El colectivo Reflexión-Acción, por medio de su programa «Alternativas», invita a la ciudadanía a participar en un conversatorio sobre el derecho humano al agua, abordando tanto el acceso como los riesgos asociados a este recurso vital.
El evento contará con la participación de Kenneth Alfaro, ingeniero ambiental, consultor y activista en temas de agua y saneamiento, y Sigrid Segura, geógrafa y candidata a diputada por el Frente Amplio, quienes compartirán su perspectiva y experiencia sobre la gestión del agua en Costa Rica.
La actividad se realizará el viernes 26 de septiembre de 2025 a las 6:00 p.m. y será transmitida por medio de Facebook Live de Alternativas, con el apoyo de emisoras amigas como Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberana, Radio Revolución y 506 Ondas Alajuelita Radio.
Vecinas y vecinos de Mata de Plátano, Goicoechea se organizan para defender la Finca El Maderal, un área de más de 12 hectáreas de vida silvestre ubicada dentro del Corredor Biológico Interurbano Torres-María Aguilar, frente a un proyecto municipal que busca instalar un “parque ambiental” con planta de compostaje y centro de clasificación.
La Finca El Maderal es mucho más que un terreno, es un bosque que alberga más de 146 especies de aves, algunas únicas en el país, y que protege nacientes de agua que alimentan el río Torres. Su ubicación en una zona de alta sensibilidad hídrica la convierte en un espacio vital para la biodiversidad y la recarga acuífera del cantón.
La propuesta municipal es vista por la comunidad como un intento de convertir la finca en un relleno sanitario encubierto, dada la necesidad de botaderos que enfrenta el Gran Área Metropolitana. Las y los vecinos alertan sobre el alto riesgo de lixiviados y escorrentías hacia el río Torres, lo que contradice el principio de tutela ambiental preventiva.
Además, no existe un plan de control de vectores ni de olores, lo que pone en riesgo la salud pública y contraviene la Ley General de Salud (Ley.5395). También se proyecta una pérdida de hasta el 40 % en el valor de las propiedades cercanas, lo que afectaría el bienestar económico de las familias.
En esta misma línea, La Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), mediante el Oficio MG-AG-UTGV-0212-2025 (28/05/25), confirmó la inviabilidad de accesos para tránsito pesado, ya que las calles son estrechas, con pendientes pronunciadas, radios de giro inadecuados, puente de un solo carril y ausencia de estudios estructurales de pavimento. Esto genera preocupación sobre el deterioro de la infraestructura local y la seguridad vial.
Las y los vecinos insisten en que la finca no es un lote baldío, sino parte de la Reserva de la Biosfera del Río Torres. Cada árbol y cada planta son parte de una red de vida que beneficia a toda el Área Metropolitana. La comunidad asegura que su voz será más fuerte que cualquier plan que atente contra este bosque y llaman a la ciudadanía a sumarse a su defensa: “¡Defendamos El Maderal!”
El pasado 3 de agosto, diferentes comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal en un conversatorio organizado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR). En este encuentro, los participantes expresaron su profunda preocupación por nuevas concesiones mineras que amenazan directamente la vida del río y de las personas que dependen de él.
La situación es grave ya que existe presencia de maquinaria pesada que extrae material a escasos 300 metros de una escuela. Este punto de extracción, parte de una nueva concesión privada con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30, se suma a más de 17 concesiones que ya afectan la cuenca del Río Frío. Lo que antes era un espacio de encuentro, recreación y turismo rural, hoy está tomado por el ruido y la devastación.
Las comunidades denuncian que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes sobre estas concesiones, a pesar de existir normas que garantizan el derecho a la información y participación ciudadana. El malestar es generalizado debido a la ausencia de un proceso participativo, la falta de control comunitario sobre el uso del río y el pago simbólico de la empresa concesionaria al Estado frente a los daños ocasionados.
Los habitantes de la zona relatan cambios significativos en las últimas décadas, como inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos (como el cacao), modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Estos efectos se vinculan a la actividad extractiva, la deforestación y un modelo de desarrollo sin planificación territorial. Se ha alterado la forma de vida tradicional en torno al río, y los caminos se deterioran sin mantenimiento, a pesar de las toneladas de material que salen del territorio anualmente.
