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Etiqueta: acoso sexual

Podemos transformar las relaciones desiguales e injustas con el compromiso personal y social

Kattia Isabel Castro Flores

La cultura ha construido relaciones desiguales e injustas y una de sus manifestaciones se ve de forma clara en los vínculos que se establecen entre hombres y mujeres. La buena noticia es que podemos transformar esta triste realidad por medio del compromiso personal y social en el cultivo del cuidado mutuo, de relaciones respetuosas, equitativas, que reconocen el valor y la dignidad que nos corresponde a hombres y a mujeres por igual.

Solo un par de generaciones atrás las mujeres no podían estudiar, debían casarse a edades tempranas y tener múltiples embarazos y partos. Nuestras abuelas y madres tuvieron vidas marcadas por carencias económicas, pero además por falta de oportunidades para expresar lo que sentían y pensaban. Se limitaba la participación de las mujeres en actividades fuera del hogar, fueran estas de tipo recreativo o de participación comunal.

Se promovía que era virtud en las mujeres ser calladas, obedientes, tímidas y sumisas. Todo lo contrario se pensaba para los hombres, a ellos se les asignaba la libertad de movimiento y de actuación. El ejercicio del liderazgo era parte de su identidad, aunque se pareciera más al autoritarismo. Se autodesignaron los administradores de los recursos económicos familiares.

Muchos hombres hicieron un mal uso del poder que la sociedad les otorgaba y lo usaron para humillar, golpear, intimidar, toquetear y hasta violar a mujeres de sus propias familias, vecinas o conocidas. Muchas mujeres han tenido que llevar adelante embarazos que son resultado de violencia sexual, mientras que otras han sufrido abortos espontáneos y también fruto de agresiones sufridas en el hogar.

¿Conoce usted algún caso de violencia física, emocional, patrimonial o sexual en el entorno familiar o comunitario? Sabemos que lamentablemente la respuesta a esta pregunta es positiva. Tristemente usted y yo podemos ser una de las víctimas. La violencia era y sigue siendo parte de la vida cotidiana de las familias y de la comunidad. Frente a la violencia sufrida se guarda silencio porque el dolor es inconmensurable y se piensa, de forma errónea, que es mejor ignorarlo y seguir como si nada hubiera pasado. No puede haber una familia feliz si hay violencia en cualquiera de sus formas, tener que aparentarlo es revictimizar a la persona que sufrió violencia y alcahuetear a quien la ejerció o la sigue ejerciendo. El silencio nos hace cómplices del dolor y el sufrimiento de muchas personas y esto está lejos del amor, la paz y la justicia. Los agresores sexuales deben ser frenados, denunciados y condenados.

Ha llegado el tiempo de romper el silencio y de llamar a las cosas por su nombre: los mal llamados “piropos” son violencia. Los hombres que se masturban delante de niñas, niños y mujeres de todas las edades, ejercen violencia; también los hombres que observan a las mujeres mientras se bañan o se visten. El lenguaje soez de contenido sexual es violencia. El acoso sexual callejero, es violencia. La exposición a pornografía es violencia. El sexo sin consentimiento, aún dentro de la vida de pareja es violencia. La violación es violencia. Compartir en redes sociales fotos de contenido sexual que no fueron creadas con esa finalidad también es violencia.

Las mujeres tenemos derecho y exigimos una familia y una comunidad libre de violencia. Queremos salir a caminar y saber que estamos seguras. Queremos viajar con la alegría de conocer el mundo y saber que solo pasarán cosas bonitas. Queremos salir a divertirnos y regresar a casa cansadas y satisfechas. Queremos sonreír y tener una vida tranquila y en paz.

Depredador suelto

Martín Rodríguez Espinoza

Me tomé el tiempo para buscar el video, la información y la opinión de personas a las que respeto mucho, pero ya era el momento de decir algo. Es profundamente indignante y condenable escuchar al presidente de la República hacer comentarios como si una niña pudiera ser «regalada» y «devuelta cuando termine la universidad». No es una broma. No puede serlo. Es un acto simbólicamente violento, que normaliza la cultura del abuso y cosifica a la niñez.

