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Etiqueta: agrotóxicos

Le salen mal los números de los agrotóxicos al MAG

  • No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado.

  • Datos primarios de importación y exportación de plaguicidas dejaron de estar disponibles en la web del SFE.

FECON

El reciente informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería “Uso aparente de plaguicidas en Costa Rica Período 2017-2023” afirma se ha dado una “reducción en la utilización de estos agroquímicos cercano al 20%”. Dato que sin duda es llamativo, pero al mismo tiempo es engañoso. Lamentablemente ya no están disponibles los datos primarios de las exportaciones e importaciones de plaguicidas en la plataforma del Sistema Fitosanitario del Estado como era anteriormente, esto resta mucho en términos de transparencia. Esconder los datos primarios es un paso para atrás en materia de control de los plaguicidas y tenemos que confiar sólo en el informe publicado desde al MAG.

No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado. En realidad, sí comparamos el año 2022 con el 2023 encontramos un aumento importante en el uso aparente de plaguicidas. Esto porque, si bien es cierto, las importaciones han bajado, las exportaciones por su lado han disminuido también para el mismo periodo. Es decir, sí para el 2023 restamos importaciones menos exportaciones, y lo comparamos con el periodo de 2022 nos da un aumento de más de 400 toneladas de IAGT en el “consumo aparente de plaguicidas” con respecto al año 2023.

Sumado a esto el MAG insiste en arrastrar un error metodológico histórico, incluir más de un millón hectáreas de pastos dentro del cálculo para determinar el uso aparente de plaguicidas como si fuera área agrícola intensiva. Error que numerosos expertos y expertas se lo han señalado en año anteriores. Por lo tanto, insistir es un acto de mala fe.

Poner zonas de pastos a la par de áreas de cultivo intensivos como si fueran iguales provoca una gran distorsión en el resultando, puesto que las pasturas para ganadería a lo sumo usan entre 0,6 a 2 kg de IAGT por hectárea por año, dato que contrasta mucho con los cultivos intensivos, como por ejemplo el banano, que pueden usar entre 50 y 65 kg de IAGT por hectárea por año. Es decir, sumar las hectáreas de pastos dentro de la ecuación para el cálculo de uso aparente placidas en el sector agrícola provoca una grave distorsión en el resultado final.

Este, que parece ser un simple error metodológico, es en realidad una apuesta política del ministerio de Agricultura por maquillar los datos de uso de plaguicidas del país. La diferencia entre la cifra del PNUD con los del MAG radica en que el ministerio prácticamente multiplica por 4 el área sobre la cual se rocía plaguicidas, al incluir pastizales. Distorsionando completamente el cálculo y restándole rigurosidad científica. Mientras que PNUD genera datos más apegados a la realidad, tomando en cuenta las áreas donde se da el uso más importante de plaguicidas como referencia para los cálculos.

Nadie con honestidad técnica y científica manipularía los datos para distorsionar la realidad y defender la industria de los plaguicidas tal y como lo hace el MAG y el SFE. La realidad que vive el país es muy grave en materia de plaguicidas. Los datos del PNUD concuerdan con la crisis que viven cientos de comunidades afectadas por los plaguicidas: contaminaciones de fuentes subterráneas y superficiales con cargas de plaguicidas que sobre pasan los límites permitidos en más de 200 veces las concentraciones permitidas para consumo humano, escolares rociados con plaguicidas altamente peligrosos, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, desaparición de polinizadores y afectación a la fauna silvestre.

Los datos alegres sobre la reducción de uso aparente de plaguicidas que publica el MAG no esta estimado sobre datos concluyentes, sino sobre cifras preliminares para el año 2023, tal y como lo menciona el mismo informe del SFE. Aparentemente el MAG tiene ganas de manipular datos, sacrificar la ciencia y distorsionar la realidad. ¿Cuál objetivo persiguen?

A y A solicita prórroga hasta el 2026 para el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Constitucional en el tema del clorotalonil en Cipreses de Cartago

  • Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica para detectar degradados del clorotalonil en el agua potable, pese a existir gestiones por parte del AyA para robustecer dicho laboratorio aún no se cuenta con apoyo concreto de las altas autoridades de Gobierno.

  • Ministro de Agricultura y Ganadería acepta que deberá prohibirse el clorotalonil, pero no dice cuándo. Mientras tanto AyA sigue asumiendo costos de distribución de agua sin degradados del agrotóxico para miles de personas en la zona Norte de Cartago

El 14 de abril del 2023, el Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente y Energía y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitieron el Informe Técnico Clorotalonil, que contiene las medidas y recomendaciones para solventar el problema de contaminación ocasionado por los metabolitos de ese plaguicida. A partir de esto, la Sala ordenó la adopción y ejecución de las medidas señaladas en el informe técnico para dentro de seis meses contados a partir de la notificación de tal resolución (plazo que comenzó a correr en agosto de 2023 y que estaría pronto a finalizar el 6 de diciembre). Ante esto Acueductos y Alcantarillados realizó una solicitud para aumentar el plazo otorgado para la ejecución de las labores que ordenó la Sala Constitucional.

También, la Sala había ordenado continuar con los muestreos específicos de metabolitos de Clorotalonil en las fuentes y sugirió que la investigación que se llevará a cabo en conjunto con el Ministerio de Salud, el Laboratorio Nacional de Aguas y el IRIET – UNA, y que debía consolidarse por parte del AyA a través de un convenio en tiempo, costos y recursos.

En una consulta de los vecinos realizó la consulta al Director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil, a lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.

Por otra parte, el 24 de agosto del 2023, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, solicitó una adición y aclaración de la sentencia de la Sala Constitucional argumentando que la posición del MAG no tiene como fin último la prohibición del uso del clorotalonil, sino la búsqueda de opciones que controlen y reduzcan el uso de este, ya que el comentó que el “Informe Técnico Clorotalonil” no era preciso.

