SURCOS comparte la siguiente información enviada por Confraternidad Guanacasteca:
La Sala Constitucional acaba de notificar el debido trámite de un recurso de amparo contra la Presidencia del MINAE, sobre el robo de agua y la legalización de los pozos ilegales perforados.
Un comunicado de Confraternidad Guanacasteca enviado a SURCOS indica que “se ha detectado que el 40% del agua de AyA es no contabilizada. Es decir que no se cobra”.
A nivel nacional, la situación de agua concesionada por MINAE, es mucho peor. Como es “de todos” nadie la cuida, señala la organización comunitaria.
“¿Quiénes son los “MALOS” que se apropian de nuestra agua?”, se plantea en el escrito. “En la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 22.709, para legalizar los pozos de agua perforados ilegalmente. Miles y miles de pozos”, precisa el comunicado.
¿Para beneficio de quienes es este proyecto?
“Conseguimos la lista de quienes aparecen en la lista de los que perforaron pozos de aguas, a escondidas, sin tener los permisos y realizan trámites para recibir concesión y disfrutar de agua para sus proyectos”.
Confraternidad Guanacasteca señala: “El premio mayor se lo lleva BANCO IMPROSA con 41 pozos de agua perforados en forma irregular. Estos pozos se encuentran «regados» por todo el país”. “Así trabaja este BANCO PRIVADO, llamado BANCO IMPROSA”, dice la organización.
Agrega: “En la lista aparece AZUCARERA EL VIEJO del señor Álvaro Jenkins presidente de UCCAEP, el SINDICATO que representa a los todos los empresarios del país, con 3 pozos perforados sin el permiso respectivo”.
Además en la lista de amnistiados están: CATSA (2); LAICA; FRUTAS DEL TROPICO S.A. (3); PURDY MOTOR S.A. (2); INV. AGRICOLAS B Y C S.A. (3); CORP. AGRICOLA DEL MONTE S.A. (2) ; PIÑALES DEL CARIBE GAC S.A. (3); COM. AGROINDUSTRIAL EXPOFRUT CAE S.A (2); LIMOFRUT S.A.(&); STANDARD FRUIT COMPANY DE COSTA RICA S.A.(5); TOTAI CITRUS CR S.A.(4); CIA. PALMA TICA (3); AGROGANADERA PINILLA S.A. (2); HACIENDA SOLIMAR S.A. (4). Los números entre paréntesis son los pozos que solicitan inscribir en los últimos años y que por la condición actual requieren de una amnistía que concede la Dirección de Agua del MINAE.
“Y aclaremos que se trata de agua suficiente para regar una finca o abastecer un edificio o urbanización completa. Además, estas empresas tienen otros pozos en operación, no les falta el agua”, explica Confraternidad Guanacasteca.
“Estos serán quienes más se beneficiarán, si los señores diputados aprueban ese proyecto de ley”, señala el comunicado.
La organización comunitaria expone que el delito de USURPACIÓN DE AGUAS es penado con cárcel en el artículo 226 del CODIGO PENAL de Costa Rica.
“El MINAE, encargado de cuidar nuestro recurso hídrico, solo sabe poner excusas y ofrecer perdones, amnistías y más concesiones”, concluye la información enviada a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca.
En el siguiente enlace se puede descargar el detalle de la situación expuesta:
Concejo Municipal de Belén pide a la Alcaldía hacer respetar fallo de la Sala Primera sobre el Humedal de La Ribera
Regidores de la coalición Unión Belemita enfrentan a la Administración Municipal para dejar de poner en tela de duda el Humedal.
Reacción se da tras conocerse formalmente el fallo de la Sala Primera que anuló la sentencia del 2020 del Contencioso Administrativo.
Respeto absoluto al fallo de la Sala Primera de Justicia, fue el acuerdo tomado por unanimidad por parte del Concejo Municipal de Belén en la sesión 52-2022 del pasado 6 de setiembre, tras conocerse los alcances de la resolución 000191-F-S1-2022 que ha devuelto la esperanza de supervivencia al Humedal de la Ribera.
