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Etiqueta: abuso de poder

Cinismo que puede generar corrupción

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León
  1. Chaves y Nogui dijeron hace meses que el «decretazo» a favor de los importadores de lujosos autos, había sido «sin querer queriendo». Que Hacienda revisaría caso por caso, para recuperar los montos evadidos a la hora de importarlos. Tarea que obviamente no hicieron, y que ahora se hace más grande, al sumar la evasión que se evidencia con el pago de los marchamos, para los mismos autos que ingresaron bajo la corrupta sombrilla de Zapote. ¡La fiesta es todo un carnaval pornográfico!
  2. Para no afectar a los amigotes de Chaves amantes de los lujosos autos, Nogui no movió un dedo mientras era ministro. Se limitó a decir, que los importadores eran unos mentirosos, al meter facturas de compra falsas. Que como era un delito, Hacienda se encargaría ¡Ya!, de empezar a cobrarle a esos «mentirosos» el impuesto que evadieron, y que se harían los ajustes legales para cerrar el portón. Mientras, por otro lado, Chaves seguramente le advertía «dejar las cosas como están». Los hechos lo demuestran.
  3. Entre los impuestos por importación de autos y a la propiedad (dinero de todos los costarricenses que recaudaría Hacienda), nos robaron ¢32.000 millones, hasta agosto pasado, pese a que ingresaron más carros. Ello, gracias a la «contribución» que generosamente les hicieron Chaves y Nogui Acosta, al establecer que, a partir de octubre del año pasado, ya esos impuestos no se determinarían a partir de los «precios mínimos de mercado», y a partir de lo supuestamente pagado por el vehículo en algún país extranjero.
  4. Algunos importadores de lujosos vehículos, están librándose de pagar entre ¢7 Y ¢15 millones (quizá más), por concepto de marchamo, por cada uno. O sea, por unos 500 carros estarían dejando de pagar ~¢5.000 millones. Mientras, por otro lado, los otros, los que no podemos ni entrar al condominio de mansiones en que vive el presidente, pagamos por nuestros carros, cifras injustas, muy superiores a las que se le cobran a los amigotes premiados por Zapote.

Porque es dinero que es vital para la atención de obligaciones del Estado, incluyendo la disminuida asistencia social, esperamos que los recursos de amparo que se están preparando contra el decretazo de Chaves y Nogui, en defensa de los intereses difusos, se presenten cuanto antes… aunque ello le complique la vida a los que esperan por los autos que estarían por llegar al país.

¿Pedofilia o Pedofobia la del presidente Rodrigo Chaves?

Vladimir de la Cruz

Mariana Ramos Castro, niña de ocho años, que acaba de terminar exitosamente su tercer grado, avanzando en el 2026 al cuarto grado, que se está formando en una escuela bilingüe, quien es muy destacada en deportes y gimnasia, asustó al presidente Rodrigo Chaves.

No asustó a cualquier persona, hizo temer al presidente que se identifica anímicamente con el animal depredador JAGUAR, que se comporta públicamente como un animal, imitando los rugidos del felino, tratando de asustar al público que le observa, que atentamente le sigue, y que también trata de imitarlo en sus zarpazos, agresiones y exabruptos verbales contra quienes le critican y se le enfrentan.

Se supone que con ese comportamiento animal el presidente es el hombre más valiente, y fuerte de Costa Rica, que con su rugido quiere imponerse.

Su imitación del animal Jaguar, con sus rugidos, me hace recordar, al héroe de mis años infantiles, Johnny Weissmüller, quien impulsó y representó en el cine a Tarzán de los Monos, quien también se comunicaba, “hablaba” con los animales, y emitía un alarido poderoso, un grito ululante, distintivo, el Grito de la Selva, cuando se lanzaba por los árboles o quería imponer su presencia. Johnny Weissmüller, era un nadador rumano, gran nadador, cuya figura le convirtió en un sex symbol de la pantalla grande en su época.

El Tarzán de los Monos, fue una figura de hombre blanco, que vivía en una región africana de pobladores negros, pigmeos, más pequeños que él. Era el símbolo de la civilización en aquellas comunidades “atrasadas”. Pero, a la vez el símbolo del colonialismo, del racismo, del imperialismo en las comunidades indígenas africanas.

El animal de Zapote, el Jaguar, con los “rugidos de jaguar” que hace el presidente Chaves, trata de imitar seguramente a Tarzán, y lo hace sentirse en una comunidad de seres atrasados, más animales que él, donde él con su ferocidad trata de imponerse, de meter miedo, de acobardar a quienes se le enfrenten. Lo hace sentirse como el Rey de esta selva, el Rey de los Monos o, mejor dicho, el Rey de los Jaguares, de este zoológico humano costarricense. Porque si él es un animal a todos nos ha de ver como animales. El Jaguar de Zapote quiere probablemente procura convertirse en un sex symbol de la pantalla grande costarricense.

El libro de Edgar Rice Burroughs seguramente es el libro de cabecera del Jaguar costarricense, que siendo Tarzán de origen rumano, el presidente Chaves lo imitó autodenominándose Jaguar en Zapote de Costa Rica. Quienes lo conocen de cerca me han dicho que en la intimidad, con cariño, lo tratan como el Dragón de Komodo de Monterán, un animal propio de Indonesia… donde él actuaba con la Ley de la Selva del Banco Mundial…

¿Qué asustó al Jaguar de Zapote y al Dragón de Komodo de Monterán? Palabras, expresiones, ideas, un pequeño relato de una niña de ocho años. ¿Qué dijo esa niña que tanto incomodó al Jaguar de Zapote y al Dragón de Monterán?

Las expresiones que dio la niña en una actividad enteramente privada, porque el Jaguar quiere dominar e interferir en toda la vida pública, la política y la vida privada de los costarricenses.

La niña, es a la vez la hija del candidato presidencial Álvaro Ramos y de su esposa Cristie Castro, ambos dedicados a sus hijos extraordinariamente y a tiempo completo, para formarlos de la mejor forma posible para la vida, con sentimientos humanistas, con vivencias democráticas, con valores de inclusividad, de respeto, de tolerancia, de libertad.

La niña No dijo mentiras. NO ha sido educada para eso. NO está marginada de la vida de sus padres, ni de la proyección política de su padre, el candidato Álvaro Ramos. Tampoco se le oculta que su padre es candidato del Partido Liberación Nacional, con el cual la niña, como todos los hijos e hijas de candidatos se identifican con los partidos políticos de los que sus padres participan. Sucede igual con los equipos de fútbol. La niña NO vive un entorno familiar de opresión para seguir políticamente a sus padres. Pareciera que por la reacción del Jaguar este ambiente no lo conocen en su casa, en su guarida en Monterán o en Zapote, donde ha de predominar la Ley del Más Fuerte, del más gritón, como se comporta el Jaguar en sus Guarida, con gritos…

Por todo lado lo decimos, y se dice, que el presidente Chaves es un ser autoritario, con características despóticas, tiránicas, dictatoriales. Decimos y advertimos a los costarricenses y ciudadanos que, de continuar su gobierno, ese es el camino proyectado de su candidata, quien ha dicho con claridad que necesitan gobernar sin controles administrativos y legales, que el Estado de Derecho en ese sentido no les permite gobernar, por lo que tienen que acabar con el Estado de Derecho, y con el Estado Social de Derecho, que es acabar con la Democracia.

La niña Mariana Ramos Castro, de ocho años, en la reunión en la que estaba su padre, el candidato, con quien se identifica, dijo lo siguiente: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, que Costa Rica está en el pico de la montaña al borde de caer. Costa Rica es un país, que ahora está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador. Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar diciendo: ¡Somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país que queremos!”.

