Foro: Perspectivas del agua en Costa Rica
Jueves 1 de noviembre a las 8:30 a.m.
Auditorio de Ciudad de la Investigación, UCR

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Las familias que residen en zonas rurales y que utilizan cocinas de leña o fogones pueden aprovechar el humo de estos aparatos para contar con agua caliente para el aseo personal, preparar alimentos o lavar los platos, entre otras tareas.
Esto gracias a un proyecto que desarrolló un grupo de estudiantes de cuarto año de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica (UCR), al que denominaron: “Diseño y construcción de un calentador de agua de bajo costo para uso doméstico en zona rural que utilice gases de chimenea de la quema de leña”.
Dalila Arias Valverde, Diego Umaña Arias, Gerard Arguedas Bogantes, Óscar Cordero Flores y Simon Hermelink Janssen unieron su ingenio y como resultado surgió el WRR (Warm Residual Reuser o Reutilizador Residual de Calor). El aparato fue ideado, diseñado, construido, probado y evaluado durante el primer semestre de este 2018, en el curso “Laboratorio de operaciones de transferencia de fluidos y calor”.
“Lo que nos inspiró a trabajar en esta propuesta fue brindar una solución real ante un problema que viven diariamente las poblaciones rurales del país, en donde las personas no siempre tienen acceso al agua caliente y adquirir una ducha les sale muy costoso. Este calentador hecho con materiales reciclados es mucho más barato de mantener y no necesitan utilizar leña extra en la cocina, pues se adapta a la cantidad de gas que se produzca”, indicó Diego Umaña.
La mejor característica que tiene este dispositivo es su aplicabilidad, según contaron los jóvenes, pues basados en las pruebas que realizaron constataron que a pesar de haber identificado ciertas fugas del humo, el agua se calentó lo suficiente como para ser utilizada en el hogar.
“La cocina o el fogón se unen al calentador mediante una tubería por la que pasa el humo y llega a un primer cilindro que contiene una placa que se convierte en una trampa para acumular las cenizas o resinas que se generan al quemarse la leña. Después el humo sube al tanque superior y llega a distribuirse dentro de unos tubos de cobre que lo atraviesan, ese tanque es el que se llena con agua; entonces, los gases calientan esos tubos y por ende aumentan la temperatura del agua”, explicó Oscar Cordero.
La trampa de ceniza es muy importante en todo el diseño pues atrapa los residuos y evita que estos salgan al ambiente, luego son retirados y pueden ser tratados para que no contaminen; inclusive las cenizas o el carbón resultantes se pueden utilizar como abono. Otra característica positiva es que el goteo del aparato (que contiene resinas y que escapa por medio de una válvula inferior) sirve como repelente contra insectos y protege la madera.
“Otro acierto es que logramos que los gases que produce una cocina de leña se liberen con un nivel de temperatura mucho menor, ya que normalmente el humo que emana directamente de la caldera está muy caliente; descubrimos que los gases que pasan por este calentador terminan siendo apenas tibios y hasta se puede colocar la mano encima de ellos y no quemarse, con ello evitamos contribuir con el calentamiento global”, detalló Dalila Arias.

La temperatura que logró alcanzar el agua en este calentador cumple con el objetivo de que sea agradable para bañarse o para usarla en los quehaceres del hogar; el agua que vertieron los estudiantes dentro del tanque tenía una temperatura de 22 ℃ y una vez que pasó por el calentador subió a los 38 ℃, una diferencia de 16 ℃.
“El peso máximo que llegamos a probar en el tanque de agua fue de ocho litros y aun así el tanque no llegaba ni a la mitad de su capacidad, esto representa una cantidad elevada de agua para que una persona se bañe; cumplimos con la meta que nos propusimos: no se necesita tener un equipo muy grande y costoso para poder darle solución a la necesidad de tener agua caliente”, mencionó Diego Umaña.
En cada prueba utilizaron dos kilos de madera que tardaron en quemarse una hora y media, eso representa una cantidad baja de combustible en comparación a lo que puede quemar una familia rural, asimismo entre más cantidad de madera se queme, más caliente estará el agua.
“Con tuberías más gruesas aumentaría el flujo del humo y se aprovecharía más la quema de la leña, además pensamos que se deben agregar refuerzos a la placa del filtro para que resista los choques térmicos y soporte bien el peso del agua, de esta forma el dispositivo puede rendir y durar más. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que no tuvimos los medios para poder galvanizar el tanque de agua, por lo que se empezó a ensuciar con oxido”, señaló Simon Hermelink, sobre los trabajos que hay que hacer para mejorar.
