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Etiqueta: agresiones

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos expresa preocupación ante creciente ola de agresiones a pueblos originarios de Costa Rica

Denuncia urgente desde el Territorio Cabécar de China Kichá, Costa Rica – seis incendios en 2 semanas

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos manifiesta su preocupación ante la creciente ola de agresiones e intimidaciones contra los pueblos originarios de Costa Rica, en especial contra las familias indígenas del Territorio Cabécar de China Kichá, quienes han recuperado con valentía territorios ancestrales arrebatados históricamente por el capital colonialista e invasor.

El día viernes 23 de febrero inició un nuevo incendio en Kono Ju, terreno recuperado en el Territorio Cabécar de China Kichá. Es la segunda vez que incendian Kono Ju en las últimas dos semanas y el sexto siniestro donde han arrasado con más de 170 hectáreas, destruido destruyendo cultivos, dañado animales domésticos, terrenos en reforestación, nacientes y quebradas, flora y fauna; golpeado la economía de subsistencia. Además, se ha puesto en riesgo la vida de familias completas, como siempre quienes sufren son las personas más vulnerables: la niñez, las personas adultas mayores y las mujeres recuperadoras.

Denunciamos que los incendios provocados se dan desde hace 4 años en forma reiterada y son una forma más de agresión contra el Pueblo Cabécar, en especial, por parte de personas no indígenas y cazadores. Hay que tomar en cuenta que, gracias a la recuperación de territorios, se ha protegido la fauna y flora de la región.

Nos preocupa de sobremanera que a lo largo de las últimas dos semanas se han quemado alrededor de 200 hectáreas en este Territorio,

Instamos al gobierno costarricense -reconocido internacionalmente bajo el supuesto de respetar los Derechos Humanos y autocalificarse como país verde defensor del medio ambiente- que cese la impunidad y la inoperancia que se da en forma sistemáticamente por parte de diversas instancias del Estado de Costa Rica, favoreciendo este tipo de agresiones contra los pueblos originarios del país.

Respaldamos las acciones de las familias recuperadoras Cabécares de China Kichá y de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur quienes exigen:

“Una intervención inmediata y permanente del Poder Ejecutivo y Judicial, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, para que de forma coordinada con el Pueblo Cabécar atiendan esta situación y garanticen la vida e integridad física, emocional y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá y cumpla con sus obligaciones estipuladas por el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales, estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones del Informe sobre Costa Rica del Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU del 2022.”

Cese las agresiones contra los pueblos recuperadores de sus territorios ancestrales

No más impunidad por parte del Estado Costarricense

Justicia a Sergio Rojas, Jehry Rivera

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS

26 de febrero de 2024.

Imagen ilustrativa.

Cuba denuncia actos de hostilidad contra el equipo Cuba incitados por las autoridades de Miami

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

El 19 de marzo de 2023, durante el juego semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol entre los equipos Cuba y los Estados Unidos, celebrado en el estadio LoanDepot Park de la ciudad de Miami, Florida, se produjeron lamentables y peligrosos incidentes en contra del equipo cubano que participó en certamen, que Cuba denuncia de forma enérgica.

Fue un juego difícil. El equipo cubano fue allí a defender dignamente sus colores, tras haber llegado a la etapa semifinal por méritos ganados en el terreno. Enfrentó a un conjunto reconocido por su superioridad técnica y que resultó claramente ganador. La conducta del equipo estadounidense y su dirección fueron respetuosas y conforme al espíritu deportivo que debe prevalecer en estos eventos. Su triunfo es merecido.

Pero el equipo cubano tuvo que enfrentar allí también una agresividad vil y organizada, que contrastó con los múltiples mensajes de respaldo, reconocimiento y solidaridad que recibió de muchísimas personas en los Estados Unidos, en su mayoría cubanos o descendientes de cubanos, una buena parte de ellos de la propia ciudad de Miami.

Con el claro propósito de desestabilizar a nuestros jugadores, se realizaron actos reiterados de diversa naturaleza contra ellos, contra la delegación que los acompañó y contra los seguidores de la escuadra cubana en el estadio. Estos incluyeron agresiones directas, amenazas, uso de lenguaje ofensivo y vulgar, ataques lesivos a la moral del equipo de Cuba y otros incidentes dirigidos a menoscabar el ánimo de los atletas y perjudicar el espectáculo. Se trató de sucesos contrarios a la concepción de este tipo de eventos deportivos.

No se hicieron cumplir las reglas de orden y conducta establecidas por el estadio, en lo que hubo aparente complicidad de ciertos representantes y personal de esa instalación deportiva y de autoridades locales, en particular, de los encargados del orden y la seguridad.

