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Etiqueta: agronegocio

Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria

Por Juan Arguedas Chaverri
Denis Montero Solís

Somos lo que comemos”.
Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán.

A. Diagnóstico del actual modelo agroalimentario

Caracterización del Modelo Agroalimentario Industrial Dominante: el agronegocio extractivista:

• Basado en agroexportaciones de materias primas, postres, follajes y en menor grado carnes, e importaciones de alimentos fundamentales para la dieta local: arroz, frijoles, maíz.

• Sustentado en políticas neoliberales que desfavorecen la pequeña agricultura campesina e indígena nacional, pues no le ofrecen ningún incentivo, pero abren las fronteras al libre comercio con potencias industrializadas, donde las prohibiciones de subsidios se aplican sólo hacia nuestra agricultura (en los países industrializados, después de más de 40 años de libre comercio, se mantienen altos subsidios a su producción doméstica).

• Controlado localmente, por las oligarquías, hasta hace poco, la exportadora y más recientemente la importadora de alimentos y el capital financiero, siempre vinculadas a los agronegocios internacionales, sin ocuparse, en todo este tiempo, de garantizar la alimentación de la población costarricense.

• Excluyente de culturas y actores no alineados con la narrativa neoliberal de libre mercado, eficiencia, eficacia y productividad de la agricultura y de las tecnologías generadas para el agronegocio como soluciones al problema de la producción y acceso a los alimentos. (Desconoce el conocimiento y aportes de actores como: campesinos, indígenas, pescadores artesanales, afrocaribeños, niños y niñas, mujeres jefas de hogar, indigentes, pequeños ganaderos y productores locales, consumidores organizados).

• Ideológicamente autoritario pues se basa en el paradigma de una sociedad surgida de la nueva colonización, que se basa en el paradigma occidental del desarrollo: globalitario, racista, machista, reduccionista; expresado en la Revolución Verde y el agronegocio global.

• Asigna poder para definir política hacia lo rural sólo a órganos estatales como: CNP, MAG, INDER, instituciones reformistas y alineadas con el enfoque de agronegocios que priorizan sólo el mercado y las exportaciones.

• Cosifica los bienes de la naturaleza: la Tierra, El Agua, Semillas y Los Árboles, son vistas sólo como mercancía que se subastan en los mercados, olvidando el sinnúmero de beneficios que aportan a los ecosistemas y a la sociedad.

• Ignora el valor de la salud y la biodiversidad, aplicando productos tóxicos a los productos que luego alimentan personas y animales domésticos. Además, restringe la biodiversidad con intervención genética de las especies, promoviendo sistemas agrícolas de baja o ninguna diversidad, contaminando en suelo, el agua, el aire y los alimentos con productos tóxicos. En general, es posible afirmar que día con día incrementan los problemas de salud de las personas y demás seres vivos, atribuibles al modelo agroalimentario vigente.

B. Visión de la agroecología como propuesta político-filosófica para el país

La Producción y consumo de alimentos, desde la visión Agroecológica, es una parte importante de la conexión entre la sociedad y la naturaleza, partiendo del entendimiento de la tierra como la madre que nos alimenta y recrea.

La agroecología es una prioridad política para mejorar la vida de las personas, con justicia social y para contrarrestar el calentamiento global pues somos conscientes de que este nos está llevando rumbo a nuestra desaparición como especie.

La agroecología busca perpetuar la vida en el planeta y ofrecer la posibilidad de una vida digna para quienes trabajan la tierra, producen los alimentos y para quienes lo consumen.

La promoción de la agroecología es una línea de trabajo que nos permite reivindicarnos como actores, históricamente excluidos, para generar Territorios Sanos, Seguros y Soberanos, con protagonismo de la población excluida rural popular, a quienes, como propuesta política nos debemos.

C. La agroecología como propuesta integral para mejorar la vida

A diferencia del agronegocio obsesionado con exportar materias primas, la agroecología produce alimentos sanos, seguros y abre el camino hacia una producción soberana de alimentos, desde lo más próximo a lo más lejano, evitando largas cadenas de distribución. Por ejemplo, sería más beneficioso vender en la comunidad a personas visitantes, un producto procesado y preparado para el consumo, que una materia prima a granel en el mercado internacional.

En Costa Rica y Latinoamérica existen experiencias agroecológicas implementadas por comunidades y grupos de campesinos, indígenas y consumidores, las cuales se podrían multiplicar. Para ello debe plantearse leyes nacionales y políticas públicas específicas a nivel territorial como incentivos fiscales para prácticas agroecológicas y programas de educación comunitaria para que sea posible.

