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Etiqueta: agua

Confraternidad Guanacasteca: “Gobierno de Rodrigo Chaves condenado por Sala Constitucional”

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

En Sentencia 2023 – 000483 de las nueve horas quince minutos del trece de enero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, de los 7 magistrados.

En el POR TANTO se lee:

“Se condena al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria”

“Se declara con lugar el recurso.”

“se ordena a Natalia Díaz Quintana, Ministra de la Presidencia y a Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, …, que dentro el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde respuesta al recurrente sobre la gestión presentada en fecha 01 agosto 2022.”

“Se le advierte a las autoridades recurridas que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, …”

La gestión interpuesta por GADI AMIT presidente de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, reclama la falta de respuesta del señor Presidente de la República a una carta que se le envió y recibió en Casa Presidencial el día 1 de agosto de 2022.

El tema consultado es el agua, pozos ilegales y otros relacionados.

La SENTENCIA fue redactada por el Magistrado Cruz Castro

III.- HECHOS PROBADOS.

1. El día 01 de agosto de 2022, el recurrente remitió al correo electrónico:

despacho.presidente@presidencia.go.cr; un oficio dirigido al presidente de la República, en la que manifestó en lo que interesa: «(…)

Básicamente solicitamos criterio del señor Presidente Chaves

“sobre el proyecto, en la Asamblea Legislativa, expediente 22709, Proyecto «Amnistía para el Ordenamiento de Pozos no Inscritos y Otorgamiento de Concesiones para el Aprovechamiento del Recurso Hídrico en Actividades de Producción Agropecuaria» (…)

En la Motivación del proyecto 22709, se menciona empresas que exportan productos agrícolas, principalmente frutas, piña, melón, sandía, banano, cuyo principal componente es AGUA. Y lo hacen sin tener derechos al uso legal de este recurso hídrico. Lo roban.

Cometen el delito de Usurpación de agua artículo 226 Código Penal.

Los compradores- de frutas piden – CERTIFICAR el producto y los exportadores no pueden. Están engañando a sus clientes. Por el buen nombre de Costa Rica, la imagen en el exterior, esto es un pecado mayor.

Uno de los puntos esenciales de la promesa electoral de este gobierno fue, terminar con la corrupción.

Entonces solicitamos una clara posición ante esta grave situación.

“Durante el gobierno anterior, se hizo una amnistía similar, pero vía Decreto Ejecutivo No. 41851-MPMINAE-MAG. En realidad, se han hecho 3 amnistías de pozos ilegales vía Decretos. Una en 2002, otra en 2010 y la tercera en 2019.”

Eso no ha solucionado el problema.

“Dice SENARA DIGH- 027-2022 ente técnico competente en este tema. Asunto: Criterio sobre el Expediente Legislativo No. 22.709, «AMNISTÍA PARA ELORDENAMIENTO DE POZOS NO INSCRITOS Y OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

1. Se continuaría promoviendo e incentivando la perforación ilegal de pozos incumpliendo lo que se establece en la Ley de Aguas, ya que la perforación ilegal es una práctica muy común en el país. 2. Los tres anteriores procesos de amnistía no desincentivaron la perforación ilegal y más bien han colaborado a que se continúe con esta mala práctica, a la espera del siguiente decreto de amnistía que les permita inscribir los pozos ilegales. 3. No se solicita la información técnica del pozo como la profundidad de perforación, armado, diámetro de la tubería, análisis de calidad de agua, por lo que este registro no aporta información para valorar la viabilidad de explotación del pozo perforado y así mismo realizar investigaciones hidrogeológicas. 4. No se justifican cuáles son los caudales a solicitar y concesionar, no existe un estudio técnico que justifique la extracción del agua del acuífero. 5. No se solicita estudios de uso del suelo alrededor del pozo y por lo tanto no se puede evaluar las condiciones de riesgo a la contaminación a la que puede estar expuesto el acuífero debido a la explotación del pozo y por las actividades agropecuarias que se desarrollan en su entorno. 6. Según el artículo 3 el pozo será inscrito y de manera concomitante será concesionado y en el artículo 8 se indica que el solicitante podrá mantener el aprovechamiento del agua en las condiciones en las que viene haciéndolo, por lo que esta amnistía estaría permitiendo el aprovechamiento de pozos que legalmente no cumplen con los lineamientos de ley y/o técnicamente no deberían ser explotados por los riesgos a la afectación de la calidad o cantidad del agua subterránea, condición bajo las cuales fueron denegados pozos presentados en las tres amnistías pasadas. 7. Con las condiciones establecidas en el decreto se corre riesgo que entren a solicitud de inscripción pozos que ya fueron rechazados en las amnistías pasadas, que fueron denegadas las solicitudes de perforación y/o que se encuentran con orden o proceso de cierre. Por lo anterior, la DIGH del SENARA cree que no es conveniente para la sostenibilidad del recurso hídrico que se lleve a cabo el proyecto de ley del Expediente N.º 22.709 que tiene por objeto establecer una amnistía para inscribir los pozos que, a fecha de su entrada en vigencia, no se encuentren registrados ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía.

¿Qué responde el señor Presidente a este pronunciamiento de SENARA?

Le solicitamos al señor Presidente informarnos sobre sus planes y medidas sobre el manejo del agua.

La sostenibilidad del recurso hídrico es esencial para garantizar el futuro del país. Y con el cambio climático no podemos garantizar el régimen de lluvias y las aguas que tendremos disponibles. Solo podemos controlar el volumen de aguas que usamos o extraemos. Si se legalizan esos pozos, hoy perforados y explotados ilegalmente, sin estudios y seguridad de que no afecten acuíferos, otros derechos y servicios públicos, se estaría hipotecando el futuro del país, para entregarlo a manos de quienes violaron las leyes. El agua es el ÚNICO medio de producción, en manos del estado, que puede y debe ser planificado para servir de regulador, para asignarlo en volumen y condiciones determinadas a los diversos sectores económicos y sociales de Costa Rica, según un objetivo del país deseado. Desde el punto de vista social, usarse donde es prioritario (agua potable). Desde el aspecto económico definir o privilegiar en cantidad y costo, los cultivos de canasta básica o pequeños agricultores u otros criterios. Donde está el problema. El problema está y es la Dirección de Aguas de MINAE, que no cumple con sus deberes y obligaciones de controlar la perforación y explotación de pozos ilegales, morosos o con concesiones vencidas. (…)».

Sobre todo esto, preguntamos y ahora debe responder el gobierno.

Nosotros como ambientalistas comprometidos, defendemos el principio de agua para todos los habitantes a un precio justo y equitativo. Queremos sostenibilidad del recurso hídrico.

Como estamos seguros de lo que afirmamos y porque tenemos documentos que confirman que la administración del agua en el MINAE está incumpliendo con las leyes vigentes y entregando la mayoría del agua regalada a unos pocos “amigos”, grandes y poderosos, podemos informar que se están tramitando dos denuncias penales, sobre este problema.