El deterioro impacta directamente en los proyectos de turismo rural comunitario. El entorno natural del río, que era un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros, se desvanece con el avance de la extracción. «¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?», comentó un vecino. Así, la extracción no solo deja un cauce devastado, sino que también arrasa con ingresos familiares, empleos potenciales y proyectos de vida sostenibles.
La comunidad ha identificado una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces: alteración del cauce natural (provocando desbordamientos), aumento de la erosión, pérdida de biodiversidad (afectando hábitats de peces e insectos acuáticos), afectación de nacientes y humedales, contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca (afectando la salud), e interrupción de caminos y acceso a fincas. Además, existe la preocupación de que la falta de control y fiscalización permita extracciones sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.
También hay alerta por el deterioro del puente de La Amapola, clave para la conectividad de la zona, expuesto al paso constante de maquinaria. Este puente, construido en 2022 por la CNE y la Municipalidad de Guatuso con un costo de 388 millones de colones, genera preocupación debido a solicitudes de permisos para que maquinaria pesada transite por debajo de él, lo que ha generado sospechas sobre su estado actual y posibles afectaciones a su base estructural, representando un riesgo directo para la seguridad. La comunidad denuncia que estos permisos se gestionan sin consulta previa ni monitoreo técnico visible, contrastando con la falta de inversión pública para mejorar caminos y accesos al servicio del pueblo.
La comunidad exige participación real, respeto a los derechos y defensa del territorio. “El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, expresó una participante. Para hacer frente a esta situación, la comunidad acordó fortalecer la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.
Le invitamos a leer la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes UCR, titulada “La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío”, a través del siguiente enlace:
La UCR se sumó a los esfuerzos para diseñar una salida a esta emergencia sanitaria para la gestión de desechos urbanos, son la tercera causa de emisión de gases de efecto invernadero
La crisis ambiental por el próximo cierre de rellenos sanitarios afectará a todo el país, principalmente a la Región Central. A la fecha se desconoce con exactitud la cantidad de residuos que se generan cada día. Foto archivo OCI-UCR
Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
No existen datos certeros, pero la realidad es que la pirámide para la disposición de desechos está invertida. Mientras el Banco Mundial recomienda que solamente el 5% tenga como destino final un relleno sanitario, en la práctica más del 94% termina en esos sitios.
Las soluciones para enfrentar este desafío ambiental son diversas y una de las posibilidades tecnológicas se está explorando desde la Universidad de Costa Rica (UCR) con el uso de la tecnología aplicada a un nuevo modelo de gestión de residuos, explicó el Ing. Juan Pablo Rojas Sossa, investigador de la Escuela de Ingeniería en Biosistemas.
El Ing. Rojas es parte de un equipo de investigadores que coordinan un proyecto de Acción Social denominado “Tecnificación de lecherías con sistemas pastoriles y el fortalecimiento de capacidades a productores locales, jóvenes vulnerables y actores sociales” (ED-3681), que tiene entre sus objetivos la producción de biogás mediante la mezcla de las excretas bovinas con materiales orgánicos.
“El uso exclusivo de los desechos de los bovinos para la producción de biogás no son idóneos, por lo que se requiere agregarle otros sustratos. Al mezclarlo con otras materias orgánicas logramos la condición óptima para un ecosistema anaerobio viable para producir biogás”.
A partir de esta premisa, y gracias a un acercamiento de la Municipalidad de San José (MSJ) con la UCR, se valoró la posibilidad de firmar un convenio de cooperación para el diseño de este nuevo modelo de gestión de los residuos de ese cantón, habitado por 352 381 personas.
De acuerdo con la Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (CA-MINAE), el cantón central de San José es el mayor generador de desechos. Durante el año 2024 envió a los rellenos sanitarios unas 141 383 toneladas; es decir, cada persona descartó por día más de 1.05 kilos de “basura” ordinaria. Lo anterior sin sumar otros como aparatos electrónicos, electrodomésticos, medicamentos, lodos de tanques sépticos y otros.
