Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON
El 4 de setiembre de 2017, 2 funcionarios de la Oficina Subregional del MINAE Los Santos, presentaron una denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo/TAA, en la que se daba cuenta de “una trocha dentro de un bosque y a su alrededor una tala rasa de bosque”, “gran cantidad de árboles cortados…dentro de los límites de la Reserva Forestal Los Santos”. También aportaron evidencias de “una corta masiva de árboles, con un camino interno en bosque y una plantación de café con menos de un año de sembrado” y “cambio de uso del suelo”. El caso se tramita aún bajo el Expediente No. 192-17-03-TAA.
Cuando conocimos la sentencia del TAA del 31 de agosto de 2018 que falló sobre esa denuncia ordenándole a la Municipalidad de Dota desarraigar, en un plazo de 2 meses, el cafetal plantado en el bosque arrasado en Naranjo de Dota, vivimos un atisbo de optimismo y pensamos que la destrucción dentro de la Reserva Forestal Los Santos bajaría de intensidad. Pero la sentencia nunca fue acatada por el Gobierno local. El 16 de junio de 2020 fue reiterada mediante nueva resolución que le daba a la Municipalidad diez días para su cumplimiento, y el 1 de noviembre de 2021, el proceso se devolvió a la primera sentencia. Un Tribunal del Estado fue simplemente ignorado y nada pasó. En años todo desmejoró.
Hasta hoy el caso de Naranjo de Dota no se ha resuelto y más se han sumado personajes que “actúan” en otros cuentos y empeoran el panorama. El 2 de febrero 2022, la periodista Daniela Muñoz Solano del Semanario universidad publicó el reportaje “Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia” (https://semanariouniversidad.com/pais/neotropica-diseno-sistema-para-manejar-bases-de-datos-de-activistas-sociales-para-la-presidencia/). En éste da cuenta de cómo la Fundación Neotrópica, dirigida por el abogado Bernardo Aguilar González, fue pagada para implementar un proceso que podemos calificar como un proyecto de espionaje de conflictos, actores y disidencias sociales. “En los objetivos del plan (punto 4) se explicita que “El sistema deberá contar con la posibilidad de enviar y recibir documentos de texto, imágenes, audios y videos”. Además, pide que “11. El sistema deberá permitir definir y modificar el nivel de conflicto” y “12. El sistema deberá registrar a los Actores sociales”, entre otros aspectos que permiten establecer un detallado sistema de monitoreo de personas, organizaciones e instituciones públicas”. Los detalles del entuerto represivo pueden verse en esa y otras notas relacionadas. Involucraba directamente, entre otros, al Presidente y funcionarios de Casa Presidencia, al Director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, lo cual no sorprende en nada, y, muy, pero muy lamentable, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Costa Rica, que aportó los US$10.000 que costó el sistema de datos.
Bernardo Aguilar, que firmó ese convenio en su condición de Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica, figura en documentos oficiales, como el acta del 28 de septiembre de 2021, como asesor de la Municipalidad de Dota. Fue contratado para atender, al menos, el proceso de las 2 sentencias del TAA que obligan a la Municipalidad a desarraigar el café plantado en el bosque primario talado, cuyo autor material fue perfectamente identificado, pero nunca sentenciado “por no comprobarse que fuera el aparente poseedor o propietario”, según consta en la Resolución No. 882-18-TAA. Gracias a eso la persona acusada se seguiría beneficiando pues los informes que recibimos indican que saca café del área donde destruyó el bosque. Aunque el TAA declaró la propiedad como “Patrimonio natural del Estado”, se han interpuesto acciones legales contra esa medida.
Buscar justicia para la naturaleza en este caso ha sido una de las luchas sociales ecologistas más importantes en los últimos años en Dota. Ese caso es una clarísima manifestación del modelo de expansión de la frontera agrícola basada en la sustitución de bosque primario por café y otros cultivos, y ante el cual la institucionalidad nacional y local ha sido permisiva, poco eficiente y hasta indiferente. En otros casos no cuenta ni con el personal ni con los recursos materiales mínimos para actuar diligentemente, como le ocurre al MINAE.
