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Etiqueta: adolescencia

Ley N° 9999: el recuento de los daños a nivel ético-pedagógico

Vilma Leandro Zúñiga
Psicóloga

El 29 de junio del 2021, con 41 votos a favor, se aprobó la Ley N° 9999, la cual pretende prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. Empezó a regir el 27 de agosto de ese mismo año.

Hasta donde conozco, no tiene reglamento aprobado, lo cual no es un tema menor, ya veremos más adelante por qué.

Es mi criterio profesional que esta ley atenta, severamente, contra la función y la labor de la escuela como instancia formadora de un carácter democrático y democratizante, pues se enfila a destruir la fuente primaria del aprendizaje y motor de la experiencia escolar, que es el vínculo entre la familia, el estudiantado y el centro educativo. No es el único golpe que se ha recibido en esa línea, pero sí podría representar, el zarpazo final. 

Entiéndase “escuela” en este texto como cualquier escenario educativo formal, antes de la universidad, o sea preescolar, primaria y secundaria.

Ahora iré más despacio y trataré de ser lo más detallada posible en mi argumentación.

Este no es un análisis jurídico pues no es mi campo de conocimiento. Más bien se trata de una reflexión “político-pedagógica” como decía Paulo Freire; que integra mi visión como psicóloga social y mi trayectoria en el sector educativo costarricense.

Lo primero a indicar es que me he dedicado, durante casi toda mi vida profesional, a trabajar con niñez y adolescencia, siempre desde un enfoque de derechos, en el que tengo una amplia formación y convicción; de manera que soy la primera en celebrar que se elabore legislación y acciones para la protección de esta población.

Llevo muchos años trabajando en educación, especialmente en el sector público, al que le conozco bastante bien sus luces y sus sombras, que no son pocas en ambos casos. 

Así que, al contraponer, el texto de la Ley 9999 tal cual se aprobó y lo que está aconteciendo en los centros educativos, la mezcla es un desastre por donde quiera que se le mire y, en su aplicación práctica, terminará perjudicando a todas las partes.

Del proyecto de ley: la matrix

Inexplicablemente, este fue un proyecto de ley presentado por una educadora con años de experiencia en el sistema público de educación; se trata de Patricia Villegas Álvarez, exdiputada del Partido Integración Nacional. En el currículum que aparece en el sitio web de ese partido se indica que ha sido docente desde 1990, en los niveles de preescolar y primaria. Tiene una maestría en Administración Educativa por la Universidad de Costa Rica.

            La propuesta de ley de la exdiputada fue apoyada por la Defensoría de los Habitantes, encabezada por Catalina Crespo en ese entonces; fue consultada solo a seis instancias: el MEP, la CCSS, el PANI, la Defensoría, el Servicio Civil y la Unicef. (Cr.hoy, 17 de noviembre del 2022).

Con excepción del Servicio Civil, todas las otras son representantes y garantes de los derechos de la niñez y la adolescencia, integrando un bloque unilateral que no contempla la contraparte interesada, por ser la posible demandada, que es el gremio educativo.

Lo anterior revela un error gravísimo en política -que esperemos que haya sido solo ingenuidad o inexperiencia y no otra cosa- pues, en el campo político, se sabe con claridad que siempre se debe lidiar con intereses contrapuestos y que la creación de algo tan delicado como una ley debe considerar las perspectivas y análisis de todas las partes involucradas.

En la nota de Cr.hoy, se estableció que los representantes de los gremios magisteriales señalaron que no fueron consultados y el trámite de discusión en el plenario fue “vago”. Lo cual ha provocado a que en este momento se estén realizando reuniones y diligencias desde los sindicatos con el Ministerio para revisar la ley, pues, a pocos meses de su aprobación, se ha convertido en una verdadera pesadilla para el funcionamiento interno de muchos centros educativos.

El espíritu de la ley: un sapo en vez de una gracia

Como ya lo dije, el Derecho no es mi campo; sin embargo, realicé algunas consultas a profesionales de esa rama para estar más clara en algunos puntos acerca de la ley. El texto tiene 13 páginas y 16 artículos, a lo largo de los cuales se hace referencia a otras leyes y herramientas jurídicas.

Es un texto corto, se lee rápidamente, pero que tiene, desde mi perspectiva, graves vacíos, los cuales se exacerban pues no tiene reglamento y porque la realidad de los centros educativos es, verdaderamente, muy compleja.

La norma 9999 se creó, supuestamente, para evitar tanto que se revictimice a niños, niñas y adolescentes (NNA), como la impunidad en los procedimientos disciplinarios de funcionarios que tienen denuncias por algún tipo de maltrato contra las y los estudiantes. 

Con esto es evidente que ya existían las herramientas necesarias para atender esas situaciones, tales como el Código de la Niñez y la adolescencia y los diversos protocolos internos del MEP, para citar algunos. Parte de la dificultad ha estado en la ejecución de tales herramientas y la ausencia de la evaluación de esos fallos y falencias para mejorarlos.

Cuando se lee el texto completo, da la impresión de que el espíritu de la ley es totalmente opuesto al del principio de inocencia que rige a las sociedades democráticas: “todos somos inocentes hasta que nos demuestre lo contrario”. Y más bien operaría el “somos culpables hasta que demostremos (aunque no esté muy claro cómo) lo contrario”. En resumidas cuentas, la ley contraviene ese principio universal democrático del derecho sobre la presunción de inocencia y se podría estar violentando el derecho a la defensa del funcionario o funcionaria.

