El 8 de junio de 2022, se realizó el foro “Plaguicidas en Costa Rica: El Agua de Cipreses y el cuido del bien común”, organizado por el Programa Kioscos socioambientales y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
La intencionalidad de este foro fue exponer sobre la mesa, temas primordiales como el uso alarmante de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, mencionado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, del riesgo para la salud humana y el ambiente, la conservación del medio, el uso sostenible de los recursos naturales, los retos y desafíos, entre otros. Se indicó en dicho informe que, los plaguicidas usados son de alta peligrosidad, estableciendo un rango significativo de uso muy por encima de países del continente que poseen condiciones agrícolas similares a las de Costa Rica.
La mesa de panelistas fue integrada por el representante residente adjunto del PNUD Kifah Sasa; la Docente en la Escuela de Salud Pública, Rebeca Alvarado; el Químico David Bolaños; el Químico Ambiental Clemens Ruepert; la Síndica del distrito Cipreses de Cartago, Isabel Méndez y la moderadora Isabel Avendaño.
Quema que se realiza previamente al cultivo de caña en Pácifico Central en Puntarenas. Foto Cortesía de: Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas.
Comprender las causas y el contexto de comunidades en conflictos socioambientales por prácticas extractivistas y la aplicación de estrategias en educación ambiental son acercamientos que la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla por medio de dos diferentes proyectos de acción social.
El proyecto TC-590: Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales, tiene como objetivo principal sistematizar y problematizar conflictos socioambientales que las comunidades enfrentan por el uso de recursos naturales en su territorio bajo una lógica extractivista que amenaza con dañar el entorno natural, así como el tejido social vinculado a este territorio.
El trabajo se ha realizado en 15 comunidades con aproximadamente 300 personas vinculadas a organizaciones comunales, asociaciones ambientalistas, asociaciones de desarrollo y Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS), grupos de vecinos y vecinas y personas que participan de procesos de defensa y cuido del territorio y los bienes comunes a nivel nacional.
Desde el año 2018 las acciones del proyecto se han concentrado en el Pácifico Central y el Pacifico Sur por la defensa del agua, entendida como un bien común en conjunto con organizaciones como la Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas, Comisión Rios Vivos, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador.
Para Dylanna Rodríguez Muñoz, coordinadora del proyecto, éste “problematiza los extractivismos desde esta lógica neoliberal capitalista pero también es colonialista y patriarcal, es decir hablamos de una trenza de dominaciones en la que confluyen estas tres formas, el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado (…) Es una apuesta política ya que no solo se trata de acompañar a las comunidades sino de comprender el contexto en que nos encontramos y por qué estos territorios son los elegidos por estas formas extractivistas”, concluyó.
Defender a los defensores
Desde el año 2021 se redirigen esfuerzos en la protección de las personas que defienden los territorios, a propósito de los asesinatos de líderes indígenas y defensores ambientales como el caso de Sergio Rojas, Jerhy Rivera y Jairo Mora.
Para Muñoz el primer logro es permanecer acompañando durante 13 años a las comunidades, otro aspecto a resaltar es el procesos de concientización y formación de estudiantes de Trabajo Comunal Universitario, acercándose a lógicas críticas y sociales de abordaje de los conflictos.
Capacitación realizada en Chomes. Fotografía: Alianza de Comunidades por la defensa del agua en Puntarenas.
Por otro lado, el trabajo interdisciplinario en el TCU ha permitido la revalorización de saberes provenientes de las comunidades, el encuentro y el intercambio así como la problematización constante, han permitido generar y construir teoría académica.
El trabajo detrás de un vaso de agua
El presidente de la ASADA y miembro de la Alianza de Comunidades de Puntarenas, Leonado Cordero Mojica, declaró que han trabajo en conjunto con la UCR en la atención de varios conflictos socioambientales en el cantón de Chomes. Entre ellos destacan las quemas, la siembra de caña, la extracción de materiales en la riviera de los ríos y luchas por el acceso a agua de las ASADAS.
“El proyecto ha sido muy importante para nosotros, nos han dado las herramientas de lucha, cómo defendernos“ argumentó Cordero. Destacó la importancia de las capacitaciones, el empoderamiento y acompañamiento del proyecto para enfrentarse a los intereses de las grandes empresas y el conocimiento de la institucionalidad para gestionar y documentar correctamente las denuncias.