Vinculado a lo anterior, la agroecología asume al campesinado, los pueblos indígenas, comunidades de pescadores artesanales y aquellas personas agricultoras-o no, comprometidas con el cuidado y restauración de los daños causados a la su Madre Tierra, como sujetos fundamentales en el cambio social, ambiental y político, En ese proceso, todos los días estos sujetos, generan nuevos conocimientos que intercambian con el aprendizaje desde la práctica y el diálogo de saberes. Por ello, las políticas públicas deben surgir en estrecho diálogo con estos sujetos, planteando sus necesidades.

La práctica de la agroecología acoge los principios ecológicos de la Madre Tierra, principalmente reflejados en los bosques y los aplica. Esto incluye la estimulación de la sucesión natural, alta densidad y diversidad de especies, ocupación de diferentes espacios en los terrenos, reciclaje de la biomasa y los nutrientes, asociación entre plantas y árboles nativos, la relación de la luna en la planificación de las siembras.

En las comunidades rurales y urbanas, la agroecología es un modo de vida alternativo al modelo del agronegocio, el cual se enfoca en exportar materias primas, con poco o ningún valor añadido. La agroecología es una propuesta de producción de alimentos, que prescinde del uso de agrotóxicos y productos químicos derivados del petróleo, ofreciendo una ruta sostenible para las-actuales y futuras generaciones.

D. Objetivos estratégicos para alcanzar la soberanía alimentaria

a. El poder ejecutivo debe:

• Apoyar financiera y logísticamente la diversidad de expresiones que tiene la agroecología, desde cada expresión cultural y contexto, para consolidar sistemas de producción agroecológica, superando el sesgo hacia la Agricultura orgánica con certificación de tercera parte y la visión parcial que prioriza mercados internacionales.

• Apoyar metodológicamente, en coordinación con las universidades, las distintas expresiones agroecológicas que dinamizan liderazgos comunitarios, economías locales, encadenamiento con el turismo y generación de empleos familiares y locales.

• Favorecer, con la institucionalidad pública la masificación de experiencia (buenas prácticas) con que ya cuentan muchas familias y comunidades en el país. Además, debe desarrollar, desde sus capacidades, instrumentos, procesos formativos en Agroecología, dinamizar la investigación en tecnología y el diseño de equipos y herramientas que faciliten la producción, procesamiento, transporte y comercialización de la producción agroecológica.

• Un nuevo ministerio o un viceministerio de agricultura que priorice a la población excluida (quienes hacen agricultura fuera del modelo de agronegocio) con protagonismo campesino, indígena, con una visión no patriarcal y feminista.

• Desarrollar e implementar políticas públicas y coordinaciones interinstitucionales para la gobernanza local del sistema agrario, asegurar alimentos sanos, proteger y conservar salud, biodiversidad y bienes naturales.

• • Mejorar condiciones de salud y trabajo en el sistema agroalimentario, los sistemas de distribución promoviendo mercados locales solidarios con precios justos.

• Reforma agraria, relacionada con distribución de tierras con enfoque territorial y de justicia climática.

b. Las personas agricultoras, sus organizaciones y quienes faciliten procesos de formación en agroecología deben:

Favorecer métodos y técnicas para producir alimentos imitando los principios del bosque (Sistemas Agroforestales sostenibles conocidos como SAFS o sistemas de agricultura sintrópica y prácticas agroecológicas para mejorar la fertilidad del suelo.

Fortalecer lo organizativo: articulación y construcción del movimiento, para profundizar:

• Aspectos determinantes de la Agroecología,

• Aumentar capacidad de influencia,

• Alianzas para conseguir políticas públicas.

• Aprovechar el enfoque de turismo rural comunitario:

• Oferta de productos,

• De paisajes,

• De experiencias gastronómicas.

c. Acciones desde el poder legislativo:

Una ley a nivel constitucional que reconozca el Derecho Humano a la Alimentación y La Soberanía Alimentaria.

Una Ley de Soberanía Alimentaria con base agroecológica.

Leyes de Proyectos desarrollo rural integral, proyectos productivos agroecológicos territoriales.

Ley de autonomía para pueblos indígenas.

Ley de comunidades costeras

d. Acciones desde lo municipal:

• Fomentar Políticas municipales de en Economía Social Solidaria.

• Formación política para públicas municipales, para la Economía Social Solidaria.

• Sociabilización y concientización con diversos actores

• Programa nacional de reducción del uso de agrotóxicos, hacia una transición agroecológica.