Se lanzaron objetos contra los peloteros y sus familiares, entre los que se encontraban mujeres, niños y ancianos, así como contra miembros de la delegación y representantes de la prensa cubana, y también contra espectadores que apoyaban al equipo de Cuba. Supuestos espectadores ingresaron en tres ocasiones al terreno durante el partido e interrumpieron el juego, lo que puso en peligro la seguridad y estabilidad de los jugadores del equipo cubano. Se profirieron reiteradas ofensas y amenazas a los atletas, en alta voz, cuando a estos le correspondía su turno al bateo o cuando se preparaban para entrar en el juego, como le ocurrió al lanzador cubano Frank Abel Álvarez mientras calentaba en el bullpen, lo cual atenta contra las reglas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y cualquier noción de deporte limpio. Se mostraron constantemente carteles con consignas políticas, lenguaje obsceno y vulgar, irrespetuosos hacia atletas y público en general, que interfirieron en el disfrute del juego. De la misma forma, se utilizó ropa con frases e imágenes ofensivas, de contenido político, no permitidas por las reglas de la instalación deportiva.

Igualmente, se violó repetidamente el Código de Conducta para Huéspedes establecido para el estadio, a partir del consumo de bebidas alcohólicas de manera irresponsable y la violación de los asientos asignados.

En la mayoría de las ocasiones en que representantes de la delegación cubana o de las Grandes Ligas de Béisbol se dirigieron a agentes de la policía para denunciar las transgresiones antes descritas, estos no actuaron sobre los transgresores.

Todas estas acciones eran causas suficientes para la expulsión inmediata, citación, arresto u otras consecuencias legales, que en esta ocasión no se produjeron. Estos hechos desnaturalizaron un evento de profundas raíces culturales para ambos países.

El Ministerio denuncia la complicidad demostrada por las autoridades locales, que permitieron y crearon las condiciones para que estos actos tuvieran lugar, de manera abierta y con impunidad. Al mismo tiempo, denuncia enérgicamente la incitación por parte de políticos locales y figuras que ostentan cargos públicos a la indisciplina, la agresión y el asedio a los deportistas. La tolerancia de las fuerzas del orden, violando sus obligaciones, estimuló la comisión de sucesivas agresiones.

Estos mismos sectores fueron los que en 2018 sabotearon el acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas de Béisbol, que habría sido beneficioso para todas las partes involucradas y hubiese contribuido a poner fin al trato discriminatorio al que se somete a los atletas cubanos.

El Gobierno de Cuba alertó con suficiente tiempo al Gobierno de los Estados Unidos, por los canales diplomáticos, sobre las amenazas públicas y abiertas que se concebían para empañar la participación del equipo cubano en el segmento del campeonato que tendría lugar en la ciudad de Miami y acerca de la trayectoria corrupta e irresponsable de las autoridades de esa ciudad.

El Equipo Cuba no participó en el evento en condiciones de igualdad.  Desde mucho antes del inicio del campeonato, el conjunto cubano tuvo que enfrentar un complejo y discriminatorio proceso en el que las autoridades de las Grandes Ligas del Béisbol debieron solicitar y recibir, con demora, la autorización de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este proceso incluyó un permiso especial para que Cuba participara en el evento, otro posterior para que se incorporaran jugadores cubanos del circuito de las Grandes Ligas y otro aún más tarde para concretar su integración temprana con el resto del equipo. Los permisos otorgados prohibieron explícitamente a varios de los integrantes del equipo a viajar a Cuba con sus compañeros al terminar el certamen. Todo ello puso en peligro la participación cubana en el Clásico de Béisbol e implicó desventajas extraordinarias.

Los atletas cubanos han participado en eventos deportivos en múltiples ciudades de los Estados Unidos y otros países sin enfrentar este clima de agresividad que parece singular de la ciudad de Miami. Cuba no renunciará al derecho de competir en igualdad de condiciones en territorio estadounidense. En contraste, Cuba continuará honrando sus compromisos como anfitrión en todos los certámenes internacionales que se celebren en nuestro país, en los que siempre se ha respetado y acogido con entusiasmo a los atletas de todo el mundo, incluyendo a los de los Estados Unidos.

Hechos como los anteriormente denunciados, ratifican, una vez más, que la ciudad de Miami no reúne las condiciones mínimas para ser sede de un evento internacional y que sus autoridades tienen una responsabilidad fundamental en esta despreciable realidad.

Cuba agradece a la numerosa afición y a todos aquellos que dentro y fuera del estadio en Miami acogieron con alegría y espíritu deportivo la participación de Cuba en el Clásico y su clasificación para las semifinales con un equipo de cubanos residentes en Cuba y en el exterior. Muchos se acercaron al equipo para ofrecer su apoyo y solidaridad. 

El pueblo de Cuba vivió días de emoción siguiendo al equipo desde los primeros juegos y sufrió también como propio el vejamen protagonizado por sectores extremistas que agredieron al equipo y se ensañaron con aquellos que hicieron realidad, en el Team Asere, el sueño de un equipo Cuba con participación de jugadores cubanos de las Grandes Ligas y de ligas de otros países. Cuba seguirá abierta a reeditar esta experiencia.

Por encima del odio, siempre prevalecerá el amor a Cuba y el amor al deporte.

La Habana, 22 de marzo de 2023

(Cubaminrex)

Foto: Prensa Latina

¡Sin justicia no hay democracia! Reclamo de pueblos originarios

El día viernes 11 de marzo del 2022, una delegación del Pueblo Cabécar de China Kichá, la Coordinadora de Lucha Sur Sur y de organizaciones defensoras de los derechos humanos sostuvieron una reunión con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y su equipo.