¿Qué mensaje da el gobierno de Chaves, el país como sociedad cuando el principal mandatario de la nación se refiere así a una menor de edad?

No podemos quedarnos callados. Quienes defendemos los derechos humanos, quienes hemos luchado por proteger la niñez, por erradicar la violencia de género, no podemos permitir que estas expresiones pasen como chistes malinterpretados. Las niñas y los niños no se tocan, no se prestan, no se utilizan como objeto político ni como moneda de populismo mediático. Se respetan. Se cuidan.

Este no es un hecho aislado. Recordemos que Rodrigo Chaves fue despedido del Banco Mundial por denuncias de acoso sexual. Esa no es una mancha menor. Es parte de un patrón preocupante de conducta y de poder ejercido sin ética ni respeto. Hoy se burla de una niña y su familia, mañana ¿de quién más?, ¿Para eso quiere el “poder absoluto” en Casa Presidencial y Asamblea Legislativa?

El silencio institucional del PANI, del INAMU, es cómplice. No hay espacio para neutralidad cuando se trata de la dignidad de la infancia. La agresión a las madres, padres, a la clase trabajadora con su constante ataque a su dignidad como trabajadores, el congelamiento salarial y la violencia contra las mujeres dirigentes sindicales y sociales, demuestra el patrón de un psicópata con poder. (Ya lo había dicho en un comentario anterior, dejo el enlace abajo)

Quienes creemos en un país más justo, y queremos una verdadera democracia del pueblo, tenemos la responsabilidad de denunciar y alzar la voz. Porque callar es permitir.

Costa Rica merece respeto y decencia, y no la tenemos en el más alto cargo del país.

25 de julio de 2025

Más de 200 de entidades deportivas sin protocolos contra el acoso sexual

Defensoría detecta debilidades en implementación de Ley contra el Acoso Sexual en el Deporte

Defensoría llama a deportistas víctimas de violencia denunciar ante la entidad deportiva correspondiente e informar al ICODER. Se registra, a marzo del 2024, un total de 21 denuncias en el ente rector del deporte.

De tratarse de otros casos graves como abusos sexuales de personas menores de edad dirigir la denuncia ante el Ministerio Público.

A casi tres años de la entrada en vigor de la Ley N° 9967, Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, la mayoría de las entidades deportivas beneficiarias de fondos públicos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) no ha cumplido con su obligación de presentar los protocolos para prevenir y atender denuncias de acoso sexual. De las 233 entidades registradas, solo el 7% ha presentado su reglamento (es decir, 16).

Para las autoridades deportivas evidencia una falta de compromiso y poco conocimiento e interés por parte de dichas entidades por cumplir con lo que dicta la Ley 9967.

De acuerdo con un informe emitido por la Defensoría de los Habitantes, se determinó que, hay dificultades en la implementación de la normativa. Estas incluyen la falta de recursos humanos y financieros, vacíos legales en la ley y esa baja respuesta de las entidades deportivas ante la obligación de implementar protocolos contra el acoso sexual. Adicionalmente, hay una necesidad de reformar aspectos importantes de esta ley como la falta de sanciones para las entidades que incumplen y la protección adecuada para personas menores de edad involucrados en estos casos.

Datos de la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CIHS) del ICODER, entre enero del 2023 y marzo del 2024, indicaron haber recibido 21 denuncias asociadas con acoso y hostigamiento Sexual en el ámbito deportivo, las cuales se encuentran en seguimiento y requieren de la actualización de los respectivos expedientes.