“Nos hemos sentido acompañados, nos han brindado información que ha sido muy importante para nosotros”, indicó Cordero.
Uno de los casos de éxito es cuando se detuvo la concesión de un quebrador en el Río Guacimal. Esta maquinaria que pulveriza las piedras de los ríos para producir arena, genera un sedimento que afecta la vida marina y esteros, por lo que también altera la vida socioeconómica de la zona ya que la población depende de la producción de mariscos, crustáceos y peces.
Las herramientas, talleres, conocimientos y procedimientos brindados a la comunidad y la alianza, les ha permitido fortalecerse para enfrentarse a los intereses de grandes empresas.
Un trabajo similar ha ocurrido con la negociación con finqueros para que permitan el acceso al agua potable en las ASADAS. “La gente solo abre el tubo y sale agua, pero no tiene idea del trabajo que hay detrás (…) Cuando yo era niño tenía que caminar mucho para jalar agua y poder bañarme, no sabía de qué color era esa agua y hoy mi sobrino podrá tomar esa agua sin enfermarse (…) ¡vieran que rica y que buena es el agua de Chomes!”, concluyó.
El trabajo en escuelas es fundamental para el proyecto: TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental. Foto cortesía del proyecto.
Actividades humanas en armonía con la cultura ambiental
En la Sede del Atlántico de la UCR se desarrolla el proyecto TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental, cuyas acciones se concentran en el cantón de Jiménez.
Este proyecto tiene como objetivo promover prácticas ambientales en instituciones, organizaciones y comunidades de influencia del Recinto de Turrialba de la Sede del Atlántico, específicamente en los cantones de Turrialba y Jiménez, que fomenten una cultura ambiental en que las actividades humanas se lleven a cabo en armonía y con sustentabilidad ambiental.
Para tal efecto, se ha trabajado en escuelas y colegios, como Escuela de la Suiza de Turrialba, Escuela de Cecilio Lindo o, Escuela de Guayabo, Escuela de Pejibaye. Se realizaron invernaderos, talleres de sensibilización, separación y manejo de residuos orgánicos, composteras.
Con la Municipalidad de Jiménez en conjunto con la carrera de Ingeniería Agrónoma e Ingeniería en Desarrollo Sostenible -las cuales se imparten en la Sede del Atlántico-, se desarrolla un diagnóstico para la elaboración de un Plan de adaptación y mitigación de cambio climático orientado a la prevención de inundaciones y arborización.
A la izquierda se muestra el proceso de recuperación de un invernadero en una de las escuelas donde se desarrolla el proyecto. Fotos cortesía del proyecto: TC-627 Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental.
“Me parece que este proyecto es una iniciativa importante como parte de todas las que tiene la Universidad con el tema ambiental. La Universidad ha hecho muchos esfuerzos, apoya la Unidad de Gestión Ambiental en la Sede del Atlántico y nosotros somos un producto más de gestión ambiental que inevitablemente creció en la sede y tiene la necesidad de proyectarse a la comunidad”, declaró Gerardo Peréz León, coordinador del proyecto.
En época de pandemia se generaron una serie de infografías con información importante para la región e incluso algunas con el Clodomiro Picado, sobre el comportamiento de las serpientes, orientado a la prevención de las mordeduras.
Diputaciones de Cartago del PLN y FA piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud sobre contaminación en el agua de Cipreses Oreamuno Cartago
Se realizará foro académico para esclarecer discusión técnica ante los hallazgos de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil en el agua de Cipreses
En el marco del Día Mundial del Ambiente se llevará cabo el foro PLAGUICIDAS EN COSTA RICA, EL AGUA DE CIPRESES Y EL CUIDO DEL BIEN COMÚN en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, facultad de Ciencias Sociales, el próximo 08 de junio a las 5:00PM de forma presencial (se adjunta afiche del foro).
