El Colectivo Agroecológico Zurquí (CAZ) y diversas organizaciones y personas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación por la reciente intoxicación de 17 estudiantes de la Escuela Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, ocurrida el pasado 24 de septiembre, tras la aplicación de un herbicida en una tomatera ubicada detrás del centro educativo.
En un comunicado urgente, el CAZ expresó su solidaridad con la comunidad afectada y calificó la situación como “indignante e inaceptable”. La agrupación hizo un llamado a apoyar la producción agroecológica basada en prácticas sustentables y libres de agrovenenos, al tiempo que exigió la declaratoria de San Isidro y otros cantones heredianos como zonas libres de agroquímicos en áreas públicas, ecológicas o de riesgo para la salud humana.
“La salud de nuestra niñez no se negocia. ¡Exigimos una infancia libre de venenos!”, enfatizó el Colectivo en su pronunciamiento.
Por su parte, en el pronunciamiento público conjunto, suscrito el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones firmantes denunciaron que este hecho revela una problemática estructural: el uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos altamente tóxicos en zonas residenciales, escolares y comunitarias, sin la debida supervisión ni fiscalización estatal.
El documento exige una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares. Asimismo, plantea la necesidad de establecer zonas de resguardo alrededor de centros educativos y áreas de recarga acuífera donde se prohíba la fumigación con agroquímicos peligrosos, además de fortalecer la educación ambiental y la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica.
Las organizaciones subrayan que “la vida, la salud y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés económico” y llaman a los medios de comunicación, instituciones públicas y comunidades a actuar con urgencia ante una situación que, señalan, no es un hecho aislado sino reflejo de un modelo productivo que requiere transformación profunda.
Entre las firmas que respaldan el pronunciamiento se encuentran:
Colectivo Agroecológico Zurquí
Organización Regenerativa Matzu Insigne
Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara
Finca Agroecológica La Amelia
Huerto del Colibrí
Red de Agroecología de Costa Rica
Finca Agroecológica La Plántula
Grupo de Vecinos Preocupados por los Agroquímicos de San Isidro
Puentes Comunes
Ambos comunicados concluyen con un mensaje común: la defensa de la salud, la niñez y el ambiente frente al uso de sustancias químicas que amenazan la vida y la integridad de las comunidades rurales.
Siembras de maíz dentro del área de protección de la naciente Carlos Calvo en Cipreses Oreamuno.
Ya se va a cumplir un año de que reparten agua en cisternas en Cipreses y siguen atomizando venenos sobre las nacientes como si nada y el Poder Ejecutivo tiene menos de tres meses para prohibir el Clorotalonil y no da señales concretas de cumplir por lo ordenado desde la Sala Constitucional.
Comunicado Frente Eco Cipreses
Poder Ejecutivo tiene menos de tres meses para prohibir el Clorotalonil y no da señales concretas de cumplir por lo ordenado desde la Sala Constitucional.
Ya se va a cumplir un año de que reparten agua en cisternas en Cipreses y siguen atomizando venenos sobre las nacientes como si nada…
Se sigue usando Clorotalonil en Costa Rica como si no hubiera dicho nada la Sala Constitucional.
Poder Ejecutivo tiene menos de tres meses para acatar sentencia de la Sala Constitucional que señala se debe prohibir el Clorotalonil.
Se sigue cultivando dentro de las áreas de protección y de recarga acuífera a pesar de lo señalado por la Sala Constitucional con el agravante Ministerio de Salud no hace cumplir y no da seguimiento sus propias órdenes sanitarias.
