Alianza Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, Movimiento Ríos Vivos, FECON. Organizaciones de diferentes comunidades del país, convocaron el pasado jueves 9 de agosto al Foro Comunitario sobre la Mala Gobernanza del Agua en el Parque España. Esta actividad se llevó a cabo mientras en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) se desarrollaba el Foro Nacional de Gobernanza del Agua convocado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
En el marco de las acciones acordadas en el “Encuentro ecologista sobre concesiones de agua en Costa Rica”, surgió el Foro Comunitario sobre la Mala Gobernanza del Agua. El mismo contó con personas de las comunidades: Abangaritos, Orocú, Chomes, Malinche, Guacimal, Abangares, Palmar Sur, Longo Mai, Cristo Rey, Cajón, Fátima y San Rafael de Pérez Zeledón además de los territorios indígenas de Boruca, Cabagra, Salitre y Talamanca. Estas comunidades se unieron desde sus diferentes realidades, territorios y cosmovisiones en la denuncia de la negligencia institucional en la destrucción del agua, de las comunidades y la vida.
El Foro Comunitario sobre la Mala Gobernanza del Agua surgió como una necesidad ante un Gobierno que se encuentra al servicio de intereses privados que amenazan y destruyen sistemáticamente el agua. El MINAE y otras Instituciones del Estado parecen ser cómplices de la privatización de las fuentes de agua, su contaminación y la privación de las comunidades de tan importante bien común; el cual también es considerado como sagrado para comunidades indígenas.
Esta complicidad de éste y pasados Gobiernos, según FECON, podría radicar en la ausencia del enfoque ecológico y de las comunidades en la gestión del agua, en el posibilitar la concesión de explotación de hasta el 90% del caudal de los ríos, el otorgamiento de exoneraciones del 90% del costo del canon originalmente establecido a empresas privadas y la debilidad estructural para la fiscalización pública del agua. Estas y otras acciones demuestran la existencia de una mala gobernanza del agua que promueve su privatización y destrucción.
¡NO A LA MALA GOBERNANZA DEL AGUA!
¡AGUA PARA LAVIDA!
Cada denuncia sobre mal gobierno del agua que provoca sequías será puesta por las organizaciones bajo este símbolo para visibilizar la unión de la campaña por recuperar las aguas.
Contaminación de agua preocupa a comunidades vecinas de piñeras
Marco legal costarricense se flexibiliza en beneficio de la venta de venenos
Este 6 y 7 de agosto se reunieron en San José representantes de comunidades afectadas por el agro-negocio. Es de esta forma que personas víctimas del despojo, la contaminación y la explotación producidas por los principales monocultivos expandidos por Costa Rica.
Esta reunión se da en un contexto en el cual el país se encuentra en una crisis de la contaminación del agua con agrotóxicos usados en la expansión piñera. Evidencia son los dados revelados en las últimas semanas sobre la presencia de agroquímicos en Pital de San Carlos y Río Cuarto de Alajuela. Lamentable es además que la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) piensan que la gente tiene que tomar obligatoriamente agua con residuos de sus agroquímicos. Mientras el Estado gasta millones remediando a medias la crisis, las empresas se desmarcan de su acto criminal.
Para Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera “es necesario pedir justicia y que los responsable paguen las consecuencias y que las comunidades reciban agua sin ningún agroquímico.”
Por otro lado el Decreto Nº 35301 MAG-MEIC-S Norma RTCR, de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en este sentido Henry Picado de la FECON afirma que: “esta es una forma de legalizar la contaminación en nuestra agua pública sirven para hacer legal la contaminación de agua y por lo tanto le dan herramientas a las empresas y el Estado para darnos agua contaminada.”
Desde inicios del mes de julio la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) le ha solicitado al director del Servicio Fitosanitario del Estado, Fernando Araya Alpizar información sobre el registro de más de cuatrocientos agrovenenos en los últimos años mediante la Ley Nº 8702 sobre el Trámite de las Solicitudes de Registro de Agroquímicos. Muchos de ellos sin análisis ecotoxicológicos o permisos sanitarios, pese a eso estos cuatrocientos agrotóxicos se usan en el país registrados con poca transparencia.
Para Picado la situación “…lejos de parar el riesgo de contaminación el peligro se agrava ya que se sabe que están a la espera de aprobación 28 solicitudes de ingreso al país de nuevos Ingredientes Activos de Grado Técnico (IAGT), la mayoría propiedad de Bayer, Syngenta, Dow, DuPont o BASF. (SFE, 31-05-2018). Todas grandes transaccionales cuestionadas por sus irresponsabilidad en el manejo de los agroquímicos.”
