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Etiqueta: agroquímicos

Reforma permitiría plaguicidas en el agua para consumo humano

El gobierno impulsa una reforma para permitir la contaminación con plaguicidas en el agua para consumo humano

  • Alteran el Reglamento de Agua Potable en beneficio de la presencia de agroquímicos y en contra de la salud pública.

  • La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

  • Grave retroceso legal en materia de protección de aguas podría ser inconstitucional, ecologistas se preparan para acudir a la Sala IV y pedir justicia

(07/01/2026) El pasado viernes 13 de diciembre en la web del Ministerio de Salud se puso en consulta pública por diez días hábiles la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”.

El MinSa impulsa una nueva versión de un reglamento que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional.

La propuesta, legaliza Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.

Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles alarmantes de metabolitos del Clorotalonil, lo cual atenta contra la salud pública de las comunidades afectadas. Hay que recordar que este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno y que sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago.

Esta reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua. No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado. Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil.

Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Parece una simple sustitución de palabras, pero esto hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano. Con esta reforma el AyA podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno. Esto burla el principio precautorio y la amplia jurisprudencia como son el indubio pro aqua, indubio pronatura y el indubio prosalud.

La vergonzosa propuesta de reglamento que permite la contaminación de las aguas para consumo humano con residuos de clorotalonil es violatoria de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. El 263 prohíbe “toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”. Y además el artículo 273 donde se “prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades (destacado no es del original).

En resumen, el Ministerio de Salud pretende cambiar la normativa nacional para legalizar la contaminación con agroquímicos. De firmarse y publicarse este decreto ya no se prohibirá la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas acorde al reglamento vigente. Cuando se encuentren fuentes de agua potable contaminada con agroquímicos las autoridades seguirán abasteciendo el agua y evaluaría a posterior si esto causa daño o no a la salud pública. Violando el principio in dubio pro agua y el principio precautorio; el artículo 50 de la Constitución Política.

La gráfica anterior es clara y permite observar la grave situación de contaminantes degradados del clorotalonil en la Zona Norte de Cartago. Estas gráficas son de autoría propia y se hicieron en base a los datos publicados por el mismo Ministerio de Salud. Cada color corresponde a un metabolito de degradación del agrotóxico clorotalonil ( 8 en total) para las respectivas 69 tomas de agua detalladas en la gráfica de barras. La Asada de San Rafael de Irazú presenta la toma de agua con mayor contaminación al final de la gráfica.

Señalamos que es irresponsable la decisión de elevar los parámetros de contaminación, lo cual va en contra del principio de no regresión y del principio precautorio en materia de salud ambiental. Por lo tanto, sostenemos que esta modificación al reglamento, no sólo es ilegal sino que también es inconstitucional. Además los actos administrativos de este gobierno, como el levantamiento de las Órdenes Sanitarias de las fuentes contaminadas, son criminales y van en detrimento de nuestro derecho humano al agua.

En el gráfico anterior destaca la línea anaranjada, la cual señala el Valor Máximo Admisible permitido en la versión actual del Reglamento de Agua Potable (límite que quieren modificar con la reforma en cuestión) , en azul los valores encontrados por el Ministerio de Salud de degradados del Clorotalonil en 69 fuentes de agua claramente sobrepasan entre 470 veces y 214 veces la norma establecida. En resumen, la reforma en discusión que intenta el gobierno pretende elevar el límite actual (línea anaranjada) a la parte superior de la gráfica elevando así los límites permisibles en contra de la calidad del agua potable y a favor de la desidia institucional de no abordar el problema integralmente.

Las organizaciones aquí firmantes llamamos a diputados de la República, autoridades competentes, acueductos comunitarios y la sociedad civil en general a organizarse y rechazar dicha propuesta de reforma al Reglamento de Agua Potable.

Firman:

Bloque Verde
Frente Eco Cipreses
Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza
Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
Red de Mujeres Rurales
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense
Unidad Especial Silvestre De Protección Y Rescate Animal
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna
Asociación de Desarrollo Integral Magnolias
Movimiento de Resistencia y Formación
Frente Ecologista Universitario
Movimiento Ríos Vivos
Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
La Yunta Agroecológica
Buen Vivir Costa Rica
Diputado Ariel Robles Barrantes
Diputada Rosaura Méndez Gamboa
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

Emergencia ambiental: más de 69 fuentes de agua en Cartago estarían contaminadas

El gobierno podría proponer aumentar los límites de plaguicidas para evitar declarar una emergencia y así destinar recursos para resolver el problema de contaminación de más de 50 mil personas. 

Desde marzo, la ARESEP, junto con la academia, grupos comunitarios, ambientalistas y diputados, había solicitado la declaratoria de emergencia. Se basaron en informes institucionales, precedentes legales y el principio de precaución, que permitirían agilizar los recursos para el proyecto Orosi II.

Por Mauricio Álvarez Mora
Geógrafo docente en las Escuelas de Geografía y Políticas
Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR e IDELA UNA

Una fuente interna de una institución pública nos aseguró que todas las 69 muestras de agua resultaron contaminadas con metabolitos del fungicida clorotalonil, es decir, productos derivados de la molécula original. A principios de mayo, Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizó un muestreo en la zona norte de Oreamuno y Alvarado, en Cartago. Se tomaron 45 nacientes gestionadas por las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) y 24 nacientes de acueductos municipales de Oreamuno, afectando así a aproximadamente 50,000 personas.