La resolución 2023-13384, perteneciente al expediente 22-026649-0007-CO, la Sala IV ordenó que en el plazo de seis meses (ya han pasado más de tres) se ejecuten las recomendaciones de un informe técnico que pidió la prohibición del Clorotalonil en Costa Rica. El Informe técnico fue emitido por el Ministerio de Salud, el AyA y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El criterio de las instituciones se origina luego de que sustancias de la degradación del agrotóxico clorotalonil estuviera involucrado en la contaminación de dos acueductos rurales de la zona norte de Cartago, en las comunidades de Santa Rosa y Cipreses en el cantón cartaginés, situación que tiene a unas 10 mil personas recibiendo agua potable en cisternas desde octubre de 2022.
Siembras de cultivos en el área de recarga acuífera Sobre la Naciente Carlos Calvo.
En el fallo se ordenó a la ministra de Salud, Mary Munive, y la Directora del Área Rectora de Salud de Oreamuno, Fiorella Fait Wong, establecer la coordinación con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), MINAE y del AyA para que dentro del plazo de seis meses se adopte lo dispuesto en el informe técnico mencionado, para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas.
A nivel internacional en la Unión Europea se decidió en el 2019 prohibir el uso del plaguicida clorotalonil porque se identificó un problema crítico en relación con la contaminación de las aguas subterráneas por los metabolitos del plaguicida. La Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil, como tal, está clasificado como carcinógeno.
En Suiza hace dos años por lo menos un tercio de los 26 cantones de Suiza, en su mayoría en la parte central del país, se detectaron niveles superiores a los recomendados. Lo cual decantó en la prohibición de este fungicida en toda la Unión Europea. (swissinfo.ch 06-2- 2020)
Mientras tanto el Gobierno Central le da largas al asunto para acatar lo señalado por la Sala Cuarta y ejecutar el informe técnico interinstitucional que recomienda prohibir el clorotalonil miles de personas siguen recibiendo agua con contaminantes agrotóxicos.
Desde octubre del 2022, la comunidad de Cipreses es abastecida con Cisternas de agua potable ya que el Laboratorio Nacional de Aguas corroboró los repetidos hallazgos del IRET de la Universidad Nacional, en donde los productos de la degradación del fungicida clorotalonil se encuentran por encima del límite permitido en más de 100 y 200 veces para consumo humano. Las sustancias contaminantes son: 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno y el 4-hidroxiclorotalonil que son los productos de degradación de CLOROTALONIL encontrados en el agua para consumo humano. El Laboratorio Nacional de Aguas ha encontrado los contaminantes degradados de clorotalonil en 7 fuentes de agua de dos ASADAS en la provincia de Cartago afectando hoy en día a más de 9000 personas.
Simbra de cultivos sobre área de recarga acuífera al Norte de la naciente Carlos Calvo.
Ministerio de Salud no hace cumplir sus órdenes Sanitarias y en Cipreses todo sigue igual:
En respuesta al Recurso de Amparo que el Frente Eco Cipreses metió al Poder Judicial en el año 2020 por el evidente irrespeto a la Ley de Aguas #276, se emitió la resolución 20-021797-0007-CO. donde el poder Judicial ordena al SINAC Cartago y al Ministerio de Salud de Oreamuno de Cartago hacer cumplir la ley y proteger el agua de la gente.
Ante al fallo emitido por el Poder Judicial a favor del Frente Ecologista de Cipreses el Ministerio de Salud actúa y emite un informe técnico (MS-DRRCE-DARSO-IT-00076-2021) donde recomienda girar órdenes sanitarias y se le pide al Acueductos y Alcantarillados para dar acompañamiento y vigilar para que la ASADA realice estudios hidrogeológicos tanto en la naciente Plantón como en la naciente de Carlos Calvo. No obstante, todo sigue igual y en reciente visita comunitaria se evidencia que aún siguen sembrando y aplicando agroquímicos sobre las áreas de recarga acuífera de las nacientes. “Parece que las instituciones en Cartago están pintadas en la pared” indicó Jordán Vargas vecino de Cipreses y afectado directo de la contaminación.