Pero es aún más preocupante cuando sabemos que las puertas giratorias en Costa Rica hacen que representantes de las casas comerciales de agrovenenos entren y salgan del MAG como perros por su casa. Por ejemplo el asesor estrella del Ministro de Agricultura y Ganadería fue representante de la Cámara Nacional de Productos Genéricos y acusado supuesto tráfico de influencias con empresas de agrovenenos (FECON, 21-05-2018) investigado por la misma Asamblea Legislativa.
En resumen en este momento estamos ante un escenario de crisis por la contaminación por agrotóxicos en agua potable mientras los vendedores de los venenos gobiernan la materia de registro y permisos de agroquímicos.
En este contexto representantes de organizaciones comunitarias se reúnen en San José el 6 y 7 de agosto en el II Encuentro de Personas Afectadas por el Agronegocio. Conjuntamente analizan el contexto nacional sobre esta crisis de contaminación. Organizado por CoecoCeiba Amigos de la Tierra, FECON, FRENASAPP, Kioscos Ambientales, Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y CEDARENA.
De acuerdo con las autoridades, el agua del proyecto Paacume no sería sólo para riego; sino que será prioridad el agua para consumo humano; sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por quiénes serán los verdaderos beneficiarios de dicho megaproyecto.
Vista de las llanuras desde la Reserva Biológica Lomas Barbudal. Foto: Fabiola Pomareda García.
Desde las zonas más altas de Bagaces se aprecian en las llanuras del Tempisque los cultivos de arroz, algunas plantas de procesamiento de tilapia, las fincas ganaderas y unas pocas sabanas arboladas. Se sabe que a lo lejos esperan caminos de tierra que cruzan poblados donde lo que hay es sed. Sed y sequía. Los desarrollos turísticos, la falta de control sobre los acuíferos, el aumento en la población y la demanda de agua por parte de la agroindustria, todo tiene que ver con la carencia de agua en la provincia.
Mañana se empezaría a discutir en el plenario legislativo el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465). Esta modificación de límites permitiría el avance del Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), impulsado por el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y varios legisladores.
El Paacume consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal, las cuales inundarían un embalse que abarcaría 850 hectáreas. Para esto serían inundadas 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Luego el agua bajaría a través de canales de riego hasta la bajura guanacasteca.
El plan tiene su base en el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste-Pacífico Norte (PIAAG), que busca desarrollar proyectos de infraestructura “de regulación y control de agua para satisfacer la demanda de recurso hídrico para las poblaciones y el uso en riego en las llanuras del Tempisque”.
El 16 de julio la Comisión Especial dictaminó afirmativamente el proyecto de ley para modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Esa comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
El legislador Rodolfo Peña, por ejemplo, es uno de los principales impulsores del proyecto. En un video reitera: “Se van a beneficiar en su mayoría pequeños agricultores, va a haber agua potable para 500,000 personas y llegará agua a las zonas costeras de Carrillo y de Santa Cruz y eso nos va a permitir la recuperación de los mantos acuíferos”.
Sin embargo, diversos actores han externado las siguientes preocupaciones: ¿Es verdaderamente agua para consumo humano?, ¿Son pequeños y medianos productores los que recibirán el riego? ¿Cuáles grupos hoteleros se verán beneficiados?
Toda la discusión alrededor del proyecto deja entrever la necesidad de más transparencia de parte del Gobierno a la hora de promover megaproyectos y al momento de informar a la población sobre las verdaderas personas beneficiadas, especialmente tratándose de una provincia tan necesitada como Guanacaste.
Imagen de la sequía extrema que afectó el norte de Guanacaste en el 2015. Foto: Luciano Capelli.
El discurso de que es “agua para consumo humano”
Un video informativo del SENARA destaca: “El agua no sería sólo para riego, el consumo humano será prioridad, unas 500 mil personas durante los próximos 50 años dispondrán de una cantidad de líquido similar al disponible para el Gran Área Metropolitana”.
El proyecto permitirá “asegurar disponibilidad de agua en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya durante los 12 meses del año para consumo humano y riego para distintos usos”.
Según el Gobierno, con este proyecto se podrá poner bajo riego 18,800 hectáreas localizadas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, para suplir la demanda de agua potable a unas 500,000 personas de los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, con una proyección de 50 años.
Si bien el Paacume es un proyecto que permitirá llevar un caudal de 20 m³/segundo, provenientes del embalse Arenal, hasta la margen derecha del río Tempisque, sólo 2 m³/segundo de este caudal sería para consumo humano y eso nisiquiera está proyectado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Aya). Sin embargo, el “agua para consumo humano” es una de las principales argumentaciones a favor del proyecto, usada por diputados y funcionarios del Gobierno.
