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Etiqueta: agrotóxicos

Paren de Fumigar: un canto que recorre de la India a Costa Rica a 40 años del desastre de Bhopal

Ecologistas estrenan video musical contra los plaguicidas con imágenes de fotógrafo premiado por National Geografic

El 2 y 3 de diciembre de 1984, en la planta Unión Carbide de Bhopal, India, se produjo un accidente que liberó más de 40 toneladas de isocianato de metilo, un gas tóxico utilizado en la producción de plaguicidas. Este suceso dejó unas 20 mil personas fallecidas y 500.000 con graves problemas de salud. En el año 2001 la empresa transnacional Dow compró la empresa Unión Carbide, sin asumir la responsabilidad de los hechos.

Todos los 3 de diciembre en todo el mundo, miles de organizaciones conmemoran el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas en la salud y el ambiente que generan los agrotóxicos.

A cuatro décadas del derrame de Bhopal, no se ha hecho justicia. Las personas que sobrevivieron y sus descendientes siguen esperando una compensación justa, una limpieza exhaustiva de su entorno, atención y tratamiento médicos adecuados, el castigo de todos los responsables, y una rehabilitación económica y social integral.

“Paren de Fumigar” ha sido una campaña que alerta sobre el uso y abuso de agrotóxicos en Costa Rica. Mediante acciones legales, incidencia política y pasacalles en ferias del agricultor, dicha campaña alertó, desde el año 2011, que Costa Rica es uno de los países más voraces en el mundo en el consumo de plaguicidas.

Esta pieza musical fue compuesta por Fabián Pacheco y la rapera costarricense Nativa para denunciar la grave situación que enfrenta el país en materia de plaguicidas. Año con año vemos nuevos casos de intoxicación en escuelas rurales, contaminación de fuente de agua para consumo humano, afectaciones a la salud, intoxicaciones masivas de peces, entre muchos otros impactos.

Todos los años ingresan a Costa Rica entre 15 y 20 millones de kilogramos de ingrediente activo de plaguicidas. La industria de los agrotóxicos sigue desregulada, sin controles y con grandes privilegios fiscales que los hace un sector muy poderoso. Esta industria tiene poderosos tentáculos dentro de la institucionalidad tica y hasta financian ONGs para impulsar su agenda contaminadora usando técnicas de greenwashing (o lavado verde).

¨Paren de fumigar” es una campaña y ahora un himno de las cientos de comunidades afectadas por las empresas biocidas que no les basta con envenenar la comida, sino además no paran de fumigar escolares, clínicas médicas y nacientes de agua.

El video clip fue producido por el Bloque Verde, la Red de Coordinación en Biodiversidad, y la Revista Biodiversidad sustento y culturas. El clip contiene imágenes del fotógrafo Pablo Pivano, documentalista argentino reconocido a nivel global, premiado en 2023 por Natinal Geografic por su trabajo con el pueblo indígena mapuche. Disponible a partir del 3 de diciembre de 2024 en la plataforma de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HhAOcjwD704

Créditos:

Fabián Pacheco Rodríguez: composición, voz, ocarinas y djembé
Nativa: composición de rap y coros
Javier Alvarado Vargas: dirección musical, bajo eléctrico y coros
Anyul Arévalo Acosta: tambor surdo, pandeiro, triángulo, shaker, guasá y pito de samba
Oscar Jiménez Fernández: guitarra eléctrica
Luz María Romero Miño y Fernando Calvo Flores: coros
Heriberto Román Chaves: grabación, mezcla y masterización (Calle Uno Recording Studios)
Producción y arreglos: Fabián Pacheco Rodríguez, Javier Alvarado Vargas, Oscar Jiménez Fernández, Fernando Calvo Flores y Anyul Arévalo Acosta

SITRAPA defiende salud laboral ante uso de agrotóxicos

¡El SITRAPA una vez más se manifiesta a favor de la salud de los trabajadores de la Palma Africana!

La secretaria general del SITRAPA, Dannia Obando comunica sobre la salud del compañero Enrique Arguedas, quién recibió la atención necesaria debido a los daños causados por los agrotóxicos en su trabajo.