El acuerdo de forma íntegra indicó: solicitarle a la Alcaldía Municipal procedan a desarrollar todas las acciones legales suficientes y necesarias para que la Municipalidad de Belén haga respetar lo resuelto en esa sentencia en todas las instancias administrativas y judiciales que lo requieran de acuerdo al bloque de legalidad y se le informe al Concejo de los avances.
De previo al acuerdo, las regidurías de la coalición Unión Belemita celebraron el fallo de la Sala Primera, y señalaron que es hora de que el Gobierno Local como un todo, acepte, en definitiva, que el tamaño total del Humedal ya no es objeto de discusión, por cuanto se ha oficializado que “el perímetro que demarca el humedal de La Rivera de San Antonio de Belén, el cual fue demarcado conjuntamente por la Dirección General del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central y la Municipalidad del Cantón de Belén” , es de 13 219,9 metros cuadrados ratificado así por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el oficio No 08-01014 del 26 de agosto de 2008.
La regidora María Antonia Castro señaló, en esa dirección, que inclusive el procurador que ha llevado el caso ha señalado ya que no se puede tramitar solicitudes contrarias a la normativa que protege el humedal.
‘’El señor procurador está en este caso desde el 2007, no le van a decir que el humedal no es lo que es, porque ya él lo sabe perfectamente. Otro ejemplo que quiero dar es el oficio AAA 453-2013 del señor procurador dirigido a Gladis de Marco de la oficina de Alajuela del Área Cordillera Volcánica Central del MINAE que en razón de todo lo expuesto: lo propio es abstenerse de tramitar solicitudes contrarias a la normativa de rango superior que rigen en el humedal de La Ribera de Belén y observando el debido proceso de negar las que se encuentren en curso’’. Relató Castro.
Inclusive el propio Concejo Municipal había oficializado el humedal mediante el acuerdo 20 de la sesión #59-2007 y acogió la demarcación del IGN en el artículo 06 de la sesión #06-2012, indicando:
“PRIMERO: Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador y a toda la Corporación Municipal que el Concejo acogió las determinaciones y descripciones sobre el Humedal de La Ribera de Belén en los documentos: oficio 08-01014 de 26 de agosto de 2008, del Instituto Geográfico Nacional y en el oficio AAA-1331-2011 de Lic. Mauricio Castro Lizano, Procuraduría General de la República. SEGUNDO: Instruir a la Secretaría para realizar la comunicación como corresponde. TERCERO: Incorporar al Expediente”.
Para el regidor Luis Rodríguez ya no hay discusión sobre la condición de humedal lacustrino, pues está claro y oficialmente declarado como tal, con todo el radio de protección de 50 metros que dicha condición otorga:
‘’Es un humedal lacustrino lo que otorga 50 metros de protección en sus márgenes. Ahora ese humedal fue declarado lacustrino por el SENARA que es el rector en aguas subterráneas y es una laguna según SINAC que es el rector en materia de humedales. Ahí no hay discusión. El que se drene el humedal no hace que se pierda la condición de lacustrino y, es más, drenar un humedal es delito penal, hay que volverlo a su condición inicial porque ahí alguien cometió un delito penal’’. Advirtió Rodríguez.
El énfasis de los ediles en señalar la oficialidad y el tamaño del humedal se da porque en el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo N° 29-2020-VIII los magistrados habían condenado al Municipio y fallado a favor del empresario Fabio Chaves y su proyecto de Prados de Belén, en base a que la parte municipal omitió señalar la existencia, tamaño oficial y área de protección del humedal, dando de esta forma pie a una duda que a hoy ya no existe.
En aquel momento los jueces consideraron “No cabe acá sostener una duda, cuando, se reitera, el municipio cuenta con los recursos técnicos y legales para establecer la lesión pretendida al interés público”. El juez Jonatán Canales Hernández explicó que la desestimación de la acción dependió de un error procesal de bulto, como lo fue que no se haya impugnado el permiso original de edificación en el sitio”. Además, agregó: “se debe prevenir a la demandada, tienen el deber de respetar la integridad del humedal y las nacientes y sus zonas de protección fijada por la ley”
Sala Primera si consideró el fondo.