Para construir el WRR los estudiantes echaron mano de materiales reciclados y desechos, como por ejemplo: tubos de cobre rectos y cilindros de refrigerante viejos, “lo único que tuvimos que comprar fueron tornillos, válvulas, un sellador de construcción, un termómetro de vidrio y varillas para soldar; al final invertimos en total $20 lo que lo convierte en un proyecto de bajo costo y ecoamigable”, aseveró Simon Hermelink.
Lo ideal es que el WWR sea colocado a una altura que permita por un lado conectarlo a la chimenea y por otro, mediante tubería PVC, llenar su tanque de agua y que una vez caliente baje por efecto de gravedad hacia la ducha o cocina, “el sistema se puede cambiar para que tenga un proceso continuo de entrada y salida de agua, la principal modificación sería añadir un serpentín (tubos en espiral dentro de los que circula el gas) y transferir más calor”, concluyó Oscar Cordero.
Otto Salas Murillo
Periodista Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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“El Gobierno habría cedido también por la eliminación de la matriz hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) pues “frenaba el desarrollo del país”, según el congresista, lo cual fue del agrado de la bancada”; así indica un párrafo en el artículo del diario CRHOY del pasado 20 de agosto.
La Matriz Hídrica o Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, es un instrumento técnico creado por el SENARA, precisamente para la protección del agua de todos los costarricenses, estableciendo regulaciones a la hora de llevar a cabo algunos proyectos constructivos o actividades, para así no impactar negativamente el recurso hídrico subterráneo.
Las limitaciones o restricciones que ordenan el uso del territorio, les molesta a algunos empresarios inescrupulosos agremiados en torno a la Cámara Costarricense de la Construcción, que sólo piensan en sus intereses económicos, lo que los ha llevado a que por muchos años ataquen la Matriz, intentando también, ejerciendo presión en los gobiernos de turno, eliminar o debilitar la oficina técnica del SENARA que impulsa la Matriz de Protección de acuíferos, como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIHG).
En junio del 2009 se denunció que la misma Junta Directiva del SENARA, órgano político y no técnico, probablemente recibiendo orden del Ejecutivo, dispuso censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de esa oficina pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver exclusivamente al MINAET, además acordaron, que no le correspondía a la DIGH, definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html).
En el 2011 varias organizaciones alertaron sobre el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, para así concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET (http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html); dirección que su jerarca ha demostrado que sigue los vaivenes de los políticos de turno en cuanto a la “política hídrica” y no los intereses del pueblo en general.
Los anteriores intentos y otros han tocado con pared, ya que tanto la Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la misma Contraloría General de la República se han manifestado a favor de la Matriz de Protección de Acuíferos, su aplicación en todo el país y a favor de la potestad que tiene la DIGH de dictar medidas de protección sin ningún censura de la misma Junta Directiva y Gerencia del SENARA.
Como las ataques de los empresarios para eliminar o debilitar la Matriz de Protección de Acuíferos no ha rendido frutos, ni siquiera los tanteados ante los tribunales de justicia de la República, lo siguen intentando con los gobierno de turno; así el gobierno de Luis Guillermo Solís al resolver un conflicto de competencias interpuesto por el propio Ministro de Ambiente, resolvió a favor de lo que han querido las cámaras de empresarios, declarar que SENARA no tiene competencia para dictar medidas de protección del recurso hídrico, en cuenta matrices de protección de acuíferos, ignorando el gobierno de Solís, lo que han resuelto los tribunales de la República y lo que establece la misma Ley de Creación del SENARA, en cuanto a la obligatoriedad de esas institución de proteger el recurso hídrico subterráneo.
Ahora en el gobierno de Carlos Alvarado, siguiendo la línea de las cámaras de empresarios y obviando que la Matriz de Protección de los Acuíferos es un instrumento técnico para la protección del agua, la Junta Directiva del SENARA, a iniciativa del Ministro de Agricultura, presidente de ese cuerpo directivo, suspendió la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos por 6 meses, mientras una comisión preparará una nueva matriz a gusto de los empresarios constructivos; tanto así que esos empresarios tendrán su representación dentro de esa comisión, no así no habrá representación del sector ambiental.
El descaro del gobierno de Carlos Alvarado y de los empresarios es tanto, qué cómo se señala en el primer párrafo de esta nota, a cambio de atraer votos para el paquete fiscal, el gobierno ha cedido la eliminación de la Matriz de Protección de Acuíferos, con el argumento falaz de que frena el desarrollo del país.
