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Sobre las movilizaciones sociales en Ecuador

Publicado el 23/06/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:

1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social:

En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio.

En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia.

El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional.

En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.

2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.

3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.

4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.

Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.

Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.

6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.

7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.

Los firmantes:

Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política

Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política

Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política

Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo

Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política

Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política

Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política

Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política

Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos

Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Serrucho electoral

Publicado el 05/03/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

César Olivares

El presidente que obedeció la orden de la Fiscala General de presentarse a un allanamiento de su oficina era ya un presidente acabado. Era ya uno sin voluntad. Era ya uno que entregaría con mansedumbre sus teléfonos celulares y su computador para examen policial.

¿Puede alguien imaginarse a un José Figueres, a un Daniel Oduber, a un Rodrigo Carazo o incluso a un Miguel Ángel Rodríguez, un Abel Pacheco, una Laura Chinchilla o un Óscar Arias humillado de esa forma en su propio despacho presidencial?

Yo solo puedo imaginarme a José Figueres mandando al carajo a quien tal cosa pretendiera, como hizo tantas veces en otras circunstancias, y a Rodrigo Carazo dándole de alta en la fuerza pública a la fiscala para de inmediato darle órdenes en su calidad de comandante en jefe, como le hizo a un periodista.

La creación de la UPAD y el decreto que pretendió darle cobertura legal son una torpeza monumental dentro de una vieja práctica de incursionar en datos confidenciales de las personas. La DIS es parte de esa política y en su funcionamiento han estado involucrados todos los partidos que han gobernado desde su creación en 1994. Antes eran otros cuerpos, incluyendo la DIC, los encargados de labores de espionaje. En el correo abrían sin ningún disimulo las cartas enviadas a personas fichadas o sospechosas; en las manifestaciones nunca faltaban los agentes de seguridad observando y sus fotógrafos disparando para los archivos.

La responsabilidad del presidente y del ministro de la presidencia en la creación y funcionamiento de la UPAD es innegable, no necesita ninguna prueba.

Nadie duda que se justifica el allanamiento a las oficinas de la UPAD y a las casas de sus responsables directos como parte de las pesquisas judiciales.

El allanamiento a la oficina del Presidente, la orden de la Fiscala General para que se presentara en su oficina y la captura de sus teléfonos y su computador son un desplante para humillar al Presidente.

¿Por qué?

Cualquier respuesta es ahora aventurada. Yo descarto la suposición de un interés en evitar el acceso de autoridades tributarias a las cuentas bancarias porque eso no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en la Asamblea Legislativa. No van a ir tan lejos para frenar un fantasma.

Me aventuro a suponer que hay detrás, en primer lugar, un interés electoral.

Carlos Alvarado le dio todo a los grandes poderes económicos antes del mediodía. No dejó nada para la tarde, menos para la placidez de la noche. No ha llegado a la mitad de su gobierno y ya está aprobado y en marcha el plan fiscal, el IVA, la amnistía tributaria, los arreglos judiciales para perdonar a La Nación y a Canal 7, el portillo para que sigan registrando gastos por intereses pagados a bancos fantasmas en paraísos fiscales, y para terminar el período, como último regalo, la venta de FANAL y de BICSA marcha viento en popa junto al manazo a los superávits de las instituciones estatales.

Ya no puede dar más Carlos Alvarado, y lo que sigue quieren hacerlo con más seguridad, sin las veleidades aparentes del PAC, con la firmeza ideológica neoliberal del PLN, del PUSC y de los llamados cristianos, neoliberales todos ellos por dentro y por fuera, en el discurso y en la acción.

Lo que viene es muy grande para dejárselo al PAC. Se trata de la venta de RECOPE y del INS, de las telecomunicaciones del ICE. Se trata de la apertura de la generación eléctrica para que empresas privadas se queden con el jamón de los grandes consumidores y el ICE con el servicio en las comunidades recónditas.

Para el PLN es imperativo recuperar la presidencia de la república. Por sobrevivencia como partido, y para asegurar la continuidad sin tropiezos del programa neoliberal.

Ven a un gobierno del PAC desprestigiado. Ven la indignación del pueblo por el zarpazo del IVA. Pero todo lo que la gente le reclama al gobierno de Carlos Alvarado es también obra del PLN, del PUSC y de los neoliberales con careta de cristianos. Ellos necesitan volcar todo el descontento, toda la indignación sobre el PAC y sobre Carlos Alvarado. Le ha caído de perlas el don de la torpeza que nunca abandona a nuestro presidente.