Contrariamente a la resolución del Contencioso, la Sala Primera de Casación si señaló categóricamente que la protección del humedal era importante en la resolución final que vaya a tener el tema.
En el considerando III de la resolución, los magistrados señalaron que ‘’En consecuencia, hay un aspecto subyacente que resulta primordial, —por ello no puede dejarse de lado al momento de resolver la controversia—, a saber, está de por medio un bien de dominio público, que atañe a la protección del medio ambiente (norma 50 de la Constitución Política), y perteneciente al patrimonio natural del Estado (PNE), por lo cual concierne al interés público’’.
Por ello ordenaron volver a juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, con la novedad de que esta vez, la Procuraduría General de la República no participará como un tercer interesado en el litigio, sino como una parte activa en la defensa del patrimonio natural del Estado, en este caso, el Humedal. Igualmente, el SINAC será una parte activa en este nuevo juicio.
En criterio del regidor Ulises Araya, esta nueva oportunidad obliga al municipio a no volverse a equivocar con el tema de la ya oficializada área total del humedal.
‘’No hay y no debería existir más esta nebulosa absurda de que no se sabe de qué tamaño es el humedal, se sabe a plenitud y en consecuencia nuestro municipio debe corregir y actuar’’. Recomendó Araya.
Antecedentes al fallo de la Sala Primera.
En el año 2000, el empresario Fabio Chaves abrió 2 canales provocando el dragado del humedal de forma ilegal, lo que ocasionó la intervención de los vecinos que se le enfrentaron y se interpusieron ante la maquinaria y las bombas que drenaban, ocasionando daños al espejo de agua, hasta hoy.
Posteriormente, pese al grave daño ecológico y la muerte de tortugas, langostinos y peces, la Municipalidad de Belén otorgó ilegalmente permisos de construcción en el año 2004, y no fue sino hasta seis años después, que el Concejo Municipal, en el 2010 solicitó la anulación de los permisos mediante el procedimiento de lesividad que originó el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo.
En el 2020 dicho tribunal emite la resolución N° 29-2020-VIII donde falla a favor de Chaves y mantiene los permisos de construcción, momento en que la Dirección Jurídica de la Municipalidad recomienda al Gobierno Local declarar los permisos ‘’válidos y eficaces’’, recibir las obras de Prados de Belén y, no interponer recurso de casación a la resolución.
En aquel momento dicha dirección jurídica afirmó que la recomendación de no apelar se debía a que: los razonamientos esgrimidos por los integrantes de la Sección VIII del Tribunal Contencioso, en la Sentencia 29-2020-VIII, consistentes en atribuir falencias a la declaratoria de lesividad, por la falta de desarrollo de los motivos de nulidad, que afectarían los permisos de construcción cuestionados por esta Municipalidad, es un argumento que no podría subsanarse jurídicamente por medio de un recurso de casación’’.
Esta recomendación ocasionó posiciones divididas en el Concejo Municipal que deliberó entre si acoger o no lo que solicitaba la Dirección Jurídica, y pese a que en un primer momento los regidores rechazaron por voto 3 a 2, la propuesta; en la sesión #21-2020 del 21 de abril del 2020, una semana después la regidora del PUSC Lorena González, solicitó una revisión al acta y cambió su posición, por lo que el Concejo Municipal terminó aceptando la recomendación del director jurídico en la sesión #22-2020 del 28 de abril de ese año
Pero la historia no terminaría ahí, decenas de vecinos de Belén enfurecidos por la decisión de no apelar el fallo y declarar los permisos de construcción ‘’válidos y eficaces’’ juntaron 258 firmas e interpusieron un Recurso de Apelación en Subsidio y Nulidad Concomitante que se conoció en la sesión #25-2020 del 12 de mayo del 2020.