Muy contentos deben estar las 14 cámaras de empresarios con el gobierno del bicentenario, cámaras que el año pasado salieron perdiendo en el juicio que entablaron en el Tribunal Contencioso Administrativo para que ese Tribunal declarara la ilegalidad de la Matriz; pero todo lo contrario, los jueces después de escuchar los argumentos a favor y en contra de la Matriz del SENARA, declararon la necesidad de tal instrumento para la protección del agua de todos los costarricenses.
José Francisco Alfaro Carvajal
Integrante colectivo CONCEVERDE
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por el autor.
Escrito en . Publicado en Madre Tierra.
En su primer discurso presidencial, usted prometió: “Protección y balance con el ambiente”. Sin embargo, en estos primeros 100 Días, su gobierno de “unidad nacional” no honra las promesas de campaña electoral ni su discurso inaugural, pero sí perpetúa el accionar de las anteriores administraciones, respondiendo a los intereses supremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus socios.
Su gobierno continúa promoviendo el Proyecto Mesoamérica (PM), extensión del Plan Puebla Panamá, con claros mandatos internacionales, para asegurar el mayor flujo de bienes y servicios del país hacia el Norte, por medio del saqueo y la privatización de nuestros recursos naturales y vida, que obligan al endeudamiento para financiar la infraestructura de proyectos privados al servicio del gran capital, como ocurre con el Proyecto PAACUME en Guanacaste y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis en el Sur, contribuyendo aún más con el creciente Déficit Fiscal.
En el marco del PM su gobierno sigue impulsando la modernización de la infraestructura de los principales Puertos en el Caribe y Pacífico costarricenses para privatizarlos posteriormente sin importar el desempleo. Se amplían y construyen nuevas carreteras y aeropuertos como el de Osa, pese a la fragilidad de su entorno ambiental. Se acelera la desregulación del SETENA y el debilitamiento del SENARA para favorecer la entrega del agua a manos llenas para regar jardines, campos de golf y hasta vender el agua embotellada, ignorando el impacto real del Cambio Climático en Guanacaste, una de las provincias más empobrecidas y la más seca del país.
Los jerarcas del MINAE, de la Dirección de Aguas, y el AyA siguen sin poner límites al uso y abuso del agua por las grandes empresas de monocultivos como la caña de azúcar, el arroz, el melón, la sandía y la piña, sin importarles que las empresas devuelvan el agua contaminada a los ríos, quebradas, nacientes y pozos que utilizan las comunidades humanas y silvestres.
A los 100 Días, su administración destaca negativamente para el ambiente por las siguientes razones:
Por todas estas agresiones, violaciones e inacciones sobre el medio ambiente, su gobierno “nacional” y del “bicentenario” requiere un cambio de rumbo y dirigencia en instituciones como el MINAE, la Dirección de Aguas y el AyA, cuyos jerarcas siguen demostrando irrespeto y falta de compromiso con la protección del ambiente y la biodiversidad. Exigimos no se permitan talas ni otra actividad humana en zonas ambientalmente frágiles, especialmente donde se atente contra el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central y otras regiones del país.
Suscriben,
Asociación Conservacionista Yiski
CEUS del Golfo de Nicoya
Comité Ambiental de Miramar
Conceverde
Ni una sola mina
Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com
Enviado por María Elena Fournier.
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Por: Byron Barillas y Luis Bonilla /Académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
San José, C.R. (2018)
Como parte de la investigación que venimos desarrollando desde mediados del año 2017 en varias zonas del país sobre el tema del agua, a finales de enero y principios de febrero del presente año nos correspondió hacer entrevistas en los cantones de Guápiles y Guácimo. En este último cantón descubrimos algo que para el equipo investigador es un hallazgo relevante, para entender parte de la problemática en torno al agua que se vive en ese cantón, y que de alguna forma, también podría explicar la de las otras zonas involucradas en dicho estudio, aunque con sus propias especificidades.
El contexto específico del hallazgo ocurrió ante la pregunta a una líder y dirigente comunal muy experimentada de Guácimo, que trataba de indagar, cuáles instituciones asumen con responsabilidad sus funciones con respecto al tema de la contaminación del agua, producida por la actividad piñera en varias comunidades. Ante lo cual responde que no hay una responsabilidad de las instituciones que sea parte de una “política institucional”, sí puede notarse el compromiso de personas, que la asumen desde una postura ética de su trabajo, como es el caso de algunas personas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que manifiestan un compromiso con el problema de la contaminación del agua y están apoyando a las comunidades.