Al establecer el relato de la persona menor de edad como posible único indicio probatorio y que, en caso de duda, debe fallarse a favor de la persona menor de edad “En caso de duda, se optará por la que más beneficie a la persona menor de edad víctima” (art. 10), se parte de la culpabilidad automática de la persona denunciada, por lo que la colocaría en una situación de absoluta vulnerabilidad, que, además, según indica la norma, debe ser suspendida o reubicada a partir del momento mismo de la denuncia.

Sumado a lo anterior, la ley no establece con claridad el procedimiento de defensa de la persona denunciada: las instancias ante las que debe presentar las pruebas, qué tipo de pruebas puede ofrecer, si tendrá un defensor público, qué pasa con su salario mientras está suspendida, si queda absuelta quién repara el daño moral de lo vivido, qué sucede si pasan los tres meses que indica la ley para resolver y el MEP y demás instancias no lo han hecho, qué hacen las jefaturas con ese puesto sin nombramiento, qué pasa con lo que viven los grupos de estudiantes a cargo de esa persona docente, entre otras interrogantes.

El impacto en la educación: descolocar el rol docente

Todo lo anterior lleva a la reflexión central: si lo que digan los y las estudiantes, bajo cualquier concepto, de un o una docente u otro funcionario del MEP, va a ser siempre aceptado de forma unilateral, no solo genera vulnerabilidad laboral y jurídica para esa persona, sino que quebranta, de entrada, la relación docente-estudiante.

La base del aprendizaje formal está en el vínculo que la maestra, maestro o profesor/a establezca con sus pupilos, vínculo que parte del respeto mutuo, de la admiración por un saber que se intenta transmitir y compartir.

Pero sobre todo, por un contrato social implícito basado en ciertas reglas de convivencia social que, en la escuela y el colegio, pasan por aportar en la formación ética y ciudadana de niños, niñas y jóvenes. Todo lo cual implica, entre otras acciones, la corrección y, a veces, la sanción (con aspiración formativa, no represiva) de conductas que atentan contra la convivencia del aula, situación que suele acarrear frustración para los y las estudiantes y a veces también para sus familias.

En este sentido, el año pasado los medios de comunicación han ofrecido amplia muestra de las situaciones de violencia entre estudiantes tan dramáticas que les ha tocado enfrentar a las escuelas y los colegios.

Esta ley, tal cual está planteada, solo va a empeorar el escenario de relaciones que ya se tiene, el personal que es negligente y mediocre se va a esforzar menos porque va a evitar ser sancionado, con lo cual, hará una mediación pedagógica cada vez más deficiente, sin posibilidad de tener una evaluación del desempeño como corresponde, porque aún no se ha discutido ni construido tal mecanismo.

El personal comprometido y riguroso, con vocación y esperanza en lo que hace, es el que más está sufriendo, viéndose arrinconado, con fuertes crisis éticas internas, pues su labor y desempeño como formador se ven seriamente amenazados, así como su estabilidad y futuro laboral. 

Es decir, los malos se harán peores y los buenos tienen, como mínimo, tres posibilidades: 1-se irán del sistema, 2-se harán mediocres, 3-terminarán con peores síntomas del síndrome de quemado por el trabajo de los que ya presentan.

Es innegable que, en los momentos actuales, existe una especie de colapso parental: padres, madres, encargados no saben, en muchos casos, qué hacer con la crianza de sus hijos e hijas.

A veces, con suerte, acuden a los centros educativos en busca de orientación y guía, pero, especialmente en secundaria, se ausentan del todo, siendo el personal docente y administrativo el que debe esforzarse con creatividad y esmero para realizar su labor y llenar los vacíos afectivos y las carencias familiares para que esas personitas rindan y logren alcanzar algunas habilidades básicas para la vida.

Sumemos a toda esa problemática que el espíritu actual alaba y recomienda el facilismo, el mínimo esfuerzo, el individualismo, la excesiva felicitación por tareas y responsabilidades que son absolutamente propias y mínimas de realizar en la infancia y en la adolescencia, la bajísima tolerancia a la frustración debido a una muy frágil regulación emocional; producto de dos tipos de fenómeno: por un lado, el abandono del esquema de protección básico (negligencia familiar) y, por otro, un excesivo mimo.

En ambos casos, chicos y chicas tienen muy pobres herramientas de enfrentamiento a las adversidades del mundo, escasa capacidad de autocorrección e iniciativa y una autorreferencialidad relacionada, en muchas ocasiones, con inmadurez socio afectiva, que repercute gravemente en la orientación para la tarea educativa y el desempeño escolar.

A todo eso se “le entra” en las escuelas y colegios, con todo lo complicado y desgastante que puede ser. La institución educativa está, prácticamente, sola en esta tarea, por eso está condenada a fallar. Esa es una trampa muy peligrosa que estamos viviendo.

Lo anterior se agudiza porque, si, de entrada, se vulnera y desacredita la función docente, invirtiendo los roles jerárquicos (que no es lo mismo que autoritarios), la tarea educativa ahora sí resultará imposible, y por eso, todos perdemos. 

El sistema público educativo en CR siempre ha apostado (con mayor o menor éxito) por una formación integral de la convivencia humana pues se nutre de la diversidad de situaciones y experiencias, con la guía y orientación de personas adultas investidas de una autoridad simbólica, esa había sido su fortaleza para la vida armónica en común. La escuela ha sido un espacio de comunidad afectiva, pedagógica y humanista donde la niñez y la juventud reciben no solo información sino formación para pensar en sí mismas como parte de una sociedad amigable y donde el respeto a los seres humanos es la esencia de la vida social.

