Etiqueta: agricultura campesina

Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria

Escrito en 29/07/2025. Publicado en Alimentación, Derechos.

Por Juan Arguedas Chaverri
Denis Montero Solís

“Somos lo que comemos”.
Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán.

A. Diagnóstico del actual modelo agroalimentario

Caracterización del Modelo Agroalimentario Industrial Dominante: el agronegocio extractivista:

• Basado en agroexportaciones de materias primas, postres, follajes y en menor grado carnes, e importaciones de alimentos fundamentales para la dieta local: arroz, frijoles, maíz.

• Sustentado en políticas neoliberales que desfavorecen la pequeña agricultura campesina e indígena nacional, pues no le ofrecen ningún incentivo, pero abren las fronteras al libre comercio con potencias industrializadas, donde las prohibiciones de subsidios se aplican sólo hacia nuestra agricultura (en los países industrializados, después de más de 40 años de libre comercio, se mantienen altos subsidios a su producción doméstica).

• Controlado localmente, por las oligarquías, hasta hace poco, la exportadora y más recientemente la importadora de alimentos y el capital financiero, siempre vinculadas a los agronegocios internacionales, sin ocuparse, en todo este tiempo, de garantizar la alimentación de la población costarricense.

• Excluyente de culturas y actores no alineados con la narrativa neoliberal de libre mercado, eficiencia, eficacia y productividad de la agricultura y de las tecnologías generadas para el agronegocio como soluciones al problema de la producción y acceso a los alimentos. (Desconoce el conocimiento y aportes de actores como: campesinos, indígenas, pescadores artesanales, afrocaribeños, niños y niñas, mujeres jefas de hogar, indigentes, pequeños ganaderos y productores locales, consumidores organizados).

• Ideológicamente autoritario pues se basa en el paradigma de una sociedad surgida de la nueva colonización, que se basa en el paradigma occidental del desarrollo: globalitario, racista, machista, reduccionista; expresado en la Revolución Verde y el agronegocio global.

• Asigna poder para definir política hacia lo rural sólo a órganos estatales como: CNP, MAG, INDER, instituciones reformistas y alineadas con el enfoque de agronegocios que priorizan sólo el mercado y las exportaciones.

• Cosifica los bienes de la naturaleza: la Tierra, El Agua, Semillas y Los Árboles, son vistas sólo como mercancía que se subastan en los mercados, olvidando el sinnúmero de beneficios que aportan a los ecosistemas y a la sociedad.

• Ignora el valor de la salud y la biodiversidad, aplicando productos tóxicos a los productos que luego alimentan personas y animales domésticos. Además, restringe la biodiversidad con intervención genética de las especies, promoviendo sistemas agrícolas de baja o ninguna diversidad, contaminando en suelo, el agua, el aire y los alimentos con productos tóxicos. En general, es posible afirmar que día con día incrementan los problemas de salud de las personas y demás seres vivos, atribuibles al modelo agroalimentario vigente.

B. Visión de la agroecología como propuesta político-filosófica para el país

La Producción y consumo de alimentos, desde la visión Agroecológica, es una parte importante de la conexión entre la sociedad y la naturaleza, partiendo del entendimiento de la tierra como la madre que nos alimenta y recrea.

La agroecología es una prioridad política para mejorar la vida de las personas, con justicia social y para contrarrestar el calentamiento global pues somos conscientes de que este nos está llevando rumbo a nuestra desaparición como especie.

La agroecología busca perpetuar la vida en el planeta y ofrecer la posibilidad de una vida digna para quienes trabajan la tierra, producen los alimentos y para quienes lo consumen.

La promoción de la agroecología es una línea de trabajo que nos permite reivindicarnos como actores, históricamente excluidos, para generar Territorios Sanos, Seguros y Soberanos, con protagonismo de la población excluida rural popular, a quienes, como propuesta política nos debemos.