Las organizaciones expresaron sus inquietudes, denuncias y propuestas sobre las crecientes agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de Costa Rica y la impunidad reinante en estos casos.

La Dirección del OIJ se comprometió a dar respuesta al documento presentado por las organizaciones. En estos días se estará brindando mayor información sobre estas gestiones.

El documento contiene el siguiente texto:

Señor

Walter Espinoza Espinoza

Director

Organismo de Investigación Judicial

Reciba un saludo de parte de las organizaciones de Pueblos Originarios y defensoras de los derechos humanos que suscribimos el presente documento.

A partir de la reunión de una delegación de quienes suscribimos con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Fernando Cruz Castro, el pasado 26 de enero y con el objetivo de continuar con el diálogo que permita un real acceso a la justicia para los Pueblos Originarios, nos hacemos presentes para manifestar algunas inquietudes y demandas ante esta Dirección.

Es de conocimiento público las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo los Pueblos Originarios de Costa Rica. Como hemos comunicado reiteradamente y desde hace muchos años, la ocupación legal de nuestros Territorios por parte de personas que no pertenecen a nuestros Pueblos, es la causa principal de la violencia y violación sistemática de nuestros derechos humanos y es obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, ejecutar los desalojos administrativos necesarios para devolvernos nuestras tierras.

Ante el ejercicio de nuestro derecho humano colectivo a la tierra; está la violencia y violaciones a los derechos humanos en nuestra contra se han incrementado, ante lo cual, la impunidad es la respuesta que hemos encontrado de parte del Poder Judicial.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad como: «falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familias»

Son reiteradas las denuncias públicas, ante la Inspección Judicial, la Defensoría de los Habitantes y otras instancias, sobre el actuar discriminatorio y racista de diversas instancias judiciales, incluido el OIJ, en la atención, trámite y resolución de los casos en los que son parte los Pueblos Originarios.

Uno de los obstáculos frecuente para el acceso a la justicia por parte de los Pueblos Originarios es que, conociendo las realidades culturales de estos Pueblos y su poco o nulo acceso al internet y equipos de cómputo, diversas instancias judiciales se niegan a entregar copias en físico de las denuncias, resoluciones y demás trámites judiciales, a pesar de la solicitud expresa de las y los ofendidos.

SURCOS comparte además el siguiente documento entregado por representantes de pueblos originarios al fiscal general interino:

 

https://www.facebook.com/111882987093775/posts/477557537192983/

Compartido con SURCOS por Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua seguirán comprometidos con la libertad de expresión

SURCOS comparte la siguiente información:

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN, ratifica su compromiso con la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y el Derecho a la Comunicación y recuerda cada día el legado del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas, asesinado hace 44 años. Toda autoridad debe saber que las ideas no se matan, no se encierran en la cárcel, ni se exilian, pues mantienen vigencia más allá de los límites naturales del tiempo y la distancia, transformándose cada instante en una demanda permanente de cualquier sociedad.

44 años más tarde, la demanda de justicia se mantiene en vigencia, sumada a la demanda de libertad a favor de quienes se encuentran privados y privadas de su libertad por pensar diferente. La prensa independiente es fundamental para la construcción de la nación republicana soñada por Pedro Joaquín, con instituciones basadas en el respeto a los Derechos Humanos y al servicio de la ciudadanía.

Desde PCIN, hemos denunciado las agresiones y delitos cometidos contra hombres y mujeres de Prensa en Nicaragua, seguiremos haciéndolo. Instamos a la prensa independiente a seguir firmes en nuestro quehacer de llevar información veraz y objetiva a la ciudadanía nicaragüense dentro y fuera del país.

¡La democracia no puede concebirse sin Libertad! 10 de enero de 2022 Periodistas Y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Imagen ilustrativa.

La Comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compartió con el relator de la ONU, Francisco Cali Tzay

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado lunes 06 de diciembre de 2021, una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compartió con el Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En este encuentro se entregó el “Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero – diciembre 2020”, además de un documento actualizando la situación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica.

El Sr. Cali Tzay se encuentra de visita oficial en Costa Rica y estuvo compartiendo con más organizaciones de la sociedad civil previo a su visita a territorios.

Por las vidas de personas defensoras ambientales: ¡Acuerdo de Escazú ya!

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

Hoy día de la tierra entra en vigor el Acuerdo de Escazú y mientras en la región celebran en nuestro país están amenazadas de muerte 12 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro[1].

Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.

Estas intimidaciones son parte de los 88 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado[2], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia, cuyo hecho crucial fue el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera, en febrero del 2020. Toda una guerra de lenta y cruel intensidad. 

Un contexto similar se dio en el año 2019, antes y después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.

La pandemia ha sido la principal causa de que, tanto el año pasado como este, no se concretaran ninguna de las otras amenazas de muerte, pues la acción del gobierno es “dejar hacer, dejar pasar” al estilo progresista. Es decir, hacer que se hace y darle largas; o sea, legitimar y estar del lado de quien aplica la violencia.