El estado costarricense hacia la cooperación al desarrollo

Facilitar el diálogo y diseño de propuestas para:

• Marcos políticos para avanzar producción, transformación de productos alimenticios, mercados; desde lo local.

• Impulsar experiencias piloto de sistemas productivos, procesamiento, certificación, desde lo territorial comunitario.

• Intercambios con experiencias en otros contextos.

• Recoger las propuestas de las comunidades y otros actores que hacen agroecología, integrarlas en sus procesos de investigación e incluirlas en sus agendas de trabajo.

Modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable: grave retroceso en protección del agua y salud pública en Costa Rica

Pronunciamiento del Grupo Interuniversitario de Estudios Sociales del Agua

El pasado martes 24 de junio de 2025 el gobierno de Rodrigo Chaves aprobó, a través de la ministra de salud Mary Munive, una modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38.924-S), la cual representa una grave amenaza y un notable retroceso en la protección del agua y la salud pública en Costa Rica. Esta modificación resulta indignante, tanto en lo que respecta al contenido de la misma como al proceso mediante el cual fue impulsada. Como grupo de trabajo dedicado al estudio científico del agua desde una perspectiva socioambiental, a continuación, exponemos nuestros puntos de vista en relación con este acontecimiento:

  • En términos generales, la modificación al Reglamento eleva los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas en el agua para consumo humano. Se trata, tal como lo han denunciado diversos colectivos y organizaciones socioambientales, una “legalización de la contaminación” del agua.
  • Considérese, como contexto, que Costa Rica es uno de los países que a nivel mundial aplica mayor cantidad de plaguicidas por área agrícola. Se estima que en este país se aplican entre 10 y 35 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea agrícola, según diferentes fuentes. Por ejemplo, la base de datos de la FAO, Food and Agriculture Data (FAOSTAT), ubica a Costa Rica como el número uno en el mundo, con un promedio de 23,44 kg/ha entre 2000 y 2020, lo cual representa ocho veces más que el promedio del resto de países de la OCDE del continente americano.
  • En Costa Rica hay registrados más de 250 ingredientes activos con acciones biocidas, de los cuales se usan activamente más de 200. Aproximadamente la mitad de estos se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), prohibidos en muchos países del mundo. Por volumen de uso, se estima que aproximadamente el 90% de los plaguicidas utilizados son PAPs.
  • La aplicación masiva de plaguicidas y otros agroquímicos tóxicos ya representa un grave problema ambiental y de salud pública en el país. Amplia investigación científica ha evidenciado la correlación entre la aplicación de estos productos y la incidencia de diferentes enfermedades y padecimientos. Por citar un ejemplo, Costa Rica ocupa el 11º lugar en incidencia y el 13º en mortalidad por cáncer gástrico en el mundo.
  • Según el PNUD, las erogaciones realizadas por la Caja del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) entre el 2018 y el 2020 para brindar cuidado médico y por concepto de incapacidades laborales debido a intoxicaciones provocadas por estas sustancias, en promedio, alcanzaron para esos años el monto de 5 580 554 201 colones. El 87% de esa cifra corresponde a gastos clínicos. Es oportuno indicar que las intoxicaciones representaron aproximadamente el 0,35% del PIB Agrícola de Costa Rica para esos años.
  • Además de elevar los límites máximos de plaguicidas permitidos, la modificación al Reglamento incorpora el concepto de “Valor de Alerta”, sustituyendo el concepto hasta entonces vigente de “Valor Máximo Admisible”. Este cambio implica que, frente a una posible contaminación del agua para consumo humano, la población continuará consumiéndola mientras se determina mediante estudios técnicos si efectivamente los niveles de plaguicida sobrepasan los límites máximos permitidos. Es decir, violenta el principio precautorio indubio pro salud.
  • La modificación al Reglamento fue sometida a consulta pública, a partir de la cual recibió numerosos cuestionamientos de parte de sectores académicos, técnicos, comunitarios y ambientales. Entre estos, se pronunciaron las universidades públicas, la Academia Nacional de Ciencias, la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP, los cuales defendieron sus posiciones con argumentos sólidos y bien documentados. Es decir, la modificación al Reglamento se impulsó de forma antidemocrática y anticientífica.

En fin, la modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable representa un nefasto acontecimiento en la vida social y política del país y un retroceso en materia ambiental, que exige una respuesta enérgica y organizada de parte de los diversos sectores de la sociedad costarricense. Se trata de una modificación legal que autoriza el consumo humano de agua contaminada con plaguicidas tóxicos, sin respaldo técnico ni científico, impuesto de manera autoritaria al servicio de los intereses empresariales del agronegocio. Resulta sorprendente la irresponsabilidad y la insensatez de esta medida, pues la política pública que correspondería aplicar debería ser todo lo contrario: regular y limitar el uso de plaguicidas tóxicos, en beneficio del ambiente y la salud de la población.