El objetivo de este importante espacio es poder analizar los retos que enfrentamos como sociedad en materia de salud pública y ambiental ante los recientes hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses Cartago que vienen encontrándose por parte del IRET de la UNA. (adjunto análisis UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021). El clorotalonil fue prohibido en Europa y 17 países más por contaminar el agua con dichos productos de degradación y es lo que precisamente está sucediendo en la zona Norte de Cartago según denuncian voces de los habitantes desde la comunidad de Cipreses.
En el foro también estará presente en mesa la experta de la UCR, Rebeca Alvarado, quien en coordinación con el PNUD han dado a conocer recientemente el informe: Diagnóstico De Afectación A La Salud Por Uso De Agroquímicos En Costa-Rica (https://impactoplaguicidas.cr/repositorio/diagnostico-de-afectacion-a-la-salud-por-uso-de-agroquimicos-en-costa-rica/) donde se evidencia que solamente en el tratamiento de dolencias, incapacidades, y pérdida de productividad asociada al alto consumo de plaguicidas Costa Rica paga $9 millones al año. Eso sin contar y sin haber podido estimar las enfermedades crónicas de personas expuestas a plaguicidas como son las malformaciones congénitas, el cáncer, entre otras…
Costa Rica es uno de los países den el mundo de mayor consumo de agrotóxicos en el mundo según se han dado a conocer el reciente informe del PNUD https://impactoplaguicidas.cr/.
“Mientras los sectores corporativos industriales que lucran en el negocio de venta y consumo de plaguicidas exigen la entrada de nuevas moléculas, nadie está hablando de sacar del mercado nacional los plaguicidas que ya están prohibidos en otros países por ser altamente tóxicos y contaminantes, como por ejemplo el clorotalonil, que como podemos ver se ha encontrado en el agua de nuestra ASADA en Cipreses y bien sabemos del riesgo que esto representa para nuestra salud” Indicó Jordan Vargas vocero del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago que hoy lucha por la protección ecológica de las nacientes y la no aplicación de agrotóxicos en el área de recarga acuífera de las nacientes de su comunidad.
Por su parte la diputada Rosaura Méndez, Segunda Prosecretaria PLN y el Diputado Antonio Ortega del Frente Amplio piden cuentas al AyA y al Ministerio de Salud y han enviado escritos (ver adjuntos) desde sus despachos pidiendo explicaciones. Las diputaciones de Cartago cuestionan la falta de capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas ya que no tienen capacidad técnica de esclarecer la denuncia que con análisis de laboratorio en mano han hecho los integrantes del Frente Ecologista de Cipreses (se adjunta memorando del AYA GSUD-UEM-GAR-2022-01098).
Integrantes del Frente Ecologista de Cipreses reconocen el gran apoyo que la diputada Rosaura del PLN de Cartago y Antonio Ortega del Frente Amplio están dando por el cuido del bien común, la salud pública y los recursos naturales con sus acciones concretas como diputaciones de la provincia y se evidencia el compromiso real con el bienestar de la gente.
La ASADA de Cipreses Cartago es muy importante ya que abastece a más de 3000 personas. Esta ASADA brinda agua a cantones de Oreamuno, Paraíso, Alvarado y a la comunidad de Cervantes. Los vecinos de esta zona están preocupados ante la alta incidencia en cáncer estomacal que bien se conoce en la provincia y su relación con el consumo de plaguicidas.
Este 2022 el Programa de Gestión Local adscrito a la UNED tiene el gusto de invitar a la comunidad nacional e internacional a un espacio de encuentro y reflexión ambiental alrededor de la importancia del agua. La actividad se encuentra enmarcada dentro de la celebración del Día Mundial del Agua para el fortalecimiento del servicio comunitario en las localidades.
La legisladora Paola Valladares, con bombos y platillos, anunció que la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el proyecto número 22.437 para, supuestamente, “solucionar el problema de registro en Costa Rica”. En realidad, este es un texto escrito a puño y letra de los importadores de venenos.
Este proyecto de ley está muy lejos de lo que el país requiere: un sistema de registro basado en un sustento técnico-científico. En el año 2004, la Contraloría General de la República (CGR) realizó un diagnóstico técnico al sistema de registro de plaguicidas, donde señaló los principios básicos que tienen que sustentar un registro de plaguicidas en nuestro país. Dicho documento, conocido como D-FOE 19-2004, es vinculante para la administración y su obligatoriedad fue señalada por la Sala Constitucional en la sentencia 2004-13968. Pero nada de esto fue tomado en cuenta por la Comisión de Agropecuarios.