Sin embargo, el medio Central Noticias le realizó una pregunta al ministro, con respecto al procedimiento de prohibición del agroquímico a lo que él respondió: “Es lo que mandó a decir la Sala, digamos indistintamente de si el criterio técnico amerita la prohibición o no, eso no lo sabemos, la sala dijo que hay que prohibir y nosotros tenemos que acatar lo que la sala dice”, demostrando la contradicción del ministro y dejando en claro que hay dos discursos ante esta situación.

“Mientras se siga aplicando clorotalonil sobre las áreas de recarga acuífera la cuenta regresiva para que las nacientes se descontaminen no va a iniciar, es lamentable ver que en este Gobierno quieren postergar decisiones de tan singular importancia para la salud ambiental y de las personas” indicó Fabián Pacheco del Frente Ecologista de Cipreses, así mismo continúa diciendo: “Nuestra lucha también es por tener un Laboratorio Nacional de Aguas robusto, con capacidad técnica instalada, queremos tener un laboratorio con total capacidad de garantizar la calidad y pureza del agua para toda Costa Rica, nos merecemos lo mejor como país y no tener arrinconado un laboratorio de tan singular importancia como lo es el señalado

En todo caso si le quieren dar largas a la solución del problema del Clorotalonil todos perdemos. pierde la salud ambiental y de la gente. Desde el Frente Eco Cipreses mantendremos una Campaña activa a nivel nacional e internacional hasta que se haga cumplir nuestro derecho constitucional” afirmó el Frente Ecologista de Cipreses de Cartago.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Ecofascismos a la tica

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

«El mundo se divide en dos categorías:
los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas».
El Bueno, el malo y el feo-1966

Si nos remitimos a la tradición mediática de Costa Rica, hablar de medio ambiente, ecosistemas o naturaleza es redundante, cómo separar esos términos cuando se ha catalogado como “Esencial Costa Rica” o “Paz con la naturaleza”. Detengámonos aquí un breve momento, nos hemos preguntado acaso ¿con quién ha hecho paz la naturaleza?

Un gobierno, que, ante la crisis ecológica, promueve la idea de la explotación de gas natural (y petróleo, la tentación es muy grande, en donde sale gas, “un poquito” más abajo sale petróleo), ¿cómo vamos a desperdiciar la riqueza del país? Recuerden que no somos pobres, estamos mal administrados.

La producción piñera que viene transformando el paisaje costarricense aplanando suelos y drenando humedales, pero también, llenando de agroquímicos los suelos y ríos, hasta el punto de rodear a cientos de poblaciones, que por las dudas a diario son fumigadas para asegurarse que el ser humano no sea nocivo a la plantación, sumado a esto, las agencias de cooperación internacional se alían a las empresas de este sector para promocionar internacionalmente y localmente el lavado verde de esta actividad.

Otro tanto de comunidades que viven y dependen de los ríos, ven el caudal de estos reducido a su mínima expresión, sus espacios de recreación y turismo local están desapareciendo, esto por el accionar de las empresas de minería no metálica, es decir, los tajos que pululan en todo el país, que según dicen es para asegurar buenas calles, pero que al día de hoy, estas comunidades siguen siendo de lastre casi tierra, y para empeorar, ahora sin turismo ni peces en sus ríos.

Otras comunidades, que a pesar de su vigilancia y denuncia sobre el uso de agrotóxicos que daña la salud humana, y que actualmente están envenenando las fuentes de agua, que a pesar de los fallos de la Sala Constitucional que les da la razón, son ninguneados.

También, si quieren verlo más de cerca en el área metropolitana, como a vista y complacencia de autoridades municipales y de la institucionalidad ambiental, se van “comiendo” los cerros de zonas protectoras en beneficio de actividades económicas, y a pesar de que las comunidades organizadas denuncian estas afectaciones y tendencias, la omisión siguen siendo la regla.

Ahora sí, ¿Qué hay de común en todo esto? La primera cuestión a pensar es una institucionalidad ausente, o más bien, un entramado que protege y promueve estos sistemas de producción y explotación en beneficio de ciertos sectores empresariales, que tienen como fin el despojo de los bienes comunes naturales, o mejor dicho, un Estado que ve con complacencia la mercantilización de la naturaleza, y desde su propias facultades promueven las medidas necesarias para su ejecución.

Podría sonar alarmista, pero sigamos el recorrido, la clase política dominante y los sectores empresariales de este país, se dieron la mano, el Acuerdo de Escazú no va, y para reconfortar el desasosiego del sector económico del país, se les dijo “El sector privado puede estar tranquilo”, ¿cómo perjudicaba el Acuerdo de Escazú? Acceso a la información, defensa del principio in dubio pro natura o protección a las personas defensoras del ambiente ¿Cómo estos principios pueden atentar contra el “desarrollo sostenible” del país verde?

Vemos a figuras políticas seguir defendiendo el uso de agrotóxicos, invitando a tomar agua con una concentración 1500 veces mayor de clorotalonil que la actual, por cierto, la actual según los estudios no es apta para consumo humano ¿a quién está invitando a tomar agua?, se nos olvidaba señalar, sabían que esta persona está vinculada a la producción de agroquímicos.

Sumado a esto, un gobierno que invita a mesas a trabajar en procurar de desobedecer las resoluciones judiciales que le ordenan prohibir el uso de clorotalonil, ya que no se trata de reducir o controlar, es prohibirlo.

Llegados a esto, sólo nos queda invitarles a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en nuestra sociedad, estamos ante una sociedad política y económica dominante que está dispuesta a defender la explotación de los bienes naturales a pesar del daño socioambiental que está sucediendo a miles de personas, que por activa o pasiva se están envenenando o viendo destruida su forma de vida.