Esa misma noche el polémico acuerdo, fue anulado, tras propia recomendación de la Dirección Jurídica, quien al enterarse de que la Procuraduría de la República si había recurrido el fallo ante la Sala Primera, solicitó la anulación al Concejo Municipal debido a que el tema ‘’no era cosa juzgada’’. Pese al Concejo anular el acuerdo, ya para ese momento había vencido el plazo para presentar la apelación ante Casación, motivo por el cual finalmente le correspondió únicamente a la Procuraduría General de la República acudir a la Sala Primera, con un resultado afortunadamente victorioso.
‘’Son 22 años de esta lucha, a los primeros que hay que agradecerles es a los vecinos que no se han cansado. Tenemos que unirnos y seguir defendiendo el humedal y corregir los errores que se cometieron en el pasado, estamos en el momento para hacerlo y seguir adelante. Pero sí debemos recordar que esos errores nos llevaron a un proceso muy largo y eso costó tiempo y dinero’’. Indicó la regidora Marjorie Torres.
San Antonio de Belén, 8 de setiembre del 2022
Video disponible en el siguiente enlace:
Compartido con SURCOS por la Oficina de prensa de la Coalición Unión Belemita.
Ante la desidia en el Ministerio de Ambiente de no cumplir con el voto 2008-12109 de agosto del 2008, nos hemos visto en la necesidad de presentar ante la Sala Cuarta un “INCIDENTE DE DESOBEDIENCIA” acusando al MINAE, en la persona de su representante el Ministro de Ambiente, por no haber recobrado los terrenos de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888 ubicada en las montañas heredianas; no sólo por la desobediencia, si no que su inopia implica que están atentando contra el ambiente al ser la zona inalienable, imprescindible para preservar el agua de más del 60% de los habitantes del Valle Central.
Cómo es posible que nuestros gobernantes del siglo XIX tuvieron la visión de lo importante que son las montañas del norte de Heredia, por lo que crearon la Ley 65, y hoy los políticos son “apáticos” ante la necesidad de proteger las zonas donde están las fuentes de agua.
A continuación, se adjunta el escrito remitido a la Sala Constitucional:
Manuel Zumbado Corrales* manuel.zumbado@periodicoelguacho.com
La nueva tarifa de agua implementada por la administración municipal estaría traduciéndose en un beneficio para los abonados de mayor consumo en varios de los bloques tarifarios.
Así lo afirmó la Unidad Tributaria en el oficio UT-033-2022 del pasado 9 de mayo, en el cual la administración respondió las consultas solicitadas por Alexander Porras Quesada, vecino del cantón.
La respuesta se da luego que el Consejo Municipal conociera en la sesión ordinaria de 21 de abril del año en curso, la solicitud de Porras de una revisión de la tarifa.
En el documento, Porras solicita aclarar, entre otras cosas, “por qué los usuarios del bloque domiciliar (casas de habitación, estén o no ocupadas por su propietario) que consuman más de 81 metros cúbicos tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento”.
En la nota publicada por El Guacho de la edición de mayo del 2022 “Nueva tarifa de agua entra en vigencia a pesar de rechazo comunal” dimos a conocer que la nueva tarifa incluiría aumentos de hasta 64% en el bloque domiciliar.
Sin embargo, la solicitud enviada por Porras evidenció una reducción de la tarifa de agua para sectores de mayor consumo en varios de los bloques definidos por la administración del acueducto (Ver gráfico de barras en rojo). Según los datos aportados por Porras y luego confirmado por la Unidad Tributaria, los abonados en los bloques domiciliar (casas de habitación), ordinario (comercios) y reproductiva (comercios que utilizan agua como insumo de producción) en los segmentos de mayor consumo, se verían beneficiados por una disminución de la tarifa de agua.
A su vez, los bloques industrial (industria que utiliza el agua como materia prima de su proceso productivo) y provisional (construcciones) no se incluyeron en los aumentos tarifarios.
La Unidad Tributaria aclaró además que la nueva tarifa cumplió con los requerimientos establecidos por la Unidad de Acueducto Municipal y el debido proceso para su aprobación, según lo estipulado por el Reglamento para la Aprobación de Tarifas Por Servicios Municipales del Cantón de Belén.