Palabras similares dice el presidente Chaves constantemente contra todo el ordenamiento político, institucional, jurídico, contra los poderes públicos. También ataca y amedrenta personas y funcionarios públicos, a algunos colocándolos en vallas publicitarias como si fueran los delincuentes más perseguidos del país. ¿Acaso no dijo el Jaguar que todos los presidentes del pasado, desde 1949 hasta que llegó él, habían sido dictadores y tiranos que solo gobernaron para grupos económicos y financieros, y no para el pueblo?

Tamaño alboroto ha creado el felino de Zapote, aparte de los rugidos que pasa haciendo en su guarida de Monterán, por esa simple opinión expresada por una niña de ocho años, que le llama “dictador”.

No satisfecho con la libertad de opinión de la niña, que es una persona menor, ha obligado a que el Patronato Nacional de la Infancia, intervenga investigando a la niña, llevando a su familia y entorno familiar, a investigaciones administrativas, casi policiacas, al estilo nazi fascista, para determinar el daño en la formación y cuido de esa niña que se le ha causado, para determinar si el ambiente familiar que tiene Mariana es tóxico y lesivo a su condición de menor de edad y de mujer menor.

Por el comportamiento público del Jaguar es más probable que el ambiente tóxico y peligroso del Jaguar se viva en su guarida de Monteran, para sus familiares inmediatos, para su esposa, su hija y sus empleados, como la tensión que se vive entre los trabajadores de la guarida de Zapote.

Le ha faltado al Jaguar hacer o pedir públicamente que intervenga Procuraduría General de la República, que también tiene que hacerse presente en situaciones especiales de niños, que para él son como objetos, casi sexuales en algunos casos, que se altera, se excita, cuando una niña de ocho años le dice “dictador”, y que ante ese “exabrupto” le echa encima el Patronato Nacional de la Infancia a la niña y a su Familia, para valorar si vive en un entorno familiar hostil o peligroso, para la chiquita, casi amenazando con quitar esa niña de su familia, para entregarla a alguna institución “guardadora” de niños, o hasta para hacer negocios, si pudiera hacerlos, por la vía de gestionar adopción con esa institución, en una especie de trata de niños desarraigados de su hogar por razones políticas impuestas por el presidente, que se identifica emocional, sicológica, siquiátrica y cotidianamente con un animal, el jaguar, que por su naturaleza, es un animal depredador, lo que explica en mucho la condición que tiene el presidente de animal político depredador del Estado, de sus instituciones sociales, y de los valores democráticos nacionales.

Lo que ha quedado en evidencia pública es que el Jaguar presidente le tiene miedo a la opinión de una niña, lo que constituye un máximo acto de cobardía pedofílica del Jaguar, que fue excitado por las manifestaciones que le hicieron saber de esa niña, que seguro le hizo recordar su infancia, (¿y juventud tal vez?) reprimida, y quizá hasta abusada, que lo hizo reaccionar contra esa niña, que por la forma es actuar contra todos los niños de Costa Rica.

Si el acto del animal Jaguar no es cobardía Pedofílica, entonces debe ser de cobardía Pedofóbica, que es cuando se les tiene miedo a los niños, lo que hace al pedofóbico rechazar a los niños, por actos traumáticos sufridos en su niñez. Es un miedo anormal y persistente de la ansiedad que se le puede producir de criar niños, o de tenerlos a su alrededor, en su hogar o en el hogar presidencial, según se quiera ver, en todo Costa Rica.

El ataque a la niña por el presidente ha sido contra todos los niños, contra todas las personas pequeñas y menores del país. Ha sido un irrespeto total a ellos, a su integridad, a su formación democrática, a su libertad de crecimiento en sus hogares y en escuelas.

En las escuelas y colegios hay elecciones estudiantiles, de infantes, de menores de edad. Incluso hay regulaciones electorales, de estos procesos estudiantiles, al amparo del Tribunal Supremo de Elecciones.

Obviamente, los hijos de los candidatos a cualquier puesto de elección popular están más identificados con sus parientes candidatos, y con los partidos de ellos.

¿Qué se puede esperar de hijos de candidatos a la Presidencia, como la hija del candidato Álvaro Ramos? Lo mínimo, identificación con su padre candidato, con lo que él piensa y con lo que se dice de sus principales contrincantes y de lo que se critica del gobierno, y del presidente de turno, sobre todo si se tienen todas las características de un déspota, un tirano, un dictador, un ser absolutamente autoritario.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería salir en defensa de los derechos de los niños, del derecho al sufragio que se les enseña y se los posibilita, en la práctica, el mismo día de las elecciones, donde esos niños están claramente identificados con partidos y candidatos, incluso en contra de los que tienen sus padres, que les respetan esas opiniones.

¿Qué se puede pensar del presidente que actúa violentamente contra lo que dice una niña de él? ¿Y qué se puede pensar de un presidente que ante manifestaciones políticas de una niña le echa encima a ella y su familia toda la institucionalidad del Estado, pidiendo represión contra ellos y atemorizando a toda la población y ciudadanía?

Lo mínimo que se puede pensar es qué a su familia, la del presidente, la trata violentamente, sin ningún respeto, imponiéndoles a la fuerza sus opiniones, sin permitirles ningún tipo de libertad de pensamiento. Podemos entender por ello el descalabro que la educación nacional ha tenido en este gobierno.

Si alguien se debiera investigar en sus relaciones familiares y parentales es al presidente de la República, si él quiere ser el prototipo de los costarricenses.

¿Cuál es la imagen que el presidente proyecta con este escándalo en estas materias? La del machista, la del abusador, la del negacionista de derechos, la del dictador esposo, la del tirano padre, la del presidente macho cabrío despidiendo el olor hircino para marcar constantemente su territorio…en su casa, en la Casa Presidencial, que es la de todos los costarricense, y en todo el territorio nacional…por donde vaya en sus giras…

La reacción que ha tenido el presidente no es solo contra esa niña. Es contra todos los niños de Costa Rica, sin entender cuál es la situación real y actual de la niñez costarricense. Sin entender que los niños son personas, que se les educa para ser ciudadanos en el futuro no muy lejano para ellos.

No entiende el presidente que hoy los niños se educan, en sociedades democráticas como la costarricense, con criterios más amplios, respetándolos como personas pequeñas, con sus propios derechos y libertades.

El presidente parece que cree que está mandando en Costa Rica, como seguramente operaba laboralmente en Indonesia y en los países donde trabajó imponiendo programas…

A la niña del candidato Ramos hay que destacarla. Es un ejemplo para la niñez y los jóvenes, pero también para padres de familia y educadores.

La presidenta del Patronato Nacional de la Infancia fue clara: cuando le informaron de lo que había dicho la niña de ocho años, que llamó “dictador” al presidente, inmediatamente ella llamó al presidente, porque como bien dijo el Jaguar, eso le hubiera molestado, que no le hubieran informado.

Los problemas públicos, notorios y escandalosos que vive diariamente la niñez del país, especialmente la de zonas marginales, de pobreza y extrema pobreza, pero también la de zonas urbanas, pareciera que no son vistos, ni atendidos de ninguna manera por el Patronato Nacional de la Infancia. Los niños de la calle, los niños en la calle, los niños y niñas en abandono, los llamados ninis, los niños de la deserción escolar, los niños del trabajo infantil que se ha ampliado de forma esclavista en el país, en regiones campesinas y de trabajos agrícolas y urbanos, lo niños de ventas callejeras, los niños que abandonaron la escuela o el colegio, lo brutalmente hecho por el gobierno de quitar el subsidio de los comedores escolares, del transporte estudiantil, las niñas y menores de edad embarazadas, ¿Acaso el Patronato Nacional de la Infancia no tiene que interesarse en ellas? ¿Qué ha hecho el Patronato Nacional de la Infancia ante el gobierno que eliminó los programas educativos que tenían que ver con la educación sexual y afectiva de los niños? Lo que se había regulado y disminuido de embarazo adolescente en zonas costeras, como Guanacaste y Puntarenas se ha vuelto crítico nuevamente, a la vista y paciencia del silencioso y cómplice, en este sentido, Patronato Nacional de la Infancia.