Cuando un sistema político-económico, gestiona el ambiente (no naturaleza) en función de construir esquemas de conservación cerrados, que prácticamente tienen función de atractivos turísticos, en dónde las personas tienen como máxima relación con este ambiente ser tour operador, estamos en presencia de otra cosa.

Esa “otra cosa” se llama ecofascismo, es decir la promoción ambiental para el disfrute de unos cuantos, y una gestión territorial generalizada en beneficio de los intereses económicos para desarrollar sus prácticas de acumulación de riqueza a partir del despojo, dominación y explotación, eso sí, garantizada por una estructura institucional formal-informal.

Asistimos a un país que construye una narrativa de ambiente que está dando forma a un tipo de “parque de atracciones”, sin embargo, una parte cada vez mayor de su población, está siendo despojado del derecho a un medio ambiente sano.

La naturaleza, los ecosistemas que están entrelazados, no son nodos que se conectan y se descontenta a gusto del portador, la presión que se está desarrollando por parte de todas estas actividades están erosionando y llevando al estrés a estos sistemas, es decir su capacidad de conservación-reproducción está siendo afectada, distorsionada y llegando al punto de imposibilitar su existencia. Estamos vivenciado el corte de estos tejidos que sostienen la vida.

Este despojo no se hace a la sombra, se hace a la vista y complacencia de un Estado que promociona estas actividades, ya un diputado de una legislación anterior lo decía claramente al respecto del entramado legal-institucional del país “Aquí necesitamos magistrados que tengan claro que, además de interpretar la Constitución, se debe provocar un clima de negocios que incentive el desarrollo económico…”

Ante declaraciones ecofascitas de Román Macaya defendiendo el clorotalonil

Nota enviada a SURCOS por Henry Picado

El político del Partido Acción Ciudadana, Román Macaya, defendió el uso del fungicida clorotalonil el pasado 16 de octubre en el marco de la celebración del día mundial de la alimentación de la Corporación Hortícola Nacional. El político aseguró que la contaminación del agua en Cartago: “Podría ser 1.500 veces más concentrado y ser agua potable.” (ver declaraciones min 59).

Bloqueverde le responde que “qué tan poco elegante para un vendedor de agrotóxicos de tan distinguida alcurnia como el señor Macaya mostrarse tan desesperado por vender sus venenos. Sus angurrientas declaraciones de que podemos consumir con tranquilidad agua con hasta 1500 veces más del agroquímico que usted vende rayan en la obscenidad de un discurso tan tóxico como el mencionado y cancerígeno clorotalonil. Le recordamos que el agua pura y potable es eso y no tiene por qué estar trayendo los contaminantes de su empresa ni la de ninguna otra empresa. Eso no se lo deseamos a nadie, incluidos ustedes los señores de la venta de agro venenos”.

El ex precandidato del PAC a la presidencia fue embajador de Costa Rica ante Estados Unidos y presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y es además empresario dedicado a la venta de agro venenos genéricos. El político aseguró que en Europa no se toman decisiones científicas, sino ideológicas, “al igual que muchos ambientalistas en Costa Rica”, y que por el contrario en Estados Unidos permitirían 1.500 veces más presencia de agroquímicos en el agua y se consideraría potable.

“Le recordamos a Macaya que las leyes no las hacemos nosotras y nosotros los ecologistas las hacen los políticos que cobran por esto, nuestra lucha es porque se apliquen y se cumplan las leyes como logramos que lo ordenara la Sala Cuarta con el caso del Clorotalonil en base a un Informe Técnico emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado”.

“Ante su discurso que es 1500 veces más tóxico que ningún otro que hallamos escuchado le recordamos: ARTICULO 273. De la Ley general de salud donde textualmente indica: Se prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades. (Ley General de Salud N° 5395)” (el resaltado no es del original)

“No se vale desprestigiar a las instituciones públicas cuando no se está sirviendo y viviendo del poder, cuando no le conviene a sus negocios”, le responde Bloqueverde.

Nosotros y nosotras no somos lo radicales que debiéramos porque tenemos que trabajar honradamente para vivir y luchamos en nuestro tiempo libre por amor al planeta y la vida. Nos falta tiempo y recursos, ninguna persona trabaja por nosotras y nosotros. No vendemos o comerciamos con la salud o la vida de las personas.

Una reciente investigación del Semanario Universidad arrojó que los datos del Área de Salud de Oreamuno, Pacayas y Tierra Blanca, muestran que, en la Zona Norte de Cartago, donde se hace un alto uso de plaguicidas, hay un aumento en la incidencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares y tumores malignos ( Semanario Universidad, 31-5-23).

Sobre los nuevos reglamentos coincidimos con Macaya que el MAG nunca antes estuvo tan tomado por los intereses de las transnacionales del veneno – ni siquiera en la nefasta administración de Felipe Arauz del PAC – aseguraron: “es cierto que el ministro está pintado en la pared y son las transnacionales las que harán su agosto, pero no se trata de liberalizar el registro de agroquímicos por igual para que genéricos y transnacionales envenenen el planeta, se trata de que cumplan las leyes pues ya no tienen ni ética ni vergüenza para aumentar sus ventas a costa de la salud de las personas y los ecosistemas”.

Es claro que las administraciones del PAC beneficiaron a los vendedores genéricos de veneno como Macaya y el hermano del presidente Guillermo Solís y ahora se les volteo la tortilla. Esto fue señalado por medios de comunicación como: “La empresa del hermano del expresidente Luis Guillermo Solís es la compañía que más plaguicidas busca registrar amparado en uno de los polémicos decretos que promulgó la Administración anterior”(CRhoy, 1 marzo, 2019). También los medios aseguraron que “Nueva norma sobre importación y exportación afecta sólo a tres empresas, en una de ellas trabaja hermano del Presidente”(Semanario Universidad, 20-2-2017).