Referencias

Castro-Vargas, María Soledad (2023). Pesticides, plantations and the State. The making and un-making of the Térraba-Sierpe delta. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona.

Dávila, Adriana. et al. (2018). Caracterización clínica y epidemiológica de la población tamizada en el Centro de Detección Temprana del Cáncer Gástrico, Costa Rica, período 1996-2015. Revista Costarricense de Salud Pública, 27(2), 68-81.

Pacheco, José Francisco.; Idriago, Déborah. (2022). Costo Económico y Fiscal del uso de plaguicidas en Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

Vargas, Elídier. (2021). Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

La lucha de Medio Queso cumple 10 años

Dylanna Rodríguez Muñoz
Docente de la Universidad de Costa Rica

“Vamos caminando, aquí se respira lucha” una frase que hierbe en carne viva cada vez que llego a Medio Queso, aquella comunidad en Los Chiles que el 8 de abril del 2011 se empezó a construir a partir de un proceso organizativo de personas campesinas que llenas de miedos y esperanzas, recuperaron una finca, que hoy es su hogar.

En cada rincón de El Triunfo -nombre actual del asentamiento-, la lucha huele a maíz, sopa de gallina, frijol tierno y yuca cocida, todos productos cosechados ahí, en esa tierra defendida y resistida frente a múltiples violencias que desde el día uno han estado presentes. Una comunidad en la que habitan las contradicciones, los dolores, las alegrías y los horizontes.

A manera de contextualización: el 8 de abril del 2011, aproximadamente 315 familias ingresaron a la finca Naranjales Holandeses S.A -arrendada por un empresario de la zona-, luego de una serie de reuniones organizativas en las que de forma colectiva se decidió recuperar tierra para vivir y trabajar, un derecho que les ha sido negado históricamente.

Con comida, ollas, animales y leña, la caravana penetró lo que parecía un sueño adrenalínico. Desde ese día y hasta noviembre del 2012, las familias fueron desalojadas en 6 ocasiones, de formas absolutamente violentas no sólo físicas sino también, emocionalmente. Las violencias no sólo las orquestó quien era el arrendatario, sino también, distintas instituciones estatales que para ese momento protegieron los intereses privados por encima de la vida misma de quienes con dignidad han construido formas de sobre vivencia, ante un estado incapaz de resolver la necesidad de tierra del sector campesino del país. Paradójicamente, instituciones que se supone defiende los derechos de poblaciones específicas (IMAS, PANI) se sirvieron de la situación para vulnerar su condición, lo cual es totalmente cuestionable e inaceptable, pues frente a cualquier escenario debe primar la garantía de los derechos fundamentales de las personas.

Los desalojos se detuvieron luego de que se filtrara un audio en el que un subteniente de la Fuerza Pública de apellido Sanabria, dictaba indicaciones a oficiales de seguridad privada, para que dispararan a la cabeza de las personas campesinas. Un hecho que quedo impune, demostrando que hay unas vidas que importan y otras que no y dejando al descubierto la criminalización hacia quienes defienden sus derechos.

Tras presiones de la comunidad, organizaciones, partidos y algunos sectores de las universidades públicas que acuerparon la defensa de la recuperación de tierra en El Triunfo, el Estado realizó la expropiación y comenzó el proceso de estudio a las familias para la asignación de parcelas a través del Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, camino que tampoco ha sido fácil: trabas institucionales al inicio, familias no clasificadas, el contexto transfronterizo y de extractivismos, las dinámicas laborales y comunitarias.

Sin querer profundizar, pero reconociendo que es un tema de suma importancia para comprender la dinámica del territorio en la que se inscribe esta lucha, resaltar que mientras las familias campesinas han tenido literalmente que jugarse la vida en esta lucha, el agronegocio campantemente y con políticas estatales que le favorecen, se expande por la zona dejando estragos y profundizando el empobrecimiento, que ya de por sí es la tónica de la región.

Dichosamente, para este momento el INDER se encuentra entregando insumos y semillas que permitirán a las familias campesinas del asentamiento mejorar las condiciones para la siembra.

Llegué a Medio Queso -como le digo por costumbre- hace 8 años para proponerles recuperar la historia de su lucha, su respuesta fue una sonrisa y un plato de elotes con mantequilla que saboreo en la memoria; desde ese día se sembró una semilla en crecimiento, que se abre en flor.