Para el presidente esas palabras de la niña Mariana Ramos no fueron espontáneas, propias, no fueron improvisadas o naturales. Así las ve, porque cada ladrón juzga por su opinión. Las actividades de las mesas de prensa del presidente, de los miércoles, son exactamente montadas, con guiones hechos, con preguntas y respuestas preparadas, con las preguntas y las respuestas para sus invitados ya todas cocinadas… Por eso no puede entender que una niña tenga opinión propia.

La niña Mariana no ha cometido delito alguno ni infracción de ningún tipo para que se le investigue a ella, y a su familia, por medio de trámites judiciales o administrativos.

La legislación nacional de Familia la protege en sus derechos de costarricense, de persona menor costarricense, con los derechos y libertades que tiene, como todo ciudadano. La legislación internacional de niños, ratificada por Costa Rica también la protege. Los Tratados de Derechos Humanos que hemos ratificado también la cubren.

La participación política y electoral de un menor no está prohibida. El único impedimento que tienen los menores de 18 años, entre ellos Mariana, es el del sufragio para decidir la representación popular. Pero en imitación de ese proceso se les organizan elecciones “infantiles” para que así se expresen el mismo día de las elecciones.

La censura a las ideas y opiniones de Mariana no caben. No hay censura previa. Y lo que dijo no puede someterse más que a la libertad de pensamiento y de opinión que ella misma ha elaborado por la información que ha recibido diariamente en su casa, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales infantiles a las que puede tener acceso.

Los derechos de reunión, de examinar la conducta de los gobernantes, que implica la crítica y la adjetivación de su persona o función, son válidos para Mariana.

Y cuando, en una gira presidencial en una imagen totalmente lasciva, que fue publicada, el presidente pidió que le dieran o entregaran una niña, que la devolvería después… ¿qué hizo el Patronato Nacional de la Infancia, sobre todo por la mala fama, o sombra, que acompaña y trajo del Banco Mundial el presidente? ¿La foto lasciva que se publicó del presidente, con la niña que solicito, acaso no mostraba una poderosa pederastia política, una inclinación “erótica” hacia la niña?

¿En qué quedamos con la niña Mariana y el presidente? El Jaguar se manifestó como un cobarde ante la niña de ocho años. La cobardía política pedofílica del presidente ante la niña se expresó en su falta de valor, su alta incapacidad ante el miedo, el peligro o la adversidad, que le produjeron las palabras de la niña, de que le dijera “dictador”, lo que llevó al presidente a huir, a ocultarse en las enaguas de la institucionalidad que representa la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, para evitar la situación difícil de su condición de “dictador”, de cobarde político amparado a la fuerza institucional del Estado, porque ese calificativo de “dictador” le llegó a su intimidad, y para desde esa tribuna institucional, el Patronato Nacional de la Infancia, disfrazar su Cobardía Pedofílica, el placer, probablemente erótico, que también le produjo el que la niña lo llamara “dictador”, considerando que la pedofilia produce esa atracción en el rango de las edades de 6 a 14 años de los niños.

Bien pudo ser también, que el presidente mostrara su cobardía pedofóbica política de miedo o rechazo a los niños que tienen opinión política propia, que le haya recordado un episodio traumático cuando era niño.

El partido Liberación Nacional y sus padres no tienen por qué ocultarla del escenario que el Jaguar la quería sacar, del ambiente democrático electoral del país, que estamos viviendo… Hasta febrero, abril y mayo próximo, donde se define si avanzamos hacia mayor o menor democracia, hacia una democracia o seguimos el camino de la dictadura y del autoritarismo.

Si todavía pesara alguna duda sobre la capacidad de la niña para tener opinión propia, bien podría someterse ella con el presidente a una comparación científica de la Inteligencia Emocional, y de la Inteligencia Emocional Política, que la niña evidentemente si la tiene, con la que el presidente no la muestra.

Si se quiere ir más allá, podría hacerse una comparación de los Coeficientes Intelectuales del presidente y de la niña. Por la forma con que hemos visto actuar al presidente pienso que en ambos temas es débil.

El aprendizaje, la memoria, la comprensión verbal, la capacidad espacial, la rapidez de procesamiento, la motivación interesada, el alto rendimiento escolar y expresión oral destacada de Mariana, que desde los tres años lee, como su padre que empezó a los dos años y medio la ruta de su éxito intelectual, probablemente supere en mucho al presidente, comparando las edades mentales con las cronológicas como se hace en estas pruebas.

Comparativamente, el presidente no calza en esta posible comparación por su baja expectativa para lograr objetivos mínimos, como lo ha demostrado en su gestión gubernativa.

La niña Mariana se ganó un sitio de honor en esta Campaña
Electoral. En ella se defiende a la niñez costarricense en todas sus libertades y derechos. En ella está, toda la niñez nacional, el futuro del país, así como en una semilla hay un árbol.

Mariana, me recuerda a Marianne, la figura que personifica, además de símbolo nacional de Francia, a la República Francesa, a la Revolución Francesa, a la mujer patriótica, fogosa, guerrera, pacífica, representante del pueblo, los que simbolizan el cambio de régimen, de gobierno autoritario, en aquella época monárquico, por el democrático republicano. Marianne es el símbolo de la Madre Patria, de la Madre que protege a todos los hijos de la República.

¡Bravo Mariana Ramos Castro! ¡Defendamos a Mariana y a los niños costarricenses de cobardes políticos, de pedófilos o pedófobos políticos, como el Jaguar de Zapote!

Fraude electoral

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Cuando la Presidencia de la República irrespeta la Constitución Política en una campaña electoral, incurre en fraude.

Cuando esa misma Presidencia irrespeta la legislación electoral, violentando la neutralidad que busca un trato justo entre los contendientes, incurre en fraude. Cuando también usa indebidamente recursos del Estado, para influir en la opinión de los electores a favor de candidatos oficiales, incurre en fraude. Cuando lo hace en contra de candidatos de oposición, igualmente incurre en fraude. Cuando lanza ataques soeces contra las autoridades electorales, con la evidente intención de resquebrajar la sólida confianza de los costarricenses en el Tribunal Supremo de Elecciones, incurre en fraude.

Cuando manipula las redes sociales con troles, perfiles falsos, personas inexistentes, en apoyo de «supuestos logros», para sumar simpatizantes de cara a las elecciones, incurre en fraude.

Cuando maltrata de palabra a periodistas de medios independientes, que se «atreven» a incomodarlo con preguntas de incuestionable interés público, incurre en fraude. Cuando «inaugura» obras que no se han siquiera iniciado para engañar a los habitantes, incurre en fraude.

Cuando culpa a los organismos de control del gasto, del fracaso de obras mal planificadas, como “ciudad gobierno” y una “marina en Limón”, con la intención de erosionar su ganado prestigio institucional, incurre en fraude.

Cuando sin escrúpulo alguno, se burla de la fundamental veda electoral que reafirma la prohibición a mostrar beligerancia política de cualquier tipo, incurre en fraude.

En fin, independientemente de la magnitud de las ilegalidades cometidas, cualquiera de ellas puede ser suficiente para cambiar el resultado de una elección reñida como la que se vislumbra. Muestra de esa eventual situación, fue el triunfo de don Óscar Arias sobre don Ottón Solís, decidido por solo el 1,1 % de los votos, sin que se hubiera dada beligerancia política alguna atribuible al respetado expresidente don Abel Pacheco.