Esa misma ambigüedad raya en cinismo pues se trata de vidas de defensoras y defensores indígenas y activistas. Similar inacción ha demostrado el Estado con la negociación y aprobación del Acuerdo de Escazú. Por un lado está el discurso “verde”, donde en el papel aguanta lo que le pongan; y por otro lado está la realidad, donde el Gobierno lo trata como moneda de cambio y es caja de resonancia de los horrores que han dicho las cámaras empresariales contra dicho Acuerdo. El Gobierno lo ha dejado engavetado y a la suerte del juego legislativo-electoral, donde puede pasar cualquier cosa.

Mientras, se ha perdido un valioso tiempo de vida o muerte. Por ejemplo, este año Pablo Sibas, líder histórico del movimiento indígena, fue amenazado nuevamente. En redes sociales le dijeron: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces para q respeten lo ajeno a todo cerdito le llega su hora”, “Hay que eliminar a Pablo sibar vividor, estafado, ladrón, sinvergüenza muerto de Amber, parásito invivible, pero ya la muerte lo anda Rondando muy SERCA tarde o temprano dejará de joder” (citado textualmente).

Sibas ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha sido atacado en diversas ocasiones, de la misma forma en que sucedió con Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y otras personas indígenas.

“Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias están en peligro, que en nuestras propias tierras y casas estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibas.

En mayo de 2012, Sibas sufrió dos ataques físicos: uno donde recibió golpes, patadas y hasta mordiscos; y otro una semana después, en el que lo persiguieron por la carretera, lo insultaron y lo intentaron herir con un cuchillo.

El año pasado, en los hechos que culminaron con el lamentable asesinato de Jehry Rivera, el día antes del crimen Sibas se salvó de ser la víctima de la misma turba, que con machetes “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”[3].

“Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial. Uno días después, personas no identificadas incendiaron la finca de Sibas. Semanas antes del ataque, había recibido varias amenazas de muerte en las redes sociales. Se le informó de que se habían contratado sicarios para matarlo a él y a varios otros líderes indígenas. Esa misma amenaza fue reiterada meses después por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada una recompensa por su asesinato También ha sido objeto de una campaña de difamación por medios de comunicación local y nacional, si bien debería gozar con medidas de protección y ha interpuesto las denuncias oficiales, la protección policial es esporádica y su vida corre mucho peligro”[4].

En este contexto, donde hay claramente un modus operandi de la violencia y sus perpetradores, de las formas, de las estrategias utilizadas, de los mecanismos, no existen leyes ni fuero en la legislación actual de nuestro país para resguardar la vida de las personas defensoras. A las personas indígenas el sistema solo les ofrece utilizar el programa de protección de testigos, teniendo que abandonar su hogar y su territorio, mientras los perpetradores frescos y libres dentro de los territorios indígenas.

Está claro que el acuerdo de Escazú crea jurisprudencia, reconocimiento y condiciones para personar defensoras pues en su artículo 9 dice que se “garantizará un entorno seguro y propicio”, “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover derechos” y “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.

El gobierno es responsable de este manejo vacilante del Acuerdo de Escazú, que ha generado el espacio para que el lobby empresarial y transnacional, que ha retomado los argumentos más retorcidos de las derechas latinoamericanas, donde resucitaron y maquillaron los manuales de la guerra fría, rayando en el ridículo.

Ahora, en medio del peor ambiente electoral y después de secuestrar ocho meses la agenda legislativa para hipotecar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la división de poderes, la Constitución Política y la institucionalidad democrática, veremos el destino de este importante Acuerdo. Le corresponde el turno a la Asamblea legislativa, de donde brotaron tantos precandidatos como moho después de la lluvia. Esperemos que todos quieran figurar y, aunque sea por oportunismo se pongan a favor del necesario Acuerdo.

[1] Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021. https://surcosdigital.com/pueblos-originarios-de-costa-rica-continuan-luchando-y-exigiendo-justicia-a-dos-anos-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz/

[2]     Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021, Disponible en http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Recuentoagresiones2020.pdf

[3]https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose

[4]https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar

 

Imagen ilustrativa.

(*) Proyecto ED-3526 Diálogo de Saberes y Geografía, docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

“Una vaca importa más que un indio”

Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON

“Yo no quiero que mi hijo escriba el mismo libro que yo escribo, yo quiero que mi hijo escriba otro cuento diferente, bonito y feliz”, dijo Roxana Figueroa Calderón del territorio Bribri Salitre, del clan Toriguak, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ella junto a Pablo Sivas Sivas, Vanesa Figueroa Calderón, Carlos Steven Vargas Figueroa y Lesner Figueroa Lázaro, volvieron a denunciar en sus exposiciones la negligencia, la inacción, el racismo y la complicidad del Estado y de toda la institucionalidad, con los autores y ejecutores de las más variadas agresiones contra los pueblos indígenas, incluidas las invasiones de sus territorios y los asesinatos siniestros de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera; acribillados a quema ropa cuando estaban indefensos. Esa audiencia se realizó el martes 3 de noviembre de 2020, tras haber sido pospuesta por más de un año, y su objetivo fue dar seguimiento al Expediente 21.360 sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. A petición de los indígenas participamos en la audiencia quien escribe y la abogada Nathalia Ulloa Castillo de Forest People.