En su totalidad, la provincia josefina depositó en rellenos la astronómica cantidad de 522 205 toneladas en los distintos rellenos sanitarios, y el Gran Área Metropolitana es la responsable del 70% de los residuos en el país.
Una solución urgente
Por mencionar un caso puntual, la Ing. Verónica Brenes Salazar, administradora del Mercado del Mayoreo, en San José, citó que solo ese sitio recolecta 125 toneladas de desechos al mes, con un costo de ¢60 millones anuales para su transporte.
“La mayoría son materias orgánicas, y se les puede dar un mayor aprovechamiento. Por ejemplo, realizamos una visita al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), en Barreal de Heredia, donde existe una planta procesadora de menor escala; y la idea es que ambos municipios nos unamos en este proyecto”, citó. Por su parte, el Cenada produce otras 390 toneladas mensuales, igualmente en su mayoría orgánicos.
La Ing. Brenes explicó que el Cenada está enfocado en fortalecer su sistema automatizado para la gestión de residuos, y se logró un convenio para que el Mercado de Mayoreo procese ahí los suyos, ya que la disposición actual no es la correcta y la MSJ busca una solución ambiental.
Aunque el Departamento de Servicios Ambientales de la MSJ tiene en ejecución un proyecto con la mosca soldado -que descompone la materia orgánica y permite obtener un abono orgánico-, es un aporte mínimo que no resuelve, a gran escala, el problema que enfrenta la capital. “Solo estamos a la espera de este modelo que nos propondrá la UCR, y ojalá pueda replicarse en todo el país”, agregó la funcionaria.
La tecnología como aliada ambiental
Para el diseño de esta propuesta el profesor Rojas detalló que se parte de la experiencia y la data científica acumulada del proyecto para el “Fortalecimiento de capacidades en actores sociales para el desarrollo de proyectos de revalorización de residuos orgánicos en Costa Rica” (ED-3610), también ejecutado por la Escuela de Ingeniería en Biosistemas. Rojas acotó que la tecnología para estos fines utiliza los mismos principios que se aplican en los beneficios del café para la generación de energías limpias.
El objetivo es adquirir tecnología japonesa “altamente eficiente que separa los materiales y procesa hasta tres toneladas por hora, por lo que para aprovechar esa capacidad se podría alimentar con lo generado en todos los mercados de San José”, explicó. Lo ideal es que vinieran clasificados, pero la mayoría del tiempo viene con impurezas, pero este equipo lo corrige”.
Tras finalizar la separación automatizada se logra un sustrato que puede ser llevado a plantas generadoras de biogás y biometano mediante biodigestores anaeróbicos. El primero es un gas renovable obtenido de biomasa, es decir de materias de origen vegetal o animal sometidas a un proceso biológico en un ambiente libre de oxígeno. El segundo es resultado de su posterior refinamiento para eliminar otras impurezas como el dióxido de carbono, lo que incrementa la inversión para que su composición sea similar al gas natural, y tiene múltiples usos, por ejemplo en turbinas eléctricas, transporte público, movilidad vehicular y alumbrado público. El remanente es un fertilizante en nutrientes.
En términos de costo-beneficio el uso de esta tecnología es 50% más barato que hacer compostaje. Ésta es económicamente viable, pero para su puesta en práctica se requiere una alianza público-privada porque una sola planta no lograría hacer toda la gestión. La primera fase de la propuesta será diseñar un plan demostrativo para el municipio josefino para su valoración y posterior ejecución, enfatizó Rojas.
El pasado 5 de junio, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AED), con sede en Limón, envió una carta al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, en la cual solicita la implementación de medidas urgentes para reparar los daños ocasionados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) y para reestructurar el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC).
El documento, firmado por Marco Vinicio Levy Virgo, presidente de la AED, señala una serie de omisiones y decisiones administrativas que habrían deteriorado ecosistemas protegidos del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, en lo que considera un debilitamiento sistemático de la gestión ambiental.