En audiencia de la Comisión Especial que analizó este proyecto en la Asamblea Legislativa, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo del SENARA, explicó que la red de distribución primero regará la zona de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya y luego llevará agua a la cordillera costera.
“Ahí se destinarán tres puntos para entregar 1,5 m³/segundo para uso del sector turístico costero y 2 m³/segundo de agua potable, que será administrado por parte del AyA, institución que desarrollará sus proyectos a futuro, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de agua potable de las zonas de interés”, afirmó Coto.
Por otra parte, la gerente de SENARA, Patricia Quirós, también comentó lo mismo durante la audiencia: “Con relación al tema de la calidad de agua para uso potable, el proyecto establece la disponibilidad de recurso hídrico para el AyA en cuatro puntos: cerca de Filadelfia, cerca de Sardinal, cerca de Santa Cruz y cerca de Nicoya, según la distribución de los dos metros cúbicos”.
“Entonces, Paacume proporciona el agua cruda, en las condiciones en que llega desde el embalse Arenal. El Aya tendrá que hacer sus plantas de tratamiento de acuerdo con sus necesidades y sus redes de distribución. Esto no está incorporado dentro del proyecto, pues dependerá de las necesidades de la población y las proyecciones del Aya a futuro”, continuó Quirós.
El año pasado Gadi Amit Kaufman, en representación de la organización Confraternidad Guanacasteca, interpuso un recurso de amparo en contra del Aya.
Según la respuesta del AyA en diciembre de 2017 (Expediente No 17-013465-0007-CO), Saúl Trejos Bastos, director de la unidad de programación y control del AyA, indicó: “Revisada nuestra cartera de proyectos, tanto en las fases de prefactibilidad como factibilidad, no se encuentra ningún proyecto bajo el nombre Paacume. Los proyectos que tenemos en nuestra cartera para esa zona están indicados en el Cuadro 1 que se adjunta, en el cual indicamos la fuente de abastecimiento del recurso de amparo (…). Al contrario, todos los proyectos indicados en el Cuadro 1 supracitado hacen uso de recursos hídricos cercanos.”
En ese mismo documento, Luis Paulino Picado Blanco, director de la unidad ejecutora Proyecto Reducción de Agua No contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética, aseveró: “En el alcance del proyecto para la región Chorotega únicamente se consideran intervenciones en el Acueducto de Liberia y no considera inversiones en el desarrollo de nuevos acueductos (Proyecto Paacume por ejemplo)”.
Para Henry Picado Cerdas, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), criticó: “El agua para consumo humano está de adorno en el Paacume pues es poco viable y muy caro una planta de potabilización. De hecho el AyA no recomienda el uso de agua superficial y menos de este tipo pues pasará a cielo abierto por áreas de plantaciones de arroz o melón, con alto uso de plaguicidas y todo tipo de contaminación biológica y química. Además, el mismo AyA ha desmentido la posibilidad de que esta propuesta se lleva a cabo, puesto que no tienen planes al respecto”, dijo Picado refiriéndose a la respuesta citada del AyA.
Según Sofía Barquero, abogada y asesora legislativa en el despacho del diputado José María Villalta del Frente Amplio, “queda claro que ni la misma institución encargada del abastecimiento de agua para uso poblacional ha manifestado interés en realizar ningún proyecto que requiera puntualmente del caudal que generaría el Paacume”. “Por el contrario, el AyA es claro en su contestación en que tiene otras fuentes de agua disponible para realizar los proyectos que se encuentran planificados”, expresó Barquero.
Falta lista y régimen jurídico de pequeños y medianos agricultores que se beneficiarían
De acuerdo con el video promocional del SENARA, “el distrito de riego Arenal Tempisque genera cerca de $200 millones anuales de parte de productores agrícolas, piscícolas o pecuarios. El Paacume busca que eso mismo ocurra en Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, asegurando el riego para esa zona”.
Además, promueve que “permitirá el riego de 18.800 hectáreas agroproductivas, como una medida de adaptación al cambio climático, de manera que la producción agropecuaria sea sostenible y constante, gracias a los sistemas de riego”.
Este es claramente el principal objetivo del proyecto: el riego. Pero igualmente surge la pregunta de si será riego para pequeños y medianos productores o para la gran agroindustria vinculada a los grupos de poder político y económico de siempre.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Maritza Rojas, coordinadora de comunicación ambiental del ICE, dijo que los tres principales actores socioeconómicos del Paacume eran las empresas: Exporpack S.A., Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A. y Azucarera El Viejo S.A.