En la audiencia expusimos algunos elementos del contexto social histórico y actual de la violencia contra los pueblos indígenas y tareas o propuestas que la Asamblea Legislativa, y en particular la Comisión Permanente de Derechos Humanos, deberían realizar con otras instancias políticas, deliberativas y ejecutoras, que en nuestro criterio contribuirían a resolver efectivamente y con justicia, los problemas que le fueron impuestos a las poblaciones indígenas. Acá resumimos algunos de esos asuntos:

  1. Crear un registro de invasiones a territorios indígenas. Promover y realizar de inmediato en conjunto con otras entidades un estudio que permita actualizar los casos de invasiones por parte de no indígenas en cada uno de los territorios que pertenecen por ley a los pueblos originarios. Se trataría de establecer implicados no indígenas, extensiones y cambios realizados, fechas de inicio de esas invasiones, acciones realizadas y tareas pendientes que son responsabilidad de cualquier instancia e institución. Esa actualización debe hacerse respetando el hecho de que los conflictos deben resolverse de acuerdo con la Ley indígena, los Convenios internacionales firmados por Costa Rica y las resoluciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acatamiento de la legislación que asegura los territorios y protege a las poblaciones indígenas es prioritario ya que hasta ahora se ha pretendido, sin ningún resultado positivo y de manera ilegal, atender los problemas en esos territorios aplicando la legislación agraria ordinaria o cualquiera otra, como si se tratara de casos comunes. Ésa es una carencia fundamental: juzgar las agresiones a los pueblos indígenas sin aplicar las leyes especiales que existen para ellos. Por eso es que concluimos con Pablo Sivas, y lo dijimos en la Comisión, que para el Estado costarricense “una vaca importa más que un indio”, dado que el Estado no cumple las leyes indígenas, no acata las medidas cautelares que se le dictan y cuando debe resolver sobre la violencia, los asesinatos y las invasiones de tierras, da prioridad a los rumiantes de lo.as usurpadore.as para que permanezcan en las tierras que son por ley, e irrestrictamente, de los pueblos originarios. Esta es una combinación de racismo, injusticia y negligencia por parte de toda la institucionalidad, empezando por el sistema judicial y la policía, que operan en colusión contra la gente indígena.
  2. Juzgar con justicia el crimen de Sergio Rojas Ortiz. Presionar en todas las instancias políticas y judiciales para la reapertura inmediata y resolución definitiva del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, perpetrado el 18 de marzo de 2019, pues la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, confirma el trato racista y negligente contra la gente indígena desconociendo la Ley indígena y los Convenios internacionales, y de manera específica las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigentes desde 2015. Para los pueblos indígenas la muerte de Sergio y las agresiones permanentes, son una misma cadena de actos racistas en su contra. Roxana Figueroa Calderón lo resumió diciendo que “cuando queman nuestros ranchos humildes no es una quema simplemente de ranchos, es una quema de cultura, de vivencia, de historia, de compartimiento. Yo no veo por qué, sí los diputados dijeron en su momento que el territorio de Salitre era para los de Salitre y así sucesivamente cada uno de nuestros territorios iban a ser de sus habitantes, yo no lo creo porque yo tengo exponer mi vida para vivir en la tierra que es de nosotros”.
  3. Juzgar con justicia el crimen de Jerhy Rivera Rivera. Incidir en lo que corresponde en el sistema judicial para acelerar la resolución del asesinato de Jerhy Rivera Rivera ocurrido el 24 de febrero de 2020, pues tanto en este caso como en el de Sergio Rojas Ortiz se debe impedir la impunidad. Sobre la responsabilidad del Estado en ambos asesinatos, Lesner Figueroa Lázaro fue directo al señalar que “No hay duda que el asesinato del hermano Sergio es culpa del Estado, porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial con la ley que se promulgó en 1977, hace más de cuarenta años, el asesinato se hubiera evitado sí el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jerhy Rivera se hubiera evitado sí el Estado lo hubiera hecho. Entre más antes lo hubiera hecho menos problemas hubiéramos tenido. Como dicen ellos ahora, ponen excusas de que hay un problema estructural, claro, pero un problema estructural también culpa de ellos mismos, no es culpa de nosotros”.
  4. Detener desalojos de indígenas de sus tierras. Interponer todos los recursos y esfuerzos posibles para detener de inmediato todos los procesos y acciones de desalojos de las personas indígenas de su propio territorio, como los de Kono Jú y Yuwi Senaglö, ambos en China Kichá, dado que se juzgan, como dijimos, con base en la legislación agraria ordinaria y no con base en la Ley indígena y los Convenios internacionales. Igualmente se debería exigir que cese cualquier proceso judicial, como las inspecciones dentro de otras recuperaciones como Crun Shurín, que responden a los intereses directos de las y los usurpadores, quienes cuentan con el acompañamiento de funcionarios judiciales y policiales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la gente indígena.
  5. Exigir cuentas y sacar al juez Jean Carlo Céspedes. Pedir rendición de cuentas por las actuaciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Judicial dado que, como ha quedado demostrado, no tienen capacidades técnicas, voluntad, ni actitud humanística, para atender las usurpaciones en los territorios indígenas. En paralelo y como parte de esta urgencia, es indispensable exigir la sustitución inmediata del juez Jean Carlo Céspedes porque todas sus actuaciones atentan contra los pueblos originarios e irrespetan la Ley indígena y los Convenios internacionales. Además, este empleado judicial ya fue recusado en instancias judiciales y tiene ligámenes familiares con usurpadores de tierras indígenas. os indígenas lo han expuesto en muchísimas ocasiones, y repitieron en la Asamblea Legislativa por medio de Lesner Figueroa Lázaro y Pablo Sibas, que “hay muchos finqueros con muchos recursos en los territorios y hay que decirlo así: estas personas son amigos de diputados, son amigos de ministros, son amigos de jueces, o sea, dicen que el juez tiene una independencia absoluta, pero diay, el juez que dicta resoluciones en el agrario es el yerno de uno de los terratenientes (usurpadores) de los territorios”.
  6. Cumplir medidas cautelares internacionales. Exigir la protección efectiva de las personas indígenas de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, cuyo objetivo es “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa misma Medida cautelar, como se reiteró en el comunicado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz. Bicentenario está manchado de sangre”, firmado por 183 organizaciones de América y Europa el día del asesinato de Sergio, la Comisión insistió en “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable” que ya era previsible. Otro aviso no atendido por el Estado fue el informe de la Décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, del 28 de diciembre del 2016, en el que se acusó que “el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas. Las mismas medidas de protección dispuestas para Sergio Rojas Ortiz, aplicaban para Jerhy Rivera Rivera y siguen vigentes para los pueblos indígenas en general.
  7. Exigir al Gobierno mediación internacional especializada. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, daría una importante ayuda si insistiera vehementemente ante el Gobierno de la República para que éste solicite, de inmediato, mediación internacional especializada, dado que hasta ahora los resultados de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, no han culminado en respuestas efectivas y no han impedido irreparables y trágicos desenlaces como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Esta acción, en conjunto con las otras planteadas, resultan indispensables para asegurar la integridad y la vida de todas las personas indígenas amenazadas de muchas maneras, incluidas las reiteradas intimidaciones y desafíos de muerte.