Siguiendo con las declaraciones de Macaya puede oírse que en su arenga eufóricamente ante muchos productores agrícola asegurándoles por el futuro de los productos genéricos que sus cultivos estaban en riesgo, porque con la entrada del nuevo reglamento desaparecerían cientos de moléculas genéricas, favoreciendo los productos de las multinacionales. “El nuevo reglamento es lo peor que le ha sucedido a este sector” aseguró y se mostró oposición con que se soliciten estudios de eficacia e impacto ambiental a las empresas que venden genéricos.

Lo que no dijo, como buen político, fue de dónde vienen estos últimos requisitos. No lo dijo porque es una herencia del PAC que nos metió en OCDE y ahora está instancia recomienda “eliminar las exenciones tributarias para productos agroquímicos; garantizar que todos los pesticidas se someten a una adecuada evaluación de riesgos ambientales” (OCDE, Evaluaciones del desempeño ambiental: Costa Rica 2023 pg 5) Cosa que el clorotalonil que tanto empeño pone su persona en defender precisamente incumple con la señalada normativa de la OCDE

Es decir, está tratando de poner a las personas agricultoras en nuestra contra cuando ahí tienen una sopa de sus logros y política de ingreso a ese organismo (en que ustedes los del PAC nos metieron) y que ahora los sentencia a desaparecer vía impuestos y evaluaciones de riesgo, que también fueron solicitadas desde 2004 por la Contraloría de la República, pero los señores del veneno han logrado muy hábilmente incumplir gracias a su poder político (Semanario Universidad, 22-9-22).

Finalmente, creemos que este tipo de declaraciones como ha sido el desprestigiar profesionales honestos y culpar a las Naciones Unidas, así como también culpar a una diputada de producir información técnica o proyectos de ley, al mismo tiempo que se le dice a los agricultores que se acabaran los venenos genéricos puede generar un clima de intolerancia y violencia del cual lo hacemos responsable a usted Señor Macaya por lo que pueda generar en nuestra integridad, esto pues entendemos la situación tan desesperante que pasan nuestros agricultores y que lleva a las personas hasta acabar con su propia vida por agobio y frustración(Semanario Universidad, 30-10-23). Además, le recordamos la lista de personas asesinada y todos los hechos de violencia que hemos sufrido como movimiento ambiental en los últimos 30 años (Alvarez, Casas y Pomareda, 2020).

Le decimos “que sus declaraciones son eco fascismo puro y duro, que reflexione y que tome agua sin veneno para pensar o hablar y que no ponga las ganancias propias sobre la vida y la salud ambiental de Costa Rica”.

Puntalitos en disputa, monocultivos y agrotóxicos: amenazas para la vida

Puntalitos en disputa    

Episodio 4: Monocultivos y agrotóxicos: amenazas para la vida   

La modificación de la estructura productiva en Costa Rica a partir de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) impulsó los productos para exportación y ha despojado territorios y poblaciones que históricamente se dedicaban a la agricultura diversificada. La lógica del agronegocio ha provocado el uso excesivo de paquetes de agrotóxicos que colocan al país en uno de los mayores consumidores de estos venenos.    

Repetición el domingo a las 6:30 p.m.                           

¿Qué es lo que comemos?

 

Imagen ilustrativa. UCR.

Se va a cumplir un año con agua en cisternas en Cipreses y siguen atomizando venenos y el Poder Ejecutivo no actúa

Siembras de maíz dentro del área de protección de la naciente Carlos Calvo en Cipreses Oreamuno.

Ya se va a cumplir un año de que reparten agua en cisternas en Cipreses y siguen atomizando venenos sobre las nacientes como si nada y el Poder Ejecutivo tiene menos de tres meses para prohibir el Clorotalonil y no da señales concretas de cumplir por lo ordenado desde la Sala Constitucional.

Comunicado Frente Eco Cipreses

  • Poder Ejecutivo tiene menos de tres meses para prohibir el Clorotalonil y no da señales concretas de cumplir por lo ordenado desde la Sala Constitucional.
  • Ya se va a cumplir un año de que reparten agua en cisternas en Cipreses y siguen atomizando venenos sobre las nacientes como si nada
  • Se sigue usando Clorotalonil en Costa Rica como si no hubiera dicho nada la Sala Constitucional.
  • Poder Ejecutivo tiene menos de tres meses para acatar sentencia de la Sala Constitucional que señala se debe prohibir el Clorotalonil.
  • Se sigue cultivando dentro de las áreas de protección y de recarga acuífera a pesar de lo señalado por la Sala Constitucional con el agravante Ministerio de Salud no hace cumplir y no da seguimiento sus propias órdenes sanitarias.

La resolución 2023-13384, perteneciente al expediente 22-026649-0007-CO, la Sala IV ordenó que en el plazo de seis meses (ya han pasado más de tres) se ejecuten las recomendaciones de un informe técnico que pidió la prohibición del Clorotalonil en Costa Rica. El Informe técnico fue emitido por el Ministerio de Salud, el AyA y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El criterio de las instituciones se origina luego de que sustancias de la degradación del agrotóxico clorotalonil estuviera involucrado en la contaminación de dos acueductos rurales de la zona norte de Cartago, en las comunidades de Santa Rosa y Cipreses en el cantón cartaginés, situación que tiene a unas 10 mil personas recibiendo agua potable en cisternas desde octubre de 2022.

Siembras de cultivos en el área de recarga acuífera Sobre la Naciente Carlos Calvo.

En el fallo se ordenó a la ministra de Salud, Mary Munive, y la Directora del Área Rectora de Salud de Oreamuno, Fiorella Fait Wong, establecer la coordinación con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), MINAE y del AyA para que dentro del plazo de seis meses se adopte lo dispuesto en el informe técnico mencionado, para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas.

