El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentó el documento: “Progresos en la calidad de las aguas ambientales”. En este documento se realiza la presentación de la Iniciativa ONU-Agua para el Monitoreo Integrado del ODS 6.
“Mediante la Iniciativa de ONU-Agua para el Monitoreo Integrado del ODS 6, las Naciones Unidas tratan de apoyar a los países en el monitoreo de los asuntos relacionados con el agua y el saneamiento dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en la recopilación de datos nacionales para presentar informes sobre los avances mundiales hacia el logro del ODS 6.
La Iniciativa para el Monitoreo Integrado del ODS 6 reúne a organizaciones de las Naciones Unidas que tienen el mandato formal de compilar datos nacionales relativos a los indicadores mundiales del ODS 6 y aprovecha otras iniciativas en curso, como el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP), el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente para el agua dulce (SIMUVIMA/Agua), el Sistema Mundial de Información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el agua en la agricultura (AQUASTAT) y la evaluación anual mundial sobre saneamiento y agua potable de ONU-Agua.
Este trabajo conjunto propicia sinergias entre las organizaciones de las Naciones Unidas y la armonización de las metodologías y requerimientos de datos, de modo que aumenta la eficiencia en la divulgación y se reduce la carga de presentación de informes. En el plano nacional, la Iniciativa también promueve la colaboración transversal y la consolidación de las capacidades y datos disponibles entre las organizaciones. El objetivo general de la Iniciativa consiste en acelerar el logro del ODS 6 al aumentar la disponibilidad de datos de alta calidad para la adopción de políticas, regulaciones, planificación e inversiones con base empírica a todos los niveles. Más concretamente, tiene por objeto ayudar a los países a recopilar, analizar y comunicar los datos del ODS 6, y apoyar a los responsables de la formulación de políticas y de la toma de decisiones en todos los ámbitos para que utilicen estos datos.
Para ampliar más el tema se le invita a consultar el documento adjunto.
El Alcalde de Desamparados y candidato del PLN a diputado, Gilberth Jiménez Siles, recientemente publicó un espacio pagado en el medio LS Digital (https://fb.watch/aPYOdjZt7Y/ ), que raya en la más absoluta demagogia, mentira e ignorancia técnica, que comprobamos con algunas de sus frases.
“Minae ha rechazado el estudio de factibilidad para poder llevar a cabo la perforación de un pozo y oigalo (sic) donde iba a ser la planta gasificadora en Abejonal de León Cortés”. Esto demuestra un total desconocimiento y una inaceptable ignorancia por negligencia, pues no es el “MINAE”, si no la Dirección de Aguas del MINAE la que resuelve sobre un “permiso de perforación” y no sobre ninguna “factibilidad”. Al parecer, el Alcalde se lanzó sin ni siquiera haber leído el oficio DA-2050-2021.
Dice el Alcalde: “donde iba a ser la planta gasificadora” y “Con esto se da por concluido un proceso que nos tenía con gran preocupación, con gran incertidumbre y por supuesto que nos ocupábamos”. Es evidente que al Alcalde le sobran ignorancia técnica y falta de estudio. Esa resolución no “da por concluido” nada, pues son otras intancias las que resuelven en definitiva (Para más explicación: https://wp.me/p6rfbZ-h9d y https://www.facebook.com/319641188239974/posts/1907041042833306/ ).
En la misma línea agrega: “Hoy con gran satisfacción podemos decir que no es viable una planta gasificadora en Los Santos, en León Cortés, en Abejonal”. En realidad el Alcalde no tiene ningún derecho a decir nada, ni a sentir satisfacción, porque nunca ha tenido participación, y menos ayudado a quienes desde hace casi una década hemos frenado la gasificadora. Además, oculta que ese proyecto ha contado con el apoyo directo o solapado de la Administración municipal de León Cortés, que es de su mismo partido político.
Cuando el Alcalde dice “Tenemos que proteger nuestros mantos acuíferos” y” Gracias a todos los que nos han apoyado y los que también han hecho consciencia en proteger el medio ambiente”, muestra una hipocresía inusual, pues durante muchísimos años ha estado en contra y boicoteando a las comunidades y organizaciones sociales que luchan por salvar la Loma de Salitral en Desamparados. Y precisamente la Municipalidad ha sido el centro de esa disputa.
Esperamos que la inteligencia individual y colectiva del pueblo de San José, y sobre todo de los cantones que siempre hemos luchado contra la gasificadora (y muchos más proyectos), sin el apoyo de su Partido Liberación Nacional, impidan que este demagogo e ignorante, llegue a la Asamblea Legislativa, donde posiblemente magnificará su nefasto accionar.
Osvaldo Durán-Castro Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Un golpe letal recibió el proyecto de gasificación de residuos que la empresa Agropecuaria 7048 quiere construir en Los Santos, con la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, que le negó el permiso de perforación de un pozo para abastecerse de agua. Como se pudo comprobar, el sitio de la solicitud está dentro del área de protección de la naciente de la ASADA de Frailes de Desamparados. Anteriormente, otras ASADAS se habían negado a compartir su agua de uso comunitario con el proyecto privado de gasificación, y por eso la empresa intentó apropiarse del agua de Frailes.
Los riesgos para el agua de las comunidades han sido advertidos reiteradamente por la oposición a la gasificación, pero hasta ahora se obtuvo un veredicto de tanto peso para proteger el agua. El proyecto de gasificación que amenaza el agua, a los ecosistemas de la región, a todas las actividades agrícolas, productivas y de servicios, como el turismo, ha contado con el respaldo de la Administración municipal de León Cortés, que hasta ahora sigue desconociendo la oposición comunitaria y llegó a declararse “neutral”.
En el considerando quinto de la Resolución DA-2050-2021 se indica que “una vez realizado el análisis correspondiente se encontró que el punto de perforación se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”. La Dirección de Aguas del MINAE repite que, según la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, “Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”.
Para las organizaciones sociales, empresas y personas de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, que por más de 7 años hemos mantenido oposición a las iniciativas de incineración y gasificación en Los Santos, queda confirmado que la empresa Agropecuaria 7048 sigue siendo totalmente irresponsable ya que pretendía una perforación “para uso consumo humano (doméstico- industrial) industrial (planta gasificadora de residuos sólidos municipales”, sin importar que el sitio está dentro del área de protección de una naciente, lo cual es verificable a simple vista. También, es claro que esta resolución es una casual más para el archivo definitivo del expediente de la gasificadora por parte de la Secretaría técnica nacional del ambiente (SETENA), petición que ya hicimos con base en las numerosas y severas debilidades técnicas del Estudio de impacto ambiental del proyecto, y la ausencia total de viabilidad social.
En el último documento de información para las comunidades emitido por el Grupo Ecologista León Cortés, la Asociación PROAL y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON: “GASIFICACIÓN EN LOS SANTOS. OPOSICIÓN DESDE LAS COMUNIDADES”, se explicó que en el área donde la empresa Agropecuaria 7048 pretende construir la planta gasificadora, hay varias nacientes inscritas ante la Dirección de Aguas pues son de consumo humano en varias comunidades.
Se explica, con base en el análisis del geógrafo Efrén Hernández Bonilla que “el cerro El Abejonal y sus alrededores presentan una topografía caracterizada por ser una zona montañosa con pendientes muy pronunciadas. Esto ocasiona que cualquier actividad constructiva e industrial que se realice en la zona alta, va tener una repercusión directa sobre cultivos y bosques en las áreas más bajas. Por eso es que la naciente de la ASADA de Frailes es una de la que está en mayor riesgo, y la empresa nunca aportó medidas técnicas claras y eficientes en el plan de Gestión Ambiental presentado en el Estudio de Impacto Ambiental…”.
Frailes es una de las comunidades que más acciones de oposición ha realizado desde que el proyecto se dio a conocer como “planta incineradora de basura”, y hasta la fecha se siguen realizando concurridas sesiones de información y organización para detener la construcción de la gasificadora, que es la nueva versión de la empresa. De acuerdo con Marco Antonio Calderón Quirós, Presidente de la ASADA de Frailes, el pasado 7 de setiembre de 2021 en reunión con AyA, confirmaron el peligro de la pretensión de la empresa y de inmediato interpusieron la denuncia en la plataforma SITADA. Ante la resolución el dirigente comunal indicó que “nos alienta porque estamos ganando una batalla y nos damos cuenta de cómo debemos proteger el agua y su área de recarga”. Para las comunidades “es muy bueno que el MINAE nos de la razón y nos ponga atención en esta lucha por el agua, que también favorece la creación de la nueva área silvestre protegida”, en los cerros El Abejonal, La Trinidad y La Roca que abastecen de agua a Frailes y otras comunidades como San Antonio y La Angostura en León Cortés y otras de Tarrazú.
Esa resolución DA-2050-2021 es fundamental para evitar la construcción de la gasificadora, pero es además resulta un nuevo y claro llamado de atención a toda la población ante “prácticas agrícolas que incluyen tala, anillado, envenenamiento de árboles y socolado o limpieza del sotobosque para sustituirlo por cultivos agrícolas”, que se presentan en la región, incluida la Reserva Forestal Los Santos, como lo expusimos en una nota del Movimiento Quercus/Dota a la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y al Instituto del Café (ICAFE) el 03 de abril 2021. A modo de ejemplo: en los primeros 8 meses del 2019 de las denuncias tramitadas en la Fiscalía de Los Santos, 95 (un 70% del total) fueron delitos ambientales, que incluían invasiones para cambio de uso del suelo en bosques y áreas de recarga y de protección de nacientes y contaminación directa o indirecta con químicos; según datos aportados por el Ministerio Público y el MINAE-Los Santos. De hecho, en el cerro El Abejonal donde se quiere instalar la gasificadora, y en los cerros La Trinidad y La Roca, los cambios de uso de suelo, que muchas veces implican talas y otras formas de destrucción de la cobertura forestal, y otros delitos ambientales contra la vida silvestre, son prácticas comunes y pocas veces sancionadas.
La resolución de la Dirección de Aguas está fechada el 3 de diciembre de 2021 y fue notificada a la ASADA de Frailes el 25 de enero de 2022. La empresa había solicitado la perforación el 23 de setiembre de 2021 (Expediente 21652-P, Dirección de Aguas). Las comunidades de los cantones León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, ahora mismo siguen implementando acciones de información y sustentando técnicamente nuevas oposiciones, mientras esperan las respuestas que en febrero 2022 la empresa debe presentar a la SETENA. De esas respuestas, según esa misma Secretaría, depende que se archive o no del expediente de la gasificadora.
El cambio climático y la crisis civilizatoria han generado mayor presión sobre los recursos naturales, en especial el agua. Esta situación se torna tensa en regiones como Centroamérica donde la lógica extractivista ha sido el común denominador en las últimas décadas de la mano de las élites centroamericanas y la política pública de corte neoliberal.
Una publicación de académicos costarricenses con un enfoque sociológico, analiza la inserción de los Grupos Empresariales Diversificados en los mercados de agua. Esta investigación señala los peligros a los que se expone el líquido vital de la región centroamericana que corresponde al 1.5% del agua dulce del planeta, debido al constante interés de Grupos Económicamente Diversificados (GED) centroamericanos sobre las inversiones en mercados de agua, las prácticas de inserción de estos conglomerados en los llamados nichos económicos “verdes” que se amparan en una serie de políticas públicas de corte neoliberal y en los lineamientos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, mediante su brazo hídrico llamado Global Water Partnership (GWP).
En otras palabras, estas empresas aprovechan toda una serie de mecanismos que posibilitan la monetización de la naturaleza para operar bajo un modelo de libre mercado y amparado en una discursividad “verde”, a pesar que las proyecciones de dicho estudio revelaron que para 2050 el agua dulce potable estaría prácticamente agotada principalmente por los impactos de la industria cárnica (Retana, Arias, Torres; 2019)
Esta sugerente investigación aborda los diferentes mecanismos extractivistas desarrollados en la historia reciente de la región centroamericana, por ejemplo, aquellos que han permitido la monetización de los recursos naturales y por ende del acceso a estos como un derecho humano. Adicional estudia el proceso de inserción de las elites económicas en los mercados del agua en un contexto de transnacionalización, diversificación y competencia internacional.
Para una lectura completa:
Retana Céspedes, J. M., Arias Campos, L. D., & Torres Sandí, D. (2019). Las élites centroamericanas y la diversificación de inversiones: Los mercados de agua en Guatemala y Costa Rica. Anuario De Estudios Centroamericanos, 45, 345-371. https://doi.org/10.15517/aeca.v45i0.40698
Mediante la sentencia 2022- 000469 del 07 de enero, la Sala Constitucional emitió una resolución contra quien ocupa el cargo de ministro de Salud por ocultar información sobre la emergencia generada por la presencia de arsénico en el agua potable de varias comunidades de Bagaces.
El recurso de amparo fue interpuesto por Gad Amit Kaufman, a favor de la asociación ecologista Confraternidad Guanacasteca debido a que el ministro Salas fue omiso en responder en forma clara las gestiones solicitadas desde el 6 de septiembre; la sentencia señala que donde solo se dio respuesta únicamente al ítem de la gestión relativo a la disposición de residuos de arsénicos y no se atendieron otros temas de la gestión. En este sentido el expediente señala:
“No se ha suministrado la totalidad de la información solicitada. Manifiesta que, con ocasión de la interposición de este recurso, el ministro de Salud le brindó una respuesta; sin embargo, acusa que está incompleta. Sostiene que el Ministerio de Salud no ha tomado acciones para solventar el problema de contaminación del agua potable con arsénico, ni lo concerniente a la contaminación que han sufrido las personas por ingerir tal líquido, por lo que se han desobedecido las sentencias n° 2013007598 de las 14:30 horas del 5 de junio de 2021 y 2014014654 de las 9:05 horas del 5 de setiembre de 2021 dictadas por este Tribunal Constitucional dentro del expediente 13-004193-0007-CO”.
Arsénico y agua Guanacaste
El tema de la presencia de este elemento químico en el recurso hídrico en Guanacaste data de los primeros años de la década del 2010, un estudio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados señala que las principales fuentes de contaminación con arsénico en el agua son de origen natural, sobre todo en las zonas volcánicas. La otra fuente importante es la contaminación industrial (Mora, 2011). La preocupación por su presencia y efectos en la salud humana han generado esta lucha de más de diez años entre las comunidades y las instituciones públicas encargadas hasta la fecha. Donde la organización comunal junto con sectores ambientalistas han sido la clave para perseverar. En el contexto actual la Sala constitucional señala que:
“Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Se ordena a Daisy María Corrales Díaz y Javier Vargas Tencio, por su orden Ministra de Salud y Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes ocupen esos cargos, que de inmediato emitan las instrucciones requeridas y coordinen lo necesario para que en el plazo de seis meses, se determine científicamente la causa de la contaminación del agua para consumo humano con Arsénico en Guanacaste y la zona norte de Alajuela, para cuyo efecto deberán coordinar con el SENARA y las municipalidades afectadas, sin demérito de que participen otras entidades, como institutos universitarios de investigación.
En el ínterin, los accionados deberán adoptar todas las medidas necesariaspara que las poblaciones afectadas reciban agua potable con la cantidad y periodicidad suficiente, así como con la calidad requerida; asimismo, como mínimo cada tres meses deberán evaluar la calidad del agua en todos los acueductos que se han visto afectados. Una vez determinada la causa de la presencia de Arsénico en el agua destinada al consumo humano, los estudios respectivos deberán hacerse del conocimiento público y los recurridos deberán adoptar las medidas correspondientes para solucionar tal problema”.
Fuentes consultadas
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución nº 2022000469
Mora D. (2011) “Informe: acciones correctivas para disminuir las concentraciones de arsénico en el acueducto de la comunidad de Cañas” Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Laboratorio Nacional de Aguas.
El pasado sábado 11 de diciembre, la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas realizó un encuentro para promover el impulso a los caudales ecológicos, en el que se abordaron los siguientes temas:
Presentación de la guía “Construyendo caudales ecológicos desde las comunidades”.
Monitoreo y ajuste de concesiones en los ríos por parte de dirección de aguas.
Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y acciones posibles en 2022.
El miércoles 8 de diciembre se realizó una reunión importante entre los jerarcas de MINAE, la Ministra Andrea Meza, la Viceministra de Aguas, Cyntia Barzuna y el Director de Aguas José Miguel Zeledón y el sector ambientalista representado por el presidente de la Federación Ecologista – FECON Danny Villalobos, el representante de Confraternidad Guanacasteca Gadi Amit y el catedrático de HIDROCEC-UNA Christian Golcher.
El sector ambientalista presentó una innovadora propuesta para el manejo sostenible del recurso hídrico que se denomina: “AGUA – PAGO JUSTO- AMBIENTAL Y SOCIALMENTE”.
En resumen, se propone equilibrar el costo del agua entre los diversos usos, asegurando la sostenibilidad del recurso y generando desarrollo y reactivación económica.
El agua para abastecimiento humano es prioridad. Hoy los ciudadanos sencillos el AyA tienen una tarifa mínima de 409 colones, pero unos pocos empresarios reciben el agua, 3.000 veces más barato.
Se le regala ese bien propiedad pública, a unos pocos a 14 centavos de colón por metro cúbico.Y resulta que esos pocos, gastan el 50 por ciento del agua de Costa Rica. Eso contradice la legalidad, la ética y la moral.
Según los ambientalistas, el agua concesionada por MINAE – bien administrada debe producir al ESTADO un equivalente al 2 por ciento del PIB. Esos dineros se invertirían en protección ambiental y proyectos de desarrollo y reactivación económica.
Luego de escuchar la exposición de FECON, Confraternidad Guanacasteca e HIDROCEC-UNA, la Ministra Meza reconoció que lleva razón esta idea y quedó en presentarla al señor Presidente de la República, pues el cambio propuesto requiere emitir un Decreto Ejecutivo, y se requiere la firma del gobernante.
Esta propuesta se sustenta en el DECRETO EJECUTIVO N° 30480-MINAE, que Determina los principios que regirán la política nacional en materia degestión de los recursos hídricos.
Esta legislación resumidamente dice:
El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable.
La gestión del agua – deben regirse por un principio de equidad y solidaridad social e intergeneracional.
El agua debe ser considerada dentro de la legislación como un bien de dominio público.
Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos.
Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y de sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella.
El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura
y tecnología posible de modo que se evite su desperdicio y contaminación.
Concretamente, se propuso iniciar un proceso para unificar los criterios del costo ambiental del agua, para todos los usos del recurso. Adoptando los estudios y metodología, que tiene en uso ARESEP para el agua de consumo humano. Aplicarlo también a las aguas concesionadas por MINAE.
Con eso, se aseguraría la sostenibilidad, se lograría un gran ahorro, se ordenaría la gestión del agua y se generaría los recursos económicos para consolidar estas metas.
Información compartida con SURCOS por Asociación Confraternidad Guanacasteca.
El pasado miércoles 8 de diciembre, se realizó una reunión importante entre los jerarcas de MINAE, la Ministra Andrea Meza, la Viceministra de Aguas Cyntia Barzuna y el Director de Aguas José Miguel Zeledón y el sector ambientalista representado por el presidente de la Federación Ecologista – FECON, Danny Villalobos, el representante de Confraternidad Guanacasteca Gadi Amit y el catedrático de HIDROCEC-UNA Christian Golcher.
El sector ambientalista presentó una innovadora propuesta para el manejo sostenible del recurso hídrico que se denomina agua – precio justo – ambiental y socialmente.
En resumen, se propone equilibrar el costo del agua entre los diversos usos, asegurando la sostenibilidad del recurso y generando desarrollo y reactivación económica.
El agua para abastecimiento humano es prioridad. Hoy las familias tienen una tarifa mínima de 409 colones en el AyA.
Pero unos pocos empresarios reciben el agua, 3.000 veces más barato. Se le regala ese bien de propiedad pública, a unos pocos, a 14 centavos de colón por metro cúbico.
Y resulta que esos pocos, gastan el 50 por ciento del agua de Costa Rica. Eso contradice la legalidad, la ética y la moral.
Según los ambientalistas, el agua concesionada por MINAE -bien administrada- debe producir al Estado un equivalente al 2 por ciento del PIB. Esos dineros se invertirían en protección ambiental y proyectos de desarrollo y reactivación económica.
Luego de escuchar la exposición de FECON, Confraternidad Guanacasteca e HIDROCEC-UNA, la Ministra Meza reconoció que lleva razón esta idea y quedó en presentarla al señor Presidente de la República, pues el cambio propuesto requiere emitir un Decreto Ejecutivo, y se requiere la firma del gobernante.
Esta propuesta se sustenta en el decreto ejecutivo N° 30480-MINAE, que determina los principios que regirán la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos.
Esta legislación resumidamente dice:
El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable.
La gestión del agua debe regirse por un principio de equidad y solidaridad social e intergeneracional.
El agua debe ser considerada dentro de la legislación como un bien de dominio público.
Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos.
Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y de sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella.
El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y tecnología posible de modo que se evite su desperdicio y contaminación.
Concretamente, se propuso iniciar un proceso para unificar los criterios del costo ambiental del agua para todos los usos. Se debe adoptar los estudios y metodología que tiene en uso ARESEP para el agua de consumo humano, y aplicarlo también a las aguas concesionadas por MINAE.
Con eso, se aseguraría la sostenibilidad, se lograría un gran ahorro, se ordenaría la gestión del agua, y se generaría los recursos económicos para consolidar estas metas.
Hubo acuerdo en seguir el diálogo y tener una nueva reunión.
Aunque existe una conciencia generalizada de la necesidad de actualizar los instrumentos que regulan el aprovechamiento del agua, hay también una fuerte oposición de los sectores del status quo que se benefician hoy de los incentivos, la permisividad, los vacíos y los escasos controles públicos sobre el agua para mantenerla en régimen de apropiamiento privado a gran escala.
¿Cómo podemos evitar que nuestros ríos sigan siendo secados? ¿Cómo podemos intervenir un sistema que ha colapsado las cuencas de nuestro país? El grupo de análisis de gestión del agua y las cuencas de FECON ha intercambiado visiones tan distintas como comunes sobre esta temática y orienta las alternativas en estrategias económicas, legales y participativas.
En este boletín se analiza la situación actual de la gestión del agua en Costa Rica. En diferentes cuencas se están llevando a cabo procesos de lucha que dibujan los senderos por los cuales se puede caminar a la búsqueda de soluciones concretas a problemas comunes en otros lugares.
El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en junio sobre las acciones para la gestión del agua y las cuencas con participación de Rosylin Valverde de Asociación Protectora de la Cuenca de Sarapiquí, Gadi Amit de Confraternidad Guanacasteca y Oscar Beita con Madeline Kiser de Ríos Vivos.
La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas promueve un encuentro sobre el impulso a los caudales ecológicos. Se propone analizar oportunidades y avances. Se tocarán los siguientes temas:
Presentación de la guía “Construyendo caudales ecológicos desde las comunidades”
Monitoreo y ajuste de concesiones en los ríos por parte de dirección de aguas
Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y acciones posibles en 2022
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