Entre las fuentes muestreadas se encuentran: ASADA Buena Vista de Pacayas (2 fuentes), ASADA Cipreses de Oreamuno (2 fuentes), ASADA Cot de Oreamuno (6 fuentes), ASADA Norte de Pacayas (2 fuentes), ASADA Paso Ancho y Boquerón (2 fuentes), ASADA Potrero Cerrado (5 fuentes), ASADA San Juan de Irazú (2 fuentes), ASADA San Pablo de Santa Rosa (9 fuentes), ASADA San Rafael de Irazú (7 fuentes), ASADA Santa Rosa de Oreamuno (7 fuentes), ASADA Santiago de Paraíso (2 fuentes), Municipalidad de Alvarado (13 fuentes) y el Consejo Municipal de Cervantes (11 fuentes).

Según datos divulgados por el gobierno, el muestreo abarca un área aproximada de 8,500 hectáreas y es la primera de cuatro etapas de muestreo (AYA, 1-7-24). Este monitoreo fue una respuesta del gobierno a la solicitud de declaratoria de emergencia de diversas instituciones y fuerzas políticas. En su momento, se indicó que “a partir de sus resultados definiremos la ruta a seguir” (AYA, 1-7-24).

Algunas de estas fuentes ya estaban clausuradas por contaminación, como las de Cipreses, San Pablo y Santa Rosa, afectando a unas 10,000 personas. En el caso de Cipreses, el 12 de octubre se cumplieron dos años de suministrar agua mediante cisternas, y otras comunidades pronto alcanzarán el mismo plazo.

Declaratoria de emergencia: Mediante un oficio dirigido a la Primera Vicepresidencia de la República y a los jerarcas de los ministerios de Salud, Ambiente, Energía y Agricultura, así como al Presidente Ejecutivo del AyA, la ARESEP solicitó el 4 de marzo de 2024: “Se insta a declarar Estado de emergencia en la zona norte de Cartago, dada la contaminación por agroquímicos de las fuentes de agua utilizadas por las Asadas de Potrero Cerrado, Paso Ancho, Boquerón, Cipreses, San Pablo, Norte de Pacayas, San Rafael de Irazú, Buena Vista, Santa Rosa, Cot y San Juan de Irazú, afectando directamente a 33,000 habitantes” (OF-0131-IA-2024).

El 9 de abril, representantes del Frente Ecologista de Cipreses, la Universidad de Costa Rica (UCR) y diputados de los partidos Frente Amplio, Liberal Progresista y Liberación Nacional pidieron al Gobierno declarar “estado de emergencia” en la zona norte de Cartago, debido a la contaminación con agroquímicos en las fuentes de agua que afectan a 50,000 habitantes.

Los informes internos son contundentes. Advertían que el 80% del área de protección de 35 nacientes estudiadas estaba invadido por cultivos, infraestructura y ganadería, con un uso agrícola intensivo del 44%, un 33% para pastos, un 3% para infraestructura y solo un 20% de uso forestal. El estudio indica que “en las zonas ubicadas aguas arriba de cada naciente predominan sectores con cultivos agrícolas” (UEN-GA-2024-00175).

Según informe anterior (14-4-23) de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA, que fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio del 2023, en las áreas cercanas a Cartago había aproximadamente 65,000 personas dependientes de suministros de agua en condiciones similares, con una agricultura tan cercana a las fuentes que “afectaba la calidad del agua” y generaba “una alta probabilidad de contaminación por el uso de productos químicos”.

¿Por qué era predecible la contaminación del agua? Este tipo de contaminación no se estaba midiendo en nuestro país, ya que el Laboratorio Nacional de Aguas carece de los recursos y la infraestructura necesaria. En Costa Rica hay más de 200 plaguicidas registrados, pero el laboratorio sólo puede evaluar 24 en el agua potable. Fue gracias a la insistencia de la comunidad de Cipreses que IRET pudo evaluar estos metabolitos en 2019 y que se logró una resolución que busca fortalecer las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas.

Dada la alta movilidad del clorotalonil en el agua, la intensidad y cantidades de uso del producto (tercero a nivel nacional), es casi un hecho que donde se aplique habrá este tipo de contaminación; solo es cuestión de contar con los recursos y capacidades para analizarlo.

Francia y Suiza enfrentan una situación similar a la de las comunidades de Cartago. En Francia, un tercio del agua está contaminada con estas mismas moléculas, a pesar de la prohibición hace más de cuatro años, lo que demuestra la persistencia de esta sustancia. En Suiza, alrededor de 700,000 personas están expuestas a metabolitos de clorotalonil en su agua potable, y el costo de la descontaminación podría aumentar el precio del agua en un 75% (Public Eye, 5-2023).

Impacto del clorotalonil en la salud. A nivel internacional, la Unión Europea prohibió el uso del plaguicida clorotalonil en 2019 debido a la contaminación de sus metabolitos en aguas subterráneas. El Ministerio de Salud aseguró que “la Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil está clasificado como carcinógeno” (MS-DPRSA-0668-2022).