A nivel internacional en la Unión Europea se decidió en el 2019 prohibir el uso del plaguicida clorotalonil porque se identificó un problema crítico en relación con la contaminación de las aguas subterráneas por los metabolitos del plaguicida. La Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil, como tal, está clasificado como carcinógeno.

En Suiza hace dos años por lo menos un tercio de los 26 cantones de Suiza, en su mayoría en la parte central del país, se detectaron niveles superiores a los recomendados. Lo cual decantó en la prohibición de este fungicida en toda la Unión Europea. (swissinfo.ch 06-2- 2020)

Mientras tanto el Gobierno Central le da largas al asunto para acatar lo señalado por la Sala Cuarta y ejecutar el informe técnico interinstitucional que recomienda prohibir el clorotalonil miles de personas siguen recibiendo agua con contaminantes agrotóxicos.

Desde octubre del 2022, la comunidad de Cipreses es abastecida con Cisternas de agua potable ya que el Laboratorio Nacional de Aguas corroboró los repetidos hallazgos del IRET de la Universidad Nacional, en donde los productos de la degradación del fungicida clorotalonil se encuentran por encima del límite permitido en más de 100 y 200 veces para consumo humano. Las sustancias contaminantes son: 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno y el 4-hidroxiclorotalonil que son los productos de degradación de CLOROTALONIL encontrados en el agua para consumo humano. El Laboratorio Nacional de Aguas ha encontrado los contaminantes degradados de clorotalonil en 7 fuentes de agua de dos ASADAS en la provincia de Cartago afectando hoy en día a más de 9000 personas.

Simbra de cultivos sobre área de recarga acuífera al Norte de la naciente Carlos Calvo.

Ministerio de Salud no hace cumplir sus órdenes Sanitarias y en Cipreses todo sigue igual:

En respuesta al Recurso de Amparo que el Frente Eco Cipreses metió al Poder Judicial en el año 2020 por el evidente irrespeto a la Ley de Aguas #276, se emitió la resolución 20-021797-0007-CO. donde el poder Judicial ordena al SINAC Cartago y al Ministerio de Salud de Oreamuno de Cartago hacer cumplir la ley y proteger el agua de la gente.

Ante al fallo emitido por el Poder Judicial a favor del Frente Ecologista de Cipreses el Ministerio de Salud actúa y emite un informe técnico (MS-DRRCE-DARSO-IT-00076-2021) donde recomienda girar órdenes sanitarias y se le pide al Acueductos y Alcantarillados para dar acompañamiento y vigilar para que la ASADA realice estudios hidrogeológicos tanto en la naciente Plantón como en la naciente de Carlos Calvo. No obstante, todo sigue igual y en reciente visita comunitaria se evidencia que aún siguen sembrando y aplicando agroquímicos sobre las áreas de recarga acuífera de las nacientes. “Parece que las instituciones en Cartago están pintadas en la pared” indicó Jordán Vargas vecino de Cipreses y afectado directo de la contaminación.

Ante el fallo señalado del Poder Judicial el Ministerio de Salud de Oreamuno giró órdenes sanitarias a los dueños de los terrenos circundantes, así como a los alcaldes de Oreamuno y Alvarado para hacer una valoración del área en los alrededores de las nacientes Plantón y Carlos Calvo para que se respete lo estipulado en la Ley de Aguas número 276 donde claramente se señala el respeto mínimo de 200 metros alrededor de la naciente. En la orden sanitaria el Ministerio de Salud solicita se les reporte mensualmente los avances en cumplimiento de los señalado mediante informes. ¿en qué decantó todo esto?” se preguntan los miembros del frente Eco Cipreses

Miembros del Frente Ecologista de la comunidad y afectados directos de esta situación indicaron: “Solicitamos se nos informe el ¿por qué en estos momentos se sigue aplicando y cultivando sobre las áreas de recarga acuífera? Ya hemos ganado tres recursos de amparo sobre esta situación y Cipreses parece tierra de nadie donde las instituciones no se hacen respetar ni hacen valer las leyes. Tendremos que acudir a la vía penal por desacato a las Sala Cuarta y defender nuestro derecho constitucional, ya esa es la única vía que nos queda”

Evidencia de lo señalado se presentan fotos del mes de julio del presente 2023 donde se aprecian siembras de maíz dentro del radio de los 200 metros de protección según la Ley de Aguas, así como cultivos de Brásicas que demandan agroquímicos en el área de recarga acuífera fotos tomadas en inspección comunitaria.

La Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud recomendó: conclusión, ante la situación de contaminación de agua para consumo “que se genere una gestión ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la prohibición del clorotalonil en el país, con el fin de proteger posibles fuentes de agua potable en riesgo de contaminación y buscar la remediación y rehabilitación de las fuentes ya contaminadas en el plazo más corto posible a fin de evitar una emergencia mayor” (MS-DPRSA-0668-2022).

Sigue diciendo el informe MS-DPRSA-0668-2022 que “el clorotalonil es un fungicida aprobado para uso en el país registrado bajo una gran variedad de nombres y usado en la agricultura en una gran variedad de cultivos. Una vez que la sustancia química entra en contacto con el ambiente, aire, suelo y / o microorganismos sufre una serie de modificaciones producto del metabolismo de organismos vivos o procesos químicos que lo descomponen en otras moléculas conocidas como metabolitos o productos de degradación, para el caso del Clorotalonil existe documentado más de 7 moléculas distintas de degradación” las cuales han demostrado ser altamente contaminantes en el agua subterránea presentando riesgos inadmisibles para la salud.

Preparaciones de suelo para agricultura intensiva y áreas deforestadas en el entorno de la naciente Carlos Calvo.

PUNTALITOS EN DISPUTA: ¿Qué es lo que comemos?

Canal Quince UCR y Programa Kioscos Socioambientales lanzan serie documental sobre soberanía alimentaria

Canal Quince UCR y el Programa Kioscos Socioambientales, tienen el gusto de invitar a la presentación de la cuarta temporada de la serie “Entramarnos por la defensa de la vida”, que ha sido nombrada “Puntalitos en disputa; ¿Qué es lo que comemos?”. Se trata de una producción televisiva que aborda perspectivas sobre soberanía, seguridad y justicia alimentaria.

La agricultura y la alimentación son parte esencial de los pueblos originarios y campesinos, son testimonio de nuestra evolución como comunidades y territorios. Desde hace algunas décadas, la industria alimentaria y el agronegocio ha profundizado su presencia en vastos territorios, acaparando tierras para la actividad monocultivista, despojando comunidades completas y fomentando el uso de paquetes tecnológicos y de agrotóxicos para hacer más “eficiente” la producción de alimentos principalmente para la exportación.

El modelo agroindustrial, contrario a lo que promueve, ha incrementado la desnutrición, el empobrecimiento y la exclusión a bienes comunes de la naturaleza, convirtiendo los campos cultivados de forma diversificada en desiertos verdes.

Por ejemplo, el alto costo en los precios de los granos básicos y la actual dependencia de la importación de los mismos en más de un 80%, especialmente en granos básicos, tiene raíces en decisiones políticas que iniciaron en la década de los ochenta, con una serie de transformaciones en la estructura socioproductiva, inacción estatal y falta de coordinación entre los sectores involucrados. La expansión de los monocultivos fundamentalmente para la exportación sin duda ha despojado a los territorios de las pequeñas y medianas parcelas que décadas atrás dedicaban las comunidades a la producción de alimentos. El área cultivable dedicada a la producción de alimentos se redujo en más de un 60% pasando a ser parte del modelo extractivista del monocultivo de exportación, que luego regresa enlatado al país.

Esta 4ta temporada televisiva de la serie documental “Entramarnos por la defensa de la Vida” que nombramos: “Puntalitos en disputa”, aborda perspectivas en torno a la soberanía, seguridad y justicia alimentaria, así como la urgencia de un compromiso necesario por parte de los gobiernos de turno para procurar el alimento sano, nacional y diversificado a toda la población, contrastando con la realidad de un sistema alimentario cada vez más transnacionalizado que responde a la lógica del agronegocio, implicando despojo para el sector campesino, costero e indígena, así como el consumo de agrotóxicos, por eso nos preguntamos: ¿qué estamos comiendo?

Hemos producido diez episodios que entrelazan experiencias comunitarias con testimonios y reflexiones sobre las diversas dimensiones que están alrededor de los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. Se abarca desde la defensa de la semilla criolla, las amenazas y riesgos que sufren los distintos grupos de polinizadores, las modificaciones de la estructura socioproductiva con la intensificación del monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la comida y la cultura, los mercados y las ferias del agricultor, las experiencias agroecológicas y los conceptos de seguridad, soberanía, justicia alimentaria.

La IV temporada obtuvo el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social con el otorgamiento de un presupuesto en el marco de la XVII Convocatoria del Fondo Concursable para el fortalecimiento de la Relación Universidad – Sociedad (2023-2025) lo que permitió realizar las giras para las grabaciones en distintas comunidades en todo el territorio costarricense. Se viajó a todas las regiones: Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Sur y Región Central. De manera que en cada episodio se muestra una especie de mapeo audiovisual de experiencias agroecológicas de producción de alimentos, asociados a convicciones culturales y prácticas regenerativas y libres de tóxicos.

“Puntalitos en disputa” ofrece una vasta reflexión colectiva sobre: ¿qué es lo que comemos, de dónde viene y cómo ha sido producido? Comparte con la audiencia datos importantes que invitan a reflexionar qué hay detrás de cada plato de comida.

Este lunes 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Educación se realizará el lanzamiento y estreno de la temporada con la proyección de uno de los episodios y con la intervención del equipo de producción tanto de Quince UCR como de Kioscos Socioambientales, así como algunas de las personas protagonistas de los documentales. Será un encuentro que provoque la discusión y reflexión y que promueva el seguimiento a la transmisión de la temporada por televisión abierta y en la plataforma de streaming de Quince UCR.

Pretendemos con esta temporada que cada persona de la audiencia sienta un compromiso a reflexionar acerca de: ¿Qué es lo que comemos?

Esta temporada podrá ser apreciada por la audiencia en la programación regular de Quince UCR en señal abierta todos los lunes a las 8 de la noche con repetición el domingo siguiente a las 6:30 de la tarde. A partir del lunes 18 de septiembre y hasta noviembre. También pueden verla y compartirla desde la plataforma de streaming UCRQ.

La GIZ avala ocupación de tierras indígenas por parte de Fresh del Monte

Costa Rica (San José) (frenteTIERRA). – La agencia de cooperación alemana para el desarrollo, GIZ, avala la ocupación de tierras ancestrales de Fresh Del Monte en territorio indígena Bribri de Salitre, denunciaron lideres indígenas y organizaciones de sociedad civil en Costa Rica.

El colectivo frenteTIERRA, el Frente Ecologista Universitario (FECOU), el Frente Resistencia Animal y de la Tierra (FRAT) y el Consejo Ditso Iriria Ajkonuk Wakpa (CODIAW) acusaron a la GIZ de respaldar la ocupación de tierras ancestrales en Salitre a través de su programa Del Campo Al Plato.

El Programa de la GIZ, que usufructúa el título de la publicación homónima de la activista española Esther Vivas, refrenda una falsa imagen internacional de Fresh Del Monte, al certificar las operaciones de la transnacional de ́sostenibles, indican.

