Costa Rica tiene una alta dependencia alimentaria y por lo tanto corre peligro en medio de la emergencia global por el COVID19.
Según datos de Consejo Nacional de la Producción en el periodo 2018-2019 el país importó el 57% de arroz que consumimos. Ticos y ticas comemos casi 50mil toneladas métricas de frijol anualmente, de las cuales se logra producir en suelo nacional unas 10mil toneladas, es decir, alrededor de 30mil toneladas métricas, que representa el 80%, se debe de importar del extranjero. En otras palabras, el 70% del gallopinto que se desayuna en Costa Rica viene de afuera. Situación muy grave en un contexto de crisis global de “penuria alimentaria”, como advirtió hace pocos días la Organización para la Agricultura y la Alimentación[i].Por otro lado, la agroexportación en Costa Rica se ha convertido en las últimas tres décadas en los sectores más beneficiados de subsidios estatales, exenciones fiscales y tratados de libre comercio, sin que esto se traduzca en una mejora de las condiciones que de la gente que vive en el campo.
Por décadas, el aparato transnacional-académico-empresarial vinculado a la agroindustria ha creado la ilusión de que la exportación es la solución a la pobreza y el desempleo. Lo cierto es que las jugosas ganancias de la exportación en Costa Rica están bien concentradas en muy pocas manos, no necesariamente costarricenses. Según la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) en 2016 un pequeño grupo de solo 76 empresas, de un total de 3.772 compañías autorizadas a exportar, acaparan el 66,5% del valor total de las ventas al extranjero de ese año. En detalle solo 10 empresas agroexportadoras concentran 51% del total de productos frescos que se colocan en el extranjero.[ii]
La otra cara de este modelo son las cadenas de supermercados como Walmart. A inicios de este año, cientos de agricultores y porcicultores protestaron en las calles por los bajos precios que pagan estas cadenas por sus productos, al mismo tiempo que se importan cantidades importantes de alimentos frescos a precios por debajo del costo de producción nacional[iii]. Walmart ha tenido un crecimiento importante a nivel regional, solo en el año 2018 abrió 38 megatiendas nuevas en Centroamérica, además incrementó sus ingresos en la región a un ritmo de 7,6% anual. Dinámica que no es diferente a nivel global, convirtiendo a la familia Walton, propietaria de Walmart, en la familia más rica del mundo reportando ingresos de USD$100 millones por día[iv].
La agroexportación como modelo alimentario ha fracasado. Este sistema genera más pobreza y desigualdad y no alimenta el mundo, la crisis del COVID19 la ha puesto una vez más en evidencia, incluso distintos investigadores a nivel global señalan a la agroindustria como la responsable de estos nuevos virus que atacan a la humanidad[v]. El agronegocio es conocido por ser un sistema muy concentrado, explotador y contaminante, mismo que ha convertido en la cara de las políticas neoliberales en el campo y en este momento vuelve a poner en jaque lo más básico en nuestra vida: la comida.
Mientras 42 millones de personas en América Latina sufren hambre o mal nutrición[vi]; la FAO, la OMS y la OMC advierten sobre el riesgo de que en el mundo ocurra una “penuria alimentaria” producto de restricciones comerciales y prácticas especulativas, producto de las acciones globales contra la pandemia del COVID19. Situación que afecta sobre todo el comercio de granos básicos según la alerta emitida por estos organismos internacionales. Granos básicos, que como vimos, Costa Rica no produce actualmente en cantidades necesarias para abastecerse, ni siquiera para desayunar. Pero no porque no pueda sino porque no la dejan.
Por otro lado, el sector campesino, que si podría alimentarnos, ha sido el más golpeado, arrinconado y abandonado en estas tres décadas. Pese a esto la agricultura campesina está en el centro de la garantía de que podamos comer en medio de la pandemia actual, si le damos una oportunidad y apoyo, claro. Es urgente apoyar la producción local de alimentos, reconstruir la soberanía alimentaria que podría darnos de comer sin pagar costos socioambientales tan altos como los que cobra el agronegocio, que contamina agua, tierras y cuerpos a su paso. Es urgente fortalecer los lazos sociales y los canales de confianza de donde viene nuestro alimento, es necesario redistribuir la tierra y los medios para producir alimentos; al mismo tiempo que desterramos los agrotóxicos de los campos.
*Henry Picado Cerdas. Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad, la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza (FECON) y parte de la Alianza Biodiversidad y el Comité editorial de la Revista Biodiversidad Sustento y Culturas.
[ii] Esta son: 1.Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A.; 2 Standart Fruit Company De Costa Rica; 3 Diversificados de Costa Rica DICORI; 4 Compañía Bananera Atlántica Ltda.; 5 Tropicalrica Internacional TRI S.A.; 6 Verde Fresco Internacional S.A.; 7 Arjust Cr S.A. 8 Tropicales del Valle S.A.; 9 Piña Frut S.A.; 10 Compañía Agrícola B.C. S.A.
Más de 1250 denuncias se registraron en los últimos 5 años
A inicios de Noviembre el Consejo Universitario hizo de conocimiento público un nuevo pronunciamiento respecto a los impactos del monocultivo de piña en el país, esto tras atender la solicitud del Programa Kioscos Socioambientales para actualizar el pronunciamiento sobre “las consecuencias socioambientales de la agroindustria de la piña” del año 2008. Este nuevo acuerdo es producto del trabajo de una comisión especial del CU- UCR que fue conformada a final del 2017, y estuvo integrada por representantes de distintas áreas de la Universidad.
El CU – UCR considera necesario que se limite la expansión de nuevas áreas de producción piñera, esto con el objetivo de respetar las áreas de protección de ríos y nacientes, así como las fronteras agrícolas, las franjas de amortiguamiento, los territorios indígenas y la salud de las comunidades.
Este nuevo pronunciamiento recoge una serie de preocupaciones provocadas por esta agroindustria en los principales focos piñeros del país (Región Huétar Norte, Región Brunca y Región Huétar Atlántica), regiones que como destaca este pronunciamiento, siguen siendo las zonas con los cantones de más bajo desarrollo humano, al tiempo en que la actividad piñera sigue siendo la principal actividad económica de estos municipios.
Entre los considerandos que llevó al CU – UCR a manifestar su preocupación por las consecuencias negativas de la producción de piña están las más de 1250 denuncias que entre el 2013 y el 2018, se han interpuesto ante distintas instancias públicas por presuntas violaciones a derechos laborales y ambientales. Esta información fue recopilada por la Comisión especial del CU- UCR.
Además de la gran cantidad de denuncias interpuestas en los últimos 5 años, el CU – UCR consideró que existe un existe un faltante de registros e indagaciones técnicas, lo que deja sin respaldo los testimonios de personas que han sufrido enfermedades respiratorias, dérmicas y cancerígenas producidas por la aplicación de agroquímicos y la cercanía que tienen los hogares con los monocultivos de piña. Ver Cuadro N.° 1
Cantidad de denuncias sobre la actividad piñera por institución, según su naturaleza
Periodo 2013-2018
Naturaleza
Institución
Denuncias
Descripción
Ambiental
Ministerio de Ambiente y Energía
71
Tala de árboles
Contaminación de aguas
Tribunal Ambiental Administrativo
29*
Invasión de áreas de protección hídrica
Ausencia de viabilidad ambiental
Servicio Nacional de Salud Animal
1082
Mosca del establo
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
39
Tala de árboles
Invasión de áreas de protección hídrica
Acueductos y Alcantarillados
2
Contaminación de aguas
Defensoría de los Habitantes
8
Recurso Hídrico
Mosca del establo
Sala Constitucional
2
Contaminación de aguas
Ausencia de viabilidad ambiental
Social
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
42
Condiciones laborales inadecuadas
Salud
Ministerio de Salud
–
Información insuficiente
Caja Costarricense de Seguro Social
–
Información insuficiente
*Durante el periodo 2005-2013 se presentaron 90 denuncias ante el Tribunal
Ambiental Administrativo que aún no tienen sentencia.
Fuente: CU – UCR, (2018) Acuerdos firmes, aprobados por el Consejo Universitario en sesión N.° 6235, ordinaria el martes 6 de noviembre de 2018.
La mayoría de las denuncias ambientales son por la corta de árboles; datos que coinciden con los hallazgos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quien determinó que entre los años 2000 y 2015, se perdieron 5.568,98 hectáreas de bosque por la expansión piñera mediante el proyecto de “Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Mocupp). Dicho monitoreo se realizó en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de la ONU (Semanario UNIVERSIDAD, 08-3-2017).
Además de exhortar a todas las instituciones públicas y a la ciudadanía en general, a tomar acciones para amortiguar los efectos negativos de la producción de piña en el país, el Consejo Universitario insta a los empresarios piñeros a cumplir con todas las leyes sociales, ambientales y laborales que podrían estar siendo violentadas por la agro-cadena de la piña. Razón por la que exhorta a los productores piñeros a permitir auditorías de terceros, esto con el objetivo de verificar y transparentar el cumplimiento de las normas y leyes establecidas.
El CU – UCR señala la necesidad de levantar registros que pudieran respaldar las denuncias interpuestas por las comunidades, ya que una serie de resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) del año 2009, determinaron que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) dejarían de ser obligatorios para el desarrollo de proyectos piñeros. Estas resoluciones dieron paso a los “Diagnósticos ambientales”, los cuales son de aplicación voluntaria y posterior al desarrollo del proyecto. El Consejo Universitario valoró esta situación para demandar mayor rigurosidad en beneficio de la salud comunitaria y la protección ambiental.
El órgano universitario también señaló la falta de precisión de los registros estatales respecto a la producción de piña, ya que señala la contradicción de los datos del gobierno central respecto a la producción de piña. Mientras que el MAG sostiene que para el año 2017 existían 44.500 hectáreas de monocultivo de piña, el MINAET afirma que para ese mismo año el área de piña ascendía a 58.442 hectáreas. Además, el Consejo Universitario consideró pertinente para la actualización de este pronunciamiento el desmesurado aumento de las áreas cultivadas de piña. Según el INEC, en los últimos 30 años los terrenos cultivados de piña aumentaron un 1.422%, al tiempo en que se dio una sensible disminución de los terrenos dedicados a la producción de granos necesarios para la seguridad alimentaria del país, dejando a los productos de exportación en una relación 3:1 con respecto al área de productos como arroz, frijol y maíz.
Coincidimos con el CU – UCR en que “los sistemas nacionales e internacionales de certificación disponibles no garantizan el cumplimiento de las buenas prácticas sociales, agrícolas y ambientales en la agro-cadena de la piña”.
El Programa Kioscos considera que “en la cadena de esta agroindustria, los pequeños productores terminan comercializando su producto con las grandes empresas exportadoras; por lo que cabe preguntarse de qué valen todas las certificaciones si finalmente se continúa vendiendo una piña producida con exceso de contaminación y violando los derechos de trabajadores y comunidades, a pesar de que las grandes empresas cumplan con las “buenas prácticas agrícolas”.
Informes con Lic. Karina Valverde, 8824 8292, docente del programa Kioscos y miembro de la Comisión especial del CU- UCR sobre piña.
El CITA-UCR verifica la calidad y valor nutritivo de cientos de alimentos producidos en Costa Rica para hacer un etiquetado confiable para las y los consumidores
El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de la Universidad de Costa Rica, único centro de investigación dedicado a apoyar la industria alimentaria costarricense, está presente desde hace más de 35 años en el estudio del perfil nutricional y en el control de calidad e inocuidad de alimentos para consumo humano en Costa Rica.
En los últimos cinco años en este centro se han diseñado las etiquetas nutricionales para 572 productos que están a disposición de los consumidores en el mercado costarricense. Varias marcas de arroz, jugo de naranja, pulpas de frutas, chips de plátano o mango deshidratado, entre otros productos que usted adquiere en el supermercado llevan etiquetas elaboradas en el CITA-UCR.
En Costa Rica incluso las pequeñas empresas y las personas emprendedoras tienen la opción de contar con el etiquetado nutricional, así como acceder a capacitación para la formulación de nuevos productos, análisis de calidad y apoyo tecnológico que les ofrece este reconocido centro de investigación através de sus diversos servicios y programas de acción social.
El CITA-UCR es el único centro nacional de carácter interdisciplinario con un modelo de interacción continua entre el sector académico, la industria alimentaria y las instituciones del gobierno (MAG, MICITT) en el país.
Etiquetado y salud
Para elaborar una etiqueta bajo los estándares de calidad que se exigen actualmente, el laboratorio de análisis químico del CITAutiliza metodologías químicas oficiales y métodos únicos desarrollados por el laboratorio. Así se realizan los anáslisis completos para determinar con precisión todos los ingredientes que componen un alimento y los nutrientes que aportan a nuestra dieta.
La información nutricional de un alimento incluye el valor energético y sus nutrientes: grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal; además de otros nutrientes que son esenciales para la salud como la fibra y el contenido de vitaminas y minerales.
En el CITA también se realizan análisis de otros compuestos de los alimentos que pueden resultar peligrosos para las personas alérgicas como el gluten, o nitratos y nitritos en embutidos, colados de bebé y vegetales relacionados con la formación de sustancias con posibles efectos cancerígenos (nitrosaminas).
En este laboratorio se realizan más de 6.000 determinaciones al año en muestras de alimentos. Este servicio se brinda tanto a pymes como a empresas consolidadas de la industria alimentaria y a grupos de investigadores interesados en innovación y desarrollo tecnológico de nuevos productos alimenticios.
Desarrollo de productos
Los más de 40 años de operación del CITA con un modelo de interacción continua entre el sector académico, la industria alimentaria y las instituciones del gobierno han permitido generar conocimiento y transferirlo para valorizar la producción nacional, aumentar su competitividad y desarrollar nuevas opciones que faciliten la comercialización en un mundo globalizado.
A través del Programa de Apoyo Tecnológico a la Industria (PATI) el CITA ha desarrollado más de 300 productos alimenticios seguros y nutritivos para las y los consumidores, apoyando así el progreso de emprendedores y empresas nacionales del sector agroalimentario. Este programa funciona desde 1984 bajo la modalidad de puertas abiertas, donde cualquier persona o empresa interesada se puede presentar en las instalaciones del CITA y plantear su necesidad.
Los emprendedores de las zonas rurales también se ven beneficiados por Programa de Desarrrollo Agroindustrial Rural (DAIR) que realiza una articulación entre la investigación realizada por el CITA y la agroindustria rural a través de la capacitación y seguimiento de proyectos para valorizar la producción local.
Todas estas acciones se han logrado con un fuerte compromiso de los colaboradores del CITA y de la Universidad, para contribuir a la mejora en la calidad de vida de la población nacional.
Política de incentivos y exenciones a los monocultivos ha beneficiado a industrias contaminantes
FECON, 12-09-2018. Una larga historia de exenciones e intensivos fiscales es la que nos encontramos cuándo hablamos de expansión del monocultivo de la piña. Estas empresas contaminantes se han aprovechado de múltiples mecanismos fiscales para amasar riqueza. Enumerar algunos nos da una idea de la magnitud que ha tenido el avance de monocultivo de la piña en términos de recaudación fiscal:
Ley de Incentivos a las Exportaciones, N°6955 (1984).
Contrato de Exportación (1984-1999)
Certificados de Abono Tributario (1984-1999)
Ley Zonas Francas, N°7210 (1972). Exención de impuestos de renta y ventas.
Régimen de Admisión Temporal, Ley N°7557 (1996-actualidad). Exención de impuestos de importación de maquinaria y otros activos.
Régimen Devolutivo de Derechos, Ley N° 7557 (1996- actualidad). Devolución de impuestos a empresas piñeras
Ley de Creación del Programa de Reconversión Productiva del Sector Agropecuario N°7742 (1997). Representan incentivos a la agroexportación de productos no tradicionales.
De los Certificados de Abono Tributario específicamente se puede mencionar entre los años 1993 y 1996 se repartieron a 594 empresas un total de ¢62.930 millones. La compañía Pineapple Development Corporation (PINDECO) parte del conglomerado empresarial DEL MONTE recibió ¢3.243 millones.
Sumado a esto existen casos donde las empresas piñeras se benefician de bienes del Estado. Por ejemplo el usufructo de 290 hectáreas en Buenos Aires de Puntarenas propiedad del Instituto De Desarrollo Rural (INDER) arrendada por montos mucho menores al precio de mercado desde 1986 y hasta la fecha. Esta es otra forma de incentivos, tierra a bajo costo. Estas y muchas otras acciones estatales han puesto al monocultivo de la piña en un lugar privilegiado en términos fiscales.
Recientemente el despacho del diputado José María Villalta presentó un proyecto de ley Nº. 20.967 adición de un Artículo 23 bis a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nº 7509. El cual gravaría con un 0,1% más en el Impuesto sobre los bienes inmuebles a las fincas ocupadas con monocultivos que excedan una superficie de 10 hectáreas. Este es un paso en la dirección correcta. Es necesario que Costa Rica haga lo suyo para hacer una reforma fiscal que sea social y ambientalmente justa.
De acuerdo con las autoridades, el agua del proyecto Paacume no sería sólo para riego; sino que será prioridad el agua para consumo humano; sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por quiénes serán los verdaderos beneficiarios de dicho megaproyecto.
Vista de las llanuras desde la Reserva Biológica Lomas Barbudal. Foto: Fabiola Pomareda García.
Desde las zonas más altas de Bagaces se aprecian en las llanuras del Tempisque los cultivos de arroz, algunas plantas de procesamiento de tilapia, las fincas ganaderas y unas pocas sabanas arboladas. Se sabe que a lo lejos esperan caminos de tierra que cruzan poblados donde lo que hay es sed. Sed y sequía. Los desarrollos turísticos, la falta de control sobre los acuíferos, el aumento en la población y la demanda de agua por parte de la agroindustria, todo tiene que ver con la carencia de agua en la provincia.
Mañana se empezaría a discutir en el plenario legislativo el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465). Esta modificación de límites permitiría el avance del Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), impulsado por el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y varios legisladores.
El Paacume consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal, las cuales inundarían un embalse que abarcaría 850 hectáreas. Para esto serían inundadas 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Luego el agua bajaría a través de canales de riego hasta la bajura guanacasteca.
El plan tiene su base en el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste-Pacífico Norte (PIAAG), que busca desarrollar proyectos de infraestructura “de regulación y control de agua para satisfacer la demanda de recurso hídrico para las poblaciones y el uso en riego en las llanuras del Tempisque”.
El 16 de julio la Comisión Especial dictaminó afirmativamente el proyecto de ley para modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Esa comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
El legislador Rodolfo Peña, por ejemplo, es uno de los principales impulsores del proyecto. En un video reitera: “Se van a beneficiar en su mayoría pequeños agricultores, va a haber agua potable para 500,000 personas y llegará agua a las zonas costeras de Carrillo y de Santa Cruz y eso nos va a permitir la recuperación de los mantos acuíferos”.
Sin embargo, diversos actores han externado las siguientes preocupaciones: ¿Es verdaderamente agua para consumo humano?, ¿Son pequeños y medianos productores los que recibirán el riego? ¿Cuáles grupos hoteleros se verán beneficiados?
Toda la discusión alrededor del proyecto deja entrever la necesidad de más transparencia de parte del Gobierno a la hora de promover megaproyectos y al momento de informar a la población sobre las verdaderas personas beneficiadas, especialmente tratándose de una provincia tan necesitada como Guanacaste.
Imagen de la sequía extrema que afectó el norte de Guanacaste en el 2015. Foto: Luciano Capelli.
El discurso de que es “agua para consumo humano”
Un video informativo del SENARA destaca: “El agua no sería sólo para riego, el consumo humano será prioridad, unas 500 mil personas durante los próximos 50 años dispondrán de una cantidad de líquido similar al disponible para el Gran Área Metropolitana”.
El proyecto permitirá “asegurar disponibilidad de agua en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya durante los 12 meses del año para consumo humano y riego para distintos usos”.
Según el Gobierno, con este proyecto se podrá poner bajo riego 18,800 hectáreas localizadas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, para suplir la demanda de agua potable a unas 500,000 personas de los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, con una proyección de 50 años.
Si bien el Paacume es un proyecto que permitirá llevar un caudal de 20 m³/segundo, provenientes del embalse Arenal, hasta la margen derecha del río Tempisque, sólo 2 m³/segundo de este caudal sería para consumo humano y eso nisiquiera está proyectado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Aya). Sin embargo, el “agua para consumo humano” es una de las principales argumentaciones a favor del proyecto, usada por diputados y funcionarios del Gobierno.
En audiencia de la Comisión Especial que analizó este proyecto en la Asamblea Legislativa, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo del SENARA, explicó que la red de distribución primero regará la zona de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya y luego llevará agua a la cordillera costera.
“Ahí se destinarán tres puntos para entregar 1,5 m³/segundo para uso del sector turístico costero y 2 m³/segundo de agua potable, que será administrado por parte del AyA, institución que desarrollará sus proyectos a futuro, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de agua potable de las zonas de interés”, afirmó Coto.
Por otra parte, la gerente de SENARA, Patricia Quirós, también comentó lo mismo durante la audiencia: “Con relación al tema de la calidad de agua para uso potable, el proyecto establece la disponibilidad de recurso hídrico para el AyA en cuatro puntos: cerca de Filadelfia, cerca de Sardinal, cerca de Santa Cruz y cerca de Nicoya, según la distribución de los dos metros cúbicos”.
“Entonces, Paacume proporciona el agua cruda, en las condiciones en que llega desde el embalse Arenal. El Aya tendrá que hacer sus plantas de tratamiento de acuerdo con sus necesidades y sus redes de distribución. Esto no está incorporado dentro del proyecto, pues dependerá de las necesidades de la población y las proyecciones del Aya a futuro”, continuó Quirós.
El año pasado Gadi Amit Kaufman, en representación de la organización Confraternidad Guanacasteca, interpuso un recurso de amparo en contra del Aya.
Según la respuesta del AyA en diciembre de 2017 (Expediente No 17-013465-0007-CO), Saúl Trejos Bastos, director de la unidad de programación y control del AyA, indicó: “Revisada nuestra cartera de proyectos, tanto en las fases de prefactibilidad como factibilidad, no se encuentra ningún proyecto bajo el nombre Paacume. Los proyectos que tenemos en nuestra cartera para esa zona están indicados en el Cuadro 1 que se adjunta, en el cual indicamos la fuente de abastecimiento del recurso de amparo (…). Al contrario, todos los proyectos indicados en el Cuadro 1 supracitado hacen uso de recursos hídricos cercanos.”
En ese mismo documento, Luis Paulino Picado Blanco, director de la unidad ejecutora Proyecto Reducción de Agua No contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética, aseveró: “En el alcance del proyecto para la región Chorotega únicamente se consideran intervenciones en el Acueducto de Liberia y no considera inversiones en el desarrollo de nuevos acueductos (Proyecto Paacume por ejemplo)”.
Para Henry Picado Cerdas, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), criticó: “El agua para consumo humano está de adorno en el Paacume pues es poco viable y muy caro una planta de potabilización. De hecho el AyA no recomienda el uso de agua superficial y menos de este tipo pues pasará a cielo abierto por áreas de plantaciones de arroz o melón, con alto uso de plaguicidas y todo tipo de contaminación biológica y química. Además, el mismo AyA ha desmentido la posibilidad de que esta propuesta se lleva a cabo, puesto que no tienen planes al respecto”, dijo Picado refiriéndose a la respuesta citada del AyA.
Según Sofía Barquero, abogada y asesora legislativa en el despacho del diputado José María Villalta del Frente Amplio, “queda claro que ni la misma institución encargada del abastecimiento de agua para uso poblacional ha manifestado interés en realizar ningún proyecto que requiera puntualmente del caudal que generaría el Paacume”. “Por el contrario, el AyA es claro en su contestación en que tiene otras fuentes de agua disponible para realizar los proyectos que se encuentran planificados”, expresó Barquero.
Falta lista y régimen jurídico de pequeños y medianos agricultores que se beneficiarían
De acuerdo con el video promocional del SENARA, “el distrito de riego Arenal Tempisque genera cerca de $200 millones anuales de parte de productores agrícolas, piscícolas o pecuarios. El Paacume busca que eso mismo ocurra en Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, asegurando el riego para esa zona”.
Además, promueve que “permitirá el riego de 18.800 hectáreas agroproductivas, como una medida de adaptación al cambio climático, de manera que la producción agropecuaria sea sostenible y constante, gracias a los sistemas de riego”.
Este es claramente el principal objetivo del proyecto: el riego. Pero igualmente surge la pregunta de si será riego para pequeños y medianos productores o para la gran agroindustria vinculada a los grupos de poder político y económico de siempre.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Maritza Rojas, coordinadora de comunicación ambiental del ICE, dijo que los tres principales actores socioeconómicos del Paacume eran las empresas: Exporpack S.A., Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A. y Azucarera El Viejo S.A.
Por su parte, Henry Picado, de la FECON, denunció que “el formato de este megaproyecto está en función de llevar agua a proyectos hídricamente despilfarradores e ineficientes como lo son los monocultivos. Este proyecto apodado con el eufemismo de ‘Agua para Guanacaste’ es en gran parte para regar monocultivos de caña de azúcar, melón, arroz, ganadería extensiva y, ¿por qué no? piña también. Pero sus promotores no lo dicen”.
Gadi, Amit, de Confraternidad Guanacasteca, se refirió al sector agrćola como el gran consumidor de agua y al acaparamiento de agua en pocas manos.
“El 80% del agua en Guanacaste es para riego de las cuatro grandes empresas que manejan la caña y el arroz. Cuatro empresas manejan 28.000 litros por segundo, cuando el resto de la provincia maneja sólo 5.000 litros por segundo. Esa es la concentración, esa es la mentira. Le quieren dar más agua a la gente que maneja el agua de riego: Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, Hacienda El Pelón y la Central Azucarera del Tempisque. Cada una tiene como 7.000 litros por segundo por parte de pozos, quebradas, ríos y el sistema de riego Arenal-Tempisque, que maneja SENARA”.
Henry Picado fue más allá y recalcó que “lo cierto es que las empresas que se ven directamente beneficiadas son las mismas que han acaparado el agua de Guanacaste en los últimos 30 años”. “Además, estas empresas beneficiadas con el Paacume tienen relación con partidos políticos tradicionales, han sido parte de sus equipos de gobierno e incluso invierten en campañas políticas”, dijo.
Según documentos de la FECON, Carlos Enrique González Pinto es representante legal de la empresa Melones de Costa Rica S.A. parte de la transnacional Del Monte.
González Pinto es fundador del Grupo Pelón de la Bajura y posee el 50% de las acciones de Melones de Costa Rica con la trasnacional Del Monte. Según reportes del Semanario UNIVERSIDAD, aportó a la campaña del expresidente Óscar Arias Sánchez más de ¢20 millones, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La FECON también aseguró que Agustín Penón Orlich, presidente de Guanacaste Seco S.A., accionista de la exportadora melonera Exporpack S.A. y presidente de la Cámara Nacional de Productores de Melón y Sandía (CANAPEMS), es socio de André Garnier en el acueducto Coco-Ocotal y ha sido tradicional financiador de las campañas políticas del Partido Liberación Nacional.
No obstante, el SENARA sigue asegurando que el Paacume beneficiaría con riego un total de 18.800 hectáreas, dando servicio a 746 productores, de los cuales un 81.57% son pequeños y medianos. “De ellos, cerca del 70% tienen fincas menores a 25 hectáreas, y cerca del 11% tienen fincas de entre 25 y 50 hectáreas; el resto tiene fincas mayores a 50 hectáreas (19% ). De los 746 potenciales productores, 56 son de Nicoya, 197 de Santa Cruz y 493 de Carrillo”, señalan.
Pero para Sofía Barquero, es importante saber en la práctica quiénes usufructúan con estas propiedades, cuál es el régimen jurídico y, por lo tanto, cuántas de estas fincas están alquiladas a, o producen para la gran agroindustria.
“No hay certeza técnica de que el proyecto de riego para cultivos beneficie realmente a más de 700 personas, pues no hay un estudio de la demanda ni una caracterización de las personas beneficiarias. Se extraña un análisis más detallado sobre las personas reales que obtendrán el beneficio”, argumentó Barquero.
El agua que irá para los hoteles y condominios de lujo
Un tercer cuestionamiento tiene que ver con cuáles grupos hoteleros y turísticos se beneficiarán del Paacume.Y eso lo externaron en su momento habitantes de las comunidades guanacastecas a las que el ICE les presentó el proyecto. No queda claro si el agua irá para riego de áreas verdes de proyectos turísticos, para consumo humano de las personas turistas, o para qué.
Maritza Rojas, del ICE, señaló que el sector turístico beneficiado del Paacume serían los hoteles en las zonas Papagayo Sur-Ocotal, Cartagena-Flamingo y Brasilito-Tamarindo.
En su concepto, Gadi Amit cree que existen alternativas para solucionar el problema de acceso al agua: “Si se maneja adecuadamente el agua de riego que consume el 70% de toda el agua de guanacaste; ahorrando el 80% de eso duplicamos la cantidad de agua disponible y habría agua para el desarrollo. El tema es planificarlo, hacerlo decentemente para toda la gente, tomando en cuenta los intereses del pueblo y no de unos cuantos”.
La libertad de empresa limita ejercicio democrático de municipalidades: La Sala Constitucional anula moratoria a la expansión piñera en el cantón de Los Chiles
Este 12 de agosto, la Sala Constitucional falló en contra de la moratoria al monocultivo de la piña decretada por la Municipalidad de Los Chiles el 05 de julio pasado. El acuerdo fue planteado a petición de las comunidades afectadas por los graves impactos de esta agroindustria en la zona norte de Costa Rica.
El ejercicio democrático de comunidades y gobiernos locales para escoger un camino propicio para bienestar y la salud de su propia comunidad tiene límites y uno de esos parece ser la libertad de empresa. Así lo ha decidido la Sala Constitucional en su sentencia 011545-16 a raíz de un recurso de amparo interpuesto por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) en contra del Concejo de la Municipalidad de Los Chiles a razón de que esta declaraba una moratoria de cinco años para el otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso conforme para la construcción e instalación de proyectos piñeros en dicho cantón.
La moratoria está sustentada en la urgencia de constatar técnicamente los impactos negativos en la actividad piñera a la luz de estudios que demuestran el impacto sobre la calidad del agua potable para uso/consumo humano y animal; los daños ocasionados a la ganadería debido al mal manejo a los rastrojos; la tala del bosque descontrolada; la explotación laboral y el surgimiento de afectaciones sobre la salud de trabajadoras/es y vecinas/os por agrotóxicos.
Han sido tres las municipalidades que han intentado poner un freno a la irresponsable industria piñera. En 2008 Guácimo hace efectivo el reclamo comunitario para impedir que esta agroindustria siga afectando sus comunidades e instala una moratoria. Le siguió Pococí en 2012, con un acuerdo municipal igualmente acuerpado por organizaciones vecinales de la zona de Guápiles pero la Sala Constitucional anula está moratoria a petición de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ese mismo año por la CANAPEP. La misma suerte corrió este mes de agosto para la declaratoria del cantón de Los Chiles.
Desde la Campaña Piña Sin Derechos se alertó sobre la intromisión dentro de la Sala Constitucional de intereses particulares en contra del bienestar público. Denunciaron a los magistrados: Castillo, Rueda Leal y Hernández López por crear un precedente negativo en cuanto al derecho de autodeterminación de las comunidades y gobiernos locales. Lamentaron que la salud y el bienestar de la población afectada por este monocultivo se ponga en un segundo plano y sea menos importante que al bolsillo de empresarios que se brincan la legislación ambiental y laboral de este país.
La Campaña Piña Sin Derechos convocó a defender las propuestas de las comunidades que han planteado un freno a esta destructiva industria, pese a violencia y la criminalización y propusieron un plantón frente a la Sala Constitucional el pasado martes 6 de setiembre, para manifestar el desacuerdo ante este fallo que sienta precedentes poco decorosos para la justicia ambiental y social de este país.
*Contactos: Gerardo Barba (vecino de Los Chiles) 8815-3475 / Jeffery López (Ditsö) 8878-9009.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.dinero.com
Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda.
En la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y más «sobreconcesiones» para la agroindustria. A esto se suma la sequía, que castiga a los que menos tienen y a los ecosistemas.
En ese contexto SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, para hacer el embalse Río Piedras y seguir el mismo modelo de ineficiencia y de injusticia hídrica para beneficiar a los mismos de siempre y seguir con el «mal desarrollo» que aumenta día con día la pobreza, el despojo y la expulsión de sus habitantes.
En esta reserva se encuentran siete hábitats diferentes como: bosque deciduo (bosque seco), que ocupa un 70% de la reserva, así como el bosque ribereño. Éste último forma una franja a lo largo de los ríos y quebradas, es siempre verde, se considera el más denso y diverso del área y es especialmente rico en avispas solitarias. La sabana cubierta con pastos, está salpicada por árboles. Además, según el SINAC, posee bosque tropical seco con 240 especies de árboles, decenas de mamíferos, gran número de reptiles, peces y se observan 280 especies de aves.
Para proteger esta riqueza de más de 2.645.71 hectáreas, el área cuenta con dos guardaparques. El administrador de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, ante la carencia de guardaparques y para paliar las necesidades de protección, debe realizar patrullajes en conjunto con guardaparques del Parque Nacional Palo Verde. Recientemente, en uno de estos patrullajes, lograron ubicar indicios de un destazadero de venados. Los cazadores, luego de haber matado a por lo menos ocho especímenes en una sola noche, los habían destazado, dejando sólo las cabezas, las patas y los restos de vísceras.
Lomas de Barbudal es de gran importancia. Es parte de los humedales del Parque Nacional Palo Verde que fueron declarados desde 1991 como ecosistemas de importancia mundial y por ello fueron designados Sitios Ramsar. La Convención de Ramsar es un tratado internacional enfocado en la conservación y uso racional de los humedales. Este humedal es reconocido como uno de los sitios más importantes del mundo por ser un área de anidación, refugio y alimentación de aves acuáticas residentes y migratorias.
El embalse en Río Piedras es un proyecto viejo, diseñado para riego, que en el pasado fue descartado y engavetado, por ser inviable. Ahora quieren aprovechar las necesidades provocadas por la sequía para tratar de revivir un proyecto que corresponde a otras condiciones ecológicas y sociales del pasado. Fue diseñado bajo la lógica, actualmente superada, de que el agua se “desperdicia” si llega al mar y que es inagotable y que no existen los ciclos ecológicos de nutrientes o acuáticos. Seguir pensando así es vivir en la ignorancia del pasado donde nos desconectamos de los ciclos de la tierra, y es no tener conciencia de los cambios que se necesitan frente a las nuevas condiciones ecológicas del cambio climático.
Este proyecto es para riego, básicamente, e implicaría 400 kilómetros de acueductos para llevar esa agua a los monocultivos de destino, con bombeo y plantas de potabilización. Por su planificación centralizada lograría quitarle el control y la administración del agua, a las comunidades, las cuales son abastecidas predominantemente por Acueductos comunales (ASADAS).
La inversión del Estado es inicialmente de unos 500 millones de dólares, para darle el 80% del agua obtenida a los grandes propietarios, para regar sus fincas, que pagarían un «canon de agua» de 3 colones por metro cubico (m3), cuando los pobladores verán encarecerse sus facturas a más de 600 colones por el mismo m3, a pesar de que en el discurso y la justificación se dice que «la prioridad es el consumo humano».
El riego es el gran consumidor de agua (más de 60%) y el gran derrochador, pues usa mayoritariamente canales de tierra y sistema de inundación de parcelas, y podría ahorrar el 80% del caudal, entubando y usando riego por goteo.
Estos megaproyectos planteados, en lugar de solucionar problemas, propician conflictos socio-ambientales e injusticia hídrica. Se suman a este modelo de saqueo desenfrenado para beneficio de la agroindustria.
Ya están de mal ejemplo los casos del Río Tempisque y otros ríos, «sobreconcesionados» en el tanto se ha autorizado la extracción de agua más allá del nivel del su cauda. Es decir, se legaliza la posibilidad de secarlos, al no partir de la realidad del caudal actual de estas cuencas, pasando por encima de los usos prioritarios como el agua para el consumo y la vida misma del río. (FECON, 25-5-16).
Para solventar las condiciones de crisis del agua que vive la provincia de Guanacaste se crea una Mesa de Trabajo, donde a pesar de presentar y exponer una propuestas al Presidente de la República (ver propuestas), el jerarca del MINAE nos excluye a los sectores sociales y ambientales. Ni siquiera mediante un recurso de amparo presentado por la Confraternidad Guanacasteca se quiso incluir a estos sectores en la famosa mesa, pues el interés era legitimar con los empresarios turísticos y grandes intereses agroindustriales, megaproyectos de infraestructura que tienen gran impacto y cuestionamiento socio ambiental.
Este megaproyecto Embalse Las Piedras, se está desarrollando para subsidiar a la agroindustria y el megaturismo. Es la negación misma del cambio climático. Es no aceptar lo que vemos, año con año, en aumento de temperaturas y sequías.
Tendría más sentido invertir estos recursos y tiempo en una transición a un modelo económico y social adaptado a esta realidad ecológica que no se puede revertir solo con infraestructura. Hay que ir abandonando las actividades económicas como la ganadería extensiva, la mega agroindustria y el megaturismo que no han servido para mejorar la vida de la gente, sino que han agotado la base de recursos estratégicos para otros modelos productivos más sostenible y basados en la realidad ecológica de la región. Traería más bienestar a largo plazo financiar esta transición y no seguir invirtiendo en un modelo productivo insostenible porque el momento de colapso no se podrá retrasa, por más subsidio que se haga de la infraestructura financiada por el Estado.
Por todo esto:
Rechazamos que se creen más zonas de sacrificio en nuestras Áreas Protegidas, no permitiremos y punto. En su lugar proponemos que la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se proteja como un bien estratégico frente al cambio climático y la crisis socio ambiental que reina en la provincia de Guanacaste.
La regla de la Convención RAMSAR es que los Humedales de Importancia Internacional deben mantener su designación como sitio Ramsar, y que su extensión inicial completa debe mantener su designación. Solo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse la posibilidad de modificar la extensión inicial de un humedal de la Lista.
Por lo que, en el caso de reducir la Reserva Lomas de Barbudal, parte del humedal categoría Ramsar, para un proyecto de riego maquillado de otros usos, viola a todas luces la legislación ambiental costarricense: el principio de no regresión del derecho ambiental, el principio Precautorio (Indubio Pro Natura), y resulta absolutamente contradictoria con el Artículo 50 de la Constitución Política- el derecho a un ambiente sano, que pretende que la sociedad costarricense cuente con espacios de biodiversidad y ecosistemas que compensen las actividades humanas que se realizan en el resto del territorio nacional en zonas que permiten usos del suelo distintos de la conservación.
¿Que proponemos?
Medir y controlar los caudales permitidos y utilizados. Según el Informe Estado de la Nación, en Costa Rica se explota y extrae, el doble del volumen concesionado de agua. Sólo con poner en orden y control, esa sobre explotación, tendríamos un 50% más agua en ríos, nacientes y mantos acuíferos, con un costo mucho más bajo.- Hay que realizar y/o hacer público un inventario y ubicación de los pozos profundos existentes de forma ilegal y los legalizados. Tener documentación de todas las concesiones otorgadas de los ríos así como sus caudales, en toda la provincia.
Crear mayor Justicia Hídrica. La mayoría del agua se le regala a unos pocos, grandes finqueros. Según Decreto N* 32.868-MINAE “el uso de agua para riego… pagará 12 centavos de colón por metros cúbico si es de fuente superficial y 16 centavos por colón por m3 si es de pozo.” El riego usa el 60% del agua y sólo el 5% es para consumo humano. Por eso falta el agua en Guanacaste. Entonces proponemos cobrar como se debe y dejar de subsidiar la injustica reformando o reformando el decreto Nº 32868-MINAE de 2005, que define el “Canon por concepto de aprovechamiento de aguas”. Deben fijarse tarifas apropiadas para el canon de concesiones de agua, según su fuente, según su uso y según el volumen de cada concesión.
Elaborar y aplicar un Plan URGENTE para conservación de acuíferos en peligro de salinización, contaminación o sobreexplotación. Implementar técnicas de siembra de agua a nivel micro y macro donde sea posible, considerando factores de riesgo. Conservación de bosques y siembra de árboles en zonas de protección y recargas acuíferas. No podemos olvidar la relación directa entre bosques y recurso acuífero.
La gran ventaja de estas alternativas, es que las aguas, que se ahorran con ella, quedan repartidas en las diversas fuentes existentes por toda la zona de Guanacaste, al alcance de las ASADAS, comunidades y ecosistemas de la provincia. Es un modelo sostenible en el largo plazo, en cantidad y calidad. Los acuíferos además, son más aptos para ser usados para consumo humano, prioridad social, legal y económica.
Federación Ecologista (FECON), setiembre 2016.
Informes Gadi Amit, Confraternidad Guanacaste: Tel 26720238 o 88268216
*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.youtube.com
Hacerle honor a las personas que entregan su vida al cultivo de la tierra, a mujeres, hombres, niños y niñas, labriegos sencillos recita el himno nacional, es reconocer nuestra falta de agricultura, el casi exterminio del pequeño productor bajo la dictadura de la agroindustria que acapara nuestras tierras y beneficia a unos cuantos y ni siquiera sus frutos son para el consumo nacional, atentando contra nuestra seguridad alimentaria.
Los datos son contundentes el 60% de la producción nacional de nuestro país es para la exportación de banano, piña, café, aceite de palma, plantas, follajes, flores, yuca y melón (FAO, 2012). Todos producidos como monocultivos que contribuye a que seamos el primer lugar mundial en importador de plaguicidas o venenos (FAO, 2010). Lejos de nuestros competidores en América tropical como Colombia, Ecuador, Honduras o Brasil.
Es mucho veneno
Sí, es la mejor palabra que puede describir a los plaguicidas y otras sustancias de origen sintético utilizados en la agroindustria. Ampliamente asociados a múltiples problemas a la salud, como: cáncer, deformaciones en fetos, problemas de aprendizaje, alergias, intoxicaciones agudas y por tanto la muerte. Responsables también de contaminación de cuencas, hoy hasta son responsables de muerte en el mar.
Según estadísticas de la FAO en 2010 Costa Rica consumió: 24,56 Kilogramos de ingrediente activo (el compuesto químico que ejerce la acción plaguicida) por hectárea al año (i.a/ha/año), le sigue Colombia con 14, 50 y China con 17,81. Mientras, en fertilizantes según los datos del Banco Mundial estamos en los primeros lugares del mundo de mayor de consumo de fertilizantes superando 5 veces el promedio mundial, Costa Rica tiene un promedio de consumo de 705 kg mientras el rango mundial ronda los 141 kg por hectárea de tierra cultivable, lo cual nos coloca por encima de cientos de países y regiones.
Eso demuestra que estamos forzando a la agricultura de nuestro país a llegar a un umbral de producción – contaminación, a ganar más dinero con un creciente daño ambiental que se vive a corto, mediano y largo plazo.
Los estudios sistemáticos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) y estadísticas globales demuestran que el uso y abuso de venenos agrícolas ha aumentado significativamente en Costa Rica, sin haber aumentado las áreas agrícolas en el país. El agotamiento de la frontera agrícola explica el abuso de venenos. La cantidad de agrotóxicos importados por Costa Rica ha aumentado 3,14 veces desde 1977. Sólo en plaguicidas importó 184.817 toneladas de ingrediente activo entre 1977 al 2006.
Además, la importación de insecticidas, fungicidas y demás venenos está dentro de los principales 15 productos importados y generó en 2011 unos egresos al país por 136.6 Millones de US$ (PROCOMER, 2011), todo ello a costa de un gran despojo y una creciente concentración de tierras en pocas compañías.
Nos quedamos sin tierra
Veamos un ejemplo: el 60% de la producción de palma aceitera está en manos de transnacionales y grandes cooperativas. Con una agresiva pero silenciosa expansión pasó de 57,000 hectáreas en 2010 a 67,562 en 2013 a un estimado de 71,500 has para el cierre del 2014. En Banano el 52% de la producción está en mano de transnacionales (Chiquita, Dole, BANDECO), lo demás lo siembran productores independientes que le venden a las transnacionales que exportan y comercializan.
En crisis nuestra seguridad alimentaria
Mientras entregamos nuestras mejores tierras a transnacionales para la exportación de postres estamos importando los principales productos de consumo cotidiano: los frijoles comunes, el arroz con cáscara, el maíz amarillo, el frijol de soya y el trigo.
Un cálculo del 2008 aseguró que necesitaríamos unas 283 mil hectáreas adicionales de maíz blanco (16000) y amarillo (150000), fríjol (41000) y arroz (76000) si se quiere abastecer la demanda nacional, pero cómo asegurarnos nuestros granos básicos si toda nuestra tierra está concentrada en agro negocios de exportación (Baltodano p EN, 2008).
En 2008 se declaró la crisis de los alimentos a nivel mundial, y hasta el gobierno neoliberal en Costa Rica, responsable histórico de esta ruina, reconoció la importancia de recuperar nuestra soberanía alimentaria no sólo por el aumento de los precios sino por el desabastecimiento de los alimentos en el mundo.
Esta crisis debió servir para tomar conciencia de la urgencia de superar la era de los agrotóxicos y la mega agroindustria, y apuntar seriamente a recuperar nuestra soberanía alimentaria y gestión justa y sostenible de las tierras cultivables.
No hace falta alimento ni producción. Hace falta justicia y equidad en el campo. Hay muchas formas de controlar plagas sin necesidad de usar venenos químicos. Son cada vez más las familias que están mejorando sus ingresos, su salud y el ambiente con la agricultura orgánica que en pocos años crece rápidamente para convertirse en una opción más justa y popular.
Es el pan nuestro cada 5 de junio: un enjuague al año donde se trata hacer creer que como país protegemos el ambiente, mientras los restantes 364 días del año es tiempo para destruirlo.
El Día del Ambiente se convierte en un ejercicio del Gobierno para resaltar lo bueno, lo cual no está mal, pero sí que está mal ocultar lo negativo y las deudas pendientes. Echemos un vistazo a nuestra realidad ambiental hoy y a las ausencias o malas actuaciones de nuestros jerarcas:
Un Ministerio de Comercio Exterior que parece estar colonizado y comandado por la embajada gringa, que al mejor estilo de siempre, nos dice que no tenemos soberanía para decretar una moratoria a los transgénicos. Una vez más los Estados Unidos nos pretende dar órdenes, tal y como lo hizo cuando utilizó de manera burda y sin tapujos al gobierno costarricense a favor del TLC (ver La Nación, 29-5-15).
Otro caso, resulta que ante una medida oportuna y eficiente del Gobierno para hacer frente a una crisis fitosanitaria de cultivos como el aguacate que viene de México y otros productos, saltan los mozotes, incluyendo de nuevo el ministro del COMEX, buscando perjudicar y terminar de hundir los últimos campesinos que nos quedan, y que paradójicamente tanto exaltan los ticos ahora que pusieron de moda los chonetes junto con la camiseta de la «sele» para salir a dominguear.
Esa medida, tan criticada, es la primera en décadas que beneficia a nuestros agricultores frente a una agroindustria que exporta el 60 % de nuestros campos con un paquete tecnológico que nos hace ser el principal consumidor de agroquímicos. Envenenados y con mala calidad de vida es el precio de este modelo para las y los costarricenses. Al mismo tiempo, hoy tenemos, aproximadamente 20 mil niños menores de 5 años con problemas de desnutrición (Informe UNICEF, 2013).
Todo eso ocurre al calor y al baldazo de fenómenos naturales sin precedentes, todos se quejan por el bochornoso verano y no es para menos, ha sido el más seco en los últimos 70 años, en Liberia llovió en todo el mes de mayo tan sólo un 1 milímetro de lluvia, nos recuerda Luciano Capelli, mientras el récord más bajo anterior fue de 7.5 mm en 1967. Mientras, mayo fue el más lluvioso que se registra en La Selva de Sarapiquí: con 1028 mm. el récord anterior fue de 940 mm. en 2002, según los datos son de Luis Alvarado Gamboa del IMN recopilados.
Alertas que nos dicen inequívocamente que deberíamos estar reforzando la agenda de energía renovable y la conservación de recursos estratégicos para enfrentar y disminuir el impacto del cambio climático, pero esa no es la ruta del supuesto gobierno del «cambio», la agenda de continuismo del modelo en la infraestructura está clara y nos embarca en proyectos como la ampliación de la ruta 32, la refinería china, la mega terminal APM que implica sólo para empezar la destrucción de humedales y toda la playa Moín.
Y seguimos este triste recuento de destrucción y absurdos, en la zona central de Puntarenas los ríos secos no alcanzan a llegar al mar, mueren unos 5 kilómetros antes de desembocar, pues se entuban los pocos que quedan para proyectos de riego, de dudoso beneficio para la población, mientras las comunidades luchan porque no tienen agua.
Y es que el tema del agua se ha convertido en Costa Rica y el mundo en uno de los más críticos, en los últimos años los conflictos por la protección y el acceso al agua potable han crecido exponencialmente en muchas comunidades del país, junto con las denuncias ante la Sala IV por dicho servicio; pasando a conformar 164 del total de denuncias presentadas, entre el 2013 y 2014(Instituto de Investigaciones Sociales UCR, 2015).
Es así como en el día del ambiente llamamos la atención con estos datos que evidencian la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y aunque el gobierno le quedó grande su PACto ambiental y parece haberse quedado en falsas promesas, la diferencia la están haciendo las comunidades y organizaciones que estamos en movilización constante a favor del patrimonio natural de las presentes y futuras generaciones, y que sí somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos: esta semana comunidades acompañadas por los ecologistas y universidades como Acosta están tratando de proteger los ríos mientras las de la Tigra de San Carlos lograron el archivo de otra represa que comprometía el agua para la agricultura y consumo humano. En León Cortéz proponen un manejo integral y comunal de desechos frente a la intención de la municipalidad de condenar a su pueblo a tener una incineradora, y en Guanacaste se retoman las luchas por la defensa del agua y en Puntarenas se creó la una Alianza en Defensa del Agua.
Así este 5 de junio no nos tragamos el aMIENTE y defendemos el Ambiente con una acción ecologista comunitaria que está creciendo para responder a la grave crisis ambiental, que sirva este día para invitarles a sumarse a la defensa de la vida y de nuestro patrimonio natural desde cualquier lugar, espacio o papel que desempeñe en la sociedad y hacer una lectura crítica del papel nuestras instituciones y demandar el cumplimiento de sus labores a favor de nuestra calidad de vida y la protección de la Naturaleza. Esperamos que el próximo año el recuento del accionar del gobierno sea distinto y haya mucho que celebrar.
*Presidente FECON y profesor en Kioscos socio ambientales UCR.