También considera que, ante algunos lineamientos de política como lo es, el decreto del Estado para producir “piña responsable” orientado a mejorar las prácticas de este cultivo, no existe una reglamentación específica diseñada para hacer efectivo este decreto. Además, aunque hay un cuerpo de leyes ambientales que sirven de marco para que las instituciones hagan su trabajo, tampoco se cumplen; aunque, esto se matiza con el hecho que algunas instituciones carecen de personal para operar la legislación ambiental; por ejemplo cuando algún funcionario se pensiona en algunas instituciones del MINAE no se reponen esas vacantes.
La NO política, en este caso, hace referencia a esa especie de “vacío institucional” en que aparentemente funcionan algunas instituciones; aunque, paradójicamente, exista una nutrida legislación nacional para que estas desarrollen su labor de protección y fiscalización. En la entrevista, sin embargo, se destaca el caso de la municipalidad de Guácimo, donde se indica que no ha existido en el pasado reciente, un esfuerzo del gobierno local por establecer algunas políticas específicas orientadas a la protección del recurso hídrico del cantón. Aunque ha habido iniciativas de algunos líderes comunales para que el gobierno local asumiera por ejemplo alguna medida de protección de las zonas de recarga acuífera en la parte sur del cantón de Guácimo, de donde se obtiene el agua para buena parte de sus habitantes.
Este desinterés por crear políticas específicas de protección del recurso hídrico, asimismo, de apegarse a la normativa del campo ambiental para fiscalizar y corregir los abusos de algunas empresas piñeras o bien de desarrolladores de proyectos habitacionales que contaminan el agua, es lo que estamos entendiendo por el ejercicio de la “NO política”; así, la NO política, es la otra forma de “hacer” política, pero esta vez en términos de omisión e incluso de negligencia.
Por otra parte, la política en su sentido propositivo, que adversa a la “NO política”, la rescatamos de una experiencia de democracia directa llevada a cabo en este cantón, esa experiencia es el plebiscito, una novedosa forma de ejercer la ciudadanía política en contextos donde se deben dirimir temas conflictivos; que en el caso de Guácimo, y creemos que a nivel nacional, constituye un experimento exitoso de protección del recurso hídrico utilizando dicho mecanismo de democracia participativa. Haciendo una breve reseña, ese proceso de plebiscito que comenzó en el año 2001 a iniciativa de organizaciones sociales defensoras del agua para impedir la construcción de una hidroeléctrica por parte de una empresa privada, con el aval inicial del ICE y del mismo gobierno local, tuvo al final un resultado exitoso para la gestión de democracia participativa que logró anular la autorización para que se construya dicha represa.
El proceso fue arduo y rico en enseñanzas, sobre todo para las comunidades de Guácimo que ganaron el plebiscito al gobierno local que favorecía la hidroeléctrica, producto de una labor de convencimiento por parte de líderes comunales que desplegaron mucha energía al seno de las organizaciones populares y comunales. Nos parece válido señalar, que ese ejercicio democrático sigue estando en el reservorio de la memoria colectiva de las comunidades para enfrentar la “NO política” que se ha venido reinstalando como práctica nociva, para una auténtica defensa del recurso hídrico en dicho cantón.
Para fines analíticos del estudio, la categoría de la “NO política”, que surge de indagaciones empíricas, será de mucha utilidad en futuras reflexiones académicas, al brindar nuevos elementos e ir construyendo un marco teórico más elaborado para explicar la problemática del recurso hídrico desde el punto de vista socio-político.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Byron Barillas.
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La Red Ambiental Yarca invita al Encuentro ciudadano: Agua para siempre, agua para todos. Esta actividad, convocada para este sábado 18 de agosto, es una invitación abierta para tomar acciones ante las problemáticas ambientales de Heredia. La tala indiscriminada y la situación en torno a la Matriz Genérica de Protección Acuífera del SENARA estarán en la agenda.
La actividad está motivada por lo que ocurre en las montañas del Norte de Heredia, pero implica situaciones que se viven en muchas zonas del país. La cita es este sábado 18 de agosto a las 9:30 de la mañana en el Centro Cultural Omar Dengo, sala 6. Esto es en Heredia centro, calle 2.
Información enviada a SURCOS por José Francisco Alfaro.
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“Los acueductos de los indígenas eran canales cerrados y abiertos que ayudaban a conducir el agua a los lugares deseados. Los tanques de agua estaban hechos con estructuras rectangulares de roca que permitían el almacenamiento de agua que venía de los acueductos. Se dice que los habitantes del Monumento Nacional Guayabo eran diestros en el manejo del agua, prueba de ellos es haber construido acueductos y tanque de almacenamiento de agua que todavía se encuentran en funcionamiento”.