Desde el SITRAPA se manifiestan en contra de los agrotóxicos que han producido severos daños en la salud a muchos de los trabajadores de la palma africana, asimismo se pronuncian en contra de la empresa, la cual intenta intimidar a los y las trabajadores organizados que alzan la voz por sus derechos laborales y de salud.

El SITRAPA comunica que sigue en firme la lucha a favor de las personas trabajadoras, e invitan a los y las trabajadoras a afiliarse al sindicato.

Denuncia urgente: Finca Superamigos de Chiquita Brands

Screenshot

El Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre SITRACOBAL, junto a Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines Costa Rica,  Centroamérica FENTRAGH, la Unidad en Acción Sindical UAS y Rel UITA Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, alzan la voz ante la alarmante situación en la finca Superamigos.

Los pasados días 8, 9 y 15 de octubre fueron divulgados unos videos en los cuales los trabajadores de la finca Superamigos mostraban como los agrotóxicos eran rociados por las avionetas al mismo tiempo que ellos se encontraban ahí realizando sus labores. De inmediato, se identifica su preocupación por encontrar en el momento una forma de protegerse y refugiarse de las dañinas consecuencias que conlleva la exposición directa de la piel y la ingesta de estos productos para el humano. 

De esta forma los trabajadores se ven acuerpados por las distintas unidades de acción sindical para que se busque una medida urgente que procure la seguridad que requieren estos trabajadores por el riesgo al que están siendo expuestos ellos y sus familias. Por lo que se busca respuesta urgente por parte del Ministerio de Trabajo para que investigue e interponga las acciones pertinentes y evitar el envenenamiento de los trabajadores.

Puede acceder a los videos completos en los siguientes enlaces:

Facebook:https://www.facebook.com/share/v/9pWsi8iUP5VaEsDc/?mibextid=WC7FNe 

Tiktok:https://vm.tiktok.com/ZMhxwTJyh/ 

Gran cantidad de peces muertos en ríos de Limón alerta a las comunidades

Bloque Verde. Se presume que la causa podría ser la contaminación del agua con agrotóxicos de las plantaciones cercanas de banano.

Gran preocupación ha generado el hallazgo de peces muertos en los ríos que atraviesan la localidad de Goshen y Laguna Madre de Dios, en Batán de Matina, y en la desembocadura del río Pacuare. 

Por décadas el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha evidenciado la presencia constante de plaguicidas en las aguas de la Laguna Madre de Dios, ubicada en Bataán de Limón.

Tras un monitoreo realizado entre el 2016 y el 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas. La laguna recibe aguas de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Bataán, cuya cuencas atraviesan cultivos de banano, piña y arroz.

La contaminación de estas aguas desencadena efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.

Según los investigadores algunas de las concentraciones detectadas como ametrina, diuron y etoprofos superan los niveles que representan un alto riesgo para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de la laguna, por lo que urge una intervención para su protección.

Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios alberga unas 100 familias, dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.

En mayo del 2018, se produjo otro incidente de matanza de peces debido a la presencia de agroquímicos en la Laguna Madre de Dios. Los vecinos denunciaron el evento, confirmado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Previamente en el 2015, se reportaron situaciones similares en los ríos de Gosheng y el Vizcaya, así como la playa del mismo nombre; así como en el 2013.

El IRET-UNA inició estudios en la zona en el 2003, luego de que se reportaran decenas de peces muertos en la laguna, producto de un derrame accidental de un fungicida.

Videos e imágenes

https://drive.google.com/drive/folders/1PNVE_aJfpkWLJB_y6LcJinD-a2pXyvVH?usp=drive_link

Fotos y videos de Julio Knight

Programa Voces y Política: «Contaminación de agua por agrotóxicos: caso del Mancozeb en Barranca, Puntarenas». Reseña

El pasado miércoles 18 de septiembre se llevó a cabo un espacio en Voces y Política, Radioemisoras UCR, para hablar sobre la contaminación del agua por agrotóxicos, en específico, el caso del derrame de Mancozeb en el río Barranca, en Puntarenas. 

Como invitados estuvieron Henry Picado, de la Red de Coordinación en Biodiversidad; Elidier Vargas, agrónomo; y el comentario de Yamileth Astorga, bióloga. Sus aportes arrojaron luz sobre este asunto, el cual pareció ir y venir sin mayor revuelo, aun cuando tiene peligrosas implicaciones para la salud de las personas vecinas de Esparza y Barranca.

Yamileth Astorga comenta que el Mancozeb en seres humanos puede causar cáncer, y afectar el sistema endocrino causando daños a la tiroides y al sistema reproductor, entre otras complicaciones, y en crustáceos y peces es tóxico en extremo, causando la muerte inmediatamente. A esto, Henry Picado le agrega que siendo que en esta situación las personas llevaban más de una semana de estar en contacto con posibles trazas de funguicida, lo cual podría significar casos de intoxicación crónica, la cual se desarrolla a través del tiempo, diferenciada de la aguda, la cual se presenta inmediatamente en presencia de una gran cantidad del elemento tóxico.

Inicialmente, se describe el inicio de la situación, el 27 de julio del 2024 se vuelca una cisterna de fungicida Mancozeb, el cual cargaba 17 mil litros de este agrotóxico, y este se vierte en una quebrada, la cual lleva el fungicida al río barranca, y contamina capturas de agua de Esparza y Barranca, dejando a más de 100.000 personas sin agua por varios días.

Se habla también de los intereses políticos alrededor del fungicida, y la reticencia del Ministerio de Salud de mostrar los niveles específicos de componentes tóxicos, hasta que fueron forzados por un Recurso de Amparo a través de la Sala Cuarta. Esto tiene que ver con el poderío económico que tienen las bananeras, y sus exportadores en Europa, cuyos países, según comentan los ponentes, tienen prohibiciones alrededor del Mancozeb y otros plaguicidas y fungicidas, pero no los prohiben para venderlos y exportarlos a otros países, especialmente en Latinoamérica donde son una problemática. Además de esto, se comenta sobre un artículo extranjero de los efectos del Mancozeb en Costa Rica y sus bananeras, y como ha pasado desapercibido debido al fuerte poder político de la industria agroexportadora y distribuidora de pesticidas.

A este sector le interesa seguir utilizando este fungicida ya que en zonas calientes y húmedas como lo es Puntarenas, y en otras áreas con monocultivos de banano, se propagan hongos fácilmente y pueden destruir las cosechas, lo cual es prevenido por el fungicida, el cual lleva ya casi 4 décadas de ser utilizado en el país, lo cual podría explicar aún más la resistencia al cambio acerca de la prohibición de este.

No obstante, como comentan los presentadores, el problema se da cuando el Ministerio de Salud, emite un documento técnico hecho por tres personas en el que se permite a las zonas utilizar el agua.  Henry Picado habla de cómo estos técnicos se saltaron la ley de aguas, y nota lo peligroso que fue darle agua a la gente en algunos casos solo 3 días después del incidente.

A esto Elidier Vargas le agrega las facetas de retroactividad jurídica, y la naturaleza vinculante del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano. Lo primero, trata sobre como estos los técnicos al publicar este documento, se basan en leyes de los noventas acerca del máximo nivel permitido de elementos del fungicida, las cuales no solamente están rompiendo el principio de retroactividad jurídica al intentar subir un máximo permitido para agua potable y varios puntos del Tratado de Libre Comercio sobre acuerdos ambientales, sino que están basados en regulaciones obsoletas que se colocaron antes de que se descubriera la naturaleza cancerígena de los componentes de este fungicida. 

Además, lo segundo, es que este reglamento fue firmado por el presidente, y el Ministerio de Salud en 2015, y se había mantenido vigente, haciendo imposible jurídicamente para tres técnicos ignorar los dictámenes previamente establecidos por este reglamento, incluyendo los máximos permitidos, y tampoco crear un reglamento temporal. 

Estas circunstancias, si se dejasen pasar por alto, fijarían un peligroso precedente legal, el cual podría ser abusado por ciertos sectores para seguir creando vacíos legales e incrementos en las máximas cantidades permitidas, lo cual expondría a la población a más y más plaguicidas.