Ante el fallo señalado del Poder Judicial el Ministerio de Salud de Oreamuno giró órdenes sanitarias a los dueños de los terrenos circundantes, así como a los alcaldes de Oreamuno y Alvarado para hacer una valoración del área en los alrededores de las nacientes Plantón y Carlos Calvo para que se respete lo estipulado en la Ley de Aguas número 276 donde claramente se señala el respeto mínimo de 200 metros alrededor de la naciente. En la orden sanitaria el Ministerio de Salud solicita se les reporte mensualmente los avances en cumplimiento de los señalado mediante informes. “¿en qué decantó todo esto?” se preguntan los miembros del frente Eco Cipreses
Miembros del Frente Ecologista de la comunidad y afectados directos de esta situación indicaron: “Solicitamos se nos informe el ¿por qué en estos momentos se sigue aplicando y cultivando sobre las áreas de recarga acuífera? Ya hemos ganado tres recursos de amparo sobre esta situación y Cipreses parece tierra de nadie donde las instituciones no se hacen respetar ni hacen valer las leyes. Tendremos que acudir a la vía penal por desacato a las Sala Cuarta y defender nuestro derecho constitucional, ya esa es la única vía que nos queda”
Evidencia de lo señalado se presentan fotos del mes de julio del presente 2023 donde se aprecian siembras de maíz dentro del radio de los 200 metros de protección según la Ley de Aguas, así como cultivos de Brásicas que demandan agroquímicos en el área de recarga acuífera fotos tomadas en inspección comunitaria.
La Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud recomendó: conclusión, ante la situación de contaminación de agua para consumo “que se genere una gestión ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la prohibición del clorotalonil en el país, con el fin de proteger posibles fuentes de agua potable en riesgo de contaminación y buscar la remediación y rehabilitación de las fuentes ya contaminadas en el plazo más corto posible a fin de evitar una emergencia mayor” (MS-DPRSA-0668-2022).
Sigue diciendo el informe MS-DPRSA-0668-2022 que “el clorotalonil es un fungicida aprobado para uso en el país registrado bajo una gran variedad de nombres y usado en la agricultura en una gran variedad de cultivos. Una vez que la sustancia química entra en contacto con el ambiente, aire, suelo y / o microorganismos sufre una serie de modificaciones producto del metabolismo de organismos vivos o procesos químicos que lo descomponen en otras moléculas conocidas como metabolitos o productos de degradación, para el caso del Clorotalonil existe documentado más de 7 moléculas distintas de degradación” las cuales han demostrado ser altamente contaminantes en el agua subterránea presentando riesgos inadmisibles para la salud.
Preparaciones de suelo para agricultura intensiva y áreas deforestadas en el entorno de la naciente Carlos Calvo.
Lamentablemente, continúan los trabajos ilegales del proyecto aguacatero en la Zona Protectora El Chayote, esta vez se encuentran aplicando agrovenenos y quemantes para eliminar la cobertura vegetal, lo cual queda de manifiesto en las fotografías aportadas. Se observa el contraste entre áreas con vegetación seca y los potreros aledaños verdes.
Las aplicaciones de agrovenenos se realizan dentro de áreas de protección de nacientes de agua (a menos de 10 metros), se hacen sin permisos ambientales, sin medidas de protección para los trabajadores y utilizando conexiones ilegales de agua.
FEDAPRO aún se encuentra a la espera de alguna respuesta con respecto a la propuesta de trabajo presentada hace casi tres meses al Concejo Municipal de Naranjo para atender esta problemática.
La propuesta de FEDAPRO:
Elaboración de una tarifa de protección de recurso hídrico municipal aplicable a los recibos por el servicio de abastecimiento de agua potable en manos del acueducto municipal de Naranjo cuyos fondos sean destinados, exclusivamente, para la compra de terrenos de dentro de la Zona Protectora El Chayote y las áreas de recarga acuífera y protección de nacientes en el cantón de Naranjo (FEDAPRO ofreció elaborar gratis el proyecto).