Basado en el texto anterior, se puede reconocer también el gran valor del trabajo que realizan las ASADAS en conjunto con la Alianza por la Defensa del Agua, las cuales, actualmente se dedican a la distribución justa y responsable del agua en sus comunidades.
Reflexión compartida en redes digitales por Annia Araya, Orlando Amaris y Dany Villalobos, con base en el mural y su texto.
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Alianza Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, Movimiento Ríos Vivos, FECON. Organizaciones de diferentes comunidades del país, convocaron el pasado jueves 9 de agosto al Foro Comunitario sobre la Mala Gobernanza del Agua en el Parque España. Esta actividad se llevó a cabo mientras en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) se desarrollaba el Foro Nacional de Gobernanza del Agua convocado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
En el marco de las acciones acordadas en el “Encuentro ecologista sobre concesiones de agua en Costa Rica”, surgió el Foro Comunitario sobre la Mala Gobernanza del Agua. El mismo contó con personas de las comunidades: Abangaritos, Orocú, Chomes, Malinche, Guacimal, Abangares, Palmar Sur, Longo Mai, Cristo Rey, Cajón, Fátima y San Rafael de Pérez Zeledón además de los territorios indígenas de Boruca, Cabagra, Salitre y Talamanca. Estas comunidades se unieron desde sus diferentes realidades, territorios y cosmovisiones en la denuncia de la negligencia institucional en la destrucción del agua, de las comunidades y la vida.
El Foro Comunitario sobre la Mala Gobernanza del Agua surgió como una necesidad ante un Gobierno que se encuentra al servicio de intereses privados que amenazan y destruyen sistemáticamente el agua. El MINAE y otras Instituciones del Estado parecen ser cómplices de la privatización de las fuentes de agua, su contaminación y la privación de las comunidades de tan importante bien común; el cual también es considerado como sagrado para comunidades indígenas.
Esta complicidad de éste y pasados Gobiernos, según FECON, podría radicar en la ausencia del enfoque ecológico y de las comunidades en la gestión del agua, en el posibilitar la concesión de explotación de hasta el 90% del caudal de los ríos, el otorgamiento de exoneraciones del 90% del costo del canon originalmente establecido a empresas privadas y la debilidad estructural para la fiscalización pública del agua. Estas y otras acciones demuestran la existencia de una mala gobernanza del agua que promueve su privatización y destrucción.
¡NO A LA MALA GOBERNANZA DEL AGUA!
¡AGUA PARA LAVIDA!

Contactos: Dany Villalobos V. 8781-4512, Angélica Alvarado Barrantes 8583-0253., Esteban Barquero Salazar 8309-0674.
Enviado por FECON.
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Este 6 y 7 de agosto se reunieron en San José representantes de comunidades afectadas por el agro-negocio. Es de esta forma que personas víctimas del despojo, la contaminación y la explotación producidas por los principales monocultivos expandidos por Costa Rica.
Esta reunión se da en un contexto en el cual el país se encuentra en una crisis de la contaminación del agua con agrotóxicos usados en la expansión piñera. Evidencia son los dados revelados en las últimas semanas sobre la presencia de agroquímicos en Pital de San Carlos y Río Cuarto de Alajuela. Lamentable es además que la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) piensan que la gente tiene que tomar obligatoriamente agua con residuos de sus agroquímicos. Mientras el Estado gasta millones remediando a medias la crisis, las empresas se desmarcan de su acto criminal.
Para Erlinda Quesada del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera “es necesario pedir justicia y que los responsable paguen las consecuencias y que las comunidades reciban agua sin ningún agroquímico.”
Por otro lado el Decreto Nº 35301 MAG-MEIC-S Norma RTCR, de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en este sentido Henry Picado de la FECON afirma que: “esta es una forma de legalizar la contaminación en nuestra agua pública sirven para hacer legal la contaminación de agua y por lo tanto le dan herramientas a las empresas y el Estado para darnos agua contaminada.”
Desde inicios del mes de julio la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) le ha solicitado al director del Servicio Fitosanitario del Estado, Fernando Araya Alpizar información sobre el registro de más de cuatrocientos agrovenenos en los últimos años mediante la Ley Nº 8702 sobre el Trámite de las Solicitudes de Registro de Agroquímicos. Muchos de ellos sin análisis ecotoxicológicos o permisos sanitarios, pese a eso estos cuatrocientos agrotóxicos se usan en el país registrados con poca transparencia.