Medio Queso es un retrato de eso que Eduardo Galeano llamó las venas abiertas de América Latina y en el que la dignidad no conoce fronteras, es un pueblo con personas llenas de fe y esperanza que caminan hacia adelante, trazando un camino imperfecto en el que van creando, pintando, soñando un mundo más humano, solidario y justo… “sin piernas pero que camina”.

En estos 10 años celebro con admiración y cariño profundo, la resistencia de mujeres, niñas, niños, hombres, adultos mayores, migrantes y nacionales, la valentía y persistencia con la que asumen las complejidades internas y externas. Celebro su trabajo, sus saberes y la fuerza con la que todos los días forjan precedentes para las familias sin tierra frente a un sistema que despoja de todo aquello que da vida.

Celebro las noches cantadas, los conocimientos compartidos, los aprendizajes germinantes, el abrazo cómplice y la sonrisa desbordada, que son aliento y luz en medio de un contexto desafiante que no nos deja de sorprender.

Mi sentido homenaje a las compañeras y compañeros de Medio Queso por enseñarnos que la vida no se compra… se vive y se comparte.

En memoria de Mileidy y Santiago.

Pronunciamiento en favor del río Grande de Térraba

San Andrés, Territorio Indígena de Térraba

14 de marzo de 2021 | Reunidos(as) en territorio recuperado por el pueblo Bröran, al lado del gran río y a la sombra de dos árboles, conversamos sobre la desprotección actual de los ríos ante la destrucción que provocan los seres humanos con sus equivocadas ideas de desarrollo y la falta de conciencia de los pueblos.
Tan equivocado es el rumbo, que los pueblos conscientes se organizan transitando diversas dificultades, para recuperar sus derechos, recuperar el territorio y defender los ríos de su muerte ante al acecho del mercado.
El agua que nos da la vida está en peligro de extinción. El río más caudaloso de Costa Rica ha disminuido a la mitad en medio siglo por causa de la extensa deforestación en la cuenca, la sedimentación en el cauce derivada de las actividades humanas, la alteración climática y el agronegocio.
Después de afrontar las represas triunfalmente, de demostrar cómo el sistema crea falsas necesidades para vender la idea del desarrollo, es tiempo de apuntar a recuperar nuestros ríos, que son muchos y que juntándose forman el imponente Grande de Térraba.
Los ríos son como las venas que van corriendo por el cuerpo. Los ríos y la tierra son una sola unidad, ¿cuánta agua podemos sacarle a sus venas sin dañarla? Nadie podría vivir si pierde su sangre. La tierra tampoco lo hará si la secamos. Por eso, hemos acordado manifestar lo siguiente:
1- Rechazamos la norma vigente, con la que el MINAE permite explotar hasta el 90% del agua en los ríos. El Estado es responsable de la destrucción de todos los ecosistemas ribereños que están destruidos y afectados en la actualidad. Es tiempo de actuar por recuperarlos.
2- Rechazamos la propuesta de Decreto del Caudal Ambiental que pretende cambiar el límite de explotación, resguardando apenas un 20% del agua en los ríos. La disminución de los cuerpos de agua por el cambio climático demanda las más estrictas medidas de protección y no este tipo de migajas tecnificadas.
3- Rechazamos la contaminación desmedida de las grandes empresas agroexportadoras y sus monocultivos. Nos corresponde a todos velar por que nuestros ríos estén limpios para la vida. El discurso del empleo no puede compensar los daños irreversibles sobre el ambiente de los ríos.
4- Las comunidades tenemos el deber de cuidar la biodiversidad de nuestros ríos como ecosistemas. Los ríos nos brindan agua, aire fresco y la posibilidad de producir alimentos, pero también a los demás seres de la naturaleza que comparten la vida en el territorio.
5- Los pueblos tenemos derecho a resistir contra el modelo neoliberal y a proponer nuevas formas de convivir. Apoyamos la lucha por una transición justa donde otras formas de vida, más digna y sustentable, sean posibles. Debemos romper con la sensación de dependencia de actividades destructivas del río y los territorios.
6- Llamamos al acercamiento entre organizaciones en la cuenca del río Grande de Térraba, para recuperar sus afluentes sobreexplotados y defenderlos de las amenazas del sistema, que genera una concentración desigual de los beneficios que obtienen de la explotación de sus aguas. ¡Afrontemos unidos el desafío!
7- Finalmente, reconocemos el río Térraba como un ser vivo. Como habitantes de pueblos ribereños, declaramos su derecho a existir dignamente, al equilibrio ecológico de sus aguas, y a ser defendido por los pueblos que habitamos en su cuenca.
Debemos aprender de las experiencias y avances internacionales para establecer un sistema participativo y justo de defensa del río Grande de Térraba. Debemos ser capaces de entender las causas de la disminución del caudal, la contaminación desmedida y la pérdida de biodiversidad, para afrontar y revertir estas situaciones. Los usos humanos deben basarse en la justicia ambiental y la equidad en el acceso y distribución del agua. Con estos conceptos fundamentales, tendremos un futuro mejor para los pueblos ribereños que habitamos esta gran cuenca, al tiempo que heredaremos un río caudaloso y sano para el desarrollo de la vida en todas sus formas.
FIRMAMOS
Vecinos y vecinas de finca San Andrés, Territorio Indígena de Térraba | Consejo Ditsö Iriria ajkönuk wãkpa – Cuidadores de la tierra (Salitre) | Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica | Participantes de Volcán de Buenos Aires y TI de Boruca | Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas
APOYAMOS
COECO-Ceiba Amigos de la Tierra – Costa Rica | FECON – Federación Ecologista | Red de Coordinación en Biodiversidad
DESCARGAR PDF AQUÍ