Esta propuesta de ley contradice el Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) del año 2010. Además, pierde la objetivación de lo que debe ser un registro de plaguicidas, que es el elemento central en las políticas agrícolas, de salud y protección al ambiente, cuya implementación debe tener bases sólidas técnicas-científicas y no solo de índole comercial, como la propuesta aprobada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la actual Asamblea Legislativa. Esta propuesta, carente de sustento técnico, solo provocará problemas a los y las agricultoras, en la salud humana y en los ecosistemas.
Incluso, la FAO define el registro de un plaguicida como el proceso por el que la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y utilización de un plaguicida, previa evaluación integral de datos científicos que demuestren que el producto es efectivo para el fin al que se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal o para el ambiente. Por lo cual, las empresas deben presentar todos los documentos científicos necesarios para demostrar que el producto a registrar no presenta externalidades negativas.
Esta propuesta de ley lo que representa es una desregulación o “simplificación de trámites” a favor de los vendedores de plaguicidas cediendo el Estado su deber ser, ante el interés particular y el enriquecimiento privado. Al Estado le corresponde la protección de la colectividad social misma, que encuentra sustento en nuestra Constitución Política y en las normas internacionales de lo que debe ser un registro de plaguicidas.
El registro de plaguicidas tiene una importantísima connotación en el ordenamiento jurídico nacional costarricense, pues se inserta como uno de los instrumentos de efectiva tutela de los derechos fundamentales de la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, a los derechos de los consumidores (artículo 21, 46 y 50 de la Constitución Política). Caso contrario este proyecto de ley, ya que, por la forma en que se ha presentado, lo que busca es facilitar el registro y la comercialización de plaguicidas en beneficio de los vendedores de plaguicidas, con absoluta omisión de competencias de los distintos ministerios y de los valores superiores que rigen la materia; sin resguardar, en este caso, ni la calidad de los productos, ni buscar un beneficio al agricultor y los posibles riesgos a la salud y al ambiente. Lo que constituye una evidente desviación a los principios básicos que deben regir en esta materia.
Además, lo que la industria del veneno pretende con este tipo de Ley es algo muy similar a lo que se estableció en la Ley N° 8702, “Trámites de Solicitudes de Registro” del año 2009. En la que se buscó darle diez años más de vida comercial a todos esos productos conocidos como moléculas viejas (muchas prohibidas en muchas partes del mundo); que en este país no han sido evaluados integralmente desde sus registros.
Hay que recordar que desde el año 2004 la CGR indicó que, “se deben tener como fuera de ordenamiento jurídico aquellos registros en los cuales no se hubiese dado cabal cumplimiento de la normativa constitucional, internacional y nacional que regula el proceso de registro de estas sustancias”. Pero en Costa Rica, han transcurrido 18 años desobedeciendo a la CGR y ahora quieren 10 años más para seguir vendiendo esas sustancias.
El discurso de la industria y las diputada Valladares han utilizando como mampara el favorecimiento a los agricultores, a bajar precios y a la agricultura en general, pero el verdadero interés con este tipo de propuesta de ley es que, algunos sigan haciendo más ricos en detrimento de la eficacia de los productos en el campo, que sigamos consumiendo residuos de plaguicidas, como se evidencia en el informe de residuos de plaguicidas del Servicio Fitosanitario del año 2021 donde el 23 % de los productos que conseguimos en el mercado está contaminado con residuos y que sigamos consumiendo agua contaminada, como le ha sucedido a los pobladores de Siquirres, Pital de San Carlos y más recientemente, a los pobladores de Cipreses de Cartago.
Quienes defienden este proyecto de ley, pretenden seguir vendiendo productos obsoletos, muchos de los cuales no se venden en Estados Unidos o Europa, como el caso del metamidofos, producto altamente tóxico. El clorpirifós por sus efectos severos en la salud de los niños está prohibido en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países. Por otro lado, la carbendazima es un posible cancerígeno y el clorotalonil está catalogado como un posible carcinogénico, para citar algunos de los muchos que se comercializan en el país.