Es claro pues, que incluso una beligerancia política apenas insinuada, podría tener un efecto brutal sobre la democracia, ¡si no es sancionada!, como ha de serlo en un país de derecho como Costa Rica, pues un resultado electoral sucedido en un contexto como el resumido, sería equivalente a un golpe de Estado, de sensibles, dolorosas, irreparables, consecuencias para nuestra amada Costa Rica. La sagrada voluntad popular, expresada en votos libres de perversas ilegalidades es el cimiento más importante de la institucionalidad que nos rige, y sobre la cual se ha construido un Estado admirado en el concierto de las naciones.

Por todo lo anterior, si en este momento histórico al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, se le ha de juzgar por numerosas causas de beligerancia política, y para ello es menester contar con el aval de una Asamblea Legislativa consciente de su alta responsabilidad, lo que los costarricenses esperamos es que las diputaciones se liberen de intereses personales o políticos, y le garanticen al señor presidente la oportunidad de responder a las acusaciones, con las opciones que le brinda el texto constitucional y la legislación electoral.

A solicitud de los magistrados del TSE, las damas y caballeros representantes populares que temporalmente conforman el Primer Poder de la República tienen ante sí, una responsabilidad superlativa, nunca antes vista. Su histórica decisión, aunque sustentada en hechos ya sucedidos, ¡es aún más importante para el futuro de la democracia costarricense!

Y es así pues en el caso injustificable de impedir juzgar al ciudadano que hoy preside el Poder Ejecutivo, se le estaría otorgando a éste un permiso para que, impunemente, siga adelante con su muy cuestionado comportamiento. Sería cual invitación, a mostrar sin desparpajo alguno, una beligerancia política desvergonzada, irrespetuosa, descarada, con la certeza de que cuenta con legisladores que le protegen e invitan a seguir por ese camino, y que no habría nada que le impida hacer lo que le dé la gana hasta el final de su administración.

Se trata pues, de escoger entre fortalecer el sistema democrático que aspiramos heredar a nuestros hijos y nietos, o el de asumir la vergonzante actitud de ponerse del lado de los que piensan que la Patria no es más que una palabra hueca, intrascendente, sin valor alguno. Por ello, respetuosamente instamos a las mujeres y hombres que están a pocos meses de alejarse de la gran sala del Plenario Legislativo, que antes de decidir cómo votar, lo conversen al interior de sus núcleos familiares, como generalmente sucede cuando se trata de tomar decisiones trascendentales que también afectan, para bien o para mal, a sus seres más queridos.

Dejar pasar como una cosa sin importancia una decisión semejante, podría tener efectos fatales, impensables, para la Costa Rica que solemnemente, invocando al Creador, una vez prometieron defender.

Preocupante señal en Naranjo

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Hemos defendido la alternativa de que, un eficiente y calificado, AyA, además de operador, sea el ente rector en el contexto de la gobernabilidad del agua potable como bien demanial. Y lo hemos hecho, principalmente como respuesta a la pretensión de que esa rectoría colegiada y lógica, sea ejercida personalmente por el ministro de Ambiente, tal y como se propone en el proyecto de nueva Ley de Aguas que, negándose a ser enterrado, sigue tramitándose neciamente en la Asamblea Legislativa, ahora producto de un acuerdo tácito entre chavistas y algunos liberacionistas.

Pero es menester que esa defensa de la rectoría a favor de un ente como el AyA, nos garantice, desde el punto de vista técnico y científico, que la misma ha de ser ejercida para, por ejemplo, la emisión de políticas y reglamentos respetuosos de las competencias de otros entes administradores del agua como bien de derecho público.

Rectoría que ha de ser bien comprendida por las mismas autoridades del AyA, para evitar que el mismo pretenda usarla para actuar cual matón de pueblo, contra el gobierno local y habitantes de Naranjo, como está sucediendo en estos días.

En el necesario proyecto de desarrollo del Condominio La Esperanza constituido por 120 viviendas de interés social, que de antemano se sabía tendría una gran demanda de agua potable, una empresa ¡arrancó su construcción y la finalizó! sin cumplir los muy responsables requisitos que la municipalidad de Naranjo había técnicamente solicitado. Empresa que tampoco previó, como se plantea en otros proyectos cuando se estima que el recurso agua podría ser insuficiente, en haber optado por fuentes de agua alternativas, a la que abastece hoy ¡Y en el futuro!, a los vecinos del cantón que merecen una mayor consideración y que no tienen por qué pagar las consecuencias de los errores y malas intenciones de otros.

Pues resulta que el AyA, que no administra el acueducto de Naranjo, violentó el muy claro marco de legalidad que rige a ese Instituto. Al hacerlo por instrucciones de la Presidencia de la República, cayó en un campo político donde eventualmente chocó con una barrera, que la misma empresa contratada por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) había estado forjando. Ello bajo la mirada cómplice de ocultos responsables que encargados garantizar el buen uso de los recursos a lo interno de la importante institución, tampoco reaccionaron con la vehemencia necesaria cuando en el presupuesto para el presente año, el exministro Nogui Acosta (ahora candidato a diputado en busca de inmunidad a partir del año entrante) disminuyó el presupuesto del BANHVI en más de 40.000 millones de colones, con las consecuencias nefastas que no es difícil imaginar, en momentos en que el país reciente la merma significativa en la construcción de viviendas de interés social.

Y es que, pareciere que la empresa constructora, mientras incumplía abiertamente la normativa del gobierno local, que ha demostrado a través de su alcalde estar seriamente preocupado por garantizar a los habitantes el abastecimiento de agua para el mañana, estuviere confiando en la ejecución de una acción «amistosa», de parte de algún cercano funcionario municipal. Para ello, habrán contado con la oportuna colaboración del aparato propagandístico de Casa Presidencial, que, en un momento fríamente calculado plantearía falsamente a la ciudadanía, que unos regidores y un alcalde insensibles, no les importaba dejar sin agua a 120 familias, por razones egoístas que solo ellos conocen.

En todo caso, tanto las autoridades del AyA, como el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora (bueno para nada) y, mucho menos, el presidente de la República Rodrigo Chaves, pueden echar a la basura la estructura legal que todos los costarricenses hemos de respetar.

Apoyados en su inmunidad, presidente y ministro han gritado ¡A LA CARGA!, cual si fuesen partes de una dictadura militar tipo Ortega o Bukele, y bajo la acción amenazante de un escuadrón de policías antimotines, asaltaron las instalaciones del acueducto municipal, para que, por la fuerza, trabajadores del AyA, sin proceso legal alguno, procedieran a hacer las conexiones forzadas para abastecer de agua, los edificios recién terminados, bajo la mirada de efectivos del Ministerio de Seguridad Pública, con órdenes de actuar en caso de que autoridades del gobierno local se atrevieran a obstaculizar las órdenes del inquilino de Zapote y Monterán.

Por eso, amigos, llamamos la atención. ¡Esa preocupante señal de matonismo jamás debe tolerarse!, por lo cual esperamos que el Poder Judicial, que en este momento también tramita precisamente, un proceso contencioso administrativo alrededor del mismo caso, ordene la corrección inmediata, y terminante, del peligroso, provocador y antidemocrático hecho, que, como antecedente de tinte político-electoral, ha de preocupar a otras comunidades que enfrentan amenazas, por el uso del agua con intereses privados, que erosionan sus derechos al abastecimiento del agua en calidad y cantidad adecuadas. O que igualmente, están amenazadas por autoridades ambientales dispuestas a construir incineradores o vertederos de basura en sus alrededores, que pudieren usar la fuerza bruta para ejecutar sus deseos. Así de frágil puede ser el sistema democrático, si no le prestamos atención y lo fortalecemos día con día.