 

Foto: Encuentro en San Andrés. 13 y 14 de marzo.

Privilegios fiscales de las empresas piñeras y bananeras deben de ser revisados

Para el 2019 el Valor Agregado del cultivo de banano representa ₡265 mil millones, seguido por la piña que reporta ₡216 mil millones, todo exento de IVA.

Red de Coordinación en Biodiversidad.
COECOCEIBA Amigos de la Tierra
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(2-10-2020) El reciente informe de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (SECSA-MAG) (i) pone de manifiesto el grado de desigualdad social y económica vivida por las poblaciones rurales en Costa Rica, pero al mismo tiempo las industrias exportadoras de la piña, del banano y la ganadería extensiva representan los grandes ganadores. La mayoría de las empresas con ganancias sobresalientes exentas de impuestos.

Según el informe, los grandes ganadores en este contexto de crisis fiscal son la industria de la piña, el banano y la ganadería extensiva para la exportación. Los cuales reportan incrementos importantes en el Valor Agregado (ii) para el año 2019 según los datos publicados en setiembre por el SECSA-MAG en setiembre anterior. El primer lugar se lo lleva el cultivo de la piña, el cual ha experimentado un incremento de su Valor Agregado de casi un 10 por ciento en el período del año 2013 a 2019.

Por su parte el SEPSA- MAG calcula que para el 2019 el Valor Agregado del cultivo de banano representa ₡265 mil millones, seguido por la piña que reporta ₡216 mil millones solamente en términos de Valor Agregado y en el tercer puesto podemos mencionar la ganadería extensiva que llegó en el 2019 a ₡204 mil millones.

En el caso de la piña y el banano, estas sumas millonarias de Valor Agregado (bases de la ganancia del sector) no están sujetas a impuesto. Las exportaciones agropecuarias se encuentran exentas de IVA, por lo que esta riqueza no aporta de forma directa a uno de los principales problemas que tiene el país: la crisis fiscal.

Al mismo tiempo se incrementa la desigualdad. Según el mismo informe del SECSA-MAG de este mes de setiembre: la población asalariada rural enfrenta niveles de desigualdad alarmantes, donde el 9% de las personas asalariadas rurales de mayor ingreso perciben 5 veces más que la población de menor ingreso en el campo. Estos salarios de los trabajadores y trabajadoras más empobrecidos son tan bajos que el 60% de las personas no alcanzan a ganar el salario mínimo estipulado por ley.

Investigadores del SECSA-MAG concluyen que en el Sector Agropecuario las brechas en los ingresos son más amplias que en el resto los sectores, pues es en el agronegocio donde una menor cantidad de personas concentran la mayor proporción de los ingresos generados.

Por otro lado, hay que recordar que, en la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la exención del sector agroexportador al Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo (iii). También hay que recordar que el sector del agronegocio defendió sus privilegios fiscales y se negó a que sus ventas en el exterior fueran sujeto de un impuesto que inclusive lo carga la Canasta Básica, pero que los ingresos millonarios piñeros y bananeros no lo harán.

Para dar un ejemplo un impuesto del 5% sobre al Valor Agregado (no sobre el valor total de las exportaciones, nada más sobre el Valor Agregado) de la industria de piña y banano aportarían más de 25 mil millones de colones al año. Pero sin duda este monto puede ser más o menos importante según se tenga voluntades políticas para buscar justicia fiscal.