Expediente 22- 000178-1218-PE contra el ex diputado CRUIKSHANK SMITH y otros por APOLOGIA DEL DELITO Y ASOCIACIÓN ILICITA.

Expediente 22- 000018-1955-PE contra JOSÉ MIGUEL ZELEDÓN CALDERÓN director de aguas de MINAE desde hace 34 años, por grave VIOLACIÓN A LEY DE AGUAS.

Está pendiente de sentencia una Acción de Inconstitucionalidad Expediente 22-001372-0007-CO que aportaría al ESTADO recursos frescos por más de 600.000 millones de colones anualmente.

Esperamos que este 2023 nos traiga un poco de justicia y un verdadero ordenamiento en el manejo del agua en Costa Rica.

Daremos a conocer las respuestas, cuando las recibamos.

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

ANEXO

  • SENTENCIA SALA IV
  • GACETA da curso ACCION INCONSTITUCIONALIDAD

Agradeceremos mucho toda divulgación y ecos que le den a este comunicado.

Sus muestras de apoyo serán bien recibidas en cuenta BCR Confraternidad Guanacasteca, Sinpe Móvil 8826-8216

SURCOS comparte los documentos aportados por la Asociación Confraternidad Guanacasteca:

VOTO-GANADO-CGDescarga
GACETA-CGDescarga

Solicitan a Municipalidad de Belén no avalar urbanización por afectación a la comunidad y a los manantiales de La Gruta

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Un grupo de habitantes de San Antonio de Belén gestionan ante el Concejo de la Municipalidad el cambio de acuerdos que permiten el desarrollo de una urbanización.

Con 324 firmas de apoyo señalan que el proyecto pretende construir una ciudad residencial para mil personas a partir de dos proyectos en la misma finca.

El grupo comunitario se opone, entre otras razones, porque se aprueban 18 pajas de agua para el proyecto a partir de que personal de la Municipalidad, mediante certificado entregado al urbanizador, cambiaron el uso del suelo a favor de este. También piden la demolición de la infraestructura construida en los años 90 por el finquero-urbanizador sobre los manantiales de La Gruta y donde se pretenden levantar las casas.

En la carta al Concejo Municipal de San Antonio de Belén se solicita específicamente rechazo a la disponibilidad de pajas de agua, así como la demolición de obras en la zona de protección.

Asimismo, se pide información amplia sobre el proceso y testimonio de piezas.

En la nota se indica:

“Los abajo firmantes, en nuestra condición de vecinos de la Asunción de Belén, recurrimos a ustedes con el mismo propósito que la vez anterior, pero con más fuerza, pues se nos han unido muchos vecinos de todos los barrios del distrito.

En esta nueva misiva, reiteramos nuestra rotunda oposición a que se aprueben nuevos proyectos urbanísticos en este distrito. El artículo 50 de nuestra Constitución Política nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente equilibrado; es decir, sin hacinamiento, sin ruido, sin congestionamientos vehiculares, sin contaminación del aire y sin contaminación de nuestras aguas. Tenemos derecho a que el agua de consumo en La Asunción sea de excelente calidad y esté al alcance de todos; que nunca nos falte porque vaya a ser entregada a megaproyectos urbanísticos.

Con respecto al plan de veinte viviendas, el de la Sociedad El Camino Gerizim en Finca La Negra, y que cuenta ya con el aval de ustedes en lo que concierne al otorgamiento de pajas de agua, solicitamos se revoque ese acuerdo. El informe técnico en el que se basó presenta vicios, como el cambio de uso del suelo a favor del desarrollador y carece de los estudios que demuestren la tesis municipal de que los barrios del distrito y del cantón soportarían una mayor carga vehicular y una carga descomunal de aguas residuales. Además, les pedimos soliciten, a la mayor brevedad, una investigación judicial sobre el proceder de los funcionarios que han estado otorgando a empresarios urbanizadores certificados de uso del suelo que no corresponden con los señalamientos de nuestro Plan Regulador.

Nos hemos enterado de que en la misma propiedad, en la Finca La Negra, se pretende otro desarrollo, en esta ocasión una ciudad para 900 habitantes, con entrada y salida por Calle Zumbado al igual que su proyecto anterior, y para el cual ya ha sido elaborado, por los mismos funcionarios municipales, el informe técnico que otorgaría al mismo 165 pajas de agua si ustedes, señores regidores, lo aprobaran en el Concejo.

Con respecto a la pretendida ciudad, incluidos los dos proyectos urbanísticos en la Finca La Negra, decimos un NO ENÉRGICO Y CONTUNDENTE y manifestamos nuestra disposición a llegar a las últimas consecuencias si ustedes autorizaran las pajas de agua para este descabellado proyecto contiguo al sitio histórico de La Gruta y sus ricos manantiales.

Algunas de las razones para oponernos a la construcción de dicha ciudad son:

a-Que nunca ha existido control por parte de la municipalidad sobre el estado de dicha finca con predominio de Zonas de Protección y Zonas residenciales de Baja Densidad. Que tampoco han sido verificadas correctamente las medidas de las zonas de protección de nacientes, quebradas y demás humedales que afectan a la finca La Negra.

b-Que desde los años noventa comenzó a funcionar ilegalmente en Finca La Negra, sobre dichas zonas de protección, un ruidoso negocio de recreo y esparcimiento que ni el municipio, los cuerpos de policía, ni el Ministerio de Salud han querido fiscalizar y que hoy día constituye el sitio en el que se pretende la construcción de dicha ciudad. A este respecto solicitamos se nos remitan los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

c-Que a pesar de la denuncia de vecinos, la administración municipal de entonces otorgó el permiso de funcionamiento de forma irregular, siendo negligente con el acatamiento de la normativa ambiental que debe aplicarse a una propiedad como Finca La Negra, rica en humedales y zonas de protección. En este sentido solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable. En este sentido, hacemos llamar la atención de que aún hoy día permanecen sobre los fuentes y su área de protección las canchas de baloncesto, los ranchos para barbacoas, piscinas, sin que se hayan mandado a derribar dichas construcciones que dicen mucho del irrespeto a las disposiciones legales ambientales por parte del propietario que, además, a lo largo de los años ha venido eliminando árboles de especies forestales nativas. Y en todo esto, el ayuntamiento jamás ha intervenido.

d-Que en el documento elaborado para que ustedes aprueben, o desaprueben, las 165 disponibilidades de agua potable, aparece un diseño del proyecto, entregado por el empresario urbanizador, donde claramente se aprecian las construcciones ilegales ubicadas dentro de Zonas de Protección. Solicitamos que la municipalidad de Belén utilice ese boceto en su poder, en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua a este proyecto urbanístico; asimismo, ordenen la demolición de la infraestructura existente en el lugar.

e-Que en este mapa que mencionamos, con el esbozo urbanístico, las torres de las casas para las 900 personas, los parqueos y calles aparecen dibujados sobre algunos bordes de las zonas de protección, y podría darse una invasión mayor si se aprobasen dichas construcciones. Que se trata de un diseño forzado, con calles que se estrechan de repente y pegadas completamente a las colindancias de otras propiedades sin que hayan sido constatadas sobre el terreno las distancias que debe haber a partir de los manantiales, quebradas y demás humedales, como hemos señalado en el punto A.

