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Etiqueta: agroquímicos

El problema del agua en Costa Rica

Agua con olor y sabor a hidrocarburos. Agua contaminada con agroquímicos. Agua con arsénico. Con aluminio. Acuíferos costeros salinizados. Ríos con coliformes fecales. Faltará agua por la sequía y el fenómeno del Niño.

Son noticias comunes en Costa Rica.

Problemas constantes y reiterados que, de no ser abordados de manera oportuna a través de planes apropiados y serios, por parte de las instituciones y de la sociedad en general, pueden acarrear graves consecuencias para la sociedad costarricense.

Somos conscientes que una crisis con el agua representa una seria amenaza y coloca en situación vulnerable a varios sectores importantes de la población.

Por los anteriores motivos, hacemos un llamado a el Gobierno de la República y en especial al AyA; al MINAE; al SENARA, al MAG; ARESEP y otras instituciones y sectores involucrados, para que asuman sus responsabilidades.

Aquí exponemos nuestros criterios y solicitamos, respetuosamente, una pronta y clara respuesta a estas situaciones.

  1. Falta de voluntad del AyA para asegurar el acceso al agua potable para todas las personas usuarias:
  • El AyA indica que presenta actualmente un déficit hídrico de sus sistemas de agua potable ubicados en diferentes partes del país, y prevé que ante con el fenómeno ENOS pasarán a afectarse más de sus sistemas.
  • Pero el AyA y otros operadores del servicio de agua potable, actualmente utilizan solo el 10,7 % de toda el agua de Costa Rica para brindar sus servicios.
  • El abastecimiento de agua a las comunidades es prioridad según la Constitución Política y la Ley de Agua.
  • La Ley de Agua No. 276, en su artículo 137, establece claramente: “El Ministerio del Ambiente y Energía, de oficio o a instancia de parte, está facultado para modificar, sin exponerse a pago de daños y perjuicios por ningún motivo, los derechos al uso de las aguas públicas, cualquiera que sea el título que ampare el aprovechamiento, riego, usos industriales y fuerza motriz, en los siguientes casos: Si se necesitan las aguas para abastecimiento de poblaciones…”
  1. Lo que corresponde hacer, ante el faltante actual y potencial de agua para el abastecimiento de la población, es que el AyA le solicite al MINAE acceso al agua concesionada para otros usos, en caso de necesidad, como el actual.

Pero AyA hasta ahora NO lo hace, ni nos responde seriamente a nuestra sugerencia en ese sentido de fecha 7 de junio de 2023.

  1. La responsabilidad de la administración del recurso hídrico recae por ley en el MINAE.
  • El MINAE actualmente tiene destinadas casi el 90% de las concesiones para uso del agua a actividades que no corresponden al consumo humano.
  1. Ante esta situación, cuestionamos aquellas concesiones de agua en manos de empresas privadas de gran capital, que utilizan el 50% del agua de Costa Rica, que no son sometidas a ningún racionamiento y se encuentran por encima del derecho al agua de la ciudadanía, y a la atención de la emergencia que se avecina por el déficit hídrico que sufrirán los sistemas de agua potable del AyA en los meses venideros.
  2. Sabemos que existen actualmente tantas explotaciones ilegales como concesiones otorgadas por MINAE. Según proyecto ley exp. 22.709 (ya declarado inconstitucional) hay 8 000 pozos perforados ilegalmente en manos de grandes exportadores de frutas. Y según base de datos de MINAE, otro tanto de concesiones vencidas, morosas y sin completar los trámites, que siguen usando agua.
  • Algunos malos empresarios, siguen robándose nuestra agua y las autoridades responsables del MINAE, no cumplen con su deber de poner fin en tan ilegal situación.
  • Por lo tanto, consideramos que existe una falta de acción importante sobre el recurso hídrico por parte de la Dirección de Agua de MINAE, tanto para impedir las explotaciones ilegales, como para denunciar el delito de usurpación de aguas practicado diariamente por estas empresas.