C. La agroecología como propuesta integral para mejorar la vida

A diferencia del agronegocio obsesionado con exportar materias primas, la agroecología produce alimentos sanos, seguros y abre el camino hacia una producción soberana de alimentos, desde lo más próximo a lo más lejano, evitando largas cadenas de distribución. Por ejemplo, sería más beneficioso vender en la comunidad a personas visitantes, un producto procesado y preparado para el consumo, que una materia prima a granel en el mercado internacional.

En Costa Rica y Latinoamérica existen experiencias agroecológicas implementadas por comunidades y grupos de campesinos, indígenas y consumidores, las cuales se podrían multiplicar. Para ello debe plantearse leyes nacionales y políticas públicas específicas a nivel territorial como incentivos fiscales para prácticas agroecológicas y programas de educación comunitaria para que sea posible.

Vinculado a lo anterior, la agroecología asume al campesinado, los pueblos indígenas, comunidades de pescadores artesanales y aquellas personas agricultoras-o no, comprometidas con el cuidado y restauración de los daños causados a la su Madre Tierra, como sujetos fundamentales en el cambio social, ambiental y político, En ese proceso, todos los días estos sujetos, generan nuevos conocimientos que intercambian con el aprendizaje desde la práctica y el diálogo de saberes. Por ello, las políticas públicas deben surgir en estrecho diálogo con estos sujetos, planteando sus necesidades.

La práctica de la agroecología acoge los principios ecológicos de la Madre Tierra, principalmente reflejados en los bosques y los aplica. Esto incluye la estimulación de la sucesión natural, alta densidad y diversidad de especies, ocupación de diferentes espacios en los terrenos, reciclaje de la biomasa y los nutrientes, asociación entre plantas y árboles nativos, la relación de la luna en la planificación de las siembras.

En las comunidades rurales y urbanas, la agroecología es un modo de vida alternativo al modelo del agronegocio, el cual se enfoca en exportar materias primas, con poco o ningún valor añadido. La agroecología es una propuesta de producción de alimentos, que prescinde del uso de agrotóxicos y productos químicos derivados del petróleo, ofreciendo una ruta sostenible para las-actuales y futuras generaciones.

D. Objetivos estratégicos para alcanzar la soberanía alimentaria

a. El poder ejecutivo debe:

• Apoyar financiera y logísticamente la diversidad de expresiones que tiene la agroecología, desde cada expresión cultural y contexto, para consolidar sistemas de producción agroecológica, superando el sesgo hacia la Agricultura orgánica con certificación de tercera parte y la visión parcial que prioriza mercados internacionales.

• Apoyar metodológicamente, en coordinación con las universidades, las distintas expresiones agroecológicas que dinamizan liderazgos comunitarios, economías locales, encadenamiento con el turismo y generación de empleos familiares y locales.

• Favorecer, con la institucionalidad pública la masificación de experiencia (buenas prácticas) con que ya cuentan muchas familias y comunidades en el país. Además, debe desarrollar, desde sus capacidades, instrumentos, procesos formativos en Agroecología, dinamizar la investigación en tecnología y el diseño de equipos y herramientas que faciliten la producción, procesamiento, transporte y comercialización de la producción agroecológica.

• Un nuevo ministerio o un viceministerio de agricultura que priorice a la población excluida (quienes hacen agricultura fuera del modelo de agronegocio) con protagonismo campesino, indígena, con una visión no patriarcal y feminista.

• Desarrollar e implementar políticas públicas y coordinaciones interinstitucionales para la gobernanza local del sistema agrario, asegurar alimentos sanos, proteger y conservar salud, biodiversidad y bienes naturales.

• • Mejorar condiciones de salud y trabajo en el sistema agroalimentario, los sistemas de distribución promoviendo mercados locales solidarios con precios justos.

• Reforma agraria, relacionada con distribución de tierras con enfoque territorial y de justicia climática.

b. Las personas agricultoras, sus organizaciones y quienes faciliten procesos de formación en agroecología deben:

Favorecer métodos y técnicas para producir alimentos imitando los principios del bosque (Sistemas Agroforestales sostenibles conocidos como SAFS o sistemas de agricultura sintrópica y prácticas agroecológicas para mejorar la fertilidad del suelo.