f-Que, lamentablemente, los técnicos de la municipalidad elaboraron dicho documento basados en las irregularidades señaladas en todos los puntos anteriores; por lo que de previo a valorar la aprobación de las Pajas de Agua Peticionadas, lo procedente es que se ordene la demolición de las estructuras que aparecen dentro de las áreas de protección de los cuerpos de agua existentes en dicho lugar.

h-Que ambos proyectos constituyen planes habitacionales para mil personas, que obviamente durante épocas festivas por la presencia de visitas, ese número será aún mayor y violentará, aún más, el derecho a la salud de los habitantes de la Asunción.

i- Que rechazamos cualquier intento de instalar sistemas de tratamiento de aguas negras en nuestros barrios donde las viviendas colindarían con estos, donde no habría controles como ha ocurrido históricamente en La Asunción y donde sus habitantes tienen derecho a respirar aire puro, sin olores fecales. Ya hemos tenido bastante con el relleno sanitario de la Uruca y los manejos inadecuados de las aguas negras.

j-Que previo al análisis de disponibilidades de agua para nuevos proyectos, se deben resolver los problemas ambientales señalados en el punto anterior.

k-Que rechazamos una nueva carga de aguas residuales vertidas en la Quebrada Las Bermúdez.

l-Que rechazamos cualquier intento de aumentar los ruidos por el estacionamiento y el tránsito vehicular dentro y fuera de Finca La Negra, vehículos que circularían por las estrechísimas calles ciegas de nuestros barrios.

ll-Que rechazamos cualquier intento por congestionar, aún más, las calles y carreteras del cantón, cuando a todas luces los mil vehículos de ambos planes de vivienda sumados a buses escolares, camiones repartidores y carros de los visitantes, impedirían la circulación de todos nosotros. Además de que esto sería nefasto para la economía del país y las emergencias médicas.

m-Que rechazamos cualquier intento por aumentar en nuestros barrios la contaminación del aire debido a la emisión de gases que generarían los vehículos de megaproyectos como estos.

Hacemos notar al Concejo Municipal, que resulta menos costoso para la Municipalidad de Belén no aprobar un proyecto de este tipo; pues de lo contrario implicaría un posterior proceso judicial de Lesividad que es muy complejo, extenso y oneroso, como lo ha sido el caso de los permisos constructivos de la urbanización Prados de Belén de la sociedad QUINTAELENA SOCIEDAD ANÓNIMA, en la cual se invade un humedal o lago ubicado en la Rivera de Belén.

Los acá firmantes estamos dispuestos a acudir a todas las instancias posibles para defender nuestros derechos en contra de este proyecto habitacional de Lagos de Belén, pues no permitiremos el otorgamiento de las aguas de nuestra comunidad a megaproyectos que, como estos, nos dejarían sin agua y, o, fueran a reducir los caudales de los acuíferos en momentos en que el líquido escasea en el mundo entero.

Ahora bien, nos permitimos hacer notar que el delito de invasión de área de protección tipificado en el artículo 58 de la Ley Forestal reza: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos.”

Cabe indicar que en el artículo 34 de la Ley Forestal se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.”

Por estas y otras consideraciones que nos reservamos, es que les solicitamos que la municipalidad de Belén, previo a aprobar la disponibilidad para dicho proyecto, utilice el boceto mencionado anteriormente que tiene en su poder, y que en aplicación de la ley de construcciones, y de los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, previo a siquiera discutir el informe para el otorgamiento de las pajas de agua para este proyecto urbanístico lo siguiente:

Solicitamos se nos remitan los mapas donde se dibujen las áreas de protección de las nacientes y demás cuerpos de agua de dicha propiedad, y donde se dibujen también las infraestructuras que existen en dicho terreno. Y en caso de que alguna infraestructura esté dentro de estos perímetros, respetuosamente solicitamos se ordene su demolición inmediata, conforme a la ley de construcciones y demás normativa aplicable.

Solicitamos se nos remita los permisos de construcción de las infraestructuras que allí se encuentran, a saber de ranchos, edificaciones, piscina y demás estructuras construidas por el hombre que allí se ubiquen.

De conformidad al artículo 281 del Código Procesal Penal, En caso de que el Concejo Municipal tenga en la información disponible en la actualidad, información que permita arribar a que existe algún tipo de Invasión de Áreas de Protección conforme al los artículos 34 y 58 de la Ley Forestal, en estos terrenos donde se pretende ubicar este proyecto Lagos de Belén, respetuosamente solicitamos se testimonien piezas al Ministerio Público a fin de investigar este delito”.

Agua en la COP27: sigue disputa entre negocios y derechos de los pueblos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro/ Sociólogo ITCR
FECON Costa Rica/Rivers for Climate Coalition

Entre el 7 y el 18 de noviembre de 2022, en Sharm el-Sheij, Egipto, se realizará la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), dando seguimiento a las 26 conferencias anteriores; la última realizada en Glasgow, Escocia. Como siempre, la gente optimista espera que los gobiernos y el mundo corporativo, dialoguen y regresen a sus países a aplicar acciones efectivas para frenar y en el mejor de los casos, revertir las causas y efectos del cambio climático.

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El agua está relacionada al cambio climático por su uso energético y productivo, porque es el elemento más determinante para la vida humana y porque de ella depende la sobrevivencia de los ecosistemas. El agua es también el origen de las más desafiantes disputas económicas y la desigualdad en el acceso a ella, delata la inaceptable inequidad social que vivimos.

LA FARSA DE LAS REPRESAS “SOSTENIBLES”

En todo el planeta el agua sigue siendo explotada de manera ilimitada en la producción de hidroelectricidad, que es una energía sucia y destructiva. En la “Declaración Global de Ríos por el Clima” presentada en la COP26 en Glasgow, Escocia por 340 organizaciones de 78 países, explicamos con detalle el aporte de esta energía a la contaminación y el calentamiento global. Un solo dato: “Las represas y embalses emiten cantidades masivas de metano, un gas de efecto invernadero 86 veces más potente a corto plazo que el dióxido de carbono”. Las represas impiden que los ríos cumplan su “papel vital en el secuestro de carbono y la creación de resiliencia climática”.

Algunos de los estudiosos más calificados, entre ellos Patrick Mc Cully, en su extenso y elogiado trabajo, y particularmente en su clásico libro “Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas” (Proteger Ediciones. Argentina. 2004), explica que, si consideramos la definición de desarrollo sustentable de la Comisión Brundtland, se llegará a la conclusión de que “mediante la destrucción de los ríos y estuarios y la extinción de especies, las represas afectan las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”. El autor explica que, contrario a la tesis oficial de gobiernos y empresarios, los embalses “…consumen y emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), los dos gases de efecto invernadero no sintéticos más importantes” (pág. 169).