Los informes de la CCSS muestran que en el Área de Salud Oreamuno – Pacayas – Tierra Blanca, que cubre parte de la zona muestreada y contaminada, se ha detectado un aumento en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y tumores malignos. Además, se destaca el “alto uso de agroquímicos en el área de atracción”. Según el “Análisis de la Situación en Salud (ASIS) 2019-2020 en Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca”, los agroquímicos más peligrosos son los nematicidas, seguidos de herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo que se debe al uso agrícola y ganadero en la región. El ASIS también resalta que “la principal fuente de contaminación se encuentra en los lugares donde la actividad agrícola es predominante, debido al uso indiscriminado de plaguicidas que penetran en la capa freática contaminando los mantos acuíferos”(Semanario Universidad 31-5-2023).

Según estudios del Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), la zona norte de Cartago es una de las áreas del país con mayor uso de plaguicidas debido a factores como la intensidad de cultivo, las condiciones climáticas y la cultura de aplicación de estos químicos. Un estudio en una microcuenca entre las quebradas Pacayas y Plantón identificó el uso de 84 plaguicidas y un centenar de fertilizantes. Una hectárea puede recibir entre una y cuatro toneladas métricas de fertilizante por año, y el uso de plaguicidas varía entre 11 y 163 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año, cifras que son relativamente altas en comparación con otros cultivos como arroz (18-24 kg ia. /ha/año), banano (40), piña (15-20) y melón (70-140) (IRET, 2010).  

¿Aumentar los límites de contaminación del agua de consumo humano? A finales de julio, el vuelco de un camión cisterna derramó 17,000 litros de fungicida Mancozeb en una quebrada que desemboca en el río Barranca, afectando tomas de agua que abastecen a miles de personas. El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó niveles de contaminación en el agua que superan en más de 60 veces lo estipulado por la legislación nacional. Esta autorización se llevó a cabo sin modificar legalmente el Reglamento de Calidad de Agua Potable, basándose en el informe MS-DPRSA-USA-1536-2024, que justificó un cambio temporal en los parámetros de presencia de agroquímicos.

Ante la falta de transparencia —ya que se solicitaron formalmente los datos en su momento—, organizaciones ecologistas interpusieron un recurso de amparo contra Acueductos y Alcantarillados por la falta de acceso a información, exigiendo los resultados de monitoreos realizados desde el 27 de julio. Estos análisis revelan altas concentraciones de Mancozeb en el río Barranca y en el agua suministrada a las comunidades de Esparza y Puntarenas (Bloqueverde, 2-9-24).

En este caso, se establecieron nuevos límites “temporales” a la medida de los resultados de los muestreos realizados, lo que fue presentado a la Sala Constitucional en un recurso de amparo que fue acogido para estudio. La Fiscalía de la República abrió una investigación sobre los posibles delitos. Esta medida es ilegal y contradice el principio de precaución, así como varios artículos de la Constitución Política y el derecho constitucional al agua potable.

El Ministerio de Salud justificó la medida asegurando que era temporal para “proteger la salud pública mientras se implementan las acciones de remediación necesarias” y alegó que la falta de agua potable “también genera riesgos sanitarios para la población” (MINSA, 4-9-24).

Conclusiones. Si el gobierno intenta eludir su responsabilidad de declarar una emergencia utilizando este irresponsable precedente, podría enfrentar un revés legal en la Sala Constitucional. No se pueden hacer excepciones tan groseras a la ley, los reglamentos y los tratados internacionales.

Se espera que la ministra de Salud no comprometa aún más su reputación con una medida tan cuestionable. Ya se ha dejado a Cartago sin hospital, y exponer aún más a la población a esta contaminación sería una grave agresión contra la salud pública. Este asunto debe ser tratado con la seriedad y la transparencia que merece.

Además, es fundamental poner fin a la persecución de los empleados públicos honestos que están alertando sobre los resultados y las maniobras que se están evaluando desde el gobierno. Esperamos que el gobierno busque asesoramiento adecuado y reflexione para descartar este escenario, y así decrete la emergencia solicitada hace meses.

Finalmente es crucial que las autoridades realicen un estudio sobre las afectaciones por la exposición crónica a plaguicidas en la zona, ya que se desconoce desde hace cuántos años el agua ha estado contaminada y si las personas, al estar tan cerca de los cultivos, están ingiriendo contaminantes a través de otras vías o mediante los productos agrícolas que consumen.

Imagen: AyA.

Le salen mal los números de los agrotóxicos al MAG

  • No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado.

  • Datos primarios de importación y exportación de plaguicidas dejaron de estar disponibles en la web del SFE.

FECON

El reciente informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería “Uso aparente de plaguicidas en Costa Rica Período 2017-2023” afirma se ha dado una “reducción en la utilización de estos agroquímicos cercano al 20%”. Dato que sin duda es llamativo, pero al mismo tiempo es engañoso. Lamentablemente ya no están disponibles los datos primarios de las exportaciones e importaciones de plaguicidas en la plataforma del Sistema Fitosanitario del Estado como era anteriormente, esto resta mucho en términos de transparencia. Esconder los datos primarios es un paso para atrás en materia de control de los plaguicidas y tenemos que confiar sólo en el informe publicado desde al MAG.