22.9.2025

Notas sobre el gobierno Chaves Robles (2)

Walter Antillón

Este escrito consta de tres partes: 1) Magia, saber y poder político; 2) El presidente Chaves y su modo de gobernar (pendiente); y 3) Los delitos del presidente Chaves.

III. Los delitos atribuidos al presidente Chaves

Existe algo que podría llamarse “síndrome de impunidad”, muy frecuente en las cúpulas políticas y funcionariales y endémico en la alta burguesía. Otorga al afectado la sensación de que bien puede permitirse ciertas transgresiones sin sufrir consecuencias desagradables. Conocí hace años la historia de un joven de ‘buena familia’ que se vio envuelto en un asunto dudoso y, lleno de temor, acudió al consejo de un expresidente, quien lo tranquilizó diciéndole: “personas como Usted y como yo no deben inquietarse por esas cosas”. Al final el asunto no terminó bien, gracias a que en Costa Rica, a pesar de la Corte y muchas circunstancias obstaculizadoras y frustrantes, al día de hoy parece que hemos superado la plaga de los fiscales amigables, de modo que subsisten cuerpos del Ministerio Público, de la Judicatura y de la Policía Judicial que conservan la mística de la justicia.

Pienso que el presidente Chaves ha estado aquejado del síndrome de impunidad desde hace años, inoculado durante su larga exposición a la influencia del alto funcionariado internacional. Muestra de ello fue, sin duda, su desafortunado conflicto con algunas excompañeras, que lo llevó a su condena y su salida del Banco Mundial. Sin embargo, ya de regreso en Costa Rica parece que las cosas no han mejorado.

Frecuente uso arbitrario y antijurídico del poder

Todos sabemos que cada presidente de Costa Rica, por mesiánico que pueda sentirse, debe mantener sus actuaciones dentro de los límites de la Constitución y la Ley: las potestades presidenciales, aún las discrecionales, no son legibus soluta; al contrario, caen enteramente bajo el principio de legalidad.

¿No es lamentable comprobar que el presidente Chaves, desde su candidatura, se ha ido hundiendo en el ilícito?

El régimen normativo e institucional de un Estado de Derecho se aviene mal con la investidura mesiánica, y el actual titular del alto cargo, haciendo gala de la inteligencia de un jaguar, parece que no ha conseguido digerirlo:

ya desde la campaña electoral, pero sobre todo una vez electo, el presidente Chaves ha asumido una pose de supremacía más allá de los límites normativos de su cargo; ha pretendido mano libre en sus designios, como si fuera un dueño de empresa; y por ese camino ha ido incurriendo en actitudes aberrantes y ha tomado decisiones inadecuadas que han tenido consecuencias.

En efecto, una abundancia de actitudes violatorias de límites y prohibiciones legales y reglamentarios de parte del presidente (en solitario, o en compañía de sus ministros) han provocado una avalancha de denuncias que el Ministerio Público está investigando, y que, hasta donde conozco, son alrededor de 70:

12 por incumplimiento de deberes

9 por tráfico de influencias

4 por nombramientos ilegales

4 por prevaricato

3 por abuso de autoridad

2 por influencia contra la Hacienda Pública

1 por financiamiento privado de la campaña electoral

1 por desobediencia

1 por fraude de ley

1 por legitimación de capitales

1 por coacción

1 por penalidad del corruptor, etc.

Lo anterior, sin contar con las numerosas causas pendientes contra ministros y otros personeros del Gobierno. Se trata de una cifra escandalosa, sin parangón en la historia Patria. ¿Cómo llegamos a este grado de litigiosidad penal?

Según el Gobierno Jaguar y sus seguidores la responsabilidad por la situación recae espectacularmente en el fiscal general y su equipo del Ministerio Público; en la Corte Suprema y en los partidos, los diputados y la prensa canalla. Pero lo que la masa chavista generalmente no sabe es que el Ministerio Público sólo actúa por denuncia proveniente de otras autoridades, o de personas o grupos privados.

Y entonces ¿quiénes son las decenas de denunciantes del presidente Chaves y sus colaboradores ante el Ministerio Público? No la Corte Suprema ni los jueces, sino funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos y mucha gente integrante de la sociedad civil: sindicalistas, empresarios, maestros, miembros de las directivas de las instituciones, funcionarios subalternos de los ministerios, antiguos personeros del propio Gobierno que, en un cierto momento, entraron en pugna con el presidente o sus ministros: fueron despedidos o renunciaron a sus cargos, etc.

Por mucho que se admire al presidente Chaves, es insensato seguir aferrados al prejuicio de que todo se trata de injustas persecuciones; que los grandes burócratas de la vieja guardia, como la Contralora General, los Procuradores, la Defensora de los Habitantes conspiran contra el presidente porque temen ser descubiertas sus fechorías y no quieren perder sus supuestas prebendas, etc. No: muchas de esas causas penales serán desestimadas, y lo están siendo ahora; también habrá sentencias absolutorias; pero es muy posible que en algunos casos el ciudadano Rodrigo Chaves Robles y algunos de sus ministros resulten justamente condenados; y lo serán, con toda probabilidad, por jueces independientes e imparciales.

Los casos

Mostraré los datos de algunas de las causas pendientes, por vía de ilustración:

1.- Cause seguida por llevar adelante el candidato Chaves, junto con un grupo de sus partidarios, la trama del financiamiento paralelo de la campaña, a pesar de la prohibición legal contenida en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral. Dicha trama ha sido investigada por el Tribunal Supremo de Elecciones desde 2022, y culminó con la acción penal del Ministerio Público que dio lugar al Expediente Judicial 22-000210-0276-PE. En materia judicial nadie es dueño de la verdad, y la suerte de los procesos es incierta (habent sua sidera lites, decían los antiguos), pero la documentación de la causa es abundante y, francamente, no tiene un buen pronóstico.

ARTÍCULO 274.- Delitos sobre las contribuciones privadas

Se impondrá pena de prisión de dos a cuatro años: a) A quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica nacional o extranjera, o persona física extranjera, contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político. b) Al extranjero(a) que contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político, excepto cuando se trate de lo establecido en el artículo 124 de este Código. c) Al extranjero(a) o representante legal de persona jurídica extranjera que adquiera bonos o realice otras operaciones financieras relacionadas con los partidos políticos. d) A quien realice contribuciones, donaciones o aportes directamente a favor de tendencias, candidatos o precandidatos oficializados por el partido político, evadiendo los controles de las finanzas partidarias. e) A quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas o mediante la utilización de mecanismos de gestión o recaudación que no estén previamente autorizados por el comité ejecutivo superior del partido.

En estos días la Corte Plena ha pedido a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional del presidente y demás funcionarios imputados en esta causa.

2.- Por afectar los derechos políticos fundamentales del ciudadano Claudio Alpízar, el Tribunal Supremo de Elecciones acogió un recurso de amparo contra el presidente Chaves, quien además resultó condenado en costas, daños y perjuicios (Resolución del TSE número 4259-E1-2025, emitida el 24 de junio pasado). Un presidente no puede abusar de su alto sitial para tratar de destruir políticamente a un ciudadano. Esto, en Costa Rica, no es un acto típico penal, pero sin duda es un ilícito y una inmoralidad.

3.- Por solicitar el presidente Chaves un beneficio patrimonial indebido (“un cariñito”) a favor de su colaborador Federico Cruz Saravanja, en el marco del contrato con la empresa RMC Productora S.A., con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Previa denuncia, el hecho fue investigado por el Ministerio Público como configurador del delito de concusión descrito en el artículo 355 del Código Penal, y dio lugar al expediente judicial número 25-000019-0033-PE. También en relación con esta causa, la Corte ha pedido levantar el fuero de inmunidad del presidente.

