FECON, 20-9-2018. En redes sociales se ha podido observar a empresarios piñeros reunidos con distintos representantes del Poder Ejecutivo, en dichos encuentros el punto principal de la discusión es el aumento de la represión contra la Huelga General y los bloqueos en carretera.
Coincide esto con los niveles de violencia física verbal y psicológica que el Gobierno del Bicentenario ha empleado contra las personas que se mantienen movilizadas. Existe una criminalización de la protesta, derecho fundamental plasmado en nuestra Constitución Política. Es importante caracterizar quienes son esos empresarios que reclaman por considerarse víctimas de la Huelga General, pero en realidad son parte de los culpables de la crisis que vive el país.
Ayer en un comunicado de prensa de la Alianza Nacional Agropecuaria “solicitan” el levantamiento de bloqueos (1) sin tomar en cuenta el clima de represión y criminalización en detrimento de los derechos más fundamentales. Por su parte Alfredo Volio en una entrevista publicada el martes anterior (1) reclamó que la Huelga General contra el Combo Fiscal le ha impedido enviar fuera de Costa Rica 25 contenedores cargados de piña. Volio es el propietario de Upala Agrícola S.A., actual vicepresidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, ex-directivo del Banco Nacional. ex-ministro de Agricultura, y Ganadería y “comandante” de la Campaña por el Sí a TLC; además uno de los empresarios costarricenses vinculados al Buffet Mossac Fonseca, mejor conocido como el caso de los Panamá Paper (2) (3). Cabe resaltar que Upala Agrícola es una empresa también cuestionada por mantener deudas a la CCSS. En 2012 esta empresa llegó a adeudar ¢73.768.176,00(4).
En medio de la discusión nacional sobre la crisis fiscal y la necesidad de una reforma tributaria empresarios piñeros aducen que han tenido pérdidas de 18 millones de dólares, según cifra lanzadas por CANAPEP sin presentar evidencia.
Mientras la mayoría de estas grandes empresas gozan de excepciones fiscales a un nivel tan importante que en su gran mayoría estas empresas son exentas del impuesto sobre la renta, exentas del impuesto sobre importación de maquinaria, empaques, embalajes.
El sector de los grandes agronegocios es prospero gracias a subvenciones estatales pero no está dispuestos a colaborar con el país para salir de la crisis fiscal. Acogidas estas empresas en el régimen de Zona Franca han tenido un crecimiento de casi el 11% en los primeros meses del año. Crecimiento económico que no se ve reflejado en la recaudación fiscal debido a todos los privilegios fiscales e incentivos que gozan estas empresas. Ya es más que conocido que las mayores empresas piñeras recibieron la gran parte de los Certificados de Abonos Tributarios. Solamente PINDECO acaparó el 10% de todos los CATs, unos ¢3.243 millones.
En conclusión las empresas piñeras no sólo son cómplices de la crisis fiscal sino que están tratando de legitimar la represión, la criminalización y la violencia contra movimientos y organizaciones sociales.
Información al: 8760 9800
Referencias:
Enviado por FECON.
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Lograr que la tierra ofrezca sus frutos no es suficiente. Eso es apenas una parte del arduo trabajo que enfrentan los miles de productores que con su labor ponen los alimentos en las mesas costarricenses.
La comercialización justa y aumentar la productividad y las ganancias son unos de los aspectos finales de la cadena productiva. Mejorar los métodos de cosecha, el procesamiento, el empaque y llegar a consumidores finales son otros, en los que muchos productores requieren acompañamiento.
Con esto en mente, desde 1995 centenares de estudiantes universitarios han brindado asesoría, capacitación y apoyo social mediante el proyecto de trabajo comunal Asesoría agroeconómica a organizaciones de productores agrícolas y agroindustriales (TC-228), coordinado por la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“El proyecto identifica y formula anteproyectos agropecuarios. Por otra parte, capacita en temas de administración, mercadeo, contabilidad y producción. En primer lugar, se hace contacto con las organizaciones, donde se definen las necesidades de apoyo requeridas y definimos las áreas prioritarias. La segunda etapa consta de la búsqueda del grupo de estudiantes para realizar las actividades acordadas, para lo cual se realizan una charla a los estudiantes, con el fin de orientarlos en las áreas que deben trabajar de acuerdo a la capacitación o la formulación de perfiles”, explicó el magister Alberth Campos Argüello, coordinador del TC-228.
Según Campos, al inicio en el proyecto se vincularon estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, pero el contacto con las organizaciones reveló que existían situaciones que trascienden a los temas técnicos.
Asuntos relacionados con la sostenibilidad ambiental, la tenencia de las tierras, el desempleo, la violencia de género y los conflictos intraorganizacionales son algunos de esos retos que fueron surgiendo, explicó Campos. Esto implicó abrir el proyecto a estudiantes de carreras como Trabajo Social, Biología, Artes Gráficas, las ingenierías eléctrica y civil, entre otras, para diseñar las propuestas para abordar esos temas. A la fecha, el trabajo comunal es matriculado por personas de 15 carreras universitarias.
Para Dennis Zavala, estudiante de Agronomía, «la experiencia de interactuar y relacionarse con pequeños productores, es realmente valioso para un futuro profesional del sector agrícola. Este aprendizaje de compartir conocimientos y obtención de credibilidad de parte del agricultor hacia uno, son experiencias que muchos profesionales en Agronomía llegan a tener hasta el momento en que entran al mercado laboral”, detalló Zavala quien estuvo apoyando a un grupo de productores de tapa de dulce en San Ramón.
Además de San Ramón, en Alajuela, el proyecto está radicado en comunidades de la vertiente atlántica como Pococí, Sixaola y Sarapiquí. En la zona sur apoya a organizaciones en San Vito, Piedras Blancas.
El TC-228 es parte del Programa Institucional Osa-Golfo Dulce (Piosa-UCR), integrado por varios proyectos de las vicerrectorías de Acción Social (VAS) e Investigación (VINV). El objetivo de Piosa-UCR es responder, desde los recursos y capacidades de la UCR en términos de investigación, acción social y docencia, a las demandas históricas de la región en materia de biodiversidad, organización comunitaria y vulnerabilidad social y ambiental.
Josseline Valerio Ramírez, de la Economía Agrícola y Agronegocios, recalcó que «aprender a trabajar con una asociación real no fue fácil, ya que existen una serie de dificultades que son bastante importantes, que en la mayoría de los casos tienen un peso muy significativo dentro de la organización y que las limita de muchas formas”.
No obstante, Valerio destacó que más allá del clima organizacional, los productores siguen adelante y luchan“ por el sector agropecuario a pesar de las adversidades y lo complejo que se pueda volver cierta actividad. Para estas personas desenvolverse en el sector no representa un sacrificio, sino que la actividad agropecuaria tiene mucho valor y es todo un orgullo dedicarse a ella».
Luego del diagnóstico entre las partes universitaria y comunitaria se definen cuáles serán los recursos necesarios para su ejecución.
Parte del éxito del TC-228 a lo largo el tiempo es que fortalece las buenas prácticas administrativas creando capacidades en las organizaciones y comunidades, concluyó el profesor.
Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista Vicerrectoría de Acción Social
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Este 6 y 7 de agosto se reunieron en San José representantes de comunidades afectadas por el agro-negocio. Es de esta forma que personas víctimas del despojo, la contaminación y la explotación producidas por los principales monocultivos expandidos por Costa Rica.
Esta reunión se da en un contexto en el cual el país se encuentra en una crisis de la contaminación del agua con agrotóxicos usados en la expansión piñera. Evidencia son los dados revelados en las últimas semanas sobre la presencia de agroquímicos en Pital de San Carlos y Río Cuarto de Alajuela. Lamentable es además que la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) piensan que la gente tiene que tomar obligatoriamente agua con residuos de sus agroquímicos. Mientras el Estado gasta millones remediando a medias la crisis, las empresas se desmarcan de su acto criminal.
Para Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera “es necesario pedir justicia y que los responsable paguen las consecuencias y que las comunidades reciban agua sin ningún agroquímico.”
Por otro lado el Decreto Nº 35301 MAG-MEIC-S Norma RTCR, de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en este sentido Henry Picado de la FECON afirma que: “esta es una forma de legalizar la contaminación en nuestra agua pública sirven para hacer legal la contaminación de agua y por lo tanto le dan herramientas a las empresas y el Estado para darnos agua contaminada.”
Desde inicios del mes de julio la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) le ha solicitado al director del Servicio Fitosanitario del Estado, Fernando Araya Alpizar información sobre el registro de más de cuatrocientos agrovenenos en los últimos años mediante la Ley Nº 8702 sobre el Trámite de las Solicitudes de Registro de Agroquímicos. Muchos de ellos sin análisis ecotoxicológicos o permisos sanitarios, pese a eso estos cuatrocientos agrotóxicos se usan en el país registrados con poca transparencia.
Para Picado la situación “…lejos de parar el riesgo de contaminación el peligro se agrava ya que se sabe que están a la espera de aprobación 28 solicitudes de ingreso al país de nuevos Ingredientes Activos de Grado Técnico (IAGT), la mayoría propiedad de Bayer, Syngenta, Dow, DuPont o BASF. (SFE, 31-05-2018). Todas grandes transaccionales cuestionadas por sus irresponsabilidad en el manejo de los agroquímicos.”
Pero es aún más preocupante cuando sabemos que las puertas giratorias en Costa Rica hacen que representantes de las casas comerciales de agrovenenos entren y salgan del MAG como perros por su casa. Por ejemplo el asesor estrella del Ministro de Agricultura y Ganadería fue representante de la Cámara Nacional de Productos Genéricos y acusado supuesto tráfico de influencias con empresas de agrovenenos (FECON, 21-05-2018) investigado por la misma Asamblea Legislativa.
En resumen en este momento estamos ante un escenario de crisis por la contaminación por agrotóxicos en agua potable mientras los vendedores de los venenos gobiernan la materia de registro y permisos de agroquímicos.
En este contexto representantes de organizaciones comunitarias se reúnen en San José el 6 y 7 de agosto en el II Encuentro de Personas Afectadas por el Agronegocio. Conjuntamente analizan el contexto nacional sobre esta crisis de contaminación. Organizado por CoecoCeiba Amigos de la Tierra, FECON, FRENASAPP, Kioscos Ambientales, Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y CEDARENA.
Información al teléfono 8760 9800.
Enviado por FECON.
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Las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo al paquete de mociones que las Cámaras Agrícolas, con la complicidad de algunos diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente, intentan introducir subrepticiamente al proyecto de Ley de Recursos Hídricos.
Este paquete de mociones tiene como propósito desregular y debilitar aún más la gestión del agua en el país, en beneficio de las grandes corporaciones agroindustriales, eliminar toda forma de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el recurso hídrico, y hacer de los principios que reconocen el derecho humano al agua y al saneamiento, meros enunciados sin contenido real.
Entre los cambios que pretenden introducir al texto están:
1. Una nueva definición de “uso doméstico” del agua, que actualmente es aquel destinado a satisfacer las necesidades básicas de un núcleo familiar, (y por el que, por tanto, no se debe solicitar ningún tipo de concesión o permiso) para incluir dentro de este tipo de uso el aprovechamiento agrícola del agua en fincas medianas y pequeñas.
La definición de este tipo de fincas se hace vía decreto, pudiendo aumentarse o disminuirse su extensión según el tipo de cultivo y según la autoridad de turno. En la actualidad se definen como fincas “medianas” aquellas que llegan hasta 200 hectáreas (dependiendo del tipo de cultivo).
Además, nada impediría que grandes propietarios de tierras agrícolas segreguen sus propiedades para que correspondan a la categoría de fincas “medianas” y así librarse del pago del canon a favor del Estado por el aprovechamiento de un bien de dominio público y del control sobre el uso del agua para que el mismo sea sostenible y no atente contra el uso del agua para consumo humano, el cual es prioritario.
Según las estadísticas de la Dirección de Aguas, actualmente entre el 75% y el 80% de todas las concesiones de agua que existen son para uso agrícola y consumen el 75% de toda el agua que se aprovecha en el país (a excepción de la energía hidroeléctrica, que es un uso no consuntivo del agua, ya que una vez utilizada regresa a su cauce). De aprobarse esta moción los recursos hídricos de Costa Rica quedarían completamente desprotegidos.
2.Inclusión, dentro de la definición de “pozo artesanal” (que tampoco requiere permisos para su construcción, ni media pago o concesión alguna por su uso) de las captaciones y obras asociadas a estas que se hagan en cuerpos de agua superficiales para uso agrícola.
De esta forma los propietarios de fincas y agroindustrias podrían hacer captaciones en ríos y lagos para extraer agua para riego sin permiso, ni regulación alguna.
3.Las grandes cámaras agroindustriales pretenden eliminar del proyecto de ley todo mecanismo de participación ciudadana. Están pidiendo que se elimine el artículo 11 que establece que los instrumentos de planificación y de política hídrica deben ser formulados de forma participativa con los distintos sectores de la sociedad. Además proponen eliminar los artículos 11, 14, 15 y 16 que crean los Consejos de Unidad Hidrológica, espacios participativos multisectoriales para la gestión del agua; y pretenden que todas las decisiones sean tomadas por la Dirección de Aguas sin consulta, sin participación, sin involucramiento de los usuarios, ni de los distintos sectores sociales.
Un principio básico de la Gestión Integrada del Recurso Hidrico es la participación en la gestión del recurso. Este principio es de carácter instrumental, en tanto posibilita el reconocimiento efectivo del derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento.
Dicha eliminación atenta contra los artículos 9 y 50 de la Constitución Política, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, el principio 10 de la Declaración de Rio, el principio 2 de la Declaración de Dublín y el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que deviene en inconstitucional.
En una ley que reconoce el Derecho Humano al Agua, limitar los derechos a la participación e información bajo el argumento de que “la planificación debe ser una decisión técnica” resulta, conforme lo ha reconocido claramente Naciones Unidas, en un detrimento de ese derecho humano y en una limitación de los espacios participativos en beneficio de los potenciales tráficos de influencias de los grupos más poderosos. Las acciones de diversas instancias institucionales de control del Gobierno en los últimos meses, respecto a problemas como la expansión piñera, nos muestran que esta es una posibilidad muy real en la Costa Rica de hoy.
Esto provocaría además una inconstitucionalidad por falta de conexidad con el proyecto original, el cual, en sus distintas versiones desde 2001, contemplan la participación ciudadana en la gestión del recurso como un componente fundamental y esencial de la ley.
4.Otra de las mociones pretende eliminar la posibilidad de la Dirección de Aguas de ordenar medidas cautelares cuando exista riesgo de daños al recurso hídrico por contaminación o uso indebido. Esta moción atenta contra el principio precautorio.
Con estas mociones las grandes cámaras agroindustriales quieren legalizar todas las prácticas productivas insostenibles y abusivas que utilizan actualmente, con el argumento de defender a pequeños productores que ,como sabemos, son quienes mayor conciencia ambiental tienen.
Exigimos a los señores y las señoras diputadas de la Comisión de Ambiente rechazar de plano este paquete mociones y mantener el texto que originalmente ha sido consensuado entre los distintos actores políticos y sociales, con la única excepción de estas grandes corporaciones agrícolas seriamente cuestionadas por sus prácticas dañinas para el ambiente y para el agua.
Alianza de Redes Ambientales
Alianza Nacional para la Defensa del Agua
Federación Ecologista (FECON)
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente
Red Centroamericana de Acción del Agua
Fundación Neotrópica
Fundación Bandera Ecológica
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena)
Asociación Proyectos Alternativos (PROAL)
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)
Enviado por Vanessa Dubois.
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El Encuentro Internacional “Configuración del capital y del poder en los territorios rurales de América Latina: extractivismo, agro e hidronegocios y propuestas de resistencia e integración desde abajo” reunirán a más de 100 activistas y académicos del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural, perteneciente al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (GT-CLACSO).
Se espera que asistan participantes de unas 20 organizaciones sociales, estudiantes de posgrado de 16 universidades y centros de investigación y miembros académicos del GT-CLACSO. Las personas participantes provienen de Cuba, Honduras, Nicaragua, Haití, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, México, Bolivia, Guatemala, Ecuador, República Dominicana.
“Este será un proceso donde el trabajo en campo y las experiencias de organizaciones campesinas e indígenas sea prioridad y guía para las reflexiones durante la semana” aseguro José Mora del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria una de las instancias promotoras del evento.
Las actividades se realizarán en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica y en una gira a comunidades rurales entre el 18 y el 23 de septiembre del 2017. Habrá mesas de análisis de coyuntura del desarrollo rural en América Latina, una gira de campo a comunidades rurales del Pacífico Sur costarricense. Entre las actividades abiertas están: “Acuerdos comerciales y propuestas de integración desde abajo” y “Ascenso del conservadurismo y política del despojo en América Latina” ambas a las 6:00 p.m. el 18 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Educación y el 22 de septiembre en el auditorio de la Biblioteca de Ciencias de la Salud.
El encuentro busca analizar la coyuntura actual de configuración del capital y el poder en los territorios rurales de América Latina y al mismo tiempo que conocer y profundizar sobre experiencias de resistencia e integración desde abajo.
Para Maria Jose Guillén del Centro de Investigación y Estudios Políticos el encuentro busca “fortalecer los lazos de intercambio académico y ayudar a colocar los problemas actuales de la región centroamericana en el debate latinoamericano e internacional. Ayuda a profundizar el diálogo con organizaciones sociales campesinas e indígenas, que difícilmente han sido tan visibilizadas como otras de mayor impacto mediático como el Movimiento de Trabajadores rurales Sin Tierra (MST) de Brasil”.
Según Gloriana Martínez del Instituto de Investigaciones Sociales “en Costa Rica se está viviendo una renovación de los estudios agrarios, ambientales, rurales, notándose en el aumento de trabajos finales de graduación, proyectos de acción social, trabajos comunales, iniciativas estudiantiles, proyectos de investigación, publicaciones científicas y actividades de reflexión pública”.
La expansión de los monocultivos, la firma de convenios comerciales, la intensificación de los conflictos socio ambientales, la profundización de los efectos del cambio climático y los cambios en la agricultura tradicional, son algunos de los temas más destacados del Encuentro.
Además, muchos de estos temas han configurada una fractura profunda en las sociedades centroamericanas, que siguen sin resolverse luego de la firma de los acuerdos de paz que finalizaron nominalmente la guerra civil en la década de los 90, acuerdos que fueron la antesala de las reformas de ajuste estructural. En la actualidad, el despojo y la violencia en el campo siguen siendo los factores principales de expulsión de la población local que es obligada a migrar a Estados Unidos. En la actualidad, entre el 12% y el 15% de la totalidad de la población vive fuera de la región.
Por lo menos el 60 por ciento de los defensores y activistas que fueron asesinados en 2016 vivían en América Latina y el 40 por ciento de las víctimas eran indígenas y otro porcentaje campesinos ambos sectores enfrentan el extractivismo y despojo de sus territorios, señaló un informe de la organización no gubernamental Global Witness en el que se reveló una cifra récord de 200 activistas ambientales asesinados en el mundo durante ese año.
Contacto María José Guillén +506 8880-2524, maria.guillen.araya@gmail.com
Enviado por Kioscossocioambientales UCR.
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A partir de este año en el Recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica (UCR) se impartirá la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios, una opción académica que pretende dar un impulso al desarrollo social y económico de la Región Brunca.
La primera promoción está conformada por 27 estudiantes, algunos de ellos provenientes de los cantones de Golfito, Coto Brus, Corredores, Buenos Aires y Esparza quienes iniciarán sus estudios este mes de marzo. Estos jóvenes tendrán la oportunidad de iniciar una carrera profesional y académica muy importante dentro del sector agropecuario y agroindustrial. Para el 2018 se abrirá la segunda promoción con 35 cupos más.
“Es una de las carreras con mayor posibilidad de proyección” detalló la M.Sc. Georgina Morera, directora del Recinto de Golfito, quien destaca que es un buen momento para abrir esta carrera, ya que hay una gran expectativa por parte de las instituciones y organizaciones de la región.
Para la apertura de la carrera se tomaron en cuenta las características de la Región Brunca, como la biodiversidad y cantidad de recursos naturales y su principal actividad económica que es la agrícola. Esta región tiene un fuerte potencial para el desarrollo de nuevos productos y actividades agropecuarias y agroindustriales.
Por sus características sociales también existe una gran cantidad de organizaciones comunales, de desarrollo y rurales en espera de colaboración para la ejecución y fortalecimiento de sus proyectos agro productivos, que permitan a sus integrantes tener una mejor calidad de vida y poder ofrecer a sus clientes productos de mejor calidad.
El profesional de economía agrícola es bastante versátil. Se puede desempeñar en instituciones del sector público (MAG, INDER, MINAE y otras instituciones conexas) y también en instituciones públicas no estatales, o en las organizaciones no gubernamentales donde hay una relación entre la producción agrícola y la sostenibilidad ambiental.
Los graduados de esta carrera podrán fortalecer las organizaciones en materia agroeconómica, social y ambiental de la zona, los proyectos agroproductivos existentes y desarrollar nuevos e innovadores proyectos de una manera sostenible, con lo cual se contribuirá a mejorar la calidad de vida los habitantes de la región.
También se verá beneficiado el sector privado agroalimentario donde el economista agrícola puede aportar en la creación de productos con mejores condiciones de costo, calidad y rendimiento, además de articular las actividades productivas con la agroindustria y los servicios para ser más competitivos.
La formación que recibirán los estudiantes también les dará la oportunidad para que puedan ser generadores de sus propias empresas o sus propios agronegocios, según explicó el Dr. David Gómez Castillo, coordinador de la carrera en Golfito, «tratamos de que ellos sean emprendedores, que no se vean sólo como empleados, sino que vean la posibilidad de que ellos mismos puedan ser empleadores».
Contacto: David Gómez Castillo. Coordinador de la carrera de Economía Agrícola y Agronegocios Tel: 2511-8763, Cel: 8729-3973.
Katzy O´neal C.
Periodista Oficina de Divulgación e Información (ODI)
2511-1231/ 8661-0058
Enviado a SURCOS Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
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Katzy O`neal Coto,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Por medio de la acción social, la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica (UCR) llega hasta las comunidades de la Región Brunca y Huetar Norte para contribuir con el desarrollo y aportar en la reducción de la pobreza.
Los Trabajos Comunales Universitarios (TCU) son la principal herramienta que esta unidad académica utiliza para acercarse a las comunidades para conocer sus necesidades y plantear soluciones que ayuden a los pequeños productores del sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario.
Los estudiantes y docentes de Economía Agrícola apoyan en la elaboración de planes de negocios, finanzas y mercadeo, pero además trabajan con diferentes disciplinas y unidades académicas para atender las necesidades que se les plantean.
“Con los años hemos aprendido que es toda la universidad al servicio de las personas” explica la M.Sc. Vanessa Villalobos Ramos, coordinadora de la Comisión de Acción Social de la Escuela, quien cuenta con una larga experiencia trabajando con comunidades y estudiantes de TCU.
Por eso, en los últimos ocho años, los TCU de Economía Agrícola han integrado estudiantes de 28 carreras diferentes que van desde arquitectura e ingeniería civil hasta derecho y administración de empresas, lo cual permite dar un manejo más integral a las problemáticas que plantean las organizaciones.
Si bien el 46,5% del total de estudiantes matriculados son de la carrera de Economía Agrícola, la mayoría (53,5%) han sido estudiantes de otras carreras. Incluso han participado más de 40 estudiantes de la Sede de Guanacaste, la Sede del Atlántico y los Recintos de Tacares y Paraíso.
Por medio de los TCU los estudiantes construyen un vínculo con los productores, con organizaciones de mujeres y cooperativas que les permite mantener la sensibilización hacia las comunidades y aportar a su empoderamiento, lo cual es esencial en su formación como profesionales, manifestó la estudiante Juliana Quesada.
Por su parte, el Sr. Mauricio Araya, representante de la Asociación de Productores de Agricultura Organiza de Upala, Los Chiles (Asoprozón), asegura que los estudiantes de la UCR son importantísimos para ellos, pues colaboran de muchas formas, por ejemplo: en aspectos legales, capacitaciones, comercialización de productos, manejo de software, estudios de suelos, medición de las fincas, entre otros.
El Sr. Araya mencionó que después de una gira que realizaron en el 2010 con la UCR a una finca en Pacayas, entendieron que en una pequeña finca se pueden hacer grandes cosas, «esto generó que las personas de Upala tuviéramos un cambio de mentalidad de creer que si se puede, en un espacio pequeño podemos ser productivos, podemos vender y sostener a nuestra familia y hacer un cambio económico y de pensamiento».
Actualmente se desarrollan varios proyectos enfocados en el desarrollo de las zonas rurales como el Programa de Agronegocios ED-2612 que incluye un plan de capacitación para la preparación y evaluación de proyectos rurales y el Trabajo Comunal Iniciativas comunitarias para el desarrollo rural TC-488.
Con el TCU- 634 se ofrece capacitación y asesoría en economía agrícola, salud y ambiente como base para el desarrollo local de la Región Brunca y con el TC-228 se brinda asesoría agroeconómica a organizaciones de productores agrícolas y agroindustriales.
En el campo agropecuario, se brinda capacitación en producción forraje hidropónico por medio del proyecto ED- 3175, además de capacitación y asesoría en implementación de buenas prácticas de producción sostenible en sistemas agropecuarios y agroindustriales como herramientas para mitigar el impacto sobre la salud y el ambiente con el proyecto ED-3233.
“En el ADN de esta unidad académica está la acción social en zonas rurales” acotó el director M.B.A. Enrique Montenegro Hidalgo, quien destacó la importancia que tienen los agronegocios para combatir la pobreza en las zonas rurales, donde la agricultura y las actividades agrícolas son el motor económico de más del 80% de las familias, según datos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
Montenegro destacó que mediante la dinamización de las economías locales y la creación de agronegocios que sean rentables desde el punto de vista social, financiero y ambiental, esta unidad académica hace su aporte a la reducción de la pobreza en las regiones Brunca y Huetar Norte del país.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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