Entre los antecedentes mencionados por Levy Virgo, se encuentran: la emisión de la Directriz 09-2023 y el rechazo inicial del documento Caracterización y Delimitación de Humedales; el desconocimiento del sitio Ramsar 783 (Gandoca-Manzanillo) en 2017; el impulso de proyectos inmobiliarios en la Zona 1 del refugio; y una gestión empírica del ACLAC, encabezada por el ingeniero Edwin Cyrus Cyrus durante más de 30 años.
Ante esta situación, la AED plantea ocho peticiones específicas:
Que se realice una evaluación integral, a cargo de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el fin de dimensionar el daño ambiental en la zona.
Que se ordene un estudio fotointerpretativo, utilizando las ortofotos del Registro Nacional de la Propiedad, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el MINAE, para identificar los cambios en el uso del suelo en zonas clave del REGAMA.
Que se emita una certificación oficial que respalde el registro legal de todos los humedales incluidos en el documento Caracterización y Delimitación de Humedales.
Que se ordene el desalojo inmediato de ocupaciones ilegales en los humedales y en el sitio Ramsar 783, Gandoca-Manzanillo, a fin de detener la degradación de estos ecosistemas.
Que se asigne un especialista en planificación territorial para apoyar técnicamente los procesos de restauración ecológica en la zona.
Que se reestructure el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), mediante una nueva administración basada en criterios técnicos.
Que se realice una auditoría operativa del ACLAC, enfocada en detectar fallas de gestión, omisiones en la caracterización de humedales y permisividad frente a intereses inmobiliarios.
Que se implementen acciones concretas para reorientar la gestión del ACLAC, garantizando un abordaje integral que proteja los recursos naturales del Caribe Sur.
La carta concluye con un llamado al ministro a asumir su responsabilidad institucional y ejecutar un “golpe de timón” que garantice una administración pública eficaz, técnica y transparente en la protección de los recursos naturales.
La AED solicita una respuesta en un plazo de 10 días hábiles, con fundamento en la Ley General de la Administración Pública.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.
Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.
La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.
Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.
La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.
Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.
La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.
El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.
El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.
La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.
El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.
La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.
En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.
En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.
El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.
En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.
Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.
Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025
Todas las actividades de esta semana llevan el sello “UCR Libre de plástico” como una manera de reavivar el compromiso de la Universidad en la lucha contra la contaminación por plásticos y llamar a la reflexión sobre los problemas ambientales que genera este material en todo el planeta.
Del 2 al 6 de junio
Esta festividad año a año moviliza a cientos de estudiantes y personas funcionarias a actuar a favor del medio ambiente.
Del 2 al 6 de junio, la Universidad de Costa Rica vivirá una verdadera fiesta ambiental con la celebración de la Semana Ambiental UCR 2025, bajo el lema #SinContaminaciónPorPlástico, en consonancia con la temática propuesta por la Naciones Unidas para el Día Mundial del Medio Ambiente.
Este año al igual que años anteriores, la agenda se extiende por todas las regiones del país donde la UCR tiene presencia, con una programación que incluye talleres, conversatorios, ferias, caminatas, actividades culturales y ecológicas.
La inauguración se llevará acabo el lunes 2 de junio a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede de Occidente con la charla titulada: “La sabiduría del caracol”. Ese mismo día, las actividades ambientales tomarán fuerza en bibliotecas de San Ramón y Grecia, así como en la Sede Guanacaste, que abrirá su jornada con un jardín polinizador y cerrará con música en vivo.
A lo largo de la semana, distintas sedes y recintos como la Sede de Guanacaste, Sede del Atlántico, Sede del Sur, Sede del Caribe, Sede de Occidente y la Sede Rodrigo Facio se unirán con propuestas que van desde reforestaciones, retos de movilidad sostenible, talleres de reciclaje creativo y limpieza de espacios naturales, hasta conversatorios sobre conservación y cine ambiental.
Para conmemorar el Día Mundial del Ambiente, el miércoles 5 de junio, se llevará a cabo el conversatorio “Contaminación por plásticos: romper el ciclo antes de que sea tarde” a las 9:00 a.m. en el Aula Magna en la Ciudad de la Investigación. Durante este acto se realizará el lanzamiento oficial de la nueva línea de bolsas 100 % biodegradables y compostables que la UCR incorpora a su inventario de insumos amigables con el ambiente.