Por su parte, Henry Picado, de la FECON, denunció que “el formato de este megaproyecto está en función de llevar agua a proyectos hídricamente despilfarradores e ineficientes como lo son los monocultivos. Este proyecto apodado con el eufemismo de ‘Agua para Guanacaste’ es en gran parte para regar monocultivos de caña de azúcar, melón, arroz, ganadería extensiva y, ¿por qué no? piña también. Pero sus promotores no lo dicen”.
Gadi, Amit, de Confraternidad Guanacasteca, se refirió al sector agrćola como el gran consumidor de agua y al acaparamiento de agua en pocas manos.
“El 80% del agua en Guanacaste es para riego de las cuatro grandes empresas que manejan la caña y el arroz. Cuatro empresas manejan 28.000 litros por segundo, cuando el resto de la provincia maneja sólo 5.000 litros por segundo. Esa es la concentración, esa es la mentira. Le quieren dar más agua a la gente que maneja el agua de riego: Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, Hacienda El Pelón y la Central Azucarera del Tempisque. Cada una tiene como 7.000 litros por segundo por parte de pozos, quebradas, ríos y el sistema de riego Arenal-Tempisque, que maneja SENARA”.
Henry Picado fue más allá y recalcó que “lo cierto es que las empresas que se ven directamente beneficiadas son las mismas que han acaparado el agua de Guanacaste en los últimos 30 años”. “Además, estas empresas beneficiadas con el Paacume tienen relación con partidos políticos tradicionales, han sido parte de sus equipos de gobierno e incluso invierten en campañas políticas”, dijo.
Según documentos de la FECON, Carlos Enrique González Pinto es representante legal de la empresa Melones de Costa Rica S.A. parte de la transnacional Del Monte.
González Pinto es fundador del Grupo Pelón de la Bajura y posee el 50% de las acciones de Melones de Costa Rica con la trasnacional Del Monte. Según reportes del Semanario UNIVERSIDAD, aportó a la campaña del expresidente Óscar Arias Sánchez más de ¢20 millones, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La FECON también aseguró que Agustín Penón Orlich, presidente de Guanacaste Seco S.A., accionista de la exportadora melonera Exporpack S.A. y presidente de la Cámara Nacional de Productores de Melón y Sandía (CANAPEMS), es socio de André Garnier en el acueducto Coco-Ocotal y ha sido tradicional financiador de las campañas políticas del Partido Liberación Nacional.
No obstante, el SENARA sigue asegurando que el Paacume beneficiaría con riego un total de 18.800 hectáreas, dando servicio a 746 productores, de los cuales un 81.57% son pequeños y medianos. “De ellos, cerca del 70% tienen fincas menores a 25 hectáreas, y cerca del 11% tienen fincas de entre 25 y 50 hectáreas; el resto tiene fincas mayores a 50 hectáreas (19% ). De los 746 potenciales productores, 56 son de Nicoya, 197 de Santa Cruz y 493 de Carrillo”, señalan.
Pero para Sofía Barquero, es importante saber en la práctica quiénes usufructúan con estas propiedades, cuál es el régimen jurídico y, por lo tanto, cuántas de estas fincas están alquiladas a, o producen para la gran agroindustria.
“No hay certeza técnica de que el proyecto de riego para cultivos beneficie realmente a más de 700 personas, pues no hay un estudio de la demanda ni una caracterización de las personas beneficiarias. Se extraña un análisis más detallado sobre las personas reales que obtendrán el beneficio”, argumentó Barquero.
El agua que irá para los hoteles y condominios de lujo
Un tercer cuestionamiento tiene que ver con cuáles grupos hoteleros y turísticos se beneficiarán del Paacume.Y eso lo externaron en su momento habitantes de las comunidades guanacastecas a las que el ICE les presentó el proyecto. No queda claro si el agua irá para riego de áreas verdes de proyectos turísticos, para consumo humano de las personas turistas, o para qué.
Maritza Rojas, del ICE, señaló que el sector turístico beneficiado del Paacume serían los hoteles en las zonas Papagayo Sur-Ocotal, Cartagena-Flamingo y Brasilito-Tamarindo.
En su concepto, Gadi Amit cree que existen alternativas para solucionar el problema de acceso al agua: “Si se maneja adecuadamente el agua de riego que consume el 70% de toda el agua de guanacaste; ahorrando el 80% de eso duplicamos la cantidad de agua disponible y habría agua para el desarrollo. El tema es planificarlo, hacerlo decentemente para toda la gente, tomando en cuenta los intereses del pueblo y no de unos cuantos”.