El maltrato infantil no es de recibo, es innegable que lo ha habido dentro de las aulas -con impunidad muchas veces- y hay que erradicarlo; pero no a merced de socavar quizá el único espacio potable que le queda a nuestra niñez y adolescencia de los sectores medios y bajos para la vida democrática.

¿Nos conmueven estas cifras?

Óscar Madrigal

Según el último Informe del Estado de la Educación:

En materno y guardaría en 2019 los alumnos en pobreza eran el 36.2% y en 2020 aumentaron a 41%.

En preescolar en 2019 eran 36.6% y en 2020 41,9%.

En primaria en 2019 fueron 37.3% y en 2020 43,6%.

En secundaria en 2019 eran 30,9% y en 2020 40%.

¿Qué país tenemos? Si antes de la pandemia mucho más de un tercio de los estudiantes o alumnos de todos los niveles vivían en pobreza y con la pandemia resulta que más del 40% de todos los niños, niñas y adolescentes del país viven en pobreza, resulta que tenemos un país que condena al segmento más importante de la población a vivir en la pobreza.

¿Qué país estamos construyendo? Con estas cifras no resulta difícil concluir que para ese enorme grupo social sus posibilidades de un futuro mejor están muy reducidas. Estamos perpetuando el círculo de la pobreza.

Y lo dramático es que no son cifras; son niñas, niños, adolescentes, con rostro humano, personas, que viven pobremente, muchos en la miseria. Un grupo, no mayoritario, viven de los “diarios” que reciben en los centros educativos, entre los alimentos 600 gramos de carne, que deben alcanzar para todo el mes y, en muchos casos, para toda la familia.

El año pasado 27.254 estudiantes pidieron paquetes de alimentos, pero el MEP se los negó por falta de recursos.

Mientras tanto, hoy mismo la prensa informa que Costa Rica alcanzó un superávit primario de más de ¢100 mil millones para gran conformidad con el FMI.

Es la Costa Rica del Bicentenario para desgracia de muchos.

UCR: Costa Rica cuenta con una metodología para la estimación de los recursos públicos dedicados a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Trabajo se realiza de manera conjunta entre UNICEF, PANI y el IICE de la Universidad de Costa Rica.

Con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) crearon la herramienta denominada “Desarrollo de una propuesta metodológica y de una hoja de ruta para la medición de los recursos destinados a la niñez y adolescencia en Costa Rica”, lo que le permite, contar por primera vez, con información sobre la inversión pública en esta población.

Este instrumento promueve la eficacia, la eficiencia, la equidad, la transparencia y la sostenibilidad en la toma de decisiones relacionadas con presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de las personas menores de edad, según lo estipula la Observación número 19 del Comité sobre los Derecho del Niño (CRC por sus siglas en inglés).

“Esta herramienta permite, por primera vez, medir la inversión y el gasto público que hacen más de 60 instituciones del Estado costarricense en la niñez, define una hoja de ruta para la desagregación por focalización, función, grupo de derechos, franja etaria y sexo. Esto permite la toma de decisiones informadas para garantizar el cumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y cumplir con la disposición 19 sobre presupuestos públicos del Comité de los Derechos del Niño”, indica Gladys Jiménez, Ministra de Niñez y Adolescencia.

Gasto público en niñez y adolescencia en 2018 equivalente al 8.3% del PIB

Para la representante de UNICEF en Costa Rica, Patricia Portela de Souza, contar con esta metodología también significa un aporte significativo en la toma de decisiones.

“Contar con herramientas que nos indiquen cuánto y cómo se invierten los recursos públicos destinados a la niñez y a la adolescencia es de gran importancia para nosotros porque nos permite tomar decisiones asertivas en nuestra labor de seguir trabajando por la disminución de las brechas y las desigualdades sociales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, indica la jerarca.

M.Sc. Lucía Contreras Ramírez investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica entrega los resultado de su estudio “Desarrollo de una propuesta metodológica y de una hoja de ruta para la medición de los recursos destinados a la niñez y adolescencia en Costa Rica”.

El desarrollo de la metodología parte de experiencias internacionales previas y la información disponible de gasto público y beneficiarios en Costa Rica para el 2018. La elaboración del estudio se caracterizó por ser altamente participativo y por arrojar datos interesantes sobre la desagregación del gasto público según nivel de focalización, por función, por grupo de derechos según la CDN, por franja etaria y por sexo en el país.

Principales hallazgos para 2018

  • Se estimó que el total de recursos públicos dedicados a la niñez y adolescencia fue de 2. 669 miles de millones de colones, equivalente al 8.3% del PIB, y en promedio casi 2 millones de colones por persona menor de edad.
  • Los recursos públicos anuales promedio destinados a persona menor de 5 años se estimaron en 1.7 millones de colones, en 2.2 millones entre 6 y 11 años, y en 2.3 millones por persona menor de edad entre 12 y 17 años. Del total de recursos, el 23.5% fue dirigido a personas menores de 5 años, el 36.1% a personas menores de edad con entre 6 y11 años, y el 40.3% a personas menores de edad con entre 12 y 17 años.
  • Según sexo, el 50.4% se dirigió a las mujeres y el 49.6% a hombres.
  • Los resultados desagregados según función del gasto son los siguientes:
  • 6% Educación
  • 6% Salud
  • 8% Justicia, seguridad y servicios electorales
  • 8% Protección social
  • 1% Vivienda y otros servicios comunitarios
  • 6% Servicios recreativos, deportivos y de cultura
  • 4% Protección del medio ambiente
  • 1% Ciencia y tecnología
  • La desagregación según grupo de derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), arroja que el 63.9% de los recursos contribuyó al derecho al desarrollo, el 26.3% al de supervivencia, el 9.2% al de protección, y el 0.6% al de participación.