Actualmente Fresh Del Monte ocupa, expIota y Iucra con Ias tierras indígenas ubicadas aI noroeste del pueblo de Salitre por la quebrada Sëmbla o Sebror en perjuicio de las familias originarias. Asimismo, viene contaminando las aguas, el aire y los suelos con agrotóxicos y cercando y precarizando al pueblo de Salitre, señalan las organizaciones denunciantes.

Por Ley de la República de Costa Rica los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para los pueblos indígenas. La ocupación de Fresh Del Monte en territorio Bribri estaría vulnerando los derechos del pueblo Bribri de Salitre y siendo una amenaza para la sostenibilidad de la biodiversidad.

Plantón contra la GIZ y Del Campo Al Plato

Instamos a la GIZ a decir la verdad a los consumidores en Alemania y el resto de Europa sobre las operaciones de Fresh Del Monte en Costa Rica. Las operaciones de la transnacional no son, ni serán social, ni ambientalmente sostenibles mientras esta continúe ocupando deliberadamente territorio indígena, reclame derechos legales sobre tierras ancestrales o interponga recursos legales sobre las familias indígenas recuperadoras, acusaron lideres indígenas y representantes de las organizaciones.

Exigimos a la GIZ deje de utilizar su programa Del Campo Al Plato para certificar sostenible las operaciones de Fresh Del Monte hasta que la transnacional salga de Territorio Bribri de Salitre. Una empresa que utiliza agrotóxicos que contaminan la tierra, el aire y el agua, y que convierte territorios ancestrales en un desierto de monocultivos, no puede ser nunca sostenible, insistieron.

Asimismo, anunciaron la realización de un plantón en los exteriores de la GIZ en el distrito de Rohrmoser, en San José, el jueves 22 de junio a las 9:00 am en rechazo del contubernio de la GIZ con Fresh Del Monte y de su programa Del Campo Al Plato.

Esta acción directa no violenta es parte de la campaña: ¡Del Monte, Fuera de Territorio Indígena Bribri de Salitre!, que exige a la transnacional abandonar cualquier derecho de propiedad que alega tener de las tierras ubicadas al este de la quebrada Sëmbla o Sebror; y retirar cualquier reclamo legal sobre dicho territorio y en contra de cualquier persona recuperadora de ese territorio.

MINSA, AyA y MINAE recomiendan prohibir peligroso agrotóxico conocido como Clorotalonil

Comunicado Bloque Verde

  • Esta posible prohibición que hoy se discute es un evidente logro de la lucha popular ecologista en defensa del agua y la gente.

  • ¿Ahora veremos quien se impone o el monopolio de importadores de venenos (PAC, PUSC, PLN y MAG) o la salud pública y la ciencia?

(31 de mayo 2023) En el más reciente informe técnico del Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente y Energía le dan la razón a las comunidades de la zona norte de Cartago que viene pidiendo la prohibición del Clorotalonil desde hace más de tres años.

La organización comunitaria Frente EcoCipreses no sólo hizo pública la contaminación del agua que consume su comunidad con derivados de la molécula del Clorotalonil, sino además ha liderado una campaña nacional por su prohibición. Este colectivo fue el primero en alzar la voz en 2020 cuando se dieran a conocer los resultados de los análisis de agua realizados por el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional que demostraban la presencia en del líquido vital de metabolismos secundarios del fungicida carcinogénico.

Hay que recordar que el Clorotalonil ha sido prohibido en otras latitudes precisamente por ser un peligroso agrotóxico muy contaminante y que es sospechoso de dañar la salud humana, contaminar el agua, aire y matar peces, abejas, aves y anfibios.

Para el abogado Álvaro Sagot es un “logro ecologista” así lo señaló el especialista en derecho ambiental luego de conocer el informe del MINSA, AyA y Minae.

El informe es contundente en sus conclusiones señalando que: “En concordancia con las recomendaciones expuestas, así como de los riesgos analizados, se recomienda la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica, en línea con las medidas adoptadas por la Unión Europea. Se deben implementar medidas de seguridad y alternativas para la agricultura que minimicen la exposición de los trabajadores y de los consumidores, así como velar por la protección de las fuentes de agua, el medio ambiente y la salud de la población”.

Este es un gran logro ecologista debido a que todos los integrantes del Frente EcoCipreses han sido objeto de ataques y una campaña de acoso por parte de la Asada de Cipreses junto a empresarios importadores de agro-venenos que han negado la contaminación pese a la evidencia científica y el amparo legal. Es una victoria ecologista que ahora el MINSA, el AyA y el MINAE tengan que reconocer que este peligroso agro-tóxico debe ser desterrado del país.

Se debe recordar que las fuerzas vivas comunitarias de pueblos afectados por la contaminación de tomas de agua captadas para consumo humano de dos ASADAS en la Zona Norte de Cartago, organizados como el Frente Ecologista de Cipreses y apoyos por diferentes organizaciones a nivel nacional donde destacan la ANEP el Bloque Verde entre muchas otras agrupaciones lanzaron el 24 de julio del 2022 el manifiesto por el agua en el cual se solicitaba al gobierno la Prohibición Del Clorotalonil En Costa Rica, Así Como El Fortalecimiento De Las Capacidades Técnicas Del Laboratorio Nacional De Aguas para introducir en su panel de monitoreo los contaminantes del clorotalonil y todos los cientos de plaguicidas que dicho laboratorio aún continúa sin poder monitorear para garantizar la inocuidad del agua de las personas en Costa Rica.

En este informe técnico emitido el 14 de abril además de reafirmar lo que movimiento ecologista vienen alertando en relación con las propiedades cancerígenas del clorotalonil (se presenta en el cuadro 2 página 10) que uno de los principales contaminantes encontrados en Cipreses de Cartago, producto de la degradación del clorotalonil, es extremadamente tóxico para mamíferos. El informe señala: “en la recopilación de información ecotoxicológica del metabolito 4-hidroxiclorotalonil detectado en aguas de cipreses de oreamuno, cartago se indica que “es altamente tóxico para mamíferos”.