El caso para el que se presentó Bernardo Aguilar a la Municipalidad de Dota, genera un escenario bastante grotesco. Podemos imaginar que se trata de un recadero que sería parte de la élite mejor financiada del ambientalismo, que llega a vender servicios legales para defender a una Municipalidad que desde agosto de 2018 no cumplió 2 sentencias del TAA, y que ha desconocido todos los argumentos técnicos de personas y organizaciones que pugnan por el cumplimiento de la legislación ambiental del país, para detener la destrucción de ecosistemas únicos, como los de la Reserva Forestal Los Santos.
Paradójicamente, desde la misma Municipalidad se sigue repitiendo el discurso de Dota como destino turístico “verde”, “sostenible”, etc., mientras los delitos ambientales no cesan dentro de la Reserva Forestal. Precisamente para contraponer ese discurso con la realidad, junto con Julie Pietri de Radio France, en octubre de 2021 visitamos Naranjo de Dota, y buena parte de los 57 minutos y del texto del “GRAND REPORTAGE: Costa Rica, l’or vert menacé//Costa Rica, oro verde bajo amenaza” que publicó junto con Aurele Kieffer en Francia, están dedicados a los problemas que se viven en la Reserva Forestal Los Santos. Sobre la consulta a la Alcaldesa de Dota, Julie Pietri escribió: “Interrogada sobre lo que sucede cerca de aquí, elude: “Allí así, no puedo determinar si los cafetales que viste antes eran montañas o pastizales” (https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/costa-rica-l-or-vert-menace )
Sin importar el monto pagado por la Municipalidad de Dota, lo cierto es que cuando se trata de negocios, algunas personas defienden a quien sea y lo sea. En el Acta de la sesión ordinaria #074 del Concejo del Cantón de Dota, del 28 de septiembre de 2021, a las 13:00 horas, se lee “4- ) Atención de Visita por 30 minutos: 1) Al Lic. Bernardo Aguilar contratado por la Administración Municipal con el fin de llevar asuntos legales de índole ambiental y para presentarse ante este Concejo Municipal” (negrillas ODC). El acta indica (copia textual): “El Lic. Bernardo Aguilar González inicia con un saludo en general para todos y agradece la atención que se les brinda ante la solicitud de la señora alcaldesa municipal Mary Marín Navarro para que ustedes nos conocieran y poderles explicar cómo van los tramites que de parte nuestra llevamos en el Tribunal Ambiental Administrativo por la denuncia que existe del desarraigo en la zona de Naranjo de Dota conocida por todos ustedes” (pág.12).
Para comprender el menoscabo que representa la contratación de Aguilar González por parte de la Municipalidad de Dota, resumimos varios hechos:
- el 31 de agosto de 2018 el Tribunal Ambiental Administrativo/TAA le ordenó a la Municipalidad de Dota, mediante RESOLUCIÓN NO. 882-18-TAA, “LA EJECUCIÓN DEL DESARRAIGO DE LAS PLANTAS DE CAFÉ, Y GARANTIZAR LA REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS QUE FUERON BOSQUE, así como los ecosistemas afectados con el cambio de uso del suelo, EN UN PLAZO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” (resaltado del original). Así consta en el EXPEDIENTE 192-17-03-TAA.
- Casi 2 años después, dado el incumplimiento de esa primera sentencia, el 16 de junio de 2020, el TAA repitió la orden a la Municipalidad de Dota con la RESOLUCIÓN No. 1859-2020-TAA indicando que “SE INTIMA POR SEGUNDA VEZ, al Alcalde de la Municipalidad de Dota, el señor Herberth Leonardo Chacón Porras…,…que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES…,…proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante Resolución No. 882-18-TAA …” (desarraigo del café).