Tras la participación en el “Encuentro ecologista sobre concesiones de agua en Costa Rica“, realizado el pasado 28 de julio en Punta Morales de Chomes, organizado por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, el Movimiento Ríos Vivos y la Federación Ecologista (FECON), las comunidades unidas en dicho Encuentro decidieron lanzar un llamado a la acción colectiva para reunificar el movimiento por la defensa del agua, convocando a todos los sectores afectados por la Mala Gobernanza, este jueves 9 de agosto, a las 8:00 am, frente al CENAC, donde el Ministerio de Ambiente invitó a la sociedad a posicionar sus perspectivas en el primer Foro Nacional de Gobernanza del Agua. Se denunciaron todas las problemáticas que vivimos en el país por la negligencia institucional.
Fotos aportadas por Orlando Amaris y Dany Villalobos.
Organizaciones comunales cuestionan el mecanismo de concesión del agua en Costa Rica
Ecologistas se oponen a que el 90% de caudal de un río pueda ser concesionado
FECON. Del encuentro a la acción por recuperar el agua. Así podemos resumir el paso al frente que varias organizaciones comunales hemos decidido dar, tras la participación en el «Encuentro ecologista sobre concesiones de agua en Costa Rica«. El evento se realizó este sábado 28 de julio en Punta Morales de Chomes, y fue organizado por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, el Movimiento Ríos Vivos y la Federación Ecologista (FECON).
Durante el Encuentro se compartió información sobre la normativa vigente, que es clave para entender algunos desastres ecológicos sucedidos en muchas cuencas del país y las desigualdades en acceso al agua. Se discutió sobre la ausencia de enfoque ecológico en la Ley de Aguas vigente, lo que ha permitido una reglamentación mediocre en términos de protección ambiental, contradictoria con los principios de la Ley Orgánica del Ambiente.
En el caso del canon de agua, se revisaron los precios establecidos por la Dirección de Aguas del MINAE según el tipo de uso, comparando los ingresos públicos con el lucro de algunas actividades económicas privadas. Se pudo evidenciar cómo las represas hidroeléctricas y la agroindustria disfrutan de exoneraciones de hasta en un 90% del costo originalmente establecido, por lo que el Estado incentiva actividades que amenazan y destruyen sistemáticamente los ríos del país.
El bajísimo costo de las concesiones de agua permite a las empresas privatizar las fuentes mediante el acaparamiento de sus caudales, para enriquecerse sin retribución económica justa hacia el bien público. Mientras menor recaudación obtiene el Estado por este recurso, menos mecanismos de fiscalización son posibles, perdiéndose el dominio público efectivo sobre el agua.
Las personas indígenas compartieron la visión de sus pueblos sobre el agua, que es sagrada, porque es la sangre de la madre tierra y como nuestra madre, defenderla debe ser un compromiso natural de todas las personas, sin importar diferencias. También los ríos y cascadas son el hogar de seres espirituales que cuidan la naturaleza y por eso no deben desaparecer.
En este Encuentro nos unimos 40 personas de distintas comunidades como Abangaritos, Orocú, Chomes, Malinche, Guacimal, Abangares, Palmar Sur, Longo Mai, Cristo Rey, Cajón, Fátima y San Rafael de Pérez Zeledón, Alajuelita, Turrialba, Heredia y San José; también de territorios indígenas como Boruca, Cabagra, Térraba y Talamanca. Además, nos acompañaron estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Una propuesta clara que surgió fue la de luchar para cambiar la normativa evidentemente dañina que permite explotar hasta el 90% del caudal de una fuente. También, desde el enfoque de transformación territorial se planteó la necesidad de impulsar planes de manejo de cuencas que den espacio a las comunidades para participar efectivamente en la administración del agua. También, se compartió la postura indígena de defender la autonomía ante los intereses estatales y privados sobre sus territorios.
En resumen, la alta conflictividad por sobreexplotaciones, ausencia de mecanismos de protección ambiental y negación de medios para la participación comunal efectiva, denotan que la prioridad gubernamental ha favorecido continuamente a los intereses empresariales, aún más después de la aprobación de los TLC´s.
Como conclusión, las comunidades unidas en el Encuentro decidimos lanzar un llamado a la acción colectiva para reunificar el movimiento por la defensa del agua, convocando a todos los sectores afectados por la Mala Gobernanza, el próximo jueves 9 de agosto, a las 8:00 am, frente al CENAC, donde el Ministerio de Ambiente ha invitado a la sociedad a posicionar sus perspectivas en el primer Foro Nacional de Gobernanza del Agua. Les motivamos a no dejar pasar esta oportunidad para denunciar todas las problemáticas que vivimos en el país por la negligencia institucional.