Por aquí iba escribiendo cuando suena el teléfono y respondo. Es una encuesta de Demoscopia. Dos o tres preguntas generales y luego al grano: la UPAD, que opina usted, y qué del presidente Alvarado. Y la parte más extensa de la encuesta, inclinaciones electorales del consultado, opiniones acerca del Partido Liberación Nacional y de cada una de sus figuras prominentes y candidateables. Para algunos de esos personajes había en la lista una respuesta que yo podía escoger: muy desagradable. Para la mayoría esa respuesta era para mí un piropo. ¿Cómo me pueden resultar a mi José María Figueres, Antonio Álvarez Dessanti, Guillermo Constenla y esa figura despreciable que preside hoy la Asamblea Legislativa y les ha dado todo el impulso a los proyectos impopulares del gobierno? De otros partidos no había preguntas, solo del gobierno del PAC y del Partido Liberación y sus posibles candidatos.

Traigo a cuento la llamada y la encuesta porque me parece que abona el suelo de mi suposición de un interés electoral en la forma escandalosa y politiquera con que han manejado algunos el asunto de UPAD.

A los sectores populares les interesa combatir las violaciones a la confidencialidad y los organismos que se crean para perseguir a las organizaciones de los trabajadores. El PLN, el PUSC y el PAC son los creadores de esos instrumentos de persecución. Ellos crearon y han mantenido la DIS. UPAD es un paso más. Para los intereses electorales del PLN y el PUSC es ahora más importante humillar y doblegar a Carlos Alvarado, aunque en ello se vaya la UPAD. De por sí, queda la DIS.

Con un PAC casi enterrado, un presidente acorralado, amenazado y humillado, un movimiento popular adormecido y mediatizado, una izquierda que no levanta cabeza, suben las acciones del Partido Liberación Nacional para las próximas elecciones. Así lo ven ellos. Yo también.

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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Llamado a la sensatez y al fortalecimiento de la confianza en la democracia

Publicado el 03/03/2020. Publicado en Derechos.

Manifestamos nuestra preocupación por el ambiente de crispación política que se ha generado como resultado de la publicación del Decreto Ejecutivo de creación de la Unidad Presidencial de Datos (UPAD), su posterior derogatoria y la proliferación de comentaristas con argumentos desproporcionados, tendenciosos y falaces que anteponen el oportunismo interesado a la justa y conveniente crítica ciudadana para generar desconfianza, caos y deterioro de la institucionalidad democrática.

Esta situación de agitación se ha visto amplificada con el enorme despliegue de agentes judiciales y medios de prensa que caracterizó el operativo llevado a cabo por la Fiscalía General de la República en el allanamiento a la Casa Presidencial y otras instituciones, así como por las manifestaciones imprecisas y contradictorias de la jerarca de la Defensoría de los Habitantes al referirse a las bases de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

El acto jurídico que llevó a cabo la Fiscalía es legal y es derivado de denuncias presentadas. Sin embargo, ello no impide que nos cause preocupación la forma en que se realizaron los allanamientos: un despliegue excesivo y llamativo que también lesiona la imagen de la Fiscalía al dar pie a que surgieran voces y criterios que desconfían del procedimiento y la intencionalidad de este órgano judicial.

En un escenario internacional y regional de entronización de fuerzas políticas antidemocráticas apalancadas por militares, organizaciones y dirigentes políticos ultraconservadores e irrespetuosos del Estado de Derecho, es necesario que, en nuestra nación, ante un problema político e institucional, se extreme el cuidado por parte de los actores públicos por conservar la necesaria coherencia con nuestra historia democrática, respetuosa del derecho y la vida republicana.

Como mujeres comprometidas activamente con el bienestar de nuestras familias, la convivencia social pacífica y democrática en Costa Rica, manifestamos nuestra preocupación por los acontecimientos de los últimos días.

Las voces altisonantes y la pérdida de las proporciones de actos como los descritos, nos alejan como sociedad de la posibilidad de la crítica política constructiva, de la investigación apegada a protocolos y evidencias; en contraposición nos pone en la ruta de la confrontación, el rumor, el encono y la opacidad.

Consideramos que el debate, el diálogo, la rendición de cuentas de los actores públicos y el adecuado funcionamiento de los pesos y contrapesos entre los distintos poderes de la República, deben fortalecerse como ruta para las condiciones complejas que nuestro país (y el mundo) debe enfrentar con urgencia y acierto de manera cohesionada y concertada.

Mujeres por Costa Rica une su voz a las crecientes manifestaciones de llamado a la cordura, la sensatez, el respeto por la investidura presidencial y a colocar de primero el interés de Costa Rica.

Nuestra tradición civilista nos guía para encontrar salidas mediante el camino del respeto a la institucionalidad y en el marco de la independencia de poderes que nos ha caracterizado.

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