Notas:

i Sector Agropecuario Pesquero y Rural. “El Sector Agropecuario en la economía costarricense2003-2019”. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. Sepsa 2020-014 | Setiembre 2020. http://www.sepsa.go.cr/docs/2020-014-Sector_Agropecuario_economia_costarricense_2003-2019.pdf?fbclid=IwAR0tetPAy9Y3mCgnhs9WmjoKZr5_NqmqbsGia0Whffe8GMHem14mQSI-M5o

ii Valor agregado: valor de exportación menos costo de producción.

iii. Exportaciones seguirán exoneradas en el IVA…, piña incluida https://doblecheck.cr/exportaciones-seguiran-exoneradas-en-el-iva-pina-incluida/

Derechos laborales y agronegocio en tiempos de pandemia

Dentro del marco del diagnóstico comunitario frente a la pandemia, en el Programa Kioscos Socioambientales se estará conversando este miércoles 23 de septiembre a la 6 p.m. sobre: “Derechos Laborales y agronegocio en tiempos de pandemia” con representantes de sindicatos del sector de trabajadores del agronegocio: Santos Reinosa del SITRASEP y Maureen Gamboa y Didier Leitón del SITRAP.

Canal de transmisión: FB Live – Programa Kioscos Socioambientales.

 

Imagen destacada ilustrativa, UCR.

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

  • 1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
  • Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
  • Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
  • Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
  • El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
  • En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
  • 2) Contexto político y presiones económicas
  • La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
  • Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
  • Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
  • Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
  • Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
  • Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
  • En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
  • 3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
  • La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
  • No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
  • Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

Las piñas de la ira

Henry Picado Cerdas

(5/5/2020.) Hoy en el contexto de la Crisis Sanitaria el ministro Renato Alvarado pierde el apoyo de quienes incluso le han dictado y redactado decretos ejecutivos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y porqué se rompió la alianza los agroindustriales y ministro?

Para tratar de responder a lo anterior debemos comprender que la agenda de uno y otro no son muy distintas, que convergen siempre en las mismas cosas: la defensa de la expansión piñera; la introducción de los agrotóxicos sin análisis eco-toxicológicos previos; la impunidad para la explotación laboral de peones agrícolas nacionales y migrantes; el ocultamiento de los casos de contaminación agrovenenos de acuíferos; una injusta amnistía fiscal para el agronegocio; la certificación y privatización de semillas; la ilegalización del uso de semillas criollas, entre otros.

Los gremios más radicales, defensores de neoliberalismo se enojaron cuando vieron a su ministro aliado diciendo por redes sociales que los tratados de libre comercio (TLCs) han llevado a la quiebra a la agricultura campesina nacional. Los dueños del agronegocio, contaminante y explotador, no tardaron en salir a la prensa a gritar aireadamente contra Renato Alvarado por recordar algo que se sabe desde hace muchos años: las reformas neoliberales han destrozado la agricultura y tienen al país al borde de una crisis alimentaria. Habría que agregar que este régimen económico ha beneficiado a muy pocos, puntualmente se sabe que en Costa Rica solo 10 empresas agro-exportadoras se llevan el 66,5% de todos los ingresos por la venta de productos frescos en el exterior.

Hay que señalar además que Renato Alvarado (hoy ministro de Agricultura) fue no hace mucho vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); gremio que hoy pide su cabeza como jerarca del MAG.

También hay que decir que Juan Rafael Lizano (actual presidente de la CNAA), fue exministro de Agricultura y Ganadería en el periodo de 1990 a 1994. Lizano representa al sector neoliberal más sórdido, defensor de intereses de las multinacionales e importadores de agrotóxicos. La doctrina política del agronegocio ha fracasado y en el contexto de la crisis por el COVID-19 se hace más que evidente.

Por eso este conflicto hay que entenderlo como una riña entre los mismos. Que las organizaciones del campo independientes, ecologistas y de mujeres rurales han sido sistemáticamente excluidas del debate y sus propuestas no han sido escuchadas en los últimos treinta años. En buena hora Renato Alvarado reconoce que el libre comercio significa ruina para el campo costarricense, ojalá el siguiente paso sea abrir el diálogo con el resto de los sectores agrícolas con todas las organizaciones y no sólo con los mismos de siempre.

La Federación Ecologista se ha dado a la tarea de reflexionar y proponer las acciones para buscar la soberanía alimentaria, garantizar la justicia económica y de género en el contexto rural, de esta manera caminar hacia la agroecología y la justicia ambiental.