Fortalecer lo organizativo: articulación y construcción del movimiento, para profundizar:

• Aspectos determinantes de la Agroecología,

• Aumentar capacidad de influencia,

• Alianzas para conseguir políticas públicas.

• Aprovechar el enfoque de turismo rural comunitario:

• Oferta de productos,

• De paisajes,

• De experiencias gastronómicas.

c. Acciones desde el poder legislativo:

Una ley a nivel constitucional que reconozca el Derecho Humano a la Alimentación y La Soberanía Alimentaria.

Una Ley de Soberanía Alimentaria con base agroecológica.

Leyes de Proyectos desarrollo rural integral, proyectos productivos agroecológicos territoriales.

Ley de autonomía para pueblos indígenas.

Ley de comunidades costeras

d. Acciones desde lo municipal:

• Fomentar Políticas municipales de en Economía Social Solidaria.

• Formación política para públicas municipales, para la Economía Social Solidaria.

• Sociabilización y concientización con diversos actores

• Programa nacional de reducción del uso de agrotóxicos, hacia una transición agroecológica.

El estado costarricense hacia la cooperación al desarrollo

Facilitar el diálogo y diseño de propuestas para:

• Marcos políticos para avanzar producción, transformación de productos alimenticios, mercados; desde lo local.

• Impulsar experiencias piloto de sistemas productivos, procesamiento, certificación, desde lo territorial comunitario.

• Intercambios con experiencias en otros contextos.

• Recoger las propuestas de las comunidades y otros actores que hacen agroecología, integrarlas en sus procesos de investigación e incluirlas en sus agendas de trabajo.

Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega

Escrito en 07/05/2025. Publicado en Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Puede escuchar la entrevista aquí.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

Inseguridad jurídica sobre la tierra:
Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.
Procesos judiciales interminables:
Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.
Presiones y amenazas de desalojo:
Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.
Deterioro de las condiciones de vida:
Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.
Pérdida de salud y calidad de vida:
El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.
Despojo silencioso:
Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.
Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.

El desafío agroecológico

Escrito en 31/03/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Dr. Gerardo Cerdas Vega,
Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)

La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.

No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.

Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).

En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.

Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).

Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.

En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.

América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.

La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.

Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.

En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.

[1] MAG y agricultores advierten: el país está a las puertas de una caída en la producción de alimentos • Semanario Universidad

La situación de las familias, sus organizaciones, producción y territorios, impactados por el COVID y las políticas económicas

Escrito en 07/06/2021. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS comparte:

La pequeña producción en general y la agrícola es altamente vulnerable a los efectos de crisis económicas, de la pandemia, situaciones de impacto ambiental, pobreza.

No obstante, los diferentes esfuerzos que realizaron en los últimos años, las organizaciones gremiales y de la sociedad civil, los pequeños productores no son prioridad en las políticas públicas, ni el accionar de las instituciones.

La agricultura campesina, a pesar de arrastrar una situación crítica desde antes de la pandemia y la situación de temor general de la llegada del virus a las comunidades, se ha continuado con la producción de alimentos que consumen las familias en zonas rurales y en lo urbana acudiendo a pequeñas huertas, confirmando el papel vital que desempeña en la seguridad alimentaria en las comunidades.

La pandemia está generando serias dificultades para la producción, mercados afectados por las restricciones sanitarias, cierre temporal de espacios comercialización o desaparición de algunos, caída en el consumo, niveles de pobreza y desempleo en aumento, por ende, la comercialización de los productos de la agricultura, viéndose afectados de forma particular los circuitos cortos de comercio.

Para responder a esta situación y defender los sistemas alimentarios, la productividad local, las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria están tratando de generar alternativas; estas iniciativas incluyen la elaboración de protocolos de sanitarios propios en los espacios de mercado, priorización del abastecimiento alimentario e incidencia en sus territorios para lograr que se mantengan las formas de producción y comercialización alternativas para llegar a los mercados territoriales y locales.