Contaminación de agua por agrotóxicos: caso del Mancozep en Barranca, Puntarenas – en Voces y Políticas

Este miércoles 18 de septiembre se realizará el programa: “Contaminación de agua por agrotóxicos: caso del Mancozep en Barranca, Puntarenas”.

Contará con la participación de:

  • Elidier Vargas Castro, agrónomo, investigador y exfuncionario del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
  • Henry Picado Cerdas, red de coordinación en biodiversidad (RCB) y FECON, co-editor de la revista La Agroecóloga. 

Se espera la participación por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.

Fecha: 18 de septiembre 

Hora: 5:00 p.m.

Por medio de: Radio Universidad 96.7 FM. 

Puede ver el programa con este enlace

Le salen mal los números de los agrotóxicos al MAG

  • No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado.

  • Datos primarios de importación y exportación de plaguicidas dejaron de estar disponibles en la web del SFE.

FECON

El reciente informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería “Uso aparente de plaguicidas en Costa Rica Período 2017-2023” afirma se ha dado una “reducción en la utilización de estos agroquímicos cercano al 20%”. Dato que sin duda es llamativo, pero al mismo tiempo es engañoso. Lamentablemente ya no están disponibles los datos primarios de las exportaciones e importaciones de plaguicidas en la plataforma del Sistema Fitosanitario del Estado como era anteriormente, esto resta mucho en términos de transparencia. Esconder los datos primarios es un paso para atrás en materia de control de los plaguicidas y tenemos que confiar sólo en el informe publicado desde al MAG.

No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado. En realidad, sí comparamos el año 2022 con el 2023 encontramos un aumento importante en el uso aparente de plaguicidas. Esto porque, si bien es cierto, las importaciones han bajado, las exportaciones por su lado han disminuido también para el mismo periodo. Es decir, sí para el 2023 restamos importaciones menos exportaciones, y lo comparamos con el periodo de 2022 nos da un aumento de más de 400 toneladas de IAGT en el “consumo aparente de plaguicidas” con respecto al año 2023.

Sumado a esto el MAG insiste en arrastrar un error metodológico histórico, incluir más de un millón hectáreas de pastos dentro del cálculo para determinar el uso aparente de plaguicidas como si fuera área agrícola intensiva. Error que numerosos expertos y expertas se lo han señalado en año anteriores. Por lo tanto, insistir es un acto de mala fe.

Poner zonas de pastos a la par de áreas de cultivo intensivos como si fueran iguales provoca una gran distorsión en el resultando, puesto que las pasturas para ganadería a lo sumo usan entre 0,6 a 2 kg de IAGT por hectárea por año, dato que contrasta mucho con los cultivos intensivos, como por ejemplo el banano, que pueden usar entre 50 y 65 kg de IAGT por hectárea por año. Es decir, sumar las hectáreas de pastos dentro de la ecuación para el cálculo de uso aparente placidas en el sector agrícola provoca una grave distorsión en el resultado final.

Este, que parece ser un simple error metodológico, es en realidad una apuesta política del ministerio de Agricultura por maquillar los datos de uso de plaguicidas del país. La diferencia entre la cifra del PNUD con los del MAG radica en que el ministerio prácticamente multiplica por 4 el área sobre la cual se rocía plaguicidas, al incluir pastizales. Distorsionando completamente el cálculo y restándole rigurosidad científica. Mientras que PNUD genera datos más apegados a la realidad, tomando en cuenta las áreas donde se da el uso más importante de plaguicidas como referencia para los cálculos.

Nadie con honestidad técnica y científica manipularía los datos para distorsionar la realidad y defender la industria de los plaguicidas tal y como lo hace el MAG y el SFE. La realidad que vive el país es muy grave en materia de plaguicidas. Los datos del PNUD concuerdan con la crisis que viven cientos de comunidades afectadas por los plaguicidas: contaminaciones de fuentes subterráneas y superficiales con cargas de plaguicidas que sobre pasan los límites permitidos en más de 200 veces las concentraciones permitidas para consumo humano, escolares rociados con plaguicidas altamente peligrosos, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, desaparición de polinizadores y afectación a la fauna silvestre.