Para Picado la situación “…lejos de parar el riesgo de contaminación el peligro se agrava ya que se sabe que están a la espera de aprobación 28 solicitudes de ingreso al país de nuevos Ingredientes Activos de Grado Técnico (IAGT), la mayoría propiedad de Bayer, Syngenta, Dow, DuPont o BASF. (SFE, 31-05-2018). Todas grandes transaccionales cuestionadas por sus irresponsabilidad en el manejo de los agroquímicos.”
Pero es aún más preocupante cuando sabemos que las puertas giratorias en Costa Rica hacen que representantes de las casas comerciales de agrovenenos entren y salgan del MAG como perros por su casa. Por ejemplo el asesor estrella del Ministro de Agricultura y Ganadería fue representante de la Cámara Nacional de Productos Genéricos y acusado supuesto tráfico de influencias con empresas de agrovenenos (FECON, 21-05-2018) investigado por la misma Asamblea Legislativa.
En resumen en este momento estamos ante un escenario de crisis por la contaminación por agrotóxicos en agua potable mientras los vendedores de los venenos gobiernan la materia de registro y permisos de agroquímicos.
En este contexto representantes de organizaciones comunitarias se reúnen en San José el 6 y 7 de agosto en el II Encuentro de Personas Afectadas por el Agronegocio. Conjuntamente analizan el contexto nacional sobre esta crisis de contaminación. Organizado por CoecoCeiba Amigos de la Tierra, FECON, FRENASAPP, Kioscos Ambientales, Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y CEDARENA.
Información al teléfono 8760 9800.
Enviado por FECON.
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Fabiola Pomareda García
Voces Nuestras

Desde las zonas más altas de Bagaces se aprecian en las llanuras del Tempisque los cultivos de arroz, algunas plantas de procesamiento de tilapia, las fincas ganaderas y unas pocas sabanas arboladas. Se sabe que a lo lejos esperan caminos de tierra que cruzan poblados donde lo que hay es sed. Sed y sequía. Los desarrollos turísticos, la falta de control sobre los acuíferos, el aumento en la población y la demanda de agua por parte de la agroindustria, todo tiene que ver con la carencia de agua en la provincia.
Mañana se empezaría a discutir en el plenario legislativo el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465). Esta modificación de límites permitiría el avance del Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), impulsado por el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y varios legisladores.
El Paacume consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal, las cuales inundarían un embalse que abarcaría 850 hectáreas. Para esto serían inundadas 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Luego el agua bajaría a través de canales de riego hasta la bajura guanacasteca.
El plan tiene su base en el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste-Pacífico Norte (PIAAG), que busca desarrollar proyectos de infraestructura “de regulación y control de agua para satisfacer la demanda de recurso hídrico para las poblaciones y el uso en riego en las llanuras del Tempisque”.
El 16 de julio la Comisión Especial dictaminó afirmativamente el proyecto de ley para modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Esa comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
El legislador Rodolfo Peña, por ejemplo, es uno de los principales impulsores del proyecto. En un video reitera: “Se van a beneficiar en su mayoría pequeños agricultores, va a haber agua potable para 500,000 personas y llegará agua a las zonas costeras de Carrillo y de Santa Cruz y eso nos va a permitir la recuperación de los mantos acuíferos”.
Sin embargo, diversos actores han externado las siguientes preocupaciones: ¿Es verdaderamente agua para consumo humano?, ¿Son pequeños y medianos productores los que recibirán el riego? ¿Cuáles grupos hoteleros se verán beneficiados?
Toda la discusión alrededor del proyecto deja entrever la necesidad de más transparencia de parte del Gobierno a la hora de promover megaproyectos y al momento de informar a la población sobre las verdaderas personas beneficiadas, especialmente tratándose de una provincia tan necesitada como Guanacaste.

Un video informativo del SENARA destaca: “El agua no sería sólo para riego, el consumo humano será prioridad, unas 500 mil personas durante los próximos 50 años dispondrán de una cantidad de líquido similar al disponible para el Gran Área Metropolitana”.
El proyecto permitirá “asegurar disponibilidad de agua en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya durante los 12 meses del año para consumo humano y riego para distintos usos”.
Según el Gobierno, con este proyecto se podrá poner bajo riego 18,800 hectáreas localizadas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, para suplir la demanda de agua potable a unas 500,000 personas de los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, con una proyección de 50 años.
Si bien el Paacume es un proyecto que permitirá llevar un caudal de 20 m³/segundo, provenientes del embalse Arenal, hasta la margen derecha del río Tempisque, sólo 2 m³/segundo de este caudal sería para consumo humano y eso nisiquiera está proyectado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Aya). Sin embargo, el “agua para consumo humano” es una de las principales argumentaciones a favor del proyecto, usada por diputados y funcionarios del Gobierno.