En la “Declaración por los derechos de los ríos y los pueblos” de la “Movida global” realizada en Costa Rica en setiembre 2021, más de 2000 personas de organizaciones de América, Europa y África, expusimos también sobre la destrucción social generada por las represas hidroeléctricas, pues esa explotación del agua provoca el “desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones”.

En la COP27 es indispensable reconocer que el negocio de las hidroeléctricas además de acelerar el calentamiento del planeta, ni siquiera asegura el acceso al servicio básico de electricidad a la gente más pobre. “Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad”, dice la Comisión económica para América Latina, CEPAL. Es una tragedia humana para “el 15% de la población que reside en viviendas precarias sin acceso a electricidad” y en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esta carencia la viven entre el 30 y 40% de las personas. Esta carencia reafirma que la hidroelectricidad es una fuente de exclusión social y miseria, lo cual no impide que la presenten cono energía “sostenible” y “verde”, ni que empresas nacionales y transnacionales continúen acumulando fortunas.

SIN AGUA Y MÁS POBRES

Los modelos económicos excluyentes han provocado que miles de millones de personas vivan con agua de mala calidad, con escasa cantidad o sin agua. Los datos de la ONU siguen siendo alarmantes, pero las respuestas efectivas no llegan a pesar de los diagnósticos repetidos:

  • “2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura.
  • Casi 2.000 millones de personas dependen de centros de atención de la salud que carecen de servicios básicos de agua.
  • Más de la mitad de la población -4.200 millones de personas- carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
  • 2.000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.
  • El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua”.

Según la CEPAL, en América Latina “161 millones de personas (equivalente a 2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso adecuado a agua potable”. Aún más grave, es que 431 millones de personas (equivalente a 7 de cada 10) en la región no tienen acceso a saneamiento “gestionado de manera segura”. La falta de agua de buena calidad está relacionada directamente con la inequidad. En muchas ciudades de América Latina y el Caribe millones de personas “no solamente no tienen acceso al agua potable, sino que tampoco tienen acceso a instalaciones de higiene para lavarse las manos: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y 2 millones en México”.

En países de África la situación es igual o peor. “En el África subsahariana“un 40% de sus 783 millones de habitantes -viven- sin acceso a una fuente de agua potable mejorada”. Con datos de 35 países, la ONU señala que “en las zonas rurales, el agua canalizada no existe en el 40% de las viviendas de los más pobres y menos de la mitad de la población tiene acceso a una fuente mejorada de agua”. En la vida cotidiana de gente como Issiaka Konate de Mali la existencia no puede ser peor como ella misma explica: “la situación del agua en nuestra comunidad es insoportable, la gente bebe agua sucia directamente. En algunas localidades de nuestro país, cuando una mujer da a luz, hay que caminar varios kilómetros para sacar agua del río para lavar al bebé y a la madre” (Com. Pers.).

Ya estamos viviendo en una “catástrofe climática” y con “la biodiversidad que se derrumba”, como advirtió el secretario general de la ONU António Guterres en 2021. A esto se suma que el abismo entre la élite ultrarrica y la mayoría sigue creciendo, pues “en el último año se ha producido un aumento de cinco billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo”, y por tanto urge un «cambio de paradigma que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a los retos futuros”, dice Guterres. Pero esto será imposible si no se pasa de los diagnósticos y los discursos, a las obligaciones para gobiernos y empresas.

Si se mantienen las condiciones actuales de destrucción de la vida en el planeta y de inequidad social, será del todo imposible, como ha sido hasta hoy, cumplir objetivos de la Agenda 2030 como “6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” y “7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. El acceso justo al agua es imposible dentro de sistemas aberrantes que privilegian la opulencia y exacerban la miseria extrema. Por eso no se pueden desligar los objeticos climáticos de las COP, de un cambio social radical orientado a la equidad. La justicia climática, antes que nada, debe ser justicia social.

En la COP27, los pueblos del mundo pueden reafirmar que no necesitamos “adaptarnos” al cambio climático. Esa adaptación es una falacia que tras 26 cumbres climáticas no arroja resultados positivos. Por el contrario, lo único comprobable es que los sistemas de producción siguen operando con energías sucias originadas en petróleo, gas, carbón, minerales, hidroelectricidad, etc, que implican la explotación ilimitada del planeta, de la gente y de los elementos más vitales y frágiles como el agua. Si las acciones contra el cambio climático siguen siendo voluntarias, no podemos esperar nada positivo.

NEGOCIANDO EL FUTURO DEL AGUA

Otra amenaza directa contra el agua que no debemos descuidar, es la creación del índice NQH2O para negociar futuros del agua en California, Estados Unidos. Este es otro paso alarmante que consolida negocios privados con el agua y eleva la disputa global y nacional por el control del agua entre corporaciones y gobiernos -muchas veces asociados- y los pueblos. Todas las formas de privatización atentan contra el dominio público del agua y su condición de derecho humano. Esta es una línea promovida por corporaciones privadas y también facilitada por entidades financieras como el Banco Mundial y hasta organizaciones no gubernamentales transfronterizas y sus referentes nacionales, con el pretexto de mejorar la “gobernanza” del agua.

Las disputas en los mercados del agua en California, Australia, Sudáfrica y muchos más países y regiones, permiten confirmar que el acceso al agua es una cuestión de riqueza y poder, frente a los derechos sociales y de la naturaleza. El agua privatizada en Chile está escribiendo un nuevo y brutal capítulo con la agroindustria del aguacate o palta, que en regiones como Petorca, al norte de Santiago, ha dejado innumerables ríos muertos, ecosistemas desaparecidos y sin agua a pueblos enteros. Los extensos monocultivos agroindustriales también acaparan el agua en otros países de Sur América, y hasta en países pequeños como Costa Rica, la agroindustria del monocultivo de piña dejó extensos territorios y pueblos sin bosques, sin agua, con agua envenenada y literalmente fumigados con tóxicos.

Esos, y todos los demás conflictos asociados con el agua, deberían discutirse y sobre todo ser materia de acuerdos y resoluciones vinculantes para los gobiernos que no hacen justicia con el agua y las corporaciones que la explotan. Por la urgencia de asegurar una agenda del agua verdaderamente inclusiva y democrática, es que la Conferencia del Agua de la ONU, que se realizará en marzo de 2023, podría tener una importancia relevante, pero, dado que los acuerdos de esa cumbre no serán vinculantes, es poco lo que podemos esperar. Es lo mismo que ocurre con las COP: los compromisos siguen siendo apenas voluntarios.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA COP27 en 2022?

Hasta ahora, tras 26 cumbres no hay evidencia de acciones efectivas, aunque sí, miles de escritos y discursos de diagnósticos científicos y políticos que aclaran sobre la catástrofe en curso. Si en la COP27 los gobiernos, las entidades de financiamiento y las corporaciones verdaderamente quisieran asumir compromisos reales para detener las causas estructurales que aceleran el cambio climático y la miseria, deberían obligarse a desafíos como:

  • Excluir de cualquier línea de financiamiento la explotación de agua para la industria hidroeléctrica, pues mientras ésta no se reconozca como energía sucia y contaminante, la tercera parte de los ríos del planeta que quedan libres, podrán ser represados o drenados.
  • Garantizar que las industrias energéticas y agroindustriales sean controladas y del todo excluidas de territorios vulnerables, y que respeten los derechos de los ecosistemas, de la gente, del agua y de los ríos. Europa, por ejemplo, no deja de hablar de “compromisos” pero se está “re-carbonizando” y pospuso el cierre de minas de carbón de 2030 hasta 2049.
  • Impedir que se legisle, facilite y justifique la explotación del agua para cualquier negocio privado de uso productivo como los monocultivos extensivos, o el megaturístico de los llamados “polos” de desarrollo, que en muchos casos conllevan al establecimiento de enclaves de inversión externa, o bien privados nacionales.
  • Asegurar que el agua y los servicios sociales derivados de ella sean reconocidos y operados efectivamente como un derecho humano. Esto implica que los Gobiernos y la institucionalidad internacional controlen y limiten cualquier negocio local, nacional o global, que no cumpla este requisito.
  • Es impostergable que el agua sea distribuida con equidad, solidaridad y entregada sin costo a la gente más pobre que no pueda pagarla. Todas las vías de privatización son peligrosas, pero en este momento merece cuidado especial la transacción de “futuros del agua”, se si bien se localiza geográficamente, es un negocio global que amenaza la totalidad de fuentes de agua del planeta.
  • Los usos prioritarios del agua deben iniciar con la protección de los ecosistemas, seguida del consumo humano, la producción para la seguridad alimentaria y otros usos de carácter colectivo y solidario.
  • Una urgencia prioritaria en todo el mundo es iniciar la eliminación del negocio del agua embotellada que no es más que una estafa que ha servido para privatizarla, y es, además, un foco de conflictos en los que los pueblos y los ecosistemas generalmente pierden ante los gobiernos y las empresas privadas.

UCR: Guanacastecos luchan por agua de calidad

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Un proyecto de Acción Social promueve una cultura de vida alrededor del agua

Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)

El agua es indispensable para la vida, pero al hablar de vida no solamente se refiere a la humana. La vida del planeta debe pensarse como un solo ecosistema con múltiples y maravillosas formas; y pese a la vorágine extraccionista algunas siguen sin explorarse e incluso existen especies sin descubrirse.

Y uno de los recursos que incide en la salud planetaria es el agua, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera como el epicentro del desarrollo sostenible y un elemento clave para el crecimiento socioeconómico, la energía, la producción agrícola y la supervivencia de los ecosistemas globales.

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Incluso, el agua es el eje de muchos de los Objetivos del Desarrollo de la Agenda 2030, sobre la que la Universidad de Costa Rica, mediante diversos proyectos, adquirió un compromiso institucional para contribuir a su alcance. Uno de esos es el denominado “Lo que cuenta el agua en la Región Chorotega” (EC-587), un esfuerzo de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) que se ejecuta en la Sede Regional de Guanacaste (SG-UCR).

El EC-587 se orienta a fortalecer la participación comunitaria y los procesos educativos, ya que son herramientas que permiten modificar los patrones de integración social en la resolución de conflictos socioambientales. Además, mediante la formación de profesionales en la carrera de Salud Ambiental, de la Escuela de Tecnologías en Salud, de la Facultad de Medicina de la UCR, se busca que sigan contribuyendo a los procesos comunitarios en aras de un mayor desarrollo social, económico, ambiental y en el aseguramiento de las condiciones sanitarias básicas.

Según el magister Yordan Brenes Vargas, coordinador del EC-587, una de las metas es evidenciar que el agua es un elemento común en las comunidades para que las personas disfruten de una salud integral y al mismo tiempo sea un factor de crecimiento económico en sus regiones. Y como parte del mismo, y que consideró un insumo significativo para continuar los procesos sociocomunitarios, se produjo una serie de audiovisuales que abordan los problemas que enfrentan comunidades en los cantones de Cañas, La Cruz, Abangares, Hojancha y Santa Cruz, de la mano de la comunicadora Hannia Rodríguez Jiménez y el realizador Pedro Murillo Rodrigues, ambos destacados en la Unidad de Comunicación de la VAS.

Aunque entre los poblados existen distintos desafíos, cada uno presenta sus particularidades. “En Los Andes, del cantón de La Cruz, participamos en un proceso para fomentar la organización del acueducto comunitario; en Hotel, ubicado en Cañas, uno problema grave era la contaminación de las fuentes por arsénico, sin duda requería una solución en la calidad del agua. Por su parte, en Colorado, Abangares, la dureza del líquido es un reto por superar, ya no es potable debido a los altos niveles de minerales y sales debido a la cercanía de la costa”, explicó Brenes.

Además, “queremos visibilizar que las problemáticas del recurso hídrico en la región, porque las personas solo piensan en la sequía, pero existe de fondo un problema de la cantidad y calidad, y estas producciones audiovisuales parten de la voz de las personas que viven los problemas en sus propias comunidades”, agregó el profesor Brenes.

DESAFÍOS INMEDIATOS

De acuerdo a las personas gestoras del proyecto EC-587, cada comunidad tiene sus propios retos y preocupaciones para tener acceso a agua potable de calidad. En lo primero, la crítica recurrente es que la distribución del líquido no es equitativa y no se reparte según las necesidades de cada poblado. “Se priman otros usos al consumo humano, que debería ser el primero de los criterios; mientras en algunos barrios no hay líquido en otras regiones las empresas dedicadas a la actividad turística tienen suficiente”, explicó Brenes.

Asimismo, en la región Chorotega la ausencia de infraestructura y las pocas inversiones del Estado son parte del olvido, que son anotadas como promesas electorales que gobierno tras gobierno y finalmente quedan en el papel. Otras de las principales preocupaciones expresadas por las personas es la falta de acompañamiento técnico en cuanto a los procesos y tecnologías más adecuadas para llevar agua de calidad a cada casa. Igualmente, y no menos importante, es la ausencia de financiamiento para que los acueductos comunitarios (Asadas), especialmente los más pequeños, puedan enfrentar las compras de insumos, equipos y tecnologías.

Otra de las preocupaciones de las actuales dirigencias es cómo incentivar la participación ciudadana, más allá del pago de los recibos mensuales, más bien que “la gente se identifique con las Asadas, en torno a una cultura del agua y el cómo hacer el relevo generacional, porque la mayoría está dirigida por personas adultas y muy pocos jóvenes muestran interés en integrarse a estas organizaciones, se explica en parte por la cultura adultocentrista que impera en el país”, detalló el investigador.

LA CULTURA DEL AGUA

Con los videos producidos con el acompañamiento de la VAS se inició la fase de devolución de la experiencia recogida en dichos audiovisuales, incluso se logró montar una obra de teatro y se ha dado acompañamiento en temas de agua a tres comunidades para trascender a otros aspectos de la gestión comunitario y la administración del recurso hídrico.

“Continuamos en contacto con las administraciones de Asadas, y otras instancias como municipalidades que han estado presentes en este proceso. La idea es ampliar ese mapeo de actores vinculados a la problemática del agua. Estamos empezando con unas entrevistas para profundizar como las personas perciben el vínculo comunidad-cultura-agua, en la línea de ‘nada de nosotros sin nosotros’, ya que el componente participativo es el fuerte de este proyecto”, detalló el coordinador.

Brenes recalcó que la idea es que las estrategias en la gestión del agua surjan de las mismas personas, y que con el apoyo institucional se logren mantener a lo largo del tiempo. “El tema de la participación es complejo, no solo es convocar a las comunidades; pero por otra parte instituciones, como la SG-UCR, tenemos recursos muy limitados, pero estamos muy comprometidos en darle seguimiento a este proyecto.

MÁS ALLÁ DEL GUANACASTE

Gracias a recursos obtenidos en Fondos de Regionalización, el EC-587 se propuso replicar la experiencia lograda en Guanacaste en la región Caribe. Como un primer paso, se producirán una serie de videos en tres comunidades ya identificadas en Cariari, Guápiles, en el cantón de Pococí, y el distrito de Sixaola, en Talamanca, labor que se logrará gracias a estudiantes de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva (ECCC), de la UCR.

“La idea contó con apoyo del sociólogo José Luis Fournier Rodríguez, colaborador del proyecto y que es oriundo de la región Caribe y a los contactos de otros proyectos de la VAS que están en esa zona; así logramos escoger estas comunidades, que al igual que las que trabajamos en Guanacaste, presentan problemáticas relacionadas con la calidad del agua”.

Aunque existen recursos limitados, el equipo coordinador del proyecto espera hacer la devolución durante el año 2023. El EC-587 integra el esfuerzo de estudiantes de diversas carreras, del sociólogo Fournier y de la master Luisa Rojas Zamora, salubrista ambiental especializada en Ciencias y Gestión del Agua.

Sala IV acoge amparo contra Presidencia y MINAE – pozos de aguas ilegales

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información enviada por Confraternidad Guanacasteca:

La Sala Constitucional acaba de notificar el debido trámite de un recurso de amparo contra la Presidencia  del MINAE, sobre el robo de agua y la legalización de los pozos ilegales perforados.

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En el resumen que hace la Sala en su resolución de aceptar el trámite y ordenar a los funcionarios a rendir cuentas, es suficientemente claro.

El amparo fue acompañado de muchos documentos con pruebas.

Quedamos a las órdenes para más información.

Por motivos de procedimiento se interpuso sólo a mi nombre, siendo yo, presidente de la Asociación Confraternidad Guanacasteca

Gadi Amit.

Para conocer más sobre el tema, acceda en el siguiente enlace: https://wp.me/p6rfbZ-jiw

A continuación se adjunta el expediente con el Recurso de Amparo para mayor detalle de la situación expuesta:

recurso-amparoDescarga

 

Información compartida con SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Confraternidad Guanacasteca: Algunos no pagan el agua que usan

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Un comunicado de Confraternidad Guanacasteca enviado a SURCOS indica que “se ha detectado que el 40% del agua de AyA es no contabilizada. Es decir que no se cobra”.

A nivel nacional, la situación de agua concesionada por MINAE, es mucho peor. Como es “de todos” nadie la cuida, señala la organización comunitaria.

“¿Quiénes son los “MALOS” que se apropian de nuestra agua?”, se plantea en el escrito. “En la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 22.709, para legalizar los pozos de agua perforados ilegalmente. Miles y miles de pozos”, precisa el comunicado.

¿Para beneficio de quienes es este proyecto?

“Conseguimos la lista de quienes aparecen en la lista de los que perforaron pozos de aguas, a escondidas, sin tener los permisos y realizan trámites para recibir concesión y disfrutar de agua para sus proyectos”.

Confraternidad Guanacasteca señala: “El premio mayor se lo lleva BANCO IMPROSA con 41 pozos de agua perforados en forma irregular. Estos pozos se encuentran «regados» por todo el país”. “Así trabaja este BANCO PRIVADO, llamado BANCO IMPROSA”, dice la organización.

Agrega: “En la lista aparece AZUCARERA EL VIEJO del señor Álvaro Jenkins presidente de UCCAEP, el SINDICATO que representa a los todos los empresarios del país, con 3 pozos perforados sin el permiso respectivo”.

Además en la lista de amnistiados están: CATSA (2); LAICA; FRUTAS DEL TROPICO S.A. (3); PURDY MOTOR S.A. (2); INV. AGRICOLAS B Y C S.A. (3); CORP. AGRICOLA DEL MONTE S.A. (2) ; PIÑALES DEL CARIBE GAC S.A. (3); COM. AGROINDUSTRIAL EXPOFRUT CAE S.A (2); LIMOFRUT S.A.(&); STANDARD FRUIT COMPANY DE COSTA RICA S.A.(5); TOTAI CITRUS CR S.A.(4); CIA. PALMA TICA (3); AGROGANADERA PINILLA S.A. (2); HACIENDA SOLIMAR S.A. (4). Los números entre paréntesis son los pozos que solicitan inscribir en los últimos años y que por la condición actual requieren de una amnistía que concede la Dirección de Agua del MINAE.

“Y aclaremos que se trata de agua suficiente para regar una finca o abastecer un edificio o urbanización completa. Además, estas empresas tienen otros pozos en operación, no les falta el agua”, explica Confraternidad Guanacasteca.

“Estos serán quienes más se beneficiarán, si los señores diputados aprueban ese proyecto de ley”, señala el comunicado.

La organización comunitaria expone que el delito de USURPACIÓN DE AGUAS es penado con cárcel en el artículo 226 del CODIGO PENAL de Costa Rica.

“El MINAE, encargado de cuidar nuestro recurso hídrico, solo sabe poner excusas y ofrecer perdones, amnistías y más concesiones”, concluye la información enviada a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca.

En el siguiente enlace se puede descargar el detalle de la situación expuesta:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2022/09/Amnistia2019_ExpedientesPA.xlsx

 

Imagen ilustrativa.

Concejo Municipal de Belén pide a la alcaldía hacer respetar fallo de la Sala Primera sobre el humedal de La Ribera

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra.

Comunicado 04-2022

Concejo Municipal de Belén pide a la Alcaldía hacer respetar fallo de la Sala Primera sobre el Humedal de La Ribera

  • Regidores de la coalición Unión Belemita enfrentan a la Administración Municipal para dejar de poner en tela de duda el Humedal.
  • Reacción se da tras conocerse formalmente el fallo de la Sala Primera que anuló la sentencia del 2020 del Contencioso Administrativo. 

Respeto absoluto al fallo de la Sala Primera de Justicia, fue el acuerdo tomado por unanimidad por parte del Concejo Municipal de Belén en la sesión 52-2022 del pasado 6 de setiembre, tras conocerse los alcances de la resolución 000191-F-S1-2022 que ha devuelto la esperanza de supervivencia al Humedal de la Ribera. 

El acuerdo de forma íntegra indicó: solicitarle a la Alcaldía Municipal procedan a desarrollar todas las acciones legales suficientes y necesarias para que la Municipalidad de Belén haga respetar lo resuelto en esa sentencia en todas las instancias administrativas y judiciales que lo requieran de acuerdo al bloque de legalidad y se le informe al Concejo de los avances.

De previo al acuerdo, las regidurías de la coalición Unión Belemita celebraron el fallo de la Sala Primera, y señalaron que es hora de que el Gobierno Local como un todo, acepte, en definitiva, que el tamaño total del Humedal ya no es objeto de discusión, por cuanto se ha oficializado que “el perímetro que demarca el humedal de La Rivera de San Antonio de Belén, el cual fue demarcado conjuntamente por la Dirección General del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central y la Municipalidad del Cantón de Belén” , es de 13 219,9 metros cuadrados ratificado así por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el oficio No 08-01014 del 26 de agosto de 2008. 

La regidora María Antonia Castro señaló, en esa dirección, que inclusive el procurador que ha llevado el caso ha señalado ya que no se puede tramitar solicitudes contrarias a la normativa que protege el humedal.

‘’El señor procurador está en este caso desde el 2007, no le van a decir que el humedal no es lo que es, porque ya él lo sabe perfectamente. Otro ejemplo que quiero dar es el oficio AAA 453-2013 del señor procurador dirigido a Gladis de Marco de la oficina de Alajuela del Área Cordillera Volcánica Central del MINAE que en razón de todo lo expuesto: lo propio es abstenerse de tramitar solicitudes contrarias a la normativa de rango superior que rigen en el humedal de La Ribera de Belén y observando el debido proceso de negar las que se encuentren en curso’’. Relató Castro. 

Inclusive el propio Concejo Municipal había oficializado el humedal mediante el acuerdo 20 de la sesión #59-2007 y acogió la demarcación del IGN en el artículo 06 de la sesión #06-2012, indicando:

“PRIMERO:  Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador y a toda la Corporación Municipal que el Concejo acogió las determinaciones y descripciones sobre el Humedal de La Ribera de Belén en los documentos:  oficio 08-01014 de 26 de agosto de 2008, del Instituto Geográfico Nacional y en el oficio AAA-1331-2011 de Lic. Mauricio Castro Lizano, Procuraduría General de la República.  SEGUNDO:  Instruir a la Secretaría para realizar la comunicación como corresponde.  TERCERO:  Incorporar al Expediente”.

Para el regidor Luis Rodríguez ya no hay discusión sobre la condición de humedal lacustrino, pues está claro y oficialmente declarado como tal, con todo el radio de protección de 50 metros que dicha condición otorga:

‘’Es un humedal lacustrino lo que otorga 50 metros de protección en sus márgenes. Ahora ese humedal fue declarado lacustrino por el SENARA que es el rector en aguas subterráneas y es una laguna según SINAC que es el rector en materia de humedales. Ahí no hay discusión. El que se drene el humedal no hace que se pierda la condición de lacustrino y, es más, drenar un humedal es delito penal, hay que volverlo a su condición inicial porque ahí alguien cometió un delito penal’’. Advirtió Rodríguez. 

El énfasis de los ediles en señalar la oficialidad y el tamaño del humedal se da porque en el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo N° 29-2020-VIII los magistrados habían condenado al Municipio y fallado a favor del empresario Fabio Chaves y su proyecto de Prados de Belén, en base a que la parte municipal omitió señalar la existencia, tamaño oficial y área de protección del humedal, dando de esta forma pie a una duda que a hoy ya no existe. 

En aquel momento los jueces consideraron “No cabe acá sostener una duda, cuando, se reitera, el municipio cuenta con los recursos técnicos y legales para establecer la lesión pretendida al interés público”. El juez Jonatán Canales Hernández explicó que la desestimación de la acción dependió de un error procesal de bulto, como lo fue que no se haya impugnado el permiso original de edificación en el sitio”. Además, agregó: “se debe prevenir a la demandada, tienen el deber de respetar la integridad del humedal y las nacientes y sus zonas de protección fijada por la ley”

Sala Primera si consideró el fondo.

Contrariamente a la resolución del Contencioso, la Sala Primera de Casación si señaló categóricamente que la protección del humedal era importante en la resolución final que vaya a tener el tema. 

En el considerando III de la resolución, los magistrados señalaron que ‘’En consecuencia, hay un aspecto subyacente que resulta primordial, —por ello no puede dejarse de lado al momento de resolver la controversia—, a saber, está de por medio un bien de dominio público, que atañe a la protección del medio ambiente (norma 50 de la Constitución Política), y perteneciente al patrimonio natural del Estado (PNE), por lo cual concierne al interés público’’.

Por ello ordenaron volver a juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, con la novedad de que esta vez, la Procuraduría General de la República no participará como un tercer interesado en el litigio, sino como una parte activa en la defensa del patrimonio natural del Estado, en este caso, el Humedal. Igualmente, el SINAC será una parte activa en este nuevo juicio.

En criterio del regidor Ulises Araya, esta nueva oportunidad obliga al municipio a no volverse a equivocar con el tema de la ya oficializada área total del humedal. 

‘’No hay y no debería existir más esta nebulosa absurda de que no se sabe de qué tamaño es el humedal, se sabe a plenitud y en consecuencia nuestro municipio debe corregir y actuar’’. Recomendó Araya. 

Antecedentes al fallo de la Sala Primera. 

En el año 2000, el empresario Fabio Chaves abrió 2 canales provocando el dragado del humedal de forma ilegal, lo que ocasionó la intervención de los vecinos que se le enfrentaron y se interpusieron ante la maquinaria y las bombas que drenaban, ocasionando daños al espejo de agua, hasta hoy.

Posteriormente, pese al grave daño ecológico y la muerte de tortugas, langostinos y peces, la Municipalidad de Belén otorgó ilegalmente permisos de construcción en el año 2004, y no fue sino hasta seis años después, que el Concejo Municipal, en el 2010 solicitó la anulación de los permisos mediante el procedimiento de lesividad que originó el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo. 

En el 2020 dicho tribunal emite la resolución N° 29-2020-VIII donde falla a favor de Chaves y mantiene los permisos de construcción, momento en que la Dirección Jurídica de la Municipalidad recomienda al Gobierno Local declarar los permisos ‘’válidos y eficaces’’, recibir las obras de Prados de Belén y, no interponer recurso de casación a la resolución.

En aquel momento dicha dirección jurídica afirmó que la recomendación de no apelar se debía a que: los razonamientos esgrimidos por los integrantes de la Sección VIII del Tribunal Contencioso, en la Sentencia 29-2020-VIII, consistentes en atribuir falencias a la declaratoria de lesividad, por la falta de desarrollo de los motivos de nulidad, que afectarían los permisos de construcción cuestionados por esta Municipalidad, es un argumento que no podría subsanarse jurídicamente por medio de un recurso de casación’’.