Los datos alegres sobre la reducción de uso aparente de plaguicidas que publica el MAG no esta estimado sobre datos concluyentes, sino sobre cifras preliminares para el año 2023, tal y como lo menciona el mismo informe del SFE. Aparentemente el MAG tiene ganas de manipular datos, sacrificar la ciencia y distorsionar la realidad. ¿Cuál objetivo persiguen?

A y A solicita prórroga hasta el 2026 para el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en el tema del clorotalonil en Cipreses de Cartago

  • Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica para detectar degradados del clorotalonil en el agua potable, pese a existir gestiones por parte del AyA para robustecer dicho laboratorio aún no se cuenta con apoyo concreto de las altas autoridades de Gobierno.

  • Ministro de Agricultura y Ganadería acepta que deberá prohibirse el clorotalonil, pero no dice cuándo. Mientras tanto AyA sigue asumiendo costos de distribución de agua sin degradados del agrotóxico para miles de personas en la zona Norte de Cartago

El 14 de abril del 2023, el Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente y Energía y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitieron el Informe Técnico Clorotalonil, que contiene las medidas y recomendaciones para solventar el problema de contaminación ocasionado por los metabolitos de ese plaguicida. A partir de esto, la Sala ordenó la adopción y ejecución de las medidas señaladas en el informe técnico para dentro de seis meses contados a partir de la notificación de tal resolución (plazo que comenzó a correr en agosto de 2023 y que estaría pronto a finalizar el 6 de diciembre). Ante esto Acueductos y Alcantarillados realizó una solicitud para aumentar el plazo otorgado para la ejecución de las labores que ordenó la Sala Constitucional.

También, la Sala había ordenado continuar con los muestreos específicos de metabolitos de Clorotalonil en las fuentes y sugirió que la investigación que se llevará a cabo en conjunto con el Ministerio de Salud, el Laboratorio Nacional de Aguas y el IRIET – UNA, y que debía consolidarse por parte del AyA a través de un convenio en tiempo, costos y recursos.

En una consulta de los vecinos realizó la consulta al Director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil, a lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.

Por otra parte, el 24 de agosto del 2023, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, solicitó una adición y aclaración de la sentencia de la Sala Constitucional argumentando que la posición del MAG no tiene como fin último la prohibición del uso del clorotalonil, sino la búsqueda de opciones que controlen y reduzcan el uso de este, ya que el comentó que el “Informe Técnico Clorotalonil” no era preciso.

Sin embargo, el medio Central Noticias le realizó una pregunta al ministro, con respecto al procedimiento de prohibición del agroquímico a lo que él respondió: “Es lo que mandó a decir la Sala, digamos indistintamente de si el criterio técnico amerita la prohibición o no, eso no lo sabemos, la sala dijo que hay que prohibir y nosotros tenemos que acatar lo que la sala dice”, demostrando la contradicción del ministro y dejando en claro que hay dos discursos ante esta situación.

“Mientras se siga aplicando clorotalonil sobre las áreas de recarga acuífera la cuenta regresiva para que las nacientes se descontaminen no va a iniciar, es lamentable ver que en este Gobierno quieren postergar decisiones de tan singular importancia para la salud ambiental y de las personas” indicó Fabián Pacheco del Frente Ecologista de Cipreses, así mismo continúa diciendo: “Nuestra lucha también es por tener un Laboratorio Nacional de Aguas robusto, con capacidad técnica instalada, queremos tener un laboratorio con total capacidad de garantizar la calidad y pureza del agua para toda Costa Rica, nos merecemos lo mejor como país y no tener arrinconado un laboratorio de tan singular importancia como lo es el señalado

En todo caso si le quieren dar largas a la solución del problema del Clorotalonil todos perdemos. pierde la salud ambiental y de la gente. Desde el Frente Eco Cipreses mantendremos una Campaña activa a nivel nacional e internacional hasta que se haga cumplir nuestro derecho constitucional” afirmó el Frente Ecologista de Cipreses de Cartago.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Ecofascismos a la tica

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

«El mundo se divide en dos categorías:
los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas».
El Bueno, el malo y el feo-1966

Si nos remitimos a la tradición mediática de Costa Rica, hablar de medio ambiente, ecosistemas o naturaleza es redundante, cómo separar esos términos cuando se ha catalogado como “Esencial Costa Rica” o “Paz con la naturaleza”. Detengámonos aquí un breve momento, nos hemos preguntado acaso ¿con quién ha hecho paz la naturaleza?