FECON. El pasado 19 de julio se convocó a una protesta en el distrito de Pital para pedir a la municipalidad que no brinde más permisos para la instalación de nuevas piñeras en este cantón alajuelense. Esta concentración se dio en el marco de un proceso en el que las empresas piñeras vienen presionando al municipio de San Carlos para acceder a más permisos de cambio de uso de suelo para el cultivo.
La trabajadora social Karla Ramírez declaró: “El movimiento convocado para el día de hoy en la comunidad de Pital tiene como interés que las y los vecinos de la zona tengamos acceso a información sobre la problemática de la expansión piñera descontrolada y podamos tener una participación activa en el análisis de alternativas frente a las diversas problemáticas”.
Esta movilización se da al mismo tiempo que se han descubierto que el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica ha ocultado datos sobre la contaminación de agua para consumo humano en la zona de Pital. Propiamente se sabe que el CICA omitió comunicar a Asadas de la zona presencia de plaguicidas en agua. Dichos químicos son usados en el cultivo de la piña. Existe evidencia de que la ASADA de Palmar de Pital y Veracruz están contaminadas con Bromacil desde 2016.
El país vive una verdadera emergencia sanitaria por la contaminación de aguas superficiales y de consumo humano, pese a eso, la expansión del monocultivo de la piña se da de manera descontrolada y acelerada. Las plantaciones piñeras en su totalidad tienen un crecimiento anual en área a de un 6% anual a nivel nacional, lo que ha llevado a que en el país existan más de 56mil hectáreas de este cultivo actualmente sembrado, teniendo un crecimiento de un 500% desde el año 2000.
Información a los teléfonos: 8760 9800, 8387 8745.
Imagen ilustrativa tomada de la nota: Comunidades afectadas por la pina se reúnen.
Corporaciones transaccionales contaminantes y evasoras de impuestos son los principales beneficiadas de millonaria inversión pública
FECON. ¿Agua para quién y para qué? Es importante que nos preguntemos esto antes de que el país se endeude por USD$ 500.000 (unos 300.000 millones de colones) ante el BCIE para construir una represa de 850 hectáreas y una red de canales de 300 Km y use más de 1500 millones de colones en expropiaciones para pagar las tierras que supuestamente compensaran el bosque seco inundado en la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RMLB). Todo lo anterior con dinero público en plena crisis fiscal.
Recordemos que el proyecto de ley Expediente 20.565, el cual propone desafectar la RBLB, es parte de un megaproyecto llamado PAACUME. El cual se supone llevaría agua a la parte Oeste del Río Tempisque y anegaría aproximadamente 17.500 hectáreas. Pero el formato de este megaproyecto está en función de llevar agua a proyectos hídricamente despilfarradores e ineficientes como lo son los monocultivos. Este proyecto apodado con el eufemismo de “Agua para Guanacaste” es en gran parte para regar monocultivos de caña de azúcar, melón, arroz, ganadería extensiva y por qué no piña también. Pero sus promotores no lo dicen.
Lo cierto es que las empresas que se ven directamente beneficiadas son las mismas que han acaparado el agua de Guanacaste en lo últimos 30 años, se trata de cuatro empresas que consumen un 7 veces más volumen de agua que la población la provincia completa. Estamos hablando de CATSA, Ingenio Taboga, El Pelón de la Bajura y Azucarera el Viejo. Además estas empresas beneficiadas con el PAACUME tienen relación con partidos políticos tradicionales, han sido parte de sus equipos de gobierno e incluso invierten en campañas políticas.
Agua para grandes empresas acaparadoras y contaminantes:
El Pelón de la Bajura es propiedad de Carlos Manuel González Pinto, este empresario ha sido históricamente financiador del Partido Liberación Nacional, pero destaca que para la campaña de Oscar Arias Sánchez aportó ¢20.000.000 (Semanario Universidad, 2012) y para la campaña de Antonio Álvarez puso alrededor de ¢22.000.000 (TSE, 2018). Al mismo tiempo González Pinto es representante legal de Melones de Costa Rica S.A. empresa parte de la del conglomerado transaccional Del Monte, además es dueño de Grupo Pelón (arrocera) y Hacienda Ojo de Agua S.A. (piñera presuntamente relacionada con la contaminación del acueducto de Milano de Siquirres). Por si fuera poco este empresario ha sido también directivo del Banco Central en la administración de Figueres Olsem.
Existe además evidencia que estas mismas empresas privadas han hecho maniobras para evadir sus responsabilidades tributarias. Por ejemplo la empresa cañera CATSA, propiedad el ex-presidente Oscar Arias Sánchez, ha sido descubierta haciendo presuntamente defraudación fiscal por más de 167 millones de colones en 2016. Momento en el cual fue allanada por el Ministerio de Hacienda (Nación, 2016).