Esta recomendación ocasionó posiciones divididas en el Concejo Municipal que deliberó entre si acoger o no lo que solicitaba la Dirección Jurídica, y pese a que en un primer momento los regidores rechazaron por voto 3 a 2,  la propuesta; en la sesión #21-2020 del 21 de abril del 2020, una semana después la regidora del PUSC Lorena González, solicitó una revisión al acta y cambió su posición, por lo que el Concejo Municipal terminó aceptando la recomendación del director jurídico en la sesión #22-2020 del 28 de abril de ese año   

Pero la historia no terminaría ahí, decenas de vecinos de Belén enfurecidos por la decisión de no apelar el fallo y declarar los permisos de construcción ‘’válidos y eficaces’’ juntaron 258 firmas e interpusieron un Recurso de Apelación en Subsidio y  Nulidad Concomitante que se conoció en la sesión #25-2020 del 12 de mayo del 2020. 

Esa misma noche el polémico acuerdo, fue anulado, tras propia recomendación de la Dirección Jurídica, quien al enterarse de que la Procuraduría de la República si había recurrido el fallo ante la Sala Primera, solicitó la anulación al Concejo Municipal debido a que el tema ‘’no era cosa juzgada’’. Pese al Concejo anular el acuerdo, ya para ese momento había vencido el plazo para presentar la apelación ante Casación, motivo por el cual finalmente le correspondió únicamente a la Procuraduría General de la República acudir a la Sala Primera, con un resultado afortunadamente victorioso. 

‘’Son 22 años de esta lucha, a los primeros que hay que agradecerles es a los vecinos que no se han cansado. Tenemos que unirnos y seguir defendiendo el humedal y corregir los errores que se cometieron en el pasado, estamos en el momento para hacerlo y seguir adelante. Pero sí debemos recordar que esos errores nos llevaron a un proceso muy largo y eso costó tiempo y dinero’’. Indicó la regidora Marjorie Torres. 

San Antonio de Belén, 8 de setiembre del 2022

Video disponible en el siguiente enlace:

 

Compartido con SURCOS por la Oficina de prensa de la Coalición Unión Belemita.

Ministerio de Ambiente incumple resolución judicial

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

CONCEVERDE San Rafael de Heredia

Ante la desidia en el Ministerio de Ambiente de no cumplir con el voto 2008-12109 de agosto del 2008, nos hemos visto en la necesidad de presentar ante la Sala Cuarta un “INCIDENTE DE DESOBEDIENCIA” acusando al MINAE, en la persona de su representante el  Ministro de Ambiente, por no haber recobrado los terrenos de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888 ubicada en las montañas heredianas; no sólo por la desobediencia, si no que su inopia implica que están atentando contra el ambiente al ser la zona inalienable, imprescindible para preservar el agua de más del 60% de los habitantes del Valle Central.  

Cómo es posible que nuestros gobernantes del siglo XIX tuvieron la visión de lo importante que son las montañas del norte de Heredia, por lo que crearon la Ley 65, y hoy los políticos son “apáticos” ante la necesidad de proteger las zonas donde están las fuentes de agua.

A continuación, se adjunta el escrito remitido a la Sala Constitucional:

INCIDENTE-DESOBEDIENCIA-CON-COMPROBANTE-RECIBIDODescarga

 

Imagen ilustrativa.

Campaña nacional por la prohibición del clorotalonil

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Salud, Trabajo.

Se le invita a firmar el manifiesto por el agua en el siguiente enlace (ya tenemos más de 1000 firmas): 

  • Por la prohibición del clorotalonil en Costa Rica
  • Por un Laboratorio Nacional de Aguas operante, robusto y funcional.
  • Por la protección de las tomas de agua para consumo humano y el respeto a la Ley de Aguas #276.  

Para firmar y leer manifiesto ingrese en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAm5vg9f7V5kWNz5raD3Ao9dYAdJc2QX08d56YJPWLc1YSyg/viewform

Videos:

*La ANEP y el Bloque Verde firman manifiesto para que se prohíba el uso de clorotalonil en Costa Rica*

Como parte del sindicalismo ciudadano, la ANEP se suma a la lucha para la protección del agua : 

Municipalidad de Belén afirma reducción en tarifa de agua para sectores de mayor consumo

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

Manuel Zumbado Corrales*
manuel.zumbado@periodicoelguacho.com

La nueva tarifa de agua implementada por la administración municipal estaría traduciéndose en un beneficio para los abonados de mayor consumo en varios de los bloques tarifarios.

Así lo afirmó la Unidad Tributaria en el oficio UT-033-2022 del pasado 9 de mayo, en el cual la administración respondió las consultas solicitadas por Alexander Porras Quesada, vecino del cantón.

La respuesta se da luego que el Consejo Municipal conociera en la sesión ordinaria de 21 de abril del año en curso, la solicitud de Porras de una revisión de la tarifa.

En el documento, Porras solicita aclarar, entre otras cosas, “por qué los usuarios del bloque domiciliar (casas de habitación, estén o no ocupadas por su propietario) que consuman más de 81 metros cúbicos tienen una reducción en su tarifa en lugar de incremento”.

En la nota publicada por El Guacho de la edición de mayo del 2022 “Nueva tarifa de agua entra en vigencia a pesar de rechazo comunal” dimos a conocer que la nueva tarifa incluiría aumentos de hasta 64% en el bloque domiciliar.

Sin embargo, la solicitud enviada por Porras evidenció una reducción de la tarifa de agua para sectores de mayor consumo en varios de los bloques definidos por la administración del acueducto (Ver gráfico de barras en rojo). Según los datos aportados por Porras y luego confirmado por la Unidad Tributaria, los abonados en los bloques domiciliar (casas de habitación), ordinario (comercios) y reproductiva (comercios que utilizan agua como insumo de producción) en los segmentos de mayor consumo, se verían beneficiados por una disminución de la tarifa de agua.

A su vez, los bloques industrial (industria que utiliza el agua como materia prima de su proceso productivo) y provisional (construcciones) no se incluyeron en los aumentos tarifarios.

La Unidad Tributaria aclaró además que la nueva tarifa cumplió con los requerimientos establecidos por la Unidad de Acueducto Municipal y el debido proceso para su aprobación, según lo estipulado por el Reglamento para la Aprobación de Tarifas Por Servicios Municipales del Cantón de Belén.

A partir de lo solicitado por el Consejo Municipal, la administración deberá contratar nuevamente una empresa para realizar un estudio tarifario para el acueducto.

Los datos utilizados para concluir dichas afirmaciones corresponden a la información de consumo e ingresos por bloque para los abonados del acueducto municipal del año 2019, aportados por la Unidad Tributaria.

Los datos se obtuvieron aplicando la tarifa nueva a la información de consumo de abonados para el año 2019.

*Artículo publicado en Periódico El Guacho.