Elaboración de términos de referencia para estudios hidrogeológicos de las nacientes del sitio para exigir que sean costeados por los empresarios que quieren establecer el presunto proyecto aguacatero.
Presionar al SINAC por la finalización de los estudios hidrogeológicos de toda la Zona Protectora El Chayote, los cuales, fueron solicitados y exigidos por FEDAPRO para consolidar la protección absoluta de estas áreas de recarga acuífera, en cumplimiento de la legislación nacional.
Actualizar y renovar los índices de fragilidad ambiental y cumplir con las exigencias establecidas en el informe de SETENA sobre dichos insumos.
Trabajar en una propuesta para aumentar el área y la categoría de manejo de la Zona Protectora El Chayote.
Terminar de tramitar y aprobar el Plan Regulador del cantón de Naranjo para que se ordene el territorio y se realice una planificación adecuada del espacio y los recursos para que, de esta manera, la municipalidad cuente con una herramienta legal para gestionar el uso adecuado del suelo.
Construir un plan de financiamiento y compra de todos los terrenos en manos privadas de la ZPEC.
Exigir la corrección de la información del registro nacional de concesiones y de la municipalidad para que las nacientes que están erróneamente identificadas como “ríos” sean redefinidas como “nacientes” para que se respete sus radios de protección de 100 y 200 metros establecidos en Ley Forestal y Ley de Aguas (esto es de perogrullo, pero, para información de toda la comunidad cantonal y nacional, el referido registro de concesiones está plagada de gravísimos errores en identificación de fuentes y coordenadas, lo que ha generado una situación de altísima invasión de áreas de protección, casos de contaminación con agro-venenos, entre otros), solicitud que, en múltiples ocasiones, ha sido hecha a la Municipalidad de Naranjo, el AYA y la Dirección de Aguas y que se encuentra sin ser atendida.
Buscar financiamiento y apoyo institucional para, en primera instancia, hacer los estudios hidrogeológicos de todas las nacientes captadas para abastecimiento humano del cantón de Naranjo y, posteriormente, proseguir con las demás nacientes no captadas.
Establecer una comisión municipal permanente con participación diversa de vecinos y vecinas del cantón para dar seguimiento, debatir y discutir sobre este caso y muchos otros relacionados con daños ambientales del cantón.
Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.
La petición está encarnada en Isabel Méndez, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño en Costa Rica cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace casi un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago (ucr.ac.cr)).
Si bien se desconoce desde cuando está contaminada el agua, la misiva firmada asegura que “Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo (Isabel) hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!” Sin embargo, los miles de personas firmantes aseguran que “el gobierno podría retrasar la prohibición si no sienten presión”.
Han sido años difíciles en Cipreses como cuenta Isabel: “además de no tener suficiente agua, mi hija Fiorella tuvo pólipos a los 16 y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo”.
Además, como es cada vez más común en la región Latinoamericana, las personas defensoras del ambiente, aseguran que: “hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo”.
Eso no asusta a Isabel ni a su grupo Frente Eco Cipreses pues insiste que “seguimos luchando porque el problema va más allá de Cipreses: ya sabemos que hay otras nacientes contaminadas, en zonas donde se cultiva el 80% de los vegetales que consumen la población de Costa Rica, y es probable que haya muchas más. No podemos seguir dejando que Syngenta use a países de América Latina y África de basureros químicos para botar productos que por ley ya no pueden vender en Europa”.
Este año se denunció que una comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
La petición es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Según la base de datos FAOSTAT tenemos un consumo de agro venenos de 23.44 kilogramos por hectárea lo que nos pone en el vergonzoso primer lugar en el mundo de utilización de estos venenos en la agricultura.
El gráfico y cálculo es un promedio de uso de agroquímicos desde el año 2000 al 2020 , es decir 21 años y fue realizado por el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del PNUD para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.