Como complemento a estas actividades, en el Salón Multiusos se presentará el Stand Educativo “Las mil caras del plástico”, el cual estará abierto de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. para motivar al público a explorar otras alternativas que permitan sustituir el plástico, principalmente los de un solo uso, y aprender cómo gestionar correctamente los residuos de diferentes tipos de plástico valorizable en nuestro país.
El miércoles 5 de junio, la institución también conmemorará el Día del Transporte Sostenible en la Universidad de Costa Rica con iniciativas como caminatas, clases de yoga y el hasta la iniciativa “A la U en Bici”. Ese día, por acuerdo del Consejo Universitario, sólo se permitirá el ingreso de vehículos cero emisiones. La medida aplica de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. en todos los campus de la UCR.
La Semana Ambiental UCR 2025 promete ser un espacio de encuentro, conciencia y acción colectiva para avanzar hacia un futuro más sostenible, demostrando que la educación superior en unión con las comunidades locales puede marcar la diferencia.
Sala Constitucional le da trámite a un recurso de amparo que presentamos
contra la presidencia de la república.
Es por el funcionamiento irregular de un puerto privado por parte del sector azucarero nucleado en LAICA.
Esta instalación ubicada en Punta Morales de Puntarenas carece de concesión, carece de controles apropiados y allí atracan enormes barcos para cargar y descargar muchas toneladas de mercaderías.
Un puerto requiere permisos del MOPT, servicios de Aduanas y Hacienda, de Salud, de Migración, de Seguridad Pública.
Nosotros consultamos al ministro de Agricultura, que es parte de la Junta Directiva de LAICA. Su respuesta fue, “no se nada”.
Seguridad Pública si dio la cara y dijo, que hasta ahora no sabíamos ni hacíamos nada, vamos a estudiar el caso. Y gracias a nuestra gestión, por primera vez el 31 de marzo 2025 estuvieron presentes cuando atracó un barco. Pero ese puerto existe y opera hace unos 50 años. Sin control. (ver documento) Ante las respuestas y las dudas, le escribimos al señor presidente Rodrigo Chaves para que nos aclare y nos informe sobre la legalidad de ese puerto y sus debidos controles.
No recibimos más que el acuse de recibo. Por ello, interpusimos un amparo que se tramita en expediente 25-012603-0007-CO y hemos recibido notificación de su tramitación, que le otorga a la Presidencia 3 días para responder. La Ley General de Concesión de Obras Públicas indica: “Toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de interés público, que deberán constar en el expediente mediante acto razonado.” “Los ferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los aeropuertos internacionales, tanto nuevos como existentes, así como los servicios que ahí se presten, únicamente podrán ser otorgados en concesión mediante los procedimientos dispuestos en esta ley.” En este caso, la ley no se cumple.
LAICA no tiene concesión para operar esa terminal portuaria.
Sobre este tema, dice LAICA que hay un viejo decreto y que ellos llevan 50 años haciendo uso del puerto y que tienen guardias privados contratados. (ver documento) Si. Han pasado muchas administraciones mirando para otro lado.
Ahora, el presidente es Rodrigo Chaves y le pedimos actuar. Ser ejecutivo.
Como decimos, varias instituciones públicas están involucradas en los permisos y controles de un puerto marítimo.
En este caso no se cumple con las leyes vigentes. Y preguntamos ¿Por qué? Preguntamos al señor Rodrigo Chaves Robles: ¿Tiene una concesión? ¿Un contrato? ¿Es esto un privilegio de LAICA o cualquier grupo privado puede tener iguales derechos? ¿Quiénes son los responsables de la existencia y la falta de control de un puerto manejado por privados? ¿Es legal la operación de ese puerto? En caso afirmativo, solicitamos nos aporte los documentos que confirman esa situación. ¿Usted la avala como tal? ¿Es producto de actos de corrupción históricamente heredados? En el caso de existir las irregularidades que denunciamos. Nos gustaría saber qué medidas tomará en el corto, mediano y largo plazo para terminar con el problema.
