democracias.
Los magistrados de la Sala II, en su audiencia anterior, coincidieron con muchas de nuestras posiciones e incluso se vieron obligados a explicarle a los diputados conceptos muy elementales de temas constitucionales y convenios del Organización Internacional del Trabajo como parte del marco de legalidad de cumplimiento obligatorio de nuestro país.
Algunos diputados creen firmemente que el dialogo social es darle audiencia a muchas organizaciones o partes interesadas en el proyecto, algo que tan solo es un requisito a cumplir con el procedimiento, tal y como se le consulta a la Organización Internacional del Trabajo, desconociendo que el verdadero dialogo social implica la negociación, el debate nacional.
Tenemos claro que si los diputados insisten transitar por este camino tendremos atender con todas nuestras herramientas, para hacer prevalecer los derechos de los trabajadores frente a las posiciones arbitrarias y violatorias del Estado de derecho.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Carlos Cabezas.
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