- Como parte del proceso de rechazo de las sentencias, el 26 de agosto del 2021 la Municipalidad de Dota interpuso “medidas cautelares” contra éstas en el Tribunal Contencioso Administrativo (expediente número 21-005298-1027-CA), según se lee en el oficio fechado el 20 de diciembre del 2021 dirigido por la Alcaldesa Mari Marín al Movimiento Quercus. Señala que (copia textual) “con fecha diecisiete de septiembre del 2021, se interpuso el proceso de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, y se tramita bajo el mismo número de expediente citado”.
- El 1 de noviembre de 2021, con la Resolución No. 1497-2021, el mismo Tribunal resolvió “declarar la nulidad” de las 2 notificaciones de 2018 y 2020 y ordenar la notificación de la primera sentencia (la del 31 de agosto de 2018) a la Municipalidad de Dota y a la Procuraduría General de la República, con lo cual se reinició el proceso.
- Algunas de las acciones dilatorias rayaron en lo absurdo, como el “Acuerdo aprobado” por el Concejo Municipal de Dota el 20 de noviembre de 2019, mediante el cual le pide al TAA que “nos indique los pasos a seguir en cuanto al tema del desarraigo” (folio 95 , Expediente No. 192-17-03-TAA), a lo que el Tribunal respondió que se trata de “extraer la planta de raíz”. (En todo caso es evidente que la explicación no resultó comprensible para las autoridades municipales, pues el café sigue sembrado y produciendo).
- Las sentencias del TAA fueron reiteradamente descalificadas en la Municipalidad de Dota y particularmente por el anterior alcalde y ahora por su sucesora. El 26 febrero 2021 enviamos un oficio al TAA indicando que “sigue imperando la indefensión de la naturaleza y de la población, que son las víctimas de estos delitos comprobados” y” SOLICITAMOS al Tribunal Ambiental Administrativo que eleve este caso ante el Ministerio Público para que se aplique lo que por ley corresponde”. Eso mismo se le reiteró al TAA el 15 de marzo de 2021, pero nunca respondió.
- Desgraciadamente, por un injustificado error del mismo TAA, las notificaciones de las sentencias no fueron efectivas. Fue así que se perdieron años de lucha social, y particularmente los esfuerzos del Movimiento Quercus, que es la organización social que asumió la responsabilidad de presionar al Gobierno local para pedir el cumplimiento de las leyes aplicables a ése y otros delitos ambientales. También se perdieron años para la restauración del área destruida. Esos errores de trámite hicieron que el proceso volviera al inicio, pues el 1 de noviembre de 2021 el TAA ordenó notificar de nuevo la primera sentencia del 2018. Si observamos los plazos, sería de esperar que la Municipalidad de Dota, cumpla con la orden de desarraigo en los primeros días del mes de febrero 2022, pues en aquella se estableció “UN PLAZO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” (mayúsculas del original). Sin embargo, entre acciones dilatorias como incoar un proceso contencioso y el abierto desacato, la impunidad sigue imperando.
La contratación de Aguilar González por la Municipalidad de Dota enseña que el “ambientalismo” puede, y de hecho es, para muchas personas y entidades, un fabuloso negocio de muchos millones. Así como se firmó para acopiar información sobre conflictos sociales evidenciados por organizaciones de base social comunitaria en todo el país, también la Neotrópica ha contado con sumas millonarias para otros proyectos. Un ejemplo entre muchos es el “Proyecto Restauración, Conservación y Manejo Sostenible de los Manglares de Costa Rica y Benín Frente al Cambio Climático: Proyecto Manglares Costa Rica/Benín”, firmado el 17 de agosto de 2017 con el Sistema nacional de áreas de conservación, SINAC. Tenía vigencia de 6 años y el pago para “salarios a tiempo parciales de los funcionarios…, viáticos, combustible, transporte”, fue de 664.200 euros o ¢443.291.065; ¢73.881,844 colones anuales o ¢6.156.820 al mes.