A partir de lo solicitado por el Consejo Municipal, la administración deberá contratar nuevamente una empresa para realizar un estudio tarifario para el acueducto.
Los datos utilizados para concluir dichas afirmaciones corresponden a la información de consumo e ingresos por bloque para los abonados del acueducto municipal del año 2019, aportados por la Unidad Tributaria.
Los datos se obtuvieron aplicando la tarifa nueva a la información de consumo de abonados para el año 2019.
El 8 de junio de 2022, se realizó el foro “Plaguicidas en Costa Rica: El Agua de Cipreses y el cuido del bien común”, organizado por el Programa Kioscos socioambientales y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
La intencionalidad de este foro fue exponer sobre la mesa, temas primordiales como el uso alarmante de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, mencionado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, del riesgo para la salud humana y el ambiente, la conservación del medio, el uso sostenible de los recursos naturales, los retos y desafíos, entre otros. Se indicó en dicho informe que, los plaguicidas usados son de alta peligrosidad, estableciendo un rango significativo de uso muy por encima de países del continente que poseen condiciones agrícolas similares a las de Costa Rica.
La mesa de panelistas fue integrada por el representante residente adjunto del PNUD Kifah Sasa; la Docente en la Escuela de Salud Pública, Rebeca Alvarado; el Químico David Bolaños; el Químico Ambiental Clemens Ruepert; la Síndica del distrito Cipreses de Cartago, Isabel Méndez y la moderadora Isabel Avendaño.
Quema que se realiza previamente al cultivo de caña en Pácifico Central en Puntarenas. Foto Cortesía de: Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas.
Comprender las causas y el contexto de comunidades en conflictos socioambientales por prácticas extractivistas y la aplicación de estrategias en educación ambiental son acercamientos que la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla por medio de dos diferentes proyectos de acción social.
El proyecto TC-590: Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales, tiene como objetivo principal sistematizar y problematizar conflictos socioambientales que las comunidades enfrentan por el uso de recursos naturales en su territorio bajo una lógica extractivista que amenaza con dañar el entorno natural, así como el tejido social vinculado a este territorio.
El trabajo se ha realizado en 15 comunidades con aproximadamente 300 personas vinculadas a organizaciones comunales, asociaciones ambientalistas, asociaciones de desarrollo y Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS), grupos de vecinos y vecinas y personas que participan de procesos de defensa y cuido del territorio y los bienes comunes a nivel nacional.
Desde el año 2018 las acciones del proyecto se han concentrado en el Pácifico Central y el Pacifico Sur por la defensa del agua, entendida como un bien común en conjunto con organizaciones como la Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas, Comisión Rios Vivos, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador.
Para Dylanna Rodríguez Muñoz, coordinadora del proyecto, éste “problematiza los extractivismos desde esta lógica neoliberal capitalista pero también es colonialista y patriarcal, es decir hablamos de una trenza de dominaciones en la que confluyen estas tres formas, el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado (…) Es una apuesta política ya que no solo se trata de acompañar a las comunidades sino de comprender el contexto en que nos encontramos y por qué estos territorios son los elegidos por estas formas extractivistas”, concluyó.
Defender a los defensores
Desde el año 2021 se redirigen esfuerzos en la protección de las personas que defienden los territorios, a propósito de los asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales como el caso de Sergio Rojas, Jerhy Rivera y Jairo Mora.
Para Muñoz el primer logro es permanecer acompañando durante 13 años a las comunidades, otro aspecto a resaltar es el procesos de concientización y formación de estudiantes de Trabajo Comunal Universitario, acercándose a lógicas críticas y sociales de abordaje de los conflictos.
Capacitación realizada en Chomes. Fotografía: Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas.
Por otro lado, el trabajo interdisciplinario en el TCU ha permitido la revalorización de saberes provenientes de las comunidades, el encuentro y el intercambio así como la problematización constante, han permitido generar y construir teoría académica.