No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado. En realidad, sí comparamos el año 2022 con el 2023 encontramos un aumento importante en el uso aparente de plaguicidas. Esto porque, si bien es cierto, las importaciones han bajado, las exportaciones por su lado han disminuido también para el mismo periodo. Es decir, sí para el 2023 restamos importaciones menos exportaciones, y lo comparamos con el periodo de 2022 nos da un aumento de más de 400 toneladas de IAGT en el “consumo aparente de plaguicidas” con respecto al año 2023.

Sumado a esto el MAG insiste en arrastrar un error metodológico histórico, incluir más de un millón hectáreas de pastos dentro del cálculo para determinar el uso aparente de plaguicidas como si fuera área agrícola intensiva. Error que numerosos expertos y expertas se lo han señalado en año anteriores. Por lo tanto, insistir es un acto de mala fe.

Poner zonas de pastos a la par de áreas de cultivo intensivos como si fueran iguales provoca una gran distorsión en el resultando, puesto que las pasturas para ganadería a lo sumo usan entre 0,6 a 2 kg de IAGT por hectárea por año, dato que contrasta mucho con los cultivos intensivos, como por ejemplo el banano, que pueden usar entre 50 y 65 kg de IAGT por hectárea por año. Es decir, sumar las hectáreas de pastos dentro de la ecuación para el cálculo de uso aparente placidas en el sector agrícola provoca una grave distorsión en el resultado final.

Este, que parece ser un simple error metodológico, es en realidad una apuesta política del ministerio de Agricultura por maquillar los datos de uso de plaguicidas del país. La diferencia entre la cifra del PNUD con los del MAG radica en que el ministerio prácticamente multiplica por 4 el área sobre la cual se rocía plaguicidas, al incluir pastizales. Distorsionando completamente el cálculo y restándole rigurosidad científica. Mientras que PNUD genera datos más apegados a la realidad, tomando en cuenta las áreas donde se da el uso más importante de plaguicidas como referencia para los cálculos.

Nadie con honestidad técnica y científica manipularía los datos para distorsionar la realidad y defender la industria de los plaguicidas tal y como lo hace el MAG y el SFE. La realidad que vive el país es muy grave en materia de plaguicidas. Los datos del PNUD concuerdan con la crisis que viven cientos de comunidades afectadas por los plaguicidas: contaminaciones de fuentes subterráneas y superficiales con cargas de plaguicidas que sobre pasan los límites permitidos en más de 200 veces las concentraciones permitidas para consumo humano, escolares rociados con plaguicidas altamente peligrosos, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, desaparición de polinizadores y afectación a la fauna silvestre.

Los datos alegres sobre la reducción de uso aparente de plaguicidas que publica el MAG no esta estimado sobre datos concluyentes, sino sobre cifras preliminares para el año 2023, tal y como lo menciona el mismo informe del SFE. Aparentemente el MAG tiene ganas de manipular datos, sacrificar la ciencia y distorsionar la realidad. ¿Cuál objetivo persiguen?

Organizaciones se manifiestan contra políticas y proyectos que privatizan el agua y los ríos

En el marco de la Fiesta del Agua, llevada a cabo el pasado 1 de junio en la comunidad Longo Mai, comunidades y organizaciones se encontraron con urgencia frente a múltiples proyectos que han venido privatizando el agua y los ríos del país, donde estos están generando una contaminación sobre la biodiversidad por medio de agroquímicos, como la destrucción por medio de los quebradores en los cauces de los ríos y proyectos hidroeléctricos, los cuales están poniendo en riesgo no solo el  acceso al agua potable, sino que también están provocando una disminución en el caudal de los ríos. 

Estas comunidades y organizaciones seguirán en la lucha por la prohibición del clorotalonil, el frente contra las represas hidroeléctricas y la intervención del código de minería.

Estas organizaciones hacen un llamado a la población a desarrollar grupos para la defensa del agua para la vida.

Pronunciamiento de organizaciones y comunidades por al defensa del agua y los ríos

Longo Mai, 2024

Este 1° de junio del 2024 representantes de organizaciones: Frente Ecocipreses, Ríos Vivos y Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, nos hemos reunido con preocupación y urgencia, frente a las múltiples formas en las que gobiernos neoliberales en alianza con corporaciones, han venido privatizando los ríos del país.

Nos queremos pronunciar con indignación contra la contaminación del agua con agroquímicos, los quebradores en los cauces de los ríos, proyectos de riego para monocultivos y proyectos hidroeléctricos. Todos esos proyectos mal llamados de desarrollo, han saqueado por años nuestros territorios y ponen en riesgo el acceso al agua para consumo humano, no solo por su calidad sino porque han provocado disminución de los caudales.

Queremos señalar que las comunidades aquí representadas, seguiremos luchando y construyendo propuestas para la defensa de nuestros territorios. Estaremos vigilantes de las formas en las que operan las instituciones estatales y las políticas públicas que se crean. Además, como organizaciones comunitarias, nos comprometemos a:

– Vigilar que se consolide la prohibición del clorotalonil en el país.

– Seguiremos construyendo las vías para qué se intervenga el código de minería.

– Oponernos al proyecto de ley del armonización del sistema eléctrico nacional.

– apoyamos a la comunidad indígena Rey Curré en su iniciativa para desarrollar una ley o normativa forestal de aplicación en su territorio bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas.

Invitamos a las personas, organizaciones y comunidades, a que se organicen en la defensa del agua para la vida. 

#aguaparalavida #rioslibres

Nota:

Este comunicado se emitió durante la Fiesta del Agua en Longo Mai, Buenos Aires, una celebración anual que incluye talleres, charlas, actividades para niños, una feria agroecológica y música. Este evento contó con el apoyo de los Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social, el TCU-590 de Kioscos Socioambientales, Caravanas por la Defensa de la Vida y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.

Kioscos Ambientales UCR

La Finca del Medio un ejemplo de agricultura regenerativa y arraigo familiar en Cuba

Halina con José Casimiro.

Halina Sobrado W

Antes de conocer la Finca del Medio tuvimos que cruzar un infarto, el mar y recorrer la mitad de Cuba. Desde La Habana viajamos siete horas en bus y media hora en un Chevrolet 1957 que nos esperaba en la estación pasadas las nueve de la noche. Finalmente nos recibió el hijo de José Antonio Casimiro, quien lleva el mismo nombre. Él nos adentró en la finca en medio de la oscuridad y las piedras en una carreta jalada por Hazán, el caballo de la familia.

Teníamos 30 horas por delante para descansar, caminar y escuchar directamente de boca de Don Casimiro padre la historia de su Finca.

Chavely Casimiro, la hija menor.

Treinta y un años atrás, Casimiro se fue con su mujer a ese terreno árido, decidido a cumplir el sueño de vivir en el campo. El terreno estaba dañado por los agroquímicos usados en la siembra de caña. No había árboles en donde resguardarse del sol. Ni afluentes de agua que abastecieran el pozo. Tampoco tenía herramientas para el arado.

Eran Casimiro y su mujer frente a un terreno que poco ofrecía para comer. Pronto llegaron las críticas de los familiares y la opinión de sus conocidos. ¿Por qué se iban a ir tan lejos, si ese hombre tenía un buen trabajo y un buen salario?, ¿Quién en su sano juicio tomaría una decisión así?

Las condiciones eran menos que favorables. Fue probablemente por la claridad de este hombre empecinado, por la constancia de su trabajo y por la capacidad creativa, sumada a su experiencia trabajando en maquinaria y los dos años que peleó como militar en Etiopia, que adquirió el conocimiento, resiliencia y fuerza para enfrentar lo que venía.

Pues Casimiro, en su sano juicio, tuvo siempre muy clara su idea. Su sueño era ir a vivir a un terreno que le diera cultivos, huevos, manteca de cerdo y leche. ¿Por qué nadie podía entender eso? Porque para trabajar como lo hizo Casimiro durante tantos años, se requiere de mucha convicción y claridad como la suya.

Durante cuatro años trabajó descalzo, porque no tenía botas. Él en el campo y su mujer a cargo del hogar. Pronto llegaron los hijos y tuvieron que esperar cuatro años pasando todo tipo de penurias hasta que lograron tener su primera cosecha. Casimiro recuerda ese día en el que la familia se acercó, también por primera vez. Ellos sin calcular aún el consumo anual de la familia, repartieron sus cosechas con orgullo, para aprender que no estaban listos para repartir comida con tanta libertad.

¿Recuerdas? Dice Casimiro, al tiempo que mira a su mujer, quien asiente con una sonrisa.

Comprar un puerco fue una travesía. Implicó vender sus bienes, para después perder los puercos en un accidente, por enfermedad o porque se extravió en el monte. Arar la tierra requirió de ingenio. Fue necesario conseguir los insumos y poner en marcha la creatividad para construir sus propias herramientas par arar la tierra. Creó una herramienta tan ingeniosas que años más adelante fue reproducidas sin su consentimiento para comercializarla. Así de bueno es el trabajo de don Casimiro.

La familia de José Casimiro con Miguel Sobrado y Halina Sobrado W.

Este hombre tuvo el valor y el coraje de cavar un pozo, dos, tres, cuatro, y cuantas veces fuera necesario hasta encontrar el sitio adecuado. Un día se le ocurrió sembrar bambú para prevenir el drenaje del agua, así fue como se creó una pequeña represa donde ahora se forma un lago que abastece de agua los siembros y la casa.

Ahora todo ha cambiado. Don Casimiro usa zapatos, su familia vive en un entorno de abundancia y colaboración. Lejos quedaron los tiempo de penuria. Cada persona parece haber adoptado un rol y entre todos sostienen esta finca, que además es su hogar. Hay árboles, hay ganado distribuido en 13 hectáreas, tienen varios puercos y cultivo de tilapias. Todo un ejemplo de regeneración de los suelos con estiércol y trabajo familiar

Halina Sobrado W. en la Finca del Medio.

Algunos de sus productos vegetales incluyen arroz anegado, frijoles, garbanzos, plátano, caña, malanga y todo tipo de tubérculos. Además, tienen un biodigestor que genera gas para la cocina y abono para los suelos.

Esta Finca es como un pequeño paraíso. Se respira el cariño con el cual ha sido construida. Esto se refleja en cada detalle. En las enredaderas que crecen por las paredes, en el mural de su hija Chavely, en las colmenas que guindan del techo, en las tazas de lata, en el bebé que juega con su abuela. Todo, absolutamente todo lo que rodea ese espacio tiene una estética especial.

Don Casimiro no se lamenta por los años en que trabajó el campo sólo con su mujer, no resiente a la sociedad el no haberle comprendido. Chavely contó cómo construyeron un horno 16 veces. Lo construyeron y lo derrumbaron y lo volvieron a hacer. Prueba y error. Su mujer le insistió parar de romperlo. Insistió en que así funcionaba bien, pero a don Casimiro le gusta pulir su trabajo, le entretiene tener cosas por hacer y ahora cuenta con el apoyo de su familia. Tres hijos, dos yernos, una nuera y cuatro nietos. Todos trabajando en conjunto. El horno finalmente quedó hecho.

En un país en el que el comercio es difícil, tanto a lo interno como en el exterior. En un contexto en el que la mayoría de jóvenes abandonan el campo y las circunstancias externas están llenas de obstáculos e incertidumbre, don Casimiro y su esposa lograron sostener una familia unida. Este trabajo conjunto y constante les ha permitido construir la famosa Finca del Medio, la cual es ahora visitada por instituciones educativas de distintas partes del mundo. Es un lugar que se ha convertido en un ejemplo de estudio y se ha caracterizado por la innovación, la creatividad, la perseverancia y los valores compartidos.

Foro interinstitucional para atender crisis en Oreamuno en el Día Mundial del Agua: “Agua Segura como motor para la Paz Social”

El Foro se realizará en conmemoración del 22 de marzo Día Mundial del Agua, cuyo lema de este año es “Agua para la Paz”, el evento contará con la participación del Viceministro de Salud, Ministro del MINAE, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) o sus representantes, así como participantes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el alcalde de Oreamuno y el Presidente de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno.

Se llevará a cabo el jueves 21 de marzo a las 3:00 p.m. en el Miniauditorio de la Facultad de Ingeniería, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, Ciudad de la Investigación UCR, primera planta del edificio de Aulas de la Facultad.

Ante la inminente crisis desatada por la contaminación de metabolitos de agroquímicos, problemas de escasez y protección de las fuentes, este espacio busca en sus participantes el diálogo y el manejo de conceptos comunes en lo que respecta a la problemática del Agua Segura en el país y busca incentivar un trabajo político conjunto con los tomadores de decisión y las comunidades.

Este espacio es organizado por la  Red GUIAS (Gestión Universitaria de Investigación en Aguas) de la Universidad de Costa Rica, que consideró contribuir con el desarrollo de una Hoja de Ruta País para el Agua Segura; es decir una descripción sistemática de un conjunto de principios, actitudes y pasos prácticos que orienten a las instituciones y a las personas tomadoras de decisión en la materia, cuyo trabajo conjunto posibilite la concreción de una meta ambiciosa pero plausible: que en Costa Rica toda comunidad y población pueda disfrutar, sin restricciones y obstáculos, de agua con calidad y cantidad para su desarrollo humano.

Contexto

Diversos estudios han apuntado que, si bien ciertas regiones del Planeta gozan de abundantes fuentes de Agua para los diversos usos que hacen sus habitantes, esto no implica de manera automática la certeza de que todas las poblaciones y personas puedan disfrutar del recurso en cantidad, calidad y continuidad, mediante un aprovechamiento sostenible. Igualmente, se ha evidenciado con diversos estudios de caso, que cuando coexisten comunidades que ven limitado su acceso al agua con otras que tienen un disfrute más pleno se presenta un caldo de cultivo para la conflictividad social, pugnas en los territorios y la aparición de obstáculos estructurales que limitan el desarrollo humano.

En el caso de Costa Rica, nuestra tradición democrática nos ha llevado a valorar la Paz Social. Esta no implica la ausencia de discrepancias o diferencias entre grupos políticos y actores sociales; por el contrario, es necesario más bien en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y -en la medida de lo posible- unidos buscando soluciones a los problemas que nos aquejan y los retos que se avecinan.

Kioscos Ambientales UCR

El problema del agua en Costa Rica

Agua con olor y sabor a hidrocarburos. Agua contaminada con agroquímicos. Agua con arsénico. Con aluminio. Acuíferos costeros salinizados. Ríos con coliformes fecales. Faltará agua por la sequía y el fenómeno del Niño.

Son noticias comunes en Costa Rica.

Problemas constantes y reiterados que, de no ser abordados de manera oportuna a través de planes apropiados y serios, por parte de las instituciones y de la sociedad en general, pueden acarrear graves consecuencias para la sociedad costarricense.

Somos conscientes que una crisis con el agua representa una seria amenaza y coloca en situación vulnerable a varios sectores importantes de la población.

Por los anteriores motivos, hacemos un llamado a el Gobierno de la República y en especial al AyA; al MINAE; al SENARA, al MAG; ARESEP y otras instituciones y sectores involucrados, para que asuman sus responsabilidades.

Aquí exponemos nuestros criterios y solicitamos, respetuosamente, una pronta y clara respuesta a estas situaciones.

  1. Falta de voluntad del AyA para asegurar el acceso al agua potable para todas las personas usuarias:
  • El AyA indica que presenta actualmente un déficit hídrico de sus sistemas de agua potable ubicados en diferentes partes del país, y prevé que ante con el fenómeno ENOS pasarán a afectarse más de sus sistemas.
  • Pero el AyA y otros operadores del servicio de agua potable, actualmente utilizan solo el 10,7 % de toda el agua de Costa Rica para brindar sus servicios.
  • El abastecimiento de agua a las comunidades es prioridad según la Constitución Política y la Ley de Agua.
  • La Ley de Agua No. 276, en su artículo 137, establece claramente: “El Ministerio del Ambiente y Energía, de oficio o a instancia de parte, está facultado para modificar, sin exponerse a pago de daños y perjuicios por ningún motivo, los derechos al uso de las aguas públicas, cualquiera que sea el título que ampare el aprovechamiento, riego, usos industriales y fuerza motriz, en los siguientes casos: Si se necesitan las aguas para abastecimiento de poblaciones…”
  1. Lo que corresponde hacer, ante el faltante actual y potencial de agua para el abastecimiento de la población, es que el AyA le solicite al MINAE acceso al agua concesionada para otros usos, en caso de necesidad, como el actual.

Pero AyA hasta ahora NO lo hace, ni nos responde seriamente a nuestra sugerencia en ese sentido de fecha 7 de junio de 2023.

  1. La responsabilidad de la administración del recurso hídrico recae por ley en el MINAE.
  • El MINAE actualmente tiene destinadas casi el 90% de las concesiones para uso del agua a actividades que no corresponden al consumo humano.
  1. Ante esta situación, cuestionamos aquellas concesiones de agua en manos de empresas privadas de gran capital, que utilizan el 50% del agua de Costa Rica, que no son sometidas a ningún racionamiento y se encuentran por encima del derecho al agua de la ciudadanía, y a la atención de la emergencia que se avecina por el déficit hídrico que sufrirán los sistemas de agua potable del AyA en los meses venideros.
  2. Sabemos que existen actualmente tantas explotaciones ilegales como concesiones otorgadas por MINAE. Según proyecto ley exp. 22.709 (ya declarado inconstitucional) hay 8 000 pozos perforados ilegalmente en manos de grandes exportadores de frutas. Y según base de datos de MINAE, otro tanto de concesiones vencidas, morosas y sin completar los trámites, que siguen usando agua.
  • Algunos malos empresarios, siguen robándose nuestra agua y las autoridades responsables del MINAE, no cumplen con su deber de poner fin en tan ilegal situación.
  • Por lo tanto, consideramos que existe una falta de acción importante sobre el recurso hídrico por parte de la Dirección de Agua de MINAE, tanto para impedir las explotaciones ilegales, como para denunciar el delito de usurpación de aguas practicado diariamente por estas empresas.

Por las anteriores razones, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE:

  1. A) Al AyA: Presentar ante el MINAE en forma expedita, las solicitudes de reducir el caudal concesionado para otros usos en todas las zonas de comunidades en riesgo de tener faltantes.
  2. B) Al MINAE: B1) Disponer de inmediato la paralización de explotación y cierre de pozos ilegales, con concesiones vencidas o morosas. B2) Acoger a trámite toda solicitud presentada por el AyA u otro operador (ESPH, ASADAS, municipalidades) para asegurar la prioridad del agua para consumo humano, definida por ley. B3) Poner controles para que estas reducciones sean acatadas efectivamente.
  3. C) Al ministerio de Salud, ARESEP, SENARA y otras instituciones, colaborar con el debido manejo del agua, para asegurar la disponibilidad a todas las comunidades del país, estén donde estén, del servicio de agua potable para su consumo diario, constante y en cantidad y calidad adecuada.
  4. D) Al Ministerio Público, OIJ, Ministerio de Seguridad, ayudar en el cierre de todos los pozos o tomas, donde se roban el agua y apoyar así el debido castigo de los delincuentes.
  5. E) Al sector empresarial, que consume grandes caudales (principalmente el riego con 75% de toda el agua del país; a los sectores industrial, turístico y otros), que tomen las medidas oportunas para ahorrar el preciado recurso.

En el caso del sector agrícola, exigimos la modernización de sus sistemas de riego, medida que permitiría ahorrar al menos, el 50 % de su consumo.

El manejo sostenible del agua es la base para la seguridad y un desarrollo armónico.

Creemos hacer un planteo claro sobre el verdadero problema del agua en el país.

Dejamos para otra oportunidad hablar y plantear el problema catastrófico de las aguas residuales de Costa Rica.

Esperamos sus noticias en el plazo legal del derecho de respuesta.

Solicitamos a los medios de comunicación, hacerse eco de estas consultas.

EL AGUA ES VIDA Y NO MERCANCÍA.