El citado artículo 355 dice: “se impondrá prisión de dos a ocho años, al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”

Nota al margen: El delito de concusión es una práctica arraigada en muchos gobiernos. En Nicaragua lo practicaban sistemáticamente los Somoza; en Costa Rica lo practicó, comprobadamente, Daniel Oduber. En el apogeo de la corrupción de la Democracia Cristiana en Italia, este país fue llamado ‘Tangentopoli’: “País de la concusión”. La operación ‘manos limpias’ ejecutada por los jueces y los fiscales a fines del siglo XX, acabó con la concusión en Italia … por un tiempo.

4.- Por ofrecer el presidente Chaves los votos de su bancada al diputado Rodrigo Arias, a cambio de que se archive la causa 22-000210-0276-PE por financiamiento paralelo. Se trata del llamado delito de “penalidad del corruptor” (tal vez mejor llamarlo delito ‘de oferta ilegal’) descrito en el artículo 345 del Código penal. Con la noticia del hecho, el Ministerio Público promovió, a su vez, la causa penal a que se refiere el expediente 24-000031-0033-PE.

El artículo 345 del Código Penal dice: Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores (modalidades de cohecho) serán aplicables al que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida.

Nota: lo escrito entre paréntesis no corresponde al texto original del artículo.

5.- Al disponer, perniciosa y arbitrariamente, que La Rueda de la Fortuna (programa de la Junta de Protección Social de San José) pasara de Canal 7, donde siempre disfrutó de un público masivo, al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) con audiencia muy reducida, el Presidente incurrió en el delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado por el artículo 52 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. La denuncia dio lugar al expediente judicial número 23-000082-0033-PE.

Dispone el citado artículo 52:

Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro (. . .) Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior (. . .) Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional.”

6.- El presidente Chaves hizo sendos nombramientos ilegales en las personas de Cindy Quesada Hernández y Erika Nahrgang Rodríguez, y como ministro de Hacienda en el Gobierno Alvarado, había hecho lo propio con Jacqueline Soto Rivel. Expediente judicial número 22-000052-0033 PE.

ARTÍCULO 337.- Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

7.- En suma, desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves se ha observado en el presidente, en su Consejo de Gobierno y en varios de sus ministros una actitud desafiante ante el bloque de legalidad del País:

A) como fue el caso de la suspensión ilegal de algunos directivos de la Caja en 2022, que fueron reinstalados por la Sala Constitucional en 2023;

B) la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia «en defensa de la libertad de prensa», anuló el abuso palmario de poder constituido por la orden de cierre emitida por el Gobierno contra el centro de eventos Parque Viva, propiedad del Grupo Nación y condenó al Ejecutivo al pago de daños y perjuicios;

C) miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, fueron destituidos arbitrariamente en mayo de este año, violando autonomías garantizadas en la Constitución y en las leyes, tal como lo tiene establecido reiteradamente la Sala Constitucional. Se trata, como el anterior, de una clara desviación de poder, y su destino más que probable es la anulación.

Como consecuencia de la transgresión constante y el discurso disolvente e intransigente de don Rodrigo, el escenario actual es de odio, de confrontación y de zozobra; y estoy seguro de que él está consciente de ello. Y entonces, ante la inevitabilidad de su condena en algunas de las decenas de causas penales pendientes en su contra ¿qué hará?

¿Extremará su esfuerzo carismático apostando a un triunfo aplastante en las próximas elecciones, a fin de tratar de influir a posteriori en el destino de tantos procesos? Pero no cuente con ello, si Costa Rica mantiene la institucionalidad del Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

¿Tentará entonces el camino de la sedición, como algunas veces lo ha dejado entender? ¿se arriesgará al golpe de Estado, confiando en una supuesta lealtad de la Policía Administrativa, o en la remota posibilidad de ayuda militar de un país extranjero?

Ni el auténtico pueblo costarricense ni el orden jurídico interamericano lo permitirían; y nuestra Policía Administrativa conoce la Constitución. Y, por último, sería cruelmente irónico que una persona que vio transcurrir la vida fuera de la patria, regrese a hundirla en el caos de la reyerta fratricida, asegurándose con ello un lugar en el estercolero de la Historia, un piso por debajo de los Tinoco.

Del combate a la corrupción al abuso de poder: Costa Rica en la mira

Martín Rodríguez Espinoza

Yo no sé ustedes, pero a mí como ciudadano me preocupa como se vienen dando estas, y muchas otras cosas sin que se le ponga freno, antes de que sea tarde. ¿Violar la Constitución Política, las Leyes y autonomía de los Poderes de la República?, me suena a que se cocina un régimen autoritario, con sesgos cercanos al fascismo muy fuertes. Esto, aunque crea que crea en que vivimos en una democracia de los ricos y no del pueblo, la Constitución, no perfecta, pero con cosas importantes, es La Constitución.

También creo que, desde el golpe de Estado en 1948, los años 50’s, 60’s, 70’s, y profundizándose más fuertemente desde los años 80’s a esta parte del siglo XXI, la corrupción descarada, el saqueo y la estafa han prevalecido. Hay un poder financiero de un grupúsculo de familias que han manejado títeres en la silla presidencial y las curules legislativas, así como en gobiernos locales, para seguir acrecentando sus ganancias a costa de la clase trabajadora y el pueblo en general.

Ya lo vemos hoy con el tema de la CCSS, la jornada de 12 horas, la Ley antihuelgas, el Combo Fiscal, la Ley de Empleo Público, el TLC y tantos otros nefastos inventos impulsados por ese poder económico y ejecutado por los verdugos del pueblo desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aparte de los “medios de comunicación”, que pertenecen a esta casta financiera.

Claro que hay razón para hablar que hay una inmensa telaraña de corrupción y saqueo en Costa Rica, siempre dije que este país es de los más corruptos del mundo.

Pero en Costa Rica estamos viendo con profunda preocupación cómo el aparato estatal está siendo utilizado para perseguir políticamente a congresistas y periodistas, bajo el pretexto de combatir esa corrupción. Que una unidad como la UEI, adscrita al Ministerio de la Presidencia, reciba órdenes “de arriba”, como dicen los medios de comunicación, para vigilar a diputados vinculados a Huawei y a comunicadores sociales es un grave atentado contra la Constitución Política, aunque ya lo han hecho contra dirigentes sociales desde hace décadas.

No estamos hablando de una investigación judicial legítima, sino de seguimientos extralegales ordenados desde el poder Ejecutivo, lo cual recuerda los peores momentos del autoritarismo disfrazado de lucha contra la corrupción. Cuando el Estado vigila a quienes deben fiscalizarlo, cuando se espía a la prensa y al parlamento, no estamos ante un gobierno transparente, sino ante uno que abusa del poder para silenciar y amedrentar. La verdad no se busca con espionaje, se exige con rendición de cuentas, respeto a la libertad de expresión y al proceso de recolección de pruebas que demuestren el delito.

Esto que vivimos en este momento, como sucedió en la Alemania Nazi, en el Chile de Pinochet, de Efraín Ríos Montt en Guatemala, los Somoza en Nicaragua y tantos otros, puede convertirse en una dictadura fascista. Eso, quiéranlo aceptar o no, es una tragedia social de grandes y nefastas consecuencias.

En mi siguiente comentario, “El bonapartismo en Costa Rica”, que estoy por terminar, comentaré sobre cómo y por qué surgen este tipo de peligrosos sujetos, y cómo desde el marxismo ya estaba identificado este tipo de situaciones producto de la podredumbre del sistema capitalista en decadencia.