Por las anteriores razones, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE:

  1. A) Al AyA: Presentar ante el MINAE en forma expedita, las solicitudes de reducir el caudal concesionado para otros usos en todas las zonas de comunidades en riesgo de tener faltantes.
  2. B) Al MINAE: B1) Disponer de inmediato la paralización de explotación y cierre de pozos ilegales, con concesiones vencidas o morosas. B2) Acoger a trámite toda solicitud presentada por el AyA u otro operador (ESPH, ASADAS, municipalidades) para asegurar la prioridad del agua para consumo humano, definida por ley. B3) Poner controles para que estas reducciones sean acatadas efectivamente.
  3. C) Al ministerio de Salud, ARESEP, SENARA y otras instituciones, colaborar con el debido manejo del agua, para asegurar la disponibilidad a todas las comunidades del país, estén donde estén, del servicio de agua potable para su consumo diario, constante y en cantidad y calidad adecuada.
  4. D) Al Ministerio Público, OIJ, Ministerio de Seguridad, ayudar en el cierre de todos los pozos o tomas, donde se roban el agua y apoyar así el debido castigo de los delincuentes.
  5. E) Al sector empresarial, que consume grandes caudales (principalmente el riego con 75% de toda el agua del país; a los sectores industrial, turístico y otros), que tomen las medidas oportunas para ahorrar el preciado recurso.

En el caso del sector agrícola, exigimos la modernización de sus sistemas de riego, medida que permitiría ahorrar al menos, el 50 % de su consumo.

El manejo sostenible del agua es la base para la seguridad y un desarrollo armónico.

Creemos hacer un planteo claro sobre el verdadero problema del agua en el país.

Dejamos para otra oportunidad hablar y plantear el problema catastrófico de las aguas residuales de Costa Rica.

Esperamos sus noticias en el plazo legal del derecho de respuesta.

Solicitamos a los medios de comunicación, hacerse eco de estas consultas.

EL AGUA ES VIDA Y NO MERCANCÍA.

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Correo confraternidad_gte @yahoo.com

Guanacaste, Costa Rica, 26 de enero de 2024

Vecinos denuncian intoxicaciones por la aplicación de agroquímicos en una plantación de piña en Río Cuarto

Empresa vinculada a contaminación de Escuela La Victoria de Santa Rita de Río Cuarto

El pasado 30 de noviembre del 2023 en la noche, se produjo una situación que puso en peligro la salud de la población del Barrio El Progreso en Santa Rita de Río Cuarto. Jessica Luna, narra que alrededor de las 8:20 pm había maquinaria rociando productos agroquímicos en una finca que se encuentra detrás de sus casas. Ella comenta que era “un olor insoportable, hasta respirar costaba, yo procedí a cerrar las ventanas y encender el abanico y a mí, y tengo conocidos que a los chiquitos más que todo, les produjo náuseas, unos dijeron dolores de cabeza, malestar estomacal, picazón en la garganta y en la nariz y hoy amanecí igual, con los mismos malestares, es un olor tan fuerte que uno inhala y exhala y siente el producto en el paladar, comiendo uno siente hasta amarga la comida.”

Ante esto, Francisco Pérez menciona que el olor era tan fuerte, que los vecinos decidieron llamar al 911 para que enviara a la Fuerza Pública y estuvieran enterados de la situación, sin embargo, él dice que la Fuerza Pública pasó por todo el barrio y no le preguntó a nadie qué estaba sucediendo y no levantaron ni un acta de lo sucedido. Por otra parte, resulta ser que el dueño de esta finca que atomizaron durante la noche es el mismo dueño de los terrenos que estaban ocasionando problemas de salud en algunos niños de la Escuela de La Victoria de Río Cuarto.

Hay que recordar que en esta escuela se ha producido dos intoxicaciones masivas:

El 23 de junio de este año, el arrendatario de la finca piñera que colinda con el centro educativo IDA La Victoria, en Santa Rita de Río Cuarto, aplicó agroquímicos y generó la afectación de nueve menores de edad  (24-8-23, Semanario Universidad).

El 4 de agosto, 2 adultos y 14 menores de edad de la misma escuela resultaron intoxicados, después de que se aplicaran agroquímicos en una finca distinta, pero que se ubica a unos 300 metros al este de la escuela (24-8-23, Semanario Universidad).