Otro de los objetivos de esta ley es, sacar de la participación de la evaluación de riesgo de estas sustancias químicas al Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), haciendo una interpretación obtusa de la Ley N° 7664 (Ley de Protección Fitosanitaria). Ante esta situación, tanto la CGR como distintos tribunales judiciales han indicado que, la participación del MINAE y el MINSA son imprescindibles en la evaluación de los agroquímicos. Esta tarea, por ley, no es exclusiva del Servicio Fitosanitario del Estado ni del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que deben estar presentes en la toma de decisión por sus competencias legales en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.
El país requiere de una ley de registro acorde con la normas nacionales e internacionales, con nuestros derechos constitucionales y no con una ley hecha a la medida para que los vendedores de plaguicidas hagan su agosto vendiendo productos altamente tóxicos -muchos de los cuales están prohibidos en muchos países-, en detrimento de la salud de todos los costarricenses y el deterioro de nuestro ambiente, incluyendo el agua y los alimentos que llegan a nuestras mesas. A las diputadas y los diputados les corresponde legislar en beneficio de la mayoría de los costarricenses y no para los mercaderes del veneno y la contaminación.
En el programa Alternativas del viernes 8 de abril de 2022, se desarrolló el tema de la realidad del agua y su acceso en el occidente del Valle Central de Costa Rica. Se contó con la participación de los siguientes invitados:
Adriana Muñoz Amores, trabajadora social, docente, e investigadora en la Sede de Occidente, UCR, CIDICER,
Alberto Gutiérrez Arguedas, geógrafo, docente e investigador en la Sede de Occidente, UCR y CIEP,
Rolando Salazar Quesada, administrador de ASADA San Roque en el cantón de Naranjo,
Maureen Vásquez Chacón, administradora de ASADA Los Criques, Valle Azul de San Lorenzo en el cantón de San Ramón.
En este programa, se discutieron las implicaciones socioeconómicas del acceso público al agua, y hubo una presentación por Adriana Muñoz sobre la gestión comunitaria del recurso hídrico en la zona del Occidente, y la incapacidad del estado para cubrir las demandas de acceso.
Se le invita a ver el programa emitido en YouTube, o a escuchar el programa Alternativas todos los viernes por Radio 16, 1590 AM.
Compartido con SURCOS por el Colectivo Reflexión-Acción.
En el programa Alternativas de hoy, viernes 8 de abril a las 6 pm, se desarrollará el tema de la realidad del agua y su acceso en el occidente del Valle Central de Costa Rica. Se contará con la participación de los siguientes invitados:
Adriana Muñoz Amores, trabajadora social, docente, e investigadora en la Sede de Occidente, UCR, CIDICER,
Alberto Gutiérrez Arguedas, geógrafo, docente e investigador en la Sede de Occidente, UCR y CIEP,
Rolando Salazar Quesada, administrador de ASADA San Roque en el cantón de Naranjo,
Maureen Vásquez Chacón, administradora de ASADA Los Criques, Valle Azul de San Lorenzo en el cantón de San Ramón.
También, habrá una sesión para responder a comentarios y preguntas dejadas en la sección de comentarios del Facebook de Alternativas.
Se le invita a ver el programa transmitido en Facebook Live, YouTube, o a escuchar el programa por Radio 16, 1590 AM.
Compartido con SURCOS por el Colectivo Reflexión-Acción.
El pasado mes setiembre de 2021, se presentó el Informe Técnico Caso ASADA Cipreses de Oreamuno por parte del AyA, en esta infografía les invitamos a reflexionar sobre las principales conclusiones y riesgos que representa la situación actual.
La infografía nos presenta 6 conclusiones las cuales son:
Se debe de verificar el caudal asignado de las nacientes.
Solo la naciente de San Francisco, presenta el caudal aforado estable. Las nacientes presentan condiciones de bajo caudal muy marcadas en al menos la mitad del año, por lo que la ASADA debería suplir este déficit con fuentes alternas.
Se evidencio la presencia de productos de degradación de agroquímicos en las pruebas de calidad del agua para la naciente de Plantón, además se evidencio la presencia de coliformes fecales y niveles de cloro residual por encima y debajo del reglamento de calidad del agua para mediciones puntuales dentro de la red de distribución.
Es necesario que se analice la demanda en la prestación del servicio, ya que ello tiene incidencia directa sobre el sistema de abastecimiento.
Es fundamental contar con estudios hidrogeológicos que determinen el radio de protección que se debe cumplir para cada una de las nacientes.
El balance hídrico modelado no es representativo de la realidad del acueducto del de la ASADA Cipreses.
Se evidenció una gestión administrativa y técnica deficiente:
Hay evidencia del riesgo del agotamiento de las naciones.
Hay una afectación negativa probada sobre la naciente de Plantón.
Sigue la ausencia de los estudios técnicos necesarios para determinar la condición de las nacientes para garantizar su protección.
Parece un cuento de nunca acabar, pero no lo es. Para un reconocido depredador ambiental del planeta, el BANCO MUNDIAL y su «brazo armado», la GWP (Global Water Partnership), el agua es el recurso natural más valioso.
Ninguno tiene más valor y como tal, quien tome control de él, gozará de un bien apetecido por las bolsas de valores. Por eso, en Costa Rica ese organismo ejecutó un gran engaño disimulado por una campaña muy bien financiada, con que convencieron a miles de personas que creyeron que, con su firma, estaban actuando en defensa del acceso al agua en cantidad y calidad suficientes cuál DERECHO HUMANO.
Sin embargo, gracias a diversas voces de alerta, eventualmente el proyecto de una nueva Ley de Aguas, fue derrotado y «medio enterrado». Pero amigos, tomen en cuenta que las intenciones de la GWP-BANCO MUNDIAL jamás serán las de rendirse, y sus «socios» ticos obviamente van a la cola. Con la celebración del DÍA MUNDIAL DEL AGUA es responsabilidad nuestra tener presente esta situación, si no deseamos más sorpresas indeseables.
Agua suficiente tenemos en Costa Rica pero solo la aprovechamos parcialmente no solo en generación de electricidad por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sino también para la producción agropecuaria, industrial y, por supuesto lo más importante, para el abastecimiento de agua potable de todos los habitantes. Logro derivado sin duda alguna, de la visionaria Ley de Aguas emitida originalmente con el ejecútese del presidente Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en 1942. Esa misma ley que, precisamente, tanto incomoda a la GWP-BANCO MUNDIAL.
Cierto que nuestras fuentes de agua son de incuestionable utilidad, pero es inconcebible que también se desaproveche como sucede con las aguas subterráneas del acuífero Barva que brotan en el Balneario de Ojo Agua. Agua que luego de caer por «la catarata» y fluir por las piscinas y el laguito artificial, corren por una quebrada sin nombre para finalmente terminar en el muy contaminado río Virilla. Agua que podría abastecer a cerca de 140 mil personas que hoy la necesitan, si las piscinas tuvieran un sistema de filtración y recirculación, como se tiene en otras piscinas recreativas, deportivas y turísticas. Tarea pendiente que demanda acción inmediata.
Pero lo que sucede en Ojo de Agua es despreciable, si lo comparamos con lo que sucede con las aguas de embalse (lago) del gran Proyecto Hidroeléctrico Arenal. Aguas que luego de generar electricidad en tres muy eficientes plantas del ICE, corren hacia abajo hasta llegar al mar, casi sin aprovechamiento alguno.
Situación que nos atrevemos a calificar de IRRACIONAL pues con esos billones de litros de agua votados allá cerca de la desembocadura del río Tempisque, se podría abastecer a más de 70 ASADAS en los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, e incluso Liberia.
Además, y de extraordinaria importancia para la producción agropecuaria, se podrían regar unas 16 mil hectáreas repartidas en cientos de fincas que hoy sufren de severas sequías. Al tiempo que la industria turística que representa la principal fuente de empleo y divisas extranjeras de Costa Rica, podría, en algunos casos, sustituir el uso de aguas subterráneas que tanto limitan su desarrollo, por fuentes de agua potable que, teniéndose a mano, son desaprovechadas.