A toda esta situación se suma las políticas económicas que la actual administración ha tomado para superar las crisis económicas vivimos, ejemplo políticas fiscales que meten en mismo saco a grandes empresas y pequeñas donde estas últimas difícilmente pueden adaptarse dado los costos de implementar los requerimientos, normativas y no contar con políticas diferenciadas de atención, más bien los pocos programas que se tenían han sido suspendidos por las restricciones a raíz de la pandemia.

Concluimos en la urgente reflexión y reafirmación de lo que vivimos y entendemos como Economía Solidaria, de reforzar nuestras economías territoriales, obligados a defendernos, nos sentimos moral y políticamente responsables del futuro de nuestras familias.

Reflexión compartida con SURCOS por Carlos Hernández Porras.

Imagen: Semanario Universidad.

Una ley para la privatización de la semilla

Escrito en 20/11/2020. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

(Bloque Verde, 20-11-2020) Hoy la semilla campesina e indígenas puede ser intercambiada o vendida libremente, pero un proyecto de ley intenta cambiar esa práctica milenaria con la excusa de la calidad y el control. Según la OCDE casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, por ser en su gran mayoría semillas locales, nativas y criollas.

En la práctica se trata de un mecanismo de restricción de uso de las semillas, una privatización de esta práctica ancestral que ha hecho posible la agrobiodiversidad existente y que se encuentra en extinción por la homogeneización de la agricultura industrial. Se trata del proyecto bajo el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas”, expediente 21087.

Según la Red de Coordinación en Biodiversidad “ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo”.

Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Diversos colectivos y organizaciones le han hecho saber a los diputados que esta ley está hecha para proteger a un sector agroindustrial de producción y comercialización de semillas. Pero además está diseñada para ir en contra de los intereses de la mayoría de la población.

Para la Red de Mujeres “La ley puede provocar una verdadera persecución a las personas campesinas o indígenas que realizan una labor de mucho valor para la humanidad, conservar las semillas, y para conservarlas deben reproducirlas». Esto debido a que se plantean penas e infracciones contra las personas que intercambian semillas locales cuando estas representan una amenaza comercial para las empresas.

Sumando a todo lo anterior es especialmente grave la falta de participación de los pueblos indígenas en un tema que les afecta directamente y es obligatorio consultarles tal como señala el convenio 169 de la OIT.

Según la Asociación De Desarrollo Indígena Bribri Talamanca (ADITIBRI) en una carta enviada a la Comisión de Agropecuarios aseguro que: “hemos mantenido nuestras semillas, intercambiado y reproducido con prácticas milenarias”.

Para ADITIBRI la forma de conservación, reproducción y producción son propias pueblos indígenas, prácticas inclusive antes de la fundación de la República, en este caso, se refiere al convenio 169 OIT indicando, los Estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. La ADITIBRI aseguran que no han sido informados ni consultados y que este proyecto es contrario a las prácticas tradicionales y costumbres de su pueblo y solicitan archivar dicho proyecto de ley.

Hace más de quince años se ha venido intentando aprobar distintos proyectos de ley relacionados con el tema que tienen serias implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.

El proyecto de ley expediente n°21087 excluye a las comunidades indígenas y campesinas de los espacios de decisión en materia de semilla. Tanto en la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Semillas (ONS), como en la Comisión Nacional de Recursos Fito-Genéticos (CONAREFI), no toman en cuenta a ninguna organización o instancia que pueda defender los derechos de las personas que cultivan la tierra.

Por otra parte, crea un marco de competencia desleal ya que los únicos que podrán venderle al Estado costarricense semillas para las distintas instituciones que tienen programas de asistencia y extensión serán las empresas que logren certificar las semillas. Es decir, que estarían en desventaja pequeñas y medianas empresas que quieran comercializar semillas.

Las piñas de la ira

Escrito en 05/05/2020. Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Henry Picado Cerdas

(5/5/2020.) Hoy en el contexto de la Crisis Sanitaria el ministro Renato Alvarado pierde el apoyo de quienes incluso le han dictado y redactado decretos ejecutivos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y porqué se rompió la alianza los agroindustriales y ministro?