En la audiencia se le explicó a los y las diputadas que los problemas generados por las invasiones a territorios de los pueblos indígenas no son responsabilidad exclusiva de la actual ni de la anterior Administración gubernamental, si no que responden a un ejercicio del poder racista y colonial desde hace siglos, en el que se inscriben los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y también de Antonio Saldaña y Pablu Presberu. Esa violencia es responsabilidad de toda la institucionalidad costarricense, incluida la Asamblea Legislativa, donde también se registran actos vergonzosos e indignantes como el del fatídico del 10 de agosto de 2010 cuando en la madrugada, 50 antimotines de la Fuerza Pública sacaron del Salón de Beneméritos de la Patria, a empujones, a rastras y con golpes, a los y las 21 indígenas que pedían votar el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica. Si la Asamblea Legislativa no hubiese fallado, hoy tendríamos esa ley vigente y es por eso que como muestra de dignificación de los pueblos indígenas ese proyecto debería retomarse y aprobarse para darle seguridad a la población indígena.

Acciones claras, directas y contundentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativa en general, podrían impedir nuevos asesinatos, ya que la violencia contra los pueblos y personas indígenas ha bajado de intensidad desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, porque las recuperaciones están detenidas. No obstante las amenazas son permanentes e incluyen agresiones verbales, quema de fincas, cultivos y casas, amenazas con machetes y otras herramientas/armas, armas de fuego, despliegues de grupos de matones, inacción de las autoridades policiales y actuaciones abiertamente en favor y protección de los finqueros usurpadores, sus empleados y personas violentas que ejercen presión de todo tipo contra la gente indígenas.

Según estaba previsto, planteamos a la Comisión Permanente la necesidad de que se desplace, y de ser posible que sesione en los territorios indígenas. En esa misma sesión del martes 3 de noviembre de 2020, se aprobó una moción de la diputada Nydia Céspedes y el diputado José María Villalta-Flores Estrada “Para que esta Comisión acuerde sesionar en los territorios indígenas en fecha a definir en la próxima sesión” (10 de noviembre). De realizarse esa actividad, sería una oportunidad muy valiosa para que los y las integrantes del foro legislativo dialoguen con personas de las comunidades indígenas in situ y tengan una idea cercana de la zozobra y amenazas bajo las cuales viven. En palabras de Vanessa Figueroa Calderón las amenazas mantienen en permanente sigilo y miedo a la gente de todas las edades: “mis hijos me dicen mami ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio, pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso”. Pero también, si la Comisión realizara inspecciones en los territorios recuperados, podría confirmar los avances para vivir bien que los indígenas han logrado en muy poco tiempo. Como dijo Pablo Sivas Sivas, “a mí me gustaría que ustedes visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que este proceso siga”.