“Uno de los más importantes objetivos de la metodología desarrollada es el poder replicar periódicamente, de manera sostenible en el tiempo, la medición del gasto público en niñez y adolescencia en Costa Rica. Para garantizar dicha sostenibilidad, es necesario organizar el proceso de recolección de datos y de aplicación de la metodología”, indica Juan Robalino, Sub Director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, ente encargado del desarrollo de la metodología.

Para alcanzar este objetivo y con el fin de promover la institucionalización y aplicación periódica de la metodología, el IICE presentó la hoja de ruta para la implementación futura de la metodología que designa y caracteriza los roles de las instituciones que formarán parte del proceso y sus colaboradores, y propone un cronograma de recolección de datos y de desarrollo del cálculo a seguir año con año.

Es así como se establece que el PANI será la institución a cargo de la cuantificación anual de los recursos públicos destinados a la niñez y la adolescencia, siguiendo la metodología desarrollada. Además, deberá realizar anualmente una solicitud y recolección de información de presupuesto, gasto ejecutado y beneficiarios directamente a las instituciones, y desarrollará un informe final de la estimación de manera anual, que deberá ser compartido con la ciudadanía costarricense.

En el marco de la Costa Rica del Bicentenario, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como institución rectora técnica en materia de derechos del millón cuatrocientos mil niños, niñas y adolescentes en Costa Rica, recuerda que la inversión en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es la inversión más rentable que puede hacer la sociedad, invertir en niñez es invertir en desarrollo. La medición de la inversión del año 2019 está próxima a finalizar y contó con la participación de más de 60 instituciones del Estado, proceso en el que el PANI asume como una función más en el ejercicio de su rectoría técnica.

Organizaciones participantes

UCR: Pridena abre opciones virtuales de capacitación

Con cursos y talleres cortos fortalece gestión de atención de personas menores de edad

El Pridena-UCR abrió la matrícula para cursos y talleres mediante plataformas virtuales dirigidos a personas funcionarias de instituciones que abordan la temática de niñez y adolescencia. Imagen Pridena-UCR.

El Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena-UCR) continúa trabajando desde la virtualidad para cumplir con el objetivo de promover espacios de Acción Social, Investigación y Docencia para la construcción de ciudadanía de la niñez y adolescencia en Costa Rica.

Para setiembre sigue capacitando a personal de organizaciones públicas y privadas que atienden esos sectores poblacionales con cursos y talleres, siempre desde el enfoque de los derechos humanos mediante procesos de información, divulgación y discusión para fortalecer las redes interinstitucionales y participación activa en los escenarios de decisión política.

Además, con el proyecto +Vos, el podcast en el que las personas adolescentes toman la palabra en una variedad de temas. Este se difunde mediante las redes sociales del Pridena, en conjunto con las radioemisoras universitarias, en setiembre organizó dos cursos.

El primer curso de setiembre generó un gran interés y en corto tiempo sobrepasó las expectativas de matrícula. En el mismo se abordó “¿Cómo incorporar el enfoque de derechos en el quehacer profesional con niñas, niños y adolescentes?”, y concluyó el jueves 17 de setiembre. En el curso las personas matriculadas aprendieron sobre las herramientas necesarias para la comprensión de aspectos básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de orientar sus prácticas e intervenciones cotidianas con niñas, niños y adolescentes desde el enfoque de derechos.

Actualmente, debido a las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria mundial, los cursos se imparten en modalidad virtual, con una duración de 12 horas. El curso implica un tiempo de estudio individual y otro de discusión mediante plataformas tecnológicas. La participación no tiene costo y como requisito se solicita ser persona trabajadora de una institución pública u organización no gubernamental (ONG) en atención directa de niñas, niños y adolescentes.

Para el magister Milton Brenes Rodríguez, coordinador del Pridena-UCR, en Costa Rica existen pendientes en la atención de los desafíos en materia de niñez y adolescencia indicados por el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que reúne a expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el Pridena-UCR continuaremos con esta tarea, y sabemos que después de la pandemia los desafíos continuarán, e incluso se podrían agudizar”, afirmó Brenes.

Las personas interesadas en conocer más sobre el trabajo que realiza el Pridena-UCR pueden solicitar información al correo electrónico pridena@ucr.ac.cr, o directamente al número telefónico del Programa 2511-6390. También, conectarse a las redes sociales del programa donde se difunden las opciones de capacitación disponibles

Los talleres y cursos cortos enfocan sus temáticas en los derechos humanos de la niñez y adolescencia a la luz de la normativa nacional e internacional.

Nuevo curso

Como parte de las actividades del mes de la niñez y adolescencia el Pridena-UCR concluirá con un nuevo taller titulado “Herramientas para el acompañamiento profesional de niñas, niños y adolescentes con expresiones, identidades género y orientaciones sexuales diversas”.

Este iniciará el viernes 25 de setiembre y tendrá dos sesiones más los días 2 y 9 octubre, todas las sesiones virtuales colectivas iniciarán a las 6 p.m., mediante la plataforma Zoom. Aunque el taller es gratuito, la capacidad es de solo 20 personas.