Para tratar de responder a lo anterior debemos comprender que la agenda de uno y otro no son muy distintas, que convergen siempre en las mismas cosas: la defensa de la expansión piñera; la introducción de los agrotóxicos sin análisis eco-toxicológicos previos; la impunidad para la explotación laboral de peones agrícolas nacionales y migrantes; el ocultamiento de los casos de contaminación agrovenenos de acuíferos; una injusta amnistía fiscal para el agronegocio; la certificación y privatización de semillas; la ilegalización del uso de semillas criollas, entre otros.

Los gremios más radicales, defensores de neoliberalismo se enojaron cuando vieron a su ministro aliado diciendo por redes sociales que los tratados de libre comercio (TLCs) han llevado a la quiebra a la agricultura campesina nacional. Los dueños del agronegocio, contaminante y explotador, no tardaron en salir a la prensa a gritar aireadamente contra Renato Alvarado por recordar algo que se sabe desde hace muchos años: las reformas neoliberales han destrozado la agricultura y tienen al país al borde de una crisis alimentaria. Habría que agregar que este régimen económico ha beneficiado a muy pocos, puntualmente se sabe que en Costa Rica solo 10 empresas agro-exportadoras se llevan el 66,5% de todos los ingresos por la venta de productos frescos en el exterior.

Hay que señalar además que Renato Alvarado (hoy ministro de Agricultura) fue no hace mucho vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); gremio que hoy pide su cabeza como jerarca del MAG.

También hay que decir que Juan Rafael Lizano (actual presidente de la CNAA), fue exministro de Agricultura y Ganadería en el periodo de 1990 a 1994. Lizano representa al sector neoliberal más sórdido, defensor de intereses de las multinacionales e importadores de agrotóxicos. La doctrina política del agronegocio ha fracasado y en el contexto de la crisis por el COVID-19 se hace más que evidente.

Por eso este conflicto hay que entenderlo como una riña entre los mismos. Que las organizaciones del campo independientes, ecologistas y de mujeres rurales han sido sistemáticamente excluidas del debate y sus propuestas no han sido escuchadas en los últimos treinta años. En buena hora Renato Alvarado reconoce que el libre comercio significa ruina para el campo costarricense, ojalá el siguiente paso sea abrir el diálogo con el resto de los sectores agrícolas con todas las organizaciones y no sólo con los mismos de siempre.

La Federación Ecologista se ha dado a la tarea de reflexionar y proponer las acciones para buscar la soberanía alimentaria, garantizar la justicia económica y de género en el contexto rural, de esta manera caminar hacia la agroecología y la justicia ambiental.

La Reforma Integral de la Ley De Semillas y su sustrato neoliberal: Es urgente abordar el tema desde otra perspectiva

Escrito en 27/08/2015. Publicado en Madre Tierra.

Comunicado de prensa

Red de Coordinación en Biodiversidad

Las propuestas de ley no se hacen en el vacío, se realizan desde una determinada concepción del Estado y de las actividades o sectores que se pretende regular. El proyecto de ley de Reforma Integral de la Ley de Semillas, con expediente número 16.098, aborda un elemento esencial para la agricultura campesina y la alimentación como son las semillas desde una clara perspectiva neoliberal.

Eso implica, por ejemplo, reducir el Estado a una mínima expresión. Así se reconoció en la exposición de motivos del texto que nos ocupa, donde los legisladores proponentes lo justificaron en tanto “se han modificado sustancialmente ‘las reglas de juego’ en materia de comercio internacional, normativas y desarrollo tecnológico. En adición a lo anterior, la tendencia que conduce hacia una menor participación del Estado en los procesos productivos, con el consecuente incremento de la participación del sector privado en aspectos como la investigación agrícola, producción y comercio de semillas, induce al planteamiento de un cambio en la orientación de la participación del Estado, en los aspectos relacionados con su papel fiscalizador y promotor de la actividad semillerista” (Exposición de motivos original del Expediente No. 16.098, énfasis añadido).

Los cambios propuestos para la Oficina Nacional de Semillas (OFINASE), ahora dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, son otro ejemplo de una visión que procura fortalecer la influencia del sector privado en la gestión de los asuntos públicos y en beneficio de los intereses monetarios de unos pocos. El proyecto dota a la OFINASE de independencia administrativa, funcional y financiera, asimismo fortalece y amplía sus poderes y atribuciones. Al mismo tiempo permite su financiamiento privado por parte de organismos internacionales, autoriza la tercerización de sus funciones mediante la contratación de servicios especiales, y le crea una Junta Directiva con amplios poderes y participación del sector privado.

Nos sorprendió saber que el Poder Ejecutivo había resucitado y convocado como parte de su agenda de este mes de agosto este proyecto de ley, cuya discusión no se había retomado en la Asamblea Legislativa desde que fue aprobado por la Comisión de Asuntos Agropecuarios en 2008. En esa ocasión y aunque nos convocaron para dar nuestra opinión, la Red de Coordinación en Biodiversidad solicitó una audiencia a dicha Comisión, en la cual logramos demostrar que las exigencias que se incluyen en el proyecto para certificar semillas para el comercio acarrearían serios perjuicios para las semillas campesinas. Podemos decir que esa intervención fue importante para detener el proceso en aquel momento, asimismo que los cuestionamientos detallados que hicimos en 2008 siguen siendo totalmente válidos.

En 2008 tampoco fue llamada a opinar ninguna organización o asociación de agricultores, con excepción de UPANACIONAL que se pronunció claramente en contra del citado proyecto. En este sentido, su aprobación acelerada obligaría a nuestros agricultores y agricultoras a manejar sus semillas de acuerdo a la lógica e intereses de las industria semillerista transnacional, sin que las organizaciones del sector hubieran siquiera participado de alguna forma en su discusión.

Queremos agradecer la acertada intervención del señor Luis Felipe Arauz, Ministro de Agricultura, que permitió que el proyecto de Reforma Integral a la Ley de Semillas fuera retirado de la convocatoria a sesiones extraordinarias y se abriera un espacio inicial de diálogo con presencia de organizaciones del sector, asimismo la apertura que encontramos tanto de parte del Ministerio como de Diputados y Diputadas para retomar las preocupaciones que planteamos en la actual coyuntura. Valoramos asimismo la propuesta que expresó en ese espacio de diálogo el pasado miércoles 19 de agosto la Diputada Marlene Madrigal, Presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, para realizar un proceso de foros regionales que permitan socializar y mejorar este texto.

Llamamos a las organizaciones campesinas y ecologistas a participar de forma activa y crítica en la revisión de este proyecto de ley, y reiteramos el compromiso de mantenernos vigilantes en defensa de las semillas y la agricultura campesina.

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Transgénicos amenazan campesinado, soberanía, salud y biodiversidad

Escrito en 08/08/2014. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Ana María Primavesi, et al.

ALAI AMLATINA, 07/08/2014.- [A finales de abril de este año, ocho científicos de diversos continentes del mundo enviaron al Papa Francisco una carta sobre los cultivos transgénicos y su impacto sobre las poblaciones rurales y urbanas, con un documento anexo que recoge los principales argumentos para que se posicione críticamente en esta materia, y en apoyo a la agricultura campesina. Esta carta y el documento salieron a luz pública el 6 de agosto, luego de que el Papa autorizara su publicación. A continuación va el texto del documento presentado por Ana María Primavesi, Andrés E. Carrasco, Elena Álvarez-Buylla, Pat Mooney, Paulo Kageyama, Rubens Nodari, Vandana Shiva y Vanderley Pignati.]

Introducción

Casi veinte años de cultivos transgénicos ¿Qué nos han dado? Al contrario de lo que prometían las empresas, la realidad de los cultivos transgénicos, basada en las estadísticas oficiales de Estados Unidos –el mayor productor de cultivos transgénicos a nivel global– muestran que éstos han tenido menor productividad por hectárea que las semillas que ya estaban en el mercado, pero han significado un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos. (Benbrook, 2012; Gurian-Sherman, 2009).