Asimismo, es importante dejar bien claro, ante la incomprensible oposición de algunos que usurpan el histórico nombre de «Confraternidad Guanacasteca», que el proyecto «AGUA PARA GUANACASTE» se sustenta en un embalse en la cuenca del río Piedras, formado a partir del agua que proveniente del lago Arenal, hoy solo se aprovecha para generación hidroeléctrica. Embalse que inundaría 4,9% de la reserva natural Barbudal de casi 2.300 ha. Para compensar las 113 ha inundadas se adquirieron 500 ha de dos fincas colindantes.
Así, como en toda evaluación ambiental, se valoró el impacto y las medidas de compensación y mitigación, y por supuesto, los beneficios sociales, económicos y ambientales de cada proyecto, según el estudio elaborado por la prestigiosa Organización de Estudios Tropicales (OET), donde participan universidades estatales y estadounidenses con programas en biología tropical; así como profesionales del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y el ICE.
En fin, que este resumido comentario nos ayude a valorar aún más la riqueza hídrica que nos pertenece, como bien demanial, a todos los costarricenses, para estar siempre prestos a procurar su más eficiente uso y salir en su defensa cuantas veces sea necesario.
Detuvimos quebrador aguas arriba del puente sobre el río Guacimal
Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua | Cuando las comunidades nos movemos, podemos alcanzar algo de justicia ambiental para la naturaleza y nuestros intereses comunes. Desde el año 2018, quienes defendemos el agua tomamos la decisión de colaborar para defender el río Guacimal contra dos quebradores que amenazaban la fuente de agua del acueducto de Judas de Chomes.
En las reuniones de la Alianza, la Asociación Administradora del Acueducto (ASADA) de Judas comunicó su preocupación sobre el impacto de los dos proyectos mineros que pretendía explotar la empresa Inversiones Pétreas Ríos Guacimal S.A. a lo largo de 4 kilómetros dentro del cauce de este importante río.
Hay que recordar que el cauce del río Guacimal resguarda las aguas subterráneas que abastecen a los acueductos de Judas, pero también alimenta a los pozos del pueblo de Chomes. La Alianza está conformada por pobladores de distritos de Guacimal, Chomes y Manzanillo de Puntarenas, y actuamos en la defensa de las fuentes de agua de la zona.
Estudios ambientales incompletos
La Consultora Ambiental Guayacán S.A. ya había presentado el Estudio de Impacto Ambiental en el expediente 11279-13 del CDP Río Guacimal Abajo. Nos dimos a la tarea de analizar los estudios y se descubrieron varias inconsistencias, limitaciones en la aplicación de métodos científicos y faltantes de información.
Cuestionamos cuatro temas: los impactos acumulados sobre aguas subterráneas y posible afectación del pozo del acueducto comunal; impacto sobre el caudal por alteración del cauce y sedimentación en suspenso continuo; el impacto biológico no explicado en sus estudios incompletos; y cómo afirmaban que había viabilidad social si los vecinos que entrevistaron estaban en contra de los proyectos.
A partir de nuestra participación en el análisis ambiental, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) le pidió a la empresa presentar más información hidrogeológica y responder a todos nuestros cuestionamientos en un plazo de tres meses. Algo que no hicieron hasta vencido el tiempo, un año después, y de forma incompleta.
Por lo anterior, SETENA procedió a archivar el expediente en la resolución número 010-2022 del 7 de enero, cancelándoles el trámite del proyecto. El desarrollador no tuvo forma de apelar la orden de archivo del expediente, por lo que los primeros dos kilómetros del puente hacia arriba quedarán liberados del trámite de concesión para explotación del cauce.
Sigamos cosechando triunfos comunales
Por ahora celebramos el triunfo sobre el CDP Río Guacimal Abajo. Hemos detenido el trámite de una amenaza directa sobre el agua de la comunidad de Judas. Motivamos para que la comunidad nos apoye en seguir defendiendo el río Guacimal, que es nuestro patrimonio natural: un espacio para el disfrute sano de todas las personas y para el desarrollo de la biodiversidad.
La Alianza de Comunidades continuará defendiendo los ríos de la zona. Creemos en la construcción de una democracia participativa, en donde las organizaciones defendamos el interés común y los derechos ambientales de nuestro territorio. Sólo con participación consciente y activa habrá justicia en el desarrollo de proyectos, para que los intereses particulares no afecten al patrimonio de las comunidades.
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