Estas son las estadísticas anuales que publica FAO y los datos son suministrados por ministerios de agricultura o entidades oficiales por país. La base de datos se llama FAOSTAT y está disponible en la página principal de la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
Vargas elaboró el gráfico a partir de la información de la base para luego ordenarlo de forma descendente, para ver quién era el “toxi-campeón”, como puede verse en la hoja de trabajo adjunta en Excel.
“El dato que grafiqué es el promedio que yo mismo calculé de ese período (2000 al 2020), ya que poner los datos de todos los países de todos los años da un gráfico sumamente saturado, difícil de leer” aseguró el especialista.
“Como vemos, Costa Rica sigue encabezando la lista de los mayores usuarios de plaguicidas en el mundo, de una serie de 21 años de reportes”, sentencia Vargas y agrega que “Cuando se trata de plaguicidas, el uso por país es muy fluctuante, año con año, como se ha visto en los registros de importaciones y exportaciones que lleva el Servicio Fitosanitario del Estado”.
Esto explica por qué un año puede aparecer de cuarto, por ejemplo en 2018, pero en un promedio de largo plazo se eliminan o reducen las variaciones interanuales.
Según los datos del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) el uso de plaguicidas en el país ronda los 10 kg/ha. Otros estudios por ejemplo el realizado por Elidier para el PNUD en 2022 (https://impactoplaguicidas.cr/documentos) aclara que el uso real de plaguicidas en la agricultura alcanza 34.45 kg/ha. Esta diferencia de cálculos se debe a que el SFE divide el total de agroquímicos reportados entre toda el área sembrada, tanto en agricultura como en pastos. Pero el estudio del PNUD calcula el uso de plaguicidas en las pasturas, descuenta esos plaguicidas del total utilizado en el país y divide el saldo de agroquímicos solo entre las hectáreas de cultivos, ya que en los pastos hay un uso menor de estos insumos, en comparación con los cultivos agrícolas.
Otro cálculo realizado en 2015 por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) arrojó un promedio de 18,2 kilogramos de plaguicidas por cada hectárea de cultivo agrícola. Mientras en 2010 el World Resources Institute, organización vinculada con el Banco Mundial y con sede en Washington, lanzó un informe sobre el lugar de Costa Rica en el consumo de pesticidas, con 51.2 kg por hectárea al año.
Denuncia que las regulaciones solo existen para los agricultores que no usan agroveneno
Aseguran que hay que prohibir una larga lista de agroquímicos en el país
El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) felicitó públicamente al Frente ECO-CIPRECES y comunidades de Oreamuno, por la “contaminación del agua que consume su comunidad, con derivados de la molécula del clorotalonil, uno de los fungicidas más utilizados en Costa Rica en hortalizas, verduras y frutas, y que ha sido prohibido en Europa y Estados Unidos, por su potencial carcinogénico y su capacidad para contaminar las aguas subterráneas”.
MAOCO agradeció a “ECO-CIPRECES por iniciar y liderar la campaña nacional por la prohibición del clorotalonil para limpiar las aguas, suelos, alimentos y para proteger la vida de todos los costarricenses. Reconocemos la histórica labor de este grupo de ciudadanos junto con instituciones que han facilitado la generación de información científica para fundamentar esta contaminación como el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, entre otras, para que al día de hoy contemos con una resolución de la Sala Constitucional que declara con lugar el recurso de amparo por contaminación por clorotalonil en Cipreses de Cartago, ordenando a las autoridades ejecutar las acciones para su Prohibición”.
Aprovecharon para denunciar que “las regulaciones solo existen para los agricultores que no usamos agrovenenos, como los orgánicos, mientras que los agricultores que contaminan están sin ningún tipo de regulación, ni fiscalización y están a la libre utilizando agroquímicos altamente cancerígenos, anteponiendo las ganancias económicas a costa de la vida, la salud y el ambiente.En muchas ocasiones nosotras, como personas agricultoras orgánicas nos vemos expuestas a sanciones por usar agua que contaminan las personas que utilizan agroquímicos, sin importar que no seamos nosotros los que contaminamos, somos los que debemos asumir la responsabilidad, así mismo cómo podemos garantizar producir orgánicamente, si vecinos que usan agroquímicos no están siendo regulados”.