Las recuperaciones que son medios de hecho, pero con bases legales clarísimas que la institucionalidad no respeta ni aplica, van a seguir tarde o temprano, y si la violencia provoca más muertes, esa responsabilidad se cargará directamente al Estado costarricense. Hay mucha gente indígena con mente muy calibrada y pacífica, pero hay también muchísima gente que esta agobiada de soportar todo tipo de vejaciones, insultos, ultrajes contra sus hijos e hijas, madres y familiares, y contra sus propiedades. “¿Qué pasaría si un sikua/blanco muriera? ¿Harían lo mismo el Gobierno y los tribunales y archivarían el caso, como con Sergio?”, se pregunta la gente indígena. Ya hay decisiones tomadas e irrenunciables y así lo dijo Lesner Figueroa Lázaro en la Asamblea Legislativa: “me parece que se puede evitar nuevas muertes, porque así como la está viendo, ella (Vanessa Figueroa) está amenazada de muerte, yo también, el compañero también (Pablo Sivas y Carlos Steven Vargas) y si me tienen que matar me matan, a mí eso no me importa, pero callarme no me voy a callar, yo voy a seguir recuperando mis tierras, voy a seguir luchando y vamos a seguir adelante”.

Los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas requieren soluciones urgentes, definitivas, efectivas y sobre todo justas y en medio de tanta incertidumbre las oportunidades para que el niño del clan Toriguak, hijo de Roxana Figueroa Calderón, pueda escribir “otro cuento diferente, bonito y feliz”, dependen de si el Estado costarricense y la sociedad en general, asumimos las condiciones de convivencia que nunca hemos asumido.

Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en el Semanario Universidad.

Denuncian inacción policial en agresión a territorio indígena

SURCOS recibió dos notas en las cuales se denuncia la inacción policial ante la agresión al territorio indígena de Salitre, así como a las personas de ese pueblo.

Compartimos ambas informaciones de los hechos ocurridos este 25 de diciembre en horas de la mañana y de la noche.

– Agresiones y amenazas de muerte contra indígenas Bribris en Salitre.

Hoy martes 25 de diciembre de 2018, en el territorio Bribri de Salitre, Buenos Aires de Puntarenas; desde las 7 de la mañana ingresaron por la fuerza los usurpadores Eliodoro Figueroa Díaz y Eliodoro Figueroa Uva y 10 peones a una tierra recuperada por el pueblo Bribri, ubicada 25 metros al este de la escuela de Río Azul.

Los agresores ingresaron armados con machetes y armas de fuego, pusieron una cerca con alambre de púas y cortaron la manguera que lleva el agua a la casa.

Y no permitieron la salida de las 2 mujeres y 8 menores de edad indígenas que se encontraban en su propiedad; esta situación se extendió hasta la 1 de la tarde.

Aunque las mujeres recuperadoras bribris llamaron a la fuerza pública y al 911, los policías llegaron a eso de las 9 a.m, hablaron con los agresores, que se negaron a salir de la propiedad recuperada, ante lo cual la policía no actuó y por el contrario pidieron papeles a las indígenas dueñas de la tierra y además expresaron de forma irrespetuosa y fuera de sus facultades que los papeles no eran válidos, porque no tenían el sello de la Asociación de Desarrollo, figura impuesta a los pueblos originarios.

A pesar que las mujeres bribris recuperadoras de tierra – territorio informaron a la policía de que los agresores tenían armas de fuego, los oficiales no los requisaron, ni siquiera pidieron los permisos de portación de armas y simplemente se retiraron del lugar.

Se debe recordar que Figueroa Díaz y Figueroa Uva son usurpadores de la finca de Silvia Rojas Figueroa y Minor Ortiz Delgado, ambos bribris.

Los agresores no indígenas se retiraron a la 1 de la tarde amenazando de muerte a las mujeres y niñ@s, diciéndoles que hoy mismo volverían «a volarles plomo». Estos agresores se encuentran en una finca ubicada a 800 metros al sur de la escuela de la comunidad, donde está llegando más gente no indígena y extraña a la comunidad.

Responsabilizamos al Ejecutivo y a la Fuerza Pública de Buenos Aires por cualquier nueva agresión que puedan sufrir las mujeres y l@s niñ@s recuperador@s.

– Familia recuperadoras Bribris de Río Azul, Delgado, Ortiz, Rojas.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

– Sacan a balazos a mujeres y niña@s bribris de su tierra en Salitre.

A las 8 de la noche de hoy martes 25 de diciembre de 2018; los agresores llegaron y sacaron a balazos a las mujeres y niñ@s indígenas que se encontraban en su tierra.

Tal y como se informó en horas de la tarde, los usurpadores Eliodoro Figueroa Díaz y Figueroa Uva y sus peones amenazaron con volver y sacar a las mujeres y niñ@s indígenas y así lo hicieron.

Ante las agresiones que se dieron en la mañana y las amenazas de muerte, la Fuerza Pública no hizo nada y el ataque armado se dio.

Las mujeres y niñ@s huyeron y no se sabe si hay heredid@s.