Para esta Defensoría, es importante que las organizaciones deportivas asuman su responsabilidad en la prevención y erradicación del acoso sexual, garantizando entornos deportivos seguros, sin discriminación, sin acoso, sin abusos y respetuosos para todas las personas participantes. Incluso, a solicitud de la CIHS del ICODER, funcionarias de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, acompañaron al proceso de capacitación sobre esta temática, así como la entrega de material visual a personal de las organizaciones deportivas y del ICODER, en mayo del año anterior.

Ante este panorama la Defensoría en su informe recomendó al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, definir con claridad la asignación presupuestaria y de recursos humanos para la CIHS. Además, que la CIHS reciba capacitación por parte de la Defensoría de la Mujer de esta Defensoría en el tema de Hostigamiento Sexual, en aras de garantizar la protección de derechos que les asisten a las personas inmersas en el ámbito deportivo y el mejor ejercicio de sus funciones.

También se le recomendó revisar las recomendaciones realizadas por la CIHS orientadas a implementar en forma adecuada el cuerpo normativo, conformar una comisión de trabajo para revisar las propuestas de reforma al Reglamento de la ley 9967 en relación con la función de la CIHS de informar a esta Defensoría sobre las denuncias que se presenten y las resoluciones finales y valorar la interposición de la propuesta de reforma legislativa a la Ley 9967, conforme a los principios de protección a las personas menores de edad y proponer otro tipo de sanción para cuando se trate de una persona menor de edad la que sea sancionada como hostigadora, así como para equiparar los plazos de prescripción para la interposición de las denuncias y el establecimiento de posibles sanciones en el caso de que las federaciones,

asociaciones o entidades deportivas incumplan con la aplicación de esta normativa.

A la CIHS del ICODER, esta Defensoría le recomendó promover programas de prevención y capacitación en la materia de hostigamiento sexual tal cual se encuentra establecido en la Ley 9967 y su reglamento, a las Federaciones, Asociaciones y demás entidades deportivas que de alguna manera están vinculadas con el ICODER, para ello pueden valorar la coordinación necesaria con la Defensoría, también realizar campañas enfocadas a que conductas de hostigamiento sexual en el ámbito del deporte no van a ser permitidas, ni toleradas y toda situación que se conozca al respecto, debe ser debidamente denunciada y puesta al conocimiento de la Comisión y revisar el formulario establecido para la recepción de denuncias, para que este contenga los requisitos estrictamente necesarios establecidos en la ley y elaborar una base de datos con el registro de sanciones en firme, que sea de acceso al público, que pueda ser consultada por cualquier persona interesada, garantizando el resguardo de la identidad, datos personales y cualquier otra información sensible de las víctimas.

Si no hay una respuesta de la entidad deportiva y tampoco del ICODER ante una denuncia, la persona víctima puede presentar el caso ante la Defensoría de los Habitantes para exigirle cuentas a la entidad rectora pública. Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en su informe.

Comunicación institucional
Defensoría de los Habitantes

Banco Mundial se reserva el derecho de admisión

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Sobre una queja de la Cisneros, en cuanto a que es una barbaridad que el Chaves no pueda entrar a las instalaciones del Banco Mundial y el FMI, cabe recordar que, en el fallo en que un Tribunal del BM en Nueva York, lo sanciona, el 7 de junio del 2021, por varios casos de acoso sexual, se toma la siguiente decisión:

«(1) El Banco tomará las medidas razonables para notificar a las Solicitantes, con anticipación, sobre las, siguientes circunstancias: (i) cualquier caso en el que Mr. C busque acceder a las instalaciones del BM o del FMI». Asimismo, como «Mr. C» había renunciado antes del fallo final que le impone varias sanciones, el Banco Mundial tuvo que pagar a dos de las jóvenes, «los honorarios y costos legales de las Solicitantes por un monto de US$ 64,838.00», que no se le podrían cobrar a «Mr. C», por estar ya en Costa Rica.

O sea, el presidente de Costa Rica sí puede poner pie en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero, para protección de las muchachas acosadas que allí laboran, a ellas se les debe notificar, que «Mr C» estaría llegando a esas instalaciones… ¿Feo verdad?

Defensoría capacita a sector público para prevenir y sancionar hostigamiento sexual

En más de la mitad de los casos denunciados se registra una sanción

Con el objetivo de ofrecer herramientas al sector público para prevenir y sancionar el hostigamiento o acoso sexual, la Defensoría de los Habitantes realiza capacitaciones a diversas instituciones del Estado. El más reciente proceso de formación fue a personal del Ministerio de Salud.

Personal de la Defensoría explica a los y las funcionarias que están a cargo de los procedimientos de investigación y asesoría jurídica, un detalle de las herramientas que contiene la Ley 7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.

Dicha normativa, en su artículo 7, establece la obligatoriedad de las entidades públicas de informar a la Defensoría de los Habitantes la presentación de denuncias en los lugares de trabajo, a efecto de tener conocimiento, acceso al expediente e intervención facultativa en el procedimiento, en un rol asesor y contralor de legalidad.  

Por año la Defensoría es puesta en conocimiento, en promedio, más de 300 denuncias al año por hostigamiento sexual en sector público y ello representa, una alerta para poder capacitar jurídicamente a los órganos legales de los departamentos institucionales y a quienes están a cargo de la investigación de los hechos.

Este tipo de manifestaciones de violencia, una más que viven las mujeres en el ámbito del empleo y la docencia, debe ser abordado con los principios que garanticen que la víctima sea debidamente reivindicada. Para la Defensoría es fundamental la capacitación como un mecanismo que permita hacer, de manera efectiva, la justicia administrativa.

Indicadores de la Defensoría de los Habitantes revelan que, el 52,76% de los casos de hostigamiento sexual registrados en el sector público y cuyo proceso concluyó, por ejemplo, en el año 2021, las personas denunciadas recibieron una sanción. De este porcentaje, en promedio, en dos de cada diez casos, la sanción fue el despido. 

La Defensoría es la única instancia que cuenta hoy día con los datos sobre las denuncias y procedimientos disciplinarios de hostigamiento sexual del sector público. Con la información que obtiene, la institución responde a las recomendaciones giradas por los diferentes comités a nivel internacional, y a nivel nacional, al señalar que las estadísticas con perspectiva de género, son un mecanismo imprescindible para visibilizar las distintas manifestaciones de las desigualdades y violencias que viven las mujeres por el solo hecho de serlo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

El acoso y hostigamiento sexual en centros educativos, ¡conducta indeseada!

MSc. Anais Patricia Quirós Fernández
Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés
Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos
Diplomada en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres
Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI
Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
apquiros@utn.ac.cr

El acoso y hostigamiento sexual son formas de comportamiento no deseado y ofensivo que involucran avances, insinuaciones, comentarios o acciones de naturaleza sexual que se dirigen hacia una persona sin su consentimiento.

Estos comportamientos pueden ocurrir en diversos contextos, como el trabajo, la escuela, las redes sociales y la vida cotidiana.

El acoso sexual puede variar en gravedad, desde comentarios inapropiados hasta agresiones sexuales.

Es importante destacar que el acoso y el hostigamiento sexual son ilegales en muchas jurisdicciones y pueden tener graves consecuencias legales y profesionales para quienes los perpetran.

Las víctimas suelen sentirse incómodas, humilladas o amenazadas, y es esencial denunciar estos comportamientos para detenerlos; asimismo proteger los derechos de las personas.

Las leyes y regulaciones relacionadas con el acoso y el hostigamiento sexual varían de un lugar a otro, por lo que es importante consultar con las autoridades locales o buscar asesoramiento legal si se está enfrentando esta situación.

¿Esto ocurre en las organizaciones públicas y privadas?

¡Si!, lamentablemente, ¡si!

¿A quién pueden acudir quienes están viviendo esta situación?