Por eso aseguran “no es solo el clorotalonil el que se debe prohibir sino una lista más de agroquímicos que ingresan al país y que han sido prohibidos en otros, por su potencial cancerígeno y contaminantes”.
Consideran que el fallo reciente de la sala constitucional que sentencia el clorotalonil “es un gran logro, es un gran aporte no solo para la salud y bienestar de las personas de Cartago, sino para todas las personas habitantes de Costa Rica, este es un fallo histórico que evidencia lo que las personas agricultoras orgánicas venimos diciendo por muchos años, pero tristemente las autoridades esperan a que las comunidades afectadas sean las que deban sufrir todas las consecuencias algunas irremediables, para tomar cartas en el asunto”.
“Aplaudimos la labor de los magistrados por hacer cumplir nuestro derecho a un ambiente sano y garantizar la salud de las personas, además de la labor de las instituciones a cargo de realizar el “Informe Técnico Clorotalonil”. Sin embargo, MAOCO se pregunta, “donde están las demás instituciones públicas que por años conocen del uso de este y otra cantidad de agroquímicos altamente perjudiciales para la salud y el ambiente, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, que deben de estar velando por garantizar nuestro derecho a un ambiente sano y salud”.
MAOCO asegura que “Nosotros como agricultores orgánicos, sabemos que esta es una de tantas batallas que debemos luchar, para garantizar que los alimentos de los costarricenses sean producidos con prácticas agroecológicas que no contaminen los suelos, aguas y aire, que al contrario promueve la biodiversidad de los agroecosistemas, la vida del suelo y del agua”.
Finalmente cierran invitando a: «las personas agricultoras convencionales a que inicien los cambios en sus sistemas y tecnologías de producción hacia una agricultura orgánica, agroecológica, regenerativa libre de venenos, y encontrarán una gran oportunidad para seguir labrando la tierra sin contaminarla. Es por ello por lo que debemos promover, apoyar, consumir y producir con agricultura orgánica.” Mientras llama a la ciudadanía costarricense “a seguir defendiendo nuestro derecho a un ambiente sano y una alimentación libre de agroquímicos, una agricultura orgánica pues es la única manera para garantizar la salud y la vida”.
Gracias a la acción constante y bien fundamentada del Frente EcoCipreses, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso orientado a garantizar la salud de la población.
Puede verse un detalle del proceso mediante este enlace:
Abejas siguen muriendo intoxicadas por inacción gubernamental y codicia empresarial.
Urge prohibir al menos el clorpirifos, los neonicotinoides y el fipronil.
Comuniciado del Bloque Verde
20 de mayo 2023. En el Día Mundial de las Abejas exigimos una mayor protección para estos insectos mediante la prohibición de agro tóxicos fipronil y los neonicotinoides que han causado intoxicaciones masivas y la muerte de millones de abejas, daños irreversibles a la biodiversidad y contaminación de ecosistemas.
Según la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura, entre 2010 y 2020 se perdieron 2.200 colmenas sólo en la zona de Los Santos; y en el año 2020 se registraron aproximadamente 30 eventos de intoxicación masiva de abejas y la muerte aproximada de 100 millones de abejas. Para esta Cámara si se mantiene la mortalidad vista en 2020, Costa Rica podría quedarse sin abejas en el año 2035.
El Fipronil está prohibido en más de 30 países a nivel mundial, incluidos los de la Unión Europea, por ser considerado altamente peligroso para las abejas, insectos y ecosistemas agrícolas.