29 de junio de 2025

El presidente está obligado a respetar el Derecho Laboral y el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales de la Constitución Política

Vladimir de la Cruz

Hace ocho días, en la acostumbrada perorata que monta el presidente con sus periodistas amigos, de preguntas y respuestas montadas, y con los funcionarios de gobierno que obliga a acompañarlo, al exaltar que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, se había pronunciado a favor de la jornada esclavista de trabajo, de 12 horas diarias, la llamada 4-3, hizo pasar a su lado, como también acostumbra, al presidente la Junta Directiva para felicitarlo.

Al hacerlo le dijo al presidente del INA que había sido un acuerdo unánime muy importante, por lo que el presidente del INA le aclaró que no había sido por unanimidad. Le manifestó que en la Junta Directiva hubo un voto disidente, en contra. El presidente ofuscado, perdiendo, como de costumbre sus controles mentales, le increpó qué quién o cual miembro de la Junta Directiva había votado en contra.

El presidente del INA un poco confuso en qué responder, supongo que respetando el derecho de un directivo de discrepar, insistió que no era un acuerdo unánime. De nuevo, el presidente Chaves, más agresivo, irrespetando al presidente del INA, le insistió en saber quién había votado en contra. El presidente del INA sin poder evitar la respuesta, obligado a ella, casi refunfuñando, con cierto nerviosismo, con decencia y vergüenza a la vez, le manifestó que había sido el representante sindical en la Junta Directiva del INA.

El presidente Chaves de nuevo arreció, con cólera, con ira que se veía que le subía la temperatura, indagando sobre el representante sindical, insistió en saber quién era, y presionó al presidente del INA para que dijera el nombre del directivo del INA y Representante del movimiento sindical.

Ante ese nuevo arrebato el presidente del INA le dijo que el representante sindical era Tyronne Esna. Sobre el dirigente sindical inmediatamente el presidente Chaves, como acostumbra, para bajarle el piso a una persona, para burlarse de él, o para denigrarlo públicamente, empezó a pronunciar mal el nombre, llamándolo “terrón”, insistiendo burlonamente en un descalificativo sobre el nombre de la persona, menospreciándolo, desacreditándolo, tratando de dañar su reputación, imagen y credibilidad, y cuestionando que pudiera estar en la Junta Directiva del INA.

El presidente Chaves, trastornado mentalmente como se mostraba, insistió en saber de qué sindicato era Tyronne Esna. Se le informó que era del sindicato SITRAPEQUIA y de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum. No satisfecho con burlarse del nombre del dirigente sindical también lo hizo con la organización sindical al llamarla “Rarum”

El presidente también ordenó que le dieran un informe sobre el directivo Tyronne Esna, insinuando que sobre ese informe él procedería en lo que pudiera.

Esta central sindical, originalmente, allá por 1943, la había constituido e impulsado Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. El arzobispo con Rafael Ángel Calderón Guardia, entonces presidente de la República y Manuel Mora Valverde, entonces Diputado y Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, que en ese mismo momento, junio de 1943, estaba cambiando de nombre, a solicitud del Arzobispo, por Vanguardia Popular, fueron los que impulsaron esa Reforma Social, fundamento de nuestro sistema democrático.

La historia de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum es muy rica en la Historia costarricense y en la Historia de las luchas de las clases trabajadoras del país. Sus dirigentes han sido muy reconocidos y respetados por los diferentes gobiernos que han tenido que tratar con ellos.

En la Historia de las clases trabajadoras de Costa Rica se dieron leyes laborales, resultado de sus luchas y de su necesidad reconocida. Así, por ejemplo, la jornada de ocho horas de trabajo diario, y de 48 a la semana, se estableció en Costa Rica desde diciembre de 1920. En la Reforma Social de 1943, que impuso el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales en la Constitución Política de 1871, que era la vigente, lo que se reafirmó en la Constitución Política de 1949, que es la Constitución actual, esta jornada de trabajo así se estableció y así existe.

En esas reformas de garantías y derechos constitucionales se estableció el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, (Artículo 60), el derecho a la huelga, (Artículo 61), y el derecho a realizar Convenciones Colectivas de Trabajo, (Artículo 62), entre los 74 artículos de este capítulo constitucional que vela por los trabajadores costarricenses, entre otras cosas.

Con el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales también se aprobó en 1943 el Código de Trabajo, donde estos tres derechos fundamentales también se establecieron y regularon.

El presidente Chaves obviamente no conoce la Constitución Política, o no la lee, y si la lee no la entiende.

Como resultado de las luchas laborales internacionales también se desarrolló la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1919, originalmente ligada a la Liga de las Naciones y posteriormente, en 1945, como organismo de las Naciones Unidas.

En la OIT están representados los gobiernos, los empleadores o patronos y los sindicatos. Cada año en Suiza se reúne oficialmente la Asamblea de la OIT con representantes de estos tres sectores. La delegación nacional así se presenta.

En OIT se han aprobado 190 Convenios Internacionales de Trabajo, obligados para los países que así los ratifican. Costa Rica desde 1959 ha aprobado 52 de esos Convenios, entre ellos 8 de los 10 convenios fundamentales, 4 de gobernanza y 40 técnicos. Además, ha ratificado un Protocolo.

De los Convenios fundamentales aprobados están el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949, el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, de 1971.

Las convenciones colectivas de trabajo, acordadas entre trabajadores y patrones o empleadores, de acuerdo con la Constitución Política, tienen rango de ley. Son de acatamiento obligatorio y deben respetarse, por quienes las pactan, como por el gobierno cuando tienen resultados que le afectan, como es el caso de reconocer obligadamente a los representantes sindicales que los sindicatos nombran, independiente si al gobernante de turno le gustan o no, para que participen de Juntas Directivas de instituciones públicas, estatales, si por ley tienen esa representación.

En la fanfarria política que montó el presidente el miércoles pasado, se alteró mentalmente, cuando supo de la existencia de la Convención Colectiva de Trabajo, que protege al dirigente sindical Tyronne Esna, que le otorga el derecho al permiso laboral correspondiente para ejercer su trabajo sindical y representar por ello a los trabajadores. En este asunto el presidente Chaves se refirió al dirigente sindical como un vagabundo, condición que extendió a los trabajadores sindicalizados.

En esa sesión del miércoles pasado también estaba presente el ministro de Trabajo, que debe conocer toda esta legislación laboral, social y constitucional, quien pudo aclararle al presidente Chaves que las Convenciones Colectivas de Trabajos son válidas en Costa Rica, que los sindicatos son legales y que tienen autonomía e independencia para nombrar sus dirigentes sindicales y sus representantes ante los organismos que deban hacerlo.

El ministro de Trabajo fue sordo, ciego y mudo ante al ataque del presidente a la forma como se refirió al dirigente sindical Tyronne Esna. El presidente del INA hizo lo que pudo, estando en una posición de cucaracha en bisagra. Se le veía con pena contestando al presidente el ataque y presión que hacia la Junta Directiva del INA. Se le veía amenazado, asustado, por el presidente, atendiendo muy claramente el mensaje autoritario, que el presidente enviaba, de que había que estar de acuerdo con él o no estar en la Junta Directiva.

Es la Junta Directiva la que tiene que disculparse con el dirigente sindical, miembro en igualdad de condiciones con los restantes miembros de esa Junta, de los arrebatos ofensivos del presidente de la República contra su persona. Si los directivos no lo hacen queda en evidencia, su temor, su miedo…y, con todo respeto, su bajada de pantalones y enaguas…

Es la Junta Directiva la que tiene que explicar que en el desempeño del trabajo de las instituciones puede haber disidencias y desacuerdos con relación a lo que se trata y dispone en ellas. Es la Junta Directiva la que tiene que ratificar que en su seno los sectores representados tienen autonomía y libertad para opinar cuando así en representación de sus grupos lo hacen.

El presidente al atacar y cuestionar el derecho de oposición del directivo del INA Tyronne Esna, viola los principios constitucionales de libertad de opinión, de pensamiento.