El fracaso del agronegocio: el momento de expandir la agroecología

BLOQUE VERDE

Durante los últimos treinta años una cúpula empresarial-política-académica ha orientado a la agricultura bajo la tiranía de la agroexportación, modelo que obliga a importar entre el 70 y el 80% de la comida de un país como Costa Rica. Hoy el agronegocio comienza a estar en crisis, debido al cierre de las fronteras dónde la mayoría de los productos vinculados al comercio exterior no puedan ser llevados a su destino final, al mismo tiempo, que los países del norte están reteniendo sus cosechas de los granos básicos previendo desabastos.

El fracaso del modelo de la agroexportación en un contexto de crisis sanitaria se resume en las declaraciones de la Cámara de Exportadores, la cual asegura que: “No podemos dejar que el pequeño agricultor no produzca, en tres meses la comida escaseará, vamos a tener escasez de alimento en todo el mundo”.

Hoy son estos mismos empresarios quienes dicen que debemos sembrar alimentos para el autoconsumo para disponer en el corto plazo. Son justamente los dueños del agronegocio los que siempre se ha beneficiado del dinero público para impulsar sus negocios privados, por encima del pequeño agricultor. Son los piñeros, bananeros y en general agroexportadores los que han acaparado el agua, arrinconado a las comunidades campesinas, esclavizado a los peones, contaminado el campo con agrotóxicos y sobretodo han mamado del dinero público. Por eso, ahora es ridículo que estén repartiendo por las calles piñas y melones rancios desechados de la agroexportación y haciéndose fotos para que la prensa les haga reportajes.

Recordemos que el sector agroexportador está muy concentrado en pocas manos. De casi cuatro mil empresas autorizadas para exportar, 76 acaparan el 66,5% de las ganancias. Para el sector agrícola es más dramático porque solo 10 empresas concentran más del 51% de los ingresos por la venta de productos frescos fuera de Costa Rica, y la mayoría son corporaciones trasnacionales.

El modelo del agronegocio ha fracasado y ha puesto en peligro la soberanía alimentaria (el derecho a tener alimentos en cantidades y calidades necesarias). Hoy son los mismos exponentes del agronegocio los que admiten su fracaso.

Pese a esto, el Gobierno de Carlos Alvarado parece seguir ciegamente sus indicaciones y aceptando sus abusos. La propuesta de UCCAEP es ridículamente suicida. Certificar y patentar semillas e importar más agroquímicos es más de lo mismo que nos ha traído hasta acá, a la inseguridad alimentaria. A tal punto de estar a tres meses de no conseguir alimento y no podamos estar fuertes en medio de una emergencia sanitaria, cuando es más urgente gozar de buena alimentación.

Es urgente y determinante que el país genere las condiciones para una revolución agroecológica. La calve para el futuro es justamente no repetir los errores del pasado. La producción agrícola descentralizada, pero articulada y comercialización a nivel local, fuera de los circuitos de distribución de las grandes cadenas de supermercados especuladores.

Es clave potenciar la agricultura urbana, sustituir los agrotóxicos por prácticas agroecológicas. Es necesario dotar de tierras a campesinos, sobre todo a personas jóvenes sin tierra. Es importante que el Estado deje de engordar los privilegios de la agroexportación de mercancías y apoye la producción de alimentos. La agricultura a pequeña escala puede alimentar al mundo, se reporta que campesinos y campesinas de todo el planeta producen el 70% de la comida con tan solo el 25% de la tierra cultivable (ETC, 2017). Por lo tanto, es un hecho comprobado que la justicia en el campo nos llevaría a ser un pueblo más resistente a eventos extremos como pandemias y la crisis climática.

Enviado a SURCOS por BLOQUE VERDE.

Encuentro de comunidades afectadas por el agronegocio

Encuentro comunidades afectados por el agronegocio

Este 21 y 22 de junio se realizará en el Centro de Ejercicios espirituales Claretianos en San José el I Encuentro Nacional de Comunidades Afectadas por el Agronegocio, como lo son la piña, la palma, la caña, entre otros. En el evento participarán personas de diferentes organizaciones sociales, académicos y comunidades que se ven afectadas por los impactos de los agronegocios en la salud, acaparamiento de tierras, precarias condiciones laborales, deforestación, contaminación.

El evento consistirá en una serie de charlas con datos sobre los monocultivos, uso de plaguidicadas, salud, así como de entablar acciones de la lucha contra estas amenazas en el país.

Para confirmar su participación, comunicarse con Alejandra Porras Rozas, al 8358 2930 antes del lunes 19 de junio.

Encuentro comunidades afectados por el agronegocio2

Enviado por José Gabriel Rivas Ducca.

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