Esto se tradujo además en fuertes impactos negativos tanto en salud pública [1] como en el medio ambiente en todos los países donde se han cultivado a gran escala. Los cultivos transgénicos han sido un instrumento clave para facilitar la mayor concentración corporativa de la historia de la alimentación y la agricultura.

Seis empresas transnacionales controlan el total de los transgénicos sembrados comercialmente en el mundo. Las mismas seis son los mayores fabricantes globales de agroquímicos, lo cual explica que el 85% de los transgénicos sean cultivos manipulados para resistir grandes dosis de herbicidas y plaguicidas, ya que este es el rubro que les deja mayores ganancias. (ETC Group, 2013b).

¿Han servido para aliviar el hambre en el mundo? No. Además, producto del avance de la industrialización de la cadena alimentaria a manos de las corporaciones de agronegocios, desde 1996, año en que se comienzan a sembrar transgénicos, aumentó la cantidad de personas malnutridas y obesas, fenómeno que ahora es sinónimo de pobreza, no de riqueza. (FAO, 2012; OMS, 2012).

La siembra de transgénicos aceleró el desplazamiento de productores chicos y medianos, empobreciéndolos, al tiempo que sustituyeron gran parte de la mano de obra por maquinaria, aumentando el desempleo rural. Por ejemplo en Argentina, los transgénicos y sus llamados “pools de siembra” llevaron a una verdadera “reforma agraria al revés”, eliminado una gran parte de los establecimientos agrícolas pequeños y medianos. Según los censos de 1988 y 2002 en esos años desaparecieron 87 000 establecimientos, de los cuales 75 293 eran menores de 200 hectáreas, proceso que continúa con la misma tendencia. (Teubal, 2006). La secuela es que en la actualidad, el 80% de la superficie cultivada está arrendada por 4 000 fondos de inversión: no se trata de un modelo para alimentar, es una plataforma agrícola para especular.

Han agravado los problemas para las bases de supervivencia del planeta. En el mismo período en que se comenzaron a sembrar cultivos transgénicos, se agudizó seriamente la crisis climática y se agravaron ocho de los nueve problemas ambientales más graves del planeta definidos por el Stockholm Resilience Center como los “límites planetarios” que no podemos transgredir si queremos que La Tierra sobreviva. Siete de ellos: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la contaminación y agotamiento del agua dulce, la erosión de suelos, la excesiva cantidad de fósforo y nitrógeno vertidos a mares y suelos y la contaminación química, están directamente relacionados con el sistema industrial corporativo de producción de alimentos, en el cual los transgénicos son su paradigma central. (Rockström, 2009; ETC Group, 2013a, GRAIN, 2011).

¿Necesitamos cultivos transgénicos? Una gran diversidad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala son los que actualmente alimentan al 70 % de la población mundial: 30-50 % de esa cifra lo aportan parcelas agrícolas pequeñas, las huertas urbanas entre el 15 y el 20 %, la pesca artesanal un 5-10 % y la caza y recolección silvestre un 10-15 %. (ETC Group, 2013a). Es una producción de alimentos más saludable, en su gran mayoría libre de agrotóxicos y transgénicos. Los alimentos del sistema alimentario agroindustrial, por el contrario, sólo llegan al 30 % de la población, pero usan el 75-80 % de la tierra arable y el 70 % del agua y combustibles de uso agrícola. (GRAIN, 2014). De la cosecha a los hogares, el 50 % de los alimentos de la cadena industrial van a parar a la basura.

Para alimentar al mundo no se necesitan cultivos uniformes, de alta tecnología y alto riesgo, en sistemas industriales. Se necesita una diversidad de semillas, en manos de millones de campesinos y productores pequeños y medianos. El avance de las corporaciones de agronegocios, con transgénicos y agrotóxicos, amenaza gravemente esta opción, que es la que ya alimenta a los más pobres y a la mayoría de la humanidad.