En Costa Rica, la ley que regula el hostigamiento sexual es la Ley No. 7476, conocida como la «Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia», y establece medidas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral.

El objetivo de esta Ley es prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las mujeres y de los hombres en el ámbito de trabajo y educativo, en el sector público y el sector privado.

Y, ¿cómo atender estos casos?

Lo correcto debería ser…

Consultar el reglamento de la universidad: Es importante revisar el reglamento o código de conducta de la universidad para entender los procedimientos específicos y así denunciar el acoso y las posibles consecuencias para el acosador (a).

La mayoría de las universidades públicas o privadas tienen oficinas o departamentos encargados de tratar denuncias de hostigamiento y acoso.

En algunos casos, podría ser necesario buscar asesoramiento legal. Un abogado especializado en derechos estudiantiles o laborales que pueda brindar orientación sobre cómo proceder y cómo proteger los derechos de la víctima.

¿Existe un REGLAMENTO o un DEPARTAMENTO en cada uno de los campus universitarios, encargados de dar soporte legal a estudiantes en estas situaciones?

COMO DOCENTES formadores, guías que incentivan el conocimiento autodidacta y creativo, en aprendientes que ostenten cualidades como: responsabilidad, flexibilidad, preocupación, compasión, cooperativismo, creatividad, dedicación, decisión, y empatía TENEMOS DEBERES que cumplir en las aulas, los pasillos y afuera del campus. Así también, SOMOS RESPONSABLES de reunir un conjunto de interacciones personalizadas con los alumnos para conseguir su participación en su propio proceso de formación y atender a sus distintas necesidades.

¡Como profesionales NO es aceptable ni ético generar temor, duda, angustia emocional y física en estudiantes víctimas del acoso por parte de docentes!

Por nuestros pasillos caminan estudiantes que desean superarse y terminar sus estudios en diferentes especialidades, en busca del desarrollo profesional y de un campo laboral, pero hoy muchas (os) se sienten inseguras (os), decidiendo seguir o desertar por causa del acoso y hostigamiento.

El acoso y hostigamiento sexual como una conducta indeseada NO PUEDE NI DEBE estar presente en nuestros salones de clases.  Lamentablemente aun cuando es de conocimiento de autoridades universitarias se sigue dando… 

La denuncia individual o colectiva es la mejor alternativa para enfrentar este flagelo, aunque te traiga consecuencias. Lo que está en juego aquí es el RESPETO y la DIGNIDAD DEL SER HUMANO

Pregunto… ¿Cuántas y cuantos estudiantes desertaran antes de denunciar a un(a) docente hostigador (a)?

¡No podemos abonar una cultura del silencio y el encubrimiento de estos actos!

Quien hostiga y acosa, tiene hijas (os), hermanas (os), esposa, madre y un puesto que le genera su estabilidad económica, pero las víctimas tienen derecho al respeto de su integridad y a un futuro que nadie debe obstaculizar. En un ambiente de respeto se genera confianza.

Es sumamente necesario iniciar procesos de concientización con docentes, estudiantes y personal administrativo para no tener que enfrentar denuncias a causa de esta conducta que al parecer se siguen obviando sus consecuencias.

¡NADIE DEBE PERMITIR SER ULTRAJADA O ULTRAJADO EN NINGUN CAMPUS UNIVERSITARIO!

Invito a las víctimas de hostigamiento y de acoso sexual a…

¡DEBES DENUNCIAR!

Entre aplausos y felicitaciones reinstalan trabajadora en la Municipalidad de Puntarenas

La reintegración de la funcionaria Bersabeth Mena Acuña en la Municipalidad de Puntarenas, trajo consigo una bienvenida con aplausos y felicitaciones. 

El despido de la funcionaria se dio de forma irregular, luego de denunciar a su jefatura por acoso laboral y sexual. Por lo que la Sala Segunda determina que debe ser reinstalada en igualdad de condiciones. Además, lejos de su victimario. 