El MAG brilla por su desidia, inoperancia y sobretodo por su ausencia.

Además de ni siquiera aportar una sola coma en el informe técnico señalado, se debe mencionar que en paralelo el Ministerio de Agricultura y Ganaderia emitió una respuesta pusilánime a los Magistrados de la Sala Constitucional que están analizando el tercer Recurso de Amparo interpuesto por el activista ecologista Fabián Pacheco del Frente Ecologista de Cipreses bajo el expediente N°22-026649-0007-CO. En el oficio DM-MAG-465-2023 con las respuestas a los magistrados “dejan mucho que desear y queda en evidencia la incapacidad técnica de dicho ministerio para garantizar al menos las Buenas Prácticas Agrícolas” indicó Pacheco.

En resumen, el MAG hace una enumeración más o menos larga de cualquier acción que esté realizando en la zona con los agricultores; pero deja claro lo siguiente:

“1. Que no es competencia legal del MAG velar por la calidad de las aguas y que no tiene recursos para hacerlo.

  1. Que tampoco tiene el MAG competencia legal para obligar a los agricultores a capacitarse ni a aplicar las BPA en las fincas, porque todo esto es voluntario y competencia del agricultor.
  2. Que en Costa Rica ningún laboratorio tiene la capacidad de analizar los metabolitos del clorotalonil.

O sea, ellos no saben ni les incumbe saber si hay metabolitos contaminando el agua

  1. El ministro señala que los técnicos están recomendando restringir o prohibir el clorotalonil, por cuanto está contaminando las aguas.

Así las cosas, queda claro,que el MAG y el SFE están reconociendo que el registro de plaguicidas es solo un formalismo, que en la práctica no tienen la capacidad de controlar que haya un uso adecuado de plaguicidas; que ni siquiera tienen claro qué otros plaguicidas se utilizan para controlar las plagas para las cuales se utiliza el clorotalonil”.

Con estos argumentos, el ministro MAG pide a Sala IV desestimar el recurso de amparo contra ellos. Sobre esta repuesta señala el Máster en Agro Biología Ambiental Fabián Pacheco que “es evidente que desde el MAG están haciendo un máximo esfuerzo para no resolver nada”.

“La posible prohibición del clorotalonil está en juego. ¿Ganará el bienestar público, la ciencia y los criterios técnicos del MINAE, AyA y Salud O terminarán quebrando el brazo del poder ejecutivo los intereses económicos detrás del clorotalonil y muy bien representados por el MAG? Preguntó de forma retórica Pacheco.

“Ya el sector ecologista y académico donde destaca el apoyo del IRET de la UNA presentó una lista de más de 60 alternativas químicas para sustituir el clorotalonil en Costa Rica al poder Ejecutivo. No se trata de maltratar a los agricultores de a pie, pero no hay excusas para proteger nuestra salud “Indicó Ana María Montenegro vecina de cipreses y ecologista activa en esta lucha y afectada directa de la contaminación.

En todo caso para los activistas del Bloque Verde es claro que esta posible prohibición que hoy se discute es un evidente logro de la lucha popular ecologista en defensa del agua y la gente. Nada de esto se hubiera descubierto y discutido sin el empuje de las comunidades defendiendo sus bienes comunes y con el invaluable apoyo de las universidades públicas donde destaca la UNA y la UCR.

Nuevamente Escuela La Ceiba de San Juan de Florencia fue afectada por plaguicidas de piñera

  • Intoxicación en Escuela de La Ceiba afectó a 29 personas valoradas y 8 trasladas al hospital
  • En agosto del 2019 sufrieron el mismo incidente con piñera que está próxima a la Escuela
  • Es la segunda Escuela en los últimos días afectadas por fumigación con agroquímicos

En Platanar de Florencia de San Carlos estudiantes y trabajadores de la Escuela La Ceiba fueron trasladados a centro médico.  La piñera Bella Vista está a menos de 50 metros de la Escuela, salón comunal y casas de habitación (Allan Jara, 5-5-23).

La emergencia en escuelas fumigadas en Costa Rica no es nueva en días recientes la Escuela de Villanueva de Upala, sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos (Bloqueverde 2-5-23).  La expansión piñera ha invadido los alrededores de Escuelas, Iglesias, Ebais y centros de población.

Costa Rica no cuenta con reglamentaciones sobre las fumigaciones sobre centros de población, centros educativos o de salud. Las autoridades se niegan a generar normativa al respecto.

Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.

Desde el Bloqueverde propuso que ese proyecto incluya además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.

Por su parte el Frente Nacional de Sectores Afectados por las Plantaciones Piñeras solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa crear medidas para que las comunidades no sigan siendo fumigadas con plaguicidas y las piñeras. El FRENASAPP reitera la importancia de que se retiren al menos 200 metros (1).

Se reportan números casos en los que las comunidades se han quejado de fumigaciones que afectan centro de población. En el Congo de Guácimo, provincia de Limón, están expuestas todos los días a la aplicación de agroquímicos a pocos metros de sus casas. Cuando hay aplicaciones todas las familias deben de salir de sus propias casas para no ahogarse con el veneno.

Otro caso conocido fue la Escuela del Jobo de los Chiles en 2011, donde estudiantes estaban expuestos a los agrotóxicos diariamente debido a que la institución estaba rodeada por una plantación piñera (2).

Tras la cancha de fútbol se puede apreciar la escuela La Ceiba y la abrumadora proximidad de la finca piñera. (Foto: Christian Matamoros).

1.       Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental

2.       Denuncian escuela sitiada por la piña (2011). http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-ambientales/1080-denuncian-escuela-sitiada-por-la-pina.html