El trabajo detrás de un vaso de agua
El presidente de la ASADA y miembro de la Alianza de Comunidades de Puntarenas, Leonado Cordero Mojica, declaró que han trabajo en conjunto con la UCR en la atención de varios conflictos socioambientales en el cantón de Chomes. Entre ellos destacan las quemas, la siembra de caña, la extracción de materiales en la riviera de los ríos y luchas por el acceso a agua de las ASADAS.
“El proyecto ha sido muy importante para nosotros, nos han dado las herramientas de lucha, cómo defendernos“ argumentó Cordero. Destacó la importancia de las capacitaciones, el empoderamiento y acompañamiento del proyecto para enfrentarse a los intereses de las grandes empresas y el conocimiento de la institucionalidad para gestionar y documentar correctamente las denuncias.
“Nos hemos sentido acompañados, nos han brindado información que ha sido muy importante para nosotros”, indicó Cordero.
Uno de los casos de éxito es cuando se detuvo la concesión de un quebrador en el Río Guacimal. Esta maquinaria que pulveriza las piedras de los ríos para producir arena, genera un sedimento que afecta la vida marina y esteros, por lo que también altera la vida socioeconómica de la zona ya que la población depende de la producción de mariscos, crustáceos y peces.
Las herramientas, talleres, conocimientos y procedimientos brindados a la comunidad y la alianza, les ha permitido fortalecerse para enfrentarse a los intereses de grandes empresas.
Un trabajo similar ha ocurrido con la negociación con finqueros para que permitan el acceso al agua potable en las ASADAS. “La gente solo abre el tubo y sale agua, pero no tiene idea del trabajo que hay detrás (…) Cuando yo era niño tenía que caminar mucho para jalar agua y poder bañarme, no sabía de qué color era esa agua y hoy mi sobrino podrá tomar esa agua sin enfermarse (…) ¡vieran que rica y que buena es el agua de Chomes!”, concluyó.
El trabajo en escuelas es fundamental para el proyecto: TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental. Foto cortesía del proyecto.
Actividades humanas en armonía con la cultura ambiental
En la Sede del Atlántico de la UCR se desarrolla el proyecto TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental, cuyas acciones se concentran en el cantón de Jiménez.
Este proyecto tiene como objetivo promover prácticas ambientales en instituciones, organizaciones y comunidades de influencia del Recinto de Turrialba de la Sede del Atlántico, específicamente en los cantones de Turrialba y Jiménez, que fomenten una cultura ambiental en que las actividades humanas se lleven a cabo en armonía y con sustentabilidad ambiental.
Para tal efecto, se ha trabajado en escuelas y colegios, como Escuela de la Suiza de Turrialba, Escuela de Cecilio Lindo o, Escuela de Guayabo, Escuela de Pejibaye. Se realizaron invernaderos, talleres de sensibilización, separación y manejo de residuos orgánicos, composteras.
Con la Municipalidad de Jiménez en conjunto con la carrera de Ingeniería Agrónoma e Ingeniería en Desarrollo Sostenible -las cuales se imparten en la Sede del Atlántico-, se desarrolla un diagnóstico para la elaboración de un Plan de adaptación y mitigación de cambio climático orientado a la prevención de inundaciones y arborización.
A la izquierda se muestra el proceso de recuperación de un invernadero en una de las escuelas donde se desarrolla el proyecto. Fotos cortesía del proyecto: TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental.
“Me parece que este proyecto es una iniciativa importante como parte de todas las que tiene la Universidad con el tema ambiental. La Universidad ha hecho muchos esfuerzos, apoya la Unidad de Gestión Ambiental en la Sede del Atlántico y nosotros somos un producto más de gestión ambiental que inevitablemente creció en la sede y tiene la necesidad de proyectarse a la comunidad”, declaró Gerardo Peréz León, coordinador del proyecto.
En época de pandemia se generaron una serie de infografías con información importante para la región e incluso algunas con el Clodomiro Picado, sobre el comportamiento de las serpientes, orientado a la prevención de las mordeduras.