La trabajadora Mena agradeció el apoyo de la ANEP y otros funcionarios durante el proceso.

Compartimos el video completo:

Reflexión acerca de la Ley N°9999 para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense

Anais Patricia Quirós Fernández.

MSc. Anais Patricia Quirós Fernández
Académica Universitaria, Escritora
Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT
Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI
Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN
Sede del Pacifico, Sede Central 

apquiros@utn.ac.cr / www.utn.ac.cr

Es un hecho, EN LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, TENEMOS ADOLESCENTES QUE AUN NO SON MAYORES DE 18 AÑOS.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETO: LEY PARA PREVENIR LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE

En su contenido, expongo algunos capítulos importantes de análisis en nuestra alma mater. El Artículo 1- Establece Principios rectores. La presente ley se fundamenta en los principios del interés superior, igualdad y no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación y el de autonomía progresiva.

La Ley #9999 tiene como objetivo proteger y reconocer los derechos de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo. Esta ley tiene como objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas. (Artículo 2)

El Artículo 3:

Establece Definiciones. Para efectos de la presente ley se entiende lo siguiente: a) Víctima: toda persona menor de edad estudiante que sufre un daño o perjuicio a su propiedad o integridad física, emocional o sexual por culpa de una persona funcionaria docente, docente administrativa o administrativa. b) Persona menor de edad: toda persona menor de dieciocho años. c) Adolescente: toda persona mayor de doce y menor de dieciocho años. d) Hostigamiento y acoso sexual: toda conducta con contenido o connotación sexuales realizada por un funcionario o funcionaria docente, docente administrativo, técnico-docente y administrativo contra una persona menor de edad estudiante.

¿Qué debemos entender por acoso u hostigamiento sexual?

Todas aquellos manifestaciones o comportamientos de los cuales mencionare algunos: (Artículo 3):

i) La solicitud de favores sexuales.

ii) Promesas de un trato preferencial o de ventaja como condición en la formación o proceso educativo, amenazas sugeridas o expresa, física o moral, o de daños o castigos de la persona hostigada, como condición para la formación o el proceso educativo, para que la persona estudiante realice conductas sexuales con la persona docente.

iii) Las insinuaciones o proposiciones y el uso de lenguaje verbal, no verbal o escrito, de gestos, símbolos o imágenes de naturaleza o contenido sexual.

  1. iv) Los acercamientos corporales, los tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual.
  2. v) Cualquier trato discriminatorio hacia la persona hostigada, que resulte de la negativa de un requerimiento de contenido sexual.

En conclusión, la UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL INICIA AÑO LECTIVO 2023- I CUATRIMESTRE, con una minoría importante de estudiantes de nuevo ingreso que siguen en condición de adolescente ya que son aún menores de 18 años, que están bajo la protección de la Ley # 9999 a los y las cuales debemos proteger, informar, asesorar, y dar a conocer sus derechos.

El personal docente, administrativo docente, técnico-docente o administrativo, que preste sus servicios en la UTN, tiene el deber de conocer, la ley citada como también denunciar los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de una persona menor de edad estudiante.

Así también, la responsabilidad de vigilar por la seguridad de esta pequeña población que hoy están en nuestros salones de clases compartiendo con adultos.

Permitamos como institución pública formadora de profesionales que estas personales aun en calidad de adolescentes menores de edad lleguen a cumplir su mayoría de edad en un entorno sano sin acoso u hostigamiento.


Fuente de consulta;

Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense N° 9999 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Llamamiento para poner fin a la violencia contra las mujeres periodistas

En el ámbito periodístico, la mitad de las mujeres han experimentado violencia política, acoso sexual, maltrato psicológico, acoso en línea y otras formas de violencia de género (VG) mientras trabajaban, esto según datos de la Federación Internacional de Periodistas. Estos actos de violencia no sólo tienen como objetivo intimidar y silenciar a las mujeres que trabajan en los medios de comunicación, sino que sus efectos amedrentadores contribuyen a acallar historias y privar al público de información. Como consecuencia, estos ataques socavan el pluralismo y el derecho de acceso a la información.

Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, ponemos la mirada en la violencia online; es hora de que los medios de comunicación y los sindicatos denuncien públicamente TODOS los actos de abuso en línea. Es urgente que los/as legisladores/as conviertan el abuso en línea en una cuestión de salud y seguridad. Para ello, nuestra Asamblea Legislativa debe aplicar urgentemente el Convenio C190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el ámbito laboral.

Las direcciones de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y proporcionar, un mecanismo fiable para que las mujeres puedan denunciar y ser protegidas cuando sean objeto de abusos en línea.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica; la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su Consejo de Género de la cual somos directivos; pedimos al Gobierno de Costa Rica que actúe de manera responsable para erradicar la violencia contra las mujeres y que la Asamblea Legislativa agende el Convenio 190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo e instamos a las plataformas sociales a que introduzcan medidas efectivas contra el acoso online. El convenio prohíbe la violencia contra las mujeres en el trabajo, incluido el abuso en línea, y la convierte en un problema de salud y seguridad. Una vez ratificado por un país, obliga a los empleadores de los medios de comunicación a garantizar un lugar de trabajo seguro y a proporcionar un mecanismo sólido para que las mujeres periodistas presenten denuncias y estén protegidas cuando sean objeto de abusos.

Ninguna mujer periodista debería enfrentar los abusos en línea, y por supuesto, ninguna mujer debería hacer frente a ello sola.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica hace un llamado para pedir al Gobierno de Costa Rica y a las plataformas sociales que tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia de género online. Instamos a las empresas a que adopten medidas inmediatas para prohibir los comentarios sexistas, racistas y abusivos en sus plataformas y que nos apoyemos en el Convenio 190 para que Costa Rica goce de mejores instrumentos para la eliminación de la violencia contra la mujer.

Licda. Sonia Arrieta Mora
Secretaría General SNP

Junta Directiva 2022-2025
Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica

¡No más acosadores en la función pública!

Publicación de FEUNA:

El Poder Ejecutivo intervino la Junta Directiva del Banco Popular y Desarrollo Comunal con la excusa de la necesidad de «transparencia e idoneidad en los puestos» pasando por encima al máximo órgano de toma de decisiones del banco: la ley orgánica de la creación del banco, donde participan todos los sectores sociales y productivos del país en La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Esto ha sido una estrategia para decidir arbitrariamente la elección de quienes conforman una Junta «temporal» donde han nombrado en representación del movimiento cooperativo y como nuevo presidente de la Junta Directiva del Banco al Sr. Abel Salas Mora, quien tiene denuncias por acoso sexual cuando fue docente de la UCR, acción por la cual fue sancionado en su momento.

Por lo tanto, hacemos responsable de este nombramiento y arbitrariedad con la que han conformado la nueva Junta Directiva a la ex Ministra de Trabajo Sra. Martha Esquivel quien es ahora presidenta de la CCSS, así como la Ministra de Presidencia Sra. Natalia Diaz y actual Vicepresidente Sr. Stephan Brunner, ya que fueron las personas encargadas de hacer la revisión y selección de las personas candidatas a los puestos de la Junta, entre otras cosas como asegurar la idoneidad de los puestos, dejando pasar el tema del acoso por alto.

Exigimos VERDADERA transparencia y ética en los nombramientos para la función pública en el país, ya que este señor NO representa a los sectores cooperativos, quienes no fueron consultados para la elección, además es un retroceso a los esfuerzos que hemos llevado las personas estudiantes universidades públicas, colectivas feministas para la erradicación de la violencia sexual, pero sobre todo para no ser complacientes con quienes quieren ejercer funciones púbicas con antecedentes de este rango.

¡Fuera Salas del Banco Popular!