En audiencia de la Comisión Especial que analizó este proyecto en la Asamblea Legislativa, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo del SENARA, explicó que la red de distribución primero regará la zona de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya y luego llevará agua a la cordillera costera.
“Ahí se destinarán tres puntos para entregar 1,5 m³/segundo para uso del sector turístico costero y 2 m³/segundo de agua potable, que será administrado por parte del AyA, institución que desarrollará sus proyectos a futuro, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de agua potable de las zonas de interés”, afirmó Coto.
Por otra parte, la gerente de SENARA, Patricia Quirós, también comentó lo mismo durante la audiencia: “Con relación al tema de la calidad de agua para uso potable, el proyecto establece la disponibilidad de recurso hídrico para el AyA en cuatro puntos: cerca de Filadelfia, cerca de Sardinal, cerca de Santa Cruz y cerca de Nicoya, según la distribución de los dos metros cúbicos”.
“Entonces, Paacume proporciona el agua cruda, en las condiciones en que llega desde el embalse Arenal. El Aya tendrá que hacer sus plantas de tratamiento de acuerdo con sus necesidades y sus redes de distribución. Esto no está incorporado dentro del proyecto, pues dependerá de las necesidades de la población y las proyecciones del Aya a futuro”, continuó Quirós.
El año pasado Gadi Amit Kaufman, en representación de la organización Confraternidad Guanacasteca, interpuso un recurso de amparo en contra del Aya.
Según la respuesta del AyA en diciembre de 2017 (Expediente No 17-013465-0007-CO), Saúl Trejos Bastos, director de la unidad de programación y control del AyA, indicó: “Revisada nuestra cartera de proyectos, tanto en las fases de prefactibilidad como factibilidad, no se encuentra ningún proyecto bajo el nombre Paacume. Los proyectos que tenemos en nuestra cartera para esa zona están indicados en el Cuadro 1 que se adjunta, en el cual indicamos la fuente de abastecimiento del recurso de amparo (…). Al contrario, todos los proyectos indicados en el Cuadro 1 supracitado hacen uso de recursos hídricos cercanos.”
En ese mismo documento, Luis Paulino Picado Blanco, director de la unidad ejecutora Proyecto Reducción de Agua No contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética, aseveró: “En el alcance del proyecto para la región Chorotega únicamente se consideran intervenciones en el Acueducto de Liberia y no considera inversiones en el desarrollo de nuevos acueductos (Proyecto Paacume por ejemplo)”.
Para Henry Picado Cerdas, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), criticó: “El agua para consumo humano está de adorno en el Paacume pues es poco viable y muy caro una planta de potabilización. De hecho el AyA no recomienda el uso de agua superficial y menos de este tipo pues pasará a cielo abierto por áreas de plantaciones de arroz o melón, con alto uso de plaguicidas y todo tipo de contaminación biológica y química. Además, el mismo AyA ha desmentido la posibilidad de que esta propuesta se lleva a cabo, puesto que no tienen planes al respecto”, dijo Picado refiriéndose a la respuesta citada del AyA.
Según Sofía Barquero, abogada y asesora legislativa en el despacho del diputado José María Villalta del Frente Amplio, “queda claro que ni la misma institución encargada del abastecimiento de agua para uso poblacional ha manifestado interés en realizar ningún proyecto que requiera puntualmente del caudal que generaría el Paacume”. “Por el contrario, el AyA es claro en su contestación en que tiene otras fuentes de agua disponible para realizar los proyectos que se encuentran planificados”, expresó Barquero.

De acuerdo con el video promocional del SENARA, “el distrito de riego Arenal Tempisque genera cerca de $200 millones anuales de parte de productores agrícolas, piscícolas o pecuarios. El Paacume busca que eso mismo ocurra en Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, asegurando el riego para esa zona”.
Además, promueve que “permitirá el riego de 18.800 hectáreas agroproductivas, como una medida de adaptación al cambio climático, de manera que la producción agropecuaria sea sostenible y constante, gracias a los sistemas de riego”.
Este es claramente el principal objetivo del proyecto: el riego. Pero igualmente surge la pregunta de si será riego para pequeños y medianos productores o para la gran agroindustria vinculada a los grupos de poder político y económico de siempre.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Maritza Rojas, coordinadora de comunicación ambiental del ICE, dijo que los tres principales actores socioeconómicos del Paacume eran las empresas: Exporpack S.A., Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A. y Azucarera El Viejo S.A.
Por su parte, Henry Picado, de la FECON, denunció que “el formato de este megaproyecto está en función de llevar agua a proyectos hídricamente despilfarradores e ineficientes como lo son los monocultivos. Este proyecto apodado con el eufemismo de ‘Agua para Guanacaste’ es en gran parte para regar monocultivos de caña de azúcar, melón, arroz, ganadería extensiva y, ¿por qué no? piña también. Pero sus promotores no lo dicen”.
Gadi, Amit, de Confraternidad Guanacasteca, se refirió al sector agrćola como el gran consumidor de agua y al acaparamiento de agua en pocas manos.
“El 80% del agua en Guanacaste es para riego de las cuatro grandes empresas que manejan la caña y el arroz. Cuatro empresas manejan 28.000 litros por segundo, cuando el resto de la provincia maneja sólo 5.000 litros por segundo. Esa es la concentración, esa es la mentira. Le quieren dar más agua a la gente que maneja el agua de riego: Ingenio Taboga, Azucarera El Viejo, Hacienda El Pelón y la Central Azucarera del Tempisque. Cada una tiene como 7.000 litros por segundo por parte de pozos, quebradas, ríos y el sistema de riego Arenal-Tempisque, que maneja SENARA”.
Henry Picado fue más allá y recalcó que “lo cierto es que las empresas que se ven directamente beneficiadas son las mismas que han acaparado el agua de Guanacaste en los últimos 30 años”. “Además, estas empresas beneficiadas con el Paacume tienen relación con partidos políticos tradicionales, han sido parte de sus equipos de gobierno e incluso invierten en campañas políticas”, dijo.
Según documentos de la FECON, Carlos Enrique González Pinto es representante legal de la empresa Melones de Costa Rica S.A. parte de la transnacional Del Monte.
González Pinto es fundador del Grupo Pelón de la Bajura y posee el 50% de las acciones de Melones de Costa Rica con la trasnacional Del Monte. Según reportes del Semanario UNIVERSIDAD, aportó a la campaña del expresidente Óscar Arias Sánchez más de ¢20 millones, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La FECON también aseguró que Agustín Penón Orlich, presidente de Guanacaste Seco S.A., accionista de la exportadora melonera Exporpack S.A. y presidente de la Cámara Nacional de Productores de Melón y Sandía (CANAPEMS), es socio de André Garnier en el acueducto Coco-Ocotal y ha sido tradicional financiador de las campañas políticas del Partido Liberación Nacional.
No obstante, el SENARA sigue asegurando que el Paacume beneficiaría con riego un total de 18.800 hectáreas, dando servicio a 746 productores, de los cuales un 81.57% son pequeños y medianos. “De ellos, cerca del 70% tienen fincas menores a 25 hectáreas, y cerca del 11% tienen fincas de entre 25 y 50 hectáreas; el resto tiene fincas mayores a 50 hectáreas (19% ). De los 746 potenciales productores, 56 son de Nicoya, 197 de Santa Cruz y 493 de Carrillo”, señalan.
Pero para Sofía Barquero, es importante saber en la práctica quiénes usufructúan con estas propiedades, cuál es el régimen jurídico y, por lo tanto, cuántas de estas fincas están alquiladas a, o producen para la gran agroindustria.
“No hay certeza técnica de que el proyecto de riego para cultivos beneficie realmente a más de 700 personas, pues no hay un estudio de la demanda ni una caracterización de las personas beneficiarias. Se extraña un análisis más detallado sobre las personas reales que obtendrán el beneficio”, argumentó Barquero.
Un tercer cuestionamiento tiene que ver con cuáles grupos hoteleros y turísticos se beneficiarán del Paacume.Y eso lo externaron en su momento habitantes de las comunidades guanacastecas a las que el ICE les presentó el proyecto. No queda claro si el agua irá para riego de áreas verdes de proyectos turísticos, para consumo humano de las personas turistas, o para qué.
Maritza Rojas, del ICE, señaló que el sector turístico beneficiado del Paacume serían los hoteles en las zonas Papagayo Sur-Ocotal, Cartagena-Flamingo y Brasilito-Tamarindo.
En su concepto, Gadi Amit cree que existen alternativas para solucionar el problema de acceso al agua: “Si se maneja adecuadamente el agua de riego que consume el 70% de toda el agua de guanacaste; ahorrando el 80% de eso duplicamos la cantidad de agua disponible y habría agua para el desarrollo. El tema es planificarlo, hacerlo decentemente para toda la gente, tomando en cuenta los intereses del pueblo y no de unos cuantos”.
Fuente de Voces Nuestras: http://www.vocesnuestras.org
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