Brenes recordó que las personas menores de edad, sin importar su expresión e identidad de género u orientación sexual tienen derechos que “deben ser asegurados mediante el respeto a las garantías y derechos individuales. El acatamiento de los Derechos Humanos representa la expresión máxima de acceso a la justicia al ser estos inherentes a todas las personas. Se pretende contribuir al desarrollo de una vida digna de vivir, reconociendo el rol fundamental de las familias y la localidad en esta tarea, así como en la reproducción de valores más inclusivos con respecto a la diversidad de niñas, niños y adolescentes”.

Según Brenes, en Costa Rica la violencia institucional hacia la diversidad de niñas, niños y adolescentes sigue presente en la realidad nacional. “En el año 2015 la UNESCO señaló que el 51% de la población estudiantil de sexto grado de educación primaria de 16 países latinoamericanos, aseguran haber recibido insultos, amenazas, golpes o robos por su preferencia sexual. Costa Rica es uno de los cinco países de la región con los más altos índices de violencia física”.

Entre algunas formas de violencia hacia esta población están el aislamiento por parte de compañeros y compañeras en los centros educativos, su hogar o en la comunidad, la marginalización de servicios esenciales como educación y seguridad social, abandono familiar, acoso escolar, así como violaciones sexuales con el supuesto de corregir su sexualidad. La inadecuada atención a las personas menores de edad transexuales incrementan las conductas autodestructivas, como la automutilación y hasta el suicidio.

Para ampliar estos temas, el taller se dividió en tres módulos que iniciarán con el marco jurídico e histórico, la diversidad entre personas menores y una sesión para pensar en posibles acciones afirmativas para la intervención.

Pese a los avances normativos en materia de derechos humanos de las personas trans, en Costa Rica predominan los prejuicios y la discriminación en las esferas públicas y privadas, atravesadas por los discursos de odio incentivados por organizaciones políticas y religiosas. Durante la anterior campaña electoral se registraron decenas de agresiones físicas hacia personas por motivo de su expresión e identidad de género u orientación sexual.

El taller “Herramientas para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes con expresiones, identidades de género y orientaciones sexuales diversas” será moderado por Shi Alarcón Zamora, con la asistencia de Enmanuell Molina Chavarría. Alarcón es co fundadora de Casa Rara, una organización que desde el 2017 acompaña a jóvenes en el desarrollo de su identidad.

 

Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social

UNA por la niñez

En conmemoración del Día del Niño y la Niña, la Universidad Nacional (UNA) ha preparado las siguientes actividades académicas:

Lunes 7 de setiembre 3 p.m.
Conferencia: Literatura para la niñez durante los primeros tres años de vida.
Expositor: Carlos rubio, escritor de literatura infantil y académico de la UNA.
Dirigido a: Madres, padres y personas cuidadoras de niños y niñas.
Organiza: División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE-UNA).
Unirse a la reunión Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81788865908?pwd=ZFlaUVhGUUx6d2JRMUViQlM4TjVXQT09
ID de reunión: 817 8886 5908

Código de acceso: 172835
*Espacio limitado (100) personas. La conferencia se compartirá posteriormente en YouTube.

Miércoles 9 de setiembre 2 p.m.
Seminario virtual: Hacia UNA Política de Niñez y Adolescencia: fortaleciendo el compromiso social universitario transversal e integrador.
Acerca del evento: UNA avanza hacia oficializar su compromiso transversal con las personas menores de edad con su propia Política de Niñez y Adolescencia, conscientes de que la atención oportuna y apropiada de niñas, niños y adolescentes es fundamental en el desarrollo nacional y que esta tarea no se puede dejar al azar.
Expositores (as):
Francisco González, rector de la UNA.

Marianela Rojas, rectora adjunta UNA.
Pablo Chaverri, académico Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA).
Idalia Alpízar, académica Centro de Estudios Generales UNA.
Moderadora: Katia Isabel Castro, académica Escuela Ecuménicas de Ciencias de la Religión, UNA.
Unirse a la reunión Zoom:

https://una-cr.zoom.us/j/94480293967
ID de reunión: 944 8029 3967

Facebook Live: Vicerrectoría de Extensión

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

*Imagen ilustrativa.

Enviado por UNA Comunicación.

Familias que necesitan agua potable no logran apoyo de Sala Cuarta

“Persiste riesgo al estar en confinamiento por la pandemia pero sin agua, y se suma la amenaza de desalojo por parte de la municipalidad y la Fuerza Pública en Jardines Dos, Ángeles de San Ramón”. Así dice el aviso que recibió SURCOS de las familias de esta comunidad que, por su condición de precario, no logran que la institucionalidad les de agua potable. La Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por las personas “que no tienen título de propiedad”.

Este viernes 22 de mayo las familias resistieron la intención de desalojo y se presentó un conato de violencia como puede verse en el video que fue enviado a este medio.