Mientras esos ambientalistas de la élite danzaban en millones, otra olla estaba hirviendo. La Fundación escondía un trágico y ominoso acumulado de agresiones por parte del abogado Aguilar González que llevaron a su salida de la Neotrópica. En la “Carta de Renuncia a la Dirección Ejecutiva de la Fundación Neotrópica” que Bernardo Aguilar dirigió a la Junta Administrativa de la Fundación con fecha del 25 de enero del 2021, se indica que “Entre 2015 y 2019 se lograron desde propuestas y consultorías coordinadas por la Dirección Ejecutiva un total $1,904,652.80 (promedio anual de $380,930.56)”. En cuanto a lo administrativo-laboral, la aceptación de esa renuncia cerró la posibilidad de que fuera investigado y se abrieran procedimientos legales.
Las agresiones señaladas por trabajadore.as de la Neotrópica incluían “Gritos, malos tratos y agresiones psicológicas por un lado y comentarios con contenido sexual, propuestas explícitas y tocamientos indebidos por el otro fueron por años el pan de cada día para el personal de la Fundación Neotrópica, según una serie de denuncias presentadas por personas que trabajaron allí en la última década. Además, documentos de años previos revelan una cultura institucional de acoso laboral y sexual” (https://semanariouniversidad.com/pais/denuncias-de-anos-revelan-cultura-de-acoso-en-fundacion-neotropica/)
Sin embargo, lejos de investigar y sancionar, tan sólo un día después de conocer la renuncia de Aguilar, el 26 de enero de 2021 la Comisión investigadora emitió una resolución firmada por el Presidente, el Tesorero y la Secretaria de la Junta Administradora, indicando que «la Fundación, y esta Comisión como su órgano de investigación, carecen de potestades para sancionar al señor Bernardo Aguilar González, por cuanto su renuncia extingue la relación laboral, y con ella también fenece la potestad disciplinaria». En el punto 7 la Comisión indica que “esta Comisión se ve obligada a archivar y dar por terminado, de manera anticipada, el presente procedimiento sancionador, y así se resuelve”. Pero Aguilar González se mantuvo como empleado un mes más, durante el cual debió seguirse la investigación, lo cual no ocurrió, y más bien se le “facilitó” un escudo de protección como fue expuesto en el Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/neotropica-cerro-procesos-por-acoso-contra-su-director-alegando-erroneamente-fin-de-relacion-laboral/)
Para sumar quebrantos trágicos hay que señalar que la sentencia del TAA del 31 de agosto de 2018 está firmada por la Licda Ligia Umaña Ledezma como Vicepresidenta a.i. del Tribunal, y la del 16 de junio de 2020 por ella misma pero como Presidenta a.i. del Tribunal. La jueza Umaña Ledezma es la esposa del mismísimo Bernardo Aguilar González, asesor legal de la Municipalidad de Dota. Semejante alineación resulta poco menos que odiosa, aunque cualquiera podría afirmar que se trata de simples y azarosas conexiones. La resolución del 1 de noviembre 2021 registrada en los folios 147 a 159 del Expediente 192-17-03TAA, con la cual se reinició el proceso de notificaciones, fue aprobada de manera dividida pues 1 de las 3 juezas consideró que sí se había cumplido con el debido proceso en las notificaciones.
¿Acaso no sería necesario que la Municipalidad de Dota y en particular la Alcaldesa y el Concejo Municipal, le expliquen a la ciudadanía qué criterios privaron para la contratación del abogado Aguilar y cuáles han sido las diligencias realizadas y sus resultados? ¿No sería decoroso que la población conociera por qué se siguen desacatando los fallos del TAA por parte de la Municipalidad de Dota? La salida del abogado Aguilar González de la Fundación Neotrópica en condiciones motivadas por “una cultura institucional de acoso laboral y sexual”, su papel en el circuito de “espionaje” de organizaciones sociales, muchas de las cuales se podían considerar aliadas de la Neotrópica, y sus nexos familiares con la jueza del TAA, son suficientes como para escuchar aclaraciones. Resulta que las autoridades municipales “echan mano” a expertos que teóricamente protegen la naturaleza, pero en este caso para exactamente lo contrario: pareciera que procurar que los delitos ambientales queden impunes, como en el caso de la destrucción en Naranjo de Dota.
