Convocatoria abierta para niñas, niños, colegiales y universitarios
Las personas amantes de la tecnología, de la robótica y de la ciencia tendrán la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos, así como de fortalecer sus habilidades en estas áreas, en el Robotifest UCR 2024.
La Escuela de Ingeniería Industrial de la UCR abrió la convocatoria para uno de los encuentros científico- tecnológicos más importantes del país y de la región centroamericana. Se trata de la inscripción para el Robotifest 2024, la cual se mantendrá abierta desde el 6 de mayo del 2024 hasta el 30 de setiembre, en la página: http://eii.ucr.ac.cr/robotifest/robotifest.html
El lanzamiento oficial del Robotifest 2024 se llevará a cabo el próximo lunes 6 de mayo en la Sede Interuniversitaria de Alajuela y es abierto al público en general. Durante este espacio los participantes podrán conocer los desafíos de la competencia, y realizar un recorrido por los laboratorios de automatización y robótica industrial.
De esta forma, durante el Robotifest 2024, niñas y niños y personas jóvenes de todo el país, tendrán la oportunidad de explotar al máximo su potencial creativo y de presentar sus proyectos y soluciones tecnológicas para afrontar distintas problemáticas que impactan nuestra vida diaria.
En el marco de gran festival científico- tecnológico, las personas participantes también recibirán capacitaciones, talleres y charlas sobre tecnología en general y tecnologías disruptivas de la industria 4.0 (Internet de las cosas, Inteligencia Artificial, Análisis predictivo, Tecnología Aeroespacial, Robótica Educativa, entre otras), las cuales les ayudarán a robustecer sus proyectos e iniciativas de innovación.
El evento se llevará a cabo de forma bimodal, es decir tendrá actividades virtuales, pero también presenciales, y contará con nueve categorías de participación:Proyectos abiertos, Póster científico, Nao V6 con Choregraphe y Nao Python, Autómatas, Forecasthon, Factory Simulation Game, Reto Aerospacial- Misión Lunar y IoT&AI.
La Ing. Natalia Ureña Pérez, una de las investigadoras a cargo de Robotifest 2024 explicó que la iniciativa pretende democratizar el acceso al conocimiento de la ciencia, la tecnología y la robótica.
En el caso de la categoría “Proyectos abiertos”, los competidores deberán proponer un proyecto que brinde solución a un problema relevante, con un prototipo innovador, viable y funcional con aplicaciones de automatización, autonomización y/o robótica. En la de “Póster Científico” se debe presentar una propuesta que muestre cómo un problema de investigación ha sido abordado con un método científico y sus resultados analizados de forma sistemática y con replicabilidad.
Por otra parte, las categorías de Nao V6 con Choregraphe y Nao Python consisten en desafíos de programación en diferentes niveles de complejidad para conseguir que el Robot humanoide NAO logre ejecutar los retos propuestos. Mientras que la categoría de Autómatas consiste en presentar una propuesta artística con elementos de automatización.
En cuanto a la categoría de Forecasthon, se trata de un desafío de análisis de datos para lograr proponer la optimización de niveles de inventario aplicando técnicas de pronósticos. Mientras que en el caso de Factory Simulation Game, consiste en una plataforma de simulación virtual, en donde los equipos deben interactuar y tomar decisiones para optimizar los resultados competitivos de una cadena de abastecimiento situada en el contexto de una fábrica real.
Por último, la categoría de Reto Aeroespacial-Misión Lunar consiste en la creación de un rover capaz de moverse en la Luna que debe cumplir los desafíos propuestos de movimiento y ejecución de tareas específicas después del alunizaje. Y el desafío IoT&AI se basa en construir un producto mínimo viable que utilice Internet de las cosas y/o Inteligencia Artificial para resolver problemas reales.
El Robotifest 2024, es parte de los aportes sustanciales de la Universidad de Costa Rica al país, en materia de desarrollo e impulso de la ciencia y la innovación. Este proyecto promueve el acceso equitativo al conocimiento de las aplicaciones robóticas y de los sistemas inteligentes de la cuarta revolución de la industria, así como la aplicación de la ciencia y la tecnología desde un enfoque social, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses.
Conmemoración de la Semana Internacional del Acceso Abierto
Una reflexión respecto a dos movimientos que se han convertido en herramientas, para visibilizar la problemática de la desigualdad en el acceso a la información: el acceso abierto y la ciencia abierta
A propósito de la Semana Internacional del Acceso Abierto, en este espacio se hace una reflexión respecto a dos movimientos que se han convertido en herramientas para visibilizar la problemática de la desigualdad en el acceso a la información: el acceso abierto y la ciencia abierta. Y sobre cómo ambos movimientos deben estar presentes en la gestión del conocimiento de la Universidad.
El concepto de acceso abierto (AA) comenzó a acuñarse con la Declaración de Budapest el 14 de febrero del 2002, con la idea de promover el acceso a la información digital para todas las personas de forma gratuita, y al uso de esta sin ningún tipo de restricción legal, tecnológica o económica.
Es decir, que esa información (documentos de texto, bases de datos, multimedia, audio, vídeo, imágenes, software, entre otros) pueda leerse, descargarse, copiarse y distribuirse de forma libre.
Aunque podría hablarse de que antes de este momento, ya venían desarrollándose movimientos alrededor del mundo que impulsaban esta idea. Hoy en día, más de 20 años después, el movimiento se ha fortalecido, principalmente desde la región Latinoamericana, que ha sido una de las grandes impulsoras y asumió la bandera de su promoción, en aras de buscar ese acceso libre a la información y hacer visible los grandes aportes a la ciencia que esta región realiza.
Este concepto surge, en alguna medida, para hacer frente a la problemática surgida del negocio de las grandes casas editoriales, que generan miles de millones de dólares de ganancias al año, vendiendo la producción generada y condicionando el acceso mediante el pago de una suscripción.
Con la aparición del movimiento AA, si bien se han realizado aportes para evitar que esa situación se dé y se ha visibilizado la importancia de los recursos, desde las mismas instituciones productoras de conocimiento, para disponer de esa producción de forma libre.
Por ejemplo, con la promoción de repositorios institucionales o incentivando la publicación en revistas de AA, el mercado también ha querido hacerse participe y no perder, buscando modelos en el que liberan del pago al usuario final del documento, pero direccionan ese pago a la persona autora o bien a la institución (que ya había financiado la investigación), lo que desvirtúa el espíritu del concepto y condiciona igualmente el acceso a la posibilidad de que alguien en la cadena pague por ello.
En consideración a lo anterior, se vuelve visible que la transferencia del conocimiento tiene un problema de desigualdad. Mencionar el tema de la transferencia del conocimiento no significa que se considere que la publicación o el artículo científico sea la única forma de generar conocimiento y difundirlo.
Se reconoce en ella ese valor, pero también habita en espacios de encuentros con comunidades, grupos de trabajo o técnicos, exposiciones, simulaciones y diversas actividades de intercambio. Es en este punto en el que es preciso comenzar a hablar del movimiento de ciencia abierta, que involucra estas otras formas de difusión y divulgación científica.
Con este movimiento se busca igualmente la apertura, pero más allá de la publicación científica de todo el proceso y sus resultados, es decir, de la investigación, desde los métodos, los datos y ante todo los beneficios, para que de esta forma la ciencia esté al alcance de la sociedad, posibilitando su participación en la producción del conocimiento.
Pero, ¿cómo concebir estos dos conceptos a lo interno de la gestión de instituciones generadoras de conocimiento como las universidades?
En el caso de la Universidad de Costa Rica, es una parte fundamental entender que sugestión sustantiva tiene como razón de ser atender las necesidades de la sociedad, en el marco de la docencia, la acción social y la investigación.
Esto hace que la institución esté inmersa en el día a día de las comunidades, en las que las aulas, los laboratorios y las bibliotecas no siempre llegan de forma física, sino en la gestión de investigaciones y sus resultados, así como de las personas que conforman a la comunidad académica, para servir en una dinámica distinta a la que puede contarse desde un artículo científico, pero igualmente vital para la transferencia del conocimiento y haciéndolo más democrático.
Sin duda, teniendo claro este panorama de la actividad de la Universidad, estos dos movimientos son claves para los procesos de gestión del conocimiento, y son impulsores de una cultura más justa y equitativa para acceder a ese saber.
Pero es necesario que se entienda que estas prácticas no son casuísticas, deben ser también acciones consecuentes a un plan que conciba la variedad de las disciplinas, el quehacer científico, y la multilingüe actividad de difusión y divulgación.
Además, se debe buscar promover el AA de forma pertinente en el tiempo, el recurso, la infraestructura y el alcance; es decir, que no tenga que esperar resoluciones de embargo de años, pagos exorbitantes, espacios deficientes y dispuestos para ciertos grupos.
Resulta fundamental que estas acciones surjan sustentadas en el objetivo mismo: dar acceso al conocimiento, pero también que sean guiadas por políticas institucionales que promocionen la ciencia abierta, y acompañen su gestión en la docencia, la acción social y la investigación.
A todas luces se describe como una tarea compleja, sin lugar a dudas lo es, en el entendido que debe darse en convergencia con todos los actores claves a lo interno de las instituciones, considerando la normativa institucional; la infraestructura de espacios para disponer de la información y que garantice su preservación, seguridad, trazabilidad y acceso; el recurso humano con conocimiento en temas técnicos y legales; las instancias administrativas que brindan apoyos; y la comunidad universitaria o externa a ella que en su demanda de información, y en su participación de los procesos, valida y fortalece el sistema.
Asimismo, se requiere de un trabajo en concordancia con los movimientos internacionales que promuevan las mejores prácticas, y fortalezcan la visión y necesidad de indicadores y modelos de evaluación ajustados a este contexto.
El acceso y la ciencia abierta deben ser vistos como principios de la gestión, y como herramientas para disminuir las desigualdades que se permean en las sociedades y debilitan el desarrollo.
Andrea Marín Campos Socióloga y Gestora de Calidad de la Vicerrectoría de Investigación, UCR
TCU pasó de estar centrado en la prevención de intoxicaciones a ser un aliado del derecho a la salud de las personas más vulnerables
De prevenir intoxicaciones a defender el derecho de acceso a la salud de las y loscostarricenses, especialmente, de quienes son más vulnerables.
De esa forma se puede describir el esfuerzo realizado por casi 48 estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que integran el trabajo comunal universitario (TCU) 661 denominado “Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses”.
Cada persona, en compañía del Dr. Freddy Arias Mora (coordinador del proyecto y docente de la Facultad de Farmacia), decidió no detener sus funciones en medio de la pandemia.
En cambio, ellos y ellas unieron sus destrezas para ayudar a atender las necesidades de una población que, durante una fuerte emergencia sanitaria, veía sus derechos de acceso a la salud debilitados.
“El TCU de prevención de intoxicaciones tenía una gran cantidad de actividades presenciales. Con las restricciones de la pandemia ya no podíamos llegar físicamente a las comunidades. Entonces, para no detenernos, decidimos atender otra situación igualmente importante: las dificultades de acceso a algunos servicios de salud que tenían las comunidades y que se agudizó más con la pandemia”, comentó la estudiante de Derecho e integrante del TCU, Valeria Rodríguez Quesada.
El comienzo
El TCU 661 inició en el 2018 con el propósito de prevenir las intoxicaciones por medicamentos o pesticidas en comunidades costarricenses, cuya tendencia a envenenamientos agudos era alta.
Sin embargo, con la llegada de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, la presencia en las comunidades se hizo más compleja. Así, se tuvo que reinventar la labor para atender nuevas problemáticas.
“Lo que pasó con la llegada de la pandemia es que los esfuerzos se centraron en atender el COVID-19 y mucha de las otras atenciones se estaban quedando desplazadas. Por eso, queríamos hacer algo. Consideramos que la UCR tiene una importante labor en el acompañamiento de la sociedad civil en procura de abrir espacios de diálogo y de construcción en la toma de decisiones que mejoren la calidad de vida de las personas”, comentó el Dr. Arias.
De acuerdo con el coordinador del TCU, parte de las dificultades concretas eran de acceso a medicamentos, terapias y soporte emocional. Ante esto, el proyecto se unió a la Federación ONGs de Pacientes Costa Rica.
Dicha Federación contempla un aproximado de 40 colectivos que dan apoyo a personas con enfermedades específicas. Por ejemplo, padecimientos autoinmunes, cáncer de mama, pulmón o la enfermedad de Crohn.
Como resultado de la alianza, mediante el trabajo conjunto los estudiantes del TCU se abocaron a cumplir el reto: generar las capacidades para que, desde la Federación, las personas cuenten con nuevas posibilidades que les permitan disfrutar de un mayor bienestar físico, social y emocional.
“No trabajamos directamente con los pacientes, sino con las ONGs concretamente con sus liderezas y líderes para fortalecer su empoderamiento. Queremos que conozcan los sistemas y métodos para solucionar problemas y que no sea solo por las vías judiciales”, afirmó el Dr. Arias.
Como parte de su esfuerzo, en el último año el TCU ha logrado importante resultados con varios actores desde la Federación ONGs de Pacientes Costa Rica. Entre ellos estánel Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la Cámara Costarricense de Salud y hasta con el mismo Ministerio de Salud en diferentes proyectos.
“El trabajo realizado fue con total entrega y profesionalismo. Siempre han mostrado un gran interés al brindar lo mejor e, incluso, la planificación y logística siempre los distinguió en todas las funciones que se asignaron. Yo destacaría el acompañamiento que brindaron en las entrevistas con las diferentes ONGs, ya que realizaron un trabajo uno a uno. Incluso, según el caso, aportaban ideas para que la ONG que estaban entrevistando lograratener soluciones a problemas que presentaban. También el acompañamiento a las diferentes mesas de diálogo y los aportes tan importantes que brindaron, incluyendo el trámite de minutas”, comentó Viviana Leal, presidente de la Federación.
Aporte inigualable
Si todo el trabajo lograra ser descrito desde la mirada estudiantil, la palabra más cercana sería enriquecedora. Estefanía Zúñiga Vega, estudiante del TCU y de tercer año en la carrera de Trabajo Social, así lo hace ver.
“El proyecto me ha brindado un panorama más abierto con respecto a los ámbitos de intervención desde el Trabajo Social en torno al campo de la salud. El aprendizaje más favorable ha sido el poder investigar sobre los padecimientos a nivel teórico, y a la vez nutrirme con los testimonios de los y las pacientes de una forma práctica”, dijo la joven.
En lo mismo coincidió María Fernanda Sánchez, estudiante de Farmacia, al decir que la experiencia ha sido bastante provechosaa pesar de la pandemia y de las limitaciones.
“Esto nos enseñó que las labores que realiza una iniciativa de trabajo comunal pueden ser también adaptables al trabajo con modalidad virtual y que se puede seguir teniendo un alto impacto en el aporte a la sociedad. Desde el punto de vista de la profesión farmacéutica, el TCU me ha brindado oportunidades para explotar mis conocimientos”, compartió.
Lo anterior no es para menos. Cada estudiante ha alcanzado nuevas experiencias desde el derecho a la salud, el cual a veces no está del todo presente en el día a día del ejercicio profesional, comentó el Dr. Arias.
Hacia las puertas de un cambio
Recientemente, el TCU planteó a las autoridades universitarias cambiar el nombre del proyecto. El objetivo es que se llame: “Acompañando el ejercicio del derecho al acceso a la salud en comunidades costarricenses”.
Según el Dr. Arias, la propuesta de la modificación es para visibilizar un trabajo más coherente con el esfuerzo vigente desarrollado en las comunidades y con el impacto que se espera alcanzar dentro de esta población.
“No hemos dejado del todo los temas de intoxicaciones, porque los objetivos del proyecto están ahí. Mientras nos esforzamos por seguir previniendo las intoxicaciones mediante las redes sociales, al mismo tiempo trabajamos en el acompañamiento de la población en la defensa de su derecho a la salud. Ahora lo que tenemos es un proceso con la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) para formular un nuevo proyecto dirigido a cumplir con estos objetivos”, explicó el Dr. Arias.
Con la Federación ONGs de Pacientes Costa Rica, el trabajo del TCU se ha ampliado a tres ejes principales, que ahora se pretenden robustecer.
El primero es el de educación, en el desarrollo de cursos de capacitación para fortalecer las capacidades de las ONGs. El aporte va desde sistemas informáticos hasta información sobre el acceso a medicamentos, investigación biomédica y otros. En cada taller a los participantes se le brindan elementos básicos para el empoderamiento de los pacientes acerca del derecho a la salud.
Posteriormente está el eje de incidencia política. Aquí se acompaña a los miembros de la Junta Directiva de la Federación ONGs de Pacientes en la generación de estrategias de participación ciudadana y relaciones públicas.
Finalmente está la obtención de fondos, en el cual se impulsan proyectos para la formación, la incidencia y el mejoramiento de las capacidades de la Federación. El trabajo se realiza siempre con equipos de trabajo que resaltan por su interdisciplinariedad: Derecho, Estadística, Ciencias Actuariales, Trabajo Social, Química, Medicina, Enfermería, Salud Ambiental, Ciencias Políticas, entre otras.
“A pesar de que la reformulación del TCU lleva tan solo unos meses, durante este lapso hemos logrado avances importantes en pro de los derechos de las personas pacientes. El plan de trabajo que hemos formulado con la Federación es de largo alcance y vasta complejidad, y pretende atender la existencia de riesgos y deficiencias estructurales. En este sentido, nuestros esfuerzos seguirán dirigidos a la consolidación de dicho plan y el logro de la defensa de los derechos de los pacientes en todas sus dimensiones”, puntualizó el Dr. Arias.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
*Imagen: En la fotografía aparecen estudiantes del TCU de la UCR, personas de la Federación ONGs de Pacientes Costa Rica y de la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Foto cortesía de Freddy Arias.
Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo porque:
Este nuevo proyecto mató la esencia de construcción participativa de la propuesta original de iniciativa popular (Expediente legislativo 17.742), que fue presentado con las firma de 150.000 personas con la consigna de contar con “un instrumento legal moderno que nos permitirá realizar una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, garantizando así el derecho humano de acceso al agua potable en cantidad y calidad para las presentes y futuras generaciones”.
En el proyecto negociado a escondidas del pueblo solo indica de manera general que habría “participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico” (Art. 2), pero eliminó el artículo 11 del proyecto original y redujo la participación a una “consulta pública” para que “la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones” (Art. 22). Se eliminaron también los mecanismos y la posibilidad de que desde las comunidades se pueda tomar parte en las decisiones sobre el uso del agua, dejando al reglamento de la nueva ley definir “los mecanismos para realizar dichas consultas” (Art. 22).
La iniciativa era la expresión del pueblo soberano dándole un mandato a la Asamblea Legislativa para que lo votara en un plazo definitivo. En resumen, la propuesta de iniciativa popular, fue manoseada y cambiada en la Asamblea Legislativa para satisfacer intereses empresariales y privados, distintos a los que perseguíamos cuando firmamos.
Para favorecer las plantaciones de monocultivos y agroindustria, incluyeron en los usos domésticos fincas ganaderas de hasta 35 hectáreas (Art.3, Inc. 35), lo cual crea el inminente peligro de que grandes extensiones puedan ser divididas para efectos de explotar el agua con fines lucrativos y privados de cualquier tipo amparados en este supuesto “uso doméstico”.
Reduce las penas por contaminar el agua, pues en el proyecto de iniciativa popular se establecían multas de hasta 25 salarios base (hasta 20 millones de colones), pero el proyecto #20.212 establece un máximo de 7 salarios mínimos (Art. 118), lo cual resulta insignificante y más bien un estímulo para contaminar el agua. Además, en el Artículo 46, se dice que la contaminación debe demostrarse “mediante estudio técnico y científico”, lo cual ni siquiera ha podido hacer AyA en el caso de la contaminación de las piñeras, y para las personas y comunidades resultaría prácticamente imposible.
El “castigo” que establece el Art. 29 de “reposición de cinco metros” en áreas de protección de agua taladas o dañadas, es más bien otro estímulo a la destrucción y agravaría la incompetencia del Estado para juzgar a quienes destruyen las áreas de protección de agua.
Permite que otros “entes autorizados prestatarios de servicio público” (Art. 61) además del AyA, puedan desarrollar proyectos de “aprovechamiento de agua” dentro de las Áreas Silvestre Protegidas, incluidos Parques Nacionales y Reservas Biológicas, lo cual establecería un nefasto precedente, dado que por la vía de concesiones, por ejemplo a empresas y cooperativas con fines de lucro, se abriría espacio a la explotación privada, comercial y lucrativa en estas áreas.
Elimina la protección de cuerpos de agua y manantiales intermitentes del proyecto original, reduce las potestades de los inspectores de agua (Art. 10), abre la posibilidad de “inscribir” (privatizar) las áreas de protección de nacientes de agua para consumo humano a nombre de privados (Art. 32).
¡Queremos una ley de agua participativa y de iniciativa popular!
Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo.
Bloqueverde,
FECON,
Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica,
Indignados CR,
Plataforma de Integración Ciudadana,
Laboratorio Psicosocial,
Pacto Mundial Consciente,
Revolución de la Cuchara,
Comisión Pro Ríos del Cobas,
Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete,
Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus,
Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus,
Comité de defensa de los Ríos Chirripó,
Coeco Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica,
Comisión de Defensa de los Ríos Convento y Sonador,
Red de Coordinación en Biodiversidad,
Comité de Agua Longo Mai Abajo,
Asociación de Ecologista de Occidente,
Proal- Amigos del Pacuare,
Red de Coordinación en Biodiversidad,
Refugio de Vida Silvestre Longo Mai,
Unaproa,
Finca Amalur,
Asociación de Ecología Social,
Grupo Ecológico de Occidente (GEO),
Comité Cívico de Buenos Aires,
Ecolur compostaje doméstico,
Diwo Ambiental,
Frente Ecologista Universidad Nacional (FECUNA),
Confraternidad Guanacasteca,
Colectivo Unión Vital de Naranjo,
Centro Demostrativo de Sostenibilidad Ambiental,
Comisión para la defensa de la Zona protectora El Chayote,
Pobladores preocupados por la normativa que ha sido violentada por la empresa San Rafael Ltda que ha continuado explotando una concesión minera vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA y que en oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar.
El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86.
Es así como se decide enviar una carta dirigida al Ministro del Ambiente y Energía, Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta, donde los pobladores manifiestan:
“Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable”.
El pasado mes de agosto, don Daniel Quesada Güell de la Asociación de Desarrollo de la Bomba, sostuvo un chat con el Dr. Allan Astorga Gättengs mediante el Facebook, en relación con la concesión 7-86, y esto fue lo que textualmente manifestó el experto sobre dicha concesión y su cuestionada operación:
“Estimado Daniel Quesada, me parece que hay una confusión aquí. El Estudio Ambiental que, efectivamente yo hice hace como 5 años, tenía el objetivo de mejorar la gestión ambiental del proyecto y evitar que se generaran daños. Pero eso, desafortunadamente, se convierte el «letra muerta» si el responsable del proyecto hace otra cosa, y, peor todavía, si las autoridades responsables de ejercer el control ambiental, NO hacen su tarea. ¡Pasa con frecuencia que se culpa al consultor por los daños que produce el desarrollador, pero son dos cosas diferentes! En este caso concreto del Río Banano, elaboré un dictamen técnico en el que expliqué que hay una fuerte sobre explotación del cauce del Río Banano y advertí de la situación públicamente. Creo que debe plantear su molestia (que la entiendo), por medio de una denuncia ante la SETENA y la DGM, u otras instancias que correspondan”. (Fin cita textual)
Aunado a lo anterior, oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar, con abundantes razones científicas y jurídicas, todos los reclamos que han planteado los pobladores en general. Los documentos son amplios, detallados y extensos, razón por la cual no vamos a citar textualmente las innumerables afirmaciones que respaldan nuestros asertos.
El ICAA demuestra con hechos reales, toda la normativa que ha sido violentada por la empresa Rafael Herrera Ltda. (Feluco Herrera), que ha continuado explotando una concesión minera generosamente vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA.
El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86 que está ampliamente vencida, siga operando como si nada, en perjuicio de la comunidad y el futuro de la provisión de agua potable para la ciudad de Limón.
El ICAA señala sin lugar a dudas, la importancia de la cuenca del río Banano para el futuro del abastecimiento de agua potable para la ciudad de Limón y señala en algunos casos, la imposibilidad y los problemas que han experimentado los funcionarios del ICAA para acceder a las fuentes de agua potable, debido a las labores extractivas de la empresa Feluco Herrera (vid oficio de la Dirección Región Huetar Atlántica SB-GSP-RHA-2014-0047 que entre otras cosas manifiesta: “10 pozos de AyA, para consumo humano, han sido testigos de los problemas de acceso al agua potable, debido a la extracción de material minero del cauce de ese río”.
El informe del ICAA pone en evidencia, técnica y científica, los daños causados al cauce del río a causa de la labor minera realizada por la empresa concesionaria y la aparente violación a la resolución de la Sala Constitucional, que permitía solamente labores de mantenimiento del cauce, para ir más allá en la labor extractiva que se ha realizado sin control aparente del MINAE y la SETENA, pues se desconocen los volúmenes de material extraído aunque los informes de la DGM-MINAE afirman temerariamente lo contrario, sin prueba alguna que los sustente.
El informe pone de relieve los requerimientos establecidos por el ICAA mediante oficio de la Gerencia General No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, que en su aspecto medular, establece el requisito sine qua non para la eventual prórroga de la concesión minera, la presentación a SETENA y su posterior aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual, a la fecha, no ha sido aprobado. Es decir, desde 2010 en que finalizó la última prórroga de la concesión minera 07-86 a la fecha, dicha concesión no se ha renovado o prorrogado, pero la empresa Rafael Herrera Ltda. ha continuado operando la extracción de materiales de forma absolutamente ilegal, con la aparente complacencia de la DGM–MINAE.
Para finalizar, citaremos en extenso nuevamente el oficio SB-GSP-RHA-2014-0047, referente a los graves daños causados por la explotación minera que realiza la empresa concesionaria, y que además lo hace de forma ilegal:
“1. El campo de pozos que AyA tiene en el sector de la Bomba en la zona de influencia hidrogeológica del Río Banano es parte del abastecimiento de agua potable para 91.206 Habitantes. De este campo de pozos actualmente están en operación 7 de ellos, otro adicional se tiene como reserva, además existían 2 pozos que eran explotados por el Instituto, sin embargo se perdieron como consecuencia de los movimientos laterales del Río Banano en el sector que es explotado en términos de Salud Pública, de este campo de pozos… 3-Adjunto le remito los oficios RHA-OM-2013-1593 y RHA-OM-2013-2581… Es claro que ante desarrollo de la explotación intensiva del lecho del río, la maquinaria y vagonetas que trasladan los materiales requieren de una superficie de rodamiento… 4-… para los efectos de esta Dirección Regional no se ha cumplido con los alcances del oficio G-2004-0183, lo que pone en riesgo esa fuente de abastecimiento de agua potable para los ciudadanos de la ciudad de Limón…” (los destacados no son del original).
CONCLUSIONES
El extenso oficio del ICAA de reiterada cita, demuestra legal, técnica y científicamente que la Concesión minera No.07-86 no solo está vencida y no ha sido prorrogada desde 2010, sino que la actividad extractiva minera que todavía sigue realizando ilegalmente la empresa concesionaria Rafael Herrera Ltda., está causando graves daños al cauce del río Banano y está amenazando directamente la cantidad y calidad del suministro de agua potable para la ciudad de Limón.
El acuerdo del ICAA declarando la cuenca del río Banano como “Zona de protección”, no solo tiene sustento legal sino que resulta un imperativo de su ley orgánica y de sus competencias, como cita el mismo señor Gerente General en su libelo al responder el Recurso de amparo No.14-019172-0007-CO y que reproducimos textual por su importancia:
“La importancia de dicha declaratoria ubica sustento también en el artículo 27 de la Ley de Aguas citada, al indicar que el abastecimiento de las poblaciones tiene preferencia absoluta sobre todos los demás usos posibles de las aguas públicas y su aplicación parte de los artículos 1º y 2º incisos c), f) y g) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Nº2726 del 14 de abril de 1961; que encomienda a AyA proteger los recursos de aguas públicas…”
Según este cuadro fáctico, parece que se incumple el principio precautorio, que impone realizar todas las acciones necesarias para garantizar la protección del ambiente, afectando así el equilibrio que debe garantizarse en esta materia a favor del ambiente.
Cuando se está en una situación de incertidumbre científica, este equilibrio impone inclinar la balanza a favor del ambiente, como lo ordena el principio “in dubio pro natura” estipulado en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.
Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable.
En consideración a todo lo expuesto en el “Informe Técnico Acuífero La Bomba”, solicitamos con todo respeto se analice, determine y ejerzan las acciones legales que procedan y le correspondan realizar, a fin de resolver a la brevedad posible el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por la señora Gabriela De San Román Aguilar, en calidad de Apoderada Especial, de la empresa Desarrolladora, contra la Resolución N° 1895-2016-SETENA del 12 de octubre de 2016, dentro del marco de sus competencias.
Le rogamos de la manera más atenta, se sirva informarnos oportunamente las medidas que de manera inmediata se ha servido tomar sobre este particular.
Solicitamos atentamente ser notificados de cualquier acuerdo y/o resolución relacionada con el presente asunto, a través del correo machore@gmail.com o al fax 2798-2645.
Aprovechamos para enviarles un cordial saludo,
Marco Levy Virgo
Presidente
Asociación de Desarrollo para la Ecología
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.cahuitainfo.com
Mediante un video realizado por UNICEF y difundido en redes sociales se quiere que las personas hagamos conciencia sobre al valor del agua y el privilegio que tenemos las personas que podemos acceder de primera mano a este recurso.
El video inicia con un muchacho que se encuentra vendiendo botellas en un lugar público y surge la pregunta: “¿Qué distancia recorrería para conseguir agua?” El joven ofrece agua a las personas y les indica que es agua proveniente de Somalia y que su precio para poder adquirirla es el equivalente a cierta cantidad de kilómetros (desde los 10 km hasta los 50 km), misma distancia que recorren las y los niños de Somalia para poder conseguirla, con el detalle que el agua viene con “ingredientes especiales”: Cólera, Polio y Tifoidea, Hepatitis A, enfermedades mortales.
El video culmina con “2.4 millones de niños en Somalia no disponen de agua potable”.
Mejorar el acceso y la calidad, aumentar los recursos para la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, así como mejorar la gestión institucional del sistema de educación superior público de Costa Rica, son los ejes prioritarios del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Universidad Nacional bajo el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Estatal (PMES).
El PMI-UNA procura articular el quehacer institucional; define once iniciativas que conforman un conjunto integral y balanceado en términos de cobertura geográfica, beneficiarios, áreas académicas y áreas estratégicas de conocimiento. En cada iniciativa se invierte en infraestructura, mobiliario, equipo científico y tecnológico, becas de posgrado e intercambios académicos; inversiones que se orientan a fortalecer tanto las áreas vigentes así como las áreas emergentes, a saber: emprendimiento, educación permanente, cadena de abastecimiento y logística, radiaciones, innovación de los aprendizajes y de las artes, movimiento humano, terapias complementarias, cambio climático y humanismo; de igual manera, el PMI-UNA se orienta a mejorar la formación integral del estudiante y la gestión universitaria mediante la creación de un sistema de pertinencia y calidad.
Se hace especial énfasis en la formación de recursos humanos y en la edificación de infraestructura que permita crear las condiciones más apropiadas para el desarrollo académico: aulas, laboratorios de docencia e investigación, espacios para la innovación, y mayor capacidad para albergar las nuevas tecnologías de la información. Además, se contará con espacios que favorecerán el acceso y la permanencia en los distintos campus universitarios con la construcción de oficinas para los académicos, residencias, espacios para la recreación y jardines universitarios renovados.
Además, se ejecuta un Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal e Interuniversitario (PPIQ), que favorece el acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudios universitarios de estudiantes de esta población, así como planes de gestión ambiental para cada obra constructiva.
El PMES se formuló en respuesta a lo acordado en el artículo 12 del Convenio del financiamiento del Fondo Especial de la Educación Superior 2011- 2015, donde se estableció el compromiso del Gobierno de la República de tramitar y financiar a favor de las instituciones que en su momento integraban el Consejo Nacional de Rectores, una operación de crédito por US$200 millones que se distribuyeron por partes iguales entre las universidades participantes.
Construir para la academia
Este rubro representa más de US$36.000.000 del préstamo que se complementan con US$10.925.616 de recursos institucionales, se construirán los siguientes edificios:
– Emprendimiento, educación permanente y cadena de abastecimiento y logística.
– Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
– Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación.
– Nuevos procesos industriales, salud ocupacional, y ambiental y cambio climático.
– Movimiento humano y terapias complementarias.
– Centro de Estudios Generales
– Programas de pertinencia y calidad.
– Obras recreativas Campus Coto.
– Residencias y obras recreativas Campus Pérez Zeledón.
– Residencias y obras recreativas Campus Nicoya.
– Residencias y obras recreativas Campus Liberia.
– Residencias Sarapiquí.
Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional.
En números
– US$6.000.000 para compra de equipo científico y tecnológico.
– Alrededor de US$330.000 han financiado más de 160 intercambios académicos.
– La inversión para infraestructura es de US$36.000.000 del préstamo, que se complementan con US$10.925.616 de recursos institucionales.
– 35.700 m2 de nuevas aulas y laboratorios amueblados y equipados para la investigación, docencia extensión y la prestación de servicios a la sociedad.
– Al menos 30 funcionarios fueron becados para cursar estudios de doctorado.
Sin realizar examen de admisión ni contar con título de bachillerato como requisito, 4 mil personas desde niños y niñas hasta adultos mayores, han tenido la oportunidad de acceder a las aulas, laboratorios e instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica este verano, por medio de los Campamentos de Desarrollo Humano: Hacia el Acceso Universal.
Este proyecto impulsado por la Vicerrectoría de Acción Social agrupa los esfuerzos de todas las sedes y recintos universitarios para poner en práctica la política de acceso universal de la población costarricense a la educación, sin requisitos, ni fronteras y desde la infancia hasta la adultez mayor.
Durante el mes de enero y febrero se desarrollaron 350 actividades gratuitas distribuidas en las sedes y recintos ubicados en Golfito, Liberia, Santa Cruz, Limón, Turrialba, Guápiles, San Ramón, Grecia, Puntarenas y Paraíso. También se realizaron actividades en comunidades con condiciones de vulnerabilidad social como Río Cuarto de Grecia, Ticabán de Guápiles, Puerto Jiménez y Esparsol de Esparza y en San Rafael de Santa Cecilia de la Cruz, en Guanacaste una de las comunidades afectadas por el huracán Otto.
La oferta incluyó campamentos para niños, niñas y jóvenes, talleres, charlas, cursos, actividades recreativas, culturales y deportivas. La variedad de temáticas de interés local garantizó opciones para todos los gustos y edades desde informática y liderazgo, hasta sexualidad, manualidades, aprendizaje de la ciencia hasta avistamiento de ballenas, percusión y robótica, entre muchas otras.
Los campamentos de desarrollo humano son en esencia una forma diferente de hacer universidad. Se trata de un modelo de educación no formal, donde se valora e incentiva el intercambio de saberes, de esta forma tanto los académicos como los ciudadanos aportan sus conocimientos.
Este proyecto además es un esfuerzo de la UCR para combatir la violencia que acecha en nuestra sociedad, mediante la promoción de la sana convivencia y valores como la cooperación, la vida activa, el aprendizaje a lo largo de la vida y la amistad.
Una de sus características principales es el trabajo voluntario y coordinado con las comunidades e instituciones de las provincias y cantones donde la UCR tiene presencia. Entre ellas; Municipalidades, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, el Instituto Nacional de Aprendizaje, Guías y Scouts, comités cantonales, asociaciones de desarrollo, Fuerza Pública, Ministerio de Salud. Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Los cursos de mayor duración continuarán hasta finales de febrero. Entre ellos se imparte; Introducción al comercio en la sede del Caribe, Inglés básico y Ajedrez en la Sede de Occidente y Buenas prácticas de agricultura en el Recinto de Grecia.
Contacto: Claudia Castro. Vicerrectoría de Acción Social. Tel: 2511-1179.
En celebración de los 40 años de existencia del INISA
Conferencista chileno pide declarar el derecho a la alimentación como un derecho humano
Lidiette Guerrero Portilla,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
“En el mundo actual si bien sobran alimentos, hay 800 millones de habitantes que están desnutridos y una de cada seis personas deben adquirir los alimentos para una semana con uno o dos dólares”, según lo dijo el Dr. Ricardo Uauy, médico cirujano, neonatólogo, bioquímico de alimentos, del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, en una conferencia que impartió como invitado especial al acto de celebración del Cuadragésimo Aniversario del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Alimentando a 9 billones de seres humanos en la Tierra. Mendel versus Malthus es el título de su disertación, en la que afirmó que la disparidad planetaria en el acceso a los alimentos y 1.500 millones de personas en estado de pobreza debe llevarnos a un replanteamiento del camino que hemos seguido hasta ahora como sociedad, repensar la situación y generar cambios individuales y colectivos para hacer realidad el derecho a la alimentación.
“Al menos deberíamos generar una declaración para que el acceso a los alimentos básicos sea considerado un derecho humano, como el aire y el agua”, afirmó este investigador, quien se ha dedicado a estudiar la nutrición publica orientada hacia la equidad social.
Según lo informó el conferencista la población mundial ronda los 9 billones de habitantes y la desnutrición sigue creciendo mayoritariamente en África Subsahariana y en Asia (Paquistán, Irak, Turquía, entre otros), en México, en la mayoría de los países centroamericanos, en Bolivia, Cuba y Haití.
Las naciones que han podido reducir la cantidad de personas con desnutrición son Costa Rica y Panamá, los países andinos de América del Sur, algunas zonas de África, del Sudeste y del Este Asiático, Indonesia y Sri Lanka, pero China es la gran ganadora, con una reducción de 58 millones de desnutridos, en dos décadas.
Añadió que si queremos dejarle a las generaciones venideras un mundo más justo, más sustentable y más saludable deberíamos inclinarnos a hacer cambios en varios frentes, sobre todo por una dieta con un impacto social menos intenso, mucho más tendiente a lo vegetal y a una disminución del consumo de carnes animales.
Incluso opina que es necesario devolverle propiedades nutricionales a algunos alimentos que las han perdido por el procesamiento y rescatar variedades antiguas que según han demostrado algunos estudios son mucho más nutritivas, además de trabajar más por rescatar los suelos degradados, entre otros.
Disparidad en el acceso a alimentos
El Dr. Ricardo Uauy analizó el tema de su disertación considerando el pensamiento de Thomas Malthus (1766-1834) y Gregor Mendel (1822-1884) quienes alertaron sobre la necesidad cada vez mayor de producir alimentos en el mundo, para evitar la brecha creciente que se generaría con el paso del tiempo con el crecimiento de la población mundial.
No obstante considera que aunque la evidencia es clara con la cantidad de personas desnutridas de hoy y sin acceso a los alimentos para cada día, esto no se ha generado por las razones malthusianas, es decir no es por poca producción de alimentos, porque según argumentó los adelantos científicos y la agricultura han hecho su labor y han logrado producir nuevos alimentos y generar una amplia producción, incluso de cereales que, lamentablemente, hoy se emplean para generar biocombustibles.
Agregó que más bien hay exceso de producción de ciertos alimentos y también restricciones en su exportación, con lo que se limita el acceso a las poblaciones más necesitadas. Por ejemplo citó que el 65% de la producción de alimentos en el mundo se centra en trigo, maíz, arroz y papas, mientras que las lentejas, arvejas, garbanzos, zanahorias, frijoles, plátanos, cocos, entre otros, son los mínimos. Según el conferencista todo apunta a que llegaremos a una dependencia importante de alimentos con China.
Para el Dr. Uauy la disparidad en el acceso a los alimentos es un problema muy serio y complejo, que tiene relación con el precio de los alimentos que está directamente vinculado con el precio de los combustibles y la inflación. También entran en juego en esta problemática, los subsidios que los gobiernos otorgan a algunos productores y no a otros, el cambio climático que genera sequías e inundaciones en diferentes áreas y que afectan la agricultura y la disminución en la biodiversidad de semillas y de alimentos en general en el mundo.
“La disparidad va en aumento, porque el 20% más rico se lleva el 80% de la torta, de manera que con este esquema de distribución y este grado de desigualdad, se hace cada vez más difícil satisfacer las necesidad de quienes viven con un dólar”, expresó.
“Claramente si esto se lo dejamos al mercado, vamos a seguir obteniendo estos resultados, aunque no estoy en contra del mercado, pero sí estoy a favor de que haya acceso a la alimentación vamos a tener que ponernos más serios, ustedes lo han visto en la prensa ya empiezan a decirse y así debería terminar: Si queremos tener un mundo más justo vamos a tener que pensar que la producción de los alimentos básicos para sobrevivir es un derecho humano. Hablamos del derecho a la alimentación pero no lo transformamos en derecho real, es solo una declaración y esto en América Latina es un dilema que tiene implicaciones políticas, sociales y de todo tipo”, concluyó.
INISA: 40 años de servicio a la salud del país
La actividad de celebración del Cuadragésimo Aniversario del INISA se realizó en el auditorio de la Facultad de Microbiología, con la participación de autoridades universitarias, entre ellas la Dra. Ruth de la Asunción Romero, vicerrectora de Vida Estudiantil de la UCR, quien representó al rector Henning Jensen.
La Vicerrectora dijo que son múltiples los cambios que ha tenido el país en el campo tecnológico y social que inciden en las exigencias de la población hacia las universidades estatales y en la oferta que estas le hacen a la sociedad. Afirmó que la autonomía universitaria no desliga el rumbo institucional del que sigue el país, “por eso es esencial que desde la academia busquemos las repuestas a las necesidades de la población, con formación de profesionales y con una investigación ética, profunda y con sentido”.
Además felicitó al INISA por su labor científica, por ser un referente a nivel nacional e internacional, por la formación de investigadores en el área de la salud, la excelencia y calidad de las investigaciones, algunas de las cuales han servido de insumo para la adopción de políticas públicas en el país.
Por su parte, la Dra. Patricia Cuenca Berger, directora del INISA expresó su satisfacción de celebrar los 40 años de ese Instituto, con el apoyo de personas y grupos que les han ayudado a continuar en su crecimiento y desarrollo.
El INISA inició sus labores en 1975, ha desarrollado valiosas investigaciones en temas relevantes para el país, por medio de dos programas como son el de Cáncer y el de Envejecimiento y sus secciones de Infección –Nutrición y Genética.
Son reconocidos sus estudios iniciales a cargo de su primer director y fundador, Dr. Leonardo Mata Jiménez, sobre diarrea y enfermedades respiratorias, VIH/SIDA, dengue y cólera. En salud materno-infantil, aportó mucho en diversos aspectos del desarrollo de la niñez, la rehidratación oral, el alojamiento conjunto madre-niño/a en los hospitales y en la promoción de la lactancia materna.
Aún hoy el INISA en su labor de apoyo a la salud materno-infantil, hace estudios de desnutrición y parasitosis y con el proyecto Prolamanco, desarrolla una gran labor en la promoción de la lactancia materna como alimento fundamental, impartiendo cursos gratuitos en diferentes comunidades, además de jornadas, congresos, charlas que hagan conciencia en las madres, cuidadoras, padres de familia y diferentes profesionales de la salud de seguir luchando para que los bebés mantengan una lactancia natural y prolongada en el país
Con el paso de los años se ha adentrado en los estudios de aguas de consumo humano y detección de microorganismos patógenos (Shigella, Salmonella, y su resistencia a los antibióticos) y cuenta con una sección de genética donde realiza el diagnóstico molecular de enfermedades causadas por mutaciones inestables, como las miotonías hereditarias y desde hace 30 años desarrolla pruebas para el diagnóstico prenatal de defectos cromosómicos.
Por 35 años ha investigado el tema del cáncer en general y su programa de Especial Interés Institucional de Cáncer Gástrico cuenta con 25 años de existencia. Por iniciativa del INISA se creó y fortaleció el Programa de Detección Temprana del Cáncer Gástrico que aún funciona en el Hospital Max Peralta de Cartago, el cual ha ayudado a salvar más de 1.000 vidas y ha disminuido la mortalidad por esta causa en un 50%.
Sus estudios han abordado la infección, inflamación, las cepas más frecuentes de la bacteria Helicobacter pylori relacionada con el cáncer gástrico, un antígeno específico para detectarla, su variabilidad genética y virulencia, procesos de daño celular, marcadores biológicos, detección del perfil de riesgo en las diferentes patologías, entre muchos otros.
Asimismo investiga en forma multidisciplinaria, el proceso de envejecimiento, en estrecha colaboración con la comunidad de Los Guido de Desamparados. Este es uno de los desafíos más grandes que tiene el país, como es el crecimiento de su población adulta mayor. Otro de los temas relevantes para el país es la incidencia de diabetes en la población costarricense, tema que también ha sido estudiado en el INISA.
Como reconocimiento a toda su labor en el campo de la salud el INISA recibió en el 2013 el premio que otorga la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, por acuerdo del consejo ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Raúl Alvarado Sibaja compartió con SURCOS Digital la situación que vivió en el INVU cuando intentaba realizar una diligencia en esta institución:
Debido a que los sistemas de cómputo del INVU son la octava maravilla, todos los meses me toca ir a pagar personalmente las cuotas de un préstamo. ¿Por qué? Porque si lo pago por internet el monto no aparece acreditado en el saldo sino hasta dos o tres meses después. Por la cantidad de gente que siempre veo, supongo que somos miles de personas que todos los meses sufrimos esta situación.
Desviándome un poquito del tema principal, a veces, al momento del pago en la sucursal del BCR que hay dentro del edificio, resulta que no me pueden hacer el débito de mi tarjeta de débito del BNCR. Por ejemplo, este mes fui a pagar como el 7 de abril y no pudieron hacer el débito. Intentaré de nuevo la próxima semana Ya en varias ocasiones los empleados del BCR me han sugerido que vaya a un cajero y traiga efectivo. ¿Cómo voy a andar yo por las calles de San José con ₡ 625.000 en la bolsa del pantalón?
Pero volvamos al tema que nos ocupa. En las fotos adjuntas podrán ver ustedes las condiciones en que está la ÚNICA entrada (y salida) que hay para todas las personas que llegan al edificio. No hay rampas, no hay pasamanos, los escalones son sumamente estrechos, casi no cabe el pié.
Este es un edificio de muchos años, la Ley 7600, que garantiza la accesibilidad a personas con limitaciones físicas, ya también tiene bastantes años.
¿Cómo es posible que en tanto tiempo la administración no haya hecho nada para garantizar la accesibilidad?
A principios de abril, fui y puse la queja, mediante una nota manuscrita, ante el jefe administrativo, quien es la persona encargada del edificio.
Esta fue su respuesta (ingrese en el siguiente enlace):
¿Y mientras tanto qué? ¿De abril a diciembre habrá que aguantarse esta situación?
Nótese que ni siquiera da seguridad: “Esperemos” que al finalizar este año…”
No señores y señoras del INVU, esto es inaceptable, no se puede tolerar tanta negligencia. El hacer esa rampa y un sencillo pasamanos no cuesta ni 5 millones de colones y supongo que se pueden tomar de caja chica.
Hagamos valer nuestros derechos
La ley 7600 no es solo para proteger a las personas con una limitación física permanente. Cualquier persona puede tener una discapacidad temporal, por ejemplo una quebradura, o bien, verse obligada a asistir a un familiar con una discapacidad permanente o temporal.
La propuesta es hacer una concentración de protesta el viernes 22 de mayo, a las 9 a.m., frente a la entrada del Edificio del INVU. Ojalá que asistamos al menos unas 20 personas con limitaciones físicas y todas las otras personas que nos quieran acompañar. La idea es hacer un grupo que se haga notar, además de convocar a la prensa
Para confirmar su asistencia a la protesta, favor comunicarse al siguiente correo electrónico:
raulalsi@gmail.com
Enviado a SURCOS Digital por Raúl Alvarado Sibaja.