Los sindicatos deben preparar una acusación ante la OIT de la agresión constante que hace el presidente contra los sindicatos, contra sus dirigentes sindicales, contra la libertad de opinión de los dirigentes sindicales, contra los artículos constitucionales y laborales que garantizan el ejercicio de los sindicatos y sus dirigentes, contra los derechos fundamentales de libertad sindical y de negociación colectiva.

Igualmente, deben llevar su protesta a los organismos internacionales, como la OCDE, pidiendo que se exija a Costa Rica el cumplimiento del respeto a los derechos laborales, sindicales y humanos.

Los sindicatos deben cerrar filas ante estos agravios orientados a sembrar el terror, el miedo, el temor reverencial, como parte de su ejercicio autoritario del poder que quiere instalar.

Compartido con SURCOS por el autor.

Asociación solicita a ministro investigar «presunto prevaricato» y otros para favorecer intereses vinculados al Plan Regulador Costero de Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita al ministro de Ambiente investigar, si existió prevaricato, abuso de poder y otros por parte del Consejo Regional Ambiental del Área de Conservación Amistad Caribe (CORAC), al ordenar la suspensión y abandono de los humedales ubicados dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca.

Las zonas presuntamente afectadas están enlistadas en el documento técnico denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”.

La Asociación, en documento firmado por Marco Levy Virgo pide averiguar si con ese accionar se buscó incidir en la aprobación del Plan Regulador Costero de Talamanca. Con esto se habrían favorecido los intereses de Luis Fernando Arias Molina, Enrique Pucci Coronado y Jorge Molina Polanco, Aurora Gámez, Emily Yozzel y otros.

La amenaza del fundamentalismo

Por
Arnoldo Mora

Entiendo por “fundamentalismo” el intento ideológico por justificar la irracionalidad del abuso del poder, recurriendo a una interpretación suprarracional de la acción humana, con fines éticamente inaceptables en razón de su carácter inhumano, que puede llegar a una dimensión genocida. El recurso a la divinidad o a fuerzas sobrehumanas con el fin de imponer su voluntad de manera brutal, ha sido el recurso al que suelen recurrir los déspotas de todos los tiempos. Pero el fundamentalismo, si bien de origen esencialmente religioso por sus implicaciones metafísicas, se extiende también a otros ámbitos del quehacer humano, como la economía, la tecnología o la cultura; aunque lo más frecuente es el recurso al fundamentalismo religioso para legitimar pretensiones de sojuzgamiento político con fines de explotación de recursos humanos y naturales.

Tal es el caso de lo que ahora mismo estamos viendo en la más reciente guerra, la que libran palestinos e israelíes. Ambos recurren a argumentos religiosos; le dan un carácter religioso o de guerra santa o “Yihad” en el campo musulmán, o invocando una supuesta condición de “pueblo escogido” por Dios por parte de los judíos. Las dos argumentaciones son igualmente deleznables y de efectos aterradores en todas las épocas, pero especialmente en la actual, debido al carácter destructor de toda forma de vida de que está dotado el armamento moderno, debido al incremento de los presupuestos multimillonarios destinados al desarrollo científico y tecnológico con fines militares. Desde el recurso a la aviación en la guerra como instrumento para lograr lo que en la estrategia militar se solía llamar ”ablandamiento artillero”, cuyo fin es destruir con bombas los puntos estratégicos del enemigo (puentes, carreteras, campamentos, frentes de avanzada, centros de telecomunicación, etc.) y provocar el terror en las filas y la población del enemigo, con el fin de preparar la invasión posterior del grueso de las tropas del ejército de tierra, esta infernal estrategia militar ha servido frecuentemente para aniquilar implacablemente a la población civil desarmada e inerme, compuesta mayoritariamente por niños, mujeres, ancianos y enfermos. Todo lo cual le ha dado un carácter infernal a las guerras modernas. Todas las guerras lo han sido siempre, pero ahora la tecnología las ha hecho monstruosamente deletéreas, hasta el punto de que el recurso al armamento atómico y a la guerra biológica podría poner fin a la especie humana. Eso hace de la guerra un mal en sí, la negación del don más precioso, cuya preservación e incremento es la razón de ser de la ética, como es la vida, no sólo la humana sino en todas sus formas y manifestaciones.

Pero la guerra o el genocidio, no son un destino fatal para la humanidad. Como respuesta a la búsqueda e implementación del poder, el ser humano ha ideado la “política”, es decir, el recurso al discurso, a la palabra persuasiva basado en argumentos racionales, con el fin de provocar consensos en que se funda el ejercicio de la libertad colectiva. De esta manera, los pueblos asumen los desafíos del presente y avizoran horizontes de esperanza hacia el futuro. Para lograr tan nobles objetivos, se han creado instituciones regidas por todo un cuerpo de leyes llamado “derecho internacional” o normas que rigen las relaciones entre naciones; con ello se hace factible que el enfrentamiento dialéctico desemboque en acuerdos políticos. El derecho internacional e instituciones como Naciones Unidas, han sido creados con este objetivo. Cumpliendo estrictamente las normas del derecho internacional bajo la supervisión de organismos supranacionales a fin de cumplir los acuerdos logrados, se lograrán los nobles objetivos de la política. El diálogo político que incluye el enfrentamiento ideológico, hace del otro un interlocutor con derechos y deberes, es decir, una “persona” y no un enemigo a destruir, como en la guerra. Pero quien trata al otro como un ser infrahumano, se deshumaniza él mismo, quien trata al otro como bestia, se convierte en bestia él mismo.

Por desgracia, lo que acabo de decir lo están viviendo trágicamente los pueblos de Israel y Palestina, especialmente éste último. Estamos ante la bestialidad pura, todo sustentado cínicamente en argumentos pseudoteológicos; lo cual contradice palmariamente la enseñanza original de los maestros de las que se nutren esas ancestrales tradiciones religiosas. La utopía religiosa por excelencia en las religiones sinaíticas es la paz (shalom). Pero la paz es el fruto del reconocimiento de la dignidad del otro en su condición de desvalido. Nadie como el profeta Jeremías, fundador del nacionalismo judío, lo dijo en estos inequívocos términos: “Dios es la mirada de la viuda, del huérfano y del extranjero”. Y el más grande de los profetas de Israel, Isaías, dijo esta sentencia que nunca como ahora debe aplicarse en este abominable conflicto: “La paz es obra de la justicia”.

Este 7 de noviembre afrontan juicio estudiantes criminalizados por defensa de educación pública – concentración

Estudiantes criminalizados por manifestarse durante las protestas del 2019 en defensa de la Educación Pública, tendrán que ir a juicio el próximo 7 de noviembre de 2023*.

San Ramón, Alajuela. Comunicado. – Los cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el próximo martes 7 de noviembre en los Tribunales de San Ramón.

En diciembre del 2019, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón. La fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que los estudiantes debían ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, el proceso de juicio se puso en pausa debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 263 bis del Código Procesal Penal.

La Sala Constitucional emitió su respuesta a dicha acción el pasado 23 de agosto de 2023, y declaró que la acción de inconstitucionalidad presentada contra este artículo no tiene mérito, lo que significa que no hay impedimento legal para continuar con el proceso judicial, incluyendo la celebración del juicio y la posterior emisión de una sentencia.

En resumen, la vía legal para avanzar en este asunto ha sido despejada.

Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan contar con el apoyo de organizaciones sociales aliadas en este juicio, para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.

Los estudiantes han insistido en que NO incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

¡Nos vemos el 7 de noviembre a las 6:00pm en los Tribunales de San Ramón de Alajuela en solidaridad con las y los estudiantes que defienden su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!

*Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

Foto: Semanario Universidad.