Diputaciones de Cartago del PLN y FA piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud sobre contaminación en el agua de Cipreses Oreamuno Cartago
Se realizará foro académico para esclarecer discusión técnica ante los hallazgos de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil en el agua de Cipreses
En el marco del Día Mundial del Ambiente se llevará cabo el foro PLAGUICIDAS EN COSTA RICA, EL AGUA DE CIPRESES Y EL CUIDO DEL BIEN COMÚN en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, facultad de Ciencias Sociales, el próximo 08 de junio a las 5:00PM de forma presencial (se adjunta afiche del foro).
El objetivo de este importante espacio es poder analizar los retos que enfrentamos como sociedad en materia de salud pública y ambiental ante los recientes hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses Cartago que vienen encontrándose por parte del IRET de la UNA. (adjunto análisis UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021). El clorotalonil fue prohibido en Europa y 17 países más por contaminar el agua con dichos productos de degradación y es lo que precisamente está sucediendo en la zona Norte de Cartago según denuncian voces de los habitantes desde la comunidad de Cipreses.
En el foro también estará presente en mesa la experta de la UCR, Rebeca Alvarado, quien en coordinación con el PNUD han dado a conocer recientemente el informe: Diagnóstico De Afectación A La Salud Por Uso De Agroquímicos En Costa-Rica (https://impactoplaguicidas.cr/repositorio/diagnostico-de-afectacion-a-la-salud-por-uso-de-agroquimicos-en-costa-rica/) donde se evidencia que solamente en el tratamiento de dolencias, incapacidades, y pérdida de productividad asociada al alto consumo de plaguicidas Costa Rica paga $9 millones al año. Eso sin contar y sin haber podido estimar las enfermedades crónicas de personas expuestas a plaguicidas como son las malformaciones congénitas, el cáncer, entre otras…
Costa Rica es uno de los países den el mundo de mayor consumo de agrotóxicos en el mundo según se han dado a conocer el reciente informe del PNUD https://impactoplaguicidas.cr/.
“Mientras los sectores corporativos industriales que lucran en el negocio de venta y consumo de plaguicidas exigen la entrada de nuevas moléculas, nadie está hablando de sacar del mercado nacional los plaguicidas que ya están prohibidos en otros países por ser altamente tóxicos y contaminantes, como por ejemplo el clorotalonil, que como podemos ver se ha encontrado en el agua de nuestra ASADA en Cipreses y bien sabemos del riesgo que esto representa para nuestra salud” Indicó Jordan Vargas vocero del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago que hoy lucha por la protección ecológica de las nacientes y la no aplicación de agrotóxicos en el área de recarga acuífera de las nacientes de su comunidad.
Por su parte la diputada Rosaura Méndez, Segunda Prosecretaria PLN y el Diputado Antonio Ortega del Frente Amplio piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud y han enviado escritos (ver adjuntos) desde sus despachos pidiendo explicaciones. Las diputaciones de Cartago cuestionan la falta de capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas ya que no tienen capacidad técnica de esclarecer la denuncia que con análisis de laboratorio en mano han hecho los integrantes del Frente Ecologista de Cipreses (se adjunta memorando del AYA GSUD-UEM-GAR-2022-01098).
Integrantes del Frente Ecologista de Cipreses reconocen el gran apoyo que la diputada Rosaura del PLN de Cartago y Antonio Ortega del Frente Amplio están dando por el cuido del bien común, la salud pública y los recursos naturales con sus acciones concretas como diputaciones de la provincia y se evidencia el compromiso real con el bienestar de la gente.
La ASADA de Cipreses Cartago es muy importante ya que abastece a más de 3000 personas. Esta ASADA brinda agua a cantones de Oreamuno, Paraíso, Alvarado y a la comunidad de Cervantes. Los vecinos de esta zona están preocupados ante la alta incidencia en cáncer estomacal que bien se conoce en la provincia y su relación con el consumo de plaguicidas.
Este 2022 el Programa de Gestión Local adscrito a la UNED tiene el gusto de invitar a la comunidad nacional e internacional a un espacio de encuentro y reflexión ambiental alrededor de la importancia del agua. La actividad se encuentra enmarcada dentro de la celebración del Día Mundial del Agua para el fortalecimiento del servicio comunitario en las localidades.