Un gobierno, que, ante la crisis ecológica, promueve la idea de la explotación de gas natural (y petróleo, la tentación es muy grande, en donde sale gas, “un poquito” más abajo sale petróleo), ¿cómo vamos a desperdiciar la riqueza del país? Recuerden que no somos pobres, estamos mal administrados.

La producción piñera que viene transformando el paisaje costarricense aplanando suelos y drenando humedales, pero también, llenando de agroquímicos los suelos y ríos, hasta el punto de rodear a cientos de poblaciones, que por las dudas a diario son fumigadas para asegurarse que el ser humano no sea nocivo a la plantación, sumado a esto, las agencias de cooperación internacional se alían a las empresas de este sector para promocionar internacionalmente y localmente el lavado verde de esta actividad.

Otro tanto de comunidades que viven y dependen de los ríos, ven el caudal de estos reducido a su mínima expresión, sus espacios de recreación y turismo local están desapareciendo, esto por el accionar de las empresas de minería no metálica, es decir, los tajos que pululan en todo el país, que según dicen es para asegurar buenas calles, pero que al día de hoy, estas comunidades siguen siendo de lastre casi tierra, y para empeorar, ahora sin turismo ni peces en sus ríos.

Otras comunidades, que a pesar de su vigilancia y denuncia sobre el uso de agrotóxicos que daña la salud humana, y que actualmente están envenenando las fuentes de agua, que a pesar de los fallos de la Sala Constitucional que les da la razón, son ninguneados.

También, si quieren verlo más de cerca en el área metropolitana, como a vista y complacencia de autoridades municipales y de la institucionalidad ambiental, se van “comiendo” los cerros de zonas protectoras en beneficio de actividades económicas, y a pesar de que las comunidades organizadas denuncian estas afectaciones y tendencias, la omisión siguen siendo la regla.

Ahora sí, ¿Qué hay de común en todo esto? La primera cuestión a pensar es una institucionalidad ausente, o más bien, un entramado que protege y promueve estos sistemas de producción y explotación en beneficio de ciertos sectores empresariales, que tienen como fin el despojo de los bienes comunes naturales, o mejor dicho, un Estado que ve con complacencia la mercantilización de la naturaleza, y desde su propias facultades promueven las medidas necesarias para su ejecución.

Podría sonar alarmista, pero sigamos el recorrido, la clase política dominante y los sectores empresariales de este país, se dieron la mano, el Acuerdo de Escazú no va, y para reconfortar el desasosiego del sector económico del país, se les dijo “El sector privado puede estar tranquilo”, ¿cómo perjudicaba el Acuerdo de Escazú? Acceso a la información, defensa del principio in dubio pro natura o protección a las personas defensoras del ambiente ¿Cómo estos principios pueden atentar contra el “desarrollo sostenible” del país verde?

Vemos a figuras políticas seguir defendiendo el uso de agrotóxicos, invitando a tomar agua con una concentración 1500 veces mayor de clorotalonil que la actual, por cierto, la actual según los estudios no es apta para consumo humano ¿a quién está invitando a tomar agua?, se nos olvidaba señalar, sabían que esta persona está vinculada a la producción de agroquímicos.

Sumado a esto, un gobierno que invita a mesas a trabajar en procurar de desobedecer las resoluciones judiciales que le ordenan prohibir el uso de clorotalonil, ya que no se trata de reducir o controlar, es prohibirlo.

Llegados a esto, sólo nos queda invitarles a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en nuestra sociedad, estamos ante una sociedad política y económica dominante que está dispuesta a defender la explotación de los bienes naturales a pesar del daño socioambiental que está sucediendo a miles de personas, que por activa o pasiva se están envenenando o viendo destruida su forma de vida.

Cuando un sistema político-económico, gestiona el ambiente (no naturaleza) en función de construir esquemas de conservación cerrados, que prácticamente tienen función de atractivos turísticos, en dónde las personas tienen como máxima relación con este ambiente ser tour operador, estamos en presencia de otra cosa.

Esa “otra cosa” se llama ecofascismo, es decir la promoción ambiental para el disfrute de unos cuantos, y una gestión territorial generalizada en beneficio de los intereses económicos para desarrollar sus prácticas de acumulación de riqueza a partir del despojo, dominación y explotación, eso sí, garantizada por una estructura institucional formal-informal.

Asistimos a un país que construye una narrativa de ambiente que está dando forma a un tipo de “parque de atracciones”, sin embargo, una parte cada vez mayor de su población, está siendo despojado del derecho a un medio ambiente sano.

La naturaleza, los ecosistemas que están entrelazados, no son nodos que se conectan y se descontenta a gusto del portador, la presión que se está desarrollando por parte de todas estas actividades están erosionando y llevando al estrés a estos sistemas, es decir su capacidad de conservación-reproducción está siendo afectada, distorsionada y llegando al punto de imposibilitar su existencia. Estamos vivenciado el corte de estos tejidos que sostienen la vida.

Este despojo no se hace a la sombra, se hace a la vista y complacencia de un Estado que promociona estas actividades, ya un diputado de una legislación anterior lo decía claramente al respecto del entramado legal-institucional del país “Aquí necesitamos magistrados que tengan claro que, además de interpretar la Constitución, se debe provocar un clima de negocios que incentive el desarrollo económico…”

Ante declaraciones ecofascitas de Román Macaya defendiendo el clorotalonil

Nota enviada a SURCOS por Henry Picado

El político del Partido Acción Ciudadana, Román Macaya, defendió el uso del fungicida clorotalonil el pasado 16 de octubre en el marco de la celebración del día mundial de la alimentación de la Corporación Hortícola Nacional. El político aseguró que la contaminación del agua en Cartago: “Podría ser 1.500 veces más concentrado y ser agua potable.” (ver declaraciones min 59).

Bloqueverde le responde que “qué tan poco elegante para un vendedor de agrotóxicos de tan distinguida alcurnia como el señor Macaya mostrarse tan desesperado por vender sus venenos. Sus angurrientas declaraciones de que podemos consumir con tranquilidad agua con hasta 1500 veces más del agroquímico que usted vende rayan en la obscenidad de un discurso tan tóxico como el mencionado y cancerígeno clorotalonil. Le recordamos que el agua pura y potable es eso y no tiene por qué estar trayendo los contaminantes de su empresa ni la de ninguna otra empresa. Eso no se lo deseamos a nadie, incluidos ustedes los señores de la venta de agro venenos”.

El ex precandidato del PAC a la presidencia fue embajador de Costa Rica ante Estados Unidos y presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y es además empresario dedicado a la venta de agro venenos genéricos. El político aseguró que en Europa no se toman decisiones científicas, sino ideológicas, “al igual que muchos ambientalistas en Costa Rica”, y que por el contrario en Estados Unidos permitirían 1.500 veces más presencia de agroquímicos en el agua y se consideraría potable.

“Le recordamos a Macaya que las leyes no las hacemos nosotras y nosotros los ecologistas las hacen los políticos que cobran por esto, nuestra lucha es porque se apliquen y se cumplan las leyes como logramos que lo ordenara la Sala Cuarta con el caso del Clorotalonil en base a un Informe Técnico emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado”.

“Ante su discurso que es 1500 veces más tóxico que ningún otro que hallamos escuchado le recordamos: ARTICULO 273. De la Ley general de salud donde textualmente indica: Se prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades. (Ley General de Salud N° 5395)” (el resaltado no es del original)

“No se vale desprestigiar a las instituciones públicas cuando no se está sirviendo y viviendo del poder, cuando no le conviene a sus negocios”, le responde Bloqueverde.

Nosotros y nosotras no somos lo radicales que debiéramos porque tenemos que trabajar honradamente para vivir y luchamos en nuestro tiempo libre por amor al planeta y la vida. Nos falta tiempo y recursos, ninguna persona trabaja por nosotras y nosotros. No vendemos o comerciamos con la salud o la vida de las personas.

Una reciente investigación del Semanario Universidad arrojó que los datos del Área de Salud de Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca, muestran que, en la Zona Norte de Cartago, donde se hace un alto uso de plaguicidas, hay un aumento en la incidencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares y tumores malignos ( Semanario Universidad, 31-5-23).

Sobre los nuevos reglamentos coincidimos con Macaya que el MAG nunca antes estuvo tan tomado por los intereses de las transnacionales del veneno – ni siquiera en la nefasta administración de Felipe Arauz del PAC – aseguraron: “es cierto que el ministro está pintado en la pared y son las transnacionales las que harán su agosto, pero no se trata de liberalizar el registro de agroquímicos por igual para que genéricos y transnacionales envenenen el planeta, se trata de que cumplan las leyes pues ya no tienen ni ética ni vergüenza para aumentar sus ventas a costa de la salud de las personas y los ecosistemas”.

Es claro que las administraciones del PAC beneficiaron a los vendedores genéricos de veneno como Macaya y el hermano del presidente Guillermo Solís y ahora se les volteo la tortilla. Esto fue señalado por medios de comunicación como: “La empresa del hermano del expresidente Luis Guillermo Solís es la compañía que más plaguicidas busca registrar amparado en uno de los polémicos decretos que promulgó la Administración anterior”(CRhoy, 1 marzo, 2019). También los medios aseguraron que “Nueva norma sobre importación y exportación afecta sólo a tres empresas, en una de ellas trabaja hermano del Presidente”(Semanario Universidad, 20-2-2017).

Siguiendo con las declaraciones de Macaya puede oírse que en su arenga eufóricamente ante muchos productores agrícola asegurándoles por el futuro de los productos genéricos que sus cultivos estaban en riesgo, porque con la entrada del nuevo reglamento desaparecerían cientos de moléculas genéricas, favoreciendo los productos de las multinacionales. “El nuevo reglamento es lo peor que le ha sucedido a este sector” aseguró y se mostró oposición con que se soliciten estudios de eficacia e impacto ambiental a las empresas que venden genéricos.

Lo que no dijo, como buen político, fue de dónde vienen estos últimos requisitos. No lo dijo porque es una herencia del PAC que nos metió en OCDE y ahora está instancia recomienda “eliminar las exenciones tributarias para productos agroquímicos; garantizar que todos los pesticidas se someten a una adecuada evaluación de riesgos ambientales” (OCDE, Evaluaciones del desempeño ambiental: Costa Rica 2023 pg 5) Cosa que el clorotalonil que tanto empeño pone su persona en defender precisamente incumple con la señalada normativa de la OCDE

Es decir, está tratando de poner a las personas agricultoras en nuestra contra cuando ahí tienen una sopa de sus logros y política de ingreso a ese organismo (en que ustedes los del PAC nos metieron) y que ahora los sentencia a desaparecer vía impuestos y evaluaciones de riesgo, que también fueron solicitadas desde 2004 por la Contraloría de la República, pero los señores del veneno han logrado muy hábilmente incumplir gracias a su poder político (Semanario Universidad, 22-9-22).

Finalmente, creemos que este tipo de declaraciones como ha sido el desprestigiar profesionales honestos y culpar a las Naciones Unidas, así como también culpar a una diputada de producir información técnica o proyectos de ley, al mismo tiempo que se le dice a los agricultores que se acabaran los venenos genéricos puede generar un clima de intolerancia y violencia del cual lo hacemos responsable a usted Señor Macaya por lo que pueda generar en nuestra integridad, esto pues entendemos la situación tan desesperante que pasan nuestros agricultores y que lleva a las personas hasta acabar con su propia vida por agobio y frustración(Semanario Universidad, 30-10-23). Además, le recordamos la lista de personas asesinada y todos los hechos de violencia que hemos sufrido como movimiento ambiental en los últimos 30 años (Alvarez, Casas y Pomareda, 2020).

Le decimos “que sus declaraciones son eco fascismo puro y duro, que reflexione y que tome agua sin veneno para pensar o hablar y que no ponga las ganancias propias sobre la vida y la salud ambiental de Costa Rica”.