Desde 2019 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realizar un estudio científico sobre los efectos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel que tiene el uso de agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides. En 2022 los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería (MAG); y de Ambiente y Energía (MINAE) emitieron un dictamen técnico donde recomiendan cancelar el registro sanitario y prohibir el plaguicida Fipronil.
Sin embargo, en noviembre del 2022 el actual gobierno emitió el Decreto Ejecutivo N° 43767-S-MINAE que no cubre el uso agrícola que es el que está matando a las abejas y solo prohíbe el uso industrial y profesional o industrial que está relacionado con la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas, así como de uso veterinario. Es decir, este decreto en nada le ayuda a las abejas que es justo el uso agrícola al aire libre del Fipronil lo que las está matando verdaderamente. En su lugar este decreto sólo restringió su uso contra pulgas y garrapatas básicamente.
Datos del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la Universidad Nacional (UNA) nuestro país cuenta con más de 650 especies de abejas, de ellas 58 son especies de abejas nativas sin aguijón (Apidae, Meliponini). Son claves para la conservación de la diversidad en los ecosistemas del trópico y para a seguridad alimentaria y la producción de: aguacate, chayote, café, tomate, melón, sandía. Además 1.500 familias dependen directa o indirectamente de la apicultura en todo el país.
En el Día mundial de las abejas, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a celebrarse el 20 de mayo. En nuestro país en 2020 la Asamblea Legislativa aprobó una ley que declaran la apicultura de ‘interés público’ y crean el Día Nacional de las Abejas.
Rodrigo Chaves tiene razón al decir que el mercado de agroquímicos está muy concentrado.
Gravar la importación de agrotóxicos generaría al menos ₡11mil millones al año de recursos frescos para Hacienda.
Con poner impuesto a la importación NO habrá incremento de costos para consumidor final.
Según el informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio las exenciones fiscales de las empresas importadoras de agrovenenos para el año 2011 llegaron a los 22 millones de dólores, en ese año Costa Rica importaba aproximadamente 7,5 millones de Kg. Para el año 2019 el volumen de importación de plaguicidas llegó a 18 millones de Kg, mismos que recibieron exenciones fiscales que superan los 22 millones de dólares en 2018 con datos del PNUD, pero puede llegar hasta los 54,6 millones de dólares. Es decir, unos 32mil millones de colones.
Un punto a resaltar del informe de 2011 del MEIC titulado “Estado del Mercado de Agroquímicos en Costa Rica” es clave en esta discusión, debido a que se detectan una serie de distorsiones en el mercado de plaguicidas que resultan muy importantes debido a que le “restan competitividad al sector agrícola”.
El MEIC señala con detalle estas distorsiones: (a) Concentración en las importaciones de ingredientes activos en pocas empresas; (b) limitada información al productor sobre posibles sustitutos de principios activos que puede utilizar de acuerdo a sus requerimientos; (c) no dispone de información sobre el precio de los agroquímicos en los distintos puntos de venta del país. (d) El pequeño productor y productora debe comprar sus productos en los eslabones finales de la cadena lo que implica el pago deprecios más altos; (e) No existe transparencia en las estrategias de comercialización utilizadas por los proveedores en el mercado; (f) La falta de la construcción y el seguimiento de una base de datos permanente, no permite llevar un monitoreo permanente de la comercialización de agroquímicos en todos los eslabones de la cadena, lo cual limita el poder actuar del Gobierno, en casos de situaciones anormales de mercado. (g) Distribución del mercado entre empresas según ingredientes activos; (h) Precios más altos para los pequeños y medianos productores que no disponen de volumen de compra, ni liquidez y deben asumir cadenas de comercialización más extensas con precios más altos.