Héctor Dávila, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Agrocultivos externó su preocupación ya que él comenta que esta es una situación que se ha salido de control y que está presente desde hace varios meses. Él comenta que este es un problema que se puede catalogar como una completa irresponsabilidad principalmente por parte de las empresas que siembran piña. Héctor cuenta que en La Españolita “también hay fincas que siembran piña muy cerca de las casas de habitación y las aplicaciones nocturnas están al ojo de todos, hay casas que viven a escasos 6 metros de donde hay plantación piñera… no es justo que personas tengan que estar sufriendo afectaciones en su salud por el bienestar económico de muy pocos”

Él añade que esta situación involucra a varios actores más allá de las empresas piñeras, también comenta que otros de los responsables, es el gobierno local con una preocupante gestión en cuanto a este tema y otro es el ejecutivo pues no se está haciendo mucho por esto. Héctor expresa que “por la misma razón nosotros motivamos que estos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa (Proyecto de ley Expediente N° 23.783 para la regulación de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente)  a favor de regular este tipo de aplicaciones, salga lo antes posible, para poder, si fuera posible, integrar todos esos tipo de productos agroquímicos que están generando una gran afectación a salud y el bienestar de las personas”.  

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Manifestación frente a Casa Presidencial entregará 75 mil firmas exigiendo la prohibición del clorotalonil en Costa Rica

  • Se puede seguir firmando en línea hasta el 6 de diciembre

Este próximo 6 de diciembre se cumple el plazo de 6 meses que la Sala Cuarta otorgó al gobierno costarricense para prohibir el Clorotalonil en el país, a pesar de esto, no se ha cumplido con dicha indicación. Por lo tanto, los grupos ambientales se manifestarán ese mismo día frente a Casa Presidencial, a partir de las 11 am, para hacer entrega de las firmas recolectadas en apoyo a la prohibición y demandar que se respete el derecho al agua de miles de costarricenses. Por el momento cuentan con 75 mil adhesiones, pero esperan que “más personas se unan en la defensa del agua”.

Para firmar se puede ingresar al enlace e incluir su nombre y su correo electrónico, es fácil y rápido. La plataforma es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.

El agroquímico pone en peligro la salud de más de 10 mil ciudadanos cartagineses. Como dice Jordan Vargas, vecino del lugar y defensor de agua de Cipreses de Oreamuno: “No queremos degradados agrotóxicos en el agua de las comunidades. Acompáñenos a exigir nuestro derecho Constitucional de agua sin venenos agrotóxicos.”

La petitoria también solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley de Expediente 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo, implementar las ocho recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil”, que incluye su prohibición del agroveneno. Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.

La petición está encarnada en Isabel Méndez García, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño donde cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace más de un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago).

Unos días después se denunció que otra comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

El pasado 10 de noviembre ARESEP convocó a una Mesa de Trabajo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes. En este espacio se dio a conocer que el Decreto de prohibición del Clorotalonil está firmado por la ministra de Salud y está en la mesa del ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para pasar posteriormente al presidente de la República y que sea oficializado. También, se dio a conocer que otra ASADA en San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con derivados del Clorotalonil y finalmente se anunció la publicación del decreto N°44200 de fortalecimiento del Laboratorio Nacional del Agua (Ver más de resultados de reunión).

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Denuncian contaminación del agua potable de las piñeras en Río Cuarto

  • Visita de presidente y acto con alcalde genera descontento en la comunidad

La Zona Norte del país donde se concentra la mayoría del cultivo de piña sigue siendo una de las más afectadas a causa de sus impactos socio ambientales. Un ejemplo de esto es la situación del cantón Río Cuarto, pues recientemente las personas vecinas denunciaron que “recibieron una notificación sobre el cierre por orden sanitaria del Acueducto La Tabla debido a la contaminación por bromacil”, un agroquímico prohibido en el país desde el 2018. La comunidad se cuestiona cómo siguen pasando estas situaciones: “Seguimos recibiendo malas noticias”, “creíamos que el problema del agua ya se había solucionado”, “¿qué les vamos a heredar a nuestros hijos?”, son algunas de las impresiones de vecinos y vecinas de este cantón.

Miguel Ángel Salazar Campos, vecino de La Españolita, expone que el uso de agroquímicos como el bromacil, ya se realiza incluso por parte de los pequeños agricultores, y comenta que “para ellos es una gran gracia decir que “compré tal producto que mata las hierbas, mata esto o lo otro” y nos están matando a nosotros mismos, eso no lo comentan ellos, por desconocimiento” y sugiere que ojalá esto no pase más y que es importante informarse para descontinuar estas prácticas. Sin embargo, la comunidad tiene claro que esta problemática no viene de los pequeños agricultores exclusivamente sino de las grandes empresas transnacionales.

A esta problemática se añade el trabajo insatisfactorio en temas ambientales de parte del gobierno local. Héctor Dávila Sosa del Sindicato Nacional de trabajadores y trabajadoras de los Agrocultivos comenta:

“Nosotros consideramos que es una falta grave de conciencia por parte del gobierno local porque consideramos que pueden hacer más, la gestión municipal en tema ambiental con las piñeras del cantón no ha sido tan bueno, hasta puede entrar esto como una hipocresía política debido a que el alcalde y el gobierno local no le ponen mano dura a las empresas que se encargan de sembrar, producir y exportar productos como la piña que es uno de los principales consumidores de este agroquímico.”

El pasado viernes 10 de noviembre, días después de la denuncia de cierre del acueducto, el presidente Rodrigo Chaves hizo una visita al cantón de Río Cuarto . Tras recibir una canasta de piña de la “Finca Joselyn” por parte del alcalde del cantón José Miguel Jiménez, varias personas de la comunidad expresan su descontento ante esta acción e incluso algunos mencionaron que esta visita es parte de la propaganda política debido a las elecciones municipales del 2024:

“Invitar al presidente fue más de propaganda porque no se abrió el espacio para una conferencia de prensa que permitiera preguntarle sobre la contaminación del agua, las violaciones de derechos, la contaminación de ríos, la tala de árboles, la expansión desmedida… no vemos interés en el ejecutivo para frenar esta crisis”, menciona Héctor Dávila.

Elena Trigueros comenta que la Finca Joselyn “es la finca donde más se violan derechos en la Zona Norte, donde contratan a personas indocumentadas, donde esas personas tienen que pagar sus utensilios para trabajar, les pagan mal, no tienen aguinaldos, no tienen vacaciones, él [el alcalde] es sabedor, simplemente se hace de la vista gorda porque como él no es el perjudicado entonces dice uno: ¿a dónde puedo acudir si las autoridades son sabedoras y no hacen nada por el bienestar del cantón de Río Cuarto? No solamente es arreglar calles, ni andar diciendo «hice» o «hicimos», pero no se preocupan tampoco del bienestar laboral de las personas.”

Ella añade que “el Gobierno dice: se generó “tanto” ingreso de las transnacionales y hay “tantos” empleos para las personas, pero realmente no están para escucharnos a nosotros, yo creo que deberíamos llevarlo a instancias internacionales que tal vez sí nos tomen más en cuenta.”

De igual forma, ella comenta lo complejo que es para la comunidad llevar a cabo acciones porque a las personas les da miedo hablar, ser señalados o no obtener trabajo en esas empresas, que lamentablemente son las que brindan más empleo, ella comenta que alzar la voz sobre esta lucha ocasiona “que todo el mundo lo vea a uno con malos ojos, solamente por buscar un bienestar.”

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

La Asada de San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con moléculas de Clorotalonil

Mesa de trabajo ARESEP.

El pasado 10 de noviembre, la ARESEP convocó al funcionario del AYA y de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago Vladimir Mesén Montenegro a una mesa de trabajo para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.

En dicha mesa participaron la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y la Defensoría de los Habitantes.

El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”. Hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar girando las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo.

En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.

Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas aun que en los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

La pregunta que surge es ¿Por qué no se han hecho análisis de agua de manera más expedita?, la respuesta es porque no hay capacidades para hacerlos y es gracias a esta lucha de Ecocipreses que podrán aumentar la realización de pruebas por que se le dio el empujón al decreto N° 44200-MINAE, publicado en La Gaceta el pasado 8 de noviembre, donde el Poder Ejecutivo declaró de conveniencia nacional la construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas (LNA).

A finales de octubre Ecocipreses realizó la consulta al director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil que fue demandado por el fallo de la Sala Cuarta. A lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos, así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.

El gobierno al inicio mostró resistencia a responder positivo, pero gracias a las gestiones de presión de este caso que demuestra la importancia para la salud pública, se logró la anuencia del gobierno. Entre las razones de la declaratoria el Ejecutivo reconoce que las instalaciones del actual laboratorio son limitadas en su crecimiento por la infraestructura con la que cuenta. Esta se ubica en Tres Ríos en una casa construida hace cerca de 100 años.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Ministro de Agricultura y Ganadería opuesto a la prohibición del clorotalonil y a cumplir orden de la Sala Cuarta

El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.

A raíz de esto, el 24 de agosto del 2023, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras, solicitó una adición y aclaración de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde menciona que “el “Informe Técnico Clorotalonil” no es preciso y yerra en cuanto las razones otorgadas para solicitar la cancelación de los registros de clorotalonil” y más bien defiende que la posición del Ministerio no tiene como fin último la prohibición del uso del clorotalonil, sino la búsqueda de opciones que controlen y reduzcan el uso del mismo, así como la “emisión de un decreto ejecutivo que contenga disposiciones en cuanto a cómo deben realizarse las aplicaciones terrestres”.

La Sala Constitucional desestimó la solicitud de adición y aclaración argumentando que: “Resulta evidente para este Tribunal, que los alegatos del Ministerio de Agricultura y Ganadería dista de encontrarse relacionados con algún concepto del voto que deba aclararse o adicionarse en los términos que señala el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que la sentencia es absolutamente clara en la exposición de hechos y fundamentación”.

A esto añaden que el Ministerio de Agricultura y Ganadería pretende realizar una discusión de carácter técnico que no corresponde al Tribunal, por lo que mantienen que se debe adoptar y ejecutar las recomendaciones del informe. Además, mencionan que el Ministerio de Agricultura y Ganadería presenta una disconformidad con lo resuelto, a pesar del “dimensionamiento que se realizó sobre los riesgos en la utilización del agroquímico clorotalonil en el territorio nacional”.

Álvaro Sagot, abogado que ha dado seguimiento y apoyo al Frente Ecologista de Cipreses, comenta: “Considero que es claro que existe, además de una mala asesoría jurídica, una seria resistencia a aceptar que la protección ambiental del agua está por sobre los intereses comerciales de los exportadores del clorotalonil. Lo terrible de lo anterior es que el agroquímico sigue en el mercado.”

La Sala Constitucional ordenó que en el plazo de seis meses (ya han pasado más de tres) se ejecuten las recomendaciones del informe de los ministerios de Salud, Ambiente y AYA donde se asegura que en la zonas vecinas de Cartago había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Contaminación del agua: ¿Tras un año de detectada que está pasando en Cipreses de Cartago?

Este miércoles 11 de octubre tendremos el programa: Contaminación del agua con derivados de fungicida clorotalonil: ¿Tras un año de detectada que está pasando en Cipreses de Cartago?

Contaremos con la participación de Fabián Pacheco y Jordan Vargas, integrantes del Frente Ecologista de Cipreses.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Puede escucharnos a través de Radio Universidad 96.7 FM o vernos mediante el Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.

Más de 50 mil personas firman petición para prohibir clorotalonil en Costa Rica

  • “Hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado”

  • “El gobierno podría retrasar la prohibición si no sienten presión”

Una petición en línea firmada por 51.926 personas de todo el mundo, solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley de Expediente 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo, “implementar las ocho recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil”, que incluye su prohibición del agroveneno.

Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.

La petición está encarnada en Isabel Méndez, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño en Costa Rica cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace casi un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago (ucr.ac.cr)).

Si bien se desconoce desde cuando está contaminada el agua, la misiva firmada asegura que “Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo (Isabel) hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!” Sin embargo, los miles de personas firmantes aseguran que “el gobierno podría retrasar la prohibición si no sienten presión”.

Han sido años difíciles en Cipreses como cuenta Isabel: “además de no tener suficiente agua, mi hija Fiorella tuvo pólipos a los 16 y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo”.

Además, como es cada vez más común en la región Latinoamericana, las personas defensoras del ambiente, aseguran que: “hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo”.

Eso no asusta a Isabel ni a su grupo Frente Eco Cipreses pues insiste que “seguimos luchando porque el problema va más allá de Cipreses: ya sabemos que hay otras nacientes contaminadas, en zonas donde se cultiva el 80% de los vegetales que consumen la población de Costa Rica, y es probable que haya muchas más. No podemos seguir dejando que Syngenta use a países de América Latina y África de basureros químicos para botar productos que por ley ya no pueden vender en Europa”.

Este año se denunció que una comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».

La petición es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.

Ver y firmar petición en: https://actions.eko.org/a/costa-rica-prohibid-este-pesticida-cancerigeno?sp_ref=816890036.99.227456.f.691167.2&referring_source=whatsapp&source=fb

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Nuevamente campeones mundiales en uso agroquímicos según estadísticas de FAO

Bloque Verde.

Según la base de datos FAOSTAT tenemos un consumo de agro venenos de 23.44 kilogramos por hectárea lo que nos pone en el vergonzoso primer lugar en el mundo de utilización de estos venenos en la agricultura.

El gráfico y cálculo es un promedio de uso de agroquímicos desde el año 2000 al 2020 , es decir 21 años y fue realizado por el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del PNUD para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.

Estas son las estadísticas anuales que publica FAO y los datos son suministrados por ministerios de agricultura o entidades oficiales por país. La base de datos se llama FAOSTAT y está disponible en la página principal de la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.

Vargas elaboró el gráfico a partir de la información de la base para luego ordenarlo de forma descendente, para ver quién era el “toxi-campeón”, como puede verse en la hoja de trabajo adjunta en Excel.

“El dato que grafiqué es el promedio que yo mismo calculé de ese período (2000 al 2020), ya que poner los datos de todos los países de todos los años da un gráfico sumamente saturado, difícil de leer” aseguró el especialista.

“Como vemos, Costa Rica sigue encabezando la lista de los mayores usuarios de plaguicidas en el mundo, de una serie de 21 años de reportes”, sentencia Vargas y agrega que “Cuando se trata de plaguicidas, el uso por país es muy fluctuante, año con año, como se ha visto en los registros de importaciones y exportaciones que lleva el Servicio Fitosanitario del Estado”.

Esto explica por qué un año puede aparecer de cuarto, por ejemplo en 2018, pero en un promedio de largo plazo se eliminan o reducen las variaciones interanuales.

Según los datos del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) el uso de plaguicidas en el país ronda los 10 kg/ha. Otros estudios por ejemplo el realizado por Elidier para el PNUD en 2022 (https://impactoplaguicidas.cr/documentos) aclara que el uso real de plaguicidas en la agricultura alcanza 34.45 kg/ha. Esta diferencia de cálculos se debe a que el SFE divide el total de agroquímicos reportados entre toda el área sembrada, tanto en agricultura como en pastos. Pero el estudio del PNUD calcula el uso de plaguicidas en las pasturas, descuenta esos plaguicidas del total utilizado en el país y divide el saldo de agroquímicos solo entre las hectáreas de cultivos, ya que en los pastos hay un uso menor de estos insumos, en comparación con los cultivos agrícolas.

Otro cálculo realizado en 2015 por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) arrojó un promedio de 18,2 kilogramos de plaguicidas por cada hectárea de cultivo agrícola. Mientras en 2010 el World Resources Institute, organización vinculada con el Banco Mundial y con sede en Washington, lanzó un informe sobre el lugar de Costa Rica en el consumo de pesticidas, con 51.2 kg por hectárea al año.

Informes con Elidier Vargas, elidier@hotmail.com

 

Imagen ilustrativa.

Movimiento de Agricultura Orgánica apoya la lucha contra agrovenenos en aguas de Cartago

  • Denuncia que las regulaciones solo existen para los agricultores que no usan agroveneno

  • Aseguran que hay que prohibir una larga lista de agroquímicos en el país

El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) felicitó públicamente al Frente ECO-CIPRECES y comunidades de Oreamuno, por la “contaminación del agua que consume su comunidad, con derivados de la molécula del clorotalonil, uno de los fungicidas más utilizados en Costa Rica en hortalizas, verduras y frutas, y que ha sido prohibido en Europa y Estados Unidos, por su potencial carcinogénico y su capacidad para contaminar las aguas subterráneas”.

MAOCO agradeció a “ECO-CIPRECES por iniciar y liderar la campaña nacional por la prohibición del clorotalonil para limpiar las aguas, suelos, alimentos y para proteger la vida de todos los costarricenses. Reconocemos la histórica labor de este grupo de ciudadanos junto con instituciones que han facilitado la generación de información científica para fundamentar esta contaminación como el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, entre otras, para que al día de hoy contemos con una resolución de la Sala Constitucional que declara con lugar el recurso de amparo por contaminación por clorotalonil en Cipreses de Cartago, ordenando a las autoridades ejecutar las acciones para su Prohibición”.

Aprovecharon para denunciar que “las regulaciones solo existen para los agricultores que no usamos agrovenenos, como los orgánicos, mientras que los agricultores que contaminan están sin ningún tipo de regulación, ni fiscalización y están a la libre utilizando agroquímicos altamente cancerígenos, anteponiendo las ganancias económicas a costa de la vida, la salud y el ambiente. En muchas ocasiones nosotras, como personas agricultoras orgánicas nos vemos expuestas a sanciones por usar agua que contaminan las personas que utilizan agroquímicos, sin importar que no seamos nosotros los que contaminamos, somos los que debemos asumir la responsabilidad, así mismo cómo podemos garantizar producir orgánicamente, si vecinos que usan agroquímicos no están siendo regulados”.

Por eso aseguran “no es solo el clorotalonil el que se debe prohibir sino una lista más de agroquímicos que ingresan al país y que han sido prohibidos en otros, por su potencial cancerígeno y contaminantes”.

Consideran que el fallo reciente de la sala constitucional que sentencia el clorotalonil “es un gran logro, es un gran aporte no solo para la salud y bienestar de las personas de Cartago, sino para todas las personas habitantes de Costa Rica, este es un fallo histórico que evidencia lo que las personas agricultoras orgánicas venimos diciendo por muchos años, pero tristemente las autoridades esperan a que las comunidades afectadas sean las que deban sufrir todas las consecuencias algunas irremediables, para tomar cartas en el asunto”.

“Aplaudimos la labor de los magistrados por hacer cumplir nuestro derecho a un ambiente sano y garantizar la salud de las personas, además de la labor de las instituciones a cargo de realizar el “Informe Técnico Clorotalonil”. Sin embargo, MAOCO se pregunta, “donde están las demás instituciones públicas que por años conocen del uso de este y otra cantidad de agroquímicos altamente perjudiciales para la salud y el ambiente, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, que deben de estar velando por garantizar nuestro derecho a un ambiente sano y salud”.

MAOCO asegura que “Nosotros como agricultores orgánicos, sabemos que esta es una de tantas batallas que debemos luchar, para garantizar que los alimentos de los costarricenses sean producidos con prácticas agroecológicas que no contaminen los suelos, aguas y aire, que al contrario promueve la biodiversidad de los agroecosistemas, la vida del suelo y del agua”.

Finalmente cierran invitando a: «las personas agricultoras convencionales a que inicien los cambios en sus sistemas y tecnologías de producción hacia una agricultura orgánica, agroecológica, regenerativa libre de venenos, y encontrarán una gran oportunidad para seguir labrando la tierra sin contaminarla. Es por ello por lo que debemos promover, apoyar, consumir y producir con agricultura orgánica.” Mientras llama a la ciudadanía costarricense “a seguir defendiendo nuestro derecho a un ambiente sano y una alimentación libre de agroquímicos, una agricultura orgánica pues es la única manera para garantizar la salud y la vida”.

Informes:
maoco.org@gmail.com
https://www.facebook.com/CRmaoco/