Otro gran beneficiado del agua con dinero público son las canchas de golf y jardines de mega hoteles. En este momento están ingresando el doble de habitantes de toda la provincia. Más de 700.000 turistas llegan por el Aeropuerto Internacional de Liberia mientras la población de Guanacaste es aproximadamente 350 000 habitantes. Este proyecto vendría a subsidiar con infraestructura la industria de megaturismo que no ha sacado a la provincia del desempleo y pobreza, al contrario ha agudizado la crisis por el agua.
Existen coincidencias con respecto a quienes hicieron el fideicomiso de Acueducto de Sardinal (Coco-Ocotal) con los impulsores del proyecto PAACUME. Un proyecto impulsado por financiadores de las campañas políticas del PLN (Semanario Universidad, 2006, TSE, 2018) como lo es uno de los grandes beneficiarios de PAACUEME: Agustín Peón Orlich (socio de Andre Garnier en el acueducto Coco-Ocotal y actual Ministro de Coordinación con el sector privado. Peón Orlich es presidente de Guanacaste Seco S.A. y accionista de Exporpack S.A. (melonera de Sardinal).
El agua para consumo humano está de adorno en el PAACUME pues es poco viable y muy caro una planta de potabilización de hecho el AyA no recomienda el uso de agua superficial y menos de este tipo pues pasará a cielo abierto por áreas de plantación de arroz o melón con alto uso de plaguicidas y todo tipo de contaminación biológica y química. Además el mismo AyA ha desmentido la posibilidad que esta propuesta se lleva acabo puesto que no tienen planes al respecto (AyA, 2017)
Todos estos poderes económicos impulsan un proyecto tan cuestionado como el PAACUME. Obligando a Costa Rica a endeudarse por más de ¢300.000 millones para abastecer de agua a estas empresas que no han demostrado que accionan de buena fe. En esta discusión parlamentaria en la Asamblea Legislativa sobre la desafectación 113 hectáreas de bosque seco de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, debería estar decirse transparentemente que ésta destrucción ambiental y esta inversión dantesca de fondos públicos, no es para campesinos pobres, por el contrario es para para beneficiar grandes empresas de políticos mafiosos.
Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza
FECON. En una carta enviada el 9 de julio a la Unión de Asociaciones de Acueductos Integrados de la Zona Norte (UNAIZÓN) por parte de la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, señora Yamileth Astorga, comunicó que a partir del viernes 13 de julio de 2018, estarán asumiendo la administración directa de las nacientes, tomas y tanques de distribución y nos convocan en las instalaciones del tanque Cedros para que le entregamos las llaves (oficio adjunto).
Kennet Vargas, presidente de UNAIZON declaró que: «Nuestra primera reacción fue de sorpresa, pues creíamos superada la discusión legal con respecto a la administración comunitaria del agua y la pertenencia de los bienes comunales«.
Gran parte del financiamiento para la creación, gestión y mantenimiento de esta fuente de agua comunitaria lo aportaron los vecinos de Monterrey y pueblos aledaños que organizaron y trabajaban gratuitamente en cientos de fiestas y turnos; los finqueros que regalaban ganado para las subastas y mandaban los peones a romper zanjas, los miembros de la Asociación de Desarrollo que hipotecaban sus fincas con los bancos para que les otorgaran créditos.
La Ley es clara en el artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el punto g) dice: «El AyA podrá administrar operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos«.
La Constitución Política, en el artículo número 45 dice: «La propiedad es inviolable, a nadie puede privarse de la suya, si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley».
El señor Vargas agregó que: «Hemos contestado la carta (adjunta), indicándole a la Señora Presidenta ejecutiva que no vamos a acceder a sus pretensiones y que defenderemos nuestro acueducto. Que el plazo otorgado es insuficiente e ilegal para un acto que es trascendental para las comunidades usuarias de un servicio. Por otra parte le hemos dejado claro que las instancias para dialogar y negociar es la judicial mediante el proceso de ejecución de sentencia«.
Para Henry Picado, presidente de FECON agregó diciendo que «esto no es nuevo y hay que tomar en cuenta que la administración comunitaria del agua que sigue siendo amenazada por oscuros y lucrativos intereses acaparadores de agua«.