El MEIC concluye que la aplicación de la exoneración de los impuestos a la importación de maquinaria, equipo e insumos para la actividad agropecuaria no cumple la razón de ser de la Ley de Exoneraciones n° 7293. Una recomendación para el Ministerio de Hacienda de parte del MEIC señala: “… partiendo del hecho general, podría asumirse que el beneficio fiscal que crea el Estado, es para fomentar una actividad en la cual el Estado tiene un interés de desarrollar el sector productivo agropecuario costarricense y no beneficiar al sector productivo de otros países por medio de la exportación, la cual cuenta con instrumentos específicos”.
Esto lo menciona el MEIC debido a que Costa Rica se ha convertido en un reexportador de agrovenenos al resto de países centroamericanos y caribeños. Se cree que una cuarta parte de los agroquímicos importados son reexportados. De esta manera nuevamente el beneficio de la exonerasión lo termina aprovechando las empresas re-exportadoras y no los agricultores.
Entre las distorsiones más importantes está la tenencia al monopolio. Para dar algunos ejemplos podemos mencionar que en el caso del glifosato (producto formulado), son 20 las empresas que lo importan, a pesar de esto tres de ellas concentran el 70%. Por su parte el mancozeb (producto formulado) es importado por 15 empresas sin embargo, una sola empresa concentra el 89,96% del total delas importaciones de este plaguicida. El paraquat (producto formulado) es importado por seis empresas,sin embargo, tres empresas concentran el 77%. En el caso del oxamil (producto formulado), es una sola empresa la que lo importa.
Este tema que pocas veces de debate en la opinión publica es importante que se discuta en el marco de la crisis fiscal. Porque desde hace muchos años viene funcionando un mercado de los agrovenenos que ponen en riesgo la salud humana y ambiental de país. Un mercado poco regulado y que goza de exonerasiones de impuestos que no se traducen en un beneficio para los productores.
Los sobre precios de estos agrovenenos son otros de los factores que llevan al mercado del agroveneno este distorsionado. El MEIC encontró que para los plaguicidas más usados en el país el marguen de sobre precio que manejan los importadores y las casas comerciales detallistas van desde un 45% a un 101% con respecto al valor de importación. Otro factor más que es evidente que los últimos beneficiados de la exonerasión de los impuestos a los plaguicidas son los agricultores.
Desde el Sector Ecologista proponemos es urgente gravar las actividades más destructivas y contaminantes. La importación de agrotóxicos es una actividad que generaría ₡32 mil millones al año y que además debe de ir acompañada de una reforma legal que permita la regulación de la industria que ponen en riesgo la salud humana y ambiental.
La emergencia en escuelas fumigadas en Costa Rica no es nueva en días recientes la Escuela de Villanueva de Upala, sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos (Bloqueverde 2-5-23). La expansión piñera ha invadido los alrededores de Escuelas, Iglesias, Ebais y centros de población.
Costa Rica no cuenta con reglamentaciones sobre las fumigaciones sobre centros de población, centros educativos o de salud. Las autoridades se niegan a generar normativa al respecto.
Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.
Desde el Bloqueverde propuso que ese proyecto incluya además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.
Por su parte el Frente Nacional de Sectores Afectados por las Plantaciones Piñeras solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa crear medidas para que las comunidades no sigan siendo fumigadas con plaguicidas y las piñeras. El FRENASAPP reitera la importancia de que se retiren al menos 200 metros (1).
Se reportan números casos en los que las comunidades se han quejado de fumigaciones que afectan centro de población. En el Congo de Guácimo, provincia de Limón, están expuestas todos los días a la aplicación de agroquímicos a pocos metros de sus casas. Cuando hay aplicaciones todas las familias deben de salir de sus propias casas para no ahogarse con el veneno.
Otro caso conocido fue la Escuela del Jobo de los Chiles en 2011, donde estudiantes estaban expuestos a los agrotóxicos diariamente debido a que la institución estaba rodeada por una plantación piñera (2).
Tras la cancha de fútbol se puede apreciar la escuela La Ceiba y la abrumadora proximidad de la finca piñera. (Foto: Christian Matamoros).
1. Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental