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Correo confraternidad_gte @yahoo.com

Guanacaste, Costa Rica, 26 de enero de 2024

Vecinos denuncian intoxicaciones por la aplicación de agroquímicos en una plantación de piña en Río Cuarto

Empresa vinculada a contaminación de Escuela La Victoria de Santa Rita de Río Cuarto

El pasado 30 de noviembre del 2023 en la noche, se produjo una situación que puso en peligro la salud de la población del Barrio El Progreso en Santa Rita de Río Cuarto. Jessica Luna, narra que alrededor de las 8:20 pm había maquinaria rociando productos agroquímicos en una finca que se encuentra detrás de sus casas. Ella comenta que era “un olor insoportable, hasta respirar costaba, yo procedí a cerrar las ventanas y encender el abanico y a mí, y tengo conocidos que a los chiquitos más que todo, les produjo náuseas, unos dijeron dolores de cabeza, malestar estomacal, picazón en la garganta y en la nariz y hoy amanecí igual, con los mismos malestares, es un olor tan fuerte que uno inhala y exhala y siente el producto en el paladar, comiendo uno siente hasta amarga la comida.”

Ante esto, Francisco Pérez menciona que el olor era tan fuerte, que los vecinos decidieron llamar al 911 para que enviara a la Fuerza Pública y estuvieran enterados de la situación, sin embargo, él dice que la Fuerza Pública pasó por todo el barrio y no le preguntó a nadie qué estaba sucediendo y no levantaron ni un acta de lo sucedido. Por otra parte, resulta ser que el dueño de esta finca que atomizaron durante la noche es el mismo dueño de los terrenos que estaban ocasionando problemas de salud en algunos niños de la Escuela de La Victoria de Río Cuarto.

Hay que recordar que en esta escuela se ha producido dos intoxicaciones masivas:

El 23 de junio de este año, el arrendatario de la finca piñera que colinda con el centro educativo IDA La Victoria, en Santa Rita de Río Cuarto, aplicó agroquímicos y generó la afectación de nueve menores de edad  (24-8-23, Semanario Universidad).

El 4 de agosto, 2 adultos y 14 menores de edad de la misma escuela resultaron intoxicados, después de que se aplicaran agroquímicos en una finca distinta, pero que se ubica a unos 300 metros al este de la escuela (24-8-23, Semanario Universidad).

Héctor Dávila, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Agrocultivos externó su preocupación ya que él comenta que esta es una situación que se ha salido de control y que está presente desde hace varios meses. Él comenta que este es un problema que se puede catalogar como una completa irresponsabilidad principalmente por parte de las empresas que siembran piña. Héctor cuenta que en La Españolita “también hay fincas que siembran piña muy cerca de las casas de habitación y las aplicaciones nocturnas están al ojo de todos, hay casas que viven a escasos 6 metros de donde hay plantación piñera… no es justo que personas tengan que estar sufriendo afectaciones en su salud por el bienestar económico de muy pocos”

Él añade que esta situación involucra a varios actores más allá de las empresas piñeras, también comenta que otros de los responsables, es el gobierno local con una preocupante gestión en cuanto a este tema y otro es el ejecutivo pues no se está haciendo mucho por esto. Héctor expresa que “por la misma razón nosotros motivamos que estos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa (Proyecto de ley Expediente N° 23.783 para la regulación de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente)  a favor de regular este tipo de aplicaciones, salga lo antes posible, para poder, si fuera posible, integrar todos esos tipo de productos agroquímicos que están generando una gran afectación a salud y el bienestar de las personas”.  

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Manifestación frente a Casa Presidencial entregará 75 mil firmas exigiendo la prohibición del clorotalonil en Costa Rica

  • Se puede seguir firmando en línea hasta el 6 de diciembre

Este próximo 6 de diciembre se cumple el plazo de 6 meses que la Sala Cuarta otorgó al gobierno costarricense para prohibir el Clorotalonil en el país, a pesar de esto, no se ha cumplido con dicha indicación. Por lo tanto, los grupos ambientales se manifestarán ese mismo día frente a Casa Presidencial, a partir de las 11 am, para hacer entrega de las firmas recolectadas en apoyo a la prohibición y demandar que se respete el derecho al agua de miles de costarricenses. Por el momento cuentan con 75 mil adhesiones, pero esperan que “más personas se unan en la defensa del agua”.

Para firmar se puede ingresar al enlace e incluir su nombre y su correo electrónico, es fácil y rápido. La plataforma es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.

El agroquímico pone en peligro la salud de más de 10 mil ciudadanos cartagineses. Como dice Jordan Vargas, vecino del lugar y defensor de agua de Cipreses de Oreamuno: “No queremos degradados agrotóxicos en el agua de las comunidades. Acompáñenos a exigir nuestro derecho Constitucional de agua sin venenos agrotóxicos.”

La petitoria también solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley de Expediente 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo, implementar las ocho recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil”, que incluye su prohibición del agroveneno. Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.

La petición está encarnada en Isabel Méndez García, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño donde cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace más de un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago).

Unos días después se denunció que otra comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

El pasado 10 de noviembre ARESEP convocó a una Mesa de Trabajo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes. En este espacio se dio a conocer que el Decreto de prohibición del Clorotalonil está firmado por la ministra de Salud y está en la mesa del ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para pasar posteriormente al presidente de la República y que sea oficializado. También, se dio a conocer que otra ASADA en San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con derivados del Clorotalonil y finalmente se anunció la publicación del decreto N°44200 de fortalecimiento del Laboratorio Nacional del Agua (Ver más de resultados de reunión).

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.