¿Quiénes en su gobierno están a cargo del control de ese puerto? ¿Qué papel cumple el MOPT a través de INCOP? ¿Qué papel tiene el Ministerio de Hacienda en control de exportaciones e importaciones que allí se realizan? ¿Qué papel juega ahora el Ministerio de Seguridad? ¿Qué responsabilidades tiene el ministro de Agricultura?».
Nosotros preguntamos, para que todos sepamos más.
La democracia se construye en base a la información, el dialogo respetuoso y la toma de decisiones transparentes y legales.
El pueblo de Costa Rica solicita respuestas claras.
La Confraternidad Guanacasteca lleva 30 años trabajando por el medio ambiente y la justicia social. Recientemente hicimos diversas preguntas a miembros del Poder Ejecutivo sobre el atípico funcionamiento de un importante puerto privado.
En algunas de las respuestas del ministro de agricultura Víctor Carvajal, encontramos pistas de los extraños privilegios de los que goza el sector azucarero, de por sí uno de los sectores más privilegiados de Costa Rica.
Se trata de la operación de un puerto privado en Punta Morales por parte de LAICA desde hace 50 años, sin control de parte del Estado.
Recordemos que LAICA (Liga Agrícola Industrial de la Caña) representa los intereses de los mayores productores azucareros de este país.
El privilegio inicia con la ley 4786 de 1971 y sigue con el Decreto N° 3652-T. (anexo) Le consultamos al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el cual nos confirmó que ese puerto funciona sin ningún control de ellos (anexo). No fue sino gracias a nuestras gestiones que el 31 de marzo de 2025, por primera vez, funcionarios del MSP estuvieron en el puerto de Punta Morales de LAICA para ver la llegada de un barco.
La operación de un puerto marino donde se importa y exporta toneladas de mercadería, sin control, nos parece un tema grave.
Un puerto requiere permisos del MOPT, de Aduanas y Hacienda, de Salud, de Migración, de Seguridad Pública. Otros casos que conocemos, como Moín y Caldera, requieren de una concesión o contrato que LAICA no tiene.
Nos pareció oportuno plantearle el caso al señor presidente Chaves.
Y su respuesta es que nos responderá el ministro del MAG, que ya nos confesó que no sabe nada de nada (anexo) Este caso no depende de diputados o jueces, sino del Poder Ejecutivo.
Pero Rodrigo Chaves no parece nada dispuesto a comprarse la bronca de quitarle privilegios abusivos e ilegales a LAICA.
El tema es tan serio, que decidimos incluir una parte que parece un chiste, pero es real: las ridículas tarifas que paga LAICA al MOPT por los derechos del puerto Decreto Ejecutivo N° 3652-T, Artículo 6°-Los cargos a las naves por derechos portuarios serán los siguientes:
1) ¢ 265.00/nave hasta 5000 toneladas brutas de registro y ¢ 50.00 por cada 1000 toneladas brutas de registro adicionales.
2) ¢ 100/nave por derechos de puerto.
3) ¢ 250.00/nave por atraque y desatraque.
4) ¢ 26.00/hora por vigilancia del barco.
5) ¢ 0.10 tonelada bruta de registro/día. Mínimo ¢ 50.00. Máximo $ 300.00 por derecho de ocupación de muelle.
6) ¢ 50.00/nave por derecho por atraque y desatraque.
7) $ 33.00/nave/día boya por boyas de atraque.
Otros privilegios que tiene LAICA.
– Declara cero ganancias y no paga impuesto de renta.
– Está protegida por un impuesto del 75% para la importación de azúcar.
– Tiene permisos para quemar unas 30.000 ha de caña cada año.
– Recibe agua de riego regalada a menos de una peseta por m3. En Guanacaste usa 400% más agua que el AyA.
Estos son algunos de los “aportes” de LAICA al desarrollo de Costa Rica.
Esta publicación intenta explicar cómo se maneja este país: en beneficio de unos pocos.
Publicación de la Asociación Confraternidad Guanacasteca.