– Familias recuperadoras Bribris de Río Azul; Delgado, Ortiz, Rojas.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Ditso.

 

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Waca, la tierra de los bribris

  • Waca, la tierra de los bribris. 1979. (Edgar Trigueros, 1979) PARTE 1

Salitre antecedentes del conflicto video

Ya en Waca (1979), un documental de Edgar Trigueros, se denunciaba la situación en territorio indígena Bribri y Cabécar. El conflicto persiste aún ahora. Para ver Salitre, antecedentes del conflicto (2017, UNED) completo, ingrese en el siguiente enlace: https://youtu.be/MgHa2GMq-yY

Una larga historia de omisiones, de errores y de silencio. Una sucesión de abusos, agresiones, y olvidos.

En el país de la paz y el respeto a los derechos humanos, hay otra Costa Rica, donde un grupo de finqueros amparados por la fuerza pública, las autoridades judiciales y la municipalidad, pueden quemar casas, marcar con hierros al rojo vivo a una persona, amenazar y disparar armas de fuego, herir a las personas y perseguirlas con perros por la montaña.

Waca la tierra de los bribris3

Aunque la ley es clara sobre el respeto a la integridad del territorio, y la tradición es clara sobre los clanes matrilineales; eso parece que a nadie le importa.

Pero no se trata solamente de Salitre, ese es el caso que vemos ahora, pero la gente de Cabagra y la gente Cabécar de Ujarras, el pueblo Brunkajc y Broran, todos han sido lesionados en su autonomía e integridad del territorio.

Waca la tierra de los bribris2

Es una vergüenza, una pena, ver a algunos voceros en este documento, como el finquero William Vega, que aparece como un ignorante, misógino, prepotente e incapaz de entender que la tierra se quiera para algo más que para hacer plata; y peor el alcalde de una municipalidad invisible, Buenos Aires de Puntarenas, cantón en donde viven 5 pueblos indígenas, todos agredidos en la integridad de su cultura, que incluye su territorio.

Para ver completo Waca, la tierra de los Bribris ingrese en el siguiente enlace: https://youtu.be/-R0aoS3SzSc

 

Salitre antecedentes del conflicto video2

Tomado de la página de Facebook Proyecto Jirondai.

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La Red de Mujeres Rurales denuncia otra agresión al pueblo bribri de Salitre

Una vez más los finqueros invasores del territorio indígena Dirió Siêiê (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre y los funcionarios racistas de las instituciones cometen agresiones contra el pueblo bribri, contra los legítimos dueños del territorio.

Salitre RedMuRu
Destrucción del yucal.

El pasado 9 de enero, a eso de las 10 de la mañana inició un fuego provocado en la finca de Mariana Delgado y su familia. Cerca del lugar se había visto al finquero Edwin Guevara y un peón. Los fuertes vientos que se han dado en estos días en todo el país permitieron que rápidamente el fuego se fuera extendiendo por la finca poniendo el peligro vidas humanas de Mariana, sus hijos y nietos.

La familia vivió horas de gran angustia porque el fuego corría quemando las 15 hectáreas que habían sembrado de yuca, caña, pejibaye, frijoles, y árboles que se habían plantado en un proceso de reforestación y recuperación de las nacientes de agua. Las llamas llegaron a rodear el rancho donde viven.

Cuando el fuego inició la familia llamó al 911 solicitando los bomberos, y aunque de la central decían que enviarían a los bomberos para apagar el fuego, pasaban las horas y eso no sucedía. En algún momento la respuesta fue que los bomberos de Buenos Aires decían que no pasaba nada. La familia insistía llamando y cerca de las 3 de la tarde llegó una unidad de los bomberos y una patrulla de la policía, pero se quedaron hablando con otro usurpador Willian Arias y nunca se acercaron a la casa de la familia indígena que estaba rodeada de carbones y cenizas.

A lo largo de los últimos años los finqueros acuerpados por las autoridades han cometido muchos delitos contra el pueblo bribri de Salitre y quedan en total impunidad. Recordemos cuando uno de los hijos de Mariana, José Luis, fue marcado con un hierro caliente de marcar ganado por el mismo Edwin Guevara, o cuando la policía sostuvo a las mujeres de la familia Figueroa para que fueran golpeadas por los finqueros, o las muchas casas de familias indígenas que han sido quemadas y con ellos han perdido todas sus pertenencias. Ni las autoridades de gobierno central, ni las instancias judiciales han avanzado nada en el saneamiento del territorio que por Ley le pertenece al pueblo bribri de Salitre, ni en sentenciar a los responsables. Esta impunidad favorece y fomenta que se sigan cometiendo este tipo de acciones criminales, estas violaciones a los derechos legítimos del pueblo bribri.

La Red de Mujeres Rurales responsabiliza al gobierno de Costa Rica por la inacción ante estas violaciones a los derechos humanos, que están amenazando la vida de mujeres, de hombres, de niñas y niños.

Llamamos a toda la población a repudiar públicamente la negligencia y complacencia del gobierno de Costa Rica ante estos actos.

10 de enero 2017.

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Enviado a SURCOS Digital por Red de Mujeres Rurales.

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