A partir del golpe de Estado ocurrido en Honduras en el año 2009, se han incrementado la violencia y las agresiones contra las defensoras y defensores de Derechos Humanos y contra organizaciones sociales, estudiantiles, indígenas y campesinas, y contra el pueblo en general. Los asesinatos, la persecución, represión y criminalización se dan bajo el silencio y la complicidad del Estado hondureño.
El pasado 03 de marzo de 2016 fue asesinada Berta Cáceres Flores. Ella era Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH – y se destacó por su lucha en defensa de los derechos del pueblo indígena lenca y de su territorio. Berta fue firme y valiente en la defensa del Río Gualcarque en el que la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) pretende construir una represa con financiamiento internacional.
La detención de varias personas como sospechosas del asesinato evidencia la complicidad y la participación tanto de la empresa como del Estado Hondureño en la realización del crimen. Las acciones realizadas por la justicia hondureña y sus organismos son insuficientes, no conducen a la justicia y, por el contrario, están procurando que este crimen quede en la impunidad.
Por eso, hoy miércoles 15 de junio de 2016, se convoca a la comunidad en general a movilizarse por la “Justicia para Berta Cáceres”, frente a la Embajada de Honduras en Costa Rica.
En el marco de la Acción Global de Justicia por Berta Cáceres, convocada por la familia de Berta, el COPINH, y las organizaciones solidarias en América Latina y el mundo, exigen:
La conformación inmediata de un grupo de investigación independiente, propiciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el crimen y garantizar el enjuiciamiento de todos los responsables.
La cancelación inmediata y definitiva de la concesión otorgada a DESA, constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco.
Justicia para Berta Cáceres
Justicia para el COPINH
Fuera Agua Zarca del Río Gualcarque
Enviado a SURCOS Digital por Centro de Amigos para la Paz.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur informó que el día domingo 6 de setiembre, en Cebror, territorio indígena Bribi de Salitre:
Que en el terreno y vivienda recuperada desde hace una semana por un grupo de valientes mujeres y hombres indígenas y en el que la policía de Buenos Aires había ordenado que se mantuvieran las y los agresores no indígenas, a las 3:30 de la tarde la policía permitió que nuevamente un grupo de agresores ingresara a la vivienda y golpeara a las y los recuperadores de estas tierras.
Se informó que la policía golpeó y agredió a las y los compañeros indígenas, resultando heridos Heylin y Roxana Figueroa, Leandro Morales, entre otros.
Trascendió que hasta ser las 9:00 p.m. del 6 de setiembre, Heylin y Roxana se encuentraban en la patrulla de la policía, “rodeadas por una turba de 40 matones”, incluidos los que los agredieron. Una vez más la fuerza pública no hace nada.
Entre los policías que «custodiaban» la patrulla se encontraba Warner Vega, el mismo que permitió que los agresores ingresaran a la vivienda y dejó que golpearan a las y los indígenas recuperadores.
En el comunicado se manifestó que “todos estos actos de violencia y la violación a los derechos humanos son absoluta responsabilidad del gobierno de Luis Guillermo Solís; gobierno que durante una semana no hizo absolutamente nada y que con su incompetencia e ineptitud actuó de manera complaciente con los terratenientes agresores”.
La Coordinadora de Lucha Sur Sur invitó al pueblo de Costa Rica a solidarizarse con el pueblo Bribi de Salitre y a denunciar nacional e internacionalmente a este gobierno violador de los derechos humanos.
Vecinos bloquean entrada a la escuela de Quebradilla, Cartago, en protesta ante agresiones que sufren los alumnos, según mencionan ellos, por parte de la directora de dicho centro educativo.
Piden intervención de la Ministra de Educación Pública.
La comunidad indígena Bribri de Salitre comunica y denuncia:
Gobierno incumple acuerdos firmados en julio
Nuevas invasiones por parte de supuestos usurpadores no indígenas
Comunidad exige que Ejecutivo cumpla con la ejecución de 7 desalojos solicitados desde setiembre
Costa Rica. Miércoles 3 de diciembre de 2014.
Representantes de la comunidad indígena Bribri de Salitre denunciaron públicamente en conferencia de prensa que el Gobierno de Luis Guillermo Solís no ha cumplido con los acuerdos alcanzados con esta comunidad indígena en el mes de julio con ocasión de los hechos de violencia perpetrados en el territorio indígena por un grupo de terratenientes usurpadores y agresores.
Dentro de los acuerdos y con el fin de garantizar la integridad territorial y física de las y los habitantes indígenas de Salitre, el Gobierno se comprometió a establecer un puesto policial en la comunidad; compromiso que no ha sido cumplido hasta el día de hoy y que ha permitido nuevas agresiones a la comunidad, entrada de armas a la misma y nuevas invasiones por parte de estos terratenientes.
También se había acordado que no habría más recuperaciones por parte de los indígenas, compromiso que la comunidad Bribri ha cumplido; además los no indígenas tampoco realizarían más actos de intimidación en el territorio y que las fincas recuperadas debían mantenerse en manos de los beneficiarios indígenas recuperadores.
La comunidad denuncia que debido a la inacción e incumplimiento del gobierno; en estos 5 meses se han dado varios actos de intimidación, amenazas e invasiones en el territorio por parte de agresores y usurpadores no indígenas; como es el caso de las agresiones del 9 de setiembre en la comunidad de Rio Azul, donde William Arias, su hermano y otros intimidaron, dispararon armas de fuego y quemaron el rancho que la familia de Adelita Delgado había construido en la finca recuperada desde julio.
Nuevas invasiones por parte de supuestos usurpadores no indígenas
Representantes de la comunidad Bribri de Salitre denuncian que debido al incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos de julio se han dado tres nuevas invasiones en el territorio, acompañadas de actos de violencia, agresión, quema de ranchos y amenazas.
El miércoles 19 de noviembre de 2014 al ser las 8 a.m. el no indígena Carlos Humberto Gómez Villanueva y tres sujetos más invadieron la finca de la indígena Camelia Morales Ortiz sacando a su familia bajo una lluvia de balas obligándolos a refugiarse en la montaña y posteriormente quemando su rancho.
El día domingo 23 de noviembre al ser las 5 p.m. un grupo de 9 personas no indígenas invadieron la finca del indígena Santos Figueroa Vidal, amedrentándolo con armas de fuego y amenazas de muerte. El mismo domingo, un no indígena de nombre Oscar Solís Ruiz y tres hombres más invadieron la finca de la señora indígena María de los Ángeles Morales Figueroa, expulsando y obligando a la familia a dormir en la calle luego de verse amenazados de muerte con armas blancas.
Ante estas agresiones e invasiones debidamente denunciadas y comunicadas al Gobierno, hasta el día de hoy el gobierno de Luis Guillermo Solís no ha dicho, ni hecho absolutamente nada, incumpliendo una vez más los acuerdos del mes de julio.
Comunidad exige que Ejecutivo cumpla con la ejecución de 7 desalojos solicitados desde setiembre
De acuerdo a un documento comunal de fecha 23 de noviembre de los corrientes dirigido a la Viceministra de presidencia Ana Gabriel Zúñiga, la comunidad indígena exige en estos momentos al Ejecutivo y al gobierno en general:
– La ejecución de tres auxilios policiales que plantearon referidos a las recientes invasiones y que pretenden poner en posesión a las familias indígenas recuperadoras
– Ejecutar 7 desalojos administrativos requeridos a ese despacho desde setiembre, sobre terrenos invadidos por terratenientes plenamente identificados.
– Brindar seguridad y garantizar la integridad física de las personas expulsadas de sus tierras en las últimas invasiones del mes de noviembre
– Pronta intervención en la continuación de la revisión de los límites territoriales.
Comunidad considera que encarcelación de Sergio Rojas es un abuso
La forma en el proceso que le siguen al compañero Sergio Rojas es totalmente contraria a los principios de aplicación de la justicia, es inconcebible que tanto la Fiscalía de Asuntos Indígenas como la Jueza se hayan ensañado con nuestro compañero admitiendo las acusaciones sin haber investigado lo suficiente como para dictarle tales medidas. Si hay una investigación estamos de acuerdo que investiguen, pero no logramos entender cómo la Fiscalía de Asuntos Indígenas autoriza y encabeza un operativo de tal magnitud, donde humillaron y maltrataron a nuestros hermanos, tengamos hoy un preso político y no cualquiera, sino un líder indígena que ha estado luchando por los derechos territoriales del pueblo indígena Bribri de Salitre.
Por otra parte según el convenio 169 en su artículo 10.2 “Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento” razón por la cual ni Sergio ni otro compañero indígena debe mantenerse encarcelado pues dichas medidas son violatorias a nuestros derechos.
Comunidad y organizaciones sociales lanzarán campaña nacional e internacional de presión contra Gobierno
Además, la comunidad anunció que en coordinación con diversas organizaciones sociales estarán realizando una campaña nacional e internacional informativa y de presión contra el Gobierno de la república por violación a los derechos humanos del pueblo Bribrí de Salitre, al no cumplir esta administración con diversos acuerdos con la comunidad.
Miércoles 3 de diciembre de 2014
Felipe Figueroa
Comunidad Bribri de Salitre
Tel: 8409-9129
Marino Delgado Rojas
Comunidad Bribri de Salitre
Tel: 8581-9307
Comunidad Bribri de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur-Sur
Ditsö
Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.
El día de hoy, a las 8 am, el no indígena Armando Gómez (conocido como tito Gómez), junto con otros hombres armados ingresaron al Territorio Indígena Salitre, zona sur de Costa Rica, y se dirigieron a la zona de La Fortuna.
Según informes de la comunidad, estos agresores se introdujeron en la tierra recuperada de la familia de Camelia Ortiz, les intimidaron con las armas de fuego, y luego les quemaron el rancho y sus pertenencias.
La señora Ortiz, su hermana, 8 niños y un hombre -todas y todos, indígenas bribris- huyeron hacia la montaña para protegerse de la agresión, y hasta hace pocos minutos se tuvo certeza por parte de la comunidad de que ya se encuentran a salvo.
Los informes de la comunidad indican que los agresores no indígenas se encuentran dentro de la finca de la familia Ortiz, mientras continúan sus intimidaciones contra la comunidad indígena accionando las armas. Se reportan constantes sonidos de balas.
Según indican los y las compañeras indígenas, el informe de la Fuerza Pública de Buenos Aires, que llegó a revisar la situación, describe que no hay ni disparos, ni ranchos quemados ni intimidaciones. «Todo se encuentra normal».
La comunidad pregunta, ¿Dónde está la Fiscal Indígena?
Información enviada a SURCOS Digital por Radio 8 de Octubre.