Entre las consideraciones de la Sala Constitucional están las siguientes:

  • “Los amparados no han demostrado ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que son los propietarios de los inmuebles para los cuales se solicita el servicio de agua potable ni han aportado una autorización de los dueños registrales para ese mismo efecto”.
  • “Los tutelados residen en estructuras para vivienda que no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias para ser habitadas y fueron construidas al margen de los lineamientos correspondientes”.
  • “Los dueños registrales de tales inmuebles iniciaron acciones para contrarrestar dicha invasión ilegal ante las autoridades de la Municipalidad de San Ramón, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público. En este último Ministerio se tramita el expediente No. 18-001040-0332 por la presunta comisión del delito de usurpación”.
  • Médicos del Ministerio de Salud, al analizar la situación planteada no recomendaron la instalación de una fuente pública de agua potable en el mencionado asentamiento. En tal ocasión, se manifestó lo siguiente: ‘(…) la instalación de una fuente de agua pública motivaría al (sic) aumento de la población de poseedores en el precario”.
  • “… el carácter de derecho fundamental (de acceso al agua) no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento”.
  • “… esta Sala estimó procedente analizar si, ante la situación de emergencia que afronta el país a causa de la pandemia del COVID-19, las autoridades recurridas del AyA deberían instalar, aunque sea de forma temporal, una fuente pública de agua potable en el asentamiento donde habitan los amparados. Todo esto, a efecto que se puedan proveer de dicho líquido vital y cumplir con los lineamientos de limpieza e higiene dictados por las autoridades de salud del país. Ahora bien, luego de revisados los informes rendidos bajo juramento, incluido el requerido a las autoridades del Ministerio de Salud como prueba para mejor resolver, este Tribunal Constitucional estima que en este caso en particular no es procedente llevar a cabo dicha actuación, sea, las fuentes de agua pública se pueden instalar ‘(…) únicamente en los casos de suspensión de un servicio a favor del titular de la paja o del inquilino (…)’; condiciones que no cumplen…”
  • “Bajo dicho panorama es claro que este Tribunal Constitucional se ve imposibilitado de acceder a la instalación de una fuente pública de agua potable, aunque sea de forma temporal o limitada, en el asentamiento donde habitan los tutelados. Esto, ya que, como bien se dijo, dicha actuación conllevaría a perjudicar más bien la salud de los amparados”.
  • “… las autoridades le ofrecieron a los tutelados ser trasladados a un albergue o bien, solicitarles ayuda a través del IMAS”.
  • “… los tutelados no se encuentran absolutamente desprovistos de agua potable en este momento. Esto, ya que, según su propio dicho, dicho líquido es suministrado por unos vecinos o bien, es trasladado de otros sitios”.

Ante estos razonamientos de la Sala Constitucional para negar el amparo a estas familias, desde el movimiento social de Occidente surgen estos cuestionamientos:

1) ¿Por qué razón la institucionalidad no puede encontrar una solución integral y no temporal (como la ayuda del IMAS recomendada) para estas familias que por razones estructurales y no individuales no cuentan con salario digno y estable para asegurarse una vivienda saludable?

2) ¿Por qué razón el gobierno local de San Ramón de Alajuela en coordinación con el resto de la institucionalidad del país no cuenta con una política anterior a la pandemia, para encontrar una solución integral al desarrollo humano de todas las personas habitantes del cantón que faciliten empleo, vivienda, agua, atención de la salud?

3) ¿Se ha interesado la institucionalidad que conforma el subsistema de niñez y adolescencia en conocer el estado de los derechos de la niñez y la adolescencia que habita en ese asentamiento?

UCR: Son necesarios cambios en las personas educadoras para lograr una enseñanza basada en la empatía

El taller La aventura del cuerpo es un espacio enfocado en gestionar estrategias psicocorporales para abordar y comprender los cambios y transformaciones en la adolescencia. Se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre, en el marco del V Simposio Internacional y IX Nacional sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, organizado por el Programa de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica (Pidena-UCR).

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UCR: Los profesionales con problemas conductuales son producto de las carencias de una formación integral

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Los especialistas resaltaron la importancia de fortalecer la creatividad y la imaginación en niños, niñas y adolescentes. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

En una conversación con diversidad de perspectivas y opiniones, los especialistas invitados al foro “La Niñez y la Adolescencia en la Agenda 2030” coincidieron en señalar la importancia de la educación diversa, integral e inclusiva como eje crucial para el desarrollo de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.

El académico Josial Salas, coordinador de Advocacy de la organización Visión Mundial, resaltó la relevancia de una educación que trascienda las aulas, pues considera que el arte, la cultura y la convivencia ayudan a fortalecer las habilidades blandas que formarán la personalidad de la niñez en desarrollo.

Al hacer referencia a las carencias formativas en esa línea, Salas señaló que “diversos estudios del sector empleador aseguran que si bien reciben excelentes profesionales, son personas que llegan con importantes problemas conductuales. Son personas que no se saben comunicar o tienen problemas de inteligencia emocional, eso se debe fortalecer desde la niñez en el sistema educativo”.

Desde otra perspectiva, el geógrafo Carlos von Marschall, del Ministerio de Planificación (Mudeplan), enfatizó la relevancia de la inclusión de la niñez y adolescencia de áreas rurales en estos proyectos de educación diversa y multidisciplinaria.

Según Von Marschall, son estas poblaciones las que normalmente se ven marginadas, pues las políticas públicas se enfocan en las zonas de mayor concentración de personas y dejan de lado a miles de niños y adolescentes. “Si no se cambia el enfoque y continuamos con uno centralizado, no vamos a avanzar en la reducción de brechas dentro del país. Las zonas alejadas, los pueblos indígenas y las zonas costeras siempre son las de menor desarrollo y son en las que hay mayor cantidad de niños y adolescentes”, acotó Von Marschall.

Por otro lado, el Gerente de Programas Unicef-Costa Rica, Manuel Baldares, resaltó algunas de las fortalezas y oportunidades con las que cuenta Costa Rica de cara a la lucha contra las desigualdades, en especial a las referentes a poblaciones vulnerables. Según Baldares, para el 2017, de acuerdo con los datos de Unicef, el país tenía 30,5% de población menor de edad, sin embargo, de esa cantidad, el 34% era niños en condición de pobreza.

Además, Baldares resaltó que 5 de cada 10 adolescentes estaban fuera del sistema educativo para ese entonces, con especial énfasis en poblaciones indígenas, migrantes, discapacitados, zonas rurales y afrodescendientes.

“En el tema de cobertura educativa, sobre todo a nivel de primaria, Costa Rica tiene unos índices muy desarrollados. Pero hay retos como la respuesta a las desigualdades que existen en el país, todavía hay muchos niños, niñas y adolescentes que ven afectado el cumplimiento de sus derechos y esas son las poblaciones más vulnerables”, concluyó Baldares.

Este foro fue organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena-UCR) y se desarrolló como antesala del V Simposio Internacional y IX Nacional sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia “Desigualdades, Abordajes y Experiencias en el Escenario del Desarrollo Sostenible”, que se realizará el 3, 4 y 5 de septiembre del presente año.

El coordinador de Pridena-UCR, Milton Ariel Brenes, moderó el espacio y afirmó que estas actividades son valiosas “para revisar la manera en que se concretan las agendas en una región cada vez más desigual” como es Centroamérica.

“El simposio significa una convergencia de los actores nacionales e internacionales que trabajan con niñez y adolescencia para buscar soluciones a las problemáticas que los jóvenes están afrontando”, concluyó Brenes.

Manuel Baldares reflexionó sobre el estado de la niñez y la adolescencia desde la perspectiva de la Unicef. Foto: Anel Kenjekeeva.

 

Roger Bolaños Vargas

Asistente, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR: Miles de horas cada año son semillas para una sociedad más inclusiva y respetuosa de las diferencias

  • Este 10 de diciembre se celebran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

  • Acción Social de la UCR en derechos humanos llega a casi dos millones de personas en todas las regiones

“La vulnerabilidad del incumplimiento de los derechos humanos es un asunto que atraviesa a todos los segmentos de población. En especial, la pobreza, la exclusión educativa, el trabajo informal y otras actividades que los enrolan en actividades ilícitas”, detalló Dina Espinosa Brilla, coordinadora del proyecto EDNA. Foto muestra niños jugando. Archivo VAS.

Para superar los pendientes en materia de derechos humanos y lograr que la mayor cantidad de habitantes en el territorio nacional los disfruten a plenitud, cada año la Universidad de Costa Rica (UCR) invierte miles de horas en la ejecución de más de 130 proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).

Los desafíos de la sociedad costarricense para construir una sociedad más equitativa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos son múltiples. Por eso, desde cada una de las iniciativas de la VAS se llega a las comunidades con proyectos relacionados con la niñez y la adolescencia, el derecho al trabajo justo, el envejecimiento digno, el acceso a la educación, la prevención de la violencia por causa de género, edad, orientación e identidad sexuales.

Con un presupuesto de ₡265 millones anuales, el personal universitario y la comunidad estudiantil asumen como propios los problemas que impiden que cada persona acceda a los derechos humanos garantizados por la normativa nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Precisamente, este 10 diciembre la humanidad celebrará los 75 de la promulgación de dicha declaración. Sus 30 artículos se han constituido una guía para que los Estados y sus instituciones eliminen las barreras para garantizar que todas las personas alcancen esa plenitud, sin distinción alguna.

“Los Derechos Humanos tienen por principio primordial el respeto y el reconocimiento de la dignidad inherente de todas las personas. Esto implica a su vez la gestión de la igualdad de oportunidades, lo que tiene que ver con la inclusión y la reducción de la brecha social”, aseguró el Lic. José Daniel Rodríguez Arrieta, coordinador del proyecto “Población con discapacidad y derechos humanos: comunidades hacia la inclusión y el empoderamiento” (TC-633).

En materia de derechos humanos, el vínculo universidad-sociedad ha sido constante desde la creación de la UCR, aseguró Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social. Foto muestra jóvenes que se toman fotografia con marco #AcciónSocialUCR Archivo VAS.

El TC-633, de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, es una instancia que vincula a estudiantes con las comunidades para fomentar espacios y actividades para reconocimiento, apropiación y sensibilización acerca de los derechos humanos de la población con discapacidad en función de la inclusión.

Una importante cantidad de proyectos de Acción Social trabajan porque la niñez y adolescencia tengan acceso a la salud, la educación y la posibilidad de vivir en ambientes libres de violencias. Uno de ellos es el proyecto del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) denominado “Prevención de Violencia en 100 Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública” (ED-3221) . El objetivo es brindar capacitación al personal destacado en dichas escuelas sobre los temas de la violencia intraescolar y fomentar la permanencia en las aulas.

Además, la UCR aporta investigación para el diseño de políticas públicas en esta materia. Por ejemplo, se difunden periódicamente informes relacionados con la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Entre ellos destaca el “Informe EDNA: Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia” (ED-389), cuyo equipo de profesionales tiene su base en la Escuela de Estudios Generales.

En total, para el año 2018 unos 35 proyectos se relacionan con la población infantil y adolescente en Costa Rica.

Derechos Humanos y vínculo social

“La acción social es un pilar fundamental en la lógica y razón de ser de las universidades estatales. Nuestra labor es enteramente en función de la sociedad costarricense en tanto su progreso y su consolidación como una sociedad inclusiva que busque sostenidamente la reducción de las brechas sociales y económicas. Este es el contacto más directo y tangible de la Universidad con las comunidades a las cuales se debe; es la más visible devolución que se hace de la inversión de una sociedad en la educación superior y no debe nunca escatimarse en esta inversión”, aseguró el Lic. Rodríguez Arrieta.

Como parte de su compromiso con los derechos humanos, la UCR trabaja de la mano con instituciones estatales y organizaciones comunitarias para favorecer condiciones de acceso a todos los derechos para las personas habitantes en el territorio nacional. Foto archivo ODI.

De los 168 proyectos inscritos en la VAS, unos 16 se enfocan en el apoyo coordinado con otras organizaciones para que personas con alguna discapacidad tengan iguales oportunidades de acceso a la educación, la participación ciudadana e integrarse a la fuerza laboral del país.

Un ejemplo es el proyecto del Instituto de Investigación en Educación de la UCR para crear un “Modelo de capacitación en higiene y manipulación de los alimentos para personas con discapacidad intelectual” (ED-3104), que le ha permitido a jóvenes concluir exitosamente el curso este requisito para optar por una oportunidad laboral. Para ello, se diseñaron módulos temáticos a partir de los contenidos del programa estandarizado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Otro proyecto, “Construyendo juntos: Personas con discapacidad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos” (ED-3297), ejecutado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, se propone que en el país se “cumpla totalmente normativa nacional e internacional en derechos humanos en discapacidad e identificar las brechas normativas que aún persisten entre el ordenamiento jurídico nacional y lo que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece”, acotó el magíster Erick Hess Araya, coordinador del mismo.

Hess reafirmó que el “vínculo entre Universidad y sociedad es total, porque el proyecto avanza en la medida en que las personas con discapacidad así lo demandan y porque las personas con discapacidad van a obtener una orientación y asesoría técnica y académica que han solicitado para beneficio de sus propios intereses”. Actualmente, en Costa Rica cerca de medio millón de personas viven con alguna discapacidad y el 64% están excluidas de la fuerza laboral, con especial énfasis las mujeres.

“Decir que la UCR ha contribuido con los más diversos sectores de la sociedad costarricense no es retórico. La UCR ha estado presente desde sus inicios en el mejoramiento de la educación, la formación del concepto integral de la salud, en la generación de competencias productivas comunales, la defensa del ambiente, de los derechos humanos y la reivindicación de las fibras culturales que conforman nuestras identidades”, recordó la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social.

 

Eduardo Muñoz Sequeira

Periodista Vicerrectoría de Acción Social

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Ministra de la Niñez no defiende recursos para niñez y adolescencia

Carlos Cabezas

 

A la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hoy Ministra de la Niñez, se le olvidó ponerse la camiseta a favor de quienes por mandato presidencial se encuentran bajo su cuidado, al guardar silencio, luego que los Padres de la Patria cercenaran los recursos que con tanto esfuerzo se luchó tener, para apoyar programas y proyectos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Será que la señora Ministra se le olvidó el juramento que hizo el 8 de mayo? Eso no lo podemos asegurar, pero si por la víspera se saca el día, ella sigue sin entender la función que le fue encomendada. Pareciera ser que en lugar de trabajar en el PANI lo hiciera en el Ministerio de Hacienda, buscando solucionar la situación fiscal del país, en lugar de realizar el trabajo que le fue encomendado de velar por la niñez costarricense.

No solo nunca salió a defender el que no se le quitara al PANI el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta, escondida como una moción del proyecto de paquete de impuestos N°20580 “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” que incluye también el tema de empleo público y el mecanismo conocido como regla fiscal. Sino que además no ejecuta el presupuesto institucional.

El mecanismo aprobado ayer por los Diputados contempla evitar la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento, todo nuevo gasto debe contar con una fuente de financiamiento en el largo plazo, el proyecto que contemple gastos debe ser conocido por el Ministerio de Hacienda que tendrá la responsabilidad de dictaminarlo, esta regla busca desacelerar el gasto corriente durante un periodo prudente, mientras se alcanza un nivel razonable de “equilibrio fiscal”. Pero además elimina los ya existentes.

Nuestra Jerarca parece desconocer el mandato internacional, que obliga a las naciones que ratificaron la Convención de los Derechos el Niño, de asegurar recursos para la ejecución de programas que permitan la atención y protección integral de la persona menor de edad, no solo cuando ya han sido violentados sus derechos, sino mucho antes, mediante programas preventivos, para evitar que esto suceda y no convertirlos en una víctima más.

Claro que ahora, las señoras y señores diputados pueden argumentar que la Institución es incapaz de ejecutar los recursos, cuando la realidad es que para nadie es un secreto que en el 2017 el dinero nunca ingresó a las arcas del PANI, por el supuesto problema fiscal que existía y lo poco que entregaron fue demasiado tarde para poder ejecutarse en su totalidad. Y ni qué hablar del 2018, cuando la Ministra a 5 meses de haber asumido su cargo, todavía se encuentra “acomodando la casa” y tiene la mayoría de proyectos detenidos, lo que significa que, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto institucional, entendiendo que la mayoría de lo invertido fue durante los primeros 4 meses de la administración anterior.

Ante esta situación el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) no puede guardar silencio, y denuncia el accionar de la jerarca, para que se sienten las responsabilidades en quien realmente corresponde. De manera que la próxima vez que un niño sea víctima inocente, esta no recaiga en los funcionarios quienes nuevamente deberán trabajar sin recursos, por culpa de decisiones políticas y no técnicas.

 

 

*Imagen ilustrativa tomada de http://www.pani.go.cr/

Enviado por el autor.

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