Cuatro empresas consumen muchísima agua en Guanacaste:
Agua concesionada por MINAE: ríos y pozos, 4 m3 por segundo
Sistema Riego Arenal – TEMPISQUE – SENARA: 3 m³ por segundo
Esto significa que: 7 m3 x 60 segundos x 60 minutos x 24 horas x 365 días:
Total consumido por empresa es 220. 752. 000 m3 x año
Cada una de las 4 empresas – recibe esa cantidad de agua: INGENIO TABOGA, CATSA, EL VIEJO, EL PELÓN. Juntas reciben más agua que la que saldrá del PAACUME.
Deberían pagar al ESTADO a nosotros por consumo agua:
En colones por año colones 7.726. 320. 000.00
En dólares por año $ 13. 554. 947.00
Las 4 empresas juntas…por año $ 54. 219. 788.00; eso deberían pagar por el agua que consumen, calculado a 35 colones por metro cúbico – que es 10 % de tarifa de agua AyA.
Los “pobrecitos” lo reciben HOY casi gratis y con eso en 12 años les regalamos 600 millones de dólares.
Quieren que TODOS paguemos la factura de 600 millones de dólares que costaría construir PAACUME, para mantenerle el agua regalada a estas cuatro empresas.
¿USTED quiere pagar esta factura?
¡¡¡ Nosotros NO!!!
¡¡¡ Decimos NO a PAACUME!!!
ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA.
Defendiendo los Derechos Humanos, Ambientales y Sociales por un Guanacaste más Justo, Solidario y Equitativo.
Desde hace 8 años el CICA ha evitado publicar datos sobre la contaminación de agua por agroquímicos usados por piñeras
FECON, 15 de junio 2018. La prestación de resultados por parte del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR sobre contaminación de plaguicidas en agua de la Zona Norte de Costa Rica fue el resultado de un proceso de presión política para que salieran a la luz pública algunos de los datos que este centro aparentemente se negaba a publicar. Esto se dio como resultado de la presión ejercida sobre el CICA desde el despacho del diputado José María Villalta.
Esta información fue recabada desde 2015. Para ese momento el CICA ya tenía evidencia de que el agua de estas comunidades estaba contaminada no lo reportó hasta el 14 de junio de 2018. Este silencio de tres años puede estar costando a muchas personas su salud. Un centro de investigación financiado con fondos públicos tiene el compromiso ético-profesional de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas.
Desde 2015 el CICA tiene datos que confirman que alguno de los puntos de muestro están contaminados con bromacil (herbicida), ametrina (herbicida), diuron (herbicida), metalaxil (fungicida), carbendazim (fungicida) y hexazinona (heribicida) pero no los había hecho públicos. Lo más grave es que algunos de los 32 sitios maestreados son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.
Este centro de investigaciones no sólo ha ocultado información sobre contaminación de agua por agroquímicos en comunidades de la Zona Norte, sino que esta práctica es reiterada. El CICA también se ha negado a publicar otros datos sobre contaminación en una de las cuencas más importantes de nuestro país, el Río Grande Terraba y el Humedal Terraba-Sierpe. La FECON tiene conocimiento que esto datos han sido recopilados desde 2012 sin ver la luz pública. Uno de los ecosistemas de humedal protegidos por el Convenio RAMSAR.
Este tipo de prácticas es una grave falta moral y ética departe de funcionarios públicos que deciden engavetar información clave para el debate nacional sobre el fenómeno de expansión piñera que el país tiene a cuestas.
En FECON hemos sido enfáticos en denunciar en el pasado que existen 5.566 hectáreas deforestadas por las piñeras de forma ilegal, un área equivalente al Parque Nacional Carara. Además se reportan 74 piñeras identificadas por el Centro Nacional de Alta Tecnología de CONARE que desde 2015 por violar la Ley Forestal siguen impunes. También hemos reportado que existen más de 1.112 hectáreas de piña sembradas dentro de Áreas Silvestres Protegidas.
Se debe señalar que las consecuencias económicas de la expansión descontrolada de la piña ya estan siendo pagadas por las comunidades y el Estado costarricense. Se calcula ₡2.500 millones de colones cuesta el acueducto nuevo de Milano de Siquierres ya que el viejo se los contaminó una piñera hace más de quince años. Por esta situación el AyA ha desembozado durante este tiempo alrededor de USD$5.000.000 para abastecer agua mediante cisterna a comunidades donde la Piña contaminó sus acueductos comunitarios.
La totalidad del costo social y ambiental de la expansión piñera se desconoce. El país está permitiendo que esta industria devaste gran parte de la riqueza natural y ahora incluso amenaza las fuentes de agua de las comunidades vecinas a sus plantaciones. Por eso se necesita una institucionalidad académica comprometida para investigar de forma responsable los impactos de la industria piñera.
Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
Información al teléfono: 87609800
Ilustración: